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Cala emula a Aznalcóllar y pide la reapertura de su mina

El hierro se ha revalorizado más que el oro desde 2005

 

La anunciada reapertura de la mina de Aznalcóllar ha empezado a tener un ‘efecto dominó’ en municipios con yacimientos abandonados pero que son hoy rentables por el alza enorme del precio de los metales. Así, el Ayuntamiento de Cala pide a la Junta el mismo trato que a Aznalcóllar y que autorice la actividad en su mina de hierro, famosa en su día por la visita de Felipe González a los mineros encerrados y cuyo impacto económico positivo beneficiaría tanto a las Sierras de Huelva y Sevilla como al Sur de Extremadura.

El alcalde de Cala, Fidel Casilla, ha confirmado que, tras el precedente de la anunciada reapertura de la mina de Aznalcóllar y la existencia de grupos empresariales interesados, ya ha mantenido los primeros contactos formales con la Junta de Andalucía para solicitar oficialmente que se autorice de nuevo la explotación de la mina de hierro de su pueblo, que fue gradualmente abandonada a partir de 2002 con el traslado y/o prejubilación de los mineros, hasta alcanzar esta condición el último de ellos en 2009. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento apoyan esta petición y a tal efecto se ha constituido una Plataforma por la reapertura de la mina.

La evolución del mercado de los metales convierte en rentables yacimientos abandonados como el de Cala, en línea de lo ocurrido con el de Aguas Teñidas, si bien en este caso es una mina de cobre. En el año 2005, la tonelada de hierro se cotizaba a 29,85 dólares; actualmente vale 140,98, casi cinco veces más, tras haberse acercado a los 190 dólares en 2011. Ello se ha debido fundamentalmente a la enorme demanda de China, que todavía crece a un ritmo del 7% anual y que importa el 61% del hierro de todo el mundo, con previsión de llegar al 69% en 2015. Por éso, la revalorización del hierro ha sido de un 430% en los últimos ocho años, superior incluso a la del oro, de un 350%.

El alcalde de Cala ha pedido a la Junta que no desaproveche esta excepcional situación del mercado antes de que pueda variar e impulse la reapertura de la mina, la cual se ha convertido en la única esperanza no sólo para este municipio deprimido del Norte de la provincia de Huelva, sino también para la serranía de Sevilla y el Sur de Extremadura. Cala sufre actualmente una tasa de paro del 30% y más de dos tercios de los parados son jóvenes sin ninguna alternativa viable en una zona dependiente de la agricultura de secano tradicional y en la que el turismo está sin desarrollar. En su última etapa, ya bajo mínimos, la mina de hierro generaba unos 200 empleos, entre directos e indirectos.

Fidel Casillas asevera que ha solicitado a la Junta de Andalucía “el mismo trato que a Aznalcóllar, con la diferencia -añade- de que aquí no se ha producido, ni se producirá, una catástrofe ecológica como la de la rotura de la balsa de residuos mineros; que ya hay grupos empresariales interesados en reabrir la mina que han contactado con el Ayuntamiento y que el transporte del mineral hasta el puerto contribuiría a revitalizar la línea férrea Zafra-Huelva, siempre amenazada de cierre por su escasa utilización”.

Las reservas de mineral de hierro existentes actualmente en Cala como seguras y probadas mediante sondeos con recuperación de testigo son de 35 millones de toneladas, con una ley media en torno al 30%. Constituyen sólo una parte del conjunto del yacimiento, por lo que con nuevas investigaciones son susceptibles de incrementarse.

El día en que Felipe González

bajó a la mina

La mina de Cala alcanzó fama nacional hace 31 años, cuando cinco meses antes de su arrolladora victoria electoral que le convertirían en presidente del Gobierno, el entonces líder de la oposición y secretario general del PSOE, Felipe González, acudió a solidarizarse con los 28 mineros que aún permanecían encerrados en el interior de una galería, en demanda de que se asegurara el futuro de la explotación con la instalación complementaria de una planta de prerreducidos en el municipio más una fábrica de pellets (granulado de mineral de hierro) en Fregenal de la Sierra.

En 1983, ya con Felipe González en la Moncloa, fue comprada por el Instituto Nacional de Industria, pero ni con el apoyo oficial alcanzó el umbral suficiente de rentabilidad y con el paso del tiempo y la apertura de otras minas fue languideciendo, debido sobre todo al hundimiento del mercado de los metales, que acabaría provocando también el cierre de otras históricas minas, como la de Riotinto. En su mejor época, la mina de hierro convirtió Cala en el segundo municipio en renta per cápita de Andalucía, sólo superado por la Marbella de la ‘jet’.

‘Marbellización’ de Sevilla

El grupo Popular que sostiene al gobierno de Zoido está pretendiendo decretar un singular estado de excepción urbanística por el peligro de perder los votos de los residentes  en parcelaciones y/o asentamientos ilegales sobre suelo no urbanizable conocidos como El Gordillo, Camino de los Rojas y Vista Hermosa, para lo cual quiere suspender no los derechos de estos ciudadanos, presuntos infractores de la ley, sino los del propio Ayuntamiento a culminar los procesos sancionadores que les ha incoado.

Decía Agnelli, patrón de la Fiat, que el peatón que se sube a un coche ya no piensa como peatón, sino como conductor. La metamorfosis de Zoido es de similar naturaleza: desde que se subió al carro de la política ya no piensa como lo que fue, un juez que aplicaba las normas conforme al adagio ‘dura lex, sed lex’ (la ley es dura, pero es la ley), sino como un político a la caza de votos con el populismo por bandera.

El alcalde acudió en febrero a El Gordillo, donde Urbanismo ha incoado un número indeterminado de expedientes sancionadores a viviendas ilegalmente construidas sobre suelos no consolidados y con propuestas que implicarían sanciones de 18.000 a 90.000 euros y/o el derribo de las casas al margen de la normativa. Zoido, sin embargo, convirtió la ley en papel mojado cuando para ganarse a los residentes les prometió que paralizaría las sanciones y elevaría la propuesta a Pleno.

MORATORIA LEGAL

Varios días antes de que trascendiera que la Justicia había condenado a una pareja a tres meses de cárcel por construir de forma ilegal una casa de ladrillo de 45 m2 en un campo de Alcalá de Guadaíra pese a que la demolieron antes del juicio, el grupo del PP registraba en el Ayuntamiento una propuesta que, dado su tufo de ilegalidad, hubo de autoenmendarse jornadas después tras la advertencia del secretario.

Aunque trocó el texto de facultar al delegado de Urbanismo a ejecutar el contenido de un proyectado acuerdo a que aquél estudiara sólo la posibilidad de aplicarlo, el sentido de la iniciativa no dejaba de ser el mismo. El grupo de Zoido realiza una interpretación ‘sui generis’ del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que la Junta, que pese a tener las competencias desde hace 30 años y teledetección espacial vigilando el territorio hizo la vista gorda ante los miles de viviendas y urbanizaciones levantadas ilegalmente sobre suelo no urbanizable (rústico), trataba de regularizar esta trama surgida en plan salvaje Oeste.

Según el PP, como el Ayuntamiento ha iniciado actuaciones para la redacción del Avance de Planeamiento en Suelo No Urbanizable y ello permitirá considerar la identificación y localización de los núcleos de asentamientos existentes y las posibilidades de implantación de servicios e infraestructuras cuando se incorporen al planeamiento urbanístico, procede suspender la protección de la legalidad urbanística, así como los procedimientos recaudatorios por las multas coercitivas y sanciones impuestas a las edificaciones existentes en los asentamientos citados o, en todo caso, durante 30 meses si antes no se aprueba el Avance.

RESTO DEL MANDATO

Treinta meses….. Como a Zoido le quedan 24 de este mandato, con esta iniciativa se garantiza los presumibles votos de todos sus beneficiarios, aunque ello signifique poner en almoneda el Estado de Derecho y un trato discriminatorio a la inmensa mayoría de los sevillanos que han comprado legalmente unas viviendas encarecidas porque sus constructores les han repercutido los costes de la legalidad urbanística: tasas por licencias, cesiones de suelos y de aprovechamientos, urbanización de los terrenos, acometidas de agua, luz, gas y teléfono, alcantarillado, iluminación… La propuesta del PP de Zoido consiste, en resumen, en un urbanismo a la carta, con quebranto de los mandatos legales.

Ignora que la Audiencia Provincial dictó en  febrero una sentencia según la cual todas las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable de la provincia deben ser demolidas pese a que el Ayuntamiento haya puesto en marcha un intento de reclasificación del suelo basándose en el Decreto de la Junta que trata de regular la situación de las edificaciones erigidas en suelo no urbanizable, ya que “no legaliza las edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico”.

DOCTRINA JURIDICA

La doctrina de la Audiencia es que, al contrario de lo que supone la iniciativa del PP, “no se puede aceptar que desaparezca la punibilidad por la posibilidad de que una modificación del planeamiento modifique la calificación del suelo…. Esta interpretación -añade- conduciría al absurdo, puesto que en el terreno de la hipótesis de trabajo, toda calificación es susceptible de modificación por decisión del legislador o de la Administración competente en materia urbanística, por lo que este elemento ha de referirse necesariamente a la ilegalidad de la edificación en el momento en que se realiza”.

En Sevilla, si se han incoado  expedientes sancionadores es por las infracciones cometidas; el Decreto de la Junta no reconoce el régimen jurídico urbanístico ni faculta a suspender la protección de la legalidad, y no hay una sola ley (superior en rango a un decreto) que obligue a detener la tramitación de un proceso disciplinario, reglado por otra parte. No obstante, ya hemos visto infinidad de veces que por intereses políticos los expedientes se guardan en un cajón hasta que caduquen y prescriban incluso las infracciones y las sanciones. Probablemente es lo que acabará ocurriendo, porque éste es el país de los hechos consumados.

La moción del PP, tan explícita, nos demuestra que en materia urbanística Sevilla se aproxima peligrosamente a Marbella.

Desembarco en Nervión

Manuel Marchena fue visto hace unos días en Utrera con un tal Jiménez (no el exentrenador de Arahal, sino otro que alardeaba de ir de blanco y rojo por la vida), algunos directivos del Sevilla F. C. y el presidente José María Del Nido. La cuestión no tendría nada de extraño, dado que el valido del alcalde es un furibundo hincha palangana al igual que Torrijos y gran aficionado a las pinceladas de mariscos al centro, pero parece que la reunión secreta era de más altos vuelos. En la hipótesis  de que Del Nido tuviera problemas judiciales en Marbella con el ‘caso minutas’, los conmilitones habrían abordado la posibilidad de que las acciones del grupo al que representa fueran pignoradas en favor de una sociedad a la que se vincularía Marchena que, atención a la jugada, no descartaría optar a la presidencia del club. Si a esto se une la decisión del Sevilla F. C. de activar su canal de televisión digital cuanto antes, esto huele a los preparativos para un desembarco de hombres de Monteseirín  en la entidad de Nervión. Y la paradoja es que Alfredo es del Betis.