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Elecciones generales 26-J 2016: empatar no es ganar

 
El PP se atribuye el fin de la hegemonía socialista en Sevilla pese a quedar a 48.348 votos
El PSOE presenta sus resultados en clave municipal y desvía el foco hacia Pedro Sánchez

 

Para ponernos en situación, recordemos los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de junio en la provincia de Sevilla:

 

-El PSOE recibió 348.001 votos (el 33,70% del total), que le supusieron 4 diputados.

-El PP, 299.653 votos (el 29,02%), que le otorgaron 4 diputados.

-Unidos Podemos, 214.244 sufragios (el 20,75%) gracia a los cuales logró 3 diputados.

-Ciudadanos, 137.718 votos (el 13,34%), que le han permitido un diputado.

 

Los datos reflejan que, por las características del sistema electoral, se ha producido un empate en número de escaños entre el PSOE y el PP y aunque por primera vez en la historia de la Democracia los socialistas no han superado en actas de diputado a los populares en su feudo sevillano, la cuna de Felipe González y Alfonso Guerra, aún mantienen a su favor una diferencia de 48.348 votos.

Sin embargo, en la noche electoral el presidente provincial del PP, Juan Bueno, presentó el empate en diputados, que no en votos, como una victoria de su partido, al expresarse ante su líder regional, Juanma Moreno, en los siguientes términos: “El PSOE ha perdido su hegemonía en esta provincia gracias al duro trabajo de los últimos meses del comité de campaña, de los alcaldes, concejales y miles de militantes, por lo que voy a seguir liderando el partido en Sevilla con un único objetivo: ponerlo a tu disposición para que seas presidente de la Junta”.

EXPECTATIVAS

Hegemonía, según el Diccionario de la Academia, significa “supremacía de cualquier tipo”. Dado que el PSOE supera en 48.348 votos al PP en la provincia de Sevilla, mantiene aún su hegemonía en la circunscripción, por más que Juan Bueno sostenga lo contrario.

Se engañaría el PP si pensara que ha protagonizado su particular “sorpasso” provincial, como desde hace seis elecciones de distinto tipo lo ha dado con Zoido como cabeza de lista en la capital, pero como en la vida, y la política no podía ser menos, nos movemos también en función de nuestras expectativas, el resultado le sabe al PP a victoria porque nunca tuvo la expectativa de igualar al PSOE en su bastión sevillano aunque fuera sólo en diputados; y al PSOE le sabe a cuasi derrota, porque jamás imaginó que el PP le empataría este partido tras haberlo hasta goleado en muchas de las elecciones anteriores.

Hay muchas maneras de analizar los resultados. Los números indican que el PSOE y el PP han empatado en número de diputados, por delante de Unidos Podemos (3) y de Ciudadanos (1), pero si se mide el coste en votos de cada escaño vemos que al PSOE le ha costado cada uno de los suyos una media de 87.000 sufragios; al PP, 74.913; a Unidos Podemos, 71.414, y a Ciudadanos, 137.718. Así pues, merced a la ley D’Hont, Unidos Podemos, la coalición a la que populares y socialistas señalan como la gran derrotada, es quien proporcionalmente ha obtenido mejor resultado en Sevilla por rentabilizar mejor sus votos, mientras que C’s, que ha precisado 137.718 sufragios para un solo diputado, es el que peor renta ha sacado de sus votos.

NO ERAN MUNICIPALES

En el lado contrario al PP, el presidente provincial del PSOE, Fernando Rodríguez Villalobos, ha subrayado que de las tres provincias en que ha ganado su partido en toda España -Huelva, Jaén y Sevilla-, en las dos primeras la diferencia respecto del PP ha sido del 2,5% y del 2%, respectivamente, mientras que en Sevilla ha sido del 4,68%.

“Estos resultados -afirma Villalobos- vuelven a decirnos además que en 83 de los 105 municipios de la provincia de Sevilla gana de nuevo el PSOE: si eso es perder hegemonía, que me lo expliquen”. Villalobos tiene razón, pero olvida que en unas elecciones generales el voto que se mide es el del conjunto de la provincia y no el de los municipios, por lo que es mucho más importante ganar en la capital, donde el PP se viene imponiendo desde hace nueve años (129.919 votos ahora frente a los 107.409 del PSOE) que, con todos los respetos, en decenas de pueblos cuya población no supera a la de un barrio o un distrito de la metrópolis.

Los socialistas corren el riesgo de creer que el voto rural les dará siempre la victoria en Sevilla, cuando ya está viendo que por primera vez el PP les empata en diputados y está ya a menos de la barrera psicológica de los 50.000 sufragios de diferencia. Cuanto más siga aumentando el voto urbano del PP, más riesgo de derrota sufre el PSOE.

HACIA SÁNCHEZ

Como no en vano Villalobos ha sido uno de los mentores de Susana Díaz, la estrategia de ambos tras la victoria del PP en Andalucía y del empate en Sevilla ha sido similar: presentar los resultados en clave municipal y no en provincial (el ámbito en que se eligen los diputados) y desviar el foco de los malos resultados hacia el líder nacional, Pedro Sánchez, como si nadie en Sevilla y Andalucía tuviera ninguna responsabilidad o nada que ver con estas elecciones.

Terminales mediáticas afines a la causa del puño y la rosa trasladaron de inmediato esta interpretación a la opinión pública. Así, un periódico sevillano publicó el siguiente titular: “El PSOE ha perdido con Sánchez el 20% de sus votantes en la provincia”, como si fuera Pedro Sánchez el presidente provincial del partido en vez de Fernando Rodríguez Villalobos.

Por su parte, Susana Díaz compareció al día siguiente de las elecciones ante los medios mostrando a su espalda un mapa de Andalucía con el voto coloreado en rojo y en azul no por las ocho provincias (el ámbito donde se dilucidaron los diputados y en el que cinco habrían sido azules, del PP, y tres rojas, del PSOE), sino por lo casi 800 municipios de la región para, siguiendo la tesis de Villalobos, que se viera el predominio del rojo socialista en los pueblos y como si se hubiese tratado de unas elecciones municipales en vez de generales.

Además, la presidenta mantuvo la tesis de que ella no había sido candidata, de lo que se infería que no podía achacársele la derrota en Andalucía porque el candidato en estos comicios había sido Pedro Sánchez, el mismo al que el periódico afín le imputaba la pérdida del 20% de los votos en la provincia de Sevilla.

 

EL NUEVO TIEMPO

Curiosamente, Susana Díaz nunca desmintió antes a los medios, que de forma generalizada le fueron atribuyendo a su persona las victorias del PSOE en Andalucía desde su ascenso al poder en su partido y en la Junta y pese a que ella no era la candidata, como ocurrió en las elecciones europeas del año 2014, las municipales de 2015 y las generales del pasado 20 de diciembre (obviamente, en las autonómicas andaluzas sí era la candidata de su partido a la Presidencia de la Junta), triunfos que se arrogó ella misma, como cuando tras las elecciones europeas dijo que “esta victoria del PSOE (en Andalucía) es el primer fruto del nuevo tiempo (su lema en política)”, según recogió el diario ABC. No le atribuyó los resultados andaluces a Elena Valenciano, que era la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo (en este tipo de elecciones continentales la circunscripción es nacional).

Como tampoco desmintió a los medios que titularon tras las elecciones municipales de mayo “Susana Díaz encadena la tercera victoria en Andalucía” (Diario Sur, de Málaga), y “El PSOE gana en Andalucía y mitiga el mal resultado nacional” (Diario El País) tras el 20-D, a pesar de que la presidenta tampoco era candidata en ninguna de las dos.

Una vez más, entre nuestros políticos se cumple el dicho de que “las derrotas son huérfanas”, pero con una variante específica en el caso del PSOE andaluz: en nuestra tierra son de Pedro Sánchez.

 

Promesas ‘boomerang’

En plena polémica por el rebrote de la movida y/o de las ‘botellonas’ en la Alfalfa, el Arenal y la Alameda de Hércules, el Ayuntamiento tuvo la ocurrencia de tratar de contrarrestar las informaciones negativas con la filtración de otros datos aparentemente positivos pero que han tenido un efecto ‘boomerang’, porque sólo han servido para recordar que otro problema sigue irresuelto y para devolverlo al primer plano de la actualidad: las 20.000 multas impuestas a los ‘gorrillas’ durante el mandato de Zoido.

El Consistorio suele reaccionar ante cualquier asunto conflictivo recurriendo a su particular Eurostat estadístico, para arrojar una catarata de cifras con las que demostrar que no ha permanecido de brazos cruzados, sino todo lo contrario, como a su juicio prueban los datos.

La diferencia es que esta vez no había ocurrido nada extraordinario que obligara a tirar de los cuadros de Excel, por lo que se trataba de una maniobra de distracción: frente a la ineficacia, por relajación -admitida públicamente-, ante la movida, imagen de eficacia ante los ‘gorrillas’.

CASCADA DE MULTAS

Y así se filtraron los datos de que desde que se inició el mandato actual se han interpuesto 19.815 denuncias contra los ‘guardacoches’ y se ha detenido a 17 individuos relacionados con estas prácticas vulneradoras de las Ordenanzas, 8 de ellos extranjeros en situación irregular en España. Desde que se activó el plan específico contra los ‘gorrillas’, en febrero de 2012, el número de denuncias ha sido de 13.889 (un 41% de las mismas en Bami y su entorno; casi un 23%, en Nervión; y un 17%, en el distrito Macarena).

El balance estadístico sólo ha servido para remover las estancadas aguas del estanque y generar una onda expansiva de turbulencias, ya que se ha registrado una inusual unanimidad entre los medios de comunicación, fuera cual fuera su espectro ideológico, y la oposición a la hora de apostillar que el problema de los ‘gorrillas’ sigue persistiendo en las calles y que su número es equivalente o incluso superior al que había hace casi cuatro años, al inicio del mandato.

Juan Espadas, el líder de la oposición, lo resumió en una sola frase: “La cuestión es que los ‘gorrillas’ siguen ahí”. Añadió el portavoz socialista que “se dice a cuántos se multa, no a cuántos se consigue cobrar las multas”.

CAMPAÑA ELECTORAL

Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Bueno, sobre el que de golpe han vuelto a caer los problemas de las ‘botellonas’ y los ‘gorrillas’, ha reaccionado diciendo que el gobierno de Zoido “es el único que ha actuado con determinación tanto contra los ‘gorrillas’ como contra el ‘botellón’, tras muchos años de permisividad total del anterior gobierno socialista”.

Y ha añadido: “Preferimos que la oposición nos critique porque no hemos conseguido erradicarlo todavía a que los ciudadanos nos digan que no estamos haciendo nada por solucionarlo. Nadie duda hoy en día de que este gobierno le ha plantado cara a ambos fenómenos”.

La tesis de Juan Bueno sería absolutamente irreprochable si no fuera por un gran matiz: Zoido les dijo a los ciudadanos durante la campaña electoral, e incluso antes, que él iba a acabar con los dos problemas, no que fuera únicamente a intentarlo. Ese fue el factor diferencial de Zoido para ganarse la confianza de los sevillanos, que así le otorgaron la mayor mayoría absoluta que se recuerde, 20 ediles: prometer la solución a problemas que llevaban años enquistados y frente a los que habían fracasado sus predecesores, pese a que todos intentaron resolverlos con Ordenanzas o tratando de regularizar la actividad (PM-40).

SIN VARITA MÁGICA

Como hemos dicho en anteriores ocasiones, Zoido levantó tales expectativas al prometerles a los sevillanos prácticamente todo lo que estaban deseando oír (desde ser el alcalde del empleo hasta acabar con los ‘gorrillas’) que corre el riesgo de que esa enorme ilusión que suscitó (recuérdese cómo fue aclamado en su primera procesión del Corpus)  se troque en frustración colectiva a la hora de la rendición de cuentas al final del mandato: podría resultar que el alcalde no tenía la varita mágica que tomó forma en el imaginario colectivo.

Ese sentimiento de frustración por los grandes problemas irresueltos (paro, ‘botellonas’, ‘gorrillas’) es el que ya empieza a proyectar la oposición, en palabras de Espadas: “Zoido apuesta por soluciones que no resuelven el problema, como la ampliación de la zona azul, pero no ha planteado una solución integral. Creía tener la varita mágica para las cosas en un par de meses y, ahora, debería reconocer que las cosas no eran tan fáciles ni él ha tenido capacidad para resolverlas. Los ‘gorrillas’ no ha encontrado solución en este mandato tampoco”.

INSOLVENCIA

La elevadísima cantidad de denuncias (casi 20.000) interpuestas es justamente la demostración de la persistencia del problema, prueba de que se puede multar una y otra vez a los miembros de este colectivo de desclasados sin que por ello dejan de acosar a los conductores una y otra vez: sólo han sido pagadas 405 de las 19.815 sanciones  (el 2%) cursadas por los agentes de la autoridad.

En otras circunstancias, los datos habrían sido calificados de un gran éxito, porque nunca antes se había logrado por ningún gobierno local cobrarle una multa a un ‘gorrilla’, pero cuando el propio Zoido puso tan alto el listón, con la promesa de erradicar el problema al 100%, ese 2% de sanciones cobradas y la vuelta a las andadas de los ‘guardacoches’ no se considera trascendente.

Generalmente, los ‘gorrillas’ ni pagan ni suplen el importe de la multa (120 euros) con trabajos sociales, por tratarse habitualmente de personas insolventes, excluidos sociales y sin trabajo u oportunidad de tenerlo en una ciudad con casi 90.000 parados.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Nos enfrentamos a un problema social de una compleja solución, que no puede resolverse  con miles y miles de multas, enfocadas hacia las consecuencias y no hacia las causas, salvo que se recurra a un despliegue policial disuasorio prácticamente las 24 horas del día en sus zonas de actuación, como Bami.

La decisión de implantar la zona azul en todas y cada una de las calles de este barrio, colindante con la ciudad sanitaria Virgen del Rocío y cercano a varias consejerías de la Junta y al campus universitario de Reina Mercedes, sólo ha servido para espantar temporalmente a los ‘gorrillas’, que retornan en las horas ‘valle’ en que no está activa, y durante las noches y los fines de semana, y para soliviantar a los empleados del hospital y de las consejerías y a  los estudiantes de la Hispalense, más los comerciantes.

En un caso, aquéllos no pueden afrontar el pago cada hora de estacionamiento regulado; en otro, éstos ven cómo los potenciales clientes no se detienen a comprar en sus establecimientos porque tratan de salir cuanto antes de la zona azul para no pagar más por aparcar.

PICARESCA

La zona azul hasta se ha convertido en un negocio para algunos residentes que ya tenían una plaza de garaje y que ahora la alquilan porque se han podido beneficiar del bono anual por aparcar en el estacionamiento regulado en superficie, mientras que para los comerciantes está siendo una ruina, ya que sus ventas han caído en un 40% desde que se implantó la medida antes del verano.

Casi el 73% de los comerciantes de Bami se han adherido ya a la plataforma creada contra la zona azul, en una demostración de que no había tanta unanimidad en el barrio a la hora de pedir esta regulación de los aparcamientos como sostenía el Consistorio.

Y ésa es la peor noticia para el gobierno: ver que su remedio contra los ‘gorrillas’ acabe siendo considerado peor que el problema que trataba de solucionar y que se una contra sus políticas de movilidad uno de los colectivos que han constituido la base electoral de Zoido, los comerciantes.

Paciencia agotada

El delegado de Seguridad, Juan Bueno, ha reconocido que “todo lo que se ha hecho (contra las botellonas) no es suficiente; y Zoido ha declarado a raíz de las protestas de los desesperados vecinos de la Alfalfa que hará que “se cumplan las Ordenanzas”, en implícito reconocimiento a su vez de que aquéllas no se están cumpliendo, pese a que ésa es justamente su función como máxima autoridad.

En el gobierno municipal no ha habido más remedio, dada la evidencia y las grabaciones colgadas en Internet (véase, por ejemplo,  https://www.youtube.com/watch?v=32d9PhsERNc ) por la plataforma ‘Alfalfa Degradada’, que asumir que se ha producido una relajación en la lucha contra la movida nocturna y las ‘botellonas’ en plena vía pública, aunque tras ese ‘mea culpa’ inicial divulgó una serie de datos para justificarse.

Aparte de por la desastrosa gestión de la dupla Monteseirín-Torrijos, Zoido ganó las elecciones porque durante cuatro años se dedicó a patear la calle y, simultáneamente, a mantener una fuerte presencia en las redes sociales.

RELAJACIÓN

La movilización vecinal en la Alfalfa, liderada por una procuradora y por tanto miembro -en otra escala- de la carrera judicial al igual que Zoido, que es juez, ha servido para dejar en evidencia que el alcalde y su equipo han descuidado de manera notable esos dos factores que tanto coadyuvaron a la victoria por goleada en los anteriores comicios.

La complacencia parece instalada en el seno del equipo de gobierno, como prueba el hecho de que en un reciente Pleno se dedicó  a dar pábulo a un supuesto sondeo que dejaría a  Espadas con menos concejales que ahora. Sin embargo, creerse que todo el pescado está vendido puede ser un error fatal en política, máxime cuando aún quedan siete meses para la cita con las urnas y ya no dé tiempo de corregir cualquier imprevisto o fallo garrafal.

Recuérdese lo ocurrido en Alemania, donde hace unos años todas las encuestas pronosticaban la victoria del democristiano Edmund Stoiber frente al canciller socialdemócrata Gerhard Schroeder, pero se produjeron unas inundaciones y la gestión de la catástrofe por parte del canciller, frente a la pasividad de su rival a la hora de solidarizarse con los afectados, le dio la vuelta a los sondeos y Schroeder acabó ganando.

DESCONEXIÓN

Así que mientras los estrategas del PP contaban los concejales que va a perder Espadas, no se percataban de que a tan sólo unos centenares de metros de la Plaza Nueva, la Alfalfa y sus alrededores se poblaban cada noche de bebedores de alcohol que impedían el descanso de los vecinos. Y que éstos, hartos de cursar denuncias a la Policía Local sin resultado alguno, se aglutinaban en una plataforma que se dedicó a realizar grabaciones de la masa de gente y a colgar vídeos en Internet y narrar sus cuitas en las redes sociales, sin que tampoco esas señales de peligro para el Ayuntamiento fueran detectadas o se les diera mayor importancia por el equipo que Zoido tiene dedicado a Twitter, Facebook, Instagram y compañía.

Desconexión con  la calle y desconexión con lo que se cocía en las redes sociales, justo lo contrario de lo que ocurría anteriormente en las filas del gobierno, ésas fueron dos moralejas extraíbles del caso de la Alfalfa, a la que habría que unir una tercera: la tardanza en reaccionar, pese a que las protestas de los vecinos ya habían saltado desde Internet a las páginas de la prensa.

Sólo cuando por las previsiones de las agencias  el equipo de gobierno se enteró de que Espadas tenía concertada a las 11 de la mañana del día siguiente una reunión con los vecinos de la Alfalfa, se dispararon las alarmas políticas en la Casa Grande y se convocó una minicumbre de los departamentos implicados en el control de la movida dos horas antes de la que iba a mantener el líder de la oposición, en ese afán de proclamar que aquél siempre llega tarde en sus denuncias porque ya se ha previsto solucionar el problema denunciado. Esta vez, no obstante, con los vídeos de la plataforma ‘Alfalfa degradada’ circulando por Internet desde hacía días, era evidente que quien se había dormido en los laureles era el equipo de la mayoría absoluta, fiado a sus 20 concejales.

CULPAR A LOS ERASMUS

Tras la asunción pública en las primeras horas de los errores cometidos por no advertir el problema de la Alfalfa, el Consistorio intentó contrarrestar luego la imagen de desidia frente a la movida tirando del manual habitual: difusión de gran cantidad de datos sobre actuaciones  a lo largo del año (16.200). Pero la estadística sólo venía a demostrar su inutilidad, por cuanto esa cascada de números no había servido para contener ni erradicar las botellonas en pleno corazón de la ciudad.

La segunda línea defensiva consistió en culpar a los estudiantes extranjeros del programa Erasmus, con lo cual el problema se aquilataba en el tiempo a tan sólo los días previos y como si se tratase de un fenómeno puntual de carácter universitario. Sin embargo, entre la Hispalense (unos 1.700) y la UPO (705) suman unos 2.400 estudiantes extranjeros, y esa cantidad no podía explicar la muchedumbre que tomaba la Alfalfa y su entorno, más los restantes focos de movida dispersos por el Arenal, la Alameda, Los Remedios y el entorno del Parque.

Además, los reportajes publicados y los testimonios de los vecinos revelan que el problema no es de ayer, sino que se viene arrastrando desde al menos 2012. Por tanto, no se debe a la súbita llegada de los Erasmus por el inicio del nuevo curso. Ellos no lo han creado, aunque hayan contribuido a agravarlo.

ESCASOS POLICÍAS

La polémica sirvió para que se conociera que sólo durante el primer fin de semana de  octubre el teléfono de emergencias 112 recibió 434 denuncias sobre ingesta de alcohol y ruido en las calles, que fueron  comunicadas a la Policía Local en un tiempo máximo de dos minutos.

Para responder a esas 434 denuncias, el Ayuntamiento sólo tenía destacados once policías en tres furgones: uno para patrullar el Centro; otro, para Los Remedios, y el tercero, para el resto de la ciudad. Once policías en las noches del fin de semana para una urbe con más de 700.000 habitantes. La cifra se antoja manifiestamente insuficiente, ya que cada agente debería haber atendido una media de 39 denuncias.

Los vecinos denunciaban también el descontrol con los horarios de los bares, prácticamente abiertos durante toda la noche pese a que la Alfalfa está declarada zona acústicamente saturada. Y ello ocurría también en la Alameda, según las declaraciones de quienes allí residen: “No hay ningún bar de copas cerrado por el Ayuntamiento; somos los vecinos -afirmaban- los que provocamos los cierres. No sabemos cómo se siguen concediendo licencias. La única manera que hay para que el ocio y el descanso sean compatibles es cumpliendo las Ordenanzas”.

SUCEDÁNEO DE COMISIÓN

Curiosamente, ese diagnóstico coincide con el del alcalde, que ha insistido en la necesidad de cumplir las normas municipales, así que lo primero que planteó el Ayuntamiento fue adelantar la hora de cierre de los bares.  La idea fue desterrada en cuanto  se conoció la reacción negativa de la patronal de hostelería.

En esa tesitura se ha recurrido a la solución preconizada por Napoleón cuando no se sabe bien cómo actuar o se trata de diferir un problema: crear una comisión, en este caso una denominada mesa de diálogo con todas las partes implicadas y con el fin de hallar, según Juan Bueno, “un acuerdo de máximo consenso que busque el equilibrio entre el ocio, el negocio y el derecho al descanso de los vecinos”. Dicho de otro modo, el gobierno traslada la responsabilidad a los ‘agentes sociales’, antes que aplicar las Ordenanzas.

Otra decisión ha sido la de darles a los vecinos de la Alfalfa un teléfono directo de la Policía para que denuncien las aglomeraciones de la movida. Esta medida abunda en los errores cometidos hasta la fecha. El mensaje que se transmite es que como el Consistorio no pone en la calle suficientes policías para averiguar qué está ocurriendo y disuadir a quienes beben alcohol, se le encomienda la función de vigilantes supletorios a los vecinos. Estos denunciarán cuando la aglomeración ya se haya producido, con lo cual el riesgo de enfrentamiento con la Policía una vez se presente ésta será mucho más elevado.

120 SEGUNDOS

¿Necesita el gobierno municipal, cuya sede está a 300 metros de la Alfalfa, que los vecinos le avisen de las aglomeraciones de bebedores en la vía pública? ¿Es incapaz de verificarlas por sus propios medios? Y cuando lo haga, ¿no será ya demasiado tarde?

La medida de la línea telefónica directa no deja de tener su intencionalidad: transmitir la idea de que como el 112 no es eficaz, por eso se da un número alternativo mientras se reimplanta el 092, pero el 112 ya ha dejado constancia de que la Policía recibe los avisos en un máximo de 120 segundos. ¿Acaso va a reaccionar antes por que se la llame a otro número?

El equipo de Zoido parece no percatarse de que la clave no es la reacción en respuesta a un problema ya creado y sólo cuando el vecindario ha emprendido movilizaciones o ha llevado sus denuncias hasta las redes sociales, sino la prevención y la disuasión para evitar las concentraciones en la vía pública, lo cual le obliga a imponer el cumplimiento a rajatabla de las Ordenanzas, por más que les pese a los dueños de los bares, y a ordenar un mayor despliegue policial y no sólo once agentes para toda Sevilla.

El alcalde ha dicho que este problema “no se soluciona de la noche a la mañana”. O sea, lo mismo que dijeron los anteriores. Olvida que cuando era líder de la oposición prometió solucionarlo; que ha tenido 40 meses  para hacerlo y que no lo ha logrado, pero los vecinos de la Alfalfa, la Alameda, Los Remedios….. se han cansado de esperar porque su capacidad de aguante ya está más que agotada. Nadie puede reprocharles que hayan perdido la paciencia.

Complicarse la vida (con la zona azul)

El gobierno municipal presidido por Juan Ignacio Zoido se ha empeñado en complicarse la vida a tan sólo diez meses de las elecciones municipales tocándole el bolsillo a cada vez mayor número de sevillanos y por ello, siguiendo la tradición por estas fechas de las Administraciones Públicas, ha aprovechado el verano para aprobar, sin comunicarlo a la opinión pública hasta que no lo destapó la oposición, la ampliación de la ampliación de la zona azul a once calles más de tres sectores distintos (Luis Montoto, Viapol y Pirotecnia). Son un total de 144 plazas que se unen a las más de 7.000 que ya provocaron rebeliones vecinales en Bami y Nervión, fundamentalmente.

La nueva ampliación fue acordada mediante una resolución firmada el pasado 30 de junio por el delegado de Movilidad, Juan Bueno, y comunicada a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que se celebró el 4 de julio. En ninguna de las dos fechas se difundió ninguna información al respecto a la opinión pública, pese a tratarse de un asunto de indudable interés ciudadano, dado que se trata de once calles que en algunos casos son muy transitadas y en las que se registra una intensa circulación de vehículos: Eduardo Dato, San Alonso Orozco, José de la Cámara, Trovador, Padre Luque, Ciudad de Ronda, Diego de Riaño, Avenida Carlos V, Doctor Gabriel Sánchez de la Cuesta, Plaza Aviador Ruiz de Alda y Doctor José María Bedoya.

Curiosamente, el gobierno local sí se esforzó en la víspera de la celebración de aquella Junta de Gobierno, incluso con una rueda de prensa del alcalde y del delegado de Urbanismo, de anunciar la aprobación al día siguiente del inicio de los trámites para recalificar la zona portuaria donde pretende instalarse el proyecto Sevilla Park, aunque sin ofrecer tampoco el dato sustancial de que se trata de un macrocomplejo comercial de 65.000 m2 y procurando que toda la atención se concentrara en un Auditorio para eventos musicales y deportivos que no es más que la guinda del pastel.

EXPLICACIONES ‘A POSTERIORI’

Sólo después de que el martes, cuatro días después de celebrada la Junta de Gobierno, el portavoz socialista, Juan Espadas, informara en rueda de prensa de que habían sido incluidas once calles más en la lista de las declaradas con estacionamiento regulado en superficie sin que hubiera mediado difusión pública por parte del gobierno municipal, el delegado de Movilidad se vio obligado a dar estas explicaciones:

1) No ha habido oscurantismo: “El oscurantismo -afirmó- no existe hoy en día. Pertenece a épocas pasadas en las que el PSOE gobernaba con IU en el Ayuntamiento. Entonces sí que había muchas cosas oscuras”.

2) Se ha aprobado esta medida porque lo han pedido los vecinos. En este sentido puso de ejemplo las 90 plazas creadas entre San Alonso Orozco y Plaza Aviador Ruiz de Alda por petición expresa de los presidentes de comunidades de propietarios, que, según dijo, se dirigieron al Distrito para beneficiarse del abono de residentes.

3) La medida, además, la permite el pliego de condiciones, que en estimación del delegado de Movilidad faculta a corregir al alza o a la baja un 10% del total de las plazas existentes.

PUBLICIDAD PREVIA

Veamos, pues, qué dice realmente el pliego de condiciones del concurso para la zona azul. Así, el artículo 14 especifica: “El adjudicatario (o sea, la empresa municipal en segunda instancia Aussa) deberá efectuar una campaña de publicidad con un mes de antelación como mínimo a la instauración de los nuevos sectores, a la puesta en marcha de los nuevos expendedores, así como a cualquier modificación de las zonas reguladas mediante edición de folletos informativos y anuncios en medios y soportes de forma que quede garantizada su amplia difusión”.

Así pues, cualquier modificación obliga a realizar una campaña publicitaria previa con un mes de antelación, pero en este caso no se ha realizado campaña alguna, pese a lo cual el delegado niega que se haya producido oscurantismo.

En cuanto a la corrección del 10% al alza o a la baja en el número de plazas de aparcamiento en la zona azul, curiosamente tanto el delegado como la oposición hacen una interpretación similar de ese margen de maniobra, que está tratado en el pliego en tres artículos distintos, con este tenor:

-El adjudicatario ( o sea, Aussa) no tendrá derecho a ninguna reclamación por desequilibrio económico por errores en el número de plazas computadas, tanto al alza como a la baja, hasta el 10% del número total consignado.

-(…) el concesionario no tendrá derecho a contraprestación y no se considerará que produce desequilibrio económico hasta un 10% de reducción de plazas respecto al número de plazas de la licitación.

-El concesionario deberá admitir una modificación del número total de horas de los 10 años del contrato del 10%, sin que ello sea causa de desequilibrio económico.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

Se observa que estos tres puntos se refieren esencialmente a que la empresa concesionaria del servicio no podrá alegar desequilibrio económico para ser indemnizada en caso de que las plazas se reduzcan, por cualquier causa en un 10% Y parece difícil que reclame por que  le aumenten el número de plazas en ese porcentaje si con ello se van a incrementar sus posibilidades de facturación en forma equivalente.

El delegado toma el rábano por las hojas cuando se habla de errores al alza o a la baja, pero, atención, de errores (se presupone que involuntarios) en el cómputo de plazas, no como consecuencia de una decisión política de ampliación, como ha sido este caso. Estos puntos, además, van en el sentido de una reducción en las plazas de la zona azul, no en el contrario de una ampliación.

Juan Bueno sí podría haber invocado no esos puntos, sino el artículo 3.3, que faculta al Ayuntamiento a ampliar o reducir el servicio, pero por causas justificadas o de interés público, lo que le habría obligado a razonarlas, algo que tampoco ha hecho.

Su resolución incluye otra medida sorprendente en unos tiempos de crisis y de recortes en que las arcas públicas necesitan captar ingresos y en que la Hacienda municipal por cobrar, cobra hasta la tasa de basuras a los locales vacíos: los residentes pueden obtener el distintivo con derecho a bono de zona azul aunque no estén al corriente de pago del sello del coche. Se trata de un privilegio que la Delegación de Movilidad tampoco ha fundamentado y que va en detrimento de la ejemplaridad fiscal y caza de los morosos que preconiza y practica la Delegación de Hacienda con el resto de los sevillanos.

FIRMAS EN CONTRA

Tras conocerse esta resolución, una plataforma vecinal de Nervión ha entregado en el Registro General del Ayuntamiento mil firmas en contra de la ampliación de la zona azul a sus calles, una actuación que debería poner en un brete al delegado de Movilidad, ya que si dice que el Ayuntamiento ha ampliado la zona azul a petición de presidentes de comunidades de propietarios, ¿qué debe hacer cuando hay mil vecinos que le piden lo contrario, que no la amplíe? ¿Valen má las peticiones de los que están a favor con tal de obtener un bono de aparcamiento de residente y aunque no paguen el sello del coche que quienes están en contra y sí pagan sus impuestos al Ayuntamiento?

La resolución del delegado de ampliar la zona azul se ha producido sin esperar al Defensor del Pueblo andaluz, cuya mediación y/o intervención habían pedido hace varias semanas los vecinos y trabajadores de Bami y Nervión afectados por la regulación del aparcamiento en superficie, y pese a que el alcalde se había mostrado conciliador y dispuesto a que se entablara un diálogo con los opositores a la ampliación de la zona azul.

Esta actitud dialogante no se compadece con una política previa y posterior de hechos consumados, en que no sólo no se congela la nueva zona azul, sino que se amplía a los pocos días aprovechando el éxodo ciudadano a las playas por el verano.  

 

Patinazo

El equipo de gobierno municipal ha dejado en ridículo al alcalde, que, fiado de los datos facilitados por la Delegación de Seguridad y Movilidad, declaró ante los medios de comunicación durante una visita al distrito San Pablo-Santa Justa que había varias empresas interesadas en construir los aparcamientos en  la glorieta del Cid (Prado) y en la plaza de San Martín de Porres (Triana) tan sólo 48 horas antes de que el concurso público convocado al efecto fuera declarado desierto por falta de aspirantes. Juan Bueno, responsable político del patinazo de Zoido, se escuda ahora en que ha habido un supuesto “exceso de celo” municipal por las condiciones económicas fijadas en los pliegos. Cabe preguntarse entonces qué tipo de contactos empresariales en el sector y qué estudios de mercado hizo el Ayuntamiento previamente a la convocatoria de un concurso condenado de antemano al fracaso. Con este precedente, como para darle crédito a los sondeos demoscópicos que le ponen desde sus filas por delante a Zoido y en los que le aseguran que aún conserva la mayoría absoluta.

 

Una oportunidad perdida

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha perdido la magnífica oportunidad que le proporcionaba la obligada sustitución -por la sentencia del Tribunal Constitucional- del delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, para haber hecho una remodelación profunda de su gobierno de cara a afrontar la segunda parte de su mandato, ya que en puridad no ha hecho cambio alguno, sino que se ha limitado a nombrar como sustituto, pero sin relevarlo de sus funciones actuales, al actual portavoz del grupo municipal Popular, Juan Bueno.

El único movimiento de pieza en el tablero subraya algunas paradojas por parte de Zoido:

1) El nombramiento inicial de un comisario de Policía jubilado, como era Demetrio Cabello, y pese a que no era concejal electo ponía de manifiesto el desequilibrio en la confección de la lista electoral, ya que en el equipo con más concejales de la historia reciente de nuestra Democracia (20, incluido el propio Zoido), el alcalde no había pensado en nadie durante sus cuatro años de oposición para ocupar una de las delegaciones más importantes en cualquier gobierno y tuvo que recurrir a un externo, un ‘dedil’, figura que ha sido tumbada ahora por el Tribunal Constitucional en su sentencia.

2) En ese grupo de la mayoría súper absoluta y compuesto por veinte ediles, en vez de repartir las competencias de gobierno entre un mayor número de concejales para que así, y al menos teóricamente, le pudieran dedicar más tiempo y servir mejor a los ciudadanos, Zoido optó por lo contrario: la figura de los ‘macrodelegados’ que concentran en su persona el ejercicio de variadas funciones.

Es el caso de Gregorio Serrano, que ostenta nada menos que cuatro competencias: Empleo, Economía, Turismo y Fiestas Mayores. En paralelo a su figura está la de Maximiliano Vílchez, delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, a quien compete desde la aplicación y revisiones del Plan General de Ordenación Urbana, hasta los Parques y Jardines, pasado por el ahora súper conflictivo tema de la vivienda a través de la empresa pública Emvisesa y el no menos históricamente conflictivo asunto de la limpieza de la ciudad por medio de Lipasam, que a principios de año desató la peor huelga que se recuerda en el servicio de recogida de basuras.

3) Zoido, ahora, acentúa la concentración de poder  en pocas manos con el nombramiento de Juan Bueno como nuevo delegado de Seguridad y Movilidad en vez de repartir juego entre sus concejales. Bueno sigue siendo el portavoz del grupo municipal del PP y, de puertas afuera, presidente provincial del partido en Sevilla.

Con esta decisión, el mensaje que lanza Zoido, interna y externamente, es que su equipo está claramente diferenciado entre un núcleo duro de personas de su máxima confianza (Juan Bueno, Gregorio Serrano, Maximiliano Vílchez y Asunción Fley, la dama de hierro encargada de meter las tijeras en las cuentas de cada delegación, sin compasión) y el resto. La misión de estos últimos se circunscribe a gestionar los distritos, donde a medida que el tiempo corre hacia una nueva cita con las urnas se pelea ya a cara de perro con la oposición, como demuestra la bronca política en las últimas semanas en el distrito Macarena.

SIN BANQUILLO

El PP y algunos analistas políticos venían destacando la falta de banquillo del PSOE en el Ayuntamiento con Juan Espadas al frente, pero cabe hacerse la misma reflexión mirando al grupo municipal Popular. Pese a que casi duplica en número al Socialista, tres personas de un equipo de veinte son las responsables de nueve áreas distintas, incluida la Portavocía del grupo municipal, lo cual puede redundar en un menor grado de eficacia por pura razón matemática: no es lo mismo dedicar todo el tiempo a atender una sola función que a repartirlo entre tres.

Ese grado de dispersión puede volver en contra de los intereses del propio Zoido, que en el ecuador de su mandato necesita darle un mayor impulso a la gestión de su gobierno para que los ciudadanos perciban algo más que una política de recortes y remisiones a la herencia recibida y a la crisis económica, máxime cuando el alcalde pregonaba en sus tiempos de oposición que tenía plena consciencia de cómo iba a dejarle Monteseirín la ciudad y que tenía previsto cumplir todas sus promesas pese a las ya por entonces adversas circunstancias existentes.

APUESTA FRUSTRADA

La obligada salida de Demetrio Cabello como delegado de Seguridad y Movilidad ha supuesto un indisimulado contratiempo para Zoido. Primero, porque este edil no electo, de perfil puramente técnico y a veces hasta políticamente incorrecto en sus expresiones, era su gran apuesta personal para tratar de domeñar al díscolo cuerpo de la Policía Local. Segundo, porque le ha obligado a esta remodelación, aunque haya sido mínima, y a concentrar aún más el poder en un reducido número de personas. Esta concentración, aun siendo obvia, no deja de generar tensiones internas en el conjunto del grupo Popular, donde hay ambiciones insatisfechas y expectativas creadas durante el periodo de oposición que no se han cumplido. Y, tercero, porque por su carácter y su bonhomía personal, de Zoido cabría decir lo mismo que se dice de Rajoy: no se conoce que nunca haya destituido a nadie.

Zoido, más que gobernar con mayoría absoluta, demuestra que gobierna sólo con una minoría dentro de su grupo y el nombramiento de Juan Bueno vuelve a acentuar la sensación de postergación  que experimenta buena parte de sus concejales.

QUEBRADEROS DE CABEZA

Pese a las loas con que el alcalde ha despedido a Demetrio Cabello -”llegó con una misión y se va con la cabeza muy alta”, ha dicho del antiguo comisario de Policía-  lo cierto es que la de Seguridad y Movilidad ha sido el área más conflictiva y que más quebraderos de cabeza ha dado al gobierno del PP en estos dos años de mandato.

Cabello ya se estrenó con la polémica derogación del Plan Centro de tráfico por la falsedad del argumento de que las videocámaras no funcionaban, un ‘affaire’ que derivó en una no menos polémica comisión de investigación que ha tardado en cerrarse en falso casi toda esta primera etapa del mandato. Otro escándalo de la Delegación fue el expolio sufrido por la antigua sede de la Policía Municipal en la isla de la Cartuja en vísperas de su devolución a la empresa constructora Detea y cuando aún se hallaba en manos del Ayuntamiento. La empresa acabó demandando una indemnización multimillonaria ante los tribunales.

Cabello tampoco ha podido acabar con las botellonas juveniles en la ciudad, pese al incremento de las sanciones  a quienes para desesperación de los vecinos  afectados siguen ingiriendo alcohol en las calles, ni con los gorrillas de Bami y otras zonas conflictivas, pese a incrementar exponencialmente el número de multas y hasta realizar una base de datos sobre los guardacoches como instrumento preventivo y de control.

Hasta el sector del taxi se ha adelantado a amargarle la hora del adiós a Demetrio Cabello presentando contra él una denuncia judicial por el cobro de tasas de ocupación en la vía pública, que tacha de abusivas, con afán meramente recaudatorio y al margen de la Ordenanza Municipal.

INFLEXIBILIDAD

El ya ex-delegado ha sufrido el disgusto de ver cómo el Defensor del Ciudadano, José Barranca, señalaba dos sectores bajo su competencia, el del taxi y el de la Policía Local, como los de peor imagen entre los sevillanos por una actitud para la que aquél no ahorró en calificativos. El episodio de los policías haciéndose la foto con la señal de la victoria y con el fajo de multas impuestas durante la Feria ha acabado por demostrar el fracaso del delegado en su intento de cambiar la conducta y la imagen externa de la Policía, el objetivo principal que le había marcado Zoido. Además, su inflexibilidad con las multas de tráfico (adquirió un segundo coche ‘ponemultas’) ha acabado por erosionar al propio Ayuntamiento.

Su sucesor, Juan Bueno, encuentra pendientes prácticamente todas las asignaturas en la delegación. El sindicato de la Policía Municipal le ha dado la bienvenida ensalzando su carácter dialogante y el hecho de que es un político en vez de un técnico como Cabello, hombre honesto que no entendía de componendas y que por eso mismo carecía de mano izquierda, la que precisará el nuevo delegado para cerrarle uno de los habituales focos de conflicto al alcalde.

 

 

 

Pero ¿hubo una vez….

…cuarenta y seis mil empleos? Esta es la pregunta que, parafraseando a Jardiel, cabe hacerse a raíz de la promesa del PP de crearlos si se aceptan sus propuestas para el Pacto por Sevilla.

Cinco días antes, Espadas había presentado  su “plan de choque” para generar 3.600. Sin entrar a analizar en profundidad el planteamiento de Espadas, ‘a priori’ esta cifra  podría parecer realista, dada la escasa capacidad de maniobra existente.

La reacción inmediata del gobierno de Zoido fue la de descalificar al portavoz socialista con el argumento de que el PSOE debía ser “más serio y menos demagógico”.

Si al PP le parecía poco seria esa propuesta, ¿cómo cabría calificar entonces su promesa de 46.000 nuevos ocupados y reducir la tasa de paro en un 50% desbloqueando los grandes proyectos pendientes, cuando no hay financiación pública ni privada para acometerlos?

Como la confrontación late en cualquier iniciativa, el PP ha tratado de responsabilizar a la Junta de la solución al paro en Sevilla, al vincular la materialización de sus propuestas a decisiones políticas del Gobierno andaluz.

EL SEGUNDO IKEA

Sin embargo, este planteamiento no obedece siempre a la realidad. Por ejemplo, en el caso de la segunda tienda de Ikea. Según las cuentas de la lechera de Juan Bueno, el nuevo complejo comercial de la firma sueca cerca del aeropuerto permitiría crear más de 2.500 puestos de trabajo (se empezó hablando de mil, luego de dos mil y ya vamos por esta cifra) en una primera fase, y un total de 7.000 cuando se desarrolle en una segunda etapa un parque empresarial anejo.

No dice el PP que hasta el pasado 13 de febrero el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo no aprobó la propuesta de deslinde de los dos tramos de la vía pecuaria que discurren por el suelo urbanizable de San Nicolás Oeste, trámite administrativo sin el cual no se podrá aprobar el proyecto de reparcelación de los suelos para la tienda sueca. La ley debe ser aún más estrictamente cumplida en un ayuntamiento presidido por un juez como es Zoido, y si los suecos han elegido para instalarse unos suelos afectados por una vía pecuaria y no otro sin tal hipoteca ganadera, deben atenerse a las consecuencias de su libre elección.

Item más: el Ayuntamiento de Sevilla tiene la potestad para realizar el deslinde desde el verano de 2012 y, sin embargo, ha tardado siete meses en elevar una propuesta a la Consejería de Medio Ambiente. Quedan aún los trámites de la desafectación y el trazado alternativo, con lo cual la apertura del segundo Ikea no podrá producirse en el mejor de los casos hasta 2016, pasado incluso el mandato de Zoido. ¿Es serio y riguroso, por tanto, crear falsas expectativas a corto plazo y tratar de endosarle el supuesto retraso administrativo a la Junta de Andalucía?

GAVIDIA Y ALTADIS

Otra falacia política: la apertura de las Atarazanas, a la que se asignan 100 empleos, cuando La Caixa aún mantiene la concesión otorgada en su día, por lo que el Gobierno autónomo no puede hacer absolutamente nada y el propio Zoido bendijo el traslado del Caixafórum a la torre Pelli. En puridad, Juan Bueno, debería haber evaluado laboralmente este proyecto en la Cartuja, no en el Arenal.

El Ayuntamiento ya ha acordado la recalificación de la Gavidia para centro comercial, que necesita, cierto es, el plácet final de la Junta, aunque Bueno sólo contabiliza 150 empleos posibles de materializarse este proyecto. Si no ha tramitado aún el cambio de uso para la fábrica de Altadis en Los Remedios (a la que el PP asigna un potencial de 550 empleos, sin saberse en base a qué criterios, ni en éste ni en otros casos), técnicamente no puede imputarle bloqueo alguno al Gobierno autónomo. Ahora bien, antes de llegar a esa fase, lo que deberían hacer el Consistorio y la Junta es exigirle a la multinacional que cumpla la promesa que hizo de compensar el cierre de la fábrica de tabacos más antigua del mundo con la instalación de un centro logístico en el área metropolitana de Sevilla.

RED COMPLETA DEL METRO

¿Qué queda imputable a la Junta? El cambio de uso de la estación del Prado, cuyo impacto parece menor, y dos grandes proyectos. La Ciudad de la Justicia, si no se acometió durante las ‘vacas gordas’ menos va a construirse en plena crisis. En cuanto a la ejecución de la red completa de Metro como pide el PP, es otra entelequia en las actuales circunstancias, y en todo caso sería una obra al 33% cada uno de Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.

Si la ministra de Fomento se ha peleado con el alcalde de Granada, Torres Hurtado, de su mismo partido, para sacar del centro de la ciudad la futura estación del AVE con tal de ahorrar 600 millones de euros, ¿con qué fuerza moral puede demandar el Consistorio sevillano que se destinen en esta especial coyuntura al menos 3.000 millones de euros para las líneas de Metro pendientes?

DECISIÓN DE MADRID

Curiosamente, la mayor parte de los futuribles empleos en el plan del PP dependen de decisiones del Ejecutivo central , como el dragado del Guadalquivir (20.000), cuyo proyecto aún está redactándose y puede ser tumbado por Europa o impugnado ante los tribunales por arroceros y ecologistas; el cierre del anillo ferroviario de Cercanías y la carretera SE-35, para la que debe librar 12,5 millones de euros. Sospechosamente, Bueno ha dejado fuera la SE-40, paralizada por Fomento por la misma falta de fondos que el PP pretende haya para las infraestructuras que demanda.

Los revolucionarios del mayo francés acuñaron el lema ‘sed realistas, pedid lo imposible’. Con nuestros políticos es al revés: hay que pedir el imposible de que sean realistas.

Viajes

Torrijos ha anunciado que preguntará en el Pleno por el coste, duración, acompañantes y motivos de los viajes realizados por Zoido y su equipo desde la toma de posesión del nuevo gobierno. Aunque Juan Bueno, portavoz del PP, haya reaccionado con indignación y se haya referido a los antecedentes turísticos (¿quizás alguna mariscada en Bruselas?) y oscurantistas del portavoz de IU, el alcalde debería responder con el clásico “me alegro de que me haga usted esa pregunta”, porque así, en aras de su promesa de luz y taquígrafos, podrá aclarar sus escapadas al torneo tenístico de Roland Garros, en París, y a los Juegos Olímpicos de Londres, de los que la opinión pública tuvo noticia por la canallesca y no por el Consistorio, y la repentina fiebre viajera de su delegado multiusos y chico para todo, Gregorio Serrano, por más que sea el titular de Turismo. A ver si va a resultar que sus concejales, en vez de llegar al cargo “comidos y viajados”, como prometió cuando estaba en la oposición, en realidad estaban tan ayunos de excursiones como los del gobierno de Monteseirín.