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La depuradora exprés

Tras tomar posesión Zoido, Marchena citó a un notario a las 8 de la mañana para adjudicar el contrato de la depuradora

El anuncio de Espadas 6 años después de no construir una nueva significa que Zoido ahorró 85 millones a Sevilla

Juan Espadas, alcalde de Sevilla,  anunció a principios de febrero de 2017 el cierre de la depuradora de San Jerónimo en el año 2018 sin tener en cuenta el contrato vigente hasta 2024 por el que debe suministrar agua depurada de la misma a la mina de Cobre las Cruces y haciendo además un reproche a su antecesor, al recordar que en 2011 el gobierno socialista de Monteseirín dejó licitado y adjudicado su cierre pero que “el gobierno del PP de Juan Ignacio Zoido anuló la adjudicación y metió el tema en un cajón”.

En honor a la verdad, hay que recordar cómo fue aquella historia. En el año 2011 se sabía de sobra que se iban a celebrar elecciones municipales el día 22 de mayo y que un año antes, mediante el famoso teletipo de Europa Press, Monteseirín se enteró de que Griñán había decidido que no repitiera más como candidato a la Alcaldía. Lo sustituyó el propio Espadas, que aceptó el sacrificio de inmolarse en las urnas ante la debacle que le auguraban al PSOE las encuestas en castigo a los continuos escándalos de la gestión de Monteseirín, como así ocurrió, ya que Zoido arrasó con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales.

Pese a estar a las puertas de unas elecciones y a su condición pública de alcalde saliente, a Monteseirín y a su valido Marchena, al que había colocado como consejero delegado de Emasesa, les entraron unas muy llamativas prisas por cambiar de sitio la depuradora de San Jerónimo antes de que expirara el mandato, cuando en todo caso lo lógico hubiera sido dejar que fuera el nuevo gobierno emanado de las urnas el que analizara la situación y decidiera al respecto.

CONFLICTO CON LA ALGABA

En primer lugar, porque la elección de los suelos alternativos, la antigua estación de filtraje al borde de la carretera de La Algaba, había provocado un conflicto con vecinos de dicho municipio, temerosos de sufrir los malos olores y molestias habitualmente asociados a este tipo de instalaciones. Así, en febrero de 2011 numerosos algabeños se desplazaron en una caravana formada por vehículos particulares y dos autobuses hasta la Plaza Nueva de Sevilla para manifestarse ante el Ayuntamiento hispalense.

Hasta tal punto llegó la situación, que el 1 de marzo, a tan sólo dos meses y medio de las elecciones municipales, el gobierno saliente de Monteseirín tuvo que embarcarse en una campaña informativa destinada al pueblo de La Algaba para tratar de convencer a sus habitantes de la inocuidad del proyecto, mientras aquéllos insistían en que “el problema que le quieren quitar a los vecinos de San Jerónimo no queremos que nos lo manden a nosotros”.

Por otra parte, aunque la construcción de una nueva depuradora alejada de San Jerónimo se consideraba una obra necesaria para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa europea, en especial en materia de nitrógeno y fósforo, no era de una urgencia extrema, ya que se contaba con una certificación técnica que garantizaba el  funcionamiento de la existente durante al menos cinco años más.

DESPILFARRO

A ello había que añadir la delicada situación financiera de Emasesa, tradicionalmente la joya de la corona de las empresas municipales pero que bajo la desastrosa gestión del ahora paradójicamente nombrado académico Manuel Marchena había entrado en pérdidas por primera vez en su historia, al dispararse los gastos de todo tipo. Marchena se puso un sueldo que llegó a ser de 168.391 euros anuales y dos coches (un Renault Megane y un Opel Insignia) y dos conductores a su servicio. Los sueldos de éstos ascendieron entre 2008 y 2011 a 406.000 euros, y sus dietas, a 17.300 euros.

Antes de la llegada de Marchena como consejero delegado, las dietas pagadas por Emasesa a sus directivos por viajes fuera de Sevilla fueron de un máximo de 67.000 euros (año 2007). Con Marchena al frente, se dispararon a 580.000 euros. En publicidad y propaganda con la excusa de promocionar el ruinoso proyecto “Agua de Sevilla” (vender agua de Emasesa embotellada), el hombre de confianza de Monteseirín gastó sólo en su primer año 2,9 millones de euros, a los que luego añadió 611.000.

El hoy académico, que además se permite dar desde ciertos foros lecciones de economía a los demás, le provocó a Emasesa sólo con la operación “Agua de Sevilla” unas pérdidas de 1.145.229 euros: vendió botellas con agua por valor de 10.771,92 euros y se gastó en ellas 1.145.229.

NUEVO CANON

Por si fuera poco, Emasesa había suscrito tres años antes un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco de Sabadell para financiar obras con cargo a un canon de mejora que los sevillanos debían pagar en su recibo del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte de ésta de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Marchena no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

ORDEN INCUMPLIDA

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado ¡ para las 8 de la mañana de aquel día!  a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 85 millones, en lo que era la operación más cara en la historia de la compañía,  a  la Unión Temporal de Empresas formada por Befesa (Abengoa), Detea y Dam-Sav ( gestora de la depuradora de San Jerónimo).

AHORRO

El concurso fue impugnado luego por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) porque, a su juicio, la UTE que había resultado adjudicataria no cumplía uno de los puntos del pliego de condiciones. A ello se unió que la Agencia Andaluza del Agua denegó a Emasesa la aprobación de otro canon para financiar la construcción de la depuradora, por lo que tendría que haberla asumido la compañía municipal pidiendo a los bancos un crédito por 85 millones, que añadir a los 226 millones de deuda bancaria contraída durante el mandato de Monteserín y Marchena.

Como la construcción de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación del canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las empresas ganadoras.

El tiempo ha demostrado que las muy llamativas urgencias con que actuó Marchena para adjudicar como fuera, incluso a la intempestiva hora de las 8 de la mañana, la depuradora alternativa a la de San Jerónimo no estaban justificadas porque la actual ha seguido funcionando no ya sólo cinco años más, sino seis y  va camino de siete. Item más, tal como ha anunciado Espadas, el Ayuntamiento ni siquiera se plantea construir una nueva depuradora que sustituya a la de San Jerónimo tras su cierre en 2018, sino que su carga de efluentes sea asumida por las otras tres depuradoras existentes en la ciudad (El Copero, Ranilla y Tablada), con lo cual el alcalde ha acabado avalando la decisión adoptada por Zoido, el cual en realidad le ahorró 85 millones de euros a Sevilla.

Sin premio

Los premios de arquitectura contemporánea ‘Mies van der Rohe’ de la Unión Europea, así denominados en honor al arquitecto alemán que erigió el pabellón de su país en la Exposición Internacional de Barcelona 1929, distinguen cada dos años la mejor obra por su calidad conceptual, técnica y constructiva, y reservan una mención especial a un arquitecto emergente. En la edición recién fallada, la XIII, ha sido galardonado el Centro de Conciertos y Conferencias ‘Harpa’, de Reykjavik (Islandia), diseñado por Henning Larsen, el artista (que no arquitecto) Olafur Eliasson y el estudio Batreríio;  y la mención especial ha recaído en la Nave de Música del Matadero de Madrid, de María Langarita y Víctor Navarro. Así pues, no han pasado de la condición de finalistas las ‘Setas’ de la Encarnación, diseñadas por Jürgen Mayer pero cuya autoría intelectual es de Monteseirín & Marchena. Si le hubieran dado el premio Van der Rohe al Metropol Parasol ello habría equivalido a elevar a Monteseirín a la misma categoría que el Cid: lograr una victoria después de muerto políticamente.

 

‘SimCity’

Fernando Alonso, al igual que los pilotos de los aviones, se entrena sobre un simulador de un Fórmula-1 para perfeccionarse como conductor delante de una pantalla. Como, según el Guerra, hay gente pa tó, Electronics Arts lanzará el 7 de marzo su videojuego ‘SimCity’, cuyo elemento representativo ante el mundo mundial será la Giralda. Que se fastidien Monteseirín y Marchena: no han elegido ni la torre Pelli ni las ‘Setas’ de la Encarnación, sino el ‘rancio’ icono por excelencia de Sevilla en vez de uno de sus engendros arquitectónicos. ¿Y qué es ‘SimCity’? Pues otro simulador en forma de videojuego que permite a los usuarios convertirse en alcaldes en vez de en reinas por un día, con la misión de gestionar todos los problemas que se les presenten en esta ciudad virtual. Habría sido magnífico que a Electronics Arts, además de la Giralda, le hubiera dado tiempo a meter en el simulador de Ayuntamiento la huelga de Lipasam, y que Espadas y Torrijos hubieran echado una partidita a ver cómo la habrían solucionado. Zoido tiene prohibido jugar: él ya es alcalde de verdad.

Estas ‘Setas’ son una ruina

“Inauguramos hoy un magnífico espacio, en el centro histórico de Sevilla, que abre las puertas al progreso económico y al desarrollo de un sector de la ciudad que estaba en franca decadencia. Este proyecto, concebido en época de bonanza económica y concluido en una de crisis, es una excelente herramienta para la creación de actividad económica y empleo. Los beneficios económicos que Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”. Así habló Monteseirín el 27-3-2011 en la inauguración de las ‘Setas’ de la Encarnación. Aludía a un supuesto estudio citado en junio de 2010 por el delegado de Urbanismo, Manuel Rey, según el cual el Metropol tendría un impacto económico, directo e indirecto y en sólo un año, de 369 millones de euros.

Pues ni 102.043.776 euros, dinero pagado por el Ayuntamiento hasta este año por su construcción, ni esos 369 millones augurados por Rey.

Veinte meses después, la concesionaria y constructora, Sacyr, exige al Consistorio 35.178.876 euros por las pérdidas sufridas ante la falta de negocio y quiere devolverlo mediante la resolución del contrato.

Por más que Sacyr exija que se la compense por sus supuestas pérdidas, de las cifras conocidas hasta la fecha se colige lo contrario. La construcción del Metropol al menos ha debido de ser un buen negocio. El Ayuntamiento de Monteseirín valoró inicialmente su  ejecución en 51,2 millones de euros, de los que el gobierno local aportaba a fondo perdido 25.421.166 euros, y la empresa, 25.778.834. A cambio de esta cantidad, Sacyr explotaría  durante 40 años el denominado ‘Espacio Encarnación’, que incluye toda la antigua plaza más la sede de la Delegación municipal de Hacienda.

Siempre con las salvedades a que obliga el oscurantismo mantenido con esta polémica obra, Sacyr habría facturado finalmente al Ayuntamiento (modificados de obra y otros) por valor de entre 63 y 72 millones de euros, quedando un resto de entre 4,3 y 8,5 millones del Antiquarium en función de lo que se haya imputado finalmente a los planes 8.000, de Zapatero, y Proteja, de la Junta de Andalucía.

 

LOS CINCO ARGUMENTOS

 

 

La petición de resolución del contrato y de abono de una compensación de 35 millones de euros la basa Sacyr en:

 

1) Pérdidas por el acceso gratis de los sevillanos al mirador: Primero se dijo que había exigido 180.000 euros anuales a Monteseirín por permitir el libre acceso de los nativos a la cubierta, en cumplimiento de la demagógica promesa del ex-alcalde y de su valido, Manuel Marchena, de “democratizar las vistas de Sevilla”, de las que hasta entonces, según ellos, sólo podían gozar los ricos desde los miradores de sus casas-palacio. Ahora se ha publicado que la estimación de la compensación podría ascender a 264.000 euros. Se tiene constancia de una factura mensual presentada por Sacyr por valor de 30.189 euros, lo que significaría una compensación anual de 362.269 euros.

La disparidad podría deberse a la variación con el tiempo en las previsiones de visitas y precios de las entradas. Inicialmente el objetivo era recaudar un millón de euros/año por 400.000 visitas anuales a un precio de 2,5 euros cada una. La última noticia al respecto habla de unos ingresos de 600.000 euros, de los que 450.000 se imputarían a los sevillanos y el resto a los turistas.

Esta previsión ya denotaría el fracaso del Metropol como el gran polo de atracción turística con que Monteseirín lo presentó, y ello pese a que se ha introducido el ‘Antiquarium’ en el circuito del Alcázar para derivar turistas hacia la Encarnación. Teóricamente, a medida que pase el tiempo el mirador de las ‘Setas’ debe de perder interés para los sevillanos una vez que lo hayan conocido, como ha ocurrido con Isla Mágica, la Catedral, la Giralda…. por lo que no tiene mucho sentido (sí, el de cobrarle al Ayuntamiento) imputarle a la ciudad el 75% de las visitas y sólo el 25% a los turistas.

 

2) Retraso en la entrega del inmueble de la Delegación de Hacienda: Sí, pero Monteseirín pactó con Sacyr que el Ayuntamiento se lo alquilara durante cinco años por 60.000 euros/mes. Contrato extraordinario para la empresa, que se ahorró el coste de la rehabilitación (2,7 millones) y se garantizó una renta mensual en plena crisis inmobiliaria, caída de alquileres y oficinas vacías por exceso de oferta.

 

3) Repercusión del coste de explotación a los placeros menor de lo pactado: Si le salvó políticamente la cara a Monteseirín para propiciar el traslado de aquéllos y justificar así la obra misma, sería porque tendría bastantes buenas razones para ello. En todo caso, es su problema haberlo aceptado y, además, no considera el valor comercial de la reversión de los puestos ya abandonados por sus titulares en estos dos años.

 

4) Retraso de 10 meses (febrero 2012) del pago de la última certificación de obra (11,6 millones): Sabido es que Monteseirín inauguró el Metropol antes de que estuviera terminado con tal de hacerse la foto él y no Zoido.

 

5) Inversión no amortizada y lucro cesante al haberse fijado unos mínimos con Monteseirín que no se han cumplido: Sacyr hizo su Plan de Negocio, no se lo hizo Monteseirín. El riesgo es inherente a la aventura empresarial. Si no se han cumplido sus previsiones es que estaban mal hechas y lo que ahora pretende es socializar las pérdidas.

Si se hubieran superado esas previsiones y Sacyr hubiese ganado 35 millones más de la cuenta, ¿los habría compartido con el Ayuntamiento o se los habría repartido a sus accionistas?

 

‘Bon vivant’

Monteseirín, a pesar de dárselas de humanista cristiano y de socialista de base, era en realidad un ‘bon vivant’ reprimido, represión de la que se liberó en cuanto se subió al coche oficial, primero en la Diputación y luego en el Ayuntamiento, y gozó de las mieles del poder a costa, naturalmente, de los contribuyentes. No sólo instauró la práctica de cobrar dietas de las empresas municipales para más que duplicarse así su sueldo, sino que se aprovechó al máximo del cargo de alcalde para alojarse en hoteles de cinco estrellas y apuntarse a todo tipo de viajes continentales y transoceánicos con cualquier pretexto, desde una presentación folklórica en Nueva York hasta para ver de gañote el Eurobasket de Polonia y, junto con Marchena,  el Mundial de Suráfrica. Ahora, con su innata torpeza política y defecto de la inoportunidad, sale en la foto de la cata de vinos en Madrid de ‘El club de la vida buena’. Monteseirín, de fiesta en su obligado exilio de la capital de España mientras los periódicos daban la noticia de la EPA de los seis millones de parados.

 

(in)solidario

El híper concejal Goro Serrano, chico para todo de Zoido, dice sobre la suspensión del bonobús solidario, oficialmente por falta de dinero, que la partida presupuestaria que se le ha destinado en 2012 era “prácticamente coincidente” con la de 2011. El salto (ya que hablamos de viajes, como en los tramos del Metro) de 2,8 a 2,5 millones de euros supone una diferencia del -10,72%. Por bastante menos que eso con la gasolina este verano, ha convocado el ministro Soria a los mandamases de las petroleras a su despacho y les ha leído la cartilla. En cifras absolutas, el recorte al bonobús solidario ha sido de 300.000 euros. Teniendo en cuenta que al Consistorio se le ha acabado el dinero justo después de adjudicar por 230.000 euros una web con la inocente intención de trasladar digitalmente (nunca mejor dicho) la información municipal a los distritos (Marchena era más burro y lo hacía buzoneando los barrios con revistas plagadas de fotos de Monteseirín), la conclusión es obvia: le ha quitado dinero al bonobús solidario para destinarlo a propaganda. Robin Hood al revés.

Los sapos de Zoido

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco ha decidido que la Catedral, Archivo de Indias y Alcázar no sean incluidos este año en la ‘lista negra’ del patrimonio en peligro como había propuesto Icomos, después de los compromisos adoptados por Zoido. Es una moratoria de un año pero que todo el mundo sobreentiende será definitiva y que supone un triunfo de la habitual política española de los hechos consumados.
Tal como dice Fernández Salinas, secretario del comité español de Icomos, ha sido una decisión de carácter político, ya que los aspectos técnicos se han quedado fuera del debate. Ha trascendido, aunque no aún el coste de la factura y quién la paga -si el Ayuntamiento o el Gobierno- que para influir en la decisión de la Unesco se contrataron los servicios del ex-director adjunto del Comité del Patrimonio Mundial, el cual, tras 16 años en el seno de la organización, se ha establecido como consultor privado y cobra por hacer ‘lobby’.
Al igual que en otros organismos, como el COI, donde los votos se compran y se venden a cambio de contraprestaciones presentes o futuras, también en este caso se han forjado alianzas con ciertos países para frenar la exclusión de Sevilla del Patrimonio Mundial, por el golpe que habría supuesto para la deteriorada ‘marca España’. No es casual que esta alianza se forjara con países tercermundistas como Argelia, Colombia, Iraq, India, Senegal, Mali… y que, por contra, los más desarrollados y cultos, caso de Alemania, Suiza y Estonia, fueran los más críticos con Sevilla y con el Gobierno de España por haber propiciado con su inhibición durante tres años la construcción de la torre Cajasol, pese a las advertencias de la Unesco, finalmente papel mojado.

VICTORIA MORAL

Zoido, que de objetor de la torre desde la Oposición ha pasado a su paladín con el furor del neoconverso (ahora propugna rascacielos extramuros del Centro), se ha escudado en el argumento esgrimido por los partidarios de la torre para subrayar las diferencias entre Dresde y Sevilla: mientras en la ciudad alemana se había protegido el paisaje histórico, que destrozaría un puente, en la nuestra la protección sólo se otorgó a la Catedral, el Archivo y el Alcázar y no a todo el casco histórico; y como desde estos tres bienes no se divisa a ras de suelo la torre Cajasol, técnicamente no puede decirse que haya una afección de ésta sobre aquéllos.
Por paradójico que resulte, los compromisos de Zoido para evitar la inclusión de Sevilla en la ‘lista negra’ suponen una victoria moral para Icomos, que siempre habló del impacto de esta Babel sobre el paisaje histórico hispalense extendido sobre una planicie y al que consideró globalmente y no sólo a los tres monumentos aislados de su entorno; y que también subrayó la necesidad de ampliar jurídicamente las zonas de protección del casco histórico frente a la inhibición de la Junta, que propició así que Monteseirín  facilitara la erección de la torre de 178 metros cuando previamente tumbó el proyecto de torre de Ricardo Bofill (impulsado por el PA) de tan sólo 80 metros por su impacto sobre el casco antiguo (y porque por debajo camuflaba más edificabilidad de la permitida) . El urbanismo, como se percata ahora Fernández Salinas, es pura política disfrazada de razones técnicas, y la Unesco tampoco ha escapado a la política de pasillos tejida en torno a la torre Cajasol.

PLAN ESPECIAL

Cuando Zoido se compromete a redactar un Plan Especial para que en la Cartuja no se alce ni un rascacielos más está reconociendo el dictamen de Icomos sobre el impacto de la torre Cajasol sobre toda Sevilla, aunque técnicamente no sea visible desde la Catedral, el Archivo y el Alcázar, porque si es tan legal y no causa afección alguna a estos bienes, ¿qué razón hay para impedir que se construyan más iconos de la pretendida modernidad (el primer rascacielos data de finales del siglo XIX) y para no convertir la Cartuja en el Manhattan sevillano?
Cuando Zoido se compromete ante la Unesco  a organizar un congreso internacional para poner en común los avances en relación con el paisaje urbano y los bienes Patrimonio Mundial, ¿de qué está hablando si no de las tesis de Icomos sobre el valor del paisaje histórico como bien a preservar y no sólo de monumentos aislados?
Y cuando Zoido se compromete a amortiguar el impacto visual de la torre también le da la razón a Icomos, porque si el rascacielos no afecta a los bienes del Patrimonio Mundial, decidir medidas de reducción de su impacto equivale a asumir la tesis de Icomos de que altera el paisaje histórico de Sevilla.
Cada compromiso de Zoido ha supuesto la aceptación implícita del informe de Icomos, que si no ha derivado en la inclusión de Sevilla en la ‘lista negra’ ha sido por ‘razón de Estado’.

CON ARGUMENTARIO AJENO

Y si la política consiste en desayunarse un sapo cada mañana, Zoido se ha tragado en París y en las semanas previas una buena ración de anfibios a cuenta de su conversión a la causa del rascacielos. Ha tenido que tragarse el sapo de defender ante la Unesco el rascacielos con el argumentario de Monteseirín, Marchena, Pulido y Espadas: la modernidad, los puestos de trabajo, la indemnización en caso contrario y hasta que va a quitar muchos coches del Centro (¿?).
No hay nada más patético que hablar por boca de ganso y tener que asumir como propio el discurso de tus rivales políticos. Como decía Ben Bradley, mítico director de ‘The Washington Post’, el mayor premio es que te cite tu competencia en portada. Zoido, aun sin mentarlo por su nombre, no hizo más que citar a Monteseirín ante la Unesco. ¡Menudo sapo!.

El convenio de Marchena

Uno de los recientes hitos de la era Zoido ha sido el acuerdo en Emasesa para revisar el convenio colectivo firmado, ya en plena crisis económica (año 2009), por Manuel Marchena como gerente y con una vigencia de tres años (2011) prorrogables. A pesar de que la empresa municipal  no figuraba en el Plan de Ajuste por operar como sociedad anónima, al final, para que no quede marcada ante la opinión pública y el resto del Ayuntamiento, ha sido obligada a aplicar la reducción salarial del 5% durante 2012.
El gobierno local considera que este recorte tendrá en Emasesa menos impacto que en otras áreas municipales, dado el generoso convenio colectivo autorizado por Marchena -el cual se puso a sí mismo un sueldo de 168.392 euros anuales- y que el PP decidió revisar en cuanto llegó al Consistorio, colocó a Jesús Maza al frente del ‘holding’ municipal y conoció  su verdadera situación.

UN CALENDARIO MUY PARTICULAR

Una de las sorpresas con el convenio colectivo de Marchena fue ver que la jornada de trabajo se había fijado en 1.575 horas/año, con lo cual, según se contabilizaran 52 semanas ó 48 (sin las vacaciones), la media semanal oscila entre 30,28 y 32,81 horas de trabajo, cuando el debate se centra en incrementar las horas laborales de 35 a 37,5.
El calendario laboral que se encontró Jesús Maza tiene la particularidad de añadir a los festivos nacionales y locales (día de San Fernando y el Corpus), otros cuatro: el viernes de Feria (permite así gozar de  tres días seguidos de descanso), el 5 de enero y el 24 y 31 de diciembre, con lo que en los tres últimos casos se propician dos días consecutivos de libranza. Un trabajador normal goza de 14 festivos al año; los de Emasesa, 18.

PAZ SOCIAL ‘C0MPRADA’

La política de Monteseirín y Marchena durante los 12 años de mandato socialista consistió  en ‘comprar’ la paz social firmando unos convenios colectivos al margen de  la crisis económica y que han contribuido a agravar el balance global del Consistorio, hasta el punto de que la propia Emasesa, la joya de la corona del ‘holding’ municipal,  tenía una previsión de pérdidas de 4 millones de euros cuando Jesús Maza tomó el timón de la misma a mitad de 2011. Gracias a que adoptó medidas de recorte de gastos para paliar los excesos de Marchena, los números rojos  quedaron finalmente reducidos a dos millones.
El convenio autorizado por el valido de Monteseirín incluye todo tipo de pluses, premios y complementos que multiplican con creces el salario base del personal, ya que a las doce mensualidades se añaden cuatro pagas extraordinarias que oscilan, según categorías profesionales y meses, entre 3.061 y 5.889 euros para los técnicos; entre 2.977 y 3.248 euros para los subalternos y entre 2.926 y 3.872 euros para los obreros.

PAGAS Y PREMIOS

Independientemente de la categoría laboral, Marchena aprobó una paga lineal en la nómina del mes de enero que ascendió a 715 euros en 2009; 737 euros en 2010 y 1.000 euros en 2011. Por otra parte, a fin de favorecer el incremento de la productividad de la plantilla, estableció otra paga en el mes de mayo, también independiente de la categoría laboral, por el siguiente importe: 384 euros en 2009; 737 euros en 2010 y 1.000 euros en 2011. El único requisito para cobrarla consistía en asistir a los cursos de formación de Emasesa.
Otra retribución que llamó poderosamente la atención de Jesús Maza y su equipo ha sido el premio contra el absentismo. Otra vez con el  declarado fin de mejorar la productividad y de luchar contra la apatía laboral, Marchena autorizó un premio bimestral (cada dos meses) consistente en el abono de siete sueldos/base diarios en las nóminas de febrero, abril, julio, agosto, octubre y diciembre. La suma de estos siete días de sueldo cada dos meses se acababan convirtiendo a final de año en 42 días, casi una paga y media extra más que añadir a las cuatro anteriores. Y según la cláusula negociada por Domingo Vera en nombre de Marchena, como mínimo cada empleado debía percibir el 66% de un sueldo base en cada bimestre.

TARJETA MÉDICA PRIVADA

Además de pluses de nocturnidad, penosidad , festivos, de asistencia/rendimiento y de turnos (4,08 euros), en Emasesa se cobra el denominado ‘plus volante’ por conducir los coches de la empresa (de 3,56 a 4,13 euros); el de ‘pantalla’, por trabajar con un ordenador (3,10 euros diarios); el de lectura de contadores (0,29 euros por cada uno que exceda de los 200 diarios) y el de cobro de recibos en ventanilla a los usuarios (el 0,25 por mil de las cantidades cobradas en efectivo, garantizándose un mínimo de 60 euros/mes, equivalentes a 720 euros/año) y en los centros oficiales (el 2 por mil de la recaudación).
Marchena también autorizó desde anticipos de 600 euros para las vacaciones, convertidos en la práctica es un préstamo a interés cero y descontables a razón de 50 euros/mes en las nóminas del año siguiente, hasta la dotación de un fondo con 150.000 euros para créditos/vivienda a un 1,5% de interés, y ayudas para el estudio de los hijos a todos los niveles (desde 200 euros para la EGB hasta 470 euros para cursar carreras universitarias).
Y como parece que Marchena no tenía mucha confianza en la sanidad pública andaluza, autorizó que se contratara con una empresa privada especializada una tarjeta sanitaria para todos los empleados (ahora son 148) y sus familias, a fin de que gozaran de asistencia médica y descuentos especiales por valor de 9.000 euros anuales.
Por éstas, y muchas otras razones, Zoido tenía especial interés en que Emasesa se adhiriera al menos al Plan de Ajuste, pues como ha expresado Asunción Fley, “sanear el Ayuntamiento es cosa de todos”·

* Texto completo del convenio colectivo firmado en la época de Manuel Marchena:Convenio colectivo Emasesa

 

Sevilla, en la lista negra de la Unesco

“Un escenario realista es que Sevilla entre, tras la reunión de Brasilia, en la lista de ciudades con Patrimonio en peligro. Y podría ocurrir que, en el peor de los casos, expulsaran a Sevilla”. Estas premonitorias palabras fueron pronunciadas el 28-6-2010 por Víctor Fernández Salinas, vicesecretario en España del Icomos, tras comprobar  que la torre Cajasol seguía adelante pese a la primera advertencia dada en junio de 2009, en la misma Sevilla, por la XXXIII Conferencia del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Desde hace tres años, la Unesco viene dando avisos a España sobre la afección del rascacielos a los tres monumentos sevillanos patrimonio de la Humanidad (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias), sin que ni el Gobierno, ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento se hayan dado por enterados.

A LA TERCERA, LA VENCIDA

No ocurrió tras la Conferencia de Brasilia (2010), ni la de París (2011), donde en cada una de ellas la Unesco seguía exigiendo informes sobre la evolución de la torre, pero presumiblemente va a ocurrir  en la próxima de San Petersburgo. Conforme a la primicia de EL MUNDO, se votará la inclusión de los monumentos sevillanos en la ‘lista negra’ del Patrimonio en peligro y si el rascacielos no es paralizado antes del 15 de agosto y rebajado en altura antes de 2014, Sevilla perderá su título de Patrimonio de la Humanidad, un desprestigio equiparable a la expulsión de la ciudad alemana de Dresde en junio de 2009 (Omán renunció antes de que la echaran para poder realizar prospecciones petrolíferas en el hábitat del oryx).

Por tanto, tras tres años de avisos nadie en Sevilla puede llamarse a engaño ni rasgarse las vestiduras  ante un procedimiento que muestra un claro paralelismo con el de Dresde. También la ciudad germana fue advertida en 2006 de que si no renunciaba a construir un puente en el valle del río Elba se le retiraría el prestigioso título del que gozaba desde 2004. Los alemanes contestaron con el mismo argumento que ha hecho ahora suyo Zoido, el alcalde que proclamaba que no permitiría que la torre Cajasol pusiera en peligro la condición de Patrimonio de la Humanidad de Sevilla y que se comprometió ante el Icomos a anular de inmediato la licencia para paralizar las obras: el proyecto del puente era legal y, además, había sido votado en un referéndum.

UN DEBATE SUPERADO

El puente podría ser legal, pero como a juicio de la Unesco  rompía el paisaje histórico que a lo largo de 18 kilómetros incluía desde el centro de la ciudad hasta palacios barrocos y jardines, Dresde fue expulsada en 2009, a los tres años del primer aviso, justo el mismo tiempo dado a Sevilla para que rectificara con la torre Cajasol, infructuosamente.

En Sevilla se han despreciado los informes de Icomos diciendo que era una especie de ONG del Patrimonio, un grupo de amiguetes sin poder ni influencia en la Unesco. Craso error, porque en la Convención de París de noviembre de 1972 y en virtud de la cual se creó el Patrimonio Mundial, Icomos figura en el artículo 8.3 como la voz consultiva para el patrimonio cultural, y la UICN para el natural.

Y, al igual que en Dresde, los informes del Icomos sobre la torre Cajasol y Sevilla dicen que lo más importante es la protección del paisaje histórico de la ciudad en que se hallan incardinados la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, y no sólo la de estos tres monumentos aislados, fuera de su entorno. Quienes sostienen lo contrario alegando que el rascacielos no afecta directamente a los tres bienes del Patrimonio Mundial nos retrotraen al debate patrimonial de los años 70 y 80 en Sevilla, cuando se tranquilizaban las conciencias protegiendo edificios aislados (tampoco, como prueba el libro sobre la Arquitectura Civil sevillana, convertido en prueba de cargo sobre el valor de lo demolido) o incluso sólo elementos de los mismos (la portada) mientras la piqueta se ensañaba con el conjunto del caserío histórico, dejando descontextualizados a aquéllos.

DE PROTECTOR A INFRACTOR

Por extensión, el concepto de afección indirecta también se contempla en la Convención de París, ya que el artículo 6.3 especifica que cada uno de los Estados signatarios se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural. Y el artículo 11.4 determina que en la ‘lista del Patrimonio Mundial en peligro’ se incluirán los bienes que estén amenazados “por peligros graves y precisos” como “proyectos de grandes obras públicas o privadas”, una casuística en la que se engloba la torre Cajasol.

España no sólo suscribió en mayo de 1982 la Convención del Patrimonio Mundial, sino que fue mucho más lejos cuando el 18-4-2002 firmó con la Unesco un convenio especial pensando en países del Tercer Mundo para identificar más bienes destinados al Patrimonio Mundial, prestar asistencia técnica a otros Estados para asegurar su protección y, paradójicamente, fortalecer la gestión de los bienes ya declarados como tales, “especialmente a través de una nueva confirmación, si fuese necesaria, de los límites del área bajo protección del Patrimonio Mundial y de la revisión del marco de gestión de dicho patrimonio”.
España, pues,  preconizaba para otros lo que no ha hecho en Sevilla y que también le reprocha la Unesco: no haber ampliado el entorno protegido del casco histórico para evitar amenazas como la torre Cajasol, ese icono de 178 metros de altura que según Monteseirín y Marchena iban a poner a Sevilla directamente en la modernidad y que ha acabado poniéndola en la lista negra de la Unesco y a la altura del Tercer Mundo.

Veleta

Tras la inclusión del Patrimonio mundial sevillano en la ‘lista negra’ de la Unesco, Zoido se ha caído del caballo y sufrido una súbita conversión. Podría haber dicho que hasta aquí nos han llevado los delirios faraónicos de Monteseirín y Marchena, con la complicidad de Montaner y Pulido;  que él ha intentado paralizar el rascacielos temiendo que pasara lo que ha ocurrido pero que su antecesor, aprovechando el verano y las triquiñuelas legales, lo ha dejado jurídicamente atado de pies y manos; y que no va a pagar 200 millones de euros por frenar la obra a cambio de dejar arruinada Sevilla por generaciones. En lugar de hacer eso, el Ayuntamiento de quien quería paralizar la torre Pelli para que Sevilla no perdiera su título de Patrimonio de la Humanidad se ha erigido en su paladín y proclamado que no afecta al patrimonio y da mucho empleo. O sea, que Zoido le ha comprado el argumentario enterito a Monteseirín & Cía. para celebrar su primer año en el Ayuntamiento ‘del cambio’. ¿Qué cambio? Si acaso el de la veleta, que ha pasado de la Giralda a la Plaza Nueva.