La juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que invetiga las variadas ramificaciones del escándalo Mercasevilla (petición de comisiones ilegales a unos empresarios; adjudicación de unos terrenos a una empresa cuando había una oferta de otra superior en 60 millones de euros…), y dentro de las mismas los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha dictado un nuevo auto en el que exige al Instituto Nacional de Empleo el código de ocupación y los coeficientes reductores de la edad de jubilación (y en este caso de prejubilación) de los antiguos mineros de Riotinto y de otras explotaciones de la Franja Pirítica de Huelva, en atención a la penosidad y peligrosidad de su trabajo y aplicables a cada uno de los incluidos en una extensa lista de nombres que llena más de 22 folios.
La juez pide las pólizas de seguro que permitieron financiar las prejubilaciones de los mineros de Almagrera, Navan Resources, Herrerías, Nueva Tharsis y Minas de Riotinto. En este último caso, la magistrada exige los datos referidos además a veintiún mineros pensionados por invalidez absoluta. He aquí el auto completo de la juez: