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Manuel Marchena, la patronal del agua (AGA) y la polémica por el corte del suministro a las familias

El presidente institucional de la Asociación de Empresas de Servicios de Agua (AGA), Manuel Marchena, el cual dejó tras de sí una amplia lista de escándalos en su etapa como gerente de Urbanismo y de Emasesa (Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla), ha publicado en Diario de Sevilla una tribuna con el título ‘Agua: ¿ayudar o confundir?’ y el antetítulo ‘El autor recalca que su asociación quiere ayudar a familias vulnerables’ (domingo 19 de abril de 2020, página 44), en la que dice mantener una relación permanente con el Ministerio para la Transición Ecológica.

A continuación añade una larga parrafada que no tiene desperdicio por lo que vendrá después: “En esa dinámica, y con el propósito de preservar la indispensable solidaridad con las familias vulnerables, hemos propuesto ajustes a los decretos que afectan al servicio, y alguna iniciativa legislativa. La solidaridad con las familias vulnerables es una cultura entre las empresas de abastecimiento de agua, y se produce con normalidad, sin necesidad de que haya estado de alarma.

Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos. Y, evidentemente, esa solidaridad sólo puede ser efectiva si los que no necesitamos ayuda soportamos el servicio. Una de las lamentables consecuencias de esta crisis sanitaria es que de forma sobrevenida y en pocas semanas, se han convertido en vulnerables personas que antes no lo eran.

Manuel Marchena, presidente de la patronal del agua (AGA)

Para garantizar, también ahora, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de ese servicio esencial que es el agua, se ha desarrollado la siguiente iniciativa legislativa: ante la saturación de los servicios administrativos, reclamados por la crisis económica subyacente a la sanitaria, se propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre su condición a su compañía. Cada familia decidirá, bajo su propia responsabilidad, si es o no vulnerable y su simple comunicación de esa declaración a la compañía le eximirá del corte por el impago del servicio.

Esta es la realidad de lo que AGA, nuestra asociación, ha propuesto al ministerio. Por eso, resultan sorprendentes e inadmisibles algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias”, algo que, por otra parte, todas nuestras compañías anunciaron que no harían en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie. No es tiempo de crear más incertidumbres a los ciudadanos, ni de asustarlos con noticias inciertas, sino de ayudarlos a sobrellevar esta crisis. Pueden contar con nosotros”.

https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Manuel-Marchena-AGA-Agua-ayudar-confundir_0_1456654645.html

Veamos los antecedentes.

El pasado 2 de abril de 2020, FACUA-Consumidores en Acción publicó una nota del siguiente tenor: “El Gobierno ha atendido otra de las peticiones de FACUA-Consumidores en Acción para proteger los derechos de los consumidores en el estado de alarma. A partir de ahora están prohibidos los cortes de luz, agua y gas a todas las familias durante el estado de alarma, sea cual sea su situación económica….Ya no será necesario acreditar los requisitos de vulnerabilidad económica que se fijaron en el Real Decreto-ley del pasado 17 de marzo para evitar los cortes de suministro. Así lo establece ahora el artículo 29 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

La videoconferencia entre Pablo Iglesias y los representantes de FACUA-Consumidores en Acción

En la reunión celebrada el pasado jueves por videoconferencia con el vicepresidente social, Pablo Iglesias, la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, y su vicepresidente, Rubén Sánchez, le trasladaron que las prohibiciones a los cortes que se habían aprobado planteaban requisitos excesivos e incluso incongruentes. 

Y es que en el Real Decreto-ley de hace dos semanas se establecía que para evitar esos cortes de suministros las familias tenían que reunir las mismas condiciones de vulnerabilidad económica establecidas en 2017 para acceder al bono social e incluso que había que tener contratada la tarifa semirregulada de luz (PVPC) para que a los usuarios no les cortaran tanto ese suministro como los de gas o agua…”

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15309

El artículo 29 del nuevo Real Decreto versa sobre ‘Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua’ y reza así:

“Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte (de) aplicación en cada caso. 

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia. 

Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso”

El Gobierno de Pedro Sánchez, pues, no condona ninguna deuda pasada contraída con las empresas suministradoras de agua ni incita a los abonados a que no paguen los recibos. Lo único que ordena a las compañías es que no corten a nadie el suministro durante el estado de alarma (sería un riesgo añadido el de no poder beber, cocinar, lavar la ropa ni asearse al del contagio por el virus y se sumaría a los efectos del confinamiento) y a que en caso de impago en el estado de alarma no sea computado este periodo por las compañías suministradoras para que, previo “requerimiento fehaciente del pago”, aquéllas procedan al corte del suministro.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

¿Por qué habla Marchena en su Tribuna de algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias? 

Se refiere a una información exclusiva aparecida en el diario Público el pasado 17 de abril de 2020 con el título ‘La patronal del agua de grifo pide al Gobierno que le permita cortar el suministro a las familias’. En esa exclusiva, Público desvelaba el contenido de una carta fechada el 3 de abril y dirigida por Manuel Jesús Marchena Gómez, en calidad de presidente institucional de la patronal AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, de la que por cierto forma parte Emasesa), a Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, con la que alardea en su artículo en Diario de Sevilla de mantener una relación “permanente”.

https://www.publico.es/politica/coronavirus-patronal-agua-grifo-pide-gobierno-le-permita-cortar-suministro-familias.html

En esa carta, Marchena despotricaba contra el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, como demuestra el siguiente párrafo:

“La indefinición formal de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 supondrá, en la práctica, una invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario. Así pues, es muy importante definir con claridad los supuestos en que el impago está justificado. No pretendemos restringir el acceso a este beneficio sino su estricta acotación, pues nuestra experiencia es que la indefinición conlleva el abuso de quien no lo necesita, lo que incrementaría a muy corto plazo la morosidad. Ello causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua”.

Carta de Manuel Marchena a la vicepresidenta del Gobierno

Así pues, Marchena se inventa que el Real Decreto-Ley es una invitación del Gobierno de la nación a que la gente no pague el recibo del agua y exige que se limite su aplicación sólo a las personas vulnerables económicamente. Y da por hecho que como consecuencia de ese Real Decreto-Ley se va a provocar un grave déficit financiero estructural a las compañías suministradoras.

Marchena dice en su carta que la medida del Gobierno es una invitación indiscriminada al impago

La clave, «flexibilizar los mecanismos» para las empresas de agua

Pero, ¿no alardea Marchena en su artículo de que:

-Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos.

-Todas nuestras compañías anunciaron que no harían (cortes del suministro) en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie?

Marchena, que casualmente se ha olvidado, contra lo que parecería lo más lógico, de colgar en la página web corporativa de AGA esa carta a la vicepresidenta del Gobierno en la que propone iniciativas legislativas para que la conozcan todas las empresas asociadas (Emasesa entre ellas), se pone en evidencia a sí mismo, ya que en su Tribuna en Diario de Sevilla dice todo lo contrario de lo que expone en su misiva a Teresa Ribera.

Según él, propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad económica de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre dicha condición a su compañía suministradora de agua. Sin embargo, en la carta a la vicepresidenta del Gobierno a la que ha tenido acceso el diario Público y que consta de una decena de folios en ningún momento propone que los consumidores acrediten que como consecuencia del coronavirus y del confinamiento han quedado en situación de vulnerabilidad mediante esa simple declaración responsable. ¿Por qué no cuelga en la web de AGA Marchena la carta a Teresa Ribera para acreditar la veracidad de lo que afirma en la Tribuna en Diario de Sevilla?

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y destinataria de la carta

Esa inexistente propuesta a la vicepresidenta del Gobierno es además contradictoria con su afirmación en el artículo citado de que las compañías de agua no van a cortar el suministro “en ningún caso mientras dure el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables”.

¿Para qué entonces la supuesta propuesta de que un usuario se declare vulnerable económicamente a fin de que no le corten el agua si el presidente institucional de AGA está proclamando que no se le va a cortar el agua a nadie en ninguna circunstancia? 

La misiva a la vicepresidenta y el artículo en Diario de Sevilla revelan el doble discurso del personaje, conocido de sobra en Sevilla pero parece que no todavía en el resto de España, y cuál es su auténtica preocupación, que no son los consumidores, por más que acabe su Tribuna diciendo “pueden contar con nosotros”, sino los intereses de la patronal que preside. Sí, el Marchena que alardeaba de izquierdista y de poner palos en la rueda de la Sevilla rancia ahora resulta que va de presidente de toda una patronal. ¿Qué es entonces, palo o rueda? ¿No forma ya parte del establishment?

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/permitido-poner-rueda-Sevilla-rancia_0_1028597242.html

En este sentido, el diario Público dice: “La carta de AGA da por hecho que una de las consecuencias de la pandemia va a consistir en el desplome del negocio del agua de boca municipal, una actividad que genera una facturación de más de 3.500 millones de euros al año, con amplios márgenes para las empresas y elevados costes para el ciudadano en el caso de los privatizados, algo de lo que el Tribunal de Cuentas lleva años alertando en otros servicios municipales como la limpieza viaria y la recogida de basuras. En sintonía con ese planteamiento, AGA propone al Gobierno que adopte una serie de medidas para “garantizar la sostenibilidad del servicio…

(….) Traducida al lenguaje coloquial, las propuestas consisten en abrir la puerta a rescates a cargo del Estado para los servicios municipales de suministro de agua privatizados, con la alternativa de ampliar hasta un 15% la duración de esas concesiones, es decir, el plazo de explotación privada del negocio”.

Marchena le pide a la vicepresidenta que se amplíen los contratos de las empresas del agua

Basta mirar la decena de folios de la carta de Marchena a la vicepresidenta del Gobierno para observar el tamaño de sus preocupaciones, ya que la mayor parte de esos folios están dedicados a pedir que se mejoren las condiciones de las compañías suministradoras de agua, no precisamente de los consumidores, ni los vulnerables ni los no vulnerables.

*Más información, en los siguientes enlaces:

http://www.manueljesusflorencio.com/2010/06/rancio/
Zona de los archivos adjuntos

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-agua-desevilla-costo-millones-201110160000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-emasesa-compro-nuevas-instalaciones-201110180000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/20131030/sevi-agua-grifo-marchena-201310292118.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-marchena-mago-201209170000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-emasesa-confirma-marchena-autorizo-contrato-primo-alcalde-desconociendo-parentesco-200806040300-1641912760968_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/20140303/sevi-deuda-emasesa-monteseirin-201403022009.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-marchena-bases-datos-oficiales-para-enviar-propaganda-socialista-201003170300-114237772738_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-alcalde-oculto-ediles-turquia-pero-ahora-alega-viaje-oficial-201005010300-140114030999_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-empresario-tuberias-agasajo-alcalde-y-gerente-emasesa-lujos-estambul-201005060300-140130901363_noticia.html

http://www.tecnicosdemantenimientoaeronautico.com/archive/index.php/t-2351.html?s=0c4883fba601df6f79e4365527a0780b

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/17/andalucia_sevilla/1313576712.html

El padre del Movimiento Moderno repudia las Setas de Monteseirín

El Colegio de Arquitectos de Sevilla dedicó durante la Semana de Arquitectura de 2018 un capítulo especial a la antigua comisaría de la Gavidia, obra del arquitecto Ramón Montserrat Ballesté, por su relevante papel en el Movimiento Moderno arquitectónico. Por esa razón colocó una placa en la fachada del edificio.

La antigua comisaría de la Gavidia

El Instituto de Patrimonio Histórico de Andalucía (IAPH) califica el inmueble que diseñó Ramón Montserrat (construido entre 1961 y 1962) como “ejemplo destacado de la apertura de la arquitectura española a corrientes llegadas desde Europa Occidental y los Estados Unidos, y en especial de la revisión de los presupuestos de la modernidad, que se produjo a partir del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) celebrado en Dubrovnik en 1956, así como la influencia de arquitectos como Arne Jacobsen y Eliel Saarinen”. 

https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/22019/sevilla/sevilla/jefatura-superior-de-policia

La antigua comisaría figura en prestigiosos registros y estudios en materia de patrimonio contemporáneo andaluz, español y mundial. No cabe duda, por tanto, de que Ramón Montserrat fue el introductor de la Modernidad arquitectónica, hace ahora 60 años, en Sevilla, muchísimo antes de que Monteseirín y su valido, Marchena, cayeran en el delirio de creer que habían sido ellos quienes habían incorporado la ciudad al mundo contemporáneo con la torre Pelli (en su ignorancia no sabían que el primer rascacielos se construyó en 1884, más de un siglo antes que el de la Cartuja) y las Setas de la Encarnación. Éstas, el faraónico icono, a un coste superior a los 120 millones de euros, del mandato municipal monteseirinesco.

Monteseirín, presumiendo de sus Setas en la Encarnación

A sus más de 90 años de edad, Ramón Montserrat ha concedido una entrevista a ABC

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-ramon-montserrat-peor-para-centro-sevilla-fueron-planes-60-80-202004100720_noticia.html

En la que al referirse a la Exposición Universal de 1992 dice que “desde el punto de vista social abrió Sevilla al mundo, pero arquitectónicamente no fue demasiado interesante”.

Según Montserrat, “antes siempre quedaba un recuerdo de las exposiciones universales, como la torre Eiffel en París o el Palacio de Cristal en Londres. En el 29 -añade- fue la Plaza de 

España y América, y en el 92 no había, razón por la que de ahí salieron dos cosas, ya que se tenían que inventar algo: las Setas y la torre Pelli. Se requería a nivel político, porque a nivel de la sociedad ya no le daba importancia nadie. Las Setas -concluye- me parece un despropósito”.

Un despropósito que ha costado a Sevilla, una ciudad con seis de los barrios más pobres de España y con más de cien mil sevillanos viviendo en riesgo de exclusión social, una cantidad superior a los 120 millones de euros.

Ramón Montserrat Ballesté

Así pues, el padre de la arquitectura Moderna en Sevilla, poco sospechoso de rancio, ha tumbado la falacia acuñada por Monteseirín, Marchena y sus agradaores de que las Setas son el símbolo de la modernidad en la capital de Andalucía y de que quienes las critican son unos retrógrados, unos carcamales representativos de la Sevilla conservadora, tradicional y casposa.

Parafraseando al gran poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer podríamos contar de Monteseirín:

¿Qué es un rancio?, dices mientras clavas sobre nuestras pupilas tu pupila pseudorroja.

¿Qué es un rancio? ¿Y tú nos lo preguntas? Rancio…. Eres tú.

Setas de la Encarnación, la factura interminable

Administradores concursales exigen el dinero desviado a las Setas en vez de a los sistemas generales de Santa Bárbara

Casi medio millón de euros pagados a Sacyr por la promesa de Monteseirín de subida “gratis” al mirador

 

El pasado 27 de marzo de 2019 se cumplió el octavo aniversario de la inauguración oficial del Metropol Parasol, vulgo Setas de la Encarnación, el símbolo del despilfarrador mandato de Monteseirín, en el cual enterró allí del orden de 120 millones de euros que en buena parte fueron detraídos del dinero que los promotores entregaron al Ayuntamiento con cargo al nuevo PGOU para financiar los sistemas generales de los nuevos barrios de la ciudad.

Monteseirín inauguró las Setas antes de que estuvieran acabadas y con tal de hacerse la foto en vísperas de las elecciones municipales de aquel año, en las que el PSOE lo apartó como candidato a la reelección tratando de evitar lo que al final pasó: el desastre en las urnas de Espadas, imputable a la gestión de su correligionario, y la arrolladora victoria del PP de Zoido (20 concejales) hasta con los votos prestados de barrios tradicionalmente socialistas, hartos de los escándalos de aquella etapa.

La prueba evidente del afán de Monteseirín por retratarse para la posteridad como el artífice de las Setas es que la concesión de su explotación por Sacyr expira el 28 de abril (la fecha de su recepción oficial, y no el 27 de marzo, de su inauguración) del año 2051, por lo que faltan 32 años para que reviertan al Ayuntamiento tras esta privatización, que incluye también la plaza de la Encarnación y que decretó el gobierno de coalición PSOE-IU.

 

TRIUNFALISMO

 

En su triunfalista discurso inaugural, el entonces alcalde dijo que Metropol abría las puertas “al progreso económico y al desarrollo de un sector de la ciudad que estaba en franca decadencia”. Aludió también a supuestos análisis de unos desconocidos expertos, según los cuales “los beneficios económicos, directos e indirectos, que Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en sólo un año, a la inversión acometida, en turismo, comercio, hostelería, imagen y proyección exterior”.

Así pues, según las particulares cuentas de la lechera de Monteseirín, las Setas iban a generar  anualmente más de los 120 millones de euros (cifra generalmente admitida sobre su coste final, oficialmente nunca revelado) que costaron, por lo que si le diéramos crédito en estos ocho años su impacto debe haber sido de 960 millones de euros (¿?).

Casi coincidiendo con el octavo aniversario, al arquitecto, profesor de la Universidad Hispalense y principal experto en patrimonio industrial, Julián Sobrino, le recordaron en ABC que Monteseirín hablaba de que a rebufo de las Setas llegarían las grandes firmas de moda a Sevilla. El profesor dijo lo siguiente: “Recuerdo que hablaba de Tiffany`s y no sé cuál otra y de que se iba a formar una especie de Quinta Avenida neoyorquina, cuando lo único que llegó allí fueron bares de franquicias que venden cubos de cerveza a cinco euros. Es obvio que se rehabilitó el espacio, pero era lo menos que podía ocurrir en un espacio que estaba cerrado y degradado. El resultado no justifica, ni de lejos, la inversión del Metropol Parasol, cerca de 120 millones de euros”.

 

PLATILLOS VOLANTES

 

Según Julián Sobrino, Metropol Parasol es, sin duda, el paradigma de lo que no se debe hacer en una ciudad. Por varios motivos. El primero, en relación con el lugar en que se encuentra, porque no era aceptable “que aterrizaran allí -ha dicho- unos platillos volantes. En segundo lugar, porque esos platillos volantes no se corresponden con el volumen, la trama, la altura o la textura de la Encarnación y el centro histórico”.

Para el profesor universitario, las Setas no han producido un “efecto Guggenheim” como el del museo del mismo nombre de Bilbao. En su opinión no son arquitecturas comparables: “La de Gehry (el arquitecto americano autor del museo bilbaíno) es de calidad, y la de Mayer (el arquitecto alemán autor del Metropol Parasol) no lo es. Ni lo que albergaba: el Guggenheim contiene un espacio cultural que supuso un gran revulsivo para Bilbao. Estos parasoles (en alusión a las Setas) no tienen ningún contenido”.

 

CASCO ANTIGUO

 

Si las Setas hubiesen tenido ese impacto económico multimillonario del que hablaba Monteseirín en su promesa de que supondrían el progreso y desarrollo para un sector de la ciudad que estaba en decadencia, al cabo de ocho años se habría dejado notar su efecto en los indicadores del Casco Antiguo, pero en el tiempo transcurrido no ha sido así.

 

En el año 2015 el distrito tenía 59.277 habitantes; en 2018, 58.693. Se han perdido, pues, 584 vecinos, el 1% de la población en el último trienio.

 

En el periodo entre 2012 (año siguiente a la inauguración de las Setas) y 2016, la edad media de la población ha pasado de 43,29 años a 44,45 años. Se ha incrementado el envejecimiento. El saldo migratorio por cada mil habitantes ha pasado de 3,24 a 6,39: se ha duplicado el éxodo poblacional. Y si nacían 1003 niños por cada mil vecinos que fallecían, en 2016 la cifra se ha reducido de forma preocupante a 968.

 

Y eso que según dijo Monteseirín en aquel acto inaugural, los allí presentes entonces tenían el privilegio de asistir a “la inauguración de la Sevilla del siglo XXI”, como si no hubiese existido previamente la Exposición Universal de 1992 o el tiempo se hubiera detenido durante once años para ver alzarse el faraónico icono de sus mandatos.

 

LA SUBIDA

 

También se ha conocido en coincidencia con el octavo aniversario del Metropol Parasol que el Ayuntamiento y la constructora que lo explota, Sacyr, han llegado a un acuerdo en virtud del cual ésta podrá cobrar hasta 10 euros a los turistas que quieran subir al mirador de las Setas a cambio de que el Consistorio deje de pagarle la compensación económica que ha venido abonando (se habló de entre uno y tres euros) por cada sevillano o empadronado en la ciudad que accediera a lo alto de los parasoles, y por el mantenimiento de la plaza de abastos.

 

Este acuerdo es la demostración de que la factura de las Setas, pleitos aparte, no ha dejado de incrementarse en estos ocho años, de manera que cada vez es más difícil averiguar cuánto han costado ya a la ciudad realmente.

 

Con tal de hacer más digerible la faraónica obra de los 120 millones de euros y de atraer visitantes que proyectaran una imagen de éxito, Monteseirín anunció que la visita de los sevillanos sería gratuita y así, en palabras de su valido Marchena, se democratizarían las vistas sobre la ciudad y se acabaría con el supuesto privilegio del que únicamente gozaban las clases acomodadas desde sus balcones y miradores.

 

El mensaje no podía ser más demagógico. Por una parte, porque los sevillanos han pagado a través de sus impuestos y de su Ayuntamiento por la subida a las Setas, aunque ingenuamente creyeran que lo estaban haciendo gratis. Por otra, porque raramente un sevillano, por mucho dinero que tenga, dispone de un mirador exclusivo de 28,50 metros de altura, como el de las Setas. Y tercero porque cualquier sevillano goza del privilegio, otorgado por el Arzobispado, de subirse gratis de verdad a la Giralda y divisar Sevilla desde sus 97,5 metros de altura (casi 3,5 veces más que las Setas). ¿Qué necesidad, pues, había de gastarse 120 millones en el Metropol Parasol con el argumento de que así se democratizaban las vistas sobre la ciudad?

Sólo por un periodo de cuatro años en números redondos (del 1 de junio de 2013 al 30 de abril de 2017) el Ayuntamiento ya compensó a Sacyr con 480.407 euros por la subida de los sevillanos a las Setas. A esa cifra tuvo que añadir 227.688 euros por servicios no cobrados a los titulares de los puestos del mercado de abastos. Y es que con tal de que los placeros aceptaran trasladarse desde el antiguo mercado provisional (una provisionalidad que duró más de 30 años) al construido bajo el Metropol Parasol, Monteseirín les anunció unas cuotas inferiores a las que realmente debían pagar a Sacyr, y para evitar su rebelión cuando las conocieran acabó por endosarle al Ayuntamiento el abono de la diferencia con el dinero de todos los sevillanos, su práctica habitual. Nadie debía estropearle la fiesta inaugural, con concierto de la banda sinfónica municipal incluido.

 

Con tal de librarse de estas facturas interminables, el Ayuntamiento autoriza ahora a Sacyr a que cobre hasta 10 euros a los ingenuos turistas por subirse a las Setas, un precio superior a los 9 euros que cuesta toda la visita a la Catedral, la Giralda y el Salvador.

 

RECLAMACIÓN

 

Pero no acaba aquí la pesadilla de las Setas. Los administradores concursales de los promotores que en su día entregaron 42.778.672 euros a la Gerencia de Urbanismo para financiar los sistemas generales del desarrollo urbanístico de Santa Bárbara (en Torreblanca) conforme al convenio firmado el 25 de julio de 2003, exigen ahora al Ayuntamiento la devolución de ese dinero, no empleado para aquella finalidad porque acabó financiando en parte la construcción del Metropol Parasol, y han llevado al Consistorio a los tribunales.

Así pues, Espadas o quien le suceda si es que éste no renueva en la Alcaldía se enfrentará al riesgo de una nueva hipoteca por las faraónicas Setas de Monteseirín.

El Plan Estratégico Sevilla 2030

El Plan Estratégico fue un intento de Monteseirín de contrarrestar el PGOU, en manos del PA de Rojas Marcos

En un mundo globalizado e impredecible, la mejor estrategia es que Sevilla funcione con eficacia

 

Espadas, tras año y medio sin noticias al respecto, ha reactivado la redacción del Plan Estratégico Sevilla 2030 con el objetivo de “dibujar entre todos qué es lo que queremos ser y hacer”. Tras los precedentes de los planes anteriores (2010 y 2020) hay que preguntarse si estos textos sirven realmente para algo o equivalen a una carta a los Reyes Magos.

El primer Plan Estratégico conocido surgió como una copia institucional de las planificaciones estratégicas que hacían las grandes empresas norteamericanas, y por una necesidad: lo encargó el Ayuntamiento de San Francisco en 1982 a Andersen Consulting para que le dijera cómo relanzar la actividad económica de la ciudad, y de paso los ingresos municipales, tras los recortes al gasto público impuestos por la Administración de Ronald Reagan. Salvando las distancias, podría decirse que fue una situación parecida a la de España un cuarto de siglo después con la ley de Estabilidad Presupuestaria de Montoro para reducir el déficit a base de recortes al gasto público.

Barcelona, siempre atenta a los Estados Unidos, copió la iniciativa en 1988, y como en España se suele imitar a la capital catalana, en pocos años se anunciaron medio centenar de planes estratégicos, de todo tipo: municipales, metropolitanos, comarcales… Hasta hubo uno para el Bajo Guadalquivir y otro para la Sierra Sur.

 

FRENTE AL PGOU

 

Situémonos en 1999. Rojas Marcos (PA) no renueva la coalición de gobierno que mantenía desde hacía ocho años con Soledad Becerril (PA) y entrega la Alcaldía a Monteseirín (PSOE) previo pacto programático negociado en su casa cara a cara con Chaves y cuyo punto principal es el compromiso de la Junta de Andalucía de reanudar las obras de la línea 1 del Metro. En virtud de aquel acuerdo, el PA se quedó con las delegaciones municipales de mayor poder inversor, con la de Urbanismo y la Gerencia a la cabeza, claves para redefinir el futuro con la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituyera al previo a la Expo-92 y que se aprobó finalmente en 2006.

Para tratar de aparentar un poder que realmente no tenía, el PSOE imitó a Barcelona, Málaga (también iba por delante) y Valencia con el anuncio de un Plan Estratégico (octubre del año 2000) que presentar como el que marcara desde la Alcaldía las directrices sobre la ciudad en lugar del PGOU que preparaban los andalucistas desde las caracolas de la isla de la Cartuja.

Y es que a diferencia del PGOU, el Plan Estratégico no tiene poder normativo ni se puede financiar con cargo a convenios urbanísticos, por lo que se limita a expresar genéricas líneas de actuación, principalmente socioeconómicas, y en este caso con un lenguaje tecnocrático.

 

PROSPECTIVA

 

Frente a los arquitectos de la Gerencia y del PGOU, el Plan Estratégico se convirtió en reducto de geógrafos, con el valido del alcalde, Manuel Marchena, al frente. Este, en su presentación, dijo que el objetivo era realizar “una reflexión sobre la ciudad, un ejercicio de prospectiva acerca de sus opciones y posibilidades”, y que entre los retos a los que debía dar respuesta estaban el Metro (se apropiaba del logro de Rojas Marcos), el futuro olímpico (carrera abandonada tras tres fracasos consecutivos) y la articulación del área metropolitana, otra meta incumplida, ya que Espadas sigue hablando de lo mismo dieciocho años después.

 

El gobierno de Monteseirín, y máxime tras librarse del PA y coligarse con IU en los siguientes dos mandatos, convirtió el Plan Estratégico en un cajón de sastre con vasos comunicantes con el PGOU, donde podía caber cualquier cosa para atribuirse su paternidad.

Así, por ejemplo, en el balance final en 2010 se dice que se incluyó el objetivo del Metro “a pesar de que desde diversos sectores de la ciudadanía aconsejaban no incluirlo por haber fracasado el proyecto en no pocas ocasiones y por ello podía afectar la credibilidad del propio Plan Estratégico”, cuando era al revés: se incluyó porque se había anunciado públicamente como condición “sine qua non” para el apoyo del PA a la investidura de Monteseirín como alcalde y tras su paralización bajo el mandato de Del Valle en 1984, y la opinión pública sevillana no habría admitido una nueva frustración.

Y no hay que olvidar que en el periodo abarcado por el primer Plan Estratégico, gracias al ‘boom’ inmobiliario la corporación PSOE-IU tuvo la mayor capacidad inversora de la reciente historia de Sevilla: cuatro veces más que las corporaciones anteriores de PP-PA.

 

TECNOCRACIA

 

El lenguaje tecnocrático que se usa es genérico y bien intencionado para que las metas puedan ser compartidas por la inmensa mayoría y se pueda hablar de un alto grado de ejecución de las líneas estratégicas y proyectos siempre que no se entre a analizar en detalle.

Por ejemplo, la primera línea consistía en convertir Sevilla en nodo para promover el progreso humano. ¿Quién no iba a estar de acuerdo con esta declaración de intenciones? En este capítulo, lo mismo cabía impulsar la construcción del Metro que transformar la ciudad en nodo entre Oriente y Occidente y en una Factoría Cultural, amén de crear el Foro Metropolitano de Concertación de Políticas y Proyectos Estratégicos.

Otra línea que cualquiera suscribiría consistía en la modernización de la base productiva y el empleo, aunque ocho años después aún tenemos casi 72.000 parados. En este capítulo se hablaba de remodelar y crear nuevos parques empresariales y polígonos industriales; del centro histórico enclave @ (sic); desarrollar redes RICO; desarrollo aeronáutico y gestión integral del turismo. La tercera parece la aplicación a Sevilla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: convertirla en la ciudad de la convivencia y el desarrollo social educativo incrementando la participación ciudadana, con el proyecto integral Polígono Sur y la ciudad espacio educativo. La cuarta línea, hacer de Sevilla una ciudad sostenible de alta calidad ambiental potenciando el ahorro de agua y la energía solar y promoviendo la arquitectura sostenible y el uso del transporte colectivo y la bici o ir a pie.

Y vamos a la quinta, en otro ejemplo de retórica tecnocrática: ciudad policéntrica que se expresa en sus barrios, un objetivo que debía lograrse mediante la creación de centros de tramitación administrativa municipal y de espacios artísticos, lúdicos y culturales.

LA REALIDAD

Si descendemos a los detalles, se observa que bastantes de los proyectos enumerados, por magníficos que fueran, no dependían de la ciudad, no había recursos para acometerlos o se gastaron en otra cosa (como los 138 millones de euros en las Setas de la Encarnación). Por ejemplo, optimizar las redes de autovías y disponer de velocidad alta entre las ciudades de Andalucía, Sur de Portugal y Extremadura; interconectar Sevilla con la Costa del Sol por ferrocarril y carretera; conexión del aeropuerto con la red de alta velocidad; proyecto centro logístico del Atlántico y del Mediterráneo; nuevas líneas de Cercanías; hacer de Sevilla un Distrito Financiero del Mediterráneo, y etcétera, etcétera.

Sobre todos estos bienintencionados deseos versó el primer Plan Estratégico y ahora el gobierno de Espadas se dispone a darle una nueva vuelta a la noria pensando en 2030, en un mundo cada vez más impredecible como el actual, donde  grandes empresas punteras hasta hace sólo unos años han desaparecido o ya carecen de importancia, como Kodak, Enron, Nokia, Pan Am, Olivetti, Lehman Brothers, Blockbuster….

¿Tiene sentido? ¿Se puede planificar el futuro cuando en gran medida no depende de nosotros? ¿Qué hacer si no?

REFLEXIÓN

Recordemos el artículo que en marzo de 2016 publicó en la Tribuna de Viva Sevilla el catedrático de Economía Manuel Alejandro Cardenete titulado ‘¿Políticas de empleo municipales?’ y en el que, entre otras cosas, decía lo siguiente:

“Desde el Ayuntamiento se vuelve a sacar a la palestra la elaboración de un Plan Estratégico y un Plan de Empleo Municipal. Perfecto, pero ¿con qué instrumentos de política económica? En los manuales de primero de Económicas, ya aparece claramente explicado cuáles son las políticas económicas. A saber. Políticas de demanda agregada, que comprenden las políticas fiscales, monetarias y comerciales, y las políticas de oferta agregada, que comprenden las de rentas y las estructurales.

Pues bien, ¿cuál de éstas son competencia de los ayuntamientos? Pues ninguna. O casi. De las de demanda agregada, sólo hay una leve competencia en materia fiscal con los tributos municipales, pero poco empleo genera esto. En todo caso, y desde el punto de vista del gasto, sí podría generarse algo, pero no es más que puestos de trabajo públicos que no son sostenibles en el tiempo.

Manuel Alejandro Cardenete

Las otras dos políticas, nada de nada. ¿Y de las de oferta? Pues poco que decir. De las de rentas, algo puede hacer un ayuntamiento con alguna ayuda social y poco más. Y de las estructurales, casi no tiene competencia para cambiar reglamentación directamente implicada con el mercado laboral.

Entonces, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Pues sentar las bases para que una economía local funcione. Que los servicios públicos sean efectivos y eficientes, que la administración local facilite la creación de empresas y negocios -y sobre todo que no ponga trabas- que el ayuntamiento haga de gran aglutinador de proyectos y que atraiga el enclave y localización de empresas y apuestas por sectores productivos que generen valor añadido productivo y empleo. Pero que no se pierda el norte. El empleo lo generan las empresas. Lo demás, es querer engañar al ciudadano y encima gastar del erario público que anda encima escaso“.

El mejor Plan Estratégico es que Sevilla funcione.

Setas sin fin

El Ayuntamiento acabará pagando 10,5 millones de euros más por las Setas de Monteseirín en la Encarnación

 Con los 116 millones de las Setas se podría haber financiando un Edusi para cada uno de los siete barrios pobres de Sevilla

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística reveló que, según datos de los Indicadores Urbanos de 2017, el barrio más pobre de España está en Sevilla: Los Pajaritos, que además repite en este triste liderazgo por segundo año consecutivo y todavía, pese a que tanto se habla de la recuperación económica, en peor situación que el año anterior, ya que los ingresos medios de una familia que viva allí han disminuido en más de 300 euros, hasta situarse en 12.307 euros al año. Dicho de otro modo, en Los Pajaritos se vive peor y se es más pobre a cada año que pasa en vez de ser al revés, con lo que sus vecinos deben sentirse cada vez más desesperados, en un callejón sin aparente salida y cada vez más estigmatizados por su origen.

 Sevilla no sólo ostenta ese liderazgo del barrio más pobre de España. Hasta podría copar el podio de los desheredados, ya que otros dos núcleos de nuestra ciudad escoltarían a Los Pajaritos en el ránking de la pobreza colectiva: Amate y el Polígono Sur.

 

Y aún más. Según los indicadores del INE, entre los quince barrios con menor renta de España aparecen siete de Sevilla, tres de Alicante, dos de Málaga y uno de Madrid, Vigo y Córdoba, respectivamente.

 Así pues, la mitad de los barrios más pobres de España están en Sevilla capital, una ciudad que, no lo olvidemos, ha tenido más de 80.000 parados durante cinco años consecutivos, mes tras mes, y que todavía hoy, a expensas de conocer la estadística de junio, tiene a 74.031 vecinos inscritos en las oficinas del antiguo Inem en demanda de un empleo.

 AUXILIO AUTONÓMICO

  Por eso tampoco es de extrañar que a la hora de distribuir las ayudas del prorrogado Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, que cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros, la Junta coloque al Ayuntamiento de Sevilla como el primero y más necesitado de toda la región a la hora de recibir este auxilio autonómico para combatir de forma indirecta la pobreza. Y es que el criterio básico para el reparto del dinero es el del número de parados, por lo que a nuestra Corporación Municipal le corresponderán 2,5 millones de euros, un dinero que será insuficiente y que sólo dará para que los beneficiarios de un contrato municipal puedan ir tirando durante una temporada.

 

En esta situación de emergencia social, que no ha surgido durante la crisis económica porque viene de antiguo pero que la crisis ha ayudado a que se visualice aún más merced al ránking del Instituto Nacional de Estadística, se ha publicado otra noticia totalmente antitética: el Ayuntamiento, en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tendrá que pagar a Sacyr, la empresa constructora y gestora de las Setas de la Encarnación, el importe del billete (tres euros) que costaría a los sevillanos que lo hagan la subida al mirador del Parasol diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer pero que no pagan.

 Recuérdese que de forma demagógica y con el fin de demostrar que el complejo de madera era un éxito y también una demanda popular, el ex alcalde Monteseirín, anunció públicamente que la subida al mirador sería gratis para los nativos y residentes en la ciudad.

NADA ES GRATIS

 Pues bien, de gratis, nada de nada, como rezaba el título del blog que promovió la Fundación de Estudios de Economía Aplicada para tratar de convencer a los españoles de que la subvención o exención que el Poder concede u otorga por una parte, con la otra mano les extrae el dinero de sus faltriqueras vía impuestos, directos o indirectos. Por tanto, la aparente gratuidad de la subida al mirador de las Setas para los sevillanos supuestamente arrancada por Monteseirín en lucha titánica contra el desmedido interés de la empresa constructora y explotadora del complejo no fue más que otra falacia, porque los sevillanos han de pagar el precio del billete a través del Ayuntamiento y con sus impuestos.

 

Para completar la demagogia, el hombre de máxima confianza de Monteseirín  y ex gerente de Urbanismo y de Emasesa, Manuel Marchena, se encargó de proclamar que gracias a la construcción de las Setas en la Encarnación se iban a democratizar para todos los sevillanos las vistas desde las alturas a los tejados del Casco Antiguo, un privilegio reservado, según el hoy académico, a los potentados de la ciudad desde sus balcones.

 

Lo que no dijo es que el mirador de las Setas se halla a tan sólo 28,5 metros de altura, frente a los 97,5 metros (101 si se le suma el Giraldillo) que mide la Giralda, a cuyo campanario podían subir entonces y pueden seguir subiendo hoy gratis los sevillanos por disposición del Cabildo Catedral, el cual se financia no de las entradas que deja de cobrar a los nativos y vecinos ni de sus impuestos que paguen al Ayuntamiento, sino del dinero que reporta el turismo.

TAMBIÉN EL MERCADO

Segunda consecuencia conocida ahora de la sentencia del TSJA sobre las Setas: el Ayuntamiento también tendrá que pagar a Sacyr el coste real del mantenimiento de la plaza de abastos en vez de los placeros, a los que Monteseirín convenció de que se trasladaran desde las antiguas instalaciones provisionales a las nuevas presentándoles la operación como mucho más barata de lo que realmente era y cargando los sobrecostes por una parte a las propias arcas municipales y, por otra, a la empresa constructora, a la que ha dado la razón el TSJA, por lo que esos gastos del Metropol Parasol también deberán ser abonados por los sevillanos a través de sus impuestos.

 

Entre el coste de las entradas supuestamente gratis y el de los puestos del mercado se estima que para el año 2040, fecha del final de la concesión, la factura de las Setas se incrementará en otros 10,5 millones de euros.

 ¿A cuánto ascenderá finalmente el coste total de las Setas de la Encarnación? Pese al oscurantismo municipal al respecto (recuérdese que poco antes de cesar la Corporación Municipal presidida por Zoido, la Gerencia de Urbanismo encargó en mayo de 2015 una auditoría técnico-económica sobre el coste real del Metropol Parasol por un importe de 59.532 euros y que en estos dos años no hemos tenido noticia alguna de sus conclusiones), hemos estimado que tras la sentencia del TSJA que se dictó en octubre de 2015 y que por una parte eximía al Ayuntamiento de un pago a Sacyr de 35,1 millones y por otra le imponía el abono de casi 2,6 millones, más las consecuencias citadas, el coste por el momento ascenderá aproximadamente a 116.620.934 euros.

COMO OCHO EDUSI

Volvamos de nuevo a Los Pajaritos, Amate y el Polígono Sur. ¿Cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento al conocerse la noticia de que estos barrios sevillanos figuran entre los más pobres de España? Encargar la redacción de un proyecto de regeneración socioeconómica que presentar a una nueva convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) para ver si consigue lo mismo que ya obtuvo para la zona Norte en un Edusi anterior y que todavía está pendiente de ejecución: 15 millones de euros de fondos europeos.

 

Mientras Sevilla tenía y tiene, y no de ahora precisamente sino desde hace decenios, siete barrios entre los quince más pobres de España, Monteseirín se gastó del dinero de los sistemas generales de la ciudad (fondos de la Gerencia de Urbanismo) 116,6 millones de euros en las faraónicas Setas de la Encarnación como un icono de su mandato y con el argumento de que el dinero había que dedicarlo a la “Sevilla consolidada” en vez de a los barrios, viejos o futuribles.

 Con esos 116,6 millones de euros se podrían haber hecho ocho operaciones de regeneración como el Edusi de la Macarena y el sector Norte: una en cada uno de los siete barrios más pobres, y hasta habría sobrado para otro más.

 

Mientras Monteseirín construía las Setas con el argumento de que había que democratizar las vistas sobre Sevilla (cuando era y sigue siendo gratis mirar desde la Giralda, casi cuatro veces más alta), en siete barrios se pasaba y se sigue pasando necesidad.

La depuradora exprés

Tras tomar posesión Zoido, Marchena citó a un notario a las 8 de la mañana para adjudicar el contrato de la depuradora

El anuncio de Espadas 6 años después de no construir una nueva significa que Zoido ahorró 85 millones a Sevilla

Juan Espadas, alcalde de Sevilla,  anunció a principios de febrero de 2017 el cierre de la depuradora de San Jerónimo en el año 2018 sin tener en cuenta el contrato vigente hasta 2024 por el que debe suministrar agua depurada de la misma a la mina de Cobre las Cruces y haciendo además un reproche a su antecesor, al recordar que en 2011 el gobierno socialista de Monteseirín dejó licitado y adjudicado su cierre pero que “el gobierno del PP de Juan Ignacio Zoido anuló la adjudicación y metió el tema en un cajón”.

En honor a la verdad, hay que recordar cómo fue aquella historia. En el año 2011 se sabía de sobra que se iban a celebrar elecciones municipales el día 22 de mayo y que un año antes, mediante el famoso teletipo de Europa Press, Monteseirín se enteró de que Griñán había decidido que no repitiera más como candidato a la Alcaldía. Lo sustituyó el propio Espadas, que aceptó el sacrificio de inmolarse en las urnas ante la debacle que le auguraban al PSOE las encuestas en castigo a los continuos escándalos de la gestión de Monteseirín, como así ocurrió, ya que Zoido arrasó con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales.

Pese a estar a las puertas de unas elecciones y a su condición pública de alcalde saliente, a Monteseirín y a su valido Marchena, al que había colocado como consejero delegado de Emasesa, les entraron unas muy llamativas prisas por cambiar de sitio la depuradora de San Jerónimo antes de que expirara el mandato, cuando en todo caso lo lógico hubiera sido dejar que fuera el nuevo gobierno emanado de las urnas el que analizara la situación y decidiera al respecto.

CONFLICTO CON LA ALGABA

En primer lugar, porque la elección de los suelos alternativos, la antigua estación de filtraje al borde de la carretera de La Algaba, había provocado un conflicto con vecinos de dicho municipio, temerosos de sufrir los malos olores y molestias habitualmente asociados a este tipo de instalaciones. Así, en febrero de 2011 numerosos algabeños se desplazaron en una caravana formada por vehículos particulares y dos autobuses hasta la Plaza Nueva de Sevilla para manifestarse ante el Ayuntamiento hispalense.

Hasta tal punto llegó la situación, que el 1 de marzo, a tan sólo dos meses y medio de las elecciones municipales, el gobierno saliente de Monteseirín tuvo que embarcarse en una campaña informativa destinada al pueblo de La Algaba para tratar de convencer a sus habitantes de la inocuidad del proyecto, mientras aquéllos insistían en que “el problema que le quieren quitar a los vecinos de San Jerónimo no queremos que nos lo manden a nosotros”.

Por otra parte, aunque la construcción de una nueva depuradora alejada de San Jerónimo se consideraba una obra necesaria para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa europea, en especial en materia de nitrógeno y fósforo, no era de una urgencia extrema, ya que se contaba con una certificación técnica que garantizaba el  funcionamiento de la existente durante al menos cinco años más.

DESPILFARRO

A ello había que añadir la delicada situación financiera de Emasesa, tradicionalmente la joya de la corona de las empresas municipales pero que bajo la desastrosa gestión del ahora paradójicamente nombrado académico Manuel Marchena había entrado en pérdidas por primera vez en su historia, al dispararse los gastos de todo tipo. Marchena se puso un sueldo que llegó a ser de 168.391 euros anuales y dos coches (un Renault Megane y un Opel Insignia) y dos conductores a su servicio. Los sueldos de éstos ascendieron entre 2008 y 2011 a 406.000 euros, y sus dietas, a 17.300 euros.

Antes de la llegada de Marchena como consejero delegado, las dietas pagadas por Emasesa a sus directivos por viajes fuera de Sevilla fueron de un máximo de 67.000 euros (año 2007). Con Marchena al frente, se dispararon a 580.000 euros. En publicidad y propaganda con la excusa de promocionar el ruinoso proyecto “Agua de Sevilla” (vender agua de Emasesa embotellada), el hombre de confianza de Monteseirín gastó sólo en su primer año 2,9 millones de euros, a los que luego añadió 611.000.

El hoy académico, que además se permite dar desde ciertos foros lecciones de economía a los demás, le provocó a Emasesa sólo con la operación “Agua de Sevilla” unas pérdidas de 1.145.229 euros: vendió botellas con agua por valor de 10.771,92 euros y se gastó en ellas 1.145.229.

NUEVO CANON

Por si fuera poco, Emasesa había suscrito tres años antes un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco de Sabadell para financiar obras con cargo a un canon de mejora que los sevillanos debían pagar en su recibo del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte de ésta de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Marchena no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

ORDEN INCUMPLIDA

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado ¡ para las 8 de la mañana de aquel día!  a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 85 millones, en lo que era la operación más cara en la historia de la compañía,  a  la Unión Temporal de Empresas formada por Befesa (Abengoa), Detea y Dam-Sav ( gestora de la depuradora de San Jerónimo).

AHORRO

El concurso fue impugnado luego por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) porque, a su juicio, la UTE que había resultado adjudicataria no cumplía uno de los puntos del pliego de condiciones. A ello se unió que la Agencia Andaluza del Agua denegó a Emasesa la aprobación de otro canon para financiar la construcción de la depuradora, por lo que tendría que haberla asumido la compañía municipal pidiendo a los bancos un crédito por 85 millones, que añadir a los 226 millones de deuda bancaria contraída durante el mandato de Monteserín y Marchena.

Como la construcción de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación del canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las empresas ganadoras.

El tiempo ha demostrado que las muy llamativas urgencias con que actuó Marchena para adjudicar como fuera, incluso a la intempestiva hora de las 8 de la mañana, la depuradora alternativa a la de San Jerónimo no estaban justificadas porque la actual ha seguido funcionando no ya sólo cinco años más, sino seis y  va camino de siete. Item más, tal como ha anunciado Espadas, el Ayuntamiento ni siquiera se plantea construir una nueva depuradora que sustituya a la de San Jerónimo tras su cierre en 2018, sino que su carga de efluentes sea asumida por las otras tres depuradoras existentes en la ciudad (El Copero, Ranilla y Tablada), con lo cual el alcalde ha acabado avalando la decisión adoptada por Zoido, el cual en realidad le ahorró 85 millones de euros a Sevilla.

La depuradora

Marchena citó a las 8 de la mañana a un notario para adjudicar la depuradora de San Jerónimo tras tomar posesión Zoido

Emasesa se ha ofrecido a la Junta para construir la depuradora a cambio de administrar el canon autonómico, pero no ha obtenido  respuesta

La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.

Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.

SIN CAPACIDAD

Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.

El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.

Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.

Se buscó un emplazamiento alternativo  y se halló en los terrenos – 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes en San Jerónimo.

EL ANUNCIO

En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

LA HORA DEL NOTARIO

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.

Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.

Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.

EL CANON AUTONÓMICO

La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.

El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.

Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.

Las ‘ronchas’ de Monteseirín

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha acordado el acatamiento de dos nuevas sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Sevilla, que le obliga al abono de 989.000 euros correspondientes a certificaciones y revisiones de precios e intereses de demora de contratos de obras realizadas en 2005 y 2006, durante el segundo mandato de Monteseirín como alcalde.

El ‘agujero’ para las cuentas de Urbanismo podría haber sido aún mayor si no hubiera decidido presentar un recurso contra otra sentencia condenatoria por valor de 436.000 euros y relativa a unas obras en la barriada Juan XXIII que datan de hace nueve años, por la misma época que las anteriores.

Así pues, sólo por estas tres sentencias estaban en juego 1.425.000 euros en concepto de facturas pendientes que al cabo de tres años y medio del mandato de Zoido no parece que vayan a ser todavía las últimas del ‘legado’ de Monteseirín a Sevilla y a su sucesor.

Según Urbanismo, en los tres últimos ejercicios presupuestarios ha tenido que afrontar el pago de “elevadísimas cuantías” como consecuencia de que en el gobierno anterior no se realizaron los pagos por certificaciones de obras ordinarias o finales, revisiones de precios, intereses de demora y, más sorprendente aún, intereses de intereses.

RISTRA DE FACTURAS

Las deudas derivan de los proyectos de ejecución de carriles-bici, reforma y acondicionamiento de la Alameda de Hércules, remodelación de las plazas del Pan, la Alfalfa y la Pescadería (el proyecto ‘La piel sensible’) y las relativas al Plan de Barrios. Se observa, pues, que el gobierno anterior no sólo se gastó, fundamentalmente en las ‘Setas’ de la Encarnación, el dinero de los convenios del PGOU destinado a la infraestructuras de los nuevos desarrollos urbanos -si el tema no ha estallado aún ha sido por el parón provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria-, sino que también dejó a deber parte de las obras de sus proyectos-estrella.

Sólo en los dos últimos años Urbanismo ha abonado 4.940.363 euros en obras impagadas (principal más intereses) y realizadas durante el anterior mandato.

Sin embargo, Monteseirín, con el desahogo que le caracterizaba, llegó hasta el extremo de declarar antes de abandonar el Ayuntamiento que él se iba sin dejar facturas en los cajones, al contrario de lo que le había ocurrido cuando accedió al poder en el año 1999, en directa alusión al gobierno de coalición PP-PA de Soledad Becerril y Alejandro Rojas Marcos.

Tanto los hechos posteriormente conocidos como la trayectoria política anterior del predecesor de Zoido no contribuyen a dar crédito a sus palabras, al menos en la parte correspondiente a su supuesto legado inmaculado a su sucesor.

ETAPA EN DIPUTACIÓN

Ya ocurrió lo mismo en la Diputación, de la que Monteseirín fue presidente hasta que dio el salto a la Plaza Nueva, impulsado por el aparato del PSOE, que ordenó a la militancia votar contra la candidatura de Borbolla y por tanto a favor del entonces titular de la corporación provincial como candidato del partido a la Alcaldía en las elecciones municipales.

Se produjo así una situación insólita durante el año que faltaba hasta los comicios, con Borbolla como político interino y amortizado y Monteseirín buscando protagonismo para darse a conocer ante los votantes de la capital con todo tipo de actos, aunque esa autopromoción apoyada fundamentalmente desde el Patronato Provincial de Turismo por su acólito Marchena supusiera una política presupuestaria de tierra quemada en la Diputación, que sufrió su sucesor al encontrar las arcas vacías.

‘VACAS GORDAS’

Monteseirín llegó al Ayuntamiento cuando la ciudad aún digería los excesos de gasto motivados por la Expo-92, pero de inmediato, con la suerte política que le ha acompañado a lo largo de su carrera, se encontró con la época dorada de la economía española (1999-2008), que no aprovechó para ponerse al día con los proveedores del Ayuntamiento.

Se recuerda que empresas constructoras reclamaron el pago por entonces aún pendiente de obras del paso inferior de la calle Arjona y desde su gobierno se les instó a que siguieran teniendo paciencia o que reclamaran por la vía judicial, pero con el recordatorio expreso de la típica tardanza de la Justicia en España y el mensaje implícito de lo que a la hora de contratar con el Ayuntamiento podía suponer mantener contra el mismo un pleito en los tribunales.

Pese a haber gozado de las ‘vacas gordas’ y de que gracias al PGOU y el ‘boom’ inmobiliario las arcas municipales ingresaron más dinero que nunca anteriormente, Monteseirín no dejó los cajones libres de facturas para Zoido, como alardeó antes de su marcha, sino todo lo contrario, ya que estuvo ocultando, camuflando o dejando de pagar deuda hasta el final.

CAJONES LLENOS

Un ejemplo paradigmático fue el de Emasesa, a cuyo frente había puesto a su hombre de confianza, Manuel Marchena. Al inicio del año en que Zoido ganó las elecciones, en la empresa de aguas sólo figuraba una deuda de 401.738 euros a proveedores. Diez días antes de la toma de posesión de Zoido como alcalde, afloró de pronto una deuda por valor de 10.110.154 euros que se había mantenido oculta hasta entonces.

Además, la corporación de empresas municipales (la Agrupación de Interés Económico) que dirigía también Marchena por encargo de Monteseirín, tenía unas deudas acumuladas por valor de otros 17 millones de euros: 13,5 millones en la red Hispalnet; 2,4 millones en la red de comunicación Secora; 1,5 millones en gastos comunes con Emasesa; 1,3 millones de los pasos subterráneos del Tamarguillo y la avenida Bueno Monreal….

No se había pagado la factura de la luz en los dos años anteriores, por lo que la deuda con Endesa ascendía a 5 millones de euros, y tampoco la parte correspondiente al Ayuntamiento por la bonificación a las tarifas del Metro, que ascendía a 17 millones de euros, más obras por arreglo de calles y demás que todavía ahora está pagando Urbanismo y con intereses.

Si a ello se le suma el pago de la certificación teóricamente final por las obras de las ‘Setas’ de la Encarnación y que ascendió a 11.619.047 euros, el coste de la ‘lápida’ dejada por Monteseirín y que ha debido afrontar el gobierno de Zoido ha superado los 40 millones de euros.

Esta cantidad duplica con creces los 18,9 millones de euros de la partida prevista para inversiones reales en el Presupuesto del Ayuntamiento para el próximo año 2015.

Emasesa

El consejero delegado de Emasesa, Jesús Maza, ha proclamado en nota de prensa un principio que parece obvio: “Lo que se hace a partir de ahora es que el dinero que se recauda con el agua se destina a pagar lo que cuesta el agua”. Elemental, querido Jesús, salvo para tu antecesor, Manuel Marchena, que te ha dejado un pufo de 200 millones. El valido de Monteseirín utilizó la empresa en plan cajón de-sastre: desde para financiar las ocurrencias del (sin) alcalde en obras públicas, walkie-talkies de los guindillas y convenios para comprar silencios periodísticos hasta las suyas propias, como aquellas botellas de diseño con agua de sabores. Era un camelo que nos ha costado un ojo de la cara para que el carota, con la excusa de presentarlas a lo largo y ancho del mundo, coincidiera en el calendario con algunas de esas maratones a las que tan aficionado era siempre que no tuviera que pagarse el viaje de su bolsillo. Maza tiene claro que el ciclo integral del agua es el objeto social de Emasesa; para Marchena todo daba igual con tal de disparar con pólvora ajena.

Un millón

La sombra de Monteseirín es más alargada que la de la torre Pelli. Casi dos años y medio después de haber sido quitado del medio por el PSOE, con las consecuencias electorales que pagó el inocente Espadas, aún nos da motivos para recordarlo, por su particular modo de gestionar (es un decir) con su valido Marchena los asuntos públicos. El galeno que nunca utilizó fonendoscopio porque se metió a inspector para no pisar los ambulatorios promovió un Plan de Aparcamientos tal que cuando  se descubrió la tostada resultó que buena parte de los mismos no se podían construir, porque había ofrecido suelo ¡de titularidad privada en vez de municipal! Como el chiste del que llevaba muchos años de alcalde y no sabía dónde estaba el Ayuntamiento. Ahora, Zoido, con el dinero de todos los sevillanos, tendrá que devolver un millón de euros a nuestros vecinos que, confiando en el (sin) alcalde anterior, anticiparon mil euros que volaron sobre el nido del cuco. Y, mientras tanto, Monteseirín en su dorado exilio de Madrid y haciéndose el loco con su coartada de “yo (sólo) soy médico”.