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Desencanto

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha tardado 17 años en caerse del caballo y percatarse de la existencia de una casta aparte, la clase política, que se coloca fuera y por encima de la ley y de instituciones como la que él ha representado hasta que osó cuestionarla.

Desde 1991 he recurrido en numerosas ocasiones al Defensor, inicialmente cuando lo era en funciones Jesús Maeztu que, por paradojas o capricho de esos mismos políticos que mueven los hilos, vuelve a sus orígenes.

Como entonces era aún un ingenuo que creía en la Democracia, el imperio de la ley, etc., etc., acudí al Defensor en, nunca mejor dicho, defensa de unos terrenos comunales y vías pecuarias usurpados desde la más flagrante ilegalidad urbanística. Nunca podía imaginar que aquella defensa, también en nombre de la Memoria Histórica cuando nadie la reivindicaba, se convertiría en una batalla de 22 años por esclarecer la verdad y comprender cómo se podía actuar con absoluta impunidad. Las pruebas de mi aserto están en los cuatro informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas’.

Chamizo dice que se va -cuando en realidad lo han echado- porque no quiere ser un florero del sistema. Al igual que el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, él ha desempeñado inconscientemente ese rol de florero durante 17 años. El Defensor, ante mis requerimientos de que denunciara ante los Tribunales, me alegaba que sólo era una autoridad moral.

Ahora bien, esa autoridad moral no surtía efecto porque los políticos condenados moralmente por la institución por obstaculizar su labor o pasar olímpicamente de cumplir sus recomendaciones no sólo seguían tan campantes en sus puestos, sino que incluso trepaban aún más alto en la escala, con el respaldo de esos mismos partidos ante los que Chamizo presentaba su informe anual en el Parlamento.

Al aceptar este estado de cosas sin dar un portazo, la institución del Defensor devenía en un florero del sistema, donde cada logro obtenido lo era por una concesión graciable del Poder más que por el reconocimiento de un Derecho, cuya vulneración, por otra parte, le salía gratis a los políticos y/o sus adláteres.

A Chamizo se le ha caído al fin la venda de los ojos, pero sólo cuando se lo han quitado del medio, no antes. Me apena que en vez de haberse ido con la cabeza alta haya proyectado la imagen de un apegado a la poltrona, como creyéndose Defensor a perpetuidad, y enfrascado con los políticos en lo mismo que él les reprochó: sus ‘peleítas’.

 

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

Síndrome de Estocolmo

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha declarado que los asaltos de los jornaleros de Sánchez Gordillo, “son acciones que están dentro de la lucha de un sindicato, que te gustará más o menos, pero que tampoco es para reprobarlo”. Y ha añadido: “Si se ocupan fincas públicas, allí estoy yo para que tenga rentablidad para la gente”.
Cuando se pierde el norte hay que recordar lo obvio. La ley 9/1983 de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, establece que es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el Título I de la Constitución. Y dentro del mismo figura  el artículo 33, que estipula: : 1) Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia; 2) La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes; 3) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
Dado que Sánchez Gordillo es parlamentario andaluz, cabría la posibilidad de que el dueño de Mercadona elevara una queja al Defensor del Pueblo Andaluz sobre la actuación del diputado.
Y en tal eventualidad , ¿qué podría decirle Chamizo a Juan Roig y a las cajeras arrolladas para sacar sin pagar los carritos del supermercado, cuando Sánchez Gordillo cobra como parlamentario varios miles de euros/mes y tiene dinero de sobra para comprar de su bolsillo varios carros que donar a los necesitados en vez de, demagógicamente, ‘expropiárselos’ a un empresario que arriesga su capital y que en tiempos de Pimentel como ministro de Trabajo hizo de golpe fijos a miles de empleados eventuales?
Chamizo, al alinearse con los asaltantes en vez de con los asaltados, ha perdido su autoridad moral, por cuanto ha dejado de velar por el respeto a los derechos constitucionales que le ha encomendado el Parlamento. Tratar de reducir sus declaraciones al ámbito de la libertad individual de expresión carece de sentido, por cuanto Chamizo, diga lo que diga, no puede sustraerse a su condición de Defensor del Pueblo y a su cargo institucional.
El cura Chamizo ha acabado siendo víctima de una variante del denominado ‘síndrome de Estocolmo’, en virtud del cual las víctimas acaban desarrollando una relación de complicidad con los transgresores, bien por dependencia física y/o  emocional de los mismos, bien por la aureola de supuesto romanticismo con que aquéllos tratan de justificar sus actos al margen de la ley.