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El Plan Estratégico Sevilla 2030

El Plan Estratégico fue un intento de Monteseirín de contrarrestar el PGOU, en manos del PA de Rojas Marcos

En un mundo globalizado e impredecible, la mejor estrategia es que Sevilla funcione con eficacia

 

Espadas, tras año y medio sin noticias al respecto, ha reactivado la redacción del Plan Estratégico Sevilla 2030 con el objetivo de “dibujar entre todos qué es lo que queremos ser y hacer”. Tras los precedentes de los planes anteriores (2010 y 2020) hay que preguntarse si estos textos sirven realmente para algo o equivalen a una carta a los Reyes Magos.

El primer Plan Estratégico conocido surgió como una copia institucional de las planificaciones estratégicas que hacían las grandes empresas norteamericanas, y por una necesidad: lo encargó el Ayuntamiento de San Francisco en 1982 a Andersen Consulting para que le dijera cómo relanzar la actividad económica de la ciudad, y de paso los ingresos municipales, tras los recortes al gasto público impuestos por la Administración de Ronald Reagan. Salvando las distancias, podría decirse que fue una situación parecida a la de España un cuarto de siglo después con la ley de Estabilidad Presupuestaria de Montoro para reducir el déficit a base de recortes al gasto público.

Barcelona, siempre atenta a los Estados Unidos, copió la iniciativa en 1988, y como en España se suele imitar a la capital catalana, en pocos años se anunciaron medio centenar de planes estratégicos, de todo tipo: municipales, metropolitanos, comarcales… Hasta hubo uno para el Bajo Guadalquivir y otro para la Sierra Sur.

 

FRENTE AL PGOU

 

Situémonos en 1999. Rojas Marcos (PA) no renueva la coalición de gobierno que mantenía desde hacía ocho años con Soledad Becerril (PA) y entrega la Alcaldía a Monteseirín (PSOE) previo pacto programático negociado en su casa cara a cara con Chaves y cuyo punto principal es el compromiso de la Junta de Andalucía de reanudar las obras de la línea 1 del Metro. En virtud de aquel acuerdo, el PA se quedó con las delegaciones municipales de mayor poder inversor, con la de Urbanismo y la Gerencia a la cabeza, claves para redefinir el futuro con la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que sustituyera al previo a la Expo-92 y que se aprobó finalmente en 2006.

Para tratar de aparentar un poder que realmente no tenía, el PSOE imitó a Barcelona, Málaga (también iba por delante) y Valencia con el anuncio de un Plan Estratégico (octubre del año 2000) que presentar como el que marcara desde la Alcaldía las directrices sobre la ciudad en lugar del PGOU que preparaban los andalucistas desde las caracolas de la isla de la Cartuja.

Y es que a diferencia del PGOU, el Plan Estratégico no tiene poder normativo ni se puede financiar con cargo a convenios urbanísticos, por lo que se limita a expresar genéricas líneas de actuación, principalmente socioeconómicas, y en este caso con un lenguaje tecnocrático.

 

PROSPECTIVA

 

Frente a los arquitectos de la Gerencia y del PGOU, el Plan Estratégico se convirtió en reducto de geógrafos, con el valido del alcalde, Manuel Marchena, al frente. Este, en su presentación, dijo que el objetivo era realizar “una reflexión sobre la ciudad, un ejercicio de prospectiva acerca de sus opciones y posibilidades”, y que entre los retos a los que debía dar respuesta estaban el Metro (se apropiaba del logro de Rojas Marcos), el futuro olímpico (carrera abandonada tras tres fracasos consecutivos) y la articulación del área metropolitana, otra meta incumplida, ya que Espadas sigue hablando de lo mismo dieciocho años después.

 

El gobierno de Monteseirín, y máxime tras librarse del PA y coligarse con IU en los siguientes dos mandatos, convirtió el Plan Estratégico en un cajón de sastre con vasos comunicantes con el PGOU, donde podía caber cualquier cosa para atribuirse su paternidad.

Así, por ejemplo, en el balance final en 2010 se dice que se incluyó el objetivo del Metro “a pesar de que desde diversos sectores de la ciudadanía aconsejaban no incluirlo por haber fracasado el proyecto en no pocas ocasiones y por ello podía afectar la credibilidad del propio Plan Estratégico”, cuando era al revés: se incluyó porque se había anunciado públicamente como condición “sine qua non” para el apoyo del PA a la investidura de Monteseirín como alcalde y tras su paralización bajo el mandato de Del Valle en 1984, y la opinión pública sevillana no habría admitido una nueva frustración.

Y no hay que olvidar que en el periodo abarcado por el primer Plan Estratégico, gracias al ‘boom’ inmobiliario la corporación PSOE-IU tuvo la mayor capacidad inversora de la reciente historia de Sevilla: cuatro veces más que las corporaciones anteriores de PP-PA.

 

TECNOCRACIA

 

El lenguaje tecnocrático que se usa es genérico y bien intencionado para que las metas puedan ser compartidas por la inmensa mayoría y se pueda hablar de un alto grado de ejecución de las líneas estratégicas y proyectos siempre que no se entre a analizar en detalle.

Por ejemplo, la primera línea consistía en convertir Sevilla en nodo para promover el progreso humano. ¿Quién no iba a estar de acuerdo con esta declaración de intenciones? En este capítulo, lo mismo cabía impulsar la construcción del Metro que transformar la ciudad en nodo entre Oriente y Occidente y en una Factoría Cultural, amén de crear el Foro Metropolitano de Concertación de Políticas y Proyectos Estratégicos.

Otra línea que cualquiera suscribiría consistía en la modernización de la base productiva y el empleo, aunque ocho años después aún tenemos casi 72.000 parados. En este capítulo se hablaba de remodelar y crear nuevos parques empresariales y polígonos industriales; del centro histórico enclave @ (sic); desarrollar redes RICO; desarrollo aeronáutico y gestión integral del turismo. La tercera parece la aplicación a Sevilla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: convertirla en la ciudad de la convivencia y el desarrollo social educativo incrementando la participación ciudadana, con el proyecto integral Polígono Sur y la ciudad espacio educativo. La cuarta línea, hacer de Sevilla una ciudad sostenible de alta calidad ambiental potenciando el ahorro de agua y la energía solar y promoviendo la arquitectura sostenible y el uso del transporte colectivo y la bici o ir a pie.

Y vamos a la quinta, en otro ejemplo de retórica tecnocrática: ciudad policéntrica que se expresa en sus barrios, un objetivo que debía lograrse mediante la creación de centros de tramitación administrativa municipal y de espacios artísticos, lúdicos y culturales.

LA REALIDAD

Si descendemos a los detalles, se observa que bastantes de los proyectos enumerados, por magníficos que fueran, no dependían de la ciudad, no había recursos para acometerlos o se gastaron en otra cosa (como los 138 millones de euros en las Setas de la Encarnación). Por ejemplo, optimizar las redes de autovías y disponer de velocidad alta entre las ciudades de Andalucía, Sur de Portugal y Extremadura; interconectar Sevilla con la Costa del Sol por ferrocarril y carretera; conexión del aeropuerto con la red de alta velocidad; proyecto centro logístico del Atlántico y del Mediterráneo; nuevas líneas de Cercanías; hacer de Sevilla un Distrito Financiero del Mediterráneo, y etcétera, etcétera.

Sobre todos estos bienintencionados deseos versó el primer Plan Estratégico y ahora el gobierno de Espadas se dispone a darle una nueva vuelta a la noria pensando en 2030, en un mundo cada vez más impredecible como el actual, donde  grandes empresas punteras hasta hace sólo unos años han desaparecido o ya carecen de importancia, como Kodak, Enron, Nokia, Pan Am, Olivetti, Lehman Brothers, Blockbuster….

¿Tiene sentido? ¿Se puede planificar el futuro cuando en gran medida no depende de nosotros? ¿Qué hacer si no?

REFLEXIÓN

Recordemos el artículo que en marzo de 2016 publicó en la Tribuna de Viva Sevilla el catedrático de Economía Manuel Alejandro Cardenete titulado ‘¿Políticas de empleo municipales?’ y en el que, entre otras cosas, decía lo siguiente:

“Desde el Ayuntamiento se vuelve a sacar a la palestra la elaboración de un Plan Estratégico y un Plan de Empleo Municipal. Perfecto, pero ¿con qué instrumentos de política económica? En los manuales de primero de Económicas, ya aparece claramente explicado cuáles son las políticas económicas. A saber. Políticas de demanda agregada, que comprenden las políticas fiscales, monetarias y comerciales, y las políticas de oferta agregada, que comprenden las de rentas y las estructurales.

Pues bien, ¿cuál de éstas son competencia de los ayuntamientos? Pues ninguna. O casi. De las de demanda agregada, sólo hay una leve competencia en materia fiscal con los tributos municipales, pero poco empleo genera esto. En todo caso, y desde el punto de vista del gasto, sí podría generarse algo, pero no es más que puestos de trabajo públicos que no son sostenibles en el tiempo.

Manuel Alejandro Cardenete

Las otras dos políticas, nada de nada. ¿Y de las de oferta? Pues poco que decir. De las de rentas, algo puede hacer un ayuntamiento con alguna ayuda social y poco más. Y de las estructurales, casi no tiene competencia para cambiar reglamentación directamente implicada con el mercado laboral.

Entonces, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Pues sentar las bases para que una economía local funcione. Que los servicios públicos sean efectivos y eficientes, que la administración local facilite la creación de empresas y negocios -y sobre todo que no ponga trabas- que el ayuntamiento haga de gran aglutinador de proyectos y que atraiga el enclave y localización de empresas y apuestas por sectores productivos que generen valor añadido productivo y empleo. Pero que no se pierda el norte. El empleo lo generan las empresas. Lo demás, es querer engañar al ciudadano y encima gastar del erario público que anda encima escaso“.

El mejor Plan Estratégico es que Sevilla funcione.

Setas sin fin

El Ayuntamiento acabará pagando 10,5 millones de euros más por las Setas de Monteseirín en la Encarnación

 Con los 116 millones de las Setas se podría haber financiando un Edusi para cada uno de los siete barrios pobres de Sevilla

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística reveló que, según datos de los Indicadores Urbanos de 2017, el barrio más pobre de España está en Sevilla: Los Pajaritos, que además repite en este triste liderazgo por segundo año consecutivo y todavía, pese a que tanto se habla de la recuperación económica, en peor situación que el año anterior, ya que los ingresos medios de una familia que viva allí han disminuido en más de 300 euros, hasta situarse en 12.307 euros al año. Dicho de otro modo, en Los Pajaritos se vive peor y se es más pobre a cada año que pasa en vez de ser al revés, con lo que sus vecinos deben sentirse cada vez más desesperados, en un callejón sin aparente salida y cada vez más estigmatizados por su origen.

 Sevilla no sólo ostenta ese liderazgo del barrio más pobre de España. Hasta podría copar el podio de los desheredados, ya que otros dos núcleos de nuestra ciudad escoltarían a Los Pajaritos en el ránking de la pobreza colectiva: Amate y el Polígono Sur.

 

Y aún más. Según los indicadores del INE, entre los quince barrios con menor renta de España aparecen siete de Sevilla, tres de Alicante, dos de Málaga y uno de Madrid, Vigo y Córdoba, respectivamente.

 Así pues, la mitad de los barrios más pobres de España están en Sevilla capital, una ciudad que, no lo olvidemos, ha tenido más de 80.000 parados durante cinco años consecutivos, mes tras mes, y que todavía hoy, a expensas de conocer la estadística de junio, tiene a 74.031 vecinos inscritos en las oficinas del antiguo Inem en demanda de un empleo.

 AUXILIO AUTONÓMICO

  Por eso tampoco es de extrañar que a la hora de distribuir las ayudas del prorrogado Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, que cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros, la Junta coloque al Ayuntamiento de Sevilla como el primero y más necesitado de toda la región a la hora de recibir este auxilio autonómico para combatir de forma indirecta la pobreza. Y es que el criterio básico para el reparto del dinero es el del número de parados, por lo que a nuestra Corporación Municipal le corresponderán 2,5 millones de euros, un dinero que será insuficiente y que sólo dará para que los beneficiarios de un contrato municipal puedan ir tirando durante una temporada.

 

En esta situación de emergencia social, que no ha surgido durante la crisis económica porque viene de antiguo pero que la crisis ha ayudado a que se visualice aún más merced al ránking del Instituto Nacional de Estadística, se ha publicado otra noticia totalmente antitética: el Ayuntamiento, en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tendrá que pagar a Sacyr, la empresa constructora y gestora de las Setas de la Encarnación, el importe del billete (tres euros) que costaría a los sevillanos que lo hagan la subida al mirador del Parasol diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer pero que no pagan.

 Recuérdese que de forma demagógica y con el fin de demostrar que el complejo de madera era un éxito y también una demanda popular, el ex alcalde Monteseirín, anunció públicamente que la subida al mirador sería gratis para los nativos y residentes en la ciudad.

NADA ES GRATIS

 Pues bien, de gratis, nada de nada, como rezaba el título del blog que promovió la Fundación de Estudios de Economía Aplicada para tratar de convencer a los españoles de que la subvención o exención que el Poder concede u otorga por una parte, con la otra mano les extrae el dinero de sus faltriqueras vía impuestos, directos o indirectos. Por tanto, la aparente gratuidad de la subida al mirador de las Setas para los sevillanos supuestamente arrancada por Monteseirín en lucha titánica contra el desmedido interés de la empresa constructora y explotadora del complejo no fue más que otra falacia, porque los sevillanos han de pagar el precio del billete a través del Ayuntamiento y con sus impuestos.

 

Para completar la demagogia, el hombre de máxima confianza de Monteseirín  y ex gerente de Urbanismo y de Emasesa, Manuel Marchena, se encargó de proclamar que gracias a la construcción de las Setas en la Encarnación se iban a democratizar para todos los sevillanos las vistas desde las alturas a los tejados del Casco Antiguo, un privilegio reservado, según el hoy académico, a los potentados de la ciudad desde sus balcones.

 

Lo que no dijo es que el mirador de las Setas se halla a tan sólo 28,5 metros de altura, frente a los 97,5 metros (101 si se le suma el Giraldillo) que mide la Giralda, a cuyo campanario podían subir entonces y pueden seguir subiendo hoy gratis los sevillanos por disposición del Cabildo Catedral, el cual se financia no de las entradas que deja de cobrar a los nativos y vecinos ni de sus impuestos que paguen al Ayuntamiento, sino del dinero que reporta el turismo.

TAMBIÉN EL MERCADO

Segunda consecuencia conocida ahora de la sentencia del TSJA sobre las Setas: el Ayuntamiento también tendrá que pagar a Sacyr el coste real del mantenimiento de la plaza de abastos en vez de los placeros, a los que Monteseirín convenció de que se trasladaran desde las antiguas instalaciones provisionales a las nuevas presentándoles la operación como mucho más barata de lo que realmente era y cargando los sobrecostes por una parte a las propias arcas municipales y, por otra, a la empresa constructora, a la que ha dado la razón el TSJA, por lo que esos gastos del Metropol Parasol también deberán ser abonados por los sevillanos a través de sus impuestos.

 

Entre el coste de las entradas supuestamente gratis y el de los puestos del mercado se estima que para el año 2040, fecha del final de la concesión, la factura de las Setas se incrementará en otros 10,5 millones de euros.

 ¿A cuánto ascenderá finalmente el coste total de las Setas de la Encarnación? Pese al oscurantismo municipal al respecto (recuérdese que poco antes de cesar la Corporación Municipal presidida por Zoido, la Gerencia de Urbanismo encargó en mayo de 2015 una auditoría técnico-económica sobre el coste real del Metropol Parasol por un importe de 59.532 euros y que en estos dos años no hemos tenido noticia alguna de sus conclusiones), hemos estimado que tras la sentencia del TSJA que se dictó en octubre de 2015 y que por una parte eximía al Ayuntamiento de un pago a Sacyr de 35,1 millones y por otra le imponía el abono de casi 2,6 millones, más las consecuencias citadas, el coste por el momento ascenderá aproximadamente a 116.620.934 euros.

COMO OCHO EDUSI

Volvamos de nuevo a Los Pajaritos, Amate y el Polígono Sur. ¿Cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento al conocerse la noticia de que estos barrios sevillanos figuran entre los más pobres de España? Encargar la redacción de un proyecto de regeneración socioeconómica que presentar a una nueva convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) para ver si consigue lo mismo que ya obtuvo para la zona Norte en un Edusi anterior y que todavía está pendiente de ejecución: 15 millones de euros de fondos europeos.

 

Mientras Sevilla tenía y tiene, y no de ahora precisamente sino desde hace decenios, siete barrios entre los quince más pobres de España, Monteseirín se gastó del dinero de los sistemas generales de la ciudad (fondos de la Gerencia de Urbanismo) 116,6 millones de euros en las faraónicas Setas de la Encarnación como un icono de su mandato y con el argumento de que el dinero había que dedicarlo a la “Sevilla consolidada” en vez de a los barrios, viejos o futuribles.

 Con esos 116,6 millones de euros se podrían haber hecho ocho operaciones de regeneración como el Edusi de la Macarena y el sector Norte: una en cada uno de los siete barrios más pobres, y hasta habría sobrado para otro más.

 

Mientras Monteseirín construía las Setas con el argumento de que había que democratizar las vistas sobre Sevilla (cuando era y sigue siendo gratis mirar desde la Giralda, casi cuatro veces más alta), en siete barrios se pasaba y se sigue pasando necesidad.

La depuradora exprés

Tras tomar posesión Zoido, Marchena citó a un notario a las 8 de la mañana para adjudicar el contrato de la depuradora

El anuncio de Espadas 6 años después de no construir una nueva significa que Zoido ahorró 85 millones a Sevilla

Juan Espadas, alcalde de Sevilla,  anunció a principios de febrero de 2017 el cierre de la depuradora de San Jerónimo en el año 2018 sin tener en cuenta el contrato vigente hasta 2024 por el que debe suministrar agua depurada de la misma a la mina de Cobre las Cruces y haciendo además un reproche a su antecesor, al recordar que en 2011 el gobierno socialista de Monteseirín dejó licitado y adjudicado su cierre pero que “el gobierno del PP de Juan Ignacio Zoido anuló la adjudicación y metió el tema en un cajón”.

En honor a la verdad, hay que recordar cómo fue aquella historia. En el año 2011 se sabía de sobra que se iban a celebrar elecciones municipales el día 22 de mayo y que un año antes, mediante el famoso teletipo de Europa Press, Monteseirín se enteró de que Griñán había decidido que no repitiera más como candidato a la Alcaldía. Lo sustituyó el propio Espadas, que aceptó el sacrificio de inmolarse en las urnas ante la debacle que le auguraban al PSOE las encuestas en castigo a los continuos escándalos de la gestión de Monteseirín, como así ocurrió, ya que Zoido arrasó con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales.

Pese a estar a las puertas de unas elecciones y a su condición pública de alcalde saliente, a Monteseirín y a su valido Marchena, al que había colocado como consejero delegado de Emasesa, les entraron unas muy llamativas prisas por cambiar de sitio la depuradora de San Jerónimo antes de que expirara el mandato, cuando en todo caso lo lógico hubiera sido dejar que fuera el nuevo gobierno emanado de las urnas el que analizara la situación y decidiera al respecto.

CONFLICTO CON LA ALGABA

En primer lugar, porque la elección de los suelos alternativos, la antigua estación de filtraje al borde de la carretera de La Algaba, había provocado un conflicto con vecinos de dicho municipio, temerosos de sufrir los malos olores y molestias habitualmente asociados a este tipo de instalaciones. Así, en febrero de 2011 numerosos algabeños se desplazaron en una caravana formada por vehículos particulares y dos autobuses hasta la Plaza Nueva de Sevilla para manifestarse ante el Ayuntamiento hispalense.

Hasta tal punto llegó la situación, que el 1 de marzo, a tan sólo dos meses y medio de las elecciones municipales, el gobierno saliente de Monteseirín tuvo que embarcarse en una campaña informativa destinada al pueblo de La Algaba para tratar de convencer a sus habitantes de la inocuidad del proyecto, mientras aquéllos insistían en que “el problema que le quieren quitar a los vecinos de San Jerónimo no queremos que nos lo manden a nosotros”.

Por otra parte, aunque la construcción de una nueva depuradora alejada de San Jerónimo se consideraba una obra necesaria para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa europea, en especial en materia de nitrógeno y fósforo, no era de una urgencia extrema, ya que se contaba con una certificación técnica que garantizaba el  funcionamiento de la existente durante al menos cinco años más.

DESPILFARRO

A ello había que añadir la delicada situación financiera de Emasesa, tradicionalmente la joya de la corona de las empresas municipales pero que bajo la desastrosa gestión del ahora paradójicamente nombrado académico Manuel Marchena había entrado en pérdidas por primera vez en su historia, al dispararse los gastos de todo tipo. Marchena se puso un sueldo que llegó a ser de 168.391 euros anuales y dos coches (un Renault Megane y un Opel Insignia) y dos conductores a su servicio. Los sueldos de éstos ascendieron entre 2008 y 2011 a 406.000 euros, y sus dietas, a 17.300 euros.

Antes de la llegada de Marchena como consejero delegado, las dietas pagadas por Emasesa a sus directivos por viajes fuera de Sevilla fueron de un máximo de 67.000 euros (año 2007). Con Marchena al frente, se dispararon a 580.000 euros. En publicidad y propaganda con la excusa de promocionar el ruinoso proyecto “Agua de Sevilla” (vender agua de Emasesa embotellada), el hombre de confianza de Monteseirín gastó sólo en su primer año 2,9 millones de euros, a los que luego añadió 611.000.

El hoy académico, que además se permite dar desde ciertos foros lecciones de economía a los demás, le provocó a Emasesa sólo con la operación “Agua de Sevilla” unas pérdidas de 1.145.229 euros: vendió botellas con agua por valor de 10.771,92 euros y se gastó en ellas 1.145.229.

NUEVO CANON

Por si fuera poco, Emasesa había suscrito tres años antes un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco de Sabadell para financiar obras con cargo a un canon de mejora que los sevillanos debían pagar en su recibo del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte de ésta de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Marchena no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

ORDEN INCUMPLIDA

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado ¡ para las 8 de la mañana de aquel día!  a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 85 millones, en lo que era la operación más cara en la historia de la compañía,  a  la Unión Temporal de Empresas formada por Befesa (Abengoa), Detea y Dam-Sav ( gestora de la depuradora de San Jerónimo).

AHORRO

El concurso fue impugnado luego por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) porque, a su juicio, la UTE que había resultado adjudicataria no cumplía uno de los puntos del pliego de condiciones. A ello se unió que la Agencia Andaluza del Agua denegó a Emasesa la aprobación de otro canon para financiar la construcción de la depuradora, por lo que tendría que haberla asumido la compañía municipal pidiendo a los bancos un crédito por 85 millones, que añadir a los 226 millones de deuda bancaria contraída durante el mandato de Monteserín y Marchena.

Como la construcción de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación del canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las empresas ganadoras.

El tiempo ha demostrado que las muy llamativas urgencias con que actuó Marchena para adjudicar como fuera, incluso a la intempestiva hora de las 8 de la mañana, la depuradora alternativa a la de San Jerónimo no estaban justificadas porque la actual ha seguido funcionando no ya sólo cinco años más, sino seis y  va camino de siete. Item más, tal como ha anunciado Espadas, el Ayuntamiento ni siquiera se plantea construir una nueva depuradora que sustituya a la de San Jerónimo tras su cierre en 2018, sino que su carga de efluentes sea asumida por las otras tres depuradoras existentes en la ciudad (El Copero, Ranilla y Tablada), con lo cual el alcalde ha acabado avalando la decisión adoptada por Zoido, el cual en realidad le ahorró 85 millones de euros a Sevilla.

La depuradora

Marchena citó a las 8 de la mañana a un notario para adjudicar la depuradora de San Jerónimo tras tomar posesión Zoido

Emasesa se ha ofrecido a la Junta para construir la depuradora a cambio de administrar el canon autonómico, pero no ha obtenido  respuesta

La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.

Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.

SIN CAPACIDAD

Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.

El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.

Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.

Se buscó un emplazamiento alternativo  y se halló en los terrenos – 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes en San Jerónimo.

EL ANUNCIO

En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

LA HORA DEL NOTARIO

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.

Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.

Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.

EL CANON AUTONÓMICO

La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.

El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.

Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.

Las ‘ronchas’ de Monteseirín

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha acordado el acatamiento de dos nuevas sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 de Sevilla, que le obliga al abono de 989.000 euros correspondientes a certificaciones y revisiones de precios e intereses de demora de contratos de obras realizadas en 2005 y 2006, durante el segundo mandato de Monteseirín como alcalde.

El ‘agujero’ para las cuentas de Urbanismo podría haber sido aún mayor si no hubiera decidido presentar un recurso contra otra sentencia condenatoria por valor de 436.000 euros y relativa a unas obras en la barriada Juan XXIII que datan de hace nueve años, por la misma época que las anteriores.

Así pues, sólo por estas tres sentencias estaban en juego 1.425.000 euros en concepto de facturas pendientes que al cabo de tres años y medio del mandato de Zoido no parece que vayan a ser todavía las últimas del ‘legado’ de Monteseirín a Sevilla y a su sucesor.

Según Urbanismo, en los tres últimos ejercicios presupuestarios ha tenido que afrontar el pago de “elevadísimas cuantías” como consecuencia de que en el gobierno anterior no se realizaron los pagos por certificaciones de obras ordinarias o finales, revisiones de precios, intereses de demora y, más sorprendente aún, intereses de intereses.

RISTRA DE FACTURAS

Las deudas derivan de los proyectos de ejecución de carriles-bici, reforma y acondicionamiento de la Alameda de Hércules, remodelación de las plazas del Pan, la Alfalfa y la Pescadería (el proyecto ‘La piel sensible’) y las relativas al Plan de Barrios. Se observa, pues, que el gobierno anterior no sólo se gastó, fundamentalmente en las ‘Setas’ de la Encarnación, el dinero de los convenios del PGOU destinado a la infraestructuras de los nuevos desarrollos urbanos -si el tema no ha estallado aún ha sido por el parón provocado por el estallido de la burbuja inmobiliaria-, sino que también dejó a deber parte de las obras de sus proyectos-estrella.

Sólo en los dos últimos años Urbanismo ha abonado 4.940.363 euros en obras impagadas (principal más intereses) y realizadas durante el anterior mandato.

Sin embargo, Monteseirín, con el desahogo que le caracterizaba, llegó hasta el extremo de declarar antes de abandonar el Ayuntamiento que él se iba sin dejar facturas en los cajones, al contrario de lo que le había ocurrido cuando accedió al poder en el año 1999, en directa alusión al gobierno de coalición PP-PA de Soledad Becerril y Alejandro Rojas Marcos.

Tanto los hechos posteriormente conocidos como la trayectoria política anterior del predecesor de Zoido no contribuyen a dar crédito a sus palabras, al menos en la parte correspondiente a su supuesto legado inmaculado a su sucesor.

ETAPA EN DIPUTACIÓN

Ya ocurrió lo mismo en la Diputación, de la que Monteseirín fue presidente hasta que dio el salto a la Plaza Nueva, impulsado por el aparato del PSOE, que ordenó a la militancia votar contra la candidatura de Borbolla y por tanto a favor del entonces titular de la corporación provincial como candidato del partido a la Alcaldía en las elecciones municipales.

Se produjo así una situación insólita durante el año que faltaba hasta los comicios, con Borbolla como político interino y amortizado y Monteseirín buscando protagonismo para darse a conocer ante los votantes de la capital con todo tipo de actos, aunque esa autopromoción apoyada fundamentalmente desde el Patronato Provincial de Turismo por su acólito Marchena supusiera una política presupuestaria de tierra quemada en la Diputación, que sufrió su sucesor al encontrar las arcas vacías.

‘VACAS GORDAS’

Monteseirín llegó al Ayuntamiento cuando la ciudad aún digería los excesos de gasto motivados por la Expo-92, pero de inmediato, con la suerte política que le ha acompañado a lo largo de su carrera, se encontró con la época dorada de la economía española (1999-2008), que no aprovechó para ponerse al día con los proveedores del Ayuntamiento.

Se recuerda que empresas constructoras reclamaron el pago por entonces aún pendiente de obras del paso inferior de la calle Arjona y desde su gobierno se les instó a que siguieran teniendo paciencia o que reclamaran por la vía judicial, pero con el recordatorio expreso de la típica tardanza de la Justicia en España y el mensaje implícito de lo que a la hora de contratar con el Ayuntamiento podía suponer mantener contra el mismo un pleito en los tribunales.

Pese a haber gozado de las ‘vacas gordas’ y de que gracias al PGOU y el ‘boom’ inmobiliario las arcas municipales ingresaron más dinero que nunca anteriormente, Monteseirín no dejó los cajones libres de facturas para Zoido, como alardeó antes de su marcha, sino todo lo contrario, ya que estuvo ocultando, camuflando o dejando de pagar deuda hasta el final.

CAJONES LLENOS

Un ejemplo paradigmático fue el de Emasesa, a cuyo frente había puesto a su hombre de confianza, Manuel Marchena. Al inicio del año en que Zoido ganó las elecciones, en la empresa de aguas sólo figuraba una deuda de 401.738 euros a proveedores. Diez días antes de la toma de posesión de Zoido como alcalde, afloró de pronto una deuda por valor de 10.110.154 euros que se había mantenido oculta hasta entonces.

Además, la corporación de empresas municipales (la Agrupación de Interés Económico) que dirigía también Marchena por encargo de Monteseirín, tenía unas deudas acumuladas por valor de otros 17 millones de euros: 13,5 millones en la red Hispalnet; 2,4 millones en la red de comunicación Secora; 1,5 millones en gastos comunes con Emasesa; 1,3 millones de los pasos subterráneos del Tamarguillo y la avenida Bueno Monreal….

No se había pagado la factura de la luz en los dos años anteriores, por lo que la deuda con Endesa ascendía a 5 millones de euros, y tampoco la parte correspondiente al Ayuntamiento por la bonificación a las tarifas del Metro, que ascendía a 17 millones de euros, más obras por arreglo de calles y demás que todavía ahora está pagando Urbanismo y con intereses.

Si a ello se le suma el pago de la certificación teóricamente final por las obras de las ‘Setas’ de la Encarnación y que ascendió a 11.619.047 euros, el coste de la ‘lápida’ dejada por Monteseirín y que ha debido afrontar el gobierno de Zoido ha superado los 40 millones de euros.

Esta cantidad duplica con creces los 18,9 millones de euros de la partida prevista para inversiones reales en el Presupuesto del Ayuntamiento para el próximo año 2015.

Emasesa

El consejero delegado de Emasesa, Jesús Maza, ha proclamado en nota de prensa un principio que parece obvio: “Lo que se hace a partir de ahora es que el dinero que se recauda con el agua se destina a pagar lo que cuesta el agua”. Elemental, querido Jesús, salvo para tu antecesor, Manuel Marchena, que te ha dejado un pufo de 200 millones. El valido de Monteseirín utilizó la empresa en plan cajón de-sastre: desde para financiar las ocurrencias del (sin) alcalde en obras públicas, walkie-talkies de los guindillas y convenios para comprar silencios periodísticos hasta las suyas propias, como aquellas botellas de diseño con agua de sabores. Era un camelo que nos ha costado un ojo de la cara para que el carota, con la excusa de presentarlas a lo largo y ancho del mundo, coincidiera en el calendario con algunas de esas maratones a las que tan aficionado era siempre que no tuviera que pagarse el viaje de su bolsillo. Maza tiene claro que el ciclo integral del agua es el objeto social de Emasesa; para Marchena todo daba igual con tal de disparar con pólvora ajena.

Un millón

La sombra de Monteseirín es más alargada que la de la torre Pelli. Casi dos años y medio después de haber sido quitado del medio por el PSOE, con las consecuencias electorales que pagó el inocente Espadas, aún nos da motivos para recordarlo, por su particular modo de gestionar (es un decir) con su valido Marchena los asuntos públicos. El galeno que nunca utilizó fonendoscopio porque se metió a inspector para no pisar los ambulatorios promovió un Plan de Aparcamientos tal que cuando  se descubrió la tostada resultó que buena parte de los mismos no se podían construir, porque había ofrecido suelo ¡de titularidad privada en vez de municipal! Como el chiste del que llevaba muchos años de alcalde y no sabía dónde estaba el Ayuntamiento. Ahora, Zoido, con el dinero de todos los sevillanos, tendrá que devolver un millón de euros a nuestros vecinos que, confiando en el (sin) alcalde anterior, anticiparon mil euros que volaron sobre el nido del cuco. Y, mientras tanto, Monteseirín en su dorado exilio de Madrid y haciéndose el loco con su coartada de “yo (sólo) soy médico”.

Cábala sobre el número 4

                    Existe una generalizada creencia en que los números tienen un significado oculto.        Reflexionaba sobre ello al hilo de la teoría de ‘los cuatro golfos’ que formula el PSOE cada vez que le estalla un escándalo de corrupción. La acuñó con el caso de los ERE, y la repite tras la detención de Domingo Enrique Castaño, la mano izquierda de Monteseirín (la derecha era Marchena, cuatro veces imputado por la juez Alaya en el ‘affaire’ Mercasevilla).

           ¿Por qué el PSOE invoca el número cuatro y no otro? ¿Por qué son de forma genérica cuatro los golfos y no tres, cinco, seis o diez? ¿Hay un simbolismo especial que emane de dicha cifra y que se transmita al inconsciente colectivo del partido?

           En la Biblia, el número 4 simboliza el mundo, ya que cuatro son los puntos cardinales. Los ‘cuatro golfos’ de que habla el PSOE habrían sucumbido, pues, a las tentaciones mundanas, una de las enemigas del alma junto con el demonio y la carne.

            Cuatro han sido los detenidos en la operación ‘Madeja’. Los esfuerzos de Monteseirín por controlar el PSOE en la capital se tradujeron en que Castaño se convirtiera en 2004 en el secretario de Organización de la agrupación de la Macarena. También en 2004 fue nombrado secretario de Ordenación del Territorio en la Dirección del PSOE de Sevilla.

           Cuando Castaño fue designado director del Area de Vía Pública, cargo en el que estuvo cuatro años, eliminó la gran cantidad de contratas en obras y mantenimiento de parques y jardines, dividió la ciudad en cuatro zonas y le adjudicó la mitad a Fitonovo, un jugoso contrato de 700.000 euros prorrogado año tras año, incluso con Zoido de alcalde.

           Luego, Fitonovo recibió dentro del Plan 8000 cuatro contratos para podas de arbolado en cuatro distritos. Pero la empresa presuntamente vinculada a Castaño también extendió sus tentáculos más allá de Plaza Nueva y en los cuatro años 2008-2012 le facturó a la Junta cuatro millones de euros en concepto de conservación de carreteras.

           Culminada su etapa en Vía Pública tras los cuatro años de rigor, Monteseirín recolocó a Castaño como director gerente de la Fundación DeSevilla, donde, entre otros, firmó los convenios con la República Dominicana, por valor de 400.000 euros, para la rehabilitación de viviendas. Al poco tiempo, sin embargo, el miembro del círculo de confianza del entonces alcalde solicitó una excedencia voluntaria por cuatro años.

Transcurrido ese periodo, pidió su reincorporación a la Fundación. Como le ponían trabas, Monteseirín forzó los plazos y sólo cuatro días después de que el PSOE perdiera las elecciones municipales de mayo de 2011 exigió al gerente que readmitiera a su protegido. Este fue recolocado con un salario de 35.000 euros y adscrito a la Asesoría Jurídica. No obstante, tras la llegada de Zoido a la Alcaldía, Castaño fue despedido a los cuatro meses.

           Los periódicos, para ilustrar algunas de las informaciones sobre la operación ‘Madeja’, reproducen una foto de una expedición a Marruecos, a gastos pagados por Mercasevilla, pero para cuadrar la imagen la cortan y únicamente aparecen estas cuatro personas: Mellet, Castaño, Gómez Lobo y el conseguidor Juan Lanzas.

           La juez Mercedes Alaya ha pedido al Ayuntamiento de Zoido y a las empresas municipales de Sevilla que le informen de todos los contratos firmados con la empresa Fitonovo a partir del año 2004. La Guardia Civil ha requisado el Audi-4 de Domingo Enrique Castaño que, presuntamente, le habría sido regalado por la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones cuando era director de Vía Pública.

           El 4, pues, es el denominador común en muchos de los hitos que ahora cobran relevancia al socaire de la operación ‘Madeja’, un número maldito en las culturas orientales de influencia china debido a su similitud fonética con la palabra que en esos pueblos significa muerte y que podría acabar teniendo un sentido cabalístico para el PSOE, al que últimamente le afloran demasiados “cuatro golfos”.

 CARAMBOLA EN BRUSELAS

            Los hagiógrafos de Zoido han valorado de forma entusiasta la excursión a gastos pagados  por el Europarlamento hasta Bruselas, porque más allá del reparto de pulseritas con el logotipo de la ciudad, la degustación de jamón de pata negra y el disfrute del arte de Eva Yerbabuena en la presentación turística de Sevilla (con morosos municipales incluidos en el séquito oficial, como muestra del edificante ejemplo de los triunfadores al modo hispalense y de las connivencias existentes con la oficialidad), el alcalde tuvo así la oportunidad de enterarse en la capital de Europa de que hay allí un funcionario español que elabora programas con fondos europeos para las pequeñas y medianas empresas del Viejo Continente.

           O sea, que si no llega a ser por la invitación turística cursada por Teresa Jiménez Becerril y Jaime Mayor Oreja en la sede del Parlamento Europeo, Zoido no habría tomado la iniciativa de viajar a Bruselas para enterarse de cómo se reparten los dineros en y de la UE y cuáles son los proyectos prioritarios según qué épocas.

           Cabe preguntarse entonces qué ha ocurrido hasta ahora, si es que ha ocurrido algo, con el equipo especializado en la captación y gestión de fondos europeos que Zoido prometió crear en marzo de 2011 para financiar proyectos estratégicos de Sevilla a imitación de Valencia, la cual había logrado desde 1996 casi 200 millones, invertidos en 78 proyectos.

           Por de pronto, y parece que sin un euro aún de Europa, Zoido ha pasado de hablar de proyectos estratégicos a conformarse con conocer en Bruselas a míster Pyme. Menos da una piedra.

Sin galácticos

A Espadas se le ocurrió para las municipales aplicar en política la misma estrategia que Florentino Pérez en el Madrid: la de los ‘Zidanes y Pavones’, o sea, combinación de fichajes-estrella, denominados ‘galácticos’, y de jugadores de la cantera, baratitos, para equilibrar el presupuesto. Eugenio Suárez Palomares, abogado con ínfulas de periodista, y Mercedes de Pablos, periodista sin ínfulas, fueron, como independientes, los fichajes-estrella de Espadas, y en su calidad de ‘galácticos’ ocuparon los puestos de privilegio en la lista, en detrimento de los canteranos del PSOE, obedientes chicos para todo que lo mismo pegaban carteles que se hacían los puerta-a-puerta pidiendo el voto. Palomares hace ya casi un año que levantó el vuelo; De Pablos ha dado la ‘espantá’ ahora. Espadas declaró tras la más que cantada debacle electoral, por la herencia de tierra quemada legada por Monteseirín y Marchena, que “aquí no hay huidas ni proyectos personales, sino un equipo politico”. Pues tras la huida de los que no huían, Espadas ya se queda solo: el equipo de los Pavones.

Mal pagao

El valido de Alfredo Sánchez Monteseirín y cuádruple imputado por la juez Alaya en los escándalos que investiga,  Manuel Marchena, ha reaparecido con su natural desfachatez en una mesa redonda organizada por Gaesco para decir que en su época de gerente de Urbanismo convivió con la tensión y el conflicto (¿y quién no lo hace en su trabajo habitual, sea el que sea?), razón por la que se les paga “medianamente bien o bien” a quienes ocupan ese cargo. O sea, que no le han parecido  suficientes los 168.392 euros que llegó a cobrar anualmente como hombre de confianza de Monteseirín en los puestos para los que fue nombrado a dedo, sin contar con la retribución en especie en forma de opíparas comidas en los reservados de los restaurantes y a cuenta, habitualmente, de los señores del ladrillo y de todos los que, queriendo hacer negocio en Sevilla, sabían que antes debían congraciarse y rendirle pleitesía al dueño del lápiz del Plan General de Ordenación Urbana, puesto que en sus manos estaba desde tramitar las recalificaciones hasta otorgar las licencias de obras.