El día en que esa “máquina de perder juicios” (Ecologistas en Acción ‘dixit’) llamada Junta de Andalucía encuentre con el candil de Diógenes la vía jurídica para sentar a Boliden en el banquillo de los acusados por el vertido tóxico de Aznalcóllar, los suecos podrán invocar en su defensa la conducta del Gobierno andaluz en un caso similar al suyo y así sería probable que volvieran a librarse de pagar los 89 millones de euros. La multinacional podría alegar que tenía una macrobalsa de residuos, acorde al volumen de la explotación minera, pero que en último extremo su rotura fue accidental. En contraste, los técnicos de la Junta imputados judicialmente ahora por otro vertido tóxico al Guadiamar (vía sus afluentes arroyo Los Frailes y río Agrio) y que mató 753 kilos de peces también en un mes de abril pero doce años después, arrojaron deliberadamente los metales pesados al agua desde la balsa de la mina de Los Frailes. Haciendo abstracción de las magnitudes de cada desastre, ¿qué es éticamente más condenable, el vertido de Boliden o el de la Junta en Aznalcóllar?