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La Raza vs El Barranco

El Ayuntamiento ha declarado desierta la subasta que había convocado para alquilar un local de unos 54 m2 sito en los bajos del edificio Laredo en la calle Sierpes, contiguo al restaurante de la cadena Robles. Se da la circunstancia de que era esta cadena quien también lo explotaba, aunque con una fórmula hostelera distinta, tras suceder a una firma de helados italiana, bajo la figura de un contrato de renta antigua.

Al acabar el año pasado la moratoria de la ley de Arrendamientos Urbanos, el Consistorio, propietario del local, lo ha sacado a concurso por un mínimo de 38.400 euros/año, dada su privilegiada situación en el corazón de la ciudad y los precios de mercado vigentes en el casco histórico. La cadena Robles ha sido la única ofertante, pero el Ayuntamiento ha declarado desierta la subasta por considerar “inadmisible” la oferta recibida, quizás porque quienes la han efectuado aún piensan en clave de renta antigua.

En contraste, hace tres años y medio el gobierno de Zoido adjudicó por concesión administrativa la explotación del mercado gourmet en las naves del Barranco a la UTE del torero Rivera Ordóñez y del periodista Carlos Herrera a cambio del pago de un canon anual de 230.000 euros. Y ello sin contar la millonaria inversión de la sociedad para restaurar el histórico edificio.

Si el canon anual de las naves del Barranco es de 230.000 euros y por el local del edificio Laredo en Sierpes se pide un mínimo de 38.400 euros, ¿a cuánto debería ascender el canon por el restaurante de La Raza, que ocupa desde hace 44 años un privilegiado suelo de dominio público en el parque de María Luisa? El grupo hostelero del mismo nombre que lo explota sólo paga al Ayuntamiento 1.955 euros anuales (2.366 si se incluye el IVA, a una media mensual de 197 euros, en números redondos).

RESISTENCIA

Estas cifras y los enormes intereses en juego explican la numantina resistencia de los directivos del grupo hostelero La Raza a aceptar el final de la concesión que vienen disfrutando por ese módico precio desde hace casi medio siglo merced a un contrato que originalmente sólo es de carácter anual prorrogable y que expiraba el día 2 del año en que el Ayuntamiento dejara de prorrogarlo, como empezó a ocurrir cuando el gobierno de Zoido, que no el de Espadas, inició en 2014 el expediente de caducidad.

Al tratarse de un bien de dominio público o demanial como el Parque de María Luisa, en el que se integra, ha de sacarse a concurso de nuevo y no puede dársele preferencia al ocupante mediante un nuevo arrendamiento a precios actualizados, como habría sido el caso de un local afectado por el fin de la moratoria dada en la ley de Arrendamientos Urbanos.

La ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas estipula claramente que el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia y que las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por muerte o incapacidad del usuario o concesionario (caso del bar Parada, en Heliópolis, del que ahora se ha descubierto un ilegal traspaso de concesionario hace cuatro años, en otra muestra del descontrol del Ayuntamiento sobre los bienes municipales), o caducidad o vencimiento del plazo de la concesión, caso en el que se encuentra La Raza, cuyo director general, Pedro Sánchez-Cuerda, ha declarado: “El propio Ayuntamiento reconoce que se estuvo prorrogando cada mes de mayo y nos instaba al desalojo ese mes”.

Pero no lo desalojaba, como no lo hizo tampoco a partir del año 1985, cuando inició 29 años antes que Zoido un expediente de caducidad del contrato, hasta que lo ha retomado Espadas tras los informes jurídicos en tal sentido emitidos por el secretario y el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento.

Sánchez-Cuerda discrepa por entender que si se trata de una concesión y no de un alquiler de renta antigua debe expirar a los 50 años (en 2022) y no ahora. Esa diferencia de criterio se sustanciará probablemente en los tribunales, como corresponde en un Estado de Derecho, y es legítimo que el hostelero defienda por esa vía sus intereses.

Sin embargo, Sánchez-Cuerda ha ido mucho más allá, al presentar su caso o darle pábulo a quienes lo han presentado como una venganza política del gobierno socialista (obviando que fue Zoido y no Espadas quien inició el expediente de caducidad) por haber denunciado el caso Mercasevilla; haber amenazado con el forzado despido de 400 trabajadores (repartidos por sus seis unidades de negocio y no sólo el restaurante), cuando sabe que el Ayuntamiento dio ya por expirado el contrato hace dos años y debió por tanto prepararse para tal contingencia; haber iniciado una campaña victimista en las redes sociales con el lema “Salvemos la Raza”, como si tuviera un monopolio sobre el mismo y nadie más tuviera el derecho a participar en un concurso público para su gestión, y haber movilizado o permitido que se movilizara en su favor la Confederación de Empresarios de Sevilla, por unir a su condición la de presidente de la patronal de hostelería, con lo que la CES ha demostrado hasta dónde llega su corporativismo y cómo los poderes fácticos de la ciudad, los mismos que invocan el libre mercado, en realidad aspiran al más puro proteccionismo con la coartada de la “seña de identidad” o el “negocio emblemático”.

La CES debería explicarnos por qué el mercado gourmet del Barranco ha de pagar un canon de 230.000 euros y La Raza tan sólo 1.955 euros. Será quizás porque para la patronal que preside Miguel Rus no todos los empresarios de Sevilla son iguales o, como en la granja de Orwell, unos son más emblemáticos que otros.

 

Franklin y los impuestos

El inventor del pararrayos, periodista y diplomático estadounidense Benjamín Franklin, que como firmante de la Declaración de Independencia está considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, acuñó una frase que suelen repetir en su descargo los ministros de Hacienda cuando adoptan medidas impopulares: “En este mundo sólo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos”.

Por ese permanente recordatorio de la inevitabilidad de habérselas con el Fisco que supone su aforismo, el Gobierno norteamericano eligió su efigie para ilustrar el billete de curso legal con más valor, el de 100 dólares (hasta mediados del siglo pasado los hubo también de 500 dólares, 1.000, 5.000 y ¡hasta de 10.000 dólares!).

A la frase de Franklin podría añadírsele una coda en el sentido de que pocos quieren enfrentarse a la muerte y al abono de los impuestos, sea al gobierno que sea y se llamen como se llamen. Y en Sevilla no íbamos a ser la excepción, de ahí la rebelión suscitada entre los empresarios tras la presentación de las primeras Ordenanzas Fiscales del gobierno de Espadas.

EL LÍMITE DEL MILLÓN DE EUROS

Como es sabido, el alcalde ha plasmado en el texto su promesa de congelación de los impuestos y/o tasas que afecten de forma más directa a las familias y pequeñas y medianas empresas sevillanas (el IBI, el sello del coche, las tasas de Tussam..) y también ha materializado el anuncio que hizo en aquel desayuno periodístico de que pediría un sobreesfuerzo a los que más tienen o más facturan subiendo los impuestos a las empresas con una cifra de negocio igual o superior al millón de euros anualmente.

Al igual que a nadie le gusta pagar más a Hacienda, a ningún gobernante le suele gustar arrostrar la impopularidad que supone incrementar la presión fiscal sobre los contribuyentes, ya sean personas físicas o jurídicas (sociedades), y menos en tiempos de una crisis económica que dura ya siete años y ha dejado más de 84.000 parados en la ciudad.

Sin embargo, Espadas ha llegado a la Alcaldía con una previsión de ingresos por la participación en la ciudad en los fondos del Estado inferior en 6 millones de euros a la cantidad que percibió el Ayuntamiento durante el último año del mandato de Zoido. A esos -6 millones se unen mayores gastos por la subida del 1% en las nóminas a los funcionarios  y el abono de la paga de Navidad, que las Administraciones Públicas están recuperando tras el sacrificio impuesto anteriormente.

En resumen, para lograr el principio de suficiencia financiera del Ayuntamiento y no incurrir en un mayor endeudamiento, que tampoco permitirían la ley de Estabilidad Presupuestaria y un vigilante Ministerio de Hacienda al que el interventor municipal está obligado legalmente a comunicar cualquier desviación presupuestaria del Consistorio, Espadas necesita recaudar 8 millones de euros más.

IBI E IAE

Su previsión, contenida en las Ordenanzas Fiscales para 2016, es que ese dinero salga de la subida del IBI (5,5 millones de euros) a 4.604 inmuebles de uso no residencial con los valores catastrales más altos (entre los que están 2.422 comercios, 603 industrias y hasta los estadios del Sevilla y del Betis) y de la subida del Impuesto sobre Actividades Económicas (2,5 millones de euros) a 3.615 empresas que facturan un millón de euros o más.

Obviamente, dada la natural aversión al pago al Fisco, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), que preside Miguel Rus, ha descalificado el proyecto de Ordenanzas Fiscales de Espadas, al que ha tachado de “populista”.

Según la CES, la decisión de subir impuestos “en momentos tan delicados de incipiente recuperación económica y con tan altas tasas de desempleo no ayudan en nada a la necesaria atracción de inversiones productivas e industriales que tanto necesita Sevilla. Decisiones políticas y populistas como las propuestas en estas Ordenanzas Fiscales -añade- ponen en riesgo los proyectos de inversión, continuidad y crecimiento de nuestras pocas grandes empresas y, sin duda, sus consecuencias sobre el empleo”.

No se recuerda una reacción similar de la patronal cuando era Zoido el que subía los impuestos aún en mayor medida que Espadas, aunque fuera forzado por el Ministerio de Hacienda para incrementar la recaudación de las Administraciones Públicas.

SUBIDAS MAYORES

Pese a la leyenda urbana y a la propaganda municipal en aquel tiempo en el sentido de que con Zoido en la Alcaldía se rebajaron los impuestos, los datos anuales de previsión de ingresos sólo por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) demuestran lo contrario.

Así, en el último año de gobierno de Monteseirín, 2010, la previsión de ingresos por el IBI fue de 170.450.437 euros. A partir de 2011, ejercicio que se reparten a medias Monteseirín y Zoido, los ingresos por este tributo, el principal que pagan los sevillanos, se disparan y no se moderarán hasta los dos últimos años del mandato, cuando se van aproximando las elecciones municipales. Aun así serán superiores a los calculados en la época de Monteseirín.

Esta es la evolución de los ingresos por IBI en los últimos seis años: 2010, 170,4 millones de euros; año 2011, 178,2 millones; año 2012, 183,1 millones; año 2013, 201,9 millones; año 2014, 173,5 millones; y 2015, 173,5 millones de euros. Se aprecia que en los dos primeros años completos  de Zoido se recaudan por el IBI 5 millones y 23,7 millones más que en 2011, el ejercicio a medias con Monteseirín (Zoido llega a la Alcaldía a mediados de junio). Y todo ello en plena crudeza de la crisis económica, cuando en la ciudad se pasa de 76.600 parados a 91.600.

INCENTIVOS

Nada dijo entonces la patronal sevillana sobre que esas elevadas subidas del IBI pese al enorme ascenso del paro eran decisiones políticas y populistas que ponían en riesgo los proyectos de inversión de las grandes empresas y tendrían consecuencias negativas sobre el empleo.

La CES pone el acento en el incremento de la presión fiscal por Espadas sobre las grandes empresas como si por esta subida del IBI se pusiera en peligro la implantación de la segunda tienda de Ikea en Sevilla y omitiendo que, por ejemplo, pueden mitigar el incremento del IAE deduciéndoselo  en el impuesto de sociedades, y la existencia de lo que podríamos llamar el cheque de Espadas.

Y es que en estas primeras Ordenanzas de la nueva Corporación Municipal, las empresas que se creen quedarán exentas del pago de algunos tributos en los dos primeros años de su existencia y gozarán de una bonificación del 50% del IAE en los tres años siguientes.

Asimismo, para fomentar el empleo, se crea un cheque fiscal de 250 euros multiplicado por el incremento medio de la plantilla (contratos indefinidos en jornada completa), que en función de diversos factores puede permitir significativos ahorros en el IAE, IBI y hasta en la tasa de basuras (y hay que recordar que ahora se elimina la tasa de basuras a los locales vacíos que implantó Zoido).

Así pues, hay instrumentos en las Ordenanzas para incentivar los proyectos de inversión y la creación de empleo, pese a los temores en sentido contrario expresados por una patronal que fue demasiado complaciente con la política fiscal municipal en el anterior mandato y se muestra demasiado alarmista al inicio del actual.

Ahora bien, la CES tampoco puede darle un cheque en blanco a Espadas y debe estar vigilante para que el incremento de recaudación que se va a lograr con estas Ordenanzas no se pierda en un sumidero de iniciativas estrambóticas como la compra de lubricantes para uso vaginal y anal con destino a talleres municipales que se ha conocido esta semana.

Atrapados en el círculo

Zoido dijo el pasado 16 de septiembre en una intervención pública que su reto consiste en crear el clima favorable para propiciar un cambio de modelo productivo a medio y largo plazo, que a su juicio pasa por fortalecer el sector industrial, logístico y tecnológico, además de por promover la investigación, el desarrollo y la innovación, sin renunciar a los pilares del modelo tradicional.

Fortalecer el sector industrial, logístico y tecnológico como una de las (si no la) salidas a la crisis. ¿Quién no suscribiría las palabras del alcalde? Van en línea con lo que se viene preconizando por parte de los agentes económicos y sociales y en foros como ‘Sevilla (en)clave industrial’, que organizó el sindicato CC OO el 24 de junio y que se convirtió en una auténtica ‘cumbre’ económica, por el número y categoría de los participantes, entre los que estuvo el propio Zoido.

Hasta el presidente de la Confederación Empresarial Sevillana (CES), Miguel Rus, subrayó en aquellas Jornadas que “es imposible una Sevilla de futuro sólo con el monocultivo de la industria de servicios”.

ALTADIS Y SEVILLA PARK

Pues bien, mientras el alcalde participa en Jornadas en las que se aboga por la reindustrialización de Sevilla tras el cierre en los últimos años de Danone, Cargill y Panrico -entre otras- y habla de fortalecer el sector industrial, tan sólo diez días después, en el Pleno municipal del 26 de septiembre, aprueba con su voto y el del Grupo Popular un convenio urbanístico con la multinacional tabaquera Altadis para recalificar los más de 26.000 m2 de su antigua fábrica a orillas del Guadalquivir, hasta ahora suelo industrial de carácter singular (la fábrica de Sevilla era la más antigua del mundo), y permitir así la demolición de parte del complejo fabril y la construcción en su lugar de inmuebles con usos terciarios: hoteles, comercios, oficinas…

Si a ello se une el entusiasmo con que el Consistorio ha acogido la iniciativa del puerto de recalificar también parte del suelo portuario industrial existente junto al puente de las Delicias para que se construya el complejo Sevilla Park, con el mayor centro comercial de Andalucía (65.000 m2, el triple que el Nervión Plaza), salta a la vista la contradicción existente entre las declaraciones públicas de Zoido y la política de eliminación de suelo industrial que a la hora de la verdad aplica el Ayuntamiento.

Una política que implicará la imposibilidad de reconstruir parte del tejido industrial con nuevos usos acordes al siglo XXI, como las tecnologías avanzadas no contaminantes y para las que Sevilla tendría un atractivo especial si se ubicaran en emplazamientos urbanos (no en alejados polígonos industriales) privilegiados al lado del río como es el caso de la antigua fábrica de Altadis.

MODELO TRADICIONAL

Sin embargo, las decisiones urbanísticas del Ayuntamiento van en sentido contrario o en el de fortalecer aún más los pilares del modelo económico tradicional a los que también se refería Zoido, ya que la conversión de suelos industriales en terciarios supone una renovada apuesta por el sector Servicios, pese a que es el que más está sufriendo los efectos de la crisis en la ciudad y donde se registra más destrucción de empleo: 60.076 parados del total de los 87.279 existentes (el 69%).

En vez de procurar diversificar nuestra economía y de poner en carga suelos industriales abandonados o infrautilizados pero de un gran valor potencial como los de Altadis, volvemos a crear las condiciones para un más de lo mismo económico, ese “monocultivo de los Servicios” con el que según el presidente de la patronal, Miguel Rus, es imposible construir la Sevilla del futuro.

Esta perseverancia en potenciar la economía turística y comercial, con la que nos mantenemos en el entorno de los 90.000 parados, es la cuestión de fondo que late en el convenio urbanístico con Altadis aprobado por el Ayuntamiento, más allá de otras consideraciones ya expuestas en esta página sobre el ‘pelotazo’ que supondrá para la multinacional tabaquera y pese a que, cuando se hallaba en la Oposición, Zoido, al igual que el resto de grupos políticos, anunció que no se llevaría un euro de Sevilla ni se la premiaría de ningún modo tras haber cerrado su histórica factoría y despedido a toda la plantilla.

DARLE EL PASE

Altadis ya ha anunciado que en cuanto logre la recalificación efectiva del suelo (la Junta de Andalucía deberá aprobar la modificación del PGOU) y la edificabilidad pactada en el convenio con el Ayuntamiento, le dará el pase a un tercero porque su vocación no es inmobiliaria, sino industrial. Según algunas estimaciones recogidas en el sector inmobiliario, podría obtener al menos 18 millones de euros por la venta. Haría lo mismo que otras empresas que tras obtener la recalificación de sus fábricas las vendieron y se fueron de Sevilla para no volver, caso de Uralita.

Si la propia Altadis reconoce que su vocación es industrial, ¿qué razón hay entonces para recalificar la fábrica y que haga un pingüe negocio inmobiliario, cuando el Ayuntamiento tiene instrumentos legales para obrar en consecuencia en un caso en que como éste la propiedad lleva diez años abandonada y sin cumplir la función social a que está obligada según la Constitución?

DECLARACIÓN DE INTENCIONES

Al margen de la contradicción que supone preconizar un cambio de modelo productivo en pro de la reindustrialización al tiempo que se elimina suelo industrial, el Ayuntamiento sostiene frente a las entidades ciudadanas, agentes sociales y partidos que han alegado al convenio urbanístico (alegaciones que ha desestimado en su totalidad pero sin fundamentar por escrito las razones del rechazo) que el documento pactado con Altadis es una mera declaración de intenciones, algo virtual, y que como no se han definido aún los usos, el texto queda pendiente de desarrollo.

Un convenio aprobado en Pleno, firmado por el alcalde y que establece la recalificación del suelo, los edificios que se derribarán y conservarán y hasta el reparto de la edificabilidad lucrativa no puede reducirse a una simple declaración de intenciones. Si mañana Zoido se arrepintiera de aplicarlo por que llegara una multinacional con una inversión tecnológica para esos terrenos, Altadis podría llevar al Ayuntamiento a los tribunales con ese convenio firmado en la mano y que ya le ha creado unas expectativas urbanísticas.

Por ende, se ha firmado un convenio en beneficio de Altadis cuando los suelos, pertenecientes a la antigua Tabacalera, ni siquiera constan aún a su nombre en el Registro de la Propiedad, ni coinciden los datos de los m2 de la parcela registrados con los que obran en poder del Ayuntamiento.

CONCURSO DE IDEAS

Zoido ha tratado de mitigar el rechazo de la oposición y de colectivos ciudadanos dando un golpe de efecto en el Pleno con el anuncio de la convocatoria de un concurso de ideas sobre Altadis, para que los técnicos y los ciudadanos puedan plantear soluciones y aprovechamientos en esos suelos.

¿Qué sentido tiene este concurso y quién lo va a pagar? ¿Los contribuyentes sevillanos? Recuérdese que sólo para un nuevo puente en la Cartuja (y en Altadis se trata de ordenar más de 26.000 m2 de superficie) el Ayuntamiento ha convocado otro concurso al que destinará 50.000 euros para el ganador; 35.000 euros para el segundo clasificado; 18.000 para cada finalista; 150.000 para la redacción del anteproyecto y unos 750.000 para el proyecto.

¿Va a pagar Altadis un concurso de ideas virtuales sobre un terreno al que sólo quiere darle el pase? Y aunque lo pagara para estar en línea con el alcalde, ¿admitiría el comprador posterior del suelo el resultado del concurso si lo pintado sobre el papel o la pantalla del ordenador no concuerda con su proyecto para la parcela? Porque no es lo mismo dibujar un inmueble para un centro comercial que para un hotel; sin pretensiones o con intencionalidad simbólica; por un desconocido que por un arquitecto-estrella como valor presuntamente añadido…

Todavía se recuerda cuando Monteseirín compareció en el balcón del Ayuntamiento con Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra el 25 de septiembre de 2006 para anunciar que ellos iban a diseñar el futuro de los suelos de la Cruzcampo, anuncio que quedó en nada.

Ocho años después, volvemos a hablar de concursos arquitectónicos, recalificaciones de suelo, pelotazos urbanísticos…..

No salimos del mismo círculo.

 

Reincidente

Espadas ha cogido a Max Vílchez no con el paso cambiado, sino repitiendo el mismo que el año pasado tuvo que refrenar cuando fue también pillado ‘in fraganti’ tratando de colarle a los señores del ladrillo una Ordenanza Fiscal que le habría permitido subirles hasta en un 100% las licencias de obras. Sin propósito de enmienda, ha intentado repetir la jugada, pero su movimiento ha sido detectado por el radar de los sociatas, cuyo líder se ha declarado en guardia permanente para lo que resta de mandato. Para salir del desaguisado, política y económicamente incorrecto, Vílchez se ha escudado en que los duendes de Urbanismo han  provocado el ‘error material’ de que se repitiera en el proyecto de Ordenanzas para 2014 el texto que había sido retirado a última hora el año pasado, merced a la alegación de Miguel Rus, de la Ordenanza de 2013. Vamos, que ha cantado la gallina de que en las caracolas de la Cartuja se recurre sin rubor al ‘copiar y pegar’. En su escala y salvando las distancias, las Ordenanzas de Urbanismo equivalen al caso Minutas del Gobierno Zoido.

Más ladrillo

El anuncio del Ayuntamiento sobre la supuesta necesidad de ‘actualizar’ el PGOU, con la tesis de que impide el desarrollo al frenar la actividad económica, ha colmado sólo de momento las aspiraciones de Gaesco, cuyo aún presidente, Miguel Rus, ya ha revelado su estrategia: quiere más densidad de viviendas en el nuevo Plan y que se desarrolle el actual para construir los pisos que se pueda.

Más densidad de viviendas, ésta es una de las claves. Significa más ladrillo y más negocio, obviamente, pensando en que como los altibajos económicos son cíclicos, volverá a producirse otro ‘boom’ inmobiliario, y si para entonces se permite construir más pisos  y/o que sean aún más pequeños, los beneficios del sector se multiplicarán. Quienes alientan el cambio del PGOU no están pensando a corto plazo, sino a medio y largo.

Gaesco invoca el dato del Ministerio de Fomento de que en el primer trimestre la venta de pisos ha repuntado un 11% en Sevilla, supuesta prueba de que entre nosotros ya no existe problema de ‘stock’ y razón por la cual habría que desarrollar más suelo urbano, objetivo teóricamente incumplido con el Plan General vigente, de lo que se deduciría  la necesidad de su modificación.

CONCURSO DESIERTO

Apenas anunciada la ‘actualización’ del PGOU, en los últimos días algunas noticias cuestionan el argumentario de la patronal y del propio Consistorio. Urbanismo convocó un concurso para la construcción de 220 viviendas protegidas sobre una parcela de 7.586 m2 de la Hacienda del Rosario, con un presupuesto base de 3,8 millones de euros. Para optar a la concesión sólo era necesario depositar una fianza del 5% de dicha cantidad: 190.000 euros.

Dado que, según la patronal, ya no hay ‘stock’ de viviendas ni suelo desarrollado para construir y, por el contrario, una demanda creciente e insatisfecha, sobre todo de sevillanos desplazados al alfoz que quieren retornar, cabría esperar que las empresas se lanzaran en tromba a aprovechar esta buena oportunidad. Ha ocurrido todo lo contrario: Urbanismo ha tenido ahora que declarar desierto el concurso porque no se ha presentado ninguna oferta.

OBRAS PARADAS

Segunda noticia en paralelo: el Ayuntamiento ha detectado 109 obras de edificios en construcción paralizados en la ciudad, por lo que ha enviado a sus promotores un requerimiento para que en el plazo de diez días acrediten las medidas de seguridad adoptadas. Es una decisión más que acertada y oportuna, ya que en la memoria colectiva se mantiene el recuerdo de la tragedia por el derrumbamiento del muro perimetral del antiguo solar del Bazar España.

Si existiera esa demanda de pisos que supuestamente frena el actual PGOU, sería inimaginable que existieran 109 edificios en construcción paralizados por los promotores. Algo, pues, no cuadra aquí. Y no cuadra el argumentario de la patronal y del Ayuntamiento porque en Sevilla tenemos actualmente suelo desarrollado de sobra para construir tanto miles de viviendas de renta libre como de protección.

Sin embargo, los promotores no promueven, pese a la existencia de esas amplias bolsas de suelo (el reciente caso de la Hacienda del Rosario es la prueba evidente), pero  siguen con su campaña, secundada por Zoido, de que el PGOU impide el crecimiento económico de la ciudad y su propia actividad sectorial.

STOCK Y SUELO

Si ha habido un repunte de las ventas de viviendas en el primer trimestre habrá contribuido a rebajar ese ‘stock’ cuya existencia también niega la patronal pero que han reflejado el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (48.178 pisos vacíos en Sevilla capital, de los que 18.394 serían invendidos, y 126.900 en el conjunto de la provincia) y el Pulsímetro inmobiliario del Colegio de Aparejadores, según el cual en 2012 había en Sevilla 17.014 pisos nuevos terminados y sin vender.

En los cinco meses de 2013 transcurridos, es prácticamente imposible que se haya absorbido esa ingente cifra, porque en tal caso habría sido noticia económica nacional y hasta internacional. Fomento estima 1.219 transacciones en nuestra ciudad, sin discriminar entre pisos nuevos y de segunda mano, pero aunque todos fueran del primer tipo, tomando como referencia el Pulsímetro de los Aparejadores aún quedarían 15.795 viviendas nuevas en ‘stock’. Si se mantuviera ese ritmo de ventas y todas fueran de pisos nuevos, aún se tardarían casi cuatro años en poner el contador a cero.

LA ALAMEDA

No caigamos, pues, en falsos espejismos, porque una golondrina no hace verano. En Sevilla tenemos aún un amplio parque por colocar en el mercado y suelo desarrollado de sobra para seguir construyendo en paralelo,  a fin de satisfacer un hipotético repunte sostenido de la demanda, por lo que si promotores y constructores no edifican no es precisamente porque se lo impida el Plan General vigente, sino porque no les interesa a los actuales precios de mercado, no quieren arriesgarse o no encuentran financiación bancaria en estos momentos de sequía crediticia.

Por otra parte, las modificaciones del PGOU para permitir la ejecución de los proyectos promovidos por Zoido, están empezando a levantar ampollas. El alcalde ha incurrido en un enorme patinazo al asegurar que el parking en la Alameda figuraba en su programa electoral, un aserto ajeno a la realidad, y el presidente del Colegio de Aparejadores y el secretario provincial de UGT han mostrado su abierta oposición a ese estacionamiento rotatorio y subterráneo en el bulevar, máxime tras unas obras de remodelación que duraron años y que fueron financiadas con fondos europeos. ¿Podría repetirse aquí la historia de la biblioteca en el Prado?

Langostinos

Manuel Baena Cobos, parlamentario cordobés de IU, participó en el debate sobre el dragado del Guadalquivir suscitado en las Cinco Llagas tras la intervención de Luis Planas, consejero de Medio Ambiente. El político de izquierdas expresó su temor por el riesgo de que con el proyecto de la Autoridad Portuaria de Sevilla se puedan perder los langostinos de Sanlúcar de Barrameda, con la preocupación que ello causaría a quienes habitualmente los consumen. Con este supremo argumento ya no ha lugar a más polémica, por mucho que les pese a Manuel Fernández, Miguel Rus y Francisco Herrero. Es obvio que los partidos políticos cerrarán filas con Baena Cobos en contra del dragado del estuario, dado que, como demuestran las facturas que se conocen de todos los que viven de la cosa pública, desde ayuntamientos hasta sindicatos pasando por el Gobierno y los Gobiernillos autonómicos, la ingesta de marisco, gambas y langostinos a costa de los contribuyentes es una inveterada tradición de nuestra clase política. Y no es cuestión de ponerla en peligro por falta de materia prima.

 

Rus

En la zona Sur hay una gran satisfacción por el apoyo de los Príncipes de Asturias a la construcción de la Politécnica en Los Bermejales, por el dinero que van a mover los universitarios y los empleos que se van a crear. Ah, ¿que los Príncipes no han dicho nada sobre la Politécnica? No importa. Por el helicóptero que sobrevoló la zona y el cortejo de vehículos oficiales en su obligado paso por allí en dirección al puerto es de aplicación ‘el principio de Rus’. Sí, ése acuñado por el presidente de la CES y según el cual los Príncipes apoyan el dragado de la que ahora llaman Eurovía del Guadalquivir, aunque no hayan dicho ni una sola palabra al respecto, sólo porque estuvieron de paso o de visita a la esclusa. Así que desde ahora  tengan mucho cuidado con el principio del presidente de la patronal sevillana, tanto como con los coches ‘ponemultas’. Sólo con que les hagan una foto o les vean paseando por la Encarnación o la Cartuja, aunque estén más mudos que el mudo de Triana, se les atribuirá automáticamente que ustedes son fans de las ‘Setas’ y/o de la torre Pelli.

 

A vueltas con el dragado

La CES, la Cámara, UGT y CCOO presentaron en el pórtico de la Semana Santa la reconstituida ‘Plataforma Sevilla por su puerto. Eurovía del Guadalquivir’, en un acto en el que en su legítimo derecho de reivindicar el dragado en profundidad del río (como otros tienen el mismo derecho de opinar en contra) dieron tal cantidad de argumentos erróneos que no hay más remedio que matizarlos para evitar desde más confusiones hasta falsas expectativas:

1) Cargill, Danone y Roca se han ido por faltarles el dragado: Danone se instaló en Sevilla hace 40 años, y Roca hace 60, cuando ni se hablaba de dragado ni de nueva esclusa. Si su producción estuviera vinculada a un acceso marítimo no tendrían ninguna fábrica en el interior y trasladarían la de aquí a un puerto fluvial o de mar. Sin embargo, Danone suple la fábrica hispalense por las de Aldaya (Valencia) y Tres Cantos (Madrid), a las que no llegan precisamente los barcos. Esta última dista casi 400 kilómetros del mar. 

Roca sustituye la producción de Sevilla por la de Madrid, Burgos, Navarra (las tres sin ríos navegables ni mar), Castellón y Barcelona. Cargill suple Sevilla por sus plantas en Zaragoza, Reus, Sant Cugat del Vallés, La Roda (todas sin acceso marítimo o fluvial) y Barcelona.

La excusa del dragado les hubiera convenido extraordinariamente, porque habrían culpado de su marcha a un factor externo para así desviar la atención de la opinión pública y exonerarse de responsabilidad. Teniéndolo tan fácil, ninguna lo ha invocado, pese a lo que afirman Rus, Herrero, Vidán y Gilabert. Veamos:

-Danone: Perdió en 2012 el 10% de su facturación en el Sur de Europa, con especial incidencia en España por el auge de las marcas blancas de yogures, que copan más del 40% del mercado. Ahora le sobra capacidad productiva y ha cerrado la menor de todas sus fábricas multiproducto, justo la de Sevilla.

-Cargill: Explica su marcha por la constante reducción de aceite de palma para la distribución, lo que unido al exceso de capacidad de molturación y envasado ha afectado la rentabilidad de su factoría. También atribuye el cierre al declive de las cosechas locales y a la fuerte competencia de la industria creciente en el Este.

-Roca: Publicó el 21 de febrero un anuncio informando del cierre por el hundimiento de la construcción, que le ha provocado una caída continua de ventas durante 21 trimestres consecutivos y la pérdida de 200 millones de euros. Buena parte de sus fábricas españolas trabajan por debajo del 30% de su capacidad y sus productos pasan hasta 194 días en los almacenes.

2) El 90% de los barcos europeos no pueden acceder a Sevilla, ya que sólo entran en nuestro puerto los que transportan 10.000 toneladas. Inexacto. Con la nueva esclusa el acceso de la flota mundial de graneleros se ha incrementado hasta el 66% del total. En portacontenedores, al 53%. Y en tráfico RO-RO, al 71%. El puerto puede acoger buques de hasta 20.000 toneladas y 290 metros de eslora. Si no, ¿cómo la Autoridad Portuaria presumió hace unos días de que el ‘Fraga’ había cargado 12.700 toneladas de trigo?

3) Al éxodo de empresas se sumará que no llegarán otras nuevas, ya que los costes de logística (un 30%) se dispararán sin dragado: Cuando aún no había nueva esclusa, alguna ventaja comparativa habrían visto en Sevilla las empresas (Decathlon, Airbus Military, Rhenus Logistics….) que en el último decenio han ocupado ya el 84% de las 54 Has. de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto, desarrolladas tras una inversión superior a los 54 millones de euros por Parques Logísticos, Unicaja, La Caixa y la Autoridad Portuaria.

4) El dragado crearía 20.000 empleos: ¿Por qué 20.000 y no 50.000, 10.000 o ninguno? Ejemplos de los últimos años. Para vencer la resistencia de los vecinos de la Cuenca Minera de Huelva a su instalación, el discurso oficial fue que el vertedero de residuos tóxicos en Nerva crearía 2.000 empleos con los que paliar el cierre de las minas de cobre de Riotinto y que sólo se destinaría a albergar residuos de Andalucía. Hoy, el vertedero acoge mierda de toda Europa y no ha dado más de 100 empleos (probablemente hasta me paso en un 30% en la estimación).

También se dijo que la nueva esclusa de Sevilla permitiría crear 15.000 nuevos empleos en los diez años siguientes. ¿Lo recuerdan? Pues bien, en los dos años en números redondos que lleva en servicio Sevilla ha pasado de 77.000 a 91.000 parados, 14.000 más que antes.

5) Gilabert: “Hay demasiadas familias que pasan necesidad para andar con exquisiteces”, en claro desprecio a cualquier cautela ecológica con el dragado: El líder de UGT parece anclado en el siglo XIX y no ha leído aún el informe Brundtland para la ONU, que en 1987 propició un cambio radical de mentalidad: de “la contaminación es el precio del progreso” a “el desarrollo sostenible”.

La ecología no es la antítesis de la economía, sino la economía misma: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras.

* La excusa del dragado

* Radiografía del Guadalquivir

Legitimidades

El delegado multiusos y chico para todo del alcalde, Goro Serrano, ha tratado de descalificar al presidente de la CES -por un quítame allá ciertas críticas a su jefe- diciendo que “Rus representa a una parte legítima de los empresarios sevillanos, pero no a todos, ni mucho menos”. Hagamos una analogía. De los 562.670 sevillanos con derecho a voto en las últimas elecciones municipales, tan sólo 166.040 votaron la lista del PP que encabezaba Zoido. Y Zoido, les guste o les disguste a los 99.168 votantes del PSOE; a los 24.066 de IU; a los 16.097 de los andalucistas…. y a los 203.846 abstencionistas, es el alcalde de todos y a todos nos representa, con total legitimidad. Mutatis mutandis, por más que le fastidie a Gregorio Serrano, Miguel Rus representa no a una parte, sino a todos los empresarios sevillanos. Item más, Miguel Rus, que fue elegido por aclamación de los empresarios tras retirarse el resto de candidatos, sería incluso más legítimo presidente de la CES que Zoido -votado sólo por el 29,50% de los sevillanos, uno de cada tres- alcalde de Sevilla.

 

Al revés

Los señores del ladrillo disfrutaron de diez años, los de la burbuja inmobiliaria, no de vacas gordas, como en la historia que se cuenta en el Antiguo Testamento bíblico sobre José en Egipto, sino híper gordísimas, cuando se pusieron las botas y los guantes elevando los precios de los pisos a la altura de la nube (y no la de Internet, precisamente) y dando tantos pelotazos con primeras y segundas residencias y pases de suelo, que deberían tener recursos más que  sobrados para aguantar los cinco años de vacas flacas que llevamos de crisis si hubieran atendido el consejo del hebreo en la corte del faraón y reservado una parte de sus ganancias  de los buenos tiempos  Por éso me ha extrañado esta frase del discurso del ladrillero presidente de la CES: “No salimos de ésta cobrando más los pocos que trabajamos; es mejor cobrar menos y generar empleo”. Incorrecto, estimado Miguel Rus. Al revés te lo digo para que lo entiendas. Deberías haber dicho lo siguiente: “No salimos de ésta sin invertir más los pocos que tenemos dinero; es mejor ganar menos y generar empleo”.