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Los agravios comparativos de Zoido

 

El Ayuntamiento ha aprovechado el ‘puente’ de la Constitución y la Purísima, cuando la atención de los sevillanos no estaba centrada precisamente en las decisiones emanadas de la Casa Grande, para presentar a una distraída opinión pública los Presupuestos de la ciudad para 2013, calificados en clave de “economía de guerra”.

Efectivamente, las grandes cifras de las cuentas municipales se resumen en una caída de los ingresos en 129 millones de euros en comparación con los de este ejercicio a punto de expirar y también en una reducción de los gastos en 96 millones, con lo cual apenas queda margen de maniobra para las inversiones públicas. Este capítulo se reduce a tan sólo 17,8 millones de euros, que se asignarán a arreglos de calles (9 millones), mantenimiento de colegios (4 millones), cuidado de parques y jardines (3 millones), una comisaría de la Policía (1,5 millones) y el parque infantil de tráfico (0,4 millones), entre las partidas más significativas.

El gobierno municipal se ha mostrado sensible a la situación de emergencia social que sufre la ciudad, ya con más de 91.000 parados, y ha dotado con 7 millones un plan para paliar los efectos de la crisis, dinero que se destinará a Cáritas (3 millones), subvenciones directas (2,3 millones), Banco de Alimentos y comedores sociales (un millón) y menores de edad (medio millón). A este dinero hay que añadirle un millón más para el bonobús solidario, a fin de que no ocurra como durante este año, cuando la partida existente se había agotado a la vuelta del verano.

HECHOS LLAMATIVOS

No obstante, y a falta de un examen más detallado de los Presupuestos una vez que se pueda contar con el desglose de las partidas, llaman la atención aspectos como los siguientes:

1) El incremento en 11 millones de euros de la recaudación por, fundamentalmente, impuestos y tasas a los sevillanos pese a la actual situación de crisis económica y una vez eliminada la habitual ficción de consignar ingresos por la nonata venta de la Gavidia y de los bajos del mercado del Arenal, que se venía haciendo desde los tiempos de Monteseirín.

2) El capítulo de gastos de personal sigue subiendo en la práctica, hasta los 283,3 millones de euros, pese a las aparentes políticas de austeridad y de recortes del gasto público anunciadas por Zoido conforme a las directrices del Gobierno central.

3) La falta de dotaciones para el Plan extraordinario de Empleo que el alcalde anunció antes del verano ( teníamos entonces 86.759 parados) para la ‘rentrée’ de septiembre (se registraban ya 88.819) y del que se sigue sin tener noticia a la fecha (ya vamos por los 91.627) y parece que tampoco la vamos a tener para el nuevo ejercicio.

4) Una partida de 5 millones para ‘reestructuración de servicios públicos’, expresión ambigua tras la que se esconde la liquidación de sociedades municipales como Sevilla Global pero también la reactivación, en una especie de ‘operación acordeón’ societaria, de Giralda Televisión mediante la adjudicación de su gestión y/o de la programación, por concurso público redactado de la forma en que suelen redactarse este tipo de concursos, a una productora privada a cambio de entre 1,5 y 1,8 millones de euros que saldrían de este fondo global de 5 millones. Recuérdese cómo cuando se hallaba en la oposición el PP preconizaba la desaparición de esta emisora municipal de TV, por considerar que era el aparato de propaganda de Monteseirín y que carecía de sentido su existencia por competir con las emisoras privadas. Ahora el discurso ha cambiado por el de que se trata de garantizar “un servicio público de calidad” y de que costará diez veces menos a los contribuyentes, por más que en el espectro haya más de cien canales de televisión.

PAGO DE DEUDAS

A excepción de las partidas para personal y gasto corriente en estos Presupuestos de transición por el desierto de la crisis económica, el gran pellizco se lo llevan los gastos destinados al pago de la deuda viva municipal (529 millones de euros), a la que se reservan 64 millones de euros en números redondos, y al de los intereses (23 millones) del préstamo suscrito de 59 millones para el pago de las 3.000 facturas pendientes de abono desde hacía años a los proveedores.

Como se recordará, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 sobre medidas de financiación para que las Administraciones Locales saldaran sus deudas con los proveedores, pero a cambio de someterse a estrictas medidas de austeridad y contención del gasto público, una decisión muy criticada por el PSOE por estimar que buena parte de los 59 millones del crédito han engrosado las cuentas de unas pocas grandes empresas, con las que se podría haber negociado bilateralmente mejores condiciones de pago sin necesidad de haber asumido mayores sacrificios económicos; la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha defendido por su parte esta política de sacrificios añadidos con el fin de saldar cuanto antes las deudas y de insuflar oxígeno a la economía local.

CARTAS A LOS JUBILADOS

En este escenario macroeconómico de caída de los ingresos en 129 millones de euros, recorte drástico de inversiones y proclamada austeridad por la falta de dinero, al tiempo que la delegada de Hacienda presentaba las grandes cifras de las cuentas municipales sin descender en demasía a los detalles, el Ayuntamiento notificaba a 200 de los 700 jubilados del Consistorio que va a dejarles de abonar la denominada ‘paga extraordinaria de antigüedad’, que han venido cobrando hasta ahora.

El gobierno local se ampara en el Real Decreto de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad y que, según su interpretación, prohíbe que se pague premio extraordinario alguno a efectos positivos en aquellos supuestos en que se produzca concurrencia en la percepción de pensiones públicas cuando los beneficiarios superen los topes establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, ni el Gobierno ni el Ayuntamiento han tenido en cuenta que esta paga extraordinaria se ha nutrido de los descuentos de hasta un 8,5% en sus nóminas que los antiguos empleados municipales soportaron a lo largo de su vida activa con vistas a recuperar ese dinero como una especie de seguro o depósito  cuando les llegara la edad de la jubilación. Para colmo, los 200 pensionistas afectados tendrán que abonar las tasas judiciales impuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, si se plantean pleitear contra el gobierno municipal y el Estado por lo que aquellos consideran “un robo” de sus pensiones.

PAGA EXTRA ENCUBIERTA

Y mientras Zoido les dice a los jubilados del Ayuntamiento que no hay dinero para mantener esta paga extraordinaria, a la que habían contribuido a lo largo de su vida laboral, el mismo alcalde ha tratado de colar por la gatera el abono de una paga extra de Navidad, por una cuantía de 600.000 euros, para los 1.073 policías locales, a razón de 559 euros por cabeza.

Cierto es que desde 2010 los agentes se consideran agraviados porque como consecuencia de la reclasificación que se les aplicó deberían percibir salarios acordes a la categoría C1 y, en realidad, están cobrando como si pertenecieran al grupo C2, pero también, como en tres ocasiones (la última, el pasado viernes) le ha recordado la Intervención General al alcalde, el archicitado Real Decreto ley de Medidas de Estabilidad Presupuestaria impediría adoptar medidas de este tipo en el actual escenario macroeconómico.

Zoido se puso en evidencia a sí mismo cuando admitió que el objetivo de esta paga a la Policía era cumplir el compromiso de subirle el sueldo, al que había llegado con sus representantes durante las protestas del pasado mes de abril, por lo que luego, cuando trató de rectificar al percatarse de que vulneraría las disposiciones del Gobierno, intentó camuflar el abono del dinero diciendo que se trataba del pago de horas extraordinarias por la sobrecarga del trabajo policial en la persecución de los gorrillas y la ‘botellona’.

Espadas, el portavoz municipal del PSOE, ha subrayado la falacia del argumento de las horas ‘extra’ porque al repartirse el dinero entre todos los policías por igual, hayan o no realizado horas extraordinarias, se trata en el fondo de una paga lineal en concepto, en todo caso, de productividad y que sólo se ha contemplado para la Policía y no para el resto de los funcionarios y empleados municipales.


TRATO DESIGUAL

El anuncio del alcalde ha suscitado de inmediato un sentimiento de agravio comparativo en toda la plantilla del Consistorio, que reclama el mismo trato por parte del alcalde. En este sentido, el sindicato CSI-CSIF ha puesto de manifiesto que si la Policía Local sufre un déficit enorme de agentes, lo mismo sucede en servicios como los de limpieza o las bibliotecas, a los que hasta ahora Zoido se ha negado a pagar horas extraordinarias o productividades.

Así pues, en un Ayuntamiento sin dinero según para qué, Zoido se saca de la manga 600.000 euros en una paga ‘extra’ y camuflada para los policías mientras se la quita a los jubilados y se la niega al resto de la plantilla del Ayuntamiento. El factor diferencial que maneja el alcalde para tratar de mantener contentos a los 1.073 agentes en comparación con el resto de empleados municipales, es que, número aparte, mientras los jubilados, las limpiadoras y los bibliotecarios no pueden poner multas, los agentes son vitales para el objetivo del Ayuntamiento de seguir recaudando para el año próximo al menos otros 25 millones de euros en sanciones de tráfico y de todo tipo para que así no se le descuadre el Presupuesto.

‘Okupas’

Fran Fernández, el concejal que ve la vocación en los solares al igual que León Felipe veía poemas en las piedras pequeñas y aventureras como tú, no es el único entre los equipos del (sin) alcalde que ‘okupa’ propiedades ajenas. Carmelo Gómez, otro de los ángeles caídos de Monteseirín, se puso a asfaltar para parking una explanada particular  sin encomendarse ni al Registro de la Propiedad ni a Urbanismo cuando era delegado de la Macarena. Ya les conté lo de la zona verde en suelo ajeno inaugurada por Parques y Jardines. ¿Acaso Marchena no avaló con los fajos de billetes la ‘okupación’ de los terrenos por los chabolistas de Los Bermejales con el argumento de que gozaban de un derecho adquirido? Y Alfonso Mir, ¿no ‘okupó’ también la caseta de las limpiadoras en la Feria? La ‘okupación’ es una práctica inveterada del Consistorio de Monteseirín, convertido en sumatorio de ediles con vocación usurpatoria. Si un día el juez le preguntara a Fran quién diseñó los parkings sobre suelos privados, éste bien podría invocar a Fuenteovejuna: todo el Ayuntamiento a una.

El delfín no da la talla

La imagen del delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, como alcaldable del PSOE en la carrera por la probable sucesión de Monteseirín ha quedado seriamente afectada a cuenta de la polémica por la presunta usurpación de una caseta municipal que habría realizado su correligionario, compañero de gobierno municipal e íntimo amigo, Alfonso Mir. Celis ha cometido durante la polémica todo un catálogo de errores, impropios de quien es considerado el ‘delfín’ del alcalde y por tanto aspirante a regir los destinos una ciudad como Sevilla.

Celis se ha mostrado ante la opinión pública como  un gobernante imprudente al poner en diversas ocasiones la mano en el fuego por el delegado de Convivencia y Seguridad con declaraciones de apoyo a su actuación en el caso de la caseta sin esperar siquiera a que concluyera la investigación abierta por la Delegación de Fiestas Mayores, la cual acabó determinando que la caseta era de titularidad municipal y no propiedad del edil socialista y de su familia, como este último viene sosteniendo de forma numantina pese a todas las evidencias, el propio informe de Rosamar Prieto y el testimonio de Antonia Jiménez, la trabajadora que en nombre del Servicio de Limpieza de Escuelas la solicitó en el año 1989.

Un político prudente habría esperado al menos a que concluyera la investigación que estaba en curso para realizar cualquier pronunciamiento público. Si Celis apuesta por alguien que presuntamente ha cometido irregularidades de amplio eco social además, ¿qué confianza suscitaría como alcalde a la hora de elegir a sus colaboradores?

El segundo error de Celis fue no inhibirse en el caso pese a ser parte interesada en calidad de socio de la caseta presuntamente usurpada por Mir y ocultar tal condición ante la opinión pública. El delegado de Urbanismo se enfangó en el caso al actuar más como miembro de la peña de Mir y amigo personal del delegado de Convivencia y Seguridad que como un responsable del gobierno local, del que además ejerce como portavoz y por tanto es su cara ante los sevillanos.

Celis cometió otro error al implicarse personalmente en el escándalo saltando a la palestra en vez de dejar que fuera la responsable del área afectada, Rosamar Prieto en su calidad de delegada de Fiestas Mayores, la que actuara de pararrayos y se pusiera delante de los focos. El ‘delfín’ de Monteseirín se mostró así como un político demasiado impulsivo e irreflexivo al bajar a la arena a las primeras de cambio. De esta manera, la polémica ascendió hasta la portavocía del grupo municipal socialista, sin que la Delegación de Rosamar actuara de dique de contención. Celis ha acaparado las cámaras y los titulares, con lo que ha acabado a la altura del propio Mir y como coprotagonista del caso. No se ha puesto a cubierto en absoluto.

El aspirante a alcalde de Sevilla ha demostrado también falta de conocimiento técnico al sostener que las Ordenanzas municipales recogían la posibilidad de cambios de ubicación de casetas, una práctica que se hace bajo cuerda pero que no está contemplada en la normativa. Un gobernante no puede ser cogido en tales renuncios por el afán de aparentar saberlo todo. Este error ha sido otra de las consecuencias de haber invadido el área de Fiestas Mayores para no cederle protagonismo a la edil responsable de la misma.

Por último, Celis ha demostrado falta de reflejos políticos tras el informe de la Delegación de Fiestas Mayores en que aclaraba el carácter municipal de la caseta ‘de’ Alfonso Mir, de la que es socio. El ‘delfín’ de  Monteseirín dice que exigió en su día a Mir que expulsara como socio a Fernando Mellet tras conocerse su implicación en el caso Mercasevilla.

Al estallar el escándalo de la presunta usurpación de la caseta por el delegado de Convivencia y Seguridad, Celis podría haber reaccionado anunciando que dejaba en suspenso su afiliación a la caseta en tanto no se aclarara definitivamente la polémica por la titularidad de la misma. Sin embargo, primero trató de negar la evidencia de su condición de socio al declarar que no lo era “en el estricto sentido del término”, sino únicamente para la semana de la Feria, como si las efímeras casetas permanecieran en el Real a lo largo de todo el año y no solamente durante los días de la fiesta primaveral. A su manera, el delegado de Urbanismo presentó las casetas como si pudieran ser objeto de la figura turística del ‘time sharing’  o ‘tiempo compartido’, en que uno puede comprar el uso de un apartamento durante sólo un periodo de tiempo al año.

Celis es socio de pleno derecho de la caseta de Mir a la luz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2008 que revocó otra anterior del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 en el caso de la caseta ‘Chóferes municipales’. La Audiencia condenó a los titulares administrativos a inscribir como socias de pleno derecho a diez personas que habían venido pagando previamente una cuota anual y contribuido por tanto al mantenimiento y montaje.

La Audiencia explica que la Feria de Abril funciona gracias a unas normas administrativas junto a un “importante componente consuetudinario que ha ido generando una tradición consolidada”. En virtud de ella, “el funcionamiento de una caseta de Feria, con la sola integración del titular administrativo, carecería del atractivo tradicional que es propio de esta clase de festejos tan arraigados en la historia y costumbre sevillanas”.

Para enredar aún más la madeja, prolongar más en el tiempo una polémica que sólo puede perjudicarle y externalizar una decisión que sólo le corresponde a él, Celis ha propuesto que para su tranquilidad personal y porque se està poniendo en entredicho su honestidad personal el Ayuntamiento investigue “si es legal que cualquier persona que sea socia o está cometiendo alguna irregularidad o ilegalidad que aconseje no renovar su vinculación con esa caseta” (sic).

La explicación de Celis de que entró en la caseta por invitación de su íntimo amigo Alfonso Mir y sin ser consciente de que exisitiera ninguna anomalía en el procedimiento administrativo de concesión es plenamente convicente, pues haber reconocido lo contrario lo haría cómplice de la presunta irregularidad. A partir de ahí, lo inexplicable es que el ‘delfín’ del alcalde necesite que le hagan un informe municipal para ver si renueva o no su vinculación con la caseta. Su último error, por el momento, es justamente su indecisión.