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Urbanismo, el reloj averiado de Zoido

La Delegación de Urbanismo, por acción u omisión, ha vuelto una vez más a chafarle los titulares al alcalde, que había planificado el inicio del nuevo curso político con la plasmación de su vieja promesa de rebajarles los impuestos a los sevillanos. La otrora área más poderosa del Ayuntamiento, y ahora bajo mínimos por su sobredimensionamiento tras la crisis económica general y el estallido de la burbuja inmobiliaria en particular, anunció una propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales a elevar al Pleno municipal con la misma estrategia que Tussam empleaba cada año con la revisión de las tarifas para el autobús.

La empresa municipal de transportes desviaba la atención de la opinión pública hacia el dato de la subida media del autobús intentando convencer de que se alineaba con la inflación prevista o incluso se situaba por debajo del IPC. Para ello aprobaba subidas mínimas en los títulos de viaje menos utilizados mientras cargaba la mano en los billetes y bonobuses más demandados por los sevillanos. En apariencia, la subida media estaba por debajo del coste de la vida, pero en la práctica los usuarios habituales del autobús pagaban y pagan más cada año.

UN ‘TROYANO’ EN LAS ORDENANZAS

Siguiendo la misma estrategia del bonobús, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, presentó un cuadro de rebajas para 2014 que en puridad sólo se producía en cuatro tasas menores y sin apenas incidencia en el bolsillo de la mayoría de los sevillanos; suponía una ‘congelación’, que no rebaja, en el resto y ocultaba un ‘caballo de Troya’ que, de no haber sido advertida a tiempo antes de su aprobación por el Pleno, habría incrementado hasta en un 100% el coste de las licencias de obras.

El ‘troyano’ de Vílchez era un párrafo que rezaba así: “Se entenderá, en todo caso, que tienen carácter singularísimo y peculiar a estos efectos las obras o instalaciones proyectadas cuyos presupuestos excedan en más de un 25% del valor resultante de la ampliación de las reglas y módulos que se contienen en los artículos 10 y 11”. Hasta ahora, el módulo base fijado por Urbanismo es de 486 euros, pero si se aprobaba este punto y se tomaba como referencia el valor real en un proyecto a un coste de 1.000 euros el m2, la licencia de obras se duplicaría.

La Gerencia de Urbanismo, que ha pasado de nadar en la abundancia a sufrir pérdidas y a conocer que el Ayuntamiento piensa en su disolución y en un recorte salarial del 30% a una plantilla en la que casi la mitad de sus miembros cobra un plus por jefatura de algo, ya intentó el año pasado incrementar sus ingresos con una Ordenanza Fiscal similar a la de este proyecto.

MALESTAR DE LA PATRONAL

Aquel intento fue considerado ‘casus belli’ por la patronal sevillana, la CES, y la sectorial de la construcción, Gaesco, cuyo líder en ambos casos es el constructor Miguel Rus, el cual ha mantenido desde el principio algunos llamativos desencuentros, por decirlo diplomáticamente, con el Gobierno municipal. Zoido, una de cuyas máximas era la de tender alfombras rojas a los inversores, ordenó a Vílchez que retirara la propuesta.

Para salvar la cara ante los empresarios y la opinión pública hubo que lanzar la versión de que se había tratado de un borrador, un documento provisional redactado por los técnicos a espaldas o sin la aprobación del gerente, Alberto de Leopoldo (procedente de Cajasol y sin experiencia conocida en las lides urbanísticas), y del delegado, Maximiliano Vílchez, también sin antecedentes profesionales ligados a esta disciplina tan especializada.

La coartada ponía a los pies de los caballos a ambos responsables políticos, porque era el reconocimiento público de que no controlaban la Delegación y de que los técnicos maniobraban a su antojo. Si a ello se le unían fiascos anteriores como la pérdida de la inversión de Decathlon en la Cartuja y del proyecto de La Caixa en las Atarazanas, más el anuncio sin fundamento del inminente desbloqueo que nunca llega de la segunda tienda de Ikea, más que llovía sobre mojado en las caracolas de la Cartuja, sede de la Gerencia.

Fue el grupo municipal Socialista, liderado por Juan Espadas, el que destapó sobre la marcha que Urbanismo intentaba colar por segunda vez en dos años una Ordenanza Fiscal que le permitiría incrementar en un 100% el coste de las licencias de obras expedidas en la ciudad pese al hundimiento del sector de la Construcción, el cual lleva cinco años sin levantar cabeza. Esta contumacia podía de nuevo al alcalde en la tesitura de enfrentarse al ‘lobby’ del ladrillo y reeditaba el hondo malestar de los empresarios con un Ayuntamiento que no deja de proclamar su apuesta por la iniciativa privada y por la necesidad de rebajar impuestos para reactivar la economía.

SEGUNDO PRETEXTO

En un ‘déjà vu’ del año anterior, Urbanismo ha tenido que buscarse otro pretexto para tratar de justificar su actuación y la retirada, por segunda vez, de la Ordenanza de la discordia. Ahora, la coartada oficial consiste en que se ha producido un “error material” que ha propiciado “la introducción de un párrafo relativo a la tasa por licencia de obras que había quedado anteriormente suprimido del texto, no debiendo, por tanto, haberse reproducido”.

Explícitamente, pues, la Gerencia estaba reconociendo que había volcado el texto suprimido a última hora el año anterior en el de las Ordenanzas Fiscales para 2014, una chapuza informática que hunde aún más la reputación de un organismo que está colocado en el punto de mira de la Delegación de Hacienda por sus costes excesivos y sus números rojos y que da así más argumentos a la dama de hierro municipal, Asunción Fley,  para meterle las tijeras de los recortes.

Los frenazos y retrocesos de Urbanismo, que hay que justificar unas veces por el descontrol de sus dirigentes y otras por supuestos errores materiales -como si los ordenadores actuaran autónomamente y al margen de quienes los manejan-, suponen un tiro en el pie de un alcalde que en su toma de posesión anunció la excelencia en la gestión de los Servicios Públicos y que la ciudad funcionaría con la precisión de un reloj suizo.

EN EVIDENCIA

La Gerencia tiene 437 personas en plantilla, la mitad de ellos jefes que en conjunto cobran pluses millonarios por la responsabilidad que asumen en el desempeño de su labor. Pues bien, ninguno de estos 437 empleados municipales se percató del supuesto error motivado por la práctica de reproducir textos antiguos del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2013 y volcarlos en el de 2014 y salir así del paso lo más rápidamente posible. Tampoco se percató el Gobierno local, con sus 20 concejales y su amplio equipo de asesores.

Quien advirtió la supuesta duplicidad o el pretendido “error material” fue el Grupo municipal Socialista, compuesto por once ediles y un número reducido de asesores bajo la dirección de Juan Espadas, que ha dejado así en evidencia a toda la Gerencia y al equipo de Gobierno al demostrar un mayor celo y eficacia en la supervisión de la documentación remitida al Pleno y que la labor de la Oposición no consiste sólo en populistas paseos por los barrios para aparecer en las fotos estrechando las manos de los vecinos, sino también o incluso principalmente en un trabajo mucho más difícil, por su complejidad técnica, oscuro, callado y menos reconocido de pasarse muchas horas en los despachos escudriñando expedientes y haciendo números.

OTRO MÁS

El Gobierno municipal ha fallado y la Oposición no. Esa es la imagen que queda en la opinión pública tras este episodio y es lo que más debe preocupar al alcalde, que ha comprobado que la oposición frontal anunciada por Espadas es mucho más activa y eficaz que antes.

Los fallos en Urbanismo no se limitaban sólo a la Ordenanza que afectaba a las licencias de obras. Obligada por la denuncia/revelación del PSOE a revisar todos los expedientes -ahora sí-, la Gerencia se percató además de que el texto utilizado por supuesto error tampoco recogía unas modificaciones aprobadas por el Pleno y referidas a la Ordenanza Fiscal regulada de la tasa por los documentos que expida o tramite la propia Gerencia a instancia de parte. Corrección de errores sobre corrección de errores, error al cuadrado y en una materia tan delicada como el bolsillo de los ciudadanos.

Definitivamente, Urbanismo se ha convertido por deméritos propios en el reloj averiado de Zoido.

Motor gripado

Cuando Zoido accedió a la Alcaldía de Sevilla hace ahora casi 25 meses pensaba en un escenario socioeconómico condicionado por los recortes al déficit público que había impuesto la Unión Europea al conjunto de las Administraciones españolas y por la herencia de deudas a los proveedores y el ‘agujero’ en las empresas municipales dejados por Monteseirín. Por tanto, la idea del alcalde consistía en tender ‘alfombras rojas’ a los inversores privados que aparecieran por Sevilla o fueran captados desde el Ayuntamiento y crear las condiciones para favorecer la actividad económica del tejido de pequeñas y medianas empresas de la ciudad con medidas como la puesta a cero del contador de deudas con los proveedores, la rebaja en las tasas y tributos municipales y la eliminación de trabas burocráticas a la creación de empresas y apertura de nuevos negocios.

En esta línea, el gobierno municipal se acogió al plan de pago a proveedores aun a costa de suscribir nuevos préstamos con la banca, que acabarán lastrando de nuevo las cuentas municipales, sobre todo en futuros mandatos y agilizó la concesión de licencias basándose en las declaraciones responsables de los promotores, pero en vez de reducir la presión fiscal acabó creando nuevas tasas y tributos. Además, la dilación en los pagos por parte del Consistorio está empezando a llenar de nuevo los cajones con nuevas facturas pendientes con proveedores.

ORDENANZAS FISCALES

Como se recordará, el proyecto de Urbanismo de Ordenanzas Fiscales para 2013 preveía subidas de hasta el 100% en algunos casos, pero tras el escándalo suscitado y la indignación de los empresarios, el Consistorio tuvo que retroceder, no sin antes aprobar siete nuevas tasas, con figuras sacadas de la chistera como cobrar por la solicitud de estudios previos a la Gerencia, la prórroga de las licencias urbanísticas, protección arqueológica, declaración de la calificación de vivienda protegida, emisión de informes de declaración de situación de fuera de ordenación….

Para ponerse al día con los proveedores, a los que Monteseirín había dejado a deber más de 59 millones de euros, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 y suscribió dos operaciones de crédito por esa cantidad, con la que saldar casi 3.000 facturas pendientes, pero a costa de incrementar la deuda viva  hasta los 480 millones de euros, 28 millones más que un año antes, y de afrontar el pago de intereses por más de 20 millones de euros. Sin embargo, al cierre del ejercicio de 2012 el gobierno de Zoido había vuelto a las andadas y sólo la corporación municipal, sin sus empresas, tenía operaciones pedientes de pago por valor de 39 millones y con un periodo medio de pago de 83 días.

Además, Zoido no ha tenido apenas oportunidades de desplegar su ‘alfombra roja’ ante grandes inversores privados. Al contrario, ha asistido impotente a la deslocalización de empresas como Panrico, Cargill y Danone; ha propiciado con su actitud complaciente o de falta de reflejos la pérdida de proyectos como el Caixafórum en las Atarazanas y el Decathlon en la Cartuja, y se ha obcecado en sus confrontaciones urbanísticas con la Junta de Andalucía para tener argumentos con que justificar la revisión del PGOU. Los proyectos empresariales en ciernes datan casi todos del mandato anterior (segunda tienda de Ikea, mercado gourmet en el antiguo mercado del Barranco, Ciudad de la Imagen en el Higuerón…) y en la mayoría de los casos no se concretarán hasta el final de su mandato o incluso después.

LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO

En este marco de recesión económica, caída del consumo, paro desbocado (más de 89.000 desempleados en la ciudad) y apenas inversión del sector privado, adquiere muchísima más importancia de lo que ‘a priori’ Zoido imaginó al llegar a la Alcaldía la inyección de dinero que el Ayuntamiento puede hacer en la economía local a través de la ejecución del Presupuesto del Consistorio y de sus organismos y empresas. Dicho de otro modo, en ausencia de grandes inversiones privadas, el Ayuntamiento queda como el principal motor de la economía sevillana. Sin embargo, ese motor está al ralentí o incluso gripado, a la luz del grado de ejecución del Presupuesto municipal revelado recientemente por el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz.

Según el balance del edil para el primer semestre del año en curso, de los 83 millones de euros existentes para inversiones o transferencias de capital entre el Consistorio y la Gerencia de Urbanismo, se han autorizado gastos o iniciado expedientes  por importe de 18 millones (el 21%), pero de este dinero tan sólo se han invertido realmente en la práctica 4,3 millones (el 5%).

La delegada municipal de Hacienda, Asunción Fley, descalifica al edil socialista con el argumento de que el Consistorio, al contrario que los anteriores, sólo contabiliza como inversión el proyecto que esté plenamente ejecutado , por lo que en la documentación oficial no aparecen aún como materializadas muchas inversiones que están en la recta final.

DOCUMENTOS CONTABLES

La ejecución presupuestaria consta de varias fases, y cada vez que administrativamente se activa o se culmina una de ellas los Servicios municipales van emitiendo documentos contables que dan continuidad a los procedimientos, hasta que se concluye el proceso con el pago final. Siguiendo el hilo de las tramitaciones se puede llegar hasta el ovillo del Presupuesto, y ésto es lo que ha hecho el edil Antonio Muñoz, utilizado para ello los propios documentos del Consistorio.

El balance que ha realizado el portavoz adjunto socialista es aún más preocupante si se tiene en cuenta que merced a su mayoría absoluta y al trabajo de Asunción Fley en su elaboración, los Presupuestos para este año fueron aprobados con antelación suficiente para que entraran en vigor en enero y, además, no incluían previsiones irreales, como en la etapa de Monteseirín, de vincular inversiones a la venta de inmuebles municipales, como antaño ocurría con el mercado del Arenal.

El Presupuesto del Ayuntamiento y de sus organismos y empresas se convertía así en el principal instrumento para tratar de dinamizar la economía de Sevilla en plena crisis, pero si a mitad de año su grado de ejecución es aún mínimo y no hay inyección de dinero municipal en la ciudad, toda Sevilla se resiente y sufre las consecuencias de la falta de gestión del Consistorio.

EL CENTRO DEL PROBLEMA

El embudo es especialmente preocupante en el caso de Urbanismo, la piedra donde reiteradamente está tropezando Zoido, el cual, para cortar este nudo gordiano, se piensa que la solución radica en cambiar el PGOU en vez de cambiar al equipo gestor, con dos neófitos en la materia al frente: Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo. La Gerencia sólo habría acometido inversiones por valor de 4,7 millones de euros. Por ende, hasta los distritos de la supuesta desconcentración municipal dependen de lo que se haga o deje de hacer en su sede de las caracolas de la Cartuja, ya que por la falta de capacidad técnica de aquéllos le acaban derivando el presupuesto que tienen asignado.

Y si a mitad de año no se han activado los procedimientos administrativos para ejecutar las inversiones pendientes, habrá que realizar un intenso sprint para llegar al final del ejercicio, cuando lo que habría interesado habría sido una lluvia fina inversora a lo largo de todo el año que repercutiera en el tejido productivo sevillano y contribuyera a mantener la actividad de nuestras empresas.

Por otra parte, si, como esgrime Asunción Fley, también ocurre que el grado de ejecución presupuestaria se está acompasando a la disponibilidad de los ingresos, ello denotaría que que la previsión en este capítulo no se ha ajustado a la realidad de Sevilla y se demostraría que no por mucho inventarse nuevas tasas y tributos se llena antes y más las arcas municipales.

Lipasam

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, declaró al cuarto día de iniciada la famosa huelga de Lipasam el pasado 28 de enero, la más larga de su historia,  que como en ese tiempo habían ardido 15 contenedores, no negociaría con los huelguistas. Ahora, la dirección de Lipasam divulga el Informe de Gestión 2012, donde revela que el año pasado se destrozaron en la ciudad 6.400 unidades entre contenedores y papeleras, a una media de 17 diarios, cifra calificada oficialmente como “en la tónica habitual de los últimos años”. O sea, que había y hay un vandalismo permanente, pero en aquel entonces interesaba políticamente cargarle el mochuelo al personal de la basura y dejar pudrir la situación para que las iras populares se volvieran contra ellos. Cuando al octavo día de conflicto el Ayuntamiento llamó al comité para sentarse a dialogar habían ardido cerca de 300 contenedores, veinte veces más que el número invocado al principio para no negociar. Y al undécimo día se acabó la huelga. ¿Habría durado tanto si hubieran hablado desde el principio?

La arboleda perdida

Zoido y su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, anunciaron recientemente la reurbanización de la calle Almirante Lobo con una inversión de 900.000 euros para la sustitución del asfalto por adoquines, el ensanchamiento de las aceras, la instalación de bancos y papeleras de fundición y colocación de farolas fernandinas.

La intervención se rematará con la retirada de los plátanos de Indias que, según el alcalde y su delegado, se encuentran muy deteriorados, por lo que serán sustituidos por una especie más resistente y de menor altura, la acacia de Japón (Sophora japonica) que permitirá -atención a lo que expresaron- que se vea la Torre del Oro desde la Puerta de Jerez.

Es curioso contemplar la metamorfosis que sufren nuestros políticos en su tránsito de la oposición al poder y cómo Zoido está emulando la trayectoria de Soledad Becerril en similares circunstancias.

La hoy Defensora del Pueblo se apuntó a la causa ecologista cuando era concejal de la oposición: se encadenó a un gran eucalipto que se alzaba sobre los terrenos de la antigua Catalana de Gas y que proyectaban arrancar. Aquel tinte verde le reportó una notoriedad añadida y se supone que contribuyó a su posterior elección como alcaldesa.

AVENIDA DE ROMA

Pero ya en la Alcaldía, autorizó o hizo la vista gorda, que para el caso es lo mismo, ante una actuación similar a la que ahora proyecta Zoido en la calle Almirante Lobo, si bien en otro sitio cercano, la Avenida de Roma. Todos los grandes plataneros existentes en la acera colindante con el Palacio de San Telmo fueron talados de la noche a la mañana para que luciera más la fachada palaciega con la portada barroca de los Figueroa y, claro, en este caso los árboles impedían, relativamente, ver el bosque artificial de ladrillos y piedras.

La coartada, la misma que ahora esgrime Zoido: los plataneros estaban enfermos o muy deteriorados. Curiosamente, ninguno de los ejemplares de la misma especie existentes al otro lado de la avenida de Roma, ni los limítrofes con el hotel Alfonso XIII, ni los que adornaban la calle Palos de la Frontera al borde de San Telmo (éstos sí realmente carcomidos y peligrosos) sufrían oficialmente enfermedad o deterioro alguno, pese a ser del mismo porte y época que los cortados. Al parecer, la Naturaleza había propiciado que la supuesta plaga afectara únicamente la zona que, una vez liberada de los molestos árboles, dejaba completamente a la vista la sede  de la Junta.

LAURELES Y LUEGO NADA

En una segunda fase, ya con Monteseirín en la Alcaldía, se trató de darle un toque verde a San Telmo con la plantación de laureles troncopiramidales comprados a precio de oro a un vivero de Valencia. Finalizada la restauración de San Telmo desaparecieron los laureles delante de la fachada (los trasplantaron a la Plaza de España y se perdieron todos, por falta de riego) para que ya nada verde obstaculizara la visión de su arquitectura. Se aprovechó el segundo arboricidio para construir una explanada de dureza similar a la tan criticada de Plaza de Armas y que al igual que ésta ha sido ocupada por patinadores.

Cuando Zoido era el líder de la oposición frente a Monteseirín y éste cortó inmisericordemente los naranjos de la Plaza Nueva y los árboles de la Avenida para su pseudopeatonalización (galimatías de tranvía, ciclistas, patinadores, coches de caballo y viandantes), prometió que cuando fuera alcalde no se cortaría un solo árbol en Sevilla sin que él lo autorizara con su firma. Tan ecologista o más que Soledad Becerril para luego…..

LA MITAD SON REPLANTADOS

La coartada de que los plataneros de  Almirante Lobo están muy deteriorados y que por éso hay que sustituirlos por sophoras es un cuento chino o japonés. Si se toman la molestia de examinar todos los árboles de esta vía pública desde la Puerta de Jerez comprobarán que hay ocho plataneros en la acera de la derecha. Destaca el de gran porte que vigila la embocadura de la calle Habana, vía de acceso a la Casa de la Moneda. De los ocho, tres son ejemplares de nueva plantación (6 ó 7 años), apreciable por el escaso diámetro de sus troncos, y en absoluto deteriorados; y dos de porte mediano, también más recientes que los dos de gran copa, y asimismo en buen estado.

En la acera de la izquierda hay una doble hilera de plataneros: veintidós en total. Trece son de gran porte y datan de la Expo del 29. Sus ramas alcanzan o incluso superan la altura del edificio Cristina. Nueve son de plantación reciente, como denota el calibre de sus troncos, y están en perfecto estado. En conjunto, en la calle  hay 30 plataneros: quince grandes, tres medianos y doce nuevos. A simple vista, los grandes no están en peores condiciones que los de similar porte existentes en la Avenida de Roma y Jardines de Cristina, y su supuesto deterioro podría paliarse con cirugía arbórea y otros tratamientos selvícolas de conservación (así durarían 50 años más). Si se tomara como referencia su estado actual, entonces habría que talar el 80% de los plataneros de Sevilla.

Sólo ocultan parcialmente la visión de la Torre del Oro algunas ramas de los plataneros más próximos a la misma, que en último extremo podrían podarse, y resubirse las copas. Con el mismo argumento de Zoido de eliminar árboles para que se divise la torre se justificaría la tala de los Jardines de Cristina para que se vea San Telmo; la de los plataneros que ocultan con sus hojas el hotel Alfonso XIII, y los de la Plaza Nueva, amén de las palmeras, para que el Ayuntamiento sea enteramente visible desde el hotel Inglaterra.

Sinrazones del PGOU

Maximiliano Vílchez, delegado de Urbanismo, ha vuelto a recordarnos la vigencia de aquella frase de Manuel Fraga, el fundador del PP, de que “la política hace extraños compañeros de cama”. Vílchez ha anunciado un ‘lifting’ del PGOU en forma de ‘actualizaciones’ pero que pueden derivar en una completa cirugía estética y, entre sus argumentos, ha afirmado que durante la elaboración del Plan vigente  “en ningún caso la oposición -entonces el PP- tuvo acceso a poder participar; nunca se le dio oportunidad para participar”.

El delegado podría preguntar a su antecesor en el cargo, el diputado y coordinador del Área de Política Económica del PP (A) Rafael Carmona, que en aquella época, cuando aún era militante del PA, impulsó la redacción del PGOU y alardeaba de haber convertido el proceso, desde el Metaplán inicial, en el más participativo de la historia de Sevilla. Se constituyeron nueve mesas de participación ciudadana abiertas al público durante 100 días y referidas a cada una de las nueve áreas de interés en que se dividió la Biblia urbanística de la ciudad. Luego se formaron 14 mesas más en los barrios, se distribuyeron CD entre los sevillanos y se creó una página web específica, por lo que al final los ciudadanos presentaron 7.000 alegaciones. ¡Si hasta el PP votó a favor del Metaplán, aunque al final del proceso lo hiciera en contra!

FALTA DE ARGUMENTOS

El gobierno de Zoido, y máxime con su mayoría absoluta, está legitimado para cambiar el PGOU, como cualquier ayuntamiento democrático. Su problema es el argumentario -o más bien su falta- que emplea para tratar de justificarse, como cuando para derogar el Plan Centro se inventó el pretexto de que las cámaras de grabación no funcionaban, cuando ocurría lo contrario.

Para empezar, no existe el concepto jurídico o urbanístico de ‘actualización’ de un Plan General. El PGOU se modifica puntualmente (este Consistorio ya ha tramitado ocho modificaciones), se revisa parcialmente o se cambia por uno nuevo, pero como el gobierno local quiere aparentar que no trata de alterar el modelo de ciudad existente para así no propiciar una posible reacción en contra de los sectores más beligerantes contra su política (recuérdese el movimiento ciudadano surgido en la Alameda a causa del parking), evita utilizar el concepto de cambio del Plan y lo sustituye por el eufemismo de la ‘actualización’.

LA CAUSA CONTRARIA

Vílchez argumenta en pro de la misma que tras la aprobación del PGOU de 2006 “no se ha iniciado la construcción de las más de 45.000 viviendas previstas en suelo urbanizable, debido a la falta de financiación para las actuaciones de urbanización y a la escasez de suelo urbanizado y en curso de urbanización”.

¿Y quién ha sido el primero en dejar de construir viviendas, en su caso de protección oficial, y ha ralentizado al máximo, incluso con despidos de personal, la actividad de Emvisesa? El propio Ayuntamiento, que alega que no hay demanda o que la escasa existente ya no es para compra, sino para alquiler, debido a que la banca no concede créditos. Vílchez no pretenderá que los promotores privados hagan lo que él tampoco hace como delegado de Urbanismo.

La causa que justificaría un cambio del PGOU sería justamente la contraria de la invocada por Vílchez: que se hubiera agotado el suelo para construir viviendas y parques empresariales en Sevilla. Pero, no, el delegado confirma que el suelo prácticamente no se ha tocado pese a los siete años transcurridos. El Plan preveía la ocupación de 38 millones de m2 (todo el término debe de tener unos 141 millones) para llegar a cubrir el 90% del suelo  y satisfacer las necesidades de 870.000 habitantes.

SIETE AÑOS NO SON NADA

Si en siete años y por el estallido de la crisis nos hemos estancado o apenas crecido en población y no se construyen nuevas viviendas ni siquiera por el Ayuntamiento, todo el andamiaje verbal levantado por Vílchez para decir que el PGOU está desfasado por el tiempo transcurrido desde su aprobación difícilmente se sostiene: ¡si el PGOU está prácticamente virgen y por desarrollar!

Si mi memoria no me falla, los PGOUs anteriores datan de 1946, 1964, 1987 y 2006. El periodo de vigencia de cada uno ha oscilado entre 18 y 23 años, y si no hubiera mediado la Expo-92 alguno incluso habría durado más tiempo. Habida cuenta de estos precedentes y de que por la crisis nos hallamos en recesión, iniciar un cambio del PGOU por la tesis de su desfase en sólo un septenio es poco convincente.

MODELO DE CIUDAD

Por que Zoido cambie el Plan General e inicie así un periodo de inseguridad jurídica no significa que vaya a cambiar automáticamente el contexto económico, vayamos a salir de la crisis y se abra el grifo del crédito bancario. El PGOU no es la causa del problema sino, en todo caso, la consecuencia. No es el PGOU, sino la falta de dinero en el mercado y en la Administración y el elevado paro los que impiden que se construyan las 45.000 viviendas, las infraestructuras y los sistemas viarios programados, ya que hay suelo calificado de sobra para bastantes años por delante.

Vílchez debe cambiar de argumentario. Que diga claramente que en realidad pretende cambiar el modelo de ciudad de PSOE e IU, volver a construir aparcamientos rotatorios en el casco antiguo -como el de la Alameda- y recalificar para uso comercial la Gavidia, pero ni un comercio ni varios parkings más en el Centro van por sí solos a reactivar la economía ni acabar con los 90.000 parados sevillanos como trata de sugerirnos el delegado cuando dice que el PGOU “impide el desarrollo de la ciudad”.

A lo mejor impide otros desarrollos, que no están encima de la mesa, sino debajo de la falda camilla.

 

Pirineos

Max Vílchez, el apagafuegos del alcalde aunque sea a costa de imputar la quema de contenedores a quien convenga, investigará para averiguar cómo es posible que la niña no la de Rajoy, sino la de Monteseirín, y Francisco Javier Guerrero, el ‘niño de los ERE’, vivan como propietaria y de alquiler, respectivamente, en el mismo edificio a precio tasado de la Buhaira, del que nadie sabía nada de los pisos que se iban a construir salvo quienes sabían todo lo que había que saber. ¿Investigará Maximiliano sólo este inmueble? Mi barrio está lleno de estupendos edificios de protección oficial y el delegado de Urbanismo se asombraría si viera los BMW, Mercedes y otros coches de alta gama que pueblan los garajes, y los sonoros apellidos de los beneficiarios de los pisos. ¿Cómo es posible que  niños de papá tengan una VPO por carecer teóricamente de rentas para aspirar a una en el mercado libre y sí el suficiente poder adquisitivo para un coche de gran cilindrada que puede hasta valer más que el piso? Al final va a resultar cierto éso de que Africa empieza en Pirineos.

IRPF versus Lipasam

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es también diputado por Sevilla, condición que no sabemos si habrá influido en que presentara el balance de las declaraciones de la renta (IRPF) justo a las 48 horas del inicio de la huelga de Lipasam,  que vino precedida de una polémica sobre sus sueldos.

Además, el Gobierno ha incluido esta semana en el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local unas normas de transparencia por las que  obligará a los ayuntamientos a publicar el coste de sus servicios, para que se  puedan compararlos con los de otros municipios. Entre ellos, la recogida de residuos y limpieza viaria, el objeto social de Lipasam. Las corporaciones deberán demostrar mediante una Memoria que en el caso de que los presten sociedades mercantiles municipales (como Lipasam) lo harán de manera eficiente.

Así pues, esta ley va a abocar a que se desmenucen públicamente los costes de Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa…. y se comparen con los de compañías homólogas, para ver si están fuera de ‘mercado’ y si se despilfarra el dinero de los contribuyentes, los cuales podrán exigir así medidas correctoras, por más que los sindicatos y la oposición hablen de “satanización” cuando se sacan a colación los sueldos en nuestras  empresas municipales.

Según Hacienda, éstas son las cantidades que declaran percibir anualmente los 19.315.000 contribuyentes, por tramos de renta y número de ellos:

-Menos de 10.000 euros perciben al año 6.560.000 españoles.

-Entre 10.000 y 20.000 euros, 6.104.000.

-Entre 20.000 y 30.000 euros, 3.254.000.

-Entre 30.000 y 40.000 euros, 1.664.000.

-Entre 40.000 y 50.000 euros, 700.000.

Quedan seis tramos más, hasta la minoría de 7.000 afortunados que declaran unos ingresos superiores a los 600.000 euros, pero el conjunto de los perceptores de más de 50.000 euros (incluyendo los de 600.000)  supone sólo el 9% del total.

En la guerra de cifras por la huelga de Lipasam, el Ayuntamiento difundió que el salario medio anual per cápita en la empresa pública de la limpieza es de 30.000 euros, cantidad calificada por el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, como privilegiada y que ya querrían para sí en las actuales circunstancias de crisis la mayoría de los sevillanos.

DATOS QUE NO CUADRAN

Sin embargo, cunde la sospecha de que esta cifra haya sido incluso maquillada a la baja,  pues posteriormente el Consistorio ha filtrado que el gasto en personal asciende a 65 millones de euros en números redondos. Este redondeo también podría haber sido realizado a la baja si tomamos como referencia que la previsión de gastos de personal para 2013 es de 64.359.019 euros contando ya con la obligada reducción del 5% en las nóminas, que los empleados rechazan y que es uno de los motivos invocados para la huelga. Si esta cifra equivale a un 95% de la masa salarial previa, ello significaría que ésta habría sido realmente de unos 67,7 millones y no 65.

Dado que con Zoido como alcalde la plantilla no sólo no se ha reducido, pese a la inversión de 8 millones en maquinaria que los sindicatos interpretan destinada a la futura privatización, sino que incluso se ha incrementado, aun aceptando un gasto en personal de ‘sólo’ 65 millones, el resultado de dividirlos entre los 1.517 empleados arroja una media no de 30.000 euros per cápita, como divulgó el Consistorio, sino de 41.374 euros.

¿Cómo calificaría entonces Maximiliano Vílchez esta cifra si para él la de 30.000 euros ya era un privilegio?

CONTRADICCIONES

Si se compara ese salario medio de 41.374 euros con las tablas del IRPF difundidas esta semana por Cristóbal Montoro, se deduce que esa retribución es superior a la que cobra el 91,02% de los contribuyentes españoles (17.582.000 personas) y se inscribe en la de la selecta minoría del 9% que ingresa más de 40.000 euros anuales.

Volvamos, no obstante, a la cifra presuntamente oficial revelada por el Ayuntamiento de 30.000 euros anuales, que todavía superaría a la que perciben casi 16 millones de contribuyentes (el 83% del total). En tal caso la masa salarial no podría ser de 65 millones, sino tan sólo de 47 millones, que no cuadran con la previsión de Tesorería para 2013 (64,3 millones), pues en un escenario de recortes supondría un incremento anual de 17 millones. Cabría pensar entonces que la diferencia de 18 millones de euros sería la destinada a pagar a los eventuales que suplen a la plantilla en los festivos, pero de nuevo aparece otra contradicción: el gobierno local viene sosteniendo que la supresión de los eventuales (ojo, sumada al recorte salarial del 5%) supondría un ahorro de sólo 3,3 millones de euros, por lo que aún quedarían 15 millones en el aire.

LUCES Y TAQUÍGRAFOS

¿Por qué el Ayuntamiento habla de una media de 30.000 euros, con lo cual el ciudadano piensa que es lo que cobra también un barrendero, y no desglosa los salarios reales por  categorías, con y sin pluses? ¿Disparan la media los directivos? ¿Cuál es el miedo, ya que el convenio es una herencia de Monteseirín, que compró así la paz social con el dinero de los contribuyentes, y Zoido prometió “luces y taquígrafos”?

Desde 2009, los salarios públicos -y no digamos los privados, amén de los millones de despedidos en las empresas- han perdido casi un 24% de poder adquisitivo. En Lipasam, el recorte del 5% no ha tenido aún incidencia en las nóminas porque “fue diluido” (¿?) en 2012 en diferentes aspectos. Al negarse a aceptar siquiera esa reducción, los sindicatos pretenden que esta empresa municipal (y hasta con más plantilla, sumada a los eventuales) sea la única inmune a la crisis.

Reválida

Cuando Max Vílchez, neófito en política y recién desembarcado en la Delegación de Urbanismo, quiso saltarse unos cuantos trámites para acelerarle el Ikea del aeropuerto a Zoido, Espadas dejó en evidencia su desconocimiento de la legislación urbanística y alardeó de que él sí se la sabía al dedillo por haber sido cocinero antes que fraile: consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Vílchez se mordió la lengua y aprendió la lección. Tanto ha aprendido en estos casi dos años que el otro día, cuando desde el equipillo de guardia del PSOE le instaron a que destinara parte del sobrante de 20 millones de la Gerencia a revitalizar los polígonos industriales, el delegado se dio el gustazo de recordarle en plan ‘profe’ a los Pavones sin Zidanes de Espadas que “el dinero recaudado por la venta de patrimonio municipal de suelo tiene que dirigirse obligatoriamente a retroalimentar el patrimonio municipal de suelo”. Max dejó a Espadas ‘touché’, nunca mejor dicho, y pasó su particular reválida. Zoido ya tiene en Vílchez delegado de Urbanismo.

Especial

Paracelso dijo que sólo la dosis determina que una cosa sea o no veneno. Veladores en su justa proporción incrementan el encanto de los espacios públicos. Exceso de veladores producen el efecto contrario. Y los 10.000 autorizados por el Ayuntamiento (más los ilegales) proyectan una imagen de casi zoco medieval. Ahora, Max Vílchez ha recalificado, el verbo más conjugado por los delegados de Urbanismo, una veintena de calles como de categoría especial a efectos del sablazo en el cobro de tasas. Arguye el hombre que proclama su desapego de los  campanilleros que se trata de una medida justa, debido al incremento de los servicios de limpieza y seguridad, entre otros. Aparte de ese cajón de sastre vacío llamado ‘entre otros’, ¿alguien ha visto algún policía los fines de semana velando, nunca mejor dicho, por las calles declaradas ahora como integrantes de la Champions League urbana? Pidamos a Max que se deje de eufemismos. El Consistorio, que ha propiciado el negocio dando permisos a mansalva, lo que en realidad quiere es su parte de la tarta. O del velador.

 

La alfombra roja de Zoido

La ‘fuga’ de Decathlon, de la que se culpan el Ayuntamiento y la Junta, pone en evidencia las contradicciones del gobierno local y ha dado munición al presidente de la CES, Miguel Rus, para su sonada andanada contra Zoido.

El alcalde y su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, sostienen que si el Consistorio ha iniciado ahora y no antes la modificación puntual del PGOU para permitir en la Cartuja comercios como el ya dejado escapar de la multinacional francesa ha sido por:

1) La Junta lo tenía bloqueado porque debía darle luz verde.

2) El Gobierno autónomo no dijo anteriormente que aprobaría la modificación.

3) El proyecto había sido desechado por Monteseirín.

MODIFICACIÓN DEL PGOU

Argumentos inconsistentes. Conociendo al personaje, que  se dedica a enviar mensajes por las redes sociales reivindicando la paternidad de cuanto inaugura Zoido, es muy improbable que Monteseirín le hubiera dado largas a Decathlon cuando podía arrogarse un nuevo proyecto para Sevilla, de una marca con gran gancho popular y que habría reactivado el denostado Estadio pseudo Olímpico, otra de las grandes asignaturas pendientes de la ciudad y un reto para él como el Prado (biblioteca), la Encarnación (‘Setas’) y el rascacielos (torre Pelli).

Afirmar que la Junta bloqueó Decathlon porque debía autorizar la modificación del PGOU equivale a responsabilizarla también del bloqueo de Ikea, que se hallaba en una situación similar. Si el Ayuntamiento jamás vinculó la solución del problema de la multinacional sueca a la postura que pudiera tener el Gobierno autónomo, tampoco puede hacerlo en este caso. Si el Consistorio no tramita la modificación del Plan, la Junta no tendrá ocasión de darle luz verde o roja. Es elemental.

 

CONCESIÓN POR 40 AÑOS

 

Recapitulemos. La Sociedad Estadio Olímpico convocó en 2008 un concurso para la implantación de empresas en una parcela colindante a la instalación deportiva. No hubo ningún interesado, pero después  llegó Decathlon con un proyecto de una tienda complementada por una piscina climatizada, un gimnasio y pistas para el pádel y otros deportes, para lo que necesitaría 15.000 m2 de edificabilidad (la décima parte que Ikea). La inversión estimada era de 18 millones de euros y crearía 160 empleos.

En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo. La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.

DOBLE DISCURSO

Por tanto, al igual que con Ikea, o la empresa se adaptaba al Plan General o éste se modificaba para ajustarse a sus pretensiones mediante un procedimiento cuya tramitación debía incoar Urbanismo.

Hay constancia de al menos dos ‘cumbres’ en la Gerencia, ya con Zoido en la Alcaldía: diciembre de 2011 y febrero de 2012. Mientras nada trascendía a la opinión pública del proyecto de Decathlon, el de Ikea aparecía continuamente en los medios. El gobierno local insistía en la necesidad de no ponerle cortapisas urbanísticas a la multinacional sueca porque a los proyectos empresariales había que extenderles una alfombra roja.

Mientras, a Decathlon se le decía todo lo contrario: su proyecto era urbanísticamente irrealizable y no se le daba tampoco la opción de cambiarle el PGOU, como se ha hecho para Ikea, la Gavidia y el parking en la Alameda. En junio de 2012 Decathlon tiró la toalla, la Sociedad  Estadio Olímpico tuvo que devolverle los más de 100.000 euros que le había entregado como  reserva y perdió una expectativa de negocio de 18 millones de euros por el canon (sin IPC), y Sevilla a su vez una inversión de cuantía similar y 160 empleos.

EL MUNDOBASKET

 

En doce meses, el ‘desbloqueador’ Zoido fue incapaz de buscarle una solución a Decathlon. ¿Por qué? Atemos cabos. El 15 de enero de 2012, seis meses antes de que la firma francesa se fuera aburrida por el Ayuntamiento, un medio local publicó: “La Gerencia de Urbanismo lleva meses negociando, a través de la Federación Española de Baloncesto, un proyecto que permitiría a Sevilla contar con un nuevo pabellón para el Mundobasket de 2014 y que después de ese evento deportivo se convertiría en un espacio multiusos en el que se mezclaría la actividad deportiva y musical con la de ocio y comercial. Este nuevo edificio estaría ubicado en la Cartuja, junto al Estadio Olímpico…El solar cumple los requisitos del proyecto: tener unos 30.000 m2 para parking y en torno a 70.000 de superficie construida en el edificio. Urbanismo estaba de acuerdo……”.

Sí, de acuerdo con el proyecto de la Federación, que amadrinaba a una empresa israelí, mientras daba largas a Decathlon. Sin embargo, en agosto de 2012 el grupo inversor israelí renunció a su proyecto, por lo que el Mundobasket tendrá que jugarse en San Pablo, y sólo después de la espantá de los hebreos y de dejarse escapar Decathlon el Ayuntamiento ha movido ficha para modificar el PGOU.

Así ha sido cómo Zoido perdió la oportunidad de extender su alfombra roja.