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La depuradora exprés

Tras tomar posesión Zoido, Marchena citó a un notario a las 8 de la mañana para adjudicar el contrato de la depuradora

El anuncio de Espadas 6 años después de no construir una nueva significa que Zoido ahorró 85 millones a Sevilla

Juan Espadas, alcalde de Sevilla,  anunció a principios de febrero de 2017 el cierre de la depuradora de San Jerónimo en el año 2018 sin tener en cuenta el contrato vigente hasta 2024 por el que debe suministrar agua depurada de la misma a la mina de Cobre las Cruces y haciendo además un reproche a su antecesor, al recordar que en 2011 el gobierno socialista de Monteseirín dejó licitado y adjudicado su cierre pero que “el gobierno del PP de Juan Ignacio Zoido anuló la adjudicación y metió el tema en un cajón”.

En honor a la verdad, hay que recordar cómo fue aquella historia. En el año 2011 se sabía de sobra que se iban a celebrar elecciones municipales el día 22 de mayo y que un año antes, mediante el famoso teletipo de Europa Press, Monteseirín se enteró de que Griñán había decidido que no repitiera más como candidato a la Alcaldía. Lo sustituyó el propio Espadas, que aceptó el sacrificio de inmolarse en las urnas ante la debacle que le auguraban al PSOE las encuestas en castigo a los continuos escándalos de la gestión de Monteseirín, como así ocurrió, ya que Zoido arrasó con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales.

Pese a estar a las puertas de unas elecciones y a su condición pública de alcalde saliente, a Monteseirín y a su valido Marchena, al que había colocado como consejero delegado de Emasesa, les entraron unas muy llamativas prisas por cambiar de sitio la depuradora de San Jerónimo antes de que expirara el mandato, cuando en todo caso lo lógico hubiera sido dejar que fuera el nuevo gobierno emanado de las urnas el que analizara la situación y decidiera al respecto.

CONFLICTO CON LA ALGABA

En primer lugar, porque la elección de los suelos alternativos, la antigua estación de filtraje al borde de la carretera de La Algaba, había provocado un conflicto con vecinos de dicho municipio, temerosos de sufrir los malos olores y molestias habitualmente asociados a este tipo de instalaciones. Así, en febrero de 2011 numerosos algabeños se desplazaron en una caravana formada por vehículos particulares y dos autobuses hasta la Plaza Nueva de Sevilla para manifestarse ante el Ayuntamiento hispalense.

Hasta tal punto llegó la situación, que el 1 de marzo, a tan sólo dos meses y medio de las elecciones municipales, el gobierno saliente de Monteseirín tuvo que embarcarse en una campaña informativa destinada al pueblo de La Algaba para tratar de convencer a sus habitantes de la inocuidad del proyecto, mientras aquéllos insistían en que “el problema que le quieren quitar a los vecinos de San Jerónimo no queremos que nos lo manden a nosotros”.

Por otra parte, aunque la construcción de una nueva depuradora alejada de San Jerónimo se consideraba una obra necesaria para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa europea, en especial en materia de nitrógeno y fósforo, no era de una urgencia extrema, ya que se contaba con una certificación técnica que garantizaba el  funcionamiento de la existente durante al menos cinco años más.

DESPILFARRO

A ello había que añadir la delicada situación financiera de Emasesa, tradicionalmente la joya de la corona de las empresas municipales pero que bajo la desastrosa gestión del ahora paradójicamente nombrado académico Manuel Marchena había entrado en pérdidas por primera vez en su historia, al dispararse los gastos de todo tipo. Marchena se puso un sueldo que llegó a ser de 168.391 euros anuales y dos coches (un Renault Megane y un Opel Insignia) y dos conductores a su servicio. Los sueldos de éstos ascendieron entre 2008 y 2011 a 406.000 euros, y sus dietas, a 17.300 euros.

Antes de la llegada de Marchena como consejero delegado, las dietas pagadas por Emasesa a sus directivos por viajes fuera de Sevilla fueron de un máximo de 67.000 euros (año 2007). Con Marchena al frente, se dispararon a 580.000 euros. En publicidad y propaganda con la excusa de promocionar el ruinoso proyecto “Agua de Sevilla” (vender agua de Emasesa embotellada), el hombre de confianza de Monteseirín gastó sólo en su primer año 2,9 millones de euros, a los que luego añadió 611.000.

El hoy académico, que además se permite dar desde ciertos foros lecciones de economía a los demás, le provocó a Emasesa sólo con la operación “Agua de Sevilla” unas pérdidas de 1.145.229 euros: vendió botellas con agua por valor de 10.771,92 euros y se gastó en ellas 1.145.229.

NUEVO CANON

Por si fuera poco, Emasesa había suscrito tres años antes un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco de Sabadell para financiar obras con cargo a un canon de mejora que los sevillanos debían pagar en su recibo del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte de ésta de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Marchena no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

ORDEN INCUMPLIDA

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado ¡ para las 8 de la mañana de aquel día!  a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 85 millones, en lo que era la operación más cara en la historia de la compañía,  a  la Unión Temporal de Empresas formada por Befesa (Abengoa), Detea y Dam-Sav ( gestora de la depuradora de San Jerónimo).

AHORRO

El concurso fue impugnado luego por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) porque, a su juicio, la UTE que había resultado adjudicataria no cumplía uno de los puntos del pliego de condiciones. A ello se unió que la Agencia Andaluza del Agua denegó a Emasesa la aprobación de otro canon para financiar la construcción de la depuradora, por lo que tendría que haberla asumido la compañía municipal pidiendo a los bancos un crédito por 85 millones, que añadir a los 226 millones de deuda bancaria contraída durante el mandato de Monteserín y Marchena.

Como la construcción de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación del canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las empresas ganadoras.

El tiempo ha demostrado que las muy llamativas urgencias con que actuó Marchena para adjudicar como fuera, incluso a la intempestiva hora de las 8 de la mañana, la depuradora alternativa a la de San Jerónimo no estaban justificadas porque la actual ha seguido funcionando no ya sólo cinco años más, sino seis y  va camino de siete. Item más, tal como ha anunciado Espadas, el Ayuntamiento ni siquiera se plantea construir una nueva depuradora que sustituya a la de San Jerónimo tras su cierre en 2018, sino que su carga de efluentes sea asumida por las otras tres depuradoras existentes en la ciudad (El Copero, Ranilla y Tablada), con lo cual el alcalde ha acabado avalando la decisión adoptada por Zoido, el cual en realidad le ahorró 85 millones de euros a Sevilla.

La posverdad de Zoido

El ministro, detractor inicial de la Torre Sevilla, se presenta ahora como su paladín

Fue él quien escribió a la Junta y al Gobierno sobre la indemnización por la anulación de la licencia

 

Juan Ignacio Zoido ya no sabe qué hacer con tal de prolongar sus habituales estancias de fin de semana en Sevilla, al igual que en su tiempo hacía Javier Arenas cuando estaba en el Gobierno de la nación. El pasado lunes presidió y protagonizó el acto de inauguración de unas oficinas de la empresa Deloitte en el rascacielos de la Cartuja, rebautizado oficialmente como Torre Sevilla y que popularmente sigue siendo conocida como Torre Pelli por el nombre del arquitecto argentino que diseña casi siempre la misma pero con algunas variantes, de ahí que se pudiera intercambiar perfectamente con la Torre Iberdrola, de Bilbao, y no se notaría en demasía la diferencia.

Parafraseando el título de la película de Fernando Colomo, hay que preguntar qué hacía todo un ministro del Interior en un sitio como ése, ya que Deloitte es una consultora con cinco ramas de actividad (consultoría, fiscalidad, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría) y ninguna de las mismas está vinculada a la seguridad o el orden público, por lo que ese acto de carácter privado habría correspondido en todo caso y en un ejercicio de licencia política al ministro de Economía, al de Hacienda o en último extremo al de Justicia, pero no a Zoido.

Sin embargo, ya es conocida en nuestros lares la propensión del ex alcalde a cortar todo tipo de cintas inaugurales y a aparecer allí donde se le reclame, sea conveniente o inconveniente para su imagen y su cargo, habida cuenta su natural inclinación a decir sí a todos para tratar de no quedar mal con nadie, aun a riesgo de ser él quien quede de forma inapropiada para sí mismo.

CAMBIAR EL PASADO

Aprovechando que el Guadalquivir pasaba por Sevilla y al pie mismo del rascacielos, Zoido hizo con la torre un ejercicio de ese neologismo declarado como palabra del año por el Diccionario de Oxford pero aún no reconocido por el de nuestra Academia de la Lengua: un ejercicio de “posverdad” o, como lo calificó Espadas, de reescritura de la historia.

Frente a los hechos objetivos recogidos en las hemerotecas de que el hoy ministro fue un detractor de la Torre Pelli (hoy Torre Sevilla) y de que incluso se mostró partidario de pararla cuando tan sólo se habían levantado unas cuantas plantas de la misma en caso de que llegara, como llegó, a la Alcaldía, Zoido ha retorcido ahora el pasado para presentarse como un converso e incluso un paladín del rascacielos, al margen de cualquier “pecado original”.

En su parlamento en el acto de Deloitte, Zoido afirmó que “hubo un momento en que tuve que decidir, porque había quien decía que la Torre Sevilla había que tirarla”. El ministro habla de terceras personas, como si no hubiera sido él mismo quien cuando se hallaba en la oposición y/o en su campaña hacia la Alcaldía no se hubiera alineado con quienes eran partidarios de tumbar el rascacielos por entonces aún en ciernes con tal él de arañar votos donde fuera para erigirse en el sucesor de Monteseirín en la Casa Grande.

Añadió Zoido que él acudió a San Petersburgo “a pelear con uñas y dientes y con argumentos sólidos la permanencia de los monumentos del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad y también que la Torre Sevilla fuera una auténtica realidad, puesta al servicio del crecimiento y la seguridad jurídica que supone invertir en Sevilla; y -aseveró- lo logramos”.

ECONOMÍA

¿Al servicio del crecimiento económico? Pero si hace siete años declaró en un foro periodístico lo siguiente sobre la torre: “Me parece un proyecto que, hoy por hoy, no tiene viabilidad económica”.

Y ya que Zoido estuvo en las oficinas de Deloitte, es el momento de recordar el estudio que en marzo del año 2009 hizo esta consultora para Cajasol, la promotora inicial del rascacielos, sobre el impacto económico que iba a tener el inmueble, un auténtico cuento de la lechera: con su construcción -decía- se iban a crear más de 4.000 empleos en Sevilla; en su primer año de funcionamiento (se cumple ahora en febrero) iba a generar más de 561 millones de euros (es decir, casi tanto como toda la Feria de Abril) y 11.327 puestos de trabajo; en el segundo año, 795 millones de euros y 16.106 empleos, y en el noveno año, 1.351 millones de euros (dos veces la Feria) y 27.910 empleos.

Habrá que preguntarse en qué se basó Deloitte para hacer tal ejercicio de economía-ficción.

 

SEGURIDAD JURÍDICA

La tercera línea argumental de Zoido en su reescritura de su posición sobre la torre ha sido la de erigirse en el valedor de la seguridad jurídica, con estas palabras: “las Administraciones tienen que ser salvaguarda de la seguridad jurídica para generar confianza en los inversores. Yo he procurado guiarme cada vez que he ocupado un puesto por el sentido común, la razón y la ley…. Mi obligación era salvaguardar la legislación vigente y los legítimos intereses de unos promotores que habían confiado en una legislación y que en base a las licencias legalmente concedidas habían iniciado su proyecto. Habría sido una irresponsabilidad -añadió- si paraba la obra, que reunía todos los permisos, como si no hubiera impedido que Sevilla perdiera la condición de Patrimonio de la Humanidad”.

¡Pero si Zoido puso en duda antes de acceder a la Alcaldía la validez de la licencia urbanística otorgada por Monteseirín a la torre! Item más, tan sólo tres meses después de ser elegido alcalde envió sendas cartas a los entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, para plantearles quién tendría que asumir las indemnizaciones en caso de que la licencia de obras del rascacielos se revisara o se anulara.

¿Y quién, sino él como alcalde, planteaba la posibilidad de la revisión o anulación, esa que seis años después ha negado en las oficinas de Deloitte?

 

PRECEDENTES

Por más que Zoido haya acuñado su posverdad sobre la torre y cambiado de discurso, las actuaciones de sus predecesores al frente de la Alcaldía demuestran que en Sevilla ha sido posible paralizar grandes proyectos urbanísticos por razones políticas, independientemente de las jurídicas.

Rojas Marcos frenó la denominada torre cilíndrica, proyectada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas, aunque para ello tuvo que compensar a los promotores con mayor edificabilidad en la construcción de un hotel en la Buhaira.

Monteseirín liquidó el proyecto de sede administrativa para el Ayuntamiento que en el Prado de San Sebastián diseñó Rafael Moneo cuando Soledad Becerril era alcaldesa, pese a que la constructora Dragados le amenazó con pedir una indemnización multimillonaria en los tribunales, del mismo modo que amenazaban con hacer los promotores de la hoy Torre Sevilla.

Zoido, con sus 20 concejales y su mayoría absolutísima, no tuvo la misma determinación que Rojas Marcos y Monteseirín pese a haber militado en las filas de los detractores del rascacielos de la Cartuja, y ahora quiere pasar por su gran paladín.

Como en el soneto de Miguel de Cervantes, y en tantas ocasiones durante su mandato como alcalde, en el caso de la Torre Sevilla, antes Pelli, Zoido “miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.

Orden de prioridades

El PSOE antepuso en 1999 los barrios a un edificio de Moneo en el Prado de San  Sebastián  y el PP le devuelve ahora la moneda

El edificio de Moneo habría resultado un 59% más barato que comprar el de la Junta en la Plaza Nueva

Espadas ha cometido un error de cálculo con la operación de compra parcial de la vaciada sede de la Consejería de Gobernación de la Junta en la Plaza Nueva, que le han tumbado todos los grupos sin excepción (PP, Participa, C’s e IU) de la oposición. Ha quedado en evidencia la minoría con que gobierna y la falta de una maduración previa del asunto por su parte y/o por su equipo. Hasta ha parecido una ingenuidad política que expresara en el Pleno extraordinario que si lo hubiera llegado a saber (el rechazo a su propuesta), no lo hubiera convocado.

La opinión pública se preguntará cómo Espadas dio este paso en falso y no llegó a enterarse de que la oposición no le iba a apoyar en un tema que pareció como si fuera un empeño personal suyo, cuando debiera haberse asegurado previamente los mínimos votos favorables de la oposición. Ésta, al infligirle esta dolorosa derrota, le recuerda en vísperas de los Presupuestos municipales que está en minoría y que necesita llegar a pactos para sacar adelante sus proyectos y las Cuentas, al igual que Rajoy en el Gobierno de la nación.

HISTORIA REPETIDA

En la nota de prensa previa, el gobierno local explicaba que proponía al Pleno la adquisición de la casa Fabiola como futura sede de la colección Bellver y de una parte del edificio de la Plaza Nueva propiedad de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Junta de Andalucía) como sede unificada de servicios municipales ahora dispersos para la racionalización y reorganización de espacios públicos (Hacienda, Agencia Tributaria, Gobierno Interior, Recursos Humanos, Patrimonio).

Salvando la distancias, con la compra fallida del edificio de la Junta se ha repetido la historia del intento fallido en tiempos de Soledad Becerril de, con los mismos argumentos entonces que ahora, disponer de una sede administrativa en la que concentrar los servicios municipales dispersos.

Antes de remontarnos al mandato de Soledad Becerrril (1995-1999), veamos más a fondo en qué consistía la operación diseñada por el gobierno de Espadas para hacerse no con todo el edificio de la Consejería de Gobernación (8.383 m2), sino sólo con el 35% del mismo (2.934 m2) por 6.080.000 euros, lo que suponía valorar el m2 a razón de 2.072,25 euros, y todo el inmueble en 17.331.428,57 euros.

Atención a esta frase de la nota oficial: “El Ayuntamiento sólo abonaría así en concepto de alquiler la parte proporcional a la propiedad que mantendría la Agencia Pública de Gestión de Activos, cuantía que se reduciría progresivamente si se amplía el porcentaje de participación de la Administración Local en la propiedad del edificio. Sólo con la compra de este 35% inicial se produce un ahorro de 5,7 millones de euros en nueve años con respecto al precio que supondría el alquiler”.

PROBLEMAS ENCADENADOS

Se colige, pues, que el Ayuntamiento pensaba comprar un tercio del edificio y alquilar los dos tercios restantes también a la Junta y que para presentar de forma digerible la operación hizo una proyección a nueve años de lo que habría supuesto adquirir ese 35% en vez de alquilarlo: 5,7 millones de euros. Este dato nos permite deducir que el alquiler del 65% restante le habría costado en ese mismo periodo de tiempo 10.585.714 euros, a un promedio anual de 1.176.190 euros. Asimismo, que el alquiler, en vez de la compra, de ese tercio le habría supuesto un desembolso de 633.333 euros anuales.

No olvidemos un detalle importante: esta ahora fallida operación habría sido consecuencia de un problema causado por la decisión del gobierno municipal de comprarle a la Fundación Lara, por 4,5 millones de euros, la casa Fabiola para albergar la colección Bellver en vez de alojar las obras de arte, como estaba acordado en el mandato de Zoido, en el Pabellón Real de la Plaza de América, de propiedad municipal.

Al decidir este cambio, el gobierno ha creado un nuevo problema: debe desalojar, y por tanto hallarles una nueva sede, a los funcionarios de Hacienda que estaban de alquiler en la casa Fabiola. Y estaban allí y en esa situación porque Monteseirín entregó a Sacyr, a cuenta de las Setas, la histórica sede de toda la vida de la Delegación de Hacienda en la plaza de la Encarnación. Así se van encadenando los problemas uno tras otro.

ARGUMENTO SIMILAR

Y, las vueltas que da la vida: Espadas usa 17 años después el mismo argumento de la concentración de los servicios dispersos que utilizó  Soledad Becerril en 1999 para proyectar en el Prado de San Sebastián un edificio administrativo diseñado por el multipremiado arquitecto Rafael Moneo y que iba a tener un coste estimado de 5.000 millones de pesetas, equivalentes a 30 millones de euros.

El inmueble, de cinco plantas y en el que iba a destacar un pórtico de grandes dimensiones con acceso a la estación de autobuses del Prado, habría medido 23.000 m2 (casi tres veces más grande que la Consejería de Gobernación en la Plaza Nueva) y habría contado con un aparcamiento subterráneo de 590 plazas. Por tanto, el m2 habría costado 1.304 euros, frente a los 2.072,25 euros (un 59% más caro) que estaba dispuesto a pagar el gobierno de Espadas por cada m2 del inmueble de la Junta en Plaza Nueva, y ello sin comparar la abismal diferencia entre el número de plazas de garaje de uno y otro.

Para financiar la construcción del edificio de Moneo, el gobierno de Soledad Becerril había negociado un crédito a 25 años y a bajo interés (Mibor + 0,3%) y pensado en vender los edificios municipales (seis) que iban a ser desocupados por los funcionarios una vez trasladados al Prado. La actuación es parecida a la proyectada por Espadas, ya que en su nota el Consistorio dice lo siguiente: “Se han diseñado además planes para la recuperación de la inversión a través de la venta de entradas del Alcázar o de la enajenación de otros inmuebles de propiedad municipal”.

BARRIOS PRIMERO

Apenas iniciadas las obras del edificio de Moneo por la empresa Dragados en el Prado llegó al gobierno municipal el socialista Monteseirín. Lo primero que decidió, aparte de subirse el sueldo en lo que supuso un escándalo nacional que anticipaba la pauta de sus tres mandatos, fue paralizar las obras de la futura sede administrativa municipal (Dragados le reclamó una indemnización de 5 millones, de la que con los años desistió para poder seguir optando a adjudicarse obras municipales). Monteseirín argumentó que Sevilla tenía otras prioridades más importantes en los barrios que gastarse el dinero en construir un edificio para los funcionarios.

Diecisiete años después, esa misma argumentación es la que han esgrimido en el Pleno extraordinario los grupos de la oposición para tumbarle a Espadas su operación inmobiliaria con la Junta, que el alcalde presentaba como una gran oportunidad con el fin de concentrar en una sola sede los servicios municipales.

Así pues, Espadas ha acabado asumiendo los planteamientos que tenían Soledad Becerril y el PP en 1999 y el PP y el resto de grupos han asumido los que tenían Monteseirín y el PSOE por las mismas fechas: ladrillo versus barrios, barrios versus ladrillo. ¿Es o no paradójico que alcaldes y partidos de signo tan opuesto acaben intercambiándose los roles y las tesis con el curso del tiempo?

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Al acabar la Expo-92 sobrevino una crisis casi tan aguda como la actual. Duró cinco años y se llevó por delante, como ahora, mucha burbuja inmobiliaria. Entre los caídos entonces estaban los promotores del World Trade Center en el edificio Expo. Algunos razonaron que con los avances tecnológicos no haría falta ni que las empresas tuvieran sede física porque sus directivos podrían comunicarse por videoconferencia desde cualquier centro de negocios. Entonces las videoconferencias parecían cosa de ciencia-ficción; hoy, cualquiera de nosotros puede comunicarse mediante este sistema a través de Skype y gratis desde un ordenador doméstico.

Ciudadanos ha sido el único grupo político municipal que en el Pleno extraordinario incidió en la necesidad de que el Ayuntamiento invierta no en ladrillo para más funcionarios, sino en tecnología, para digitalizar, modernizar y agilizar los servicios que prestan.

Y una concentración de funcionarios en una misma sede no garantiza una mayor eficacia. La prueba la tenemos en los 500 empleados de Urbanismo en las caracolas de la Cartuja, donde pese a tal unificación hay 3.000 expedientes paralizados, con demoras de hasta año y medio. ¿No habría sido más importante, barato y rentable para la ciudad desatascar esos 3.000 proyectos de otros tantos inversores hartos de esperar que comprarle una sede vacía a la Junta?

Sevilla: el carril peatonal

 

La Mesa de los Veladores propone una franja reservada a los peatones entre los edificios y las terrazas de los bares

La pretendida peatonalización de la Avenida y la calle San Fernando ha supuesto la privatización del espacio público

 

Más de un año después de la toma de posesión de Espadas, una de las tantas mesas de diálogo impulsadas por el alcalde para intentar contentar a tirios y troyanos con su política de no disgustar a nadie y de que los colectivos en conflicto definan ellos mismos las soluciones, y hasta se las autogestionen sin necesidad de que el Ayuntamiento tenga que ejercer la autoridad (recuérdese por ejemplo, la apelación a los colectivos religiosos para que se autorregulen y reduzcan tantas procesiones que dejan en evidencia la falta de policías), la denominada Mesa de los Veladores ha llegado a la obvia conclusión para todos, menos para el sector turístico como parte interesada, de que hay un exceso de veladores, especialmente en el eje calle San Fernando-Avenida y en la calle Betis.

De la conclusión de la Mesa se colige que debe haber establecido un número racional de veladores que pueden soportar esas vías públicas y en función de ¿qué? criterios, para determinar así que por debajo de ese límite habría una carga admisible o sostenible y, por encima, ese exceso del que se ha hablado pero sin que se haya difundido ningún dato objetivo que nos permita ampliar la visión sobre el asunto.

Recuérdese que en la actual Ordenanza municipal, aprobada hace tan sólo tres años durante el mandato de Zoido, se especifica que por cada licencia de veladores que expida el Ayuntamiento -recauda en torno a un millón de euros anuales por este concepto- el titular de la misma puede ocupar un máximo de 100 m2 de vía pública e instalar también como máximo 25 veladores en ese área, que debe delimitarse con tachuelas o cualquier sistema de marcas para que quede claro cuál es el espacio objeto de la concesión.

 

CORRALITOS

 

Aparte de la doble fila de tachuelas de los carriles-bici (porque casi desde el principio en esas vías ya no hay un solo carril-bici, sino dos en cada sentido), en la calle San Fernando y en la Avenida ¿se ha cumplido esa obligación de señalizar el espacio de los veladores? Allí donde se está haciendo no es con marcas en el suelo franqueables, que permitieran el paso de los transeúntes cuando no hubiera clientes sentados en los bares, sino que se está acotando el terreno con paneles de metacrilato u otro tipo de barreras de separación que multiplican la imagen de corralitos infranqueables por los peatones, los cuales se ven condenados a luchar por el espacio “sobrante” con ciclistas, patinadores y tranvía, entre otros.

Para tratar de paliar este desaguisado, los miembros de la Mesa de los Veladores han propuesto en su informe (obsérvese que tras la fase de diagnóstico, que ha durado un año y permitido a Espadas escudarse en la existencia de la Mesa para mantener el “statu quo” sin mojarse en ningún sentido y cruzando incólume para su partido dos procesos electorales, hemos pasado a la fase de propuestas) que se limite la extensión máxima que puedan ocupar los veladores, de forma que la zona más cercana a las fachadas se configure como un itinerario peatonal libre de obstáculos.

CORREDOR YA PREVISTO

Lo que la Mesa de los Veladores ha propuesto es ni más ni menos que la creación de un carril peatonal, una especie de corredor humanitario que permita a los sufridos viandantes cruzar por el Centro, aunque sea en fila india y sin tener que saltar por encima de sillas y mesas de los bares y sorteando ciclistas, patinadores, inexpertos usuarios de plataformas segway, coches de caballo y los tranvías que circulan en uno y otro sentidos.

Pero es que el “carril peatonal “ ya está contemplado en la actual Ordenanza municipal, en la cual se fija un espacio mínimo (atención, mínimo, no máximo) de metro y medio entre los muros de los edificios y los primeros veladores, para permitir el paso de las personas.

Que la Mesa de los Veladores proponga como “solución” que se haga lo que ya está estipulado en la Ordenanza desde el año 2013 es la demostración del incumplimiento de la norma sin consecuencias para quienes la incumplen y de que para ese viaje de un año de la susodicha Mesa no hacían falta tales alforjas, ya que acaba preconizando que se haga lo que estaba previsto que se hiciera y debería haberse hecho pero que no se ha ejecutado.

Al final va a resultar que la Mesa le va a acabar dándole la razón a la patronal de la hostelería, que insta a Espadas a que empiece por hacer cumplir la Ordenanza y se deje de plantear “experimentos” de reducciones de licencias y de horarios (ya se sabe que con las cosas de comer no se juega y que, por tanto, los experimentos, mejor con gaseosa no vayan a acabar explotando).

La patronal, cuyo nuevo presidente se ha estrenado en el cargo pidiendo todavía más ocupación de la vía pública, podría ayudar al alcalde de la “autorregulación” instando a sus asociados a dar ejemplo con el cumplimiento de la Ordenanza y así ni siquiera haría falta la existencia de la Mesa de los Veladores ni tendríamos este debate en la ciudad.

EXCESOS

Espadas no ha dejado pasar la oportunidad de aludir, como suelen hacer todos los gobernantes, a la herencia recibida. Así, se ha referido al “exceso de autorizaciones” del gobierno de Zoido, que ha provocado “un problema de congestión, de movilidad y de estética”.

Tiene razón, ya que según las estadísticas extraoficiales Monteseirín se fue dejando en las calles 9.635 veladores, mientras que Zoido hizo lo propio cuatro años más tarde pero con licencia para 13.679 (un 42% más). Casi medio año después de su toma de posesión, Espadas, según declaró Antonio Muñoz en noviembre pasado, había reducido su número a 12.192 (un 11% menos). Habría que exigirle al Ayuntamiento que difunda mensualmente la estadística del número de veladores que colonizan calles y plazas, al igual que divulga la cifra de los turistas que pernoctan en los hoteles, ya que tan indicadores del sector turístico son unos como otros.

Sin embargo, al actual alcalde hay que achacarle la autorización de los veladores en la Campana, en una demostración de que la cuestión no es sólo cuantitativa, sino también cualitativa: se pueden saturar aún más los espacios emblemáticos de la ciudad.

La excesiva proliferación de veladores, según el dictamen de la propia Mesa creada a tal efecto, en la calle San Fernando y en la Avenida es la demostración del “bluff” de la peatonalización de ambas vías principales de la ciudad que “vendió” Monteseirín como uno de los mayores “éxitos” de su época al frente del Ayuntamiento.

Los viandantes tienen ahora mucho menor espacio que anteriormente, y si otrora disponían al menos de aceras diferenciadas y a mayor altura para caminar separados de los vehículos, ahora han circular al mismo nivel disputándose el menguante territorio que les han dejado con veladores, tranvía, ciclistas, patinadores y cualquier elemento que se mueva sobre una o más ruedas.

La pretendida peatonalización ha supuesto en realidad, como en la Plaza de la Encarnación con la Setas, la privatización del espacio público, donde en la práctica el viandante ni es su dueño, como antiguamente lo era de forma natural, ni tiene prioridad, de ahí la propuesta del carril peatonal, equivalente a la de los espacios protegidos que en la Naturaleza se reservan para las especies en peligro de extinción.

 

Tranvía al cubo

 

Espadas ha anunciado su propósito de prolongar el tranvía desde San Bernardo hasta Santa Justa, en línea con el proyecto auspiciado en su día por Monteseirín y, después, por Zoido. Recuérdese que si Monteseirín (PSOE), cuya lista no fue la más votada en las elecciones municipales de 1999, accedió a la Alcaldía en detrimento de la candidata que sí lo fue, Soledad Becerril (PP), fue merced a un pacto entre el andalucista Rojas Marcos y Chaves por el que, a cambio, la Junta se comprometió a reanudar las obras de la línea 1 del Metro, que en los años 80 había paralizado otro alcalde socialista, Manuel del Valle.

Sin embargo, la tuneladora no empezó a funcionar realmente hasta seis años después (agosto de 2005), cuando ya Monteseirín había cambiado de pareja de baile politico para librarse del PA de Rojas Marcos y echarse en brazos de la IU de Torrijos. Como el entonces alcalde veía que el prometido Metro tampoco iba a estar listo para las elecciones municipales de mayo de 2007 (acabaría inaugurándose, todavía inacabado, en abril de 2009) y temía que una posible frustración de los sevillanos por tal incumplimiento se pudiera volver contra él, se le ocurrió un sucedáneo de Metro en forma de tranvía, al que sin ocultar su propósito denominó Metrocentro.

Y lo uno llevó a lo otro: la supuesta peatonalización de la Avenida (convertida en un caos circulatorio y en el que los peatones tienen menos sitio para moverse, y con mucho más riesgo, que antes) para permitir así tender las vías desde el Prado hasta la Plaza Nueva.  Como había que tratar de llegar con el tranvía acabado como fuera a la fecha electoral, cortó sin los informes técnicos previos y preceptivos que lo justificaran todos los árboles y destruyó los hornos almohades hallados en la Puerta de Jerez durante las obras, pese a lo cual se retrasó, ya que el tranvía no se inauguró hasta el 28 de octubre de 2007, cinco meses después de la cita con las urnas.

COSTES OCULTADOS

Nunca se informó sobre el coste real de las obras. La cifra generalmente aceptada fue de unos 80 millones de euros (años después se rebajó extraoficialmente a 60,5 millones) para un recorrido del que también se dieron cifras dispares y que se ha cifrado en 1.300 metros en números redondos. La desproporción entre el coste del tranvía y su escasa utilización inicial en una distancia tan corta que podía cubrirse dando un paseo o usando una lanzadera de Tussam como la que durante las obras se puso en servicio entre la avenida de Roma y la Magdalena, provocó críticas y chanzas como aquella frase del tranvía que iba “de ningún sitio a ninguna parte”.

Ante la falta de suficiente demanda, dado que muchos usuarios que arribaban en autobús al Prado llegaban desde allí andando antes o simultáneamente que el tranvía a la Plaza Nueva y además se ahorraban el transbordo, el gobierno de Monteseirín decidió prolongar la línea hasta San Bernardo y quitar todas las paradas de autobús que pudiera en el Prado, con lo que se incrementó progresivamente el número de usuarios del tranvía (ya había que caminar dos kilómetros en caso de no tomarlo), para así justificar ante la opinión pública su construcción (3,94 millones de pasajeros en el año 2015).

Tampoco se reveló el coste de prolongar en unos 885 metros la línea del tranvía desde el Prado hasta San Bernardo, hasta sumar en total los 2.000 metros que le atribuye Tussam en su página web (apartado “Características del tranvía”), aunque también extraoficialmente se habló de unos 13 millones de euros. Así pues, en total los dos kilómetros de tranvía habrían costado entre un mínimo de 73,5 millones de euros y un máximo de 93 millones.

El despilfarro realizado únicamente por los intereses electoralistas de Monteseirín pero siempre con el dinero del contribuyente y dejando la deuda multimillonaria a sus sucesores se pone aún de manifiesto cuando se comprueba que el 70% del itinerario que recorre en superficie el tranvía es el mismo que cubre bajo tierra el Metro desde la Puerta de Jerez hasta San Bernardo, y que el único tramo en que no coinciden son los 600 metros hasta la Plaza Nueva, sustituibles ahora mismo por varias líneas de autobuses que unen el Paseo de Colón con la Plaza de la Magdalena, aún más al interior del Centro.

COPIANDO A MONTESEIRÍN

Ahora llega Espadas, como antes Zoido (que pasó de incrédulo a converso), y en vez de molestar al gobierno socialista de la Junta de Andalucía para que empiece de una vez alguna de las tres líneas de Metro pendientes tras siete años de espera acumulada, hace lo mismo que su correligionario Monteseirín: a falta de Metro, un Metro “light”, o sea, más tranvía. Así que retoma el proyecto de aquél de unir San Bernardo con Santa Justa (unos 1.800 metros) como primera etapa de una segunda posterior, en la que se llevaría hasta el aeropuerto.

Esta es la misma opción que poco antes de las elecciones municipales de 2015 presentó Zoido en el Foro Gaesco, la patronal de la construcción: una línea (la tercera ya) con cuatro paradas (dos en San Francisco Javier, una en Luis de Morales en la puerta de El Corte Inglés, y la última cerca de Santa Justa), para la que se necesitarían 36 meses (casi tres años) de trabajos y a un coste de 76 millones de euros.

Un punto muy importante y que pasó casi inadvertido en su intervención fue que la ejecución de este proyecto permitiría construir unas nuevas cocheras para el tranvía en el entorno de Santa Justa, dado que en sus prisas electoralistas para construir la línea Monteseirín usó el subterfugio de “subsanar a posteriori” un supuesto error en el PGOU de 2006 y recalificó como terrenos “dotacionales con carácter de sistema de equipamiento” los suelos que estaban calificados en el Plan como residenciales en el Prado de San Sebastián.

Aquella argucia le permitió improvisar allí la construcción de las cocheras del tranvía, con todas las molestias de ruidos y olores desde la madrugada hasta altas horas de la noche para los vecinos. Estos, que contaron con el apoyo de Zoido cuando estaba en la oposición pero que luego los dejó vendidos cuando llegó a la Alcaldía, llevan envueltos desde hace nueve años en una batalla urbanística y jurídica contra el Ayuntamiento que recuerda a la ya librada, con éxito, contra la Biblioteca universitaria en la misma zona. Si los tribunales fallan a favor del vecindario, sería el fin de las cocheras y, por tanto, del tranvía, de ahí la necesidad política que tiene el Ayuntamiento de prolongar la línea hacia Santa Justa para llegar hasta suelos donde levantar unas cocheras alternativas para el caso de que perdiera el pleito.

A COSTE DE LOS ÁRBOLES

Zoido presupuestó en 76 millones el coste de prolongar la línea, que, entre otros, incluía un paso subterráneo en Ramón y Cajal para evitar un cruce con semáforos y una afección al tráfico rodado. Espadas, en sus comparecencias periodísticas, ha rebajado el coste a unos 40 millones, quizás porque en su afán de inaugurar la línea antes del final de su mandato quiere hacerla por la mediana arbolada (IU estimó en su día que esa solución suponía la eliminación de unos 208 árboles y arbustos, aunque a saber los que queden dado nuestro proverbial maltrato al patrimonio vegetal). En vez de quitarle carriles a los coches para prolongar el tranvía, quitamos el espacio de los árboles. Esta es la Sevilla sostenible signataria de la Agenda XXI.

Si sumamos los entre 73 y 93 millones ya gastados en el tranvía con los entre 40 y 76 millones de la nueva línea la factura ascendería a entre 113 y 169 millones de euros, cifra equivalente a entre la cuarta parte y un tercio de la cantidad por la que se adjudicó la primera línea de Metro (después, como suele ocurrir, hubo un sobrecoste de 196 millones).

 

Una vez más se pretende gastar el dinero en duplicar en superficie lo que ya está comunicado bajo tierra. Actualmente, en un día laborable, las estaciones de San Bernardo y Santa Justa están comunicadas por aproximadamente 200 trenes de Cercanías (100 en cada sentido) de las líneas C-1, C-4 y C-5 y que prestan servicio entre las 5:08 y las 23:41 horas. La frecuencia de paso está en una media de un tren cada 15 minutos, aunque en las horas-punta hay hasta siete trenes (paso de uno cada menos de 9 minutos). El tiempo de viaje es de 4 minutos (aunque los trenes de la C-4 emplean en torno a 20 porque el recorrido es distinto). El precio del billete sencillo es de 1,80 euros si no se aplican los descuentos que permiten abonos y tarjetas. Además, existe la ventaja añadida de que la estación de San Bernardo se comunica directamente con la del Metro.

A esta conexión directa que ya existe entre las dos estaciones y que se solaparía con la prolongación del tranvía hay que unir la que en superficie permiten al menos, salvo error u omisión, cuatro líneas de autobuses: la 28, C-1, C-2 y la del aeropuerto, pero los usuarios carecen de información combinada en los paneles luminosos de las paradas de Tussam (donde los haya) de los horarios ferroviarios y del autobús para optar por uno u otro en función del tiempo de paso. Si en último extremo se quiere que haya más frecuencia de paso entre una y otra estaciones, bastaría con incrementar el número de autobuses de Tussam o/y de trenes de Renfe, mediante un convenio con esta última, en vez de gastar entre 40 y 76 millones de euros en prolongar en superficie un tranvía para conectar lo que ya está conectado. Desde el punto de vista económico, ese gasto es difícilmente racional y justificable, por más que el dinero lo ponga la UE o el Ayuntamiento, ya que al fin y al cabo son fondos públicos.

LA ALTERNATIVA

Partiendo de la base de que a medida que el Ayuntamiento más prolongue el tranvía más coartada le dará a la Junta para que no construya nuevas líneas de Metro, si Espadas quiere extender aquél debería pensar en opciones que no supusiesen duplicar en superficie los trayectos que ya cubren el Metro y el Cercanías ferroviario. Por ejemplo: extenderlo por la Avenida de Hytasa hasta las cocheras del Metro. Podría así compartirlas con éste, , desmontar las del Prado y dar servicio al Cerro del Aguila y los polígonos industriales de Hytasa, Navisa y Su Eminencia.

O bien invertir los entre 40 y 76 millones de euros del tranvía en la compra de autobuses articulados ecológicos de 18 metros (tendría para entre 114 y 217 unidades) para mejorar el servicio que presta Tussam a los barrios más alejados del Centro.  En clave electoral, los políticos siempre hablan de los barrios, pero a la hora de la verdad destinan las inversiones a, como dijo Monteseirín, la “ciudad consolidada”.

 

Crónica de un cargo anunciado

El viceconsejero de Salud, Martín Blanco García, publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado viernes 4 de marzo, página 79, una resolución por la que nombra al exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, subdirector de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería.

El lector no avisado se sorprenderá al conocer en marzo la publicación de una resolución fechada el 26 de febrero sobre un nombramiento oficial cuando gran parte de los medios de comunicación locales ya difundió esa “noticia” con casi un mes de antelación y la opinión pública tenía, por tanto, la sensación de que el exalcalde llevaba ya todo este tiempo desempeñando esa nueva función tras su obligado exilio político en Madrid.

Salvando las distancias, el caso de Monteseirín recuerda a las tácticas de un equipo de fútbol suramericano famoso por sus marrullerías antideportivas. Antes de que en la final del trofeo Carranza del año 1962 el directivo del Cádiz Rafael Ballester inventara las tandas de penalties para resolver por la vía rápida los partidos que habían quedado empatados, éstos se decidían por las más variadas fórmulas, hasta la de la mano inocente de un niño extrayendo un papelito del fondo de una copa.

Una de las más habituales era el lanzamiento por el árbitro de una moneda al aire tras haber elegido los capitanes de los equipos respectivos cara o cruz. Este sistema se empleaba hasta entonces en torneos veraniegos españoles en los que participaban equipos suramericanos que solían venir con el tiempo justo, para volverse de inmediato a su país o hacer una minigira por España, saltando de un torneo a otro casi sin solución de continuidad, por lo que no podía organizarse un partido de desempate 24 ó 48 horas más tarde.

Cuenta la leyenda que en un trofeo disputado en el Norte de España se llegó al momento fatídico de que el árbitro lanzara la moneda al aire para dilucidar quién, en función de que saliera cara o cruz, se alzaba con la copa en disputa. Pues bien, antes de que la moneda tocara siquiera el césped, el capitán y los jugadores del equipo suramericano saltaron con los brazos en alto dando alaridos de júbilo, como si la suerte ya les hubiera otorgado la victoria, y se lanzaron corriendo a alzar el trofeo que esperaba al borde del terreno de juego.

Nadie, ni el árbirtro, ni el capitán, ni los jugadores del equipo contrario se atrevió a cuestionar el triunfo previamente cantado de aquella manera, aunque hubiera salido la cara contraria de la moneda.

La misma táctica

Monteseirín, con la inhibición y/o connivencia de la Junta de Andalucía, ha hecho lo mismo que aquellos expertos futbolistas marrulleros: ha alzado los brazos antes de tiempo con el montaje de una campaña en la que aparecía como adjudicatario de “pleno derecho” del cargo, de modo que ningún posible rival pudiera disputarle un nombramiento que se le habría prometido de antemano.

Recuérdese cómo tras el desastre electoral del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2011, en que hasta barrios tradicionalmente de izquierdas prestaron su voto a Zoido (20 ediles) hartos de los escándalos de los gobiernos de Monteseirín y de su derroche megalómano en las Setas de la Encarnación (desvió el dinero del PGOU para pagar los más de 100 millones de euros que costaron), el exalcalde, por ende alineado políticamente entonces contra Susana Díaz y Viera por el control del PSOE sevillano, se había convertido no en el valioso jarrón chino del que habla Felipe González en su condición de exgobernante, sino en el símbolo de la peor etapa del gobierno socialista local y en un obstáculo para las aspiraciones de Espadas de recuperar la Alcaldía si su presencia, y hasta su sombra, se proyectaban sobre él.

Así pues, la mejor solución política era quitarlo del medio directamente: cuanto más lejos de Sevilla, mejor. Antes de las elecciones generales de noviembre de 2011 que ganó el PP de Rajoy, con Zapatero todavía en la Moncloa, la Junta de Andalucía y el Gobierno socialista firmaron un convenio ‘ad hominem’ para que Monteseirín, médico funcionario, ocupara una plaza de investigador principal en el Instituto Carlos III de la capital de España. Un cargo a su medida en exclusiva, a dedo, para justificar su exilio político.

El regreso

Así estaba hasta que el pasado 28 de diciembre de 2015 escribió el siguiente texto en su cuenta de Twitter: “Tras 4 intensos años en Madrid como investigador en salud, creo que ha llegado la hora de volver a mi Sevilla, de nuevo con Alcalde socialista”. No era una inocentada, sino la revelación de la operación en marcha y por la que Monteserín tenía la completa seguridad de su regreso a la capital de Andalucía una vez que reconquistada la Alcaldía, perdida por su causa, el PSOE le levantaba el castigo.

La operación brazos en alto cantando victoria antes de tiempo de Monteseirín se inició públicamente el día 8 de febrero, cuando se filtró convenientemente a la Cadena SER la “noticia”, que el exalcalde se apresuró a subir a su cuenta de Twitter: “Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde de Sevilla, nuevo subdirector de la Inspección de Servicios Sanitarios de Andalucía”.

Sin embargo, ese nombramiento no se había producido, porque habría sido ilegal. Lo único que había existido era la publicación en el Boja, el 4 de febrero (página 22), de una resolución de la Viceconsejería de Salud por la que se anunciaba la convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, de libre designación.

Este puesto era el de subdirector de la Inspección de Servicios Sanitarios, al mismo podía presentarse cualquier funcionario que cumpliera los requisitos establecidos y hacerlo durante el plazo legal estipulado de 15 días hábiles, o sea, hasta el 25 de febrero. Así pues, se podían presentar candidatos hasta final del mes pasado, pero Monteseirín sabía ya dos meses antes, el 28 de diciembre según su cuenta de Twitter, que iba a salir esa plaza y que estaba a él destinada, porque le iban a remover el obstáculo que se interponía en su camino.

Al inspector que la ocupaba desde hacía un decenio le comunicaron su destitución por la supuesta necesidad de darle al cargo “un cambio de orientación”. Más bien un cambio de titular con nombre y apellidos claramente reconocibles.

Amplificación mediática

La filtración de la “noticia” a la Cadena SER fue amplificada por numerosos medios de comunicación, de forma que todo el mundo entendió el “nombramiento” como oficial y consumado. A través de las redes sociales el exalcalde empezó a recibir felicitaciones y buenos deseos en su nueva etapa. Monteseirín no sólo no aclara que se trata de una mera convocatoria pendiente de resolución, sino que abunda en la idea y cuelga en su cuenta la siguiente frase sobre la foto de una ventana con una maceta de geranios en el alféizar: “Vuelvo de buen talante y buena gana. Se fueron las arrugas de mi ceño. Por fin puedo creer en lo que sueño. Estoy en mi ventana”.

La estrategia de difusión del “nombramiento” para ocupar la plaza previamente desalojada por la Junta cumple plenamente su objetivo en tan sólo cinco días, porque la asociación que engloba a los inspectores de servicios sanitarios de Andalucía, es decir la organización en la que están quienes podrían ser los máximos rivales para disputarle el puesto, ya asume el 12 de febrero que el cargo es para el exalcalde, al publicar en su página de Facebook el siguiente texto: “Alfredo Sánchez Monteseirín, nuevo subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios en Andalucía”.

Y lo acompaña hasta de su biografía: “Nacido en 1957, en La Rinconada, una ciudad situada a pocos kilómetros de Sevilla….”. Todo como si se tratara de la referencia oficial de un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por lo que ante esta unanimidad generalizada, ¿quién iba a osar a presentarse al concurso si ya se estaba viendo claramente quién era el elegido?.

Ascenso

Por esa seguridad, el exalcalde no tuvo empacho en escribir en Twitter: “Y ahora dirigiendo la Inspección de los Servicios Sanitarios de Andalucía”. El mismo se autoasciende a director de la Inspección, pese a que esa competencia, en virtud del Decreto 208/2015, de 14 de julio, firmado por Susana Díaz y por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, es del secretario general técnico.

Se dice claramente en el artículo 7.2: “Corresponde a la persona titular de la Secretaría General Técnica la dirección y coordinación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía”.

Sin título para ello, el exalcalde se presenta sin el menor rubor con un rango superior al que realmente le corresponde, pero ya sabemos en Sevilla que Monteseirín tiene un elevado concepto de sí mismo.

El ‘marrón’ de Mercasevilla

 

 

Teófilo Serrano, que fue director gerente de Tussam, no pudo contenerse durante una de las tomas de posesión de Monteseirín como alcalde de Sevilla y se le escapó una expresión alusiva a cierta flor que tendría en salva sea la parte y que explicaría cómo, a pesar de su mediocridad, se volvió en aquel entonces a convertir en regidor de los destinos de la ciudad.

La proverbial flor de Monteseirín ha vuelto a abrir sus pétalos la semana pasada y nada menos que dos veces. Una fue cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 14 decidió archivar la causa abierta contra él por haber colocado a dedo, mediante orden expresa, a su exasesor Domingo Castaño en la Fundación DeSevilla tan sólo cuatro días después de que Zoido ganara las elecciones municipales.

La otra manifestación de la flor de Monteseirín se produjo el lunes pasado, cuando el Servicio Andaluz de Salud le adjudicó a dedo la plaza de jefe de la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios tan sólo 48 horas después de convocada y sin esperar siquiera a que se agotara el plazo reglamentario de quince días hábiles para la presentación de candidaturas, por si había algún otro aspirante.

Como se ve, el dedazo, en un sentido u otro, es reiterativo en la vida de Monteseirín, que merced a este bien remunerado nombramiento digital podrá regresar del exilio en Madrid, al que fue condenado tras la catástrofe electoral a la que, por sus escándalos y desastrosa gestión, llevó al PSOE de Espadas en las municipales de 2011, en las que Zoido arrasó hasta con el voto prestado de los barrios sociológicamente de izquierdas con aquellos históricos veinte concejales.

LA HERENCIA

El mismo día en que el exalcalde volvía a disfrutar del cobijo de la Junta de Andalucía, miembros del equipo de su sucesor, Juan Espadas, se enfrentaban de nuevo a otro de los grandes “marrones” heredados de Monteseirín: el conflicto con la empresa malagueña Sando a cuenta de los terrenos de la lonja.

Como se recordará, el Consejo de Administración de Mercasevilla, donde el Ayuntamiento tiene la mayoría con el 51% del capital social, acordó hace dos meses solicitar el preconcurso de acreedores como medida de protección para evitar el posible embargo de sus cuentas, tras pedir Sando la ejecución de la sentencia que obliga a pagarle una indemnización de 8.944.710,30 euros por incumplimiento del contrato en el caso de las parcelas que le vendió y que la compañía no pudo explotar por la falta de acometidas eléctricas y otras deficiencias, reveladoras de la caótica gestión realizada en la empresa municipal durante el mandato de Monteseirín.

Dado que a esa cantidad había que añadirle varios tipos de intereses, como los ordinarios y los monitorios, por la antigüedad del pleito, entre unas cantidades y otras y el hecho de que aquéllos siguen creciendo porque Mercasevilla nunca consignó judicialmente el dinero en la confianza de que ganaría el pleito en los tribunales, actualmente la deuda asciende a unos 14 millones de euros.

Y AHORA LA FIANZA

El gobierno de Espadas se enfrenta a un nuevo e inminente problema: el 23 de febrero, dentro de tan sólo ocho días, Sando podrá pedir la devolución de los 7 millones de euros que en concepto de fianza entregó a Mercasevilla para ejercer la opción de compra de los terrenos de la lonja, los mismos que aquélla no ha podido poner a su disposición en todos estos años por carecer de las infraestructuras mínimas exigibles a un suelo urbano.

Esos siete millones de euros podrían ser varios más si, como es verosímil, Mercasevilla está obligada a contabilizar el interés legal del dinero desde que se acordó la operación en el año 2006. En el periodo transcurrido, los intereses legales han sido de un 4% anuales, salvo un 5% en 2007, un 5,50% en 2008 y 2009 y un 3,5% en 2015. Por tanto, se habría producido una acumulación de intereses del orden del 47,50%, lo que podría significar unos 3,3 millones de euros más y elevar la suma de la fianza a devolver a unos 10,3 millones de euros.

Sumada esta cifra a la acumulada hasta ahora como consecuencia del pleito perdido por Mercasevilla en el caso de los terrenos, el gobierno de Espadas se encuentra con que el “marrón” de Mercasevilla dejado por Monteseirín y traspasado a su vez por Zoido como patata caliente asciende sólo con Sando, y sin considerar los otros escándalos en que se halla envuelto el mercado, a unos 24 millones de euros aproximadamente.

FRACASO

Así que hace siete días, la delegada de Economía y presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño, y el consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, mantuvieron una reunión con el fin de acercar posturas y buscar una salida negociada al problema, pero el encuentro se saldó con un fracaso porque el gobierno local planteó una especie de quita de la deuda so pena de continuar elevando recurso jurídico tras recurso y diferir el pago ‘ad calendas graecas’ habida cuenta de la lentitud de la Justicia en nuestro país. Esta propuesta no fue aceptada por Sando.

Si se hace una recopilación de la evolución del caso se ve que el Ayuntamiento lleva ya tres alcaldes y varios equipos jurídicos de apoyo diferentes y no sólo no ha ganado el pleito en los tribunales ni reducido la deuda a pagar a Sando. Antes al contrario: va perdiendo la batalla judicial, la cuantía de la deuda equivale ya a casi el doble de la cantidad que Espadas tiene consignada para inversiones reales en Sevilla en su primer Presupuesto municipal, Mercasevilla lleva dos meses en preconcurso de acreedores y Sando ha demostrado que tiene músculo financiero para aguantarle el pulso al Ayuntamiento desde que hace diez años depositó aquella fianza de 7 millones, que hoy podrían ser más de diez.

El gobierno local, en vez de intentar un acuerdo transaccional, ha continuado con una huida hacia adelante que sólo puede desembocar en el concurso de acreedores de Mercasevilla, con lo cual la ciudad se quedaría sin el mercado de mayoristas obligatorio por ley; en un cada vez más improbable éxito judicial que lo exonerara de pagar al menos parte de la elevada deuda contraída o pagando una deuda aún mayor, por el incremento de los intereses de varios tipos a medida que va pasando el tiempo.

REVERSIÓN

El Consistorio, que ha  reservado en el primer Presupuesto de Espadas 3,5 millones de euros para, mediante una ampliación de capital, comprar acciones de Mercasevilla a fin de afrontar las necesidades financieras derivadas de la sentencia favorable a Sando, tiene ahora apoyo en la empresa estatal Mercasa, que como poseedora del 48,4% de las acciones de Mercasevilla debe correr con los costes de las sentencias en la proporción que le corresponde, pero no parece percatarse de que nos hallamos ante la fase final de la lonja tal y como hoy la conocemos.

Según los estatutos de Mercasevilla y el informe de mayo de 2012 del secretario municipal, titulado ‘La prestación de servicios en Mercasevilla’, la duración de la sociedad es de cincuenta años (plazo máximo que permitía el artículo 111.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales), por lo que la gestión del servicio mediante empresa pública expirará en el año 2021 y revertirán al Ayuntamiento su activo y su pasivo.

Dentro de cinco años, pues, ya no estarán ni los mayoristas de fruta ni Mercasa para cargar con su parte alícuota de los pasivos de Mercasevilla y quien se comerá íntegramente el “marrón” de la lonja será el Ayuntamiento y hasta puede que con Espadas al frente si repite como alcalde.

 

Indigestión de Setas (de la Encarnación)

Apenas conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocadora en gran parte de la dictada el pasado 10 de abril por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Sevilla y por la que finalmente el Ayuntamiento, gracias al recurso interpuesto por  los Servicios Jurídicos municipales por orden de Zoido, sólo queda obligado a indemnizar a Sacyr con 2,59 millones de euros por los incumplimientos y ocurrencias de última hora de Monteseirín en vez de con los 36,5 millones de euros del primer fallo judicial, apenas conocerse la sentencia, decía, Espadas ha anunciado su propósito de reorientar la gestión de las Setas de la Encarnación y de convertirlas en el “epicentro” de la próxima Navidad.

El alcalde ha afirmado lo siguiente: “Se lo voy a dejar muy claro a Sacyr. Ellos son una constructora, pero yo necesito un buen gestor para este espacio público”.

De entrada, el alcalde comete dos errores, porque Sacyr es mucho más que una constructora. Tiene una filial o división de concesiones y, por tanto, con un perfil puramente de gestión, con más de 20 años de antigüedad y que está especializada en el diseño, financiación, construcción y gestión de activos. Actualmente, según reza en su página web, cuenta con una cartera de 35 concesiones, distribuidas en siete países, de las cuales 23 están en explotación y el resto, en desarrollo. Entre sus concesiones figuran 24 autopistas que suman casi 3.000 Kms., entre la UE y América; 7 hospitales, con más de 3.000 camas (3 en Madrid, 3 en Portugal y 1 en Chile); 2 intercambiadores de transporte en Madrid; una línea de Metro en Tenerife y un aeropuerto en Murcia.

Por tanto, Sacyr es, además de constructora, gestora, pero cuando el alcalde habla de que necesita un buen gestor para el Metropol Parasol está diciendo de forma implícita que Sacyr es un mal gestor, ante lo cual podría preguntarle a su antecesor y correligionario Monteseirín por qué entonces le adjudicó la construcción y gestión, por 40 años, de las Setas.

ESPACIO PRIVATIZADO

La segunda aseveración de Espadas ya no se compadece con la realidad, porque la Encarnación es un espacio público privatizado “de facto” por Monteseirín en beneficio de Sacyr por ese periodo de 40 años al otorgarle la explotación de las Setas y de lo que está debajo (con la excepción del Antiquarium) y a su alrededor. A la constructora aún le quedan 36 años de disfrute de la privatización de ese espacio público realizada por un alcalde que se declaraba socialista como Monteseirín. Dicho de otro modo, Monteseirín privó a los sevillanos de la plaza de la Encarnación con tal de que Sacyr le construyera las Setas como icono de su mandato.

Desde aquel momento, como concesionaria y explotadora del complejo Metropol-Parasol y del espacio Encarnación, Sacyr puede desarrollar allí, siempre que cumpla la normativa municipal, las actividades que considere más adecuadas o rentables para sus intereses, aunque sea la colocación de tiovivos y el paseo de camellos por Navidad y que tanto parecen haber disgustado a Espadas. Nada, por otra parte, muy alejado de lo que permitió el gobierno de Zoido en la cercana Alameda.

Lo más insólito de las declaraciones del alcalde es su aceptación de que el proyecto de las Setas ha sido hasta ahora “económicamente poco rentable”, siguiendo las tesis de la compañía en su afán de devolverlas al Ayuntamiento; que “tiene que revisarse en su conjunto” y que todo pasa por una “renovación comercial, con proyectos potentes, donde el Ayuntamiento invierta y haga actividades que conviertan la Encarnación en un punto focal de la ciudad”.

DATO OCULTO

El coste real del proyecto de reurbanización y reutilización de la Encarnación sigue sin ser aclarado por el Ayuntamiento, ni por el anterior gobierno municipal ni por el nuevo. También depende de que se contabilice el coste del abandono del proyecto inicial que Monteseirín desarrollaba con sus socios del PA (se dio una estimación de 14,6 millones de euros) hasta que se zafó de ellos para coligarse con IU.

En la sentencia del TSJA se lee que el proyecto de las Setas tenía un presupuesto total de 51.206.918,25 euros, que el Ayuntamiento se comprometió a financiar con 25.421.166,29 euros. El resto del dinero debía aportarlo Sacyr, que lo compensaría y obtendría un beneficio por la explotación comercial durante 40 años. Sin embargo, según el fallo judicial, del presupuesto total se detrajeron 5.326.690,22 euros, que no tuvieron que ser financiados por el adjudicatario de la concesión. De ello se colige que la aportación de Sacyr se redujo a 20.459.061,74 euros.

Posteriormente hubo dos modificaciones de obra que asumió el Ayuntamiento, el cual, según el TSJA, ha acabado pagando el 82% de la inversión en metálico. Por tanto, si el 18%, la parte de Sacyr,  eran 20,4 millones de euros, el Consistorio habría desembolsado 93.202.392,37 euros y el coste total de las Setas sólo en esta segunda fase habría ascendido a 113.661.454 euros en números redondos.

Espadas dice ahora que el proyecto ha sido poco rentable. Será que no escuchó el discurso de Monteseirín durante la inauguración de las Setas, donde dijo: “Según los análisis de los expertos, los beneficios económicos, directos e indirectos, que el Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”.

REVISIÓN DEL CONTRATO

Y añade Espadas que “hay que revisar” el contrato con Sacyr y que el Ayuntamiento debe invertir en las actividades que en las Setas se hagan porque es un icono a nivel internacional. ¿Un icono con tiovivos y camellos y bares low-cost?

¿Por qué hay que revisar el contrato? ¿Lo revisaría acaso Sacyr para repartir sus ganancias con la ciudad? El riesgo es consustancial a la actividad empresarial. Se supone que una multinacional con 20 años de experiencia en concesiones y ejecutora hasta de la ampliación del canal de Panamá debió hacer bien sus cuentas cuando se presentó al concurso de las Setas, salvo que hiciera una oferta temeraria a la baja para que se lo adjudicaran. Si ahora, supuestamente, no le salen las cuentas, ¿le va a trasladar sus presuntas pérdidas también a los sevillanos?

¿No le bastan a Espadas los casi 108 millones de euros (contando los 14,6 millones iniciales) que del dinero de los sevillanos habría  enterrado ya el Ayuntamiento en las Setas como para anunciar nuevas inversiones municipales allí, en vez de dedicar el dinero a los barrios más desfavorecidos?

Al final, el alcalde, para regocijo de Sacyr, puede acabar aplicando en las Setas el principio capitalista de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

El TSJA rebaja a 2,59 millones la indemnización a Sacyr por las Setas de la Encarnación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado en gran parte el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Sevilla y rebajado de 36,5 millones de euros a tan sólo 2,59 millones  la cantidad que debe pagar el Consistorio a la empresa constructora Sacyr por los incumplimientos de algunas obligaciones contractuales.

El Juzgado de lo Contencioso Nº 5 de Sevilla dictó el pasado 10 de abril una sentencia resolutoria del contrato de concesión firmado por el Ayuntamiento con la empresa Sacyr para la construcción y posterior explotación del Metropol Parasol, popularmente conocido como las Setas de la Encarnación, durante un plazo de 40 años y condenó al Consistorio a pagarle a la constructora una indemnización por una serie de conceptos que sumaban un total de 36.532.464,18 euros y a hacerse cargo del complejo urbanístico-comercial a partir de ahora y sin esperar a los 36 años de la concesión que quedaban pendientes (a contar desde la inauguración oficial en la primavera de 2011).

El Ayuntamiento -y la Gerencia de Urbanismo- recurrió la sentencia a través de sus Servicios Jurídicos y ahora el TSJA ha revocado en gran parte el fallo judicial originario y estimado los argumentos municipales. La clave de esta nueva sentencia consiste en que para el TSJA no se da ninguna causa concreta ni esencial para declarar resuelto el contrato. Si bien admiten los incumplimientos del mismo por parte del Consistorio y denunciados por Sacyr, los jueces afirman que “los incumplimientos no son causa de resolución, ni aisladamente ni de forma conjunta, sin perjuicio del derecho (de Sacyr) a percibir lo que es debido” por aquéllos. Y no es causa de resolución tampoco porque la constructora ha seguido explotando normalmente las Setas a pesar de esos incumplimientos municipales.

Justamente por eso, el TSJA condena al Ayuntamiento y a la Gerencia de Urbanismo a pagarle a Sacyr 2.594.862 euros, una cantidad que aquél no ha impugnado en su recurso, de lo que se colige que asume la reclamación planteada por Sacyr por los siguientes conceptos:

-Retraso en el pago de una certificación de obra: 597.823,87 euros.

-Por el acceso gratuito de los sevillanos a las Setas: 525.349,72 euros.

-Por menores gastos repercutidos a los placeros: 68.306,40 euros.

-Por retrasos y alquileres no cobrados desde el inicio de la explotación: 1.403.382,01 euros.

Por tanto, el TSJA ha anulado de la sentencia anterior los dos puntos de mayor cuantía económica reclamados por Sacyr: la inversión no amortizada (13.275.852,29 euros) y el lucro cesante (20.661.749,89 euros), más los intereses.

PASIVIDAD MUNICIPAL

Al analizar el diferendo por la falta de explotación del mirador tras la decisión de Monteseirín de facilitar el acceso gratuito de los sevillanos, el TSJA se remite a las pruebas periciales y documentos aportados por Sacyr y subraya que no han sido discutidos por la Administración, “que ha mostrado una pasividad inexplicable en este punto”, si bien, al igual que en el resto de las reclamaciones no atendidas, no lo considera un incumplimiento esencial y causa de resolución del contrato, ya que tampoco Sacyr recurrió ni impugnó la resolución de la Alcaldía sobre la entrada gratuita de los nativos.

Los jueces destacan que el contrato firmado en su día por el Ayuntamiento y Sacyr es complejo y no sólo versa sobre la ejecución de unas obras, ya que incluye una concesión por 40 años de la explotación comercial de las Setas. Por eso, cuando analizan algunos incumplimientos o retrasos por parte del Ayuntamiento, afirman que una demora inferior a tres años tiene menor relevancia y es menos “sustancial” que si el plazo de la explotación total fuera inferior (por ejemplo, diez o veinte años).

Es más, recuerdan que ya se contempló al inicio del contrato que podía producirse un retraso (sin establecerse límite de tiempo) y se fijó para ese caso una indemnización, no una resolución del contrato.

REACCIÓN

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha destacado cómo los Servicios Jurídicos Municipales han resuelto un proceso “frente a la desidia política del Gobierno de Zoido, que ha puesto en riesgo de forma temeraria los intereses del Ayuntamiento”.

Muñoz también subraya que, tal y como recoge la sentencia,  existió en el mandato pasado “una censurable pasividad en el abono de las cantidades y en la búsqueda de una solución, que además queda ratificada en el hecho de que contra las cantidades que se reclaman y que finalmente resuelve la sentencia que hay que abonar ni el Ayuntamiento ni la Gerencia han opuesto la realidad de estos conceptos debidos”.

Según el delegado, es el momento ahora de mirar hacia adelante, de recuperar el diálogo y de abandonar la estrategia absurda de confrontación constante y de desaprovechar los recursos con los que cuenta la ciudad. “Es el objetivo de este Ayuntamiento poner en valor el proyecto Metropol Parasol y aprovechar todas sus potencialidades”, afirma.

Torres de 70 metros en Cruzcampo

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los terrenos de la antigua fábrica de la Cruz del Campo en la Avenida de Andalucía ya ha cumplido todos los trámites legales con su publicación en boletín oficial, por lo que los promotores podrán construir allí torres de hasta 70 metros de altura, pese a que Zoido se comprometió con la Unesco a frenar nuevos edificios de este tipo en la ciudad.

El 29 de junio de 2012, Juan Ignacio Zoido aterrizó en Sevilla procedente de San Petersburgo, donde había logrado detener la inclusión de la ciudad en la lista del Patrimonio Mundial en peligro por causa de la construcción de la torre Pelli en la isla de la Cartuja, aunque a cambio del cumplimiento de una serie de compromisos con la Unesco.

El entonces alcalde anunció en el aeropuerto de San Pablo que desde ese mismo momento promovería una modificación del PGOU para que no se construyeran más rascacielos en la Cartuja y subrayó que dicha modificación tendría que ser aprobada por la Junta de Andalucía.

Zoido afirmó asimismo que el Ayuntamiento se había comprometido ante el organismo de la ONU que vela por la cultura y el patrimonio a modificar el planeamiento urbano de la ciudad para “impedir que, en un futuro, nuevos proyectos comprometan el paisaje histórico de Sevilla”, así como a la redacción de los planes especiales de protección para espacios históricos como el barrio de Santa Cruz, el entorno de Santa Catalina y la Torre del Oro. El entonces alcalde fue tajante en sus declaraciones: “En el entorno del casco histórico no habrá más rascacielos”.

Sin embargo, Zoido no modificó el PGOU para nada relacionado con rascacielos en la Cartuja sino para construir un puente -desechado por el nuevo gobierno local- que poner al servicio de la torre Pelli; y en cuanto al entorno de la Torre del Oro, su actuación más controvertida fue la tala de los árboles de la calle Almirante Lobo para que no impidieran la visión del monumento.

TRES AÑOS DESPUÉS

Item más, tan sólo tres meses después de sus promesas a la Unesco de no permitir rascacielos en el entorno del Casco Histórico, el Ayuntamiento aprobó el PERI de la Cruzcampo, el mismo que ha tardado tres años en publicarse en boletín oficial para tener plena validez jurídica y en el que en distintas zonas del futuro complejo urbanístico se permitirán bloques de 33,5 metros; 54,5 metros y 70 metros de altura. A título de ejemplo comparativo, la torre de Los Remedios mide entre 63 y 66 metros, según los criterios que se empleen.

Aunque la construcción de las torres de 70 metros (inicialmente se permitían de hasta 90 metros, pero luego se rebajó diciendo que se trataba de un error) se supedita a un estudio de detalle, las fuentes consultadas indican que jurídicamente el Ayuntamiento ya no podría oponerse a que un promotor edifique con la altura máxima prevista en este Plan Especial.

El PERI fue impulsado por la Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Híspalis S. L., constituida por un ‘pool’ de bancos que en conjunto habían prestado unos 330 millones de euros a la promotora vasca Urvasco. Esta compró con aquel dinero los suelos recalificados en el PGOU de 2006 a Cruzcampo (18 ha, salvo la histórica sede de la compañía, edificio ya protegido legalmente) para que un grupo de arquitectos-estrella (Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra) diseñaran un complejo de 1.963 viviendas de alto standing y al menos un hotel, con un coste estimado de unos 750 millones de euros. Los arquitectos llegaron a retratarse con Monteseirín y directivos de Urvasco en el balcón del Ayuntamiento, donde fueron recibidos como auténticos divos.

La crisis se llevó por delante a Urvasco y los bancos se tuvieron que quedar con los terrenos. Sólo ahora, con la mejora de las perspectivas económicas, la compañía que constituyeron a tal efecto ha depositado el aval del 6% (962.722,56 euros) exigido por la ley para la ejecución de las obras de urbanización, tras lo cual se ha desbloqueado la publicación del PERI en boletín oficial. De ello se colige que la urbanización de los suelos costará al menos 16.045.376 euros.

La edificabilidad total permitida es de 255.168 m2, que se repartirá entre 1.073 viviendas libres, 890 protegidas, locales comerciales, oficinas y usos hoteleros.