Imagine que es el consejero delegado de una empresa con unos 500 millones de euros de deuda y que entre sus activos figuran unos terrenos a nombre de una filial de la que su compañía es accionista mayoritaria y por los que recibe dos ofertas: una por más de 158 millones  y la otra por 106 millones. ¿Cuál aceptaría?

El sentido común le dictaría la aceptación de la más alta, pero como en el Ayuntamiento, equivalente en el símil a esa empresa con 500 millones de deuda cuya filial –Mercasevilla- recibió esas ofertas de Noga y Sanma (filial de Sando), no impera el sentido común, sino intereses presuntamente espurios, los suelos del Merca fueron adjudicados a la más baja.

Y esa decisión fue adoptada con Torrijos como vicepresidente de la sociedad pública. Esta es una de las ramificaciones del caso Mercasevilla, por el que la juez Alaya ha imputado al alcaldable de IU. Su auto dice que del resultado de las pruebas practicadas “se deduce la responsabilidad y activa participación de Torrijos de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos (de Mercasevilla) a Sanma”.

CLÁUSULA ‘AD HOC’

La magistrada sospecha que se convocó un concurso público para la venta del suelo con un pliego de condiciones que favoreciera claramente a Sanma frente al resto de aspirantes aunque su oferta fuese inferior.

Para ello se incluyó una cláusula que penalizaba las ofertas que excedieran del 10% de la media aritmética de todas las presentadas, cláusula que la juez calificó en su día como “antieconómica, contraria al interés general y no contemplada en la ley”.

Sando estaba pagando a Mercasevilla 58.738 euros/mes por un derecho de superficie sobre los terrenos pese a que aquél no estaba legalmente constituido, de ahí que, en supuesta correspondencia, el concurso fuera presuntamente amañado mediante esa cláusula que otorgaba siete puntos de ventaja a su filial Sanma por haber suscrito previamente el citado derecho.

Torrijos ha reconocido que fue él quien impulsó el  concurso para la venta del suelo en lugar de la subasta porque pretendía evitar la especulación si se encarecía el precio. Este argumento no sólo choca con la opinión de la juez, sino también con una circular emitida recientemente por la Intervención General del Estado en el sentido de que en los concursos públicos debe primar el precio sobre cualquier otra consideración.

Pero tal como expresó en otro auto la juez, el “hecho delictivo” que persigue no es el concurso público utilizado para la adjudicación en lugar de la subasta, por mucho que no fuese el idóneo, sino demostrar que se eligió con la idea de favorecer a una empresa determinada (Sanma).

EXCEPCIÓN A LA REGLA

Torrijos ha sido imputado en vísperas de la presentación por  IU del ‘Compromiso Ético por la Regeneración Democrática’, un decálogo contra la corrupción según el cual sus candidatos dimitirán de forma “cautelar” en caso de ser imputados o procesados por corrupción política o urbanística, supuesto este último en que se halla ahora el alcaldable, que corre el riesgo de una segunda imputación por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral de los trabajadores de Sevilla Global.

Torrijos se ha caracterizado por su cruzada contra los políticos en la misma situación procesal que él. Así, el 15 de octubre de 2008 ofreció una rueda de prensa en la que divulgó las mociones que IU llevaría al Pleno. Destacó una propuesta para exigir a la dirección del PP la dimisión “inmediata” de hasta 14 de sus cargos  que estaban imputados en causas judiciales. El alcaldable de IU subrayó que pretendía “apartar de la vida pública a personajes que se encuentran o imputados o condenados o con implicación notoria y evidente en casos de todo tipo”.

Torrijos retó al PP a incluir en otra propuesta a cargos de IU en la misma situación. Pues bien, ahora es el alcaldable de la coalición de izquierdas quien se ve reflejado en su propio espejo y, por tanto, para ser consecuente consigo mismo debería dimitir, por más que su correligionario Llamazares trate de dilatar la situación en espera de si es procesado o no. Nada de eso dice el código ético de IU, que de no ser aplicado en el caso de Torrijos quedará como papel mojado. El propio Torrijos ya ha anunciado que no dimite porque se considera inocente y porque su caso  no entra en los supuestos del código ético. Osea, que él es la excepción a la regla. ¿Acaso no se proclamaban también inocentes los otros políticos imputados, pese a lo cual él exigía su expulsión de la vida pública sin contemplaciones?

EL PACTO CON EL PSOE

La imputación de Torrijos deja en una posición injustificable  a IU y lastra al alcaldable socialista, Espadas, a la hora de repetir un hipotético acuerdo postelectoral si el candidato de IU se obceca en mantenerse en la carrera por el Ayuntamiento. El PP, raudo, ya pregunta públicamente a Espadas si va a pactar con un Torrijos imputado en un caso de presunta corrupción urbanística. El candidato del PSOE guarda por ahora un significativo silencio.

Cuando Torrijos presentó su propuesta de expulsión de la política de cualquier imputado y cayó en la cuenta de que en su lista no estaba incluido ningún edil del PP sevillano, ironizó diciendo que “la vida es larga” y destacó que su moción al Pleno era la “prueba del algodón” del supuesto compromiso de los concejales de Zoido contra la corrupción. Poco podía imaginar que, como efectivamente la vida es larga, iba a ser él mismo quien se erigiera en  “la prueba del algodón” de IU.