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Manuel Marchena, la patronal del agua (AGA) y la polémica por el corte del suministro a las familias

El presidente institucional de la Asociación de Empresas de Servicios de Agua (AGA), Manuel Marchena, el cual dejó tras de sí una amplia lista de escándalos en su etapa como gerente de Urbanismo y de Emasesa (Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla), ha publicado en Diario de Sevilla una tribuna con el título ‘Agua: ¿ayudar o confundir?’ y el antetítulo ‘El autor recalca que su asociación quiere ayudar a familias vulnerables’ (domingo 19 de abril de 2020, página 44), en la que dice mantener una relación permanente con el Ministerio para la Transición Ecológica.

A continuación añade una larga parrafada que no tiene desperdicio por lo que vendrá después: “En esa dinámica, y con el propósito de preservar la indispensable solidaridad con las familias vulnerables, hemos propuesto ajustes a los decretos que afectan al servicio, y alguna iniciativa legislativa. La solidaridad con las familias vulnerables es una cultura entre las empresas de abastecimiento de agua, y se produce con normalidad, sin necesidad de que haya estado de alarma.

Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos. Y, evidentemente, esa solidaridad sólo puede ser efectiva si los que no necesitamos ayuda soportamos el servicio. Una de las lamentables consecuencias de esta crisis sanitaria es que de forma sobrevenida y en pocas semanas, se han convertido en vulnerables personas que antes no lo eran.

Manuel Marchena, presidente de la patronal del agua (AGA)

Para garantizar, también ahora, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de ese servicio esencial que es el agua, se ha desarrollado la siguiente iniciativa legislativa: ante la saturación de los servicios administrativos, reclamados por la crisis económica subyacente a la sanitaria, se propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre su condición a su compañía. Cada familia decidirá, bajo su propia responsabilidad, si es o no vulnerable y su simple comunicación de esa declaración a la compañía le eximirá del corte por el impago del servicio.

Esta es la realidad de lo que AGA, nuestra asociación, ha propuesto al ministerio. Por eso, resultan sorprendentes e inadmisibles algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias”, algo que, por otra parte, todas nuestras compañías anunciaron que no harían en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie. No es tiempo de crear más incertidumbres a los ciudadanos, ni de asustarlos con noticias inciertas, sino de ayudarlos a sobrellevar esta crisis. Pueden contar con nosotros”.

https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Manuel-Marchena-AGA-Agua-ayudar-confundir_0_1456654645.html

Veamos los antecedentes.

El pasado 2 de abril de 2020, FACUA-Consumidores en Acción publicó una nota del siguiente tenor: “El Gobierno ha atendido otra de las peticiones de FACUA-Consumidores en Acción para proteger los derechos de los consumidores en el estado de alarma. A partir de ahora están prohibidos los cortes de luz, agua y gas a todas las familias durante el estado de alarma, sea cual sea su situación económica….Ya no será necesario acreditar los requisitos de vulnerabilidad económica que se fijaron en el Real Decreto-ley del pasado 17 de marzo para evitar los cortes de suministro. Así lo establece ahora el artículo 29 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

La videoconferencia entre Pablo Iglesias y los representantes de FACUA-Consumidores en Acción

En la reunión celebrada el pasado jueves por videoconferencia con el vicepresidente social, Pablo Iglesias, la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, y su vicepresidente, Rubén Sánchez, le trasladaron que las prohibiciones a los cortes que se habían aprobado planteaban requisitos excesivos e incluso incongruentes. 

Y es que en el Real Decreto-ley de hace dos semanas se establecía que para evitar esos cortes de suministros las familias tenían que reunir las mismas condiciones de vulnerabilidad económica establecidas en 2017 para acceder al bono social e incluso que había que tener contratada la tarifa semirregulada de luz (PVPC) para que a los usuarios no les cortaran tanto ese suministro como los de gas o agua…”

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15309

El artículo 29 del nuevo Real Decreto versa sobre ‘Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua’ y reza así:

“Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte (de) aplicación en cada caso. 

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia. 

Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso”

El Gobierno de Pedro Sánchez, pues, no condona ninguna deuda pasada contraída con las empresas suministradoras de agua ni incita a los abonados a que no paguen los recibos. Lo único que ordena a las compañías es que no corten a nadie el suministro durante el estado de alarma (sería un riesgo añadido el de no poder beber, cocinar, lavar la ropa ni asearse al del contagio por el virus y se sumaría a los efectos del confinamiento) y a que en caso de impago en el estado de alarma no sea computado este periodo por las compañías suministradoras para que, previo “requerimiento fehaciente del pago”, aquéllas procedan al corte del suministro.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

¿Por qué habla Marchena en su Tribuna de algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias? 

Se refiere a una información exclusiva aparecida en el diario Público el pasado 17 de abril de 2020 con el título ‘La patronal del agua de grifo pide al Gobierno que le permita cortar el suministro a las familias’. En esa exclusiva, Público desvelaba el contenido de una carta fechada el 3 de abril y dirigida por Manuel Jesús Marchena Gómez, en calidad de presidente institucional de la patronal AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, de la que por cierto forma parte Emasesa), a Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, con la que alardea en su artículo en Diario de Sevilla de mantener una relación “permanente”.

https://www.publico.es/politica/coronavirus-patronal-agua-grifo-pide-gobierno-le-permita-cortar-suministro-familias.html

En esa carta, Marchena despotricaba contra el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, como demuestra el siguiente párrafo:

“La indefinición formal de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 supondrá, en la práctica, una invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario. Así pues, es muy importante definir con claridad los supuestos en que el impago está justificado. No pretendemos restringir el acceso a este beneficio sino su estricta acotación, pues nuestra experiencia es que la indefinición conlleva el abuso de quien no lo necesita, lo que incrementaría a muy corto plazo la morosidad. Ello causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua”.

Carta de Manuel Marchena a la vicepresidenta del Gobierno

Así pues, Marchena se inventa que el Real Decreto-Ley es una invitación del Gobierno de la nación a que la gente no pague el recibo del agua y exige que se limite su aplicación sólo a las personas vulnerables económicamente. Y da por hecho que como consecuencia de ese Real Decreto-Ley se va a provocar un grave déficit financiero estructural a las compañías suministradoras.

Marchena dice en su carta que la medida del Gobierno es una invitación indiscriminada al impago

La clave, “flexibilizar los mecanismos” para las empresas de agua

Pero, ¿no alardea Marchena en su artículo de que:

-Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos.

-Todas nuestras compañías anunciaron que no harían (cortes del suministro) en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie?

Marchena, que casualmente se ha olvidado, contra lo que parecería lo más lógico, de colgar en la página web corporativa de AGA esa carta a la vicepresidenta del Gobierno en la que propone iniciativas legislativas para que la conozcan todas las empresas asociadas (Emasesa entre ellas), se pone en evidencia a sí mismo, ya que en su Tribuna en Diario de Sevilla dice todo lo contrario de lo que expone en su misiva a Teresa Ribera.

Según él, propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad económica de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre dicha condición a su compañía suministradora de agua. Sin embargo, en la carta a la vicepresidenta del Gobierno a la que ha tenido acceso el diario Público y que consta de una decena de folios en ningún momento propone que los consumidores acrediten que como consecuencia del coronavirus y del confinamiento han quedado en situación de vulnerabilidad mediante esa simple declaración responsable. ¿Por qué no cuelga en la web de AGA Marchena la carta a Teresa Ribera para acreditar la veracidad de lo que afirma en la Tribuna en Diario de Sevilla?

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y destinataria de la carta

Esa inexistente propuesta a la vicepresidenta del Gobierno es además contradictoria con su afirmación en el artículo citado de que las compañías de agua no van a cortar el suministro “en ningún caso mientras dure el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables”.

¿Para qué entonces la supuesta propuesta de que un usuario se declare vulnerable económicamente a fin de que no le corten el agua si el presidente institucional de AGA está proclamando que no se le va a cortar el agua a nadie en ninguna circunstancia? 

La misiva a la vicepresidenta y el artículo en Diario de Sevilla revelan el doble discurso del personaje, conocido de sobra en Sevilla pero parece que no todavía en el resto de España, y cuál es su auténtica preocupación, que no son los consumidores, por más que acabe su Tribuna diciendo “pueden contar con nosotros”, sino los intereses de la patronal que preside. Sí, el Marchena que alardeaba de izquierdista y de poner palos en la rueda de la Sevilla rancia ahora resulta que va de presidente de toda una patronal. ¿Qué es entonces, palo o rueda? ¿No forma ya parte del establishment?

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/permitido-poner-rueda-Sevilla-rancia_0_1028597242.html

En este sentido, el diario Público dice: “La carta de AGA da por hecho que una de las consecuencias de la pandemia va a consistir en el desplome del negocio del agua de boca municipal, una actividad que genera una facturación de más de 3.500 millones de euros al año, con amplios márgenes para las empresas y elevados costes para el ciudadano en el caso de los privatizados, algo de lo que el Tribunal de Cuentas lleva años alertando en otros servicios municipales como la limpieza viaria y la recogida de basuras. En sintonía con ese planteamiento, AGA propone al Gobierno que adopte una serie de medidas para “garantizar la sostenibilidad del servicio…

(….) Traducida al lenguaje coloquial, las propuestas consisten en abrir la puerta a rescates a cargo del Estado para los servicios municipales de suministro de agua privatizados, con la alternativa de ampliar hasta un 15% la duración de esas concesiones, es decir, el plazo de explotación privada del negocio”.

Marchena le pide a la vicepresidenta que se amplíen los contratos de las empresas del agua

Basta mirar la decena de folios de la carta de Marchena a la vicepresidenta del Gobierno para observar el tamaño de sus preocupaciones, ya que la mayor parte de esos folios están dedicados a pedir que se mejoren las condiciones de las compañías suministradoras de agua, no precisamente de los consumidores, ni los vulnerables ni los no vulnerables.

*Más información, en los siguientes enlaces:

http://www.manueljesusflorencio.com/2010/06/rancio/
Zona de los archivos adjuntos

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-agua-desevilla-costo-millones-201110160000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-emasesa-compro-nuevas-instalaciones-201110180000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/20131030/sevi-agua-grifo-marchena-201310292118.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-marchena-mago-201209170000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-emasesa-confirma-marchena-autorizo-contrato-primo-alcalde-desconociendo-parentesco-200806040300-1641912760968_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/20140303/sevi-deuda-emasesa-monteseirin-201403022009.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-marchena-bases-datos-oficiales-para-enviar-propaganda-socialista-201003170300-114237772738_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-alcalde-oculto-ediles-turquia-pero-ahora-alega-viaje-oficial-201005010300-140114030999_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-empresario-tuberias-agasajo-alcalde-y-gerente-emasesa-lujos-estambul-201005060300-140130901363_noticia.html

http://www.tecnicosdemantenimientoaeronautico.com/archive/index.php/t-2351.html?s=0c4883fba601df6f79e4365527a0780b

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/17/andalucia_sevilla/1313576712.html

La depuradora exprés

Tras tomar posesión Zoido, Marchena citó a un notario a las 8 de la mañana para adjudicar el contrato de la depuradora

El anuncio de Espadas 6 años después de no construir una nueva significa que Zoido ahorró 85 millones a Sevilla

Juan Espadas, alcalde de Sevilla,  anunció a principios de febrero de 2017 el cierre de la depuradora de San Jerónimo en el año 2018 sin tener en cuenta el contrato vigente hasta 2024 por el que debe suministrar agua depurada de la misma a la mina de Cobre las Cruces y haciendo además un reproche a su antecesor, al recordar que en 2011 el gobierno socialista de Monteseirín dejó licitado y adjudicado su cierre pero que “el gobierno del PP de Juan Ignacio Zoido anuló la adjudicación y metió el tema en un cajón”.

En honor a la verdad, hay que recordar cómo fue aquella historia. En el año 2011 se sabía de sobra que se iban a celebrar elecciones municipales el día 22 de mayo y que un año antes, mediante el famoso teletipo de Europa Press, Monteseirín se enteró de que Griñán había decidido que no repitiera más como candidato a la Alcaldía. Lo sustituyó el propio Espadas, que aceptó el sacrificio de inmolarse en las urnas ante la debacle que le auguraban al PSOE las encuestas en castigo a los continuos escándalos de la gestión de Monteseirín, como así ocurrió, ya que Zoido arrasó con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales.

Pese a estar a las puertas de unas elecciones y a su condición pública de alcalde saliente, a Monteseirín y a su valido Marchena, al que había colocado como consejero delegado de Emasesa, les entraron unas muy llamativas prisas por cambiar de sitio la depuradora de San Jerónimo antes de que expirara el mandato, cuando en todo caso lo lógico hubiera sido dejar que fuera el nuevo gobierno emanado de las urnas el que analizara la situación y decidiera al respecto.

CONFLICTO CON LA ALGABA

En primer lugar, porque la elección de los suelos alternativos, la antigua estación de filtraje al borde de la carretera de La Algaba, había provocado un conflicto con vecinos de dicho municipio, temerosos de sufrir los malos olores y molestias habitualmente asociados a este tipo de instalaciones. Así, en febrero de 2011 numerosos algabeños se desplazaron en una caravana formada por vehículos particulares y dos autobuses hasta la Plaza Nueva de Sevilla para manifestarse ante el Ayuntamiento hispalense.

Hasta tal punto llegó la situación, que el 1 de marzo, a tan sólo dos meses y medio de las elecciones municipales, el gobierno saliente de Monteseirín tuvo que embarcarse en una campaña informativa destinada al pueblo de La Algaba para tratar de convencer a sus habitantes de la inocuidad del proyecto, mientras aquéllos insistían en que “el problema que le quieren quitar a los vecinos de San Jerónimo no queremos que nos lo manden a nosotros”.

Por otra parte, aunque la construcción de una nueva depuradora alejada de San Jerónimo se consideraba una obra necesaria para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa europea, en especial en materia de nitrógeno y fósforo, no era de una urgencia extrema, ya que se contaba con una certificación técnica que garantizaba el  funcionamiento de la existente durante al menos cinco años más.

DESPILFARRO

A ello había que añadir la delicada situación financiera de Emasesa, tradicionalmente la joya de la corona de las empresas municipales pero que bajo la desastrosa gestión del ahora paradójicamente nombrado académico Manuel Marchena había entrado en pérdidas por primera vez en su historia, al dispararse los gastos de todo tipo. Marchena se puso un sueldo que llegó a ser de 168.391 euros anuales y dos coches (un Renault Megane y un Opel Insignia) y dos conductores a su servicio. Los sueldos de éstos ascendieron entre 2008 y 2011 a 406.000 euros, y sus dietas, a 17.300 euros.

Antes de la llegada de Marchena como consejero delegado, las dietas pagadas por Emasesa a sus directivos por viajes fuera de Sevilla fueron de un máximo de 67.000 euros (año 2007). Con Marchena al frente, se dispararon a 580.000 euros. En publicidad y propaganda con la excusa de promocionar el ruinoso proyecto “Agua de Sevilla” (vender agua de Emasesa embotellada), el hombre de confianza de Monteseirín gastó sólo en su primer año 2,9 millones de euros, a los que luego añadió 611.000.

El hoy académico, que además se permite dar desde ciertos foros lecciones de economía a los demás, le provocó a Emasesa sólo con la operación “Agua de Sevilla” unas pérdidas de 1.145.229 euros: vendió botellas con agua por valor de 10.771,92 euros y se gastó en ellas 1.145.229.

NUEVO CANON

Por si fuera poco, Emasesa había suscrito tres años antes un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco de Sabadell para financiar obras con cargo a un canon de mejora que los sevillanos debían pagar en su recibo del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte de ésta de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Marchena no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

ORDEN INCUMPLIDA

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado ¡ para las 8 de la mañana de aquel día!  a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 85 millones, en lo que era la operación más cara en la historia de la compañía,  a  la Unión Temporal de Empresas formada por Befesa (Abengoa), Detea y Dam-Sav ( gestora de la depuradora de San Jerónimo).

AHORRO

El concurso fue impugnado luego por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) porque, a su juicio, la UTE que había resultado adjudicataria no cumplía uno de los puntos del pliego de condiciones. A ello se unió que la Agencia Andaluza del Agua denegó a Emasesa la aprobación de otro canon para financiar la construcción de la depuradora, por lo que tendría que haberla asumido la compañía municipal pidiendo a los bancos un crédito por 85 millones, que añadir a los 226 millones de deuda bancaria contraída durante el mandato de Monteserín y Marchena.

Como la construcción de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación del canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las empresas ganadoras.

El tiempo ha demostrado que las muy llamativas urgencias con que actuó Marchena para adjudicar como fuera, incluso a la intempestiva hora de las 8 de la mañana, la depuradora alternativa a la de San Jerónimo no estaban justificadas porque la actual ha seguido funcionando no ya sólo cinco años más, sino seis y  va camino de siete. Item más, tal como ha anunciado Espadas, el Ayuntamiento ni siquiera se plantea construir una nueva depuradora que sustituya a la de San Jerónimo tras su cierre en 2018, sino que su carga de efluentes sea asumida por las otras tres depuradoras existentes en la ciudad (El Copero, Ranilla y Tablada), con lo cual el alcalde ha acabado avalando la decisión adoptada por Zoido, el cual en realidad le ahorró 85 millones de euros a Sevilla.