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Ikea, alfa y omega

Dentro de cinco días empieza a correr oficialmente el reloj político para la cita con las elecciones municipales del 24 de mayo, ya a tan sólo veinte días vista, por lo que a falta de un Pleno municipal extraordinario para la concesión de las medallas de la ciudad, el Pleno ordinario celebrado el pasado martes tuvo todo el ambiente de la despedida del mandato en que Zoido logró la mayoría más absoluta –veinte concejales- de un alcalde en la historia de la Democracia en Sevilla.

En ese último Pleno se acabó tratando sobre el mismo tema con el que Zoido inició su trayectoria como alcalde: la segunda tienda de Ikea, proyectada por la multinacional sueca en los terrenos de San Nicolás Oeste, sitos en el entorno del aeropuerto.

Con la fuerza moral y política de su arrolladora victoria en las urnas hace cuatro años, Zoido llegó a la Alcaldía prometiendo resolver poco menos que en un santiamén los problemas pendientes de la ciudad y, especialmente, los grandes proyectos que tenían un componente urbanístico, como el de la tienda de Ikea.

Por eso, de forma temeraria, anunció que en dos meses iba a desbloquear el proyecto de la multinacional nórdica, un bloqueo que achacaba a las disputas internas que hasta entonces habrían mantenido el PSOE e IU durante los últimos gobiernos de la coalición capitaneada por Monteseirín y Torrijos.

 

SIN VISIÓN TÉCNICA

 

Fue un craso error por su parte, a consecuencia de un gran desconocimiento del urbanismo y del derecho urbanístico, parcelas fundamentalmente técnicas y sometidas a procedimientos reglados y de lenta tramitación administrativa que no pueden acelerarse introduciendo un reactivo de tipo político.

El urbanismo tiene sus tiempos, máxime en un sistema jurídico garantista como el nuestro, que obliga a someter a información pública cada fase, en línea con el derecho a la participación ciudadana reconocido por nuestra Constitución y que, por la crisis del sistema, los partidos políticos se esfuerzan ahora en incentivar mucho más que antes. Ninguna fuerza osaría cuestionar los procedimientos establecidos.

Por eso resulta aún más sorprendente el desconocimiento mostrado por Zoido sobre el área más esencial de la administración local, que se expresa y desarrolla a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este documento, calificado como ‘la Biblia de la ciudad’, marca y condiciona todo lo que se puede hacer –y no hacer- en la urbe durante su periodo de vigencia.

Esta subestimación del urbanismo no ha sido exclusiva de Zoido, sino proverbial en el PP de Sevilla, como ya demostró Soledad Becerril al dejarlo en manos del PA de Rojas Marcos cuando gobernó en coalición con los andalucistas, que se vieron teniendo entre las manos el gran instrumento de poder municipal.

Zoido, pese a provenir del mundo jurídico, haber sido delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y Andalucía y líder de la oposición municipal en los cuatro años previos, no pareció aprender de la etapa de Soledad Becerril, mantuvo una visión meramente política del urbanismo –como si las cuestiones en esta parcela pudieran acelerarse o ralentizarse por el designio de los gobernantes- y nombró delegado y gerente de Urbanismo a Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo, respectivamente, dos personas con buena voluntad pero ajenas por completo a este mundo.

EL PEOR MOMENTO

Además, desembarcaron en las caracolas de la Cartuja en una de sus peores por no decir la peor época reciente. El estallido de la crisis inmobiliaria, con el hundimiento de los ingresos por licencias de obra ante la casi nula actividad constructora, había dejado bajo mínimos las arcas de la Gerencia, ya esquilmadas por la dupla Monteseirín/Marchena, que hasta se gastó el dinero del PGOU para los nuevos desarrollos urbanísticos en obras faraónicas como las Setas de la Encarnación (140 millones de euros).

Por ende, las imputaciones judiciales de la juez Alaya en las diversas ramas del caso Mercasevilla, entre ellas la venta de los suelos a una filial de Sando, causaron un miedo cerval entre los técnicos de Urbanismo a sobrepasar cualquier límite a la hora de mover papeles en el departamento, con lo que se extremaron aún más las exigencias de documentos y el agotamiento de los plazos, sin que dos neófitos como Vílchez y Leopoldo tuvieran la capacidad y los conocimientos precisos para cambiar la dinámica de funcionamiento de la Gerencia.

Frente al optimista anuncio de Zoido en 2011 de que él iba a desbloquear en dos meses el proyecto de Ikea gracias a la existencia de un gobierno local con mayoría absoluta que no tuviera que hacer concesiones a un socio de coalición, como había venido ocurriendo en la ciudad desde hacía veinte años, pronto empezó a imponerse la cruda realidad técnica del urbanismo, mucho más compleja en sus normas, plazos y garantías legales.

JUNGLA POR DESBROZAR

En realidad, el proyecto de Ikea era como una jungla que había que desbrozar a machetazos para avanzar. El alcalde descubrió que la multinacional sueca pretendía dar un pelotazo a la vieja usanza, con una recalificación urbanística a la carta y gracias a la cual, con un exceso de edificabilidad de 41.00 m2 en números redondos, construir un cinturón de tiendas alrededor de la suya como gancho y con cuyas rentas financiar de forma gratuita su segundo proyecto en Sevilla.

Por los terrenos de San Nicolás Oeste cruzaba una vía pecuaria que había que deslindar primero y desafectar después (los problemas de recalificar como urbanos unos suelos rústicos de toda la vida), con todo lo que ello implicaba de informes, exposiciones públicas, alegaciones, procesos de aprobación administrativa, publicación en boletines oficiales…

La propia normativa urbanística imponía sucesivas aprobaciones del preceptivo Plan Parcial, con aportación a los expedientes de los informes sectoriales y alegaciones también de organismos oficiales, alguno de los cuales (Dirección General de Carreteras) fue incluso negativo para los intereses del Ayuntamiento.

Y como guinda del pastel, la supeditación del proyecto a su conexión con una vía rápida de comunicación, la SE-35, pintada sobre una zona verde cual era el parque del Tamarguillo, financiado con fondos europeos, razón por la que Bruselas abrió un dictamen motivado al Gobierno de España, máxime tras el precedente del derribo de la biblioteca de la Universidad por haberse erigido sobre los jardines del Prado.

Y SIGUE

La resolución de toda esta maraña administrativa y urbanística, en la que estaban implicados también el Gobierno de la nación y la Unión Europea y no sólo la Junta de Andalucía, sobre la que siempre ha puesto el foco el Ayuntamiento, le ha ocupado a Zoido los cuatro años de este mandato. La historia, sin embargo, aún no ha terminado, ni mucho menos, porque se estima que todavía le pueden quedar un par de años de trámites urbanísticos (por ejemplo, los proyectos de reparcelación y urbanización), y de otro tipo para  la construcción de la conexión alternativa a la SE-35.

El caso de Ikea sería extrapolable a muchos otros proyectos de índole urbanística que el alcalde pensaba se desbloquearían o activarían, según los casos, por la simple formulación de un designio político del gobierno municipal, como si los procedimientos reglados pudieran desvanecerse de la noche a la mañana: la Gavidia, Altadis, Sevilla Park, el Caixaforum en las Atarazanas, el complejo comercial de Decathlon en la isla de la Cartuja, el museo de las Tradiciones junto a la Torre de la Plata, el Paseo de las Artes en Torneo, la Ciudad de la Justicia en el Prado, un nuevo puente en la Cartuja, un nuevo parking al margen del PGOU en la Alameda y en las naves de la calle Becas….

Se comprende,  pues, que por el desgaste sufrido durante estos cuatro años, Maximiliano Vílchez, que reconoció que se planteó su dimisión, no repita en la lista de Zoido para las próximas elecciones municipales: de él han dependido las dos áreas en las que el alcalde ha sufrido más sinsabores, el urbanismo y (polémicas por los arboricidios y las podas de árboles a mansalva) y el medio ambiente.

 

 

‘Radiografías’ verdes

Las primeras tormentas de septiembre no sólo han dejado inundados sótanos, garajes, la comisaría de la Ranilla y los túneles del Metro, volviendo a demostrar por enésima vez lo mal que se prepara Sevilla para recibir las lluvias que anticipan el otoño, sino que también se han llevado por delante algunos árboles previamente debilitados, como fue el caso del caído en la calle Palos de la Frontera.

Zoido, que aún respira por la herida de la polémica a cuenta de la inmisericorde tala de plataneros en la calle Almirante Lobo -la Plataforma en defensa de los parques y jardines convocó el pasado fin de semana una concentración de protesta a los pies de la torre del Oro-, volvió a sacar a colación el tema del arbolado en su visita a la escuela-taller de hostelería de Torreblanca.

Allí comunicó a la opinión pública que ha pedido que se haga una ‘radiografía’ de qué árboles tenemos que plantar en Sevilla y recordó que hace escasas fechas se encontró en el Ayuntamiento un informe que databa del año 2001 y en que se aseguraba que la mayoría de los plataneros de Indias estaban enfermos y deberían ser sustituidos..

El alcalde aboga no por plantar árboles más baratos o de crecimiento más rápido, sino aquellos más adecuados en función de las condiciones medioambientales de Sevilla y cuyas raíces no levanten las aceras o estropeen las tuberías o los desagües.

LA MISMA HISTORIA

Las palabras de Zoido parecen un ‘déjà vu’, porque seguimos debatiendo sobre los árboles y su estado y viendo cómo se siguen eliminando de forma masiva (desde el arboricidio en la Plaza Nueva, Avenida y calle San Fernando con motivo del tendido del tranvía y la pretendida peatonalización hasta el reciente de la calle Almirante Lobo) pese a que tras cada episodio polémico se hacen propósitos de enmienda y se proclaman las mejores intenciones sobre el patrimonio natural sevillano.

Si nos remontamos a los tiempos (años 90 del pasado siglo) en que Soledad Becerril se encadenó a un gran eucalipto en la antigua Catalana de Gas para evitar que lo cortaran, vemos que las historias sobre las talas se repiten.

Las palabras de Zoido invitan a reflexionar sobre cómo es posible que los técnicos municipales hicieran en 2001 un informe sobre la situación del arbolado en general y de los plataneros en particular, en el que preconizaban la sustitución de éstos, y que se hayan  seguido sembrando hasta la fecha; y cómo es posible  que el gobierno actual haya tardado más de tres años en enterarse de su existencia.

Hemos llegado a un momento procesal, valga la expresión jurídica, en que ya no se necesitan más ‘radiografías’ del arbolado sevillano, sino actuar o dejar de actuar (podas, talas masivas o a destiempo) en función de los informes y conocimientos acumulados y que los gobernantes de turno les den a los árboles y a los técnicos de Parques y Jardines -y no sólo a los de Urbanismo- la importancia que tienen para la ciudad.

El informe de 2001 ya era una ‘radiografía del estado de los árboles, pero se usó no conforme al dictamen de los técnicos, sino a conveniencia de los políticos. Monteseirín se basó en aquel documento para tratar de justificar la tala de plataneros de la Plaza Nueva para el tendido del tranvía, para a continuación -como hemos recordado anteriormente- llenar de plataneros la avenida de Italia y flanquear con este tipo de árbol la ciudad deportiva del Betis. ¿Para qué sirvió entonces el dinero y el tiempo empleados en diagnosticar el estado de los árboles?

ABUNDANCIA DE EXPERTOS

¡Si está todo estudiado! El Ayuntamiento lo tiene facilísimo si en verdad quiere asesorarse convenientemente sobre cómo debe actuar en cuestión de parques y jardines, ya que a su alcance están los técnicos municipales de dicha especialidad, los profesores de las universidades sevillanas (Hispalense, Pablo de Olavide, Internacional y Loyola), el personal superviviente de la Escuela de Jardinería ‘Joaquín Romero Murube’ y, si no los tacha de enemigos y sabe ganárselos para esta causa, la Plataforma de Parques y Jardines, la Asociación de Amigos de los Jardines de la Oliva y Ecologistas en Acción.

Con todo este panel de expertos se puede supervisar la aplicación de todas las ‘radiografías’ realizadas hasta la fecha. Por saberse, se sabe hasta cuáles son las especies de árboles que más contribuyen a combatir el ‘efecto invernadero’ en la ciudad, conforme al libro ‘Los sumideros naturales de CO2’, escrito por un equipo de investigadores bajo la dirección del catedrático de Ecología, Manuel Enrique Figueroa, y editado hace años por la universidad.

Desde entonces se conoce que en una calle de cien metros de longitud y con diez árboles plantados, la melia absorbería al día el CO 2emitido por 10.373 vehículos (cada uno libera 200 gramos por kilómetro recorrido); la acacia de tres espinas contrarrestaría las emisiones de 1.619 vehículos; la jacaranda, las de 1.405, y el olmo, las de 1.320.

Por el contrario, la catalpa, el árbol del amor y el ciruelo japonés son las especies menos eficientes, pues absorben el CO 2 equivalente a las emisiones de 38, 33 y 26 vehículos, respectivamente.

Las especies forestales más ecoeficientes son el pino carrasco y el piñonero, que absorben 48.870 y 27.180 kilos de CO 2 al año, y el alcornoque, con 4.537 kilos.

HASTA EL CONSUMO DE AGUA

El mismo catedrático hizo más recientemente otra ‘radiografía’ ecológica, mediante la cual averiguó el consumo de agua de las 103 especies de árboles y de 88 arbustos existentes en los jardines de la Universidad, estudio perfectamente extrapolable al resto de árboles de Sevilla.

Este estudio ha revelado que el ciprés, la mimosa y el olmo entre los árboles, y la banderita española, la adelfa y el pitosporo entre los arbustos, con gastos medios de entre 42 y 140 litros de agua por kilogramo de CO2 absorbido, son las que menos agua demandan, frente a las especies menos eficientes como el árbol de fuego, el brachichito y la altea, que presentan gastos de entre 700 y hasta 2000 litros de agua.

Entre el informe de 2001, los estudios de la Universidad y las directrices emanadas de los numerosos congresos nacionales e internacionales sobre jardinería hay material de sobra para aplicar una correcta política de siembra, mantenimiento, poda y sustitución (cuando se compruebe que es necesario, por efecto de las plagas, debilitamiento u otras razones) de nuestros árboles, por consenso y con información transparente a la opinión pública.

INVENTARIO POR CONTRATO

Si el alcalde pide a estas alturas una ‘radiografía’ del arbolado de la ciudad, sus palabras dejan en evidencia al propio gobierno municipal, ya que éste debería tener un inventario y una evaluación de la situación de los árboles por lo menos desde hace dos años, tras haber adjudicado un macrocontrato de conservación de las zonas verdes por valor de 48 millones de euros.

El punto 4.9 del pliego de condiciones del contrato firmado  con las empresas privadas para el mantenimiento de los parques y jardines especifica, entre otras cosas, lo siguiente:

“Asimismo,  para la disminución del riesgo potencial del árbol urbano es necesaria su prevención mediante la detección, el análisis y la evaluación de aquellos árboles que pueden presentar peligro para la seguridad vial y de aquellos otros que por su estado de regresión o decrepitud precisan un estudio pormenorizado para determinar su viabilidad futura.

La empresa adjudicataria deberá realizar en el plazo máximo de tres meses en el viario y de seis en el resto de las zonas verdes tras la firma de los respectivos contratos, la evaluación de todo el arbolado del lote de distrito correspondiente, con los instrumentos necesarios que se consideren en cada caso, presentando al final del plazo establecido un programa de apeos o sustituciones de árboles peligrosos o en mal estado que sean susceptibles de actuación, diferenciando claramente dos niveles de prioridad en las actuaciones a realizar, es decir, se establecerán actuaciones  de acción (sic) inmediata que impliquen un claro riesgo en el momento de la evaluación del arbolado, y otras a medio o largo plazo en las que los árboles o palmeras no presentan riesgo pero podrían entrañarlo con el paso de los meses….”.

¿Y LA TRANSPARENCIA?

El macrocontrato firmado por el Ayuntamiento y que ha costado a los contribuyentes sevillanos 48 millones de euros obligaba a tener una ‘radiografía’ del arbolado de la ciudad desde hace dos años. ¿Cómo entonces Zoido habla de pedirla ahora? La oposición se pregunta si es que acaso ese informe no se ha realizado. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, asegura que los funcionarios municipales realizan el control del macrocontrato “bajo una total y absoluta transparencia”.

Si es así, y en línea con la política de “luces y taquígrafos” prometida por Zoido, Vílchez tendría que difundir, colgándola por ejemplo en la página web municipal para que sea accesible a todos los sevillanos, la ‘radiografía’ del arbolado que debió realizarse hace dos años, so pena de que haga lo mismo que con los expedientes de la tala de la calle Almirante Lobo, denegados a Ecologistas en Acción desde que los solicitó en el mes de febrero y por cuya negativa el Defensor del Pueblo le ha incoado un expediente al Ayuntamiento de Sevilla.

La agilidad como coartada

Todos los alcaldes comienzan y acaban igual. La única diferencia consiste en el tiempo que tardan en hacerlo, en completar el tránsito de la transparencia y la participación prometidas al inicio de sus mandatos a la opacidad y la restricción posteriores. Todos prometen corregir la prácticas viciadas de sus predecesores e integrar a los vencidos en las urnas, su más o menos leal oposición, pero acaban marginándola a fin de no someterse a su, para ellos, inoportuno, control, pese a que en Democracia el rol de la oposición es justamente ése y esencial: fiscalizar al gobierno para que no se extralimite y se atenga siempre a la observancia de los preceptos legales.

Si se revisaran los discursos de Monteseirín tras sus investiduras (tres veces) como alcalde, formalmente parecerían impecables, tanto que hasta podrían haber sido suscritos por Zoido. Todo eran bonitas palabras, mano tendida a la oposición, gobernar para todos los sevillanos y no sólo para quienes habían votado a la lista de su partido que él encabezaba, transparencia en los asuntos públicos, democracia participativa, etcétera, etcétera.

Pocos dirían, a la luz de aquellas palabras y sin conocer la trayectoria posterior del alcalde con más escándalos en su etapa de gobierno y mayor agujero en las cuentas públicas y en las empresas municipales, que esas promesas se convertirían en humo a las pocas semanas o meses de recoger el bastón de mando. Así, una de las decisiones de Monteseirín como alcalde fue excluir a la oposición del PP, liderada entonces por Zoido, de los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento, como Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa…

EL DISCURSO HACE AGUAS

Para marcar diferencias con el gobierno de coalición PSOE-IU, Zoido anunció tras su investidura como alcalde que daría representación a los partidos de la oposición en las compañías y entes del Ayuntamiento pese a su mayoría absolutísima (20 concejales). El discurso de la transparencia y la participación anunciadas por el nuevo alcalde se resumió en su famoso lema “luces y taquígrafos”.

Sin embargo, a tan sólo diez meses de las próximas elecciones municipales, el discurso del alcalde ha empezado a hacer aguas de forma significativa según evidencian las actuaciones de su gobierno, pese a que éste, con 20 concejales, no debería aparentemente mostrar signos de debilidad o inseguridad. Pero le empiezan a molestar las voces críticas o no alineadas y obra en consecuencia al procurar evitarlas o que, al menos, no se oigan.

Así, ninguna asociación vecinal que no fuera afín a los planteamientos del Ayuntamiento o hubiera adoptado previamente alguna posición crítica fue invitada por el gobierno local a la inauguración oficial del parque del Guadaíra pese a que, paradójicamente, Zoido dio las gracias en su discurso a los colectivos que con sus aportaciones y sugerencias habían contribuido al diseño final de una obra que es unánimemente considerada esencial para la vertebración de la zona Sur de la ciudad y la integración del Polígono Sur, al discurrir entre este barrio marginado y Heliópolis.

VÍA RÁPIDA

Como se recordará, con la excusa de la crisis, el proyecto inicial del parque, con el que se pretendía reinstaurar un curso de agua por el antiguo cauce hasta la dársena del Guadalquivir con lagunas, molinos y pasos elevados sobre la avenida de Holanda, mutó hasta convertirse en el intento de construir una vía rápida de circulación para enlazar la carretera de Su Eminencia con la prolongación de la avenida de La Raza, una mera vía rápida flanqueada por árboles a uno y otro lados.

La fuerte oposición vecinal en Heliópolis, Pedro Salvador, Pineda y otras barriadas obligó a aparcar un proyecto que todavía pende como una espada de Damocles sobre el parque, cuya espina dorsal no deja de ser una plataforma de menor anchura pero reconvertible en cualquier momento en carretera. A la hora de la verdad, los colectivos que impidieron que el parque del Guadaíra fuera una vía rápida con árboles en sus cunetas no salieron en la foto de la inauguración porque fueron excluidos del acto oficial.

URBANISMO

La semana pasada, el gobierno municipal avanzó en su estrategia de aislar a los discrepantes, en este caso su oposición PSOE-IU, en la Gerencia de Urbanismo, el departamento que históricamente ha sido el más poderoso y brazo ejecutor de las políticas del Ayuntamiento de Sevilla pero que a Zoido no deja de producirle dolores de cabeza por la descoordinación existente en su cúpula.

Las dos últimas pruebas las hemos tenido en los dos intentos frustrados de la Gerencia de acelerar la aprobación del convenio urbanístico/modificación subsiguiente del PGOU con Altadis y Puerto Triana para la recalificación de los suelos de la multinacional tabaquera y la construcción de un puente al servicio de la torre Pelli, que han sido tumbados por sendos informes del secretario municipal debido a su improcedencia legal y amplificados por la oposición gracias a su presencia en el Consejo de la Gerencia, que le permite el acceso a los expedientes y controlar más o menos en tiempo real la labor de Urbanismo.

Para evitar esa fiscalización ‘en simultáneo’ y quedar en evidencia ante la opinión pública por la difusión de los dictámenes negativos de los Servicios Municipales, el gobierno de Zoido ha decidido un vaciamiento de las competencias del Consejo de Gobierno de la Gerencia y el traspaso de la mayor parte de las mismas a la Comisión Ejecutiva, donde ya no están representados los partidos de la oposición, sino sólo los ediles de la mayoría gobernante.

VACIAMIENTO

A partir de ahora, el Consejo de Gerencia sólo conocerá los asuntos relacionados con los presupuestos, las ordenanzas fiscales y las modificaciones del PGOU. Pasan a la Comisión Ejecutiva los temas relativos a vivienda, licencias de ocupación del dominio público, adjudicaciones de obras, expropiaciones, inscripciones de solares, recursos judiciales, quioscos, gastos de hasta 200.000 euros y ayudas y subvenciones.

Formalmente, Zoido no ha expulsado a la oposición del Consejo de un organismo autónomo del Ayuntamiento cual es la Gerencia, pero al reducir sus competencias al mínimo el resultado es prácticamente como si lo hubiera hecho y redunda en detrimento de las ‘luces y taquígrafos’ prometidas por el alcalde.

La oposición ha calculado que si en el mes de junio hubiera estado ya vigente esta modificación, el orden del día del Consejo de la Gerencia hubiera pasado de 90 asuntos a 10, porque 80 habrían sido tratados sólo por el Comité Ejecutivo. El dato significa una reducción ¡del 89%! de los asuntos a tratar.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha tratado de justificar la medida con la manida tesis de la agilización de los procedimientos y para una mayor eficacia en la gestión, el mismo argumento que en la Junta de Andalucía ha acabado por configurar toda una Administración paralela para sustraerla al control de los órganos de supervisión, con resultados que están en la mente de todos.

Asimismo, Vílchez afirma que la oposición tendrá acceso a cualquier documentación que quiera ver, independientemente del órgano en que se apruebe, pero no es lo mismo, obviamente, acceder a los documentos casi en pie de igualdad y poder reaccionar sobre la marcha que ‘a posteriori’ e incluso permitiéndole tomar sólo notas a mano durante un tiempo limitado.

CRUZ ROJA

Y, en esta línea, la delegada del distrito Macarena, Evelia Rincón, ha declarado que asociaciones como A Contramano y Ecologistas en Acción, cuyo objeto social es la defensa de la bicicleta como medio de transporte y el medio ambiente, respectivamente, no han sido invitadas por el Ayuntamiento a la mesa de trabajo para la remodelación de la avenida de la Cruz Roja “porque -dijo- no van a opinar sobre las canalizaciones de Emasesa ni sobre la limpieza de Lipasam”.

Pero la reordenación de la avenida es mucho más ambiciosa que cambiar unas canalizaciones o unos contenedores de basura de sitio, ya que el Ayuntamiento ha anunciado también la creación de plazas de aparcamientos para coches pese al carril-bici existente y la reposición del arbolado, lo cual significa que previamente se eliminarán los árboles que hay ahora. Son dos cuestiones altamente sensibles y que se sustraen a la opinión de estos dos colectivos ciudadanos pese a tanta promesa de fomentar la participación.

Como en el caso de la Gerencia de Urbanismo, el gobierno municipal no quiere tener presentes incómodos testigos que puedan cuestionar su actuación.

La Ordenanza del Ruido lleva seis meses en vía muerta

El Ayuntamiento aún no ha respondido a todas las alegaciones presentadas

Arguye que la complejidad del tema requiere de un estudio riguroso

Anticipa que el texto aprobado inicialmente será finalmente modificado

El gobierno municipal lleva ya medio año estudiando las alegaciones presentadas por asociaciones de vecinos, colectivos y hasta partidos de la Oposición a uno de sus proyectos más polémicos por la fuerte contestación social que suscitó en su día: la nueva Ordenanza sobre Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones. El equipo de gobierno expresó en una respuesta a la Comisión de Ruegos y Preguntas que la demora se debe a la complejidad del asunto y a la necesidad de extremar el rigor en el análisis.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente en julio de 2013 la nueva Ordenanza popularmente conocida como del Ruido, la cual contó únicamente con los votos a favor del grupo Popular y el rechazo de la oposición. A este rechazo político se le unió en la calle el de asociaciones de vecinos y diversos colectivos, como Juristas contra el Ruido y la Plataforma contra el Ruido.

El texto vio la luz con una fuerte polémica tras conocerse que el primer proyecto, redactado por técnicos municipales y que llegó incluso a ser tomado como modelo para su aplicación en toda Andalucía por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, fue desestimado por el gobierno municipal, el cual a continuación gastó 21.000 euros en contratar una asesoría externa para que elaborara un texto alternativo.

El nuevo proyecto fue objeto de un dictamen muy negativo por parte del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Hispalense Jesús Jordano Fraga, tras un encargo en tal sentido realizado por asociaciones de vecinos y la Plataforma contra el Ruido. Entre las muchas deficiencias observadas, el dictamen destacaba fundamentalmente tres: no se consideraban los veladores como fuentes emisoras de contaminación acústica, vía libre a que se otorguen nuevas licencias en zonas acústicas saturadas y legalización de actividades emisoras de ruidos en el seno de las viviendas.

El dictamen del profesor Jordano fue tomado como base por entidades ciudadanas para la presentación de numerosas alegaciones antes del cierre del plazo establecido, que se cumplió el 14 de noviembre de 2013.

LENTITUD

Desde entonces ha pasado medio año y el gobierno local, con las elecciones europeas en puertas y las municipales en lontananza, mantiene ralentizado el proceso administrativo e aprobación de un texto que no satisface a los hosteleros, los cuales lo consideran demasiado restrictivo, ni a asociaciones vecinales, que lo ven demasiado permisivo.

Extrañado por esta tardanza, el Grupo Socialista elevó el asunto antes de Semana Santa a la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones del Ayuntamiento para saber por qué no se había respondido todavía a todos los alegantes, no se había comunicado si se había modificado el texto original y tampoco se había tramitado para su aprobación definitiva en Pleno.

Según la respuesta del delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, el Servicio de Protección Ambiental no ha podido atender a todos los alegantes debido a que tiene que compaginar sus tareas con el estudio de las alegaciones. El retraso se debe fundamentalmente al “estudio riguroso” de todas ellas. “Dada la complejidad de la materia objeto de la Ordenanza y la importancia que la misma tiene en la sociedad sevillana -afirma el delegado- están siendo (las alegaciones) analizadas y estudiadas para determinar su incorporación al texto….”.

Vílchez anticipa que “lógicamente, del resultado del estudio y estimación de muchas alegaciones, el texto aprobado inicialmente será modificado”.

 

Altadis: Esperado a Godot

El Pleno municipal de abril ha aprobado, con los votos en contra de la Oposición, el convenio con Altadis que permitirá la construcción de tres torres de entre 27 y 30 metros de altura en los suelos de la antigua fábrica de tabacos. Su impacto visual ya fue motivo de preocupación de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la entrevista que mantuvo en San Telmo con Zoido para que éste le explicara la operación urbanística.

El alcalde declaró a la salida del encuentro que “en principio, los edificios que están por detrás del que se construirá (sic) tienen mayor altura que el que se va a levantar, por lo que el impacto visual no será de importancia”. En esa misma línea se expresó en el Pleno el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, al subrayar que los edificios de la glorieta de las Cigarreras tienen 11 plantas (12 si se cuenta la baja), por lo que a su juicio los 30 metros de la torre de Altadis no tendrán un gran impacto en la zona.

PANTALLA VEGETAL

Si un observador se sitúa en el Paseo de las Delicias frente al edificio principal de Altadis, no percibe ningún impacto visual de los que están detrás del complejo industrial pese a tener éste cuatro plantas y algunos situados en esa zona de la calle Juan Sebastián Elcano ocho y nueve alturas, como dijo Zoido a la salida de San Telmo.

Y ello es así porque las cuatro alturas de Altadis equivalen a la de los inmuebles posteriores con el doble de plantas, como ratifica el informe del Servicio de Planeamiento: “El complejo de la fábrica es un recinto cerrado donde en su interior se disponen una serie de edificaciones, siendo la principal el edificio de tres y cuatro plantas de altura (equivalente en metros a seis o siete plantas) construido en el año 1954…”.

El edificio de 11 plantas (12 con la baja) de la glorieta de las Cigarreras (más los siguientes en dirección Suroeste) al que se refiere Vílchez no está detrás del complejo tabaquero, sino a la izquierda del puente de Los Remedios mirando desde el Paseo de las Delicias y su impacto paisajístico es muy perceptible desde la margen izquierda del Guadalquivir cuando el observador se sitúa en la glorieta de los Marineros Voluntarios y su entorno. Ahora bien, cuando el espectador se coloca enfrente de los actuales talleres de Altadis, esa mole queda muy difuminada por la hilera de enormes eucaliptos, aparentemente incluso de mayor altura que aquélla, que separa la fábrica de la multinacional de los jardines de Manuel Arellano.

La existencia de los grandes eucaliptos, unida al hecho de que a partir de la glorieta de las Cigarreras los inmuebles de la avenida presidente Adolfo Suárez se van separando del río progresivamente en forma de curva y ensanchando el campo visual para dejar sitio al recinto de la Feria, minimizan en gran manera su impacto paisajístico desde el primer tramo del Paseo de las Delicias, amén de que están construidos a entre 50 y 100 metros del cauce del Guadalquivir.

REPARCELACIÓN

Sin embargo, la construcción de las tres torres de 27 a 30 metros en el recinto de Altadis obligará, tal como figura en los planos del proyecto del convenio urbanístico y se encargó de subrayar en su día Juan Espadas, portavoz del PSOE, a ocupar la zona verde colindante con el puente de Los Remedios (Jardines de Manuel Arellano y de Manuel Ferrand), ahora calificada como ST-4 y sobre la que en el futuro se alzará un edificio de 27 metros que se “comerá” el actual espacio ajardinado y, presumiblemente, los enormes eucaliptos que actúan de pantalla vegetal.

Difícilmente se conservarán los grandes árboles que tapan la visión de los edificios traseros si, como se prevé, se construye debajo de las torres un parking subterráneo para dar servicio al complejo terciario, con mayor edificabilidad que el AireSur de Castilleja de la Cuesta.

Zoido ya reconoció tras su encuentro con la presidenta de la Junta que habrá un “replanteo” de los jardines, “los cuales no se pierden, sino que se trasladan al interior”. Efectivamente, tal como muestra el plano, se prevé que tras la reparcelación los actuales jardines, desde los que se puede disfrutar de la visión del río, parte de los jardines de San Telmo, el Paseo de las Delicias, el Parque de María Luisa y pabellones del 29 se trasladen y queden encajonados entre las torres de Altadis y los bloques de la calle Juan Sebastián Elcano, por lo que las plantaciones habrá que empezarlas de cero.

NO HAY VETO

Si tenemos en cuenta que las torres irán mucho más cerca del río, el resultado de la operación será que saltarán a la vista también los actuales edificios de 11-12 plantas de la glorieta de las Cigarreras y se formará así un muro-pantalla de torres de unos 30 metros en la margen derecha del Guadalquivir.

Vílchez ha dicho en o tras el Pleno que en el convenio con Altadis el Ayuntamiento se ha reservado expresamente el derecho de veto sobre el diseño final de los edificios que se ubicarán en la parcela con el fin, precisamente, de evitar que se construyan inmuebles que generen un alto impacto visual. El señor delegado se confunde y nos confunde, porque su aserto no responde a la realidad, tal como se comprueba leyendo el texto del convenio elevado al Pleno. No existe tal derecho de veto. Y aunque existiera, versaría en todo caso sobre el diseño de las torres (una mera cuestión estética), no sobre su altura (27 y 30 metros), ratificada en el convenio y que es lo que provoca el impacto visual.

PÉRDIDA INDUSTRIAL

Si se suma la recalificación de estas 3 ha de suelo en números redondos de Altadis a las de 10 ha del puerto que viene en camino para otro complejo terciario en torno a un Auditorio, Sevilla va a perder 13 ha de suelo industrial para destinarlo a usos hoteleros, comerciales y lúdicos que tanto abundan en la ciudad mientras se deslocaliza la industria (Altadis, Danone, Cargill, Panrico, Flex….) y el paro ha crecido en 15.000 personas en el trienio de Zoido hasta afectar a 92.000 sevillanos.

Por éso, en el Pleno el debate sobre la recalificación de Altadis trascendió al plano del modelo de ciudad que tenemos, queremos o necesitamos y hasta dónde nos llevará el más de lo mismo comercio-hoteles-oficinas y el abandono/deslocalización de la industria. Se constató por las declaraciones de Vílchez que el Ayuntamiento carece de iniciativa para paliar la situación y se muestra como un sujeto pasivo que se limita a dar vía libre a proyectos de terceros sin plantearse qué suponen para la ciudad y al presumible objetivo de lograr una economía diversificada y no dependiente del monocultivo comercial y turístico.

POTESTAD PLANIFICADORA

Así, Vílchez destacó que el gobierno municipal ha logrado que en la antigua fábrica de tabacos no se hagan viviendas, como si la decisión sobre el destino de los suelos y la potestad planificadora no dependieran de él y fuera Altadis la que hubiera hecho esa concesión graciable a la ciudad.

El delegado de Urbanismo también declaró: “No ha venido nadie para un proyecto de servicios terciarios avanzados. ¿Qué quieren que hagamos?”. ¿No ha venido nadie o el Ayuntamiento no ha salido a buscarlo ni tampoco se le ha ocurrido que en esos suelos estratégicamente situados y calificados como de uso industrial singular podrían instalarse servicios avanzados en vez de lo de siempre? ¿Para qué sirve entonces pagar un buen dinero a consultoras como Deloitte con el fin de que, supuestamente, capten proyectos de inversión para Sevilla y vender continua y tópicamente nuestra estratégica posición entre el Norte y el Sur y el Este y el Oeste y nuestra calidad de vida?.

El mínimo debate sobre la recalificación de Altadis y el reconocimiento de que no ha venido nadie con una alternativa a los comercios, veladores y mercados gourmet, no de que nosotros no hemos ido a la caza de proyectos de ese tipo,  es la demostración de que Sevilla, poco activa y demasiado pasiva, siempre está, como en la obra de Beckett,  esperando a Godot.

Conflicto político en el gobierno de Zoido por las ITE

La delegada de Hacienda desautoriza al de Urbanismo al boicotear la inspección del patrimonio municipal

Vílchez deja en evidencia a Zoido, alineado con Fley, al sostener que la Ordenanza obliga a los edificios oficiales

A Urbanismo no le constan las revisiones periódicas a los edificios del Consistorio que invoca Hacienda

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha quedado en una situación política insostenible dentro del gobierno municipal al ser desautorizado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en su intento de aplicar la Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los inmuebles del Ayuntamiento y ver cómo el alcalde ha tomado partido por esta última y en contra de sus tesis.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Muñoz, aprovechó ayer la reunión de este organismo y la presencia del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y del gerente, Alberto de Leopoldo, para abordar la polémica desatada tras revelar Viva Sevilla que el Ayuntamiento no aplica la Ordenanza de la ITE a sus inmuebles (unos 400) mientras está imponiendo multas de hasta 6.000 euros a los sevillanos que la incumplen.

A preguntas del concejal socialista, Alberto de Leopoldo confirmó que no existe ningún informe jurídico en la Gerencia que justifique que los edificios municipales no deban pasar la ITE. En este sentido, el artículo 1.2 de la norma dice textualmente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

La Gerencia no tiene ningún informe que contradiga lo dispuesto en la norma y Alberto de Leopoldo tampoco conoce que el área de Edificios Municipales, dependiente de la Delegación de Hacienda, haya elaborado ningún documento en ese sentido, pese a la cual la delegada, Asunción Fley, sostiene que la Ordenanza no es aplicable a los inmuebles del Ayuntamiento.

Llegados a este punto, Antonio Muñoz planteó a los responsables de Urbanismo si van a mantener alguna reunión con la Delegación de Hacienda para afrontar el problema creado en el seno del gobierno municipal. El gerente respondió que habrá un encuentro “próximamente”.

 

SE PLIEGA ANTE HACIENDA

 

El portavoz socialista planteó entonces si los edificios municipales van a pasar finalmente la ITE, ante lo cual el gerente contestó que Urbanismo, la Delegación competente para aplicar la Ordenanza e imponer sanciones por su incumplimiento, se ha plegado a solicitarlo ante el Departamento que vela por los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, y reconoció implícitamente el boicot de Hacienda al decir que esa solicitud estaba en vía muerta porque la Gerencia no puede sancionar al Ayuntamiento del que depende.

A la pregunta directa del concejal socialista sobre si Urbanismo entiende que los edificios municipales deben pasar la ITE como el resto de inmuebles de Sevilla, el gerente, avalado por Maximiliano Vílchez con su silencio, ratificó que debe ser así, ya que en caso contrario no hubiera cursado la petición ante Hacienda.

Estas afirmaciones contradicen al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, que se ha alineado claramente con Asunción Fley en el conflicto que enfrenta a dos de sus delegados, ya que el pasado martes declaró que los edificios municipales no deben pasar la ITE “porque gozan de otra condición”. Según el alcalde, en 2010 (mandato de Monteseirín) “no se había pasado ninguna revisión y las que necesitan los edificios municipales se han pasado con este gobierno”.


Sin embargo, Urbanismo también dejó ayer en evidencia a Zoido, ya que en la reunión del Consejo de Gerencia sus máximos responsables reconocieron que no les consta que se haya hecho revisión alguna a los 400 edificios municipales por la Delegación de Hacienda ni se le ha remitido tampoco por esta última informes que acrediten el estado de conservación de estos inmuebles, manifiestamente deficiente en casos a la vista de todos como los de Villa Encarnita y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

La infravivienda según Vílchez

Si no fuera porque el almanaque marcaba la fecha del 8 de diciembre en vez de la del 28, Día de los Santos Inocentes, las declaraciones del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, el pasado domingo durante una entrevista periodística bien habrían podido ser tomadas por una inocentada. El delegado, que reconoció haber pensado en dimitir en más de una ocasión a lo largo de estos dos años y medio de mandato que mañana se cumplen, se lamentaba de que por mor del estallido de la burbuja inmobiliaria no gozaba de la misma largueza presupuestaria que sus predecesores. Cuando le preguntaron que en caso de que hubiera dispuesto de similares fondos en qué los habría empleado, su respuesta fue que en combatir la infravivienda.

A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.

FRENAZO A EMVISESA

A pesar de que había por entonces unos 16.000 demandantes de VPO inscritos en las listas de espera de Emvisesa, el gobierno constituido por Zoido paralizó prácticamente desde sus inicios la construcción de nuevas viviendas públicas con cargo a la empresa municipal Emvisesa, obviando la promesa electoral del alcalde de edificar 4.000 durante su mandato.

Las infraviviendas que sitúa en su punto de mira el delegado de Urbanismo al menos existen e incluso, dada la falta de alternativas, pueden hasta acabar cobijando varias generaciones de una misma familia, pero las VPO que no se construyen, sencillamente no figuran para nada. Es más, puede decirse que la falta de VPO contribuye a consolidar las infraviviendas que hay en las zonas degradadas de la ciudad, ya que se deja sin apenas opción a los jóvenes que pretendan emanciparse.

El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.

Los planes del Ayuntamiento para la empresa municipal se han limitado a administrar la ‘herencia recibida’ (ésa de la que tanto se queja el alcalde) del mandato anterior PSOE-IU para ir entregando gradualmente las 719 VPO iniciadas antes de su llegada al Ayuntamiento y a medida que se vayan terminando las promociones.

SIN BALÓN DE OXÍGENO

Tenemos en torno a 15.000 demandantes de VPO y 9.199 de nuestros 90.740 parados pertenecen al sector de la construcción, por lo que un impulso a la edificación de nuevas viviendas públicas sería un estímulo para nuestra maltrecha economía local, pero el Ayuntamiento ha frenado la actividad y los presupuestos de Emvisesa con el pretexto de la crisis, los recortes y la sequía crediticia. En puridad, el gobierno local sólo ha promovido 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, que supondrían, en caso de materializarse, únicamente el 0,4% de las prometidas por el alcalde.

En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.

Esta deuda lastra sus cuentas, pese a que existe desde 2012 un acuerdo, incumplido aún, de la Junta de Gobierno de transferirle 11,2 millones de euros y parcelas por valor de 14,2 millones. Esta laxitud con Emvisesa contrasta con la celeridad para modificar el Presupuesto de la ciudad si hace falta y transferirle cantidades millonarias a una Tussam en apuros, pero, claro, Emvisesa no tiene 1.000 conductores que puedan paralizar el transporte público en la ciudad en caso de problemas. Por tanto, cuando la oposición habla de que Zoido podría repetir con Emvisesa el mismo caso que con Sevilla Global, halla argumentos sobrados para ello en la actuación de su gobierno.

RETRASOS EN LOS PAJARITOS

En el estandarte de la lucha contra la infravivienda propiamente dicha, la primera etapa de la rehabilitación de Los Pajaritos (herencia del Plan Integral para los Tres Barrios, que el gobierno anterior redactó pero que no impulsó, por centrarse en las Setas de la Encarnación, la Alameda y los carriles-bici) se están incumpliendo los plazos anunciados previamente. En su última visita a las obras del edificio-puente, sito cerca de las cocheras de Tussam y al que deben trasladarse de forma transitoria las familias para poder derruir sus viviendas actuales y construir en su lugar otras más dignas, Zoido prometió que estaría concluido en noviembre.

Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.

Hasta aquí, el Ayuntamiento podría tratar de ampararse en la coartada de los recortes económicos y el cierre del grifo del crédito por la banca para justificar que no ha podido hacer mucho más en estos dos años y medio, pero cuando las palabras del delegado de Urbanismo quedan como un mero brindis al sol es cuando se analiza la política municipal con los recursos que ya tiene.

CORRAL DE TRIANA

Si tanto le preocupa al Ayuntamiento el problema de la infravivienda en nuestra ciudad, menos se comprende aún que haya dado prioridad al intento de ahorrarse 60.000 euros anuales del alquiler de la comisaría de la Policía Local en Santa Fe trasladando su sede a la Casa Tapón, en Pagés del Corro, en un corral en el que existen 13 viviendas municipales, de las que ocho siguen vacías pese a que hay 700 familias en situación tan desesperada que ni siquiera pueden pagar un alquiler y sólo aspiran a un piso social.

Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.

Cabría recordar cómo el gobierno local, que se dice tan preocupado por la infravivienda, desmanteló Otainsa, la oficina creada en el anterior mandato para atender a las personas en riesgo de desahucio, y cómo desde Urbanismo, de la que depende Emvisesa, se dio orden de desahuciar a  inquilinos de viviendas municipales en San Jerónimo y otros barrios antes de que tras varios suicidios que conmocionaron el país el alcalde, de forma políticamente oportunista, ordenara paralizar casi en el último minuto los lanzamientos previstos.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El delegado de Urbanismo expresa su preocupación por la infravivienda, pero lleva dos meses de papeleo en Emvisesa para resolver las decenas de peticiones de inquilinos con escasos recursos que aspiran a un alquiler social, también prometido al hilo de los últimos acontecimientos por el alcalde.

Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.

Por más que Maximiliano Vílchez exprese su inquietud por la infravivienda, la política de Zoido no está contribuyendo precisamente a erradicar el problema. Sus escasas iniciativas en este campo amenazan con convertirse en el mayor capítulo del Debe del alcalde ante la próxima cita con las urnas, para la que ya sólo falta año y medio.

“Sólo aciertan cuando rectifican”

El fundador y posterior presidente honorario del PP además de uno de los ‘padres’ de la Constitución, Manuel Fraga Iribarne, acuñó en su época de líder de la oposición a los gobiernos de Felipe González una de esas frases que ha perdurado en la memoria colectiva (como el “puedo prometer y prometo”, de Adolfo Suárez) pese al tiempo transcurrido. “Sólo aciertan cuando rectifican”, dijo para calificar los bandazos que de vez en cuando daba el socialista sevillano, pese a que éste gozaba de una mayoría absolutísima en las Cortes.

FragaSi Fraga levantara la cabeza podría llegar a la conclusión de que aquella máxima suya es aplicable cada vez con más frecuencia a un prócer de su propio partido, el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el cual no deja de rectificarse a sí mismo tras negar primero la mayor en temas de tanto calado como la rebaja del IBI (su delegada de Hacienda, Asunción Fley, decía que era imposible legalmente cuando quien lo planteaba era la oposición) y de los alquileres de Emvisesa, pero que luego, con la desenvoltura que lo caracteriza (recuérdese que iba a paralizar la torre Pelli cuando se hallaba en la oposición, para luego convertirse en su paladín una vez en la Alcaldía) pregonar como decisiones originales con el fervor del converso que se pone al frente de la manifestación.

RENTA SOCIAL

El pasado 8 de octubre, Zoido compareció en rueda de prensa junto con la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco; el de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, para anunciar la aprobación de un acuerdo en la empresa municipal de la vivienda en virtud del cual se aplicará una renta social a los inquilinos de promociones en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra que se encuentren en situación de emergencia social, una medida que se desarrollará con carácter “urgente y temporal”, para adaptarse a la situación de quienes tienen menos recursos.

Zoido emvisesaAl día siguiente el alcalde vindicó la paternidad de la medida, ignorando de forma deliberada las reiteradas peticiones de la oposición en tal sentido desde hacía meses y señalando sin inmutarse que había sido un compromiso suyo desde el principio pero sin poder explicar cómo en tal caso llevaba casi dos años y medio sin cumplirlo: “El PP ha sido el único gobierno municipal -afirmó- que ha puesto alquileres gratis para quien acredite que no puedo pagar, pero si el PSOE dice que ha sido idea suya, pues que lo diga, pero no sé a quién van a terminar engañando”.

La hemeroteca, ese depósito de la memoria, pone siempre a cada uno en su sitio. Así, tirando de hemeroteca puede comprobarse que tan sólo una semana antes, en el Pleno municipal de septiembre, los socialistas volvieron a reiterar su solicitud de que se rebajaran los alquileres a los inquilinos en dificultades económicas, tal como luego, el 8 de octubre, acabó anunciando el alcalde.

NEGATIVA

Para rechazar la petición, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, respondió como si el PSOE hubiera planteado una medida de carácter general e independiente de las rentas y circunstancias de cada inquilino para, a partir de ahí, construir su discurso justificatorio de la negativa: “una rebaja general -dijo- del precio del alquiler de viviendas, incluso para aquellos que ahora siguen teniendo los mismos ingresos que cuando firmaron su alquiler, sería injusta y discriminatoria. Esa política, ellos (por los socialistas) no la aplican allí donde gobiernan, porque es pura demagogia, olvidando que Emvisesa la pagan todos los ciudadanos, que quieren que su dinero se administre bien para atender las verdaderas situaciones de necesidad. No podemos saltarnos la ley”.

EspadasEl anuncio de la rebaja por parte de Zoido se produjo no sólo después de haberlo reiterado la oposición, sin éxito entonces, en el Pleno de septiembre, sino también de la carta que Juan Espadas remitió a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le pidió que abriera una investigación sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones y sobre la gestión de la vivienda protegida y vivienda social por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Espadas, entre otras muchas cuestiones, subrayó ante la Defensora del Pueblo que el gobierno local no concedía rebaja alguna de los alquileres a pesar de las circunstancias concretas de cada caso, y que tampoco estaba procediendo a recalificar viviendas sociales de venta para destinarlas a alquiler, a pesar de los acuerdos en tal sentido en el Pleno, de las recomendaciones de la propia Soledad Becerril y de que Emvisesa había reconocido la existencia de 184 viviendas en venta vacías.

Ha sido, pues, la oposición de PSOE e IU la que ha estado prácticamente desde los albores de este mandato insistiendo a Zoido en que modificara su política de vivienda y aplicara las medidas que ha tardado casi dos años y medio en adoptar, pese a lo cual el alcalde trata de aparecer ahora como el abanderado de las mismas. Prueba de esta improvisación es que el Ayuntamiento tardó tan sólo 24 horas en volver a rectificarse a sí mismo.

EL CAMBIO DEL IPREM

En la rueda de prensa con Dolores de Pablo, Maximiliano Vílchez y Miguel Contreras, tal como recogieron los medios de comunicación, el alcalde anunció que las unidades familiares sin ingresos sólo tendrían que afrontar el pago de la comunidad y de suministros como el agua y la luz, mientras aquellas cuyos ingresos no superen en una vez el valor del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) deberán pagar como máximo el 30% de los mismos, con un mínimo de 50 euros.

Dado que una vez el Iprem equivale a 532,51 euros, tanto PSOE como IU calificaron de insuficiente la medida, porque supondría que muchas familias en dificultades económicas no podrían acogerse a la bonificación y porque el límite establecido era aún más restrictivo, a la baja, que para los pisos sociales, donde se toma como indicador de 1,5 veces (796,53 euros) a dos veces el Iprem.

Y de nuevo el gobierno municipal hubo de rectificarse a sí mismo. El delegado de Urbanismo, Vílchez, saltó a la arena pública para sostener, conforme al manido argumento de que los medios habían malinterpretado al alcalde, que Zoido no iba a la zaga de Espadas y Torrijos porque el indicador que en realidad se tomaría como referencia sería 1,5 veces el Iprem (796,53 euros) y no una vez (532,51), con el fin de que el número de beneficiarios fuera mayor.

EL ERROR COMO EXCUSA

Mientras Vílchez enmendaba la plana al mismísimo alcalde culpando a la prensa, la página web emvisesa weboficial de Emvisesa le dejaba a su vez en evidencia a él mismo al establecer como condición para las bonificaciones a los alquileres el requisito que había anunciado Zoido: los ingresos familiares no superarían los 532,51 euros. Pillado otra vez en sus contradicciones, a Urbanismo ya sólo le quedaba alegar que se trataba de otro de sus ya clásicos “errores inmateriales”, el tercero de gravedad en el que ha tenido que ampararse desde el inicio del nuevo curso político.

Y con esa desenvoltura que le caracteriza para sostener primero una cosa y luego la contraria, Zoido también ha dicho con motivo de esta polémica sobre vivienda que su gobierno fue el primero de España que tomó la medida de que no iba a haber ningún desahucio en las viviendas de Emvisesa.

En este caso se le olvidó también decir que forzado por las demandas de la oposición y las protestas vecinales tras haber enviado la empresa municipal cartas de desahucio a cien familias en San jerónimo y el suicidio de varias personas desahuciadas en distintos puntos de España.

Y, una vez más, Zoido acertó cuando rectificó.

Como decía Fraga.

 

El IPREM

El delegado de Urbanismo, Max Vílchez, y la oposición se han abroncado a cuenta del IPREM. El nombrecito responde al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que es algo así como el Euríbor para las viviendas sociales. El lío se formó tras anunciar Zoido una rebaja en los alquileres de Emvisesa para inquilinos con ingresos equivalentes a una vez el IPREM. La oposición replicó que era demasiado poco y exigió 1,5 veces el dichoso indicador. Vílchez, en plan bulldog, salió en defensa de su jefe y dijo que en realidad éste no había dicho una vez el IPREM, sino una y media, pero resultó que en la página web de Emvisesa se reflejaba que sería una vez y no 1,5 (¿me siguen o se han perdido ya?). Al final, como siempre en Urbanismo, todo fue fruto de un error técnico del primer informático que hubiera a mano. Ahora bien, el 2-5-2012, Max declaró que no se podían rebajar las rentas por 1,5 veces el puñetero IPREM porque eso llevaría poco menos que a la ruina a Emvisesa.¿Y cómo ahora sí se puede? Será porque en 2012 aún faltaban tres años para las elecciones.

Reincidente

Espadas ha cogido a Max Vílchez no con el paso cambiado, sino repitiendo el mismo que el año pasado tuvo que refrenar cuando fue también pillado ‘in fraganti’ tratando de colarle a los señores del ladrillo una Ordenanza Fiscal que le habría permitido subirles hasta en un 100% las licencias de obras. Sin propósito de enmienda, ha intentado repetir la jugada, pero su movimiento ha sido detectado por el radar de los sociatas, cuyo líder se ha declarado en guardia permanente para lo que resta de mandato. Para salir del desaguisado, política y económicamente incorrecto, Vílchez se ha escudado en que los duendes de Urbanismo han  provocado el ‘error material’ de que se repitiera en el proyecto de Ordenanzas para 2014 el texto que había sido retirado a última hora el año pasado, merced a la alegación de Miguel Rus, de la Ordenanza de 2013. Vamos, que ha cantado la gallina de que en las caracolas de la Cartuja se recurre sin rubor al ‘copiar y pegar’. En su escala y salvando las distancias, las Ordenanzas de Urbanismo equivalen al caso Minutas del Gobierno Zoido.