Dicen que la política consiste en desayunarse un sapo cada mañana. Que se lo pregunten a Luciano Alonso, el consejero con pinta de Lee Marvin. Al malagueño le tocó encarnar el papel de indignado de la Junta cuando los catalanes de La Caixa dieron la espantá en las Atarazanas e incumplieron el convenio de su restauración (25 millones de euros) y dotación durante 75 años (300 millones). Insinuó algo que ahora está de moda con Danone sobre los ahorros de los andaluces, le incoó un expediente para meterle un puro y auguró una indemnización acorde con el montante del convenio. Ahora, hechas las paces entre Griñán y Fainé por aquello de recuerda quién te da la liquidez, José Antonio, Luciano se la ha envainado. Dice, sin pestañear, que renunciar a 325 millones a cambio de los 25 a que se ha reducido el nuevo convenio es una gran oportunidad. ¡Qué papelón! Cuando coincidan con el consejero de Cultura, tengan cuidado por si aún está regurgitando todo lo que se ha tenido que tragar con las Atarazanas, aunque tengo la impresión de que no son sapos, sino estrellas de mar.
Sapos
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Zoido ha aplaudido el cambalache entre el presidente de la Junta, Griñán, y el de La Caixa, Fainé, para trabajar en el diseño de una nueva propuesta conjunta que permita poner en valor las Atarazanas (sic), porque por la asfixia financiera del Gobierno andaluz éste nunca va a morder la mano de su prestamista, por más amenazas que tronara el consejero de Cultura, Luciano Alonso, tras la espantá de los catalanes. La pela siempre será la pela. Ha dicho el alcalde que el acuerdo “es el mismo al que se llegó conmigo”. Y ha subrayado que los antiguos astilleros son de la Junta. Si son de la Junta (la misma cantinela de Goro con el empleo), entonces ¿cómo Zoido llegó a acuerdo alguno con La Caixa? ¿Cómo lo calificamos, de invasión de competencias, deslealtad institucional o puro farol de cara a la galería? Y, en todo caso, el acuerdo al que dice haber llegado no fue para la puesta en valor de las Atarazanas, sino para bendecir el traslado del Caixafórum a la torre Pelli, que no es lo mismo ni por asomo. Zoido, con esta frivolité, tiene cada día más tics de Monteseirín.
Cuando gran parte de Italia estaba integrada en el imperio austro-húngaro, la censura austriaca era tan estricta que rechazó una ópera de Verdi, temerosa de que los italianos convirtieran cualquier pieza en otro himno contra los ocupantes extranjeros, como habían hecho con el coro de esclavos, ‘Va pensiero’, de ‘Nabucco’. Furioso, Verdi fue a exigir explicaciones. Los censores se justificaron diciendo que lo que en realidad rechazaban era el libreto, pero no su música, que el compositor podría adaptar sin problemas a otro texto. El genio se indignó más aún al comprobar que los cuadriculados represores no comprendían que música y libreto eran todo uno y que otro texto le inspiraría una música diferente. A Luciano Alonso le ha pasado con La Caixa lo mismo que a Verdi con los austriacos: los banqueros catalanes le han regalado el diseño de Vázquez Consuegra para otro proyecto en las Atarazanas sin reparar en que, como les ha respondido el consejero, si era para el Caixafórum no vale para algo distinto, aunque a La Caixa no le importe irse con su música a otra parte.
Dice el portavoz municipal socialista, Juan Espadas, en el Foro de El Mundo que el problema del traslado del Caixafórum de Vázquez Consuegra desde las Atarazanas a la torre Pelli es que, previamente, La Caixa había firmado un contrato con la Junta de Andalucía y que los contratos están para cumplirlos: igual que la entidad financiera le pide a sus clientes que paguen la hipoteca en vez de la dación en pago, el Ayuntamiento no debería admitir que salga corriendo. Omite Espadas un detalle sustancial: no sólo ha salido corriendo, sino que en el mismo acto de poner los pies en polvorosa tras haber dispuesto de los antiguos astilleros medievales durante tres años le exigieron al consejero de Cultura, Luciano Alonso, la devolución de los 750.000 euros que había depositado como fianza por la rehabilitación que se había comprometido a realizar y que ni siquiera ha iniciado. O sea, que mientras La Caixa exige, según Espadas, que sus clientes le paguen la letra del piso y no admite su dación en pago, para ella misma se inventa en el caso de las Atarazanas la dación sin pago.
Cuentan las crónicas periodísticas que Zoido, “preocupado” tras la espantá, por él mismo propiciada, de La Caixa al llevarse de las Atarazanas su Caixafórum a la torre Pelli, ha recurrido, como hacer suele en las grandes ocasiones o en los momentos de crisis, a escribirle una carta al consejero de Cultura, para ofrecerle su colaboración. La iniciativa del alcalde de Sevilla me recuerda a aquella llamada que en el franquismo le hizo el ministro de la Gobernación (el equivalente hoy al de Interior) al embajador de la Gran Bretaña, a cuenta de una gran manifestación que en protesta por la ocupación de Gibraltar se estaba desarrollando delante de la legación, en Madrid. “¿Le envío más policías, señor embajador?”, le inquirió el responsable del orden público. Respuesta del representante diplomático de Su Graciosa Majestad: “Me basta con que no me envíe más manifestantes, señor ministro”. Ante la oferta de colaboración de Zoido, Luciano Alonso, consejero de Cultura, bien podría contestarle: “Me basta con que no me ponga más obstáculos urbanísticos, señor alcalde”.
Dicho de otro modo, al propiciar con sus dilaciones urbanísticas la coartada que necesitaba La Caixa para desistir de su proyecto en el Arenal, Zoido, como bien ha interpretado el consejero Luciano Alonso, pensaba que le estaba metiendo un gol a la Junta de Andalucía, sin reparar en el autogol que le marca a Sevilla, ya que la ciudad pierde una inversión de 25 millones de euros en la rehabilitación de las Atarazanas, otra comprometida por La Caixa con el Gobierno autónomo de 4 millones de euros anuales durante 75 años (un total de 300 millones) y todo el efecto económico inducido que habría tenido para el casco histórico la ubicación del gran centro cultural de La Caixa en este privilegiado espacio de Sevilla.
Sobre el proyecto de Vázquez Consuegra para las Atarazanas y sobre la figura del propio arquitecto se ha dicho de todo, tanto a favor como en contra. Los conservacionistas y la Fundación Atarazanas se han opuesto a su diseño de Caixafórum por entender que suponía la adulteración del monumento, y al final Zoido, de forma más o menos explícita, ha hecho suyo este argumento cuando dijo durante la polémica con Málaga que el proyecto “podía tener correcciones que no pusieran en peligro ni el monumento ni su entorno, declarado Patrimonio de la Humanidad”, como dando a entender que había una exigencia de modificación por parte de la Unesco tras la controversia por el rascacielos de la Cartuja.
Recordemos brevemente la génesis del proyecto. Las Atarazanas estaban en manos del Ejército, que había levantado sobre sus cubiertas durante el siglo pasado una serie de instalaciones militares, cuando la Junta se las compró por algo más de 3,7 millones de euros hace una veintena de años. El Gobierno andaluz había invertido 8 millones de euros en su rehabilitación -cantidad manifiestamente insuficiente, habida cuenta la magnitud del edificio, de 7.200 m2 de planta- hasta que La Caixa, en su política de implantación en Andalucía y Sevilla frente a las Cajas sevillanas (El Monte y Caja San Fernando, unidas luego en Cajasol), se interesó por el inmueble para ubicar en el mismo un Caixafórum, a modo de escaparate de su Obra Social y Cultural. Hasta tal punto tuvo interés la entidad catalana, que la Junta modificó la ley para poder ampliarle el plazo de concesión: de 50 a 75 años.
Vázquez Consuegra. El arquitecto redactor del PGOU de Sevilla, el jerezano Miguel Angel González Fustegueras, había introducido en el Plan General un mecanismo de salvaguarda para los bienes de interés cultural (BIC), con el fin de que cualquier intervención en los mismos contara siempre con la aprobación de la Junta de Andalucía a través de la Comisión de Patrimonio. Ese mecanismo era el Plan Especial. Sin embargo, en la práctica, el Consistorio no venía exigiéndolo si comprobaba que la Junta autorizaba previamente los proyectos de rehabilitación de los BIC, como ha ocurrido con las intervenciones en el castillo de San Jorge y los conventos de Santa Paula y de las Teresas, entre otros ejemplos.
tramitación de la licencia de obras “sin necesidad de redactar y tramitar un nuevo documento de planeamiento”. Es, pues, con el gobierno de Zoido cuando se ratifica que no hay necesidad de Plan Especial para otorgar la licencia al Caixafórum en las Atarazanas. Y gracias a este documento, el Colegio de Arquitectos da su visado al proyecto de Vázquez Consuegra.
Y, por otra parte, el 26 de marzo de 2012 La Caixa compra Banca Cívica, y con ella Cajasol y todos sus activos -incluida la faraónica torre Pelli- por 977 millones de euros. La entidad catalana ya no necesita gastarse 25 millones de euros en las Atarazanas, más 300 millones en los próximos 75 años, para disponer de un escaparate ante Sevilla, porque Sevilla toda es ya territorio conquistado comercialmente con la absorción de su hasta entonces rival local, Cajasol.
En la polémica entre el arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, y el consejero de Cultura, Luciano Alonso, sobre el cobro de la entrada a los templos restaurados con dinero público yo me daría con un canto en los dientes con tal de que se cumpliera lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, cuyo artículo 14.3 reza (nunca mejor dicho) así: “Cuando se trate de Bienes de Interés Cultural, además se permitirá la visita pública gratuita al menos cuatro días al mes, constando esta información de manera accesible y pública a los ciudadanos en lugar adecuado del Bien de Interés Cultural’. Mientras en cualquier obra de medio pelo de la Junta hay un cartelón indicando desde el arquitecto del proyecto hasta los millones invertidos, todavía no he visto que en ningún BIC figure la más mínima alusión a este precepto legal, con lo cual se burla el derecho de los contribuyentes a disfrutar de la cultura a cuya conservación ayudan con sus impuestos. La ley obliga a todos, incluida la Iglesia y aunque su Reino no sea de este mundo.
En el peloteo político en que unos y otros han convertido la Copa Davis llama la atención la demagogia en el debate parlamentario del diputado socialista Antonio Núñez y del consejero de Turismo, Luciano Alonso, los cuales se escandalizaron por el gasto de 80.000 euros en viajes en coche y compararon los desembolsos con los ‘Oscar’ de Hollywood. Al margen de que las partidas presupuestarias son, con el efecto IPC, equivalentes a las de 2004, cuando la Davis la organizaron Monteseirín y Torrijos (y aunque ganó España ellos perdieron la cubierta de 1,4 millones de euros), sorprende el asombro de Luciano ante un acontecimiento ‘Vip’ como es éste, que obliga a un trato ‘Vip’ a sus protagonistas, máxime cuando él ha viajado a costa del Presupuesto público a todo tipo de ferias turísticas (Madrid, Berlín, Londres) donde corren los langostinos a cuenta nuestra y preconiza que Andalucía debe captar turistas de alto poder adquisitivo antes o mejor que los de mochila y alpargata. En el debate sobre la Copa Davis al consejero de Turismo se le ha visto el pelo de la dehesa.