Archivo de la etiqueta: monteseirín

Indigestión de Setas (de la Encarnación)

Apenas conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocadora en gran parte de la dictada el pasado 10 de abril por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Sevilla y por la que finalmente el Ayuntamiento, gracias al recurso interpuesto por  los Servicios Jurídicos municipales por orden de Zoido, sólo queda obligado a indemnizar a Sacyr con 2,59 millones de euros por los incumplimientos y ocurrencias de última hora de Monteseirín en vez de con los 36,5 millones de euros del primer fallo judicial, apenas conocerse la sentencia, decía, Espadas ha anunciado su propósito de reorientar la gestión de las Setas de la Encarnación y de convertirlas en el “epicentro” de la próxima Navidad.

El alcalde ha afirmado lo siguiente: “Se lo voy a dejar muy claro a Sacyr. Ellos son una constructora, pero yo necesito un buen gestor para este espacio público”.

De entrada, el alcalde comete dos errores, porque Sacyr es mucho más que una constructora. Tiene una filial o división de concesiones y, por tanto, con un perfil puramente de gestión, con más de 20 años de antigüedad y que está especializada en el diseño, financiación, construcción y gestión de activos. Actualmente, según reza en su página web, cuenta con una cartera de 35 concesiones, distribuidas en siete países, de las cuales 23 están en explotación y el resto, en desarrollo. Entre sus concesiones figuran 24 autopistas que suman casi 3.000 Kms., entre la UE y América; 7 hospitales, con más de 3.000 camas (3 en Madrid, 3 en Portugal y 1 en Chile); 2 intercambiadores de transporte en Madrid; una línea de Metro en Tenerife y un aeropuerto en Murcia.

Por tanto, Sacyr es, además de constructora, gestora, pero cuando el alcalde habla de que necesita un buen gestor para el Metropol Parasol está diciendo de forma implícita que Sacyr es un mal gestor, ante lo cual podría preguntarle a su antecesor y correligionario Monteseirín por qué entonces le adjudicó la construcción y gestión, por 40 años, de las Setas.

ESPACIO PRIVATIZADO

La segunda aseveración de Espadas ya no se compadece con la realidad, porque la Encarnación es un espacio público privatizado “de facto” por Monteseirín en beneficio de Sacyr por ese periodo de 40 años al otorgarle la explotación de las Setas y de lo que está debajo (con la excepción del Antiquarium) y a su alrededor. A la constructora aún le quedan 36 años de disfrute de la privatización de ese espacio público realizada por un alcalde que se declaraba socialista como Monteseirín. Dicho de otro modo, Monteseirín privó a los sevillanos de la plaza de la Encarnación con tal de que Sacyr le construyera las Setas como icono de su mandato.

Desde aquel momento, como concesionaria y explotadora del complejo Metropol-Parasol y del espacio Encarnación, Sacyr puede desarrollar allí, siempre que cumpla la normativa municipal, las actividades que considere más adecuadas o rentables para sus intereses, aunque sea la colocación de tiovivos y el paseo de camellos por Navidad y que tanto parecen haber disgustado a Espadas. Nada, por otra parte, muy alejado de lo que permitió el gobierno de Zoido en la cercana Alameda.

Lo más insólito de las declaraciones del alcalde es su aceptación de que el proyecto de las Setas ha sido hasta ahora “económicamente poco rentable”, siguiendo las tesis de la compañía en su afán de devolverlas al Ayuntamiento; que “tiene que revisarse en su conjunto” y que todo pasa por una “renovación comercial, con proyectos potentes, donde el Ayuntamiento invierta y haga actividades que conviertan la Encarnación en un punto focal de la ciudad”.

DATO OCULTO

El coste real del proyecto de reurbanización y reutilización de la Encarnación sigue sin ser aclarado por el Ayuntamiento, ni por el anterior gobierno municipal ni por el nuevo. También depende de que se contabilice el coste del abandono del proyecto inicial que Monteseirín desarrollaba con sus socios del PA (se dio una estimación de 14,6 millones de euros) hasta que se zafó de ellos para coligarse con IU.

En la sentencia del TSJA se lee que el proyecto de las Setas tenía un presupuesto total de 51.206.918,25 euros, que el Ayuntamiento se comprometió a financiar con 25.421.166,29 euros. El resto del dinero debía aportarlo Sacyr, que lo compensaría y obtendría un beneficio por la explotación comercial durante 40 años. Sin embargo, según el fallo judicial, del presupuesto total se detrajeron 5.326.690,22 euros, que no tuvieron que ser financiados por el adjudicatario de la concesión. De ello se colige que la aportación de Sacyr se redujo a 20.459.061,74 euros.

Posteriormente hubo dos modificaciones de obra que asumió el Ayuntamiento, el cual, según el TSJA, ha acabado pagando el 82% de la inversión en metálico. Por tanto, si el 18%, la parte de Sacyr,  eran 20,4 millones de euros, el Consistorio habría desembolsado 93.202.392,37 euros y el coste total de las Setas sólo en esta segunda fase habría ascendido a 113.661.454 euros en números redondos.

Espadas dice ahora que el proyecto ha sido poco rentable. Será que no escuchó el discurso de Monteseirín durante la inauguración de las Setas, donde dijo: “Según los análisis de los expertos, los beneficios económicos, directos e indirectos, que el Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”.

REVISIÓN DEL CONTRATO

Y añade Espadas que “hay que revisar” el contrato con Sacyr y que el Ayuntamiento debe invertir en las actividades que en las Setas se hagan porque es un icono a nivel internacional. ¿Un icono con tiovivos y camellos y bares low-cost?

¿Por qué hay que revisar el contrato? ¿Lo revisaría acaso Sacyr para repartir sus ganancias con la ciudad? El riesgo es consustancial a la actividad empresarial. Se supone que una multinacional con 20 años de experiencia en concesiones y ejecutora hasta de la ampliación del canal de Panamá debió hacer bien sus cuentas cuando se presentó al concurso de las Setas, salvo que hiciera una oferta temeraria a la baja para que se lo adjudicaran. Si ahora, supuestamente, no le salen las cuentas, ¿le va a trasladar sus presuntas pérdidas también a los sevillanos?

¿No le bastan a Espadas los casi 108 millones de euros (contando los 14,6 millones iniciales) que del dinero de los sevillanos habría  enterrado ya el Ayuntamiento en las Setas como para anunciar nuevas inversiones municipales allí, en vez de dedicar el dinero a los barrios más desfavorecidos?

Al final, el alcalde, para regocijo de Sacyr, puede acabar aplicando en las Setas el principio capitalista de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

El TSJA rebaja a 2,59 millones la indemnización a Sacyr por las Setas de la Encarnación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado en gran parte el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Sevilla y rebajado de 36,5 millones de euros a tan sólo 2,59 millones  la cantidad que debe pagar el Consistorio a la empresa constructora Sacyr por los incumplimientos de algunas obligaciones contractuales.

El Juzgado de lo Contencioso Nº 5 de Sevilla dictó el pasado 10 de abril una sentencia resolutoria del contrato de concesión firmado por el Ayuntamiento con la empresa Sacyr para la construcción y posterior explotación del Metropol Parasol, popularmente conocido como las Setas de la Encarnación, durante un plazo de 40 años y condenó al Consistorio a pagarle a la constructora una indemnización por una serie de conceptos que sumaban un total de 36.532.464,18 euros y a hacerse cargo del complejo urbanístico-comercial a partir de ahora y sin esperar a los 36 años de la concesión que quedaban pendientes (a contar desde la inauguración oficial en la primavera de 2011).

El Ayuntamiento -y la Gerencia de Urbanismo- recurrió la sentencia a través de sus Servicios Jurídicos y ahora el TSJA ha revocado en gran parte el fallo judicial originario y estimado los argumentos municipales. La clave de esta nueva sentencia consiste en que para el TSJA no se da ninguna causa concreta ni esencial para declarar resuelto el contrato. Si bien admiten los incumplimientos del mismo por parte del Consistorio y denunciados por Sacyr, los jueces afirman que “los incumplimientos no son causa de resolución, ni aisladamente ni de forma conjunta, sin perjuicio del derecho (de Sacyr) a percibir lo que es debido” por aquéllos. Y no es causa de resolución tampoco porque la constructora ha seguido explotando normalmente las Setas a pesar de esos incumplimientos municipales.

Justamente por eso, el TSJA condena al Ayuntamiento y a la Gerencia de Urbanismo a pagarle a Sacyr 2.594.862 euros, una cantidad que aquél no ha impugnado en su recurso, de lo que se colige que asume la reclamación planteada por Sacyr por los siguientes conceptos:

-Retraso en el pago de una certificación de obra: 597.823,87 euros.

-Por el acceso gratuito de los sevillanos a las Setas: 525.349,72 euros.

-Por menores gastos repercutidos a los placeros: 68.306,40 euros.

-Por retrasos y alquileres no cobrados desde el inicio de la explotación: 1.403.382,01 euros.

Por tanto, el TSJA ha anulado de la sentencia anterior los dos puntos de mayor cuantía económica reclamados por Sacyr: la inversión no amortizada (13.275.852,29 euros) y el lucro cesante (20.661.749,89 euros), más los intereses.

PASIVIDAD MUNICIPAL

Al analizar el diferendo por la falta de explotación del mirador tras la decisión de Monteseirín de facilitar el acceso gratuito de los sevillanos, el TSJA se remite a las pruebas periciales y documentos aportados por Sacyr y subraya que no han sido discutidos por la Administración, “que ha mostrado una pasividad inexplicable en este punto”, si bien, al igual que en el resto de las reclamaciones no atendidas, no lo considera un incumplimiento esencial y causa de resolución del contrato, ya que tampoco Sacyr recurrió ni impugnó la resolución de la Alcaldía sobre la entrada gratuita de los nativos.

Los jueces destacan que el contrato firmado en su día por el Ayuntamiento y Sacyr es complejo y no sólo versa sobre la ejecución de unas obras, ya que incluye una concesión por 40 años de la explotación comercial de las Setas. Por eso, cuando analizan algunos incumplimientos o retrasos por parte del Ayuntamiento, afirman que una demora inferior a tres años tiene menor relevancia y es menos “sustancial” que si el plazo de la explotación total fuera inferior (por ejemplo, diez o veinte años).

Es más, recuerdan que ya se contempló al inicio del contrato que podía producirse un retraso (sin establecerse límite de tiempo) y se fijó para ese caso una indemnización, no una resolución del contrato.

REACCIÓN

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha destacado cómo los Servicios Jurídicos Municipales han resuelto un proceso “frente a la desidia política del Gobierno de Zoido, que ha puesto en riesgo de forma temeraria los intereses del Ayuntamiento”.

Muñoz también subraya que, tal y como recoge la sentencia,  existió en el mandato pasado “una censurable pasividad en el abono de las cantidades y en la búsqueda de una solución, que además queda ratificada en el hecho de que contra las cantidades que se reclaman y que finalmente resuelve la sentencia que hay que abonar ni el Ayuntamiento ni la Gerencia han opuesto la realidad de estos conceptos debidos”.

Según el delegado, es el momento ahora de mirar hacia adelante, de recuperar el diálogo y de abandonar la estrategia absurda de confrontación constante y de desaprovechar los recursos con los que cuenta la ciudad. “Es el objetivo de este Ayuntamiento poner en valor el proyecto Metropol Parasol y aprovechar todas sus potencialidades”, afirma.

Torres de 70 metros en Cruzcampo

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los terrenos de la antigua fábrica de la Cruz del Campo en la Avenida de Andalucía ya ha cumplido todos los trámites legales con su publicación en boletín oficial, por lo que los promotores podrán construir allí torres de hasta 70 metros de altura, pese a que Zoido se comprometió con la Unesco a frenar nuevos edificios de este tipo en la ciudad.

El 29 de junio de 2012, Juan Ignacio Zoido aterrizó en Sevilla procedente de San Petersburgo, donde había logrado detener la inclusión de la ciudad en la lista del Patrimonio Mundial en peligro por causa de la construcción de la torre Pelli en la isla de la Cartuja, aunque a cambio del cumplimiento de una serie de compromisos con la Unesco.

El entonces alcalde anunció en el aeropuerto de San Pablo que desde ese mismo momento promovería una modificación del PGOU para que no se construyeran más rascacielos en la Cartuja y subrayó que dicha modificación tendría que ser aprobada por la Junta de Andalucía.

Zoido afirmó asimismo que el Ayuntamiento se había comprometido ante el organismo de la ONU que vela por la cultura y el patrimonio a modificar el planeamiento urbano de la ciudad para “impedir que, en un futuro, nuevos proyectos comprometan el paisaje histórico de Sevilla”, así como a la redacción de los planes especiales de protección para espacios históricos como el barrio de Santa Cruz, el entorno de Santa Catalina y la Torre del Oro. El entonces alcalde fue tajante en sus declaraciones: “En el entorno del casco histórico no habrá más rascacielos”.

Sin embargo, Zoido no modificó el PGOU para nada relacionado con rascacielos en la Cartuja sino para construir un puente -desechado por el nuevo gobierno local- que poner al servicio de la torre Pelli; y en cuanto al entorno de la Torre del Oro, su actuación más controvertida fue la tala de los árboles de la calle Almirante Lobo para que no impidieran la visión del monumento.

TRES AÑOS DESPUÉS

Item más, tan sólo tres meses después de sus promesas a la Unesco de no permitir rascacielos en el entorno del Casco Histórico, el Ayuntamiento aprobó el PERI de la Cruzcampo, el mismo que ha tardado tres años en publicarse en boletín oficial para tener plena validez jurídica y en el que en distintas zonas del futuro complejo urbanístico se permitirán bloques de 33,5 metros; 54,5 metros y 70 metros de altura. A título de ejemplo comparativo, la torre de Los Remedios mide entre 63 y 66 metros, según los criterios que se empleen.

Aunque la construcción de las torres de 70 metros (inicialmente se permitían de hasta 90 metros, pero luego se rebajó diciendo que se trataba de un error) se supedita a un estudio de detalle, las fuentes consultadas indican que jurídicamente el Ayuntamiento ya no podría oponerse a que un promotor edifique con la altura máxima prevista en este Plan Especial.

El PERI fue impulsado por la Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Híspalis S. L., constituida por un ‘pool’ de bancos que en conjunto habían prestado unos 330 millones de euros a la promotora vasca Urvasco. Esta compró con aquel dinero los suelos recalificados en el PGOU de 2006 a Cruzcampo (18 ha, salvo la histórica sede de la compañía, edificio ya protegido legalmente) para que un grupo de arquitectos-estrella (Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra) diseñaran un complejo de 1.963 viviendas de alto standing y al menos un hotel, con un coste estimado de unos 750 millones de euros. Los arquitectos llegaron a retratarse con Monteseirín y directivos de Urvasco en el balcón del Ayuntamiento, donde fueron recibidos como auténticos divos.

La crisis se llevó por delante a Urvasco y los bancos se tuvieron que quedar con los terrenos. Sólo ahora, con la mejora de las perspectivas económicas, la compañía que constituyeron a tal efecto ha depositado el aval del 6% (962.722,56 euros) exigido por la ley para la ejecución de las obras de urbanización, tras lo cual se ha desbloqueado la publicación del PERI en boletín oficial. De ello se colige que la urbanización de los suelos costará al menos 16.045.376 euros.

La edificabilidad total permitida es de 255.168 m2, que se repartirá entre 1.073 viviendas libres, 890 protegidas, locales comerciales, oficinas y usos hoteleros.

 

Taifas verdes

El Ayuntamiento ha presentado hace unos días el Inventario/Diagnóstico de los 178.000 árboles de la ciudad, según el cual hay 2.477 ejemplares con defectos estructurales y/o morfológicos graves o muy graves que suponen un riesgo estático bastante elevado para los viandantes, por lo que es aconsejable su sustitución a corto o medio plazo. De hecho, el Centro de Coordinación Operativa municipal atiende unas 900 incidencias anuales relacionadas con los árboles (a una media diaria de 2,5).

A raíz de que el pasado 10 de agosto se desplomaran en la Macarena partes de un árbol sobre dos personas, que sufrieron heridas de gravedad, el nuevo gobierno de Juan Espadas encargó una inspección del arbolado de la ciudad, que ha sido concluida en 40 días, con lo que en cada jornada se habrían inspeccionado 4.450 ejemplares. El dato ha sido cuestionado por inverosímil, dada la falta de suficientes especialistas y de instrumentos de diagnóstico avanzados tanto en el Servicio de Parques y Jardines como en las empresas del macrocontrato de las zonas verdes.

No obstante, éste es otro de los problemas heredados por Espadas, que al menos ha reaccionado de inmediato para contar con una aproximación sobre el estado del arbolado. El Inventario/Diagnóstico es en realidad un “yo me acuso” de los pecados verdes cometidos hasta ahora por el conjunto de la Corporación Municipal, ya que ¿a quién si no imputar la responsabilidad por los cinco grandes problemas detectados?

Son los siguientes. 1) Selección inadecuada de especies; 2) Mala calidad de las plantas; 3) Malas condiciones de plantación; 4) Falta de coordinación; 5) Inadecuada organización.

DEMASIADOS ACTORES

En la ciudad falta una Autoridad Única sobre los árboles y hay demasiados reinos de taifas al margen del Servicio de Parques y Jardines, que queda orillado en muchas de las actuaciones que se acometen y que teóricamente deberían ser de su competencia. Por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo es responsable de que las contratas que ejecutan los proyectos de urbanización y/o de reparaciones en la vía pública planten árboles según su propio criterio. ¿Quién tomó la decisión de sembrar fresnos en la Alameda de Hércules, donde históricamente predominaban álamos?

El recinto de la Feria de Abril es otro hecho exógeno a Parques y Jardines, donde sus especialistas no tienen arte ni parte. Allí se podan los árboles a destiempo y sus ramas quedan reducidas a muñones no por criterios de jardinería, sino para que luzcan más los farolillos. Entonces, ¿para qué plantar árboles, si luego estorban? Después, si aparecen pudriciones en los troncos o los árboles, debilitados, son atacados por plagas, la culpa se achaca al departamento que no ha intervenido en el campo de Los Remedios.

Hasta las asociaciones de vecinos, con la mejor de las intenciones, plantan ejemplares e incluso aprovechando las subvenciones municipales. Y qué decir de los constructores de urbanizaciones privadas: generalmente las terminan con siembra de árboles en las aceras, la mayoría de las veces sin conocimiento del Servicio de Parques y Jardines (¿acaso las inspecciona?) e incumpliendo las normas de Urbanismo sobre el tamaño de las especies.

ALCORQUES MÍNIMOS

Asimismo, los alcorques de dimensiones mínimas los ha tolerado hasta ahora el Ayuntamiento en las obras de urbanización de calles, donde confluyen otras para la canalización subterránea de la red de agua potable, red eléctrica, red telefónica, red semafórica, el alcantarillado…. que realizan distintas compañías. En una reciente avería en la vía pública, los técnicos de Emasesa tuvieron que levantar prácticamente un plano de situación del subsuelo de entremezclados que estaban todo tipo de cables y conductos.

¿Quién pone orden en este caos, que como en el caso de la calle Almirante Lobo fue esgrimido luego por el gobierno de Zoido para tratar de justificar la tala de los grandes plataneros de la Exposición del 29 para que así se viera mejor la Torre del Oro?

Esta descoordinación y existencia de reinos de taifas verdes es la causa principal de la situación a la que hemos llegado, pero de momento el Consistorio ha anunciado doce medidas para abordar sólo las consecuencias. Una de ellas, con buen criterio, consiste en la formación y certificación en arboricultura tanto de los operarios como de los técnicos implicados en la gestión del arbolado, con lo cual se pone de manifiesto todavía más el dislate que ha supuesto el cierre de la Escuela de Jardinería Romero Murube en el parque de María Luisa después de la quiebra de la Fundación Forja XXI, sin que el gobierno de Zoido se atreviera a rescatarla. Ahora parece más necesaria que nunca y debería ser una de las prioridades de Espadas, también para crear empleo.

LA TÍPICA MESA

La implantación de un sistema de información geográfica del arbolado es una magnífica iniciativa, pero de poco servirá si no se mantiene en permanente actualización y revisión, para lo cual se necesita personal especializado y medios en un Ayuntamiento maniatado por la tasa de reposición.

Como en cada problema que surge (zona azul, botellonas, polígonos industriales…), el gobierno de Espadas reacciona anunciado la creación de una mesa ciudadana. También lo ha hecho en este caso. No están de más, pero recuérdese que Monteseirín anunció otra similar que no sirvió más que de pantalla tras su arboricidios, ya que no se hizo nada de lo que allí se preconizó.

¿Será esta vez diferente?

El Ayuntamiento de Sevilla acumula condenas judiciales por valor de 52 millones

Los cuatro grupos políticos de la oposición municipal han señalado con motivo de los primeros 100 días de Espadas como alcalde que están a la espera de que presente sus proyectos de Ordenanzas Fiscales y Presupuestos para evaluar con mayor fundamento su gestión. El problema para Espadas es que desde abril el Ayuntamiento acumula 52 millones de euros en condenas judiciales, una cantidad que supera en 2,6 veces el presupuesto real de inversiones con que cuenta la ciudad para el año en curso y que deja al alcalde con una limitadísima capacidad de maniobra.

El Ayuntamiento no tuvo más remedio la pasada semana, obligado por sendas condenas judiciales en contra, que aprobar el pago de 122.448,15 euros a Telvent y de 173.043 euros a Telefónica, dinero que se suma a varias condenas millonarias que ha sufrido desde el mes de abril y que suman casi 48 millones de euros , a los que hay que añadir más de cuatro millones por intereses de demora y de otro tipo y de reconocimiento de derechos de cobro a las empresas que han pleiteado contra la corporación y han obtenido estas sentencias favorables.

En total, el montante de las condenas asciende a 52 millones de euros, y todavía hay en lontananza pleitos pendientes en los que se dirimen 28 millones de euros más. Dado que en el actual Presupuesto municipal de 2015 el dinero realmente disponible para inversiones asciende a unos 20 millones (en concreto 19.990.748 euros), los pagos por los fallos judiciales en contra superan en 2,6 veces esa cifra.

Por ende, a Espadas se le complica el escenario económico debido a que el Gobierno de la nación le transferirá al Ayuntamiento 6 millones de euros menos con cargo a la participación en los ingresos del Estado que en el último ejercicio. Entre condenas judiciales y menores transferencias, el alcalde se va a ver abocado a buscar aquello que dijo en su controvertido anuncio de bajada/subida del IBI: los resquicios que haya en las normas, para tratar de recaudar más fondos con los que afrontar esta complicada situación.

‘LEGADO’ DE MONTESEIRÍN

La sombra de Monteseirín es tan alargada que cuatro años y medio después de su salida del Ayuntamiento su negativa herencia aún sigue lastrando a sus sucesores. Sin contar las cantidades que tuvo que pagar Zoido en los primeros años de su mandato por sentencias también contrarias por la gestión de Monteseirín, especialmente por las obras de la Alameda y del carril-bici, el pasado abril el Consistorio recibió el, probablemente, mayor golpe judicial de su historia reciente al fallar la Justicia en su contra y a favor de Sacyr en el pleito por las Setas de la Encarnación: 36,5 millones de euros.

Ya con Espadas como alcalde, el Ayuntamiento ha sufrido otra condena en un pleito arrastrado desde la época de Monteseirín, por la cesión de suelos de Mercasevilla a Sando para la construcción de naves industriales. En este caso la condena ha sido de casi 9 millones de euros, que con los intereses de demora y otros conceptos se elevará a 12 millones en números redondos.

Los siguientes pleitos perdidos han sido heredados por Espadas de la gestión de Zoido: condena de dos millones por la suma de dos sentencias favorables a Detea en el caso de la comisaría de la Ranilla, que acabarán siendo tres millones, ya que la Justicia le ha reconocido a la empresa el derecho a reclamar otro millón más.

Y las dos últimas condenas en contra del Consistorio son a favor de Telvent por la revisión de precios al alza del contrato de las señales de tráfico (0,12 millones) y a favor de Telefónica por unas obras de modificaciones de líneas de comunicaciones (0,17 millones).

El Ayuntamiento se enfrenta además a una demanda de Detea de 20 millones por el ruinoso estado en que le entregó los edificios de la Policía en la Cartuja y a una reclamación de Resipark de 7,8 millones por la anulación del contrato que firmó Monteseirín para la construcción de aparcamientos subterráneos en suelos que resultó no eran de propiedad municipal.

La factura judicial del Ayuntamiento

Empresa                 Asunto                                Importe indemnización

Sacyr           Setas Encarnación                        36.532.464,18  euros

Sando          Suelos Mercasevilla                        8.944.710,30

Sando          Intereses y otros (estimado)         3.055.290,00

Detea          Sede Policía La Ranilla                   1.902.366,91

Detea          Sede Policía La Ranilla                            177.923,88

Detea          Intereses y otros                            1.076.685,46

Telvent       Señales de tráfico                                122.448,15

Telefónica   Líneas teléfono                                173.043,00

TOTAL                                                                   51.984.931,88

El melón de la Gavidia

Espadas está en proceso de abrir un peligroso melón en la antigua comisaría de la Gavidia al plantear primero una rebaja en el nivel de protección patrimonial de este Bien de Interés Cultural (BIC) con el fin de facilitar su venta a esos potenciales compradores que Zoido decía tener y que, al igual que con las cien empresas interesadas en instalarse en la Zona Franca, todavía estamos esperando que aparezcan; y, en segundo lugar, al sugerir que se encuentra en un lamentable estado de conservación y encargar a la Gerencia de Urbanismo un informe técnico tras el que podría dictaminarse su declaración de ruina y posterior demolición, con lo que en vez de un BIC representativo de un estilo arquitectónico y de una época de la ciudad nos quedaríamos con un solar en pleno corazón del Casco Antiguo.

Aun subrayando que Espadas llegó ayer por la tarde, como quien dice, al Ayuntamiento y que ha heredado esta situación de Monteseirín y de Zoido, ¿acaso la Gerencia de Urbanismo no debería conocer de sobra el estado del inmueble sin necesidad de que el alcalde le haga un encargo especial?

Porque el Pleno de la Corporación aprobó el 25 de mayo de 2000 la Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios  (ITE), que fue modificada el 20 de mayo de 2004 y, luego, el 28 de septiembre de 2011 (texto refundido en el BOP de Sevilla, 16-XI-2011).

 

OBLIGACIONES DE LA ITE

 

La Ordenanza de la ITE regula (Art. 1º) la obligación de los propietarios de construcciones y edificaciones de efectuar una inspección periódica, dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas y el cumplimiento del deber (atención) de conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen del suelo. Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, están afectadas por la obligación de someterse a la inspección (Art. 2).

La Disposición Transitoria Única de la Ordenanza establece los plazos máximos generales para la presentación del primer informe de inspección técnica. Considerando el texto de 2011 en vez de los anteriores (2000 y 2004) y dado que la antigua comisaría de la Gavidia tenía por entonces unos 47 años (se construyó entre 1962 y 1964), en el mejor de los casos el Ayuntamiento, su propietario, debió haber presentado el primer informe de ITE hasta la fecha límite del 6 de julio de 2011, ya con Zoido en la Alcaldía. Esa inspección debió determinar el estado de conservación del edificio, y en caso de amenaza de ruina o mal estado de conservación, el Ayuntamiento tendría que haber actuado de inmediato para preservarlo, tanto por ser un bien municipal como -no se olvide- un Bien de Interés Cultural.

NO CONSTA

La Ordenanza obligaba a la constitución de un Registro informatizado de carácter público en Urbanismo y en el que deben constar como mínimo, la identificación de cada inmueble mediante su referencia catastral, dirección y número de gobierno; año de construcción; protección asignada en el planeamiento; número de expediente asignado e informe de la ITE presentado con una serie de parámetros.

Al ser de acceso público, cualquier ciudadano puede verificar la ITE de cualquier edificio de Sevilla desde el siguiente enlace a la página web de la Gerencia de Urbanismo:

http://www.sevilla.org/urbanismo/test2012/Menu08.asp

Se puede buscar por la dirección del inmueble, que en el caso de la Gavidia es Plaza de la Concordia Nº 2, o por su referencia catastral, que es  4730702TG3443B0001PF.

No hemos podido constatar informáticamente que la Gavidia haya pasado la ITE, aunque dados los conocidos ‘agujeros’ de la página web municipal cualquier sorpresa sería posible. En la más que probable hipótesis de que no haya sido inspeccionada, se consideraría en virtud del Art. 8 de la Ordenanza una infracción muy grave, que sería sancionada con una multa de mínima de 6.000 euros por tratarse de un edificio catalogado.

¿Puede el Ayuntamiento acreditar la ITE de la Gavidia? En caso de que no la haya inspeccionado, ¿va a cumplir la Ordenanza, se va a sancionar a sí mismo con 6.000 euros -de todos los sevillanos- y va a exigir responsabilidades por tal omisión? ¿Con qué autoridad moral puede el Consistorio exigir el cumplimiento de la ITE a los sevillanos y sancionarlos?

Veamos un reciente caso paralelo. La iglesia de los Terceros, otro Bien de Interés Cultural, se encuentra cerrada parcialmente desde mayo por riesgo de desprendimiento de su cúpula. Pues bien, ha sido sometida a la ITE y los inspectores exigen que en un plazo determinado se realicen obras por valor de 500.000 euros para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

CONVENIO INCUMPLIDO

Cuando el Ministerio del Interior cerró en el año 2003 la comisaría de la Gavidia por el traslado de la Jefatura de la Policía al nuevo edificio en Blas Infante ya se apuntó el mal estado en que, supuestamente, aquélla se hallaba, lo cual no fue óbice para que, con Monteseirín como alcalde, el Ayuntamiento le comprara el edificio al Ministerio a cambio de 9,9 millones de euros más la entrega de cinco parcelas valoradas en 2,3 millones. En total, una operación de 12,2 millones en que, como contrapartida, el Gobierno de la nación se comprometía a reinvertir el dinero conseguido en la construcción de cinco comisarías en barrios de Sevilla y en el plazo máximo de cinco años (2010). Estamos en 2015 y es obvio que el Ministerio ha incumplido su compromiso, sin que el Consistorio haya denunciado el convenio pese a la teórica posibilidad de recuperar el dinero y devolverle el inmueble a Interior.

Una de dos: o Monteseirín compró un edificio ya ruinoso al Ministerio aquel 21 de noviembre de 2005, o, presuntamente según los temores de Espadas, entre él y Zoido se lo han dejado arruinar en el decenio transcurrido desde entonces (seis años de gestión del primero; cuatro del segundo).

Otro de los motivos alegados en aquel entonces para justificar la compra del inmueble -comisarías de barrio aparte- era que así se dispondría de un sitio (7.462 m2 de superficie construida) para dotar de equipamientos públicos al Centro, donde prácticamente no había ni hay espacios libres. En tal sentido, en el PGOU de 2006 la Gavidia fue calificada como Sistema General/S.I.P.S.-Sociocultural. Sin embargo, Monteseirín (al igual que luego Zoido) no invirtió en convertir la antigua comisaría en sede de equipamientos para los vecinos del Casco Antiguo y la dejó abandonada a su suerte mientras que en paralelo gastaba del orden de 120 millones de euros en levantar a 700 metros las Setas de la Encarnación y a costa del dinero destinado en el PGOU a las infraestructuras de los futuros barrios de la ciudad.

PÉSIMO EJEMPLO

Si el Ayuntamiento demuele un Bien de Interés Cultural tras haber propiciado con su abandono de diez años su hipotético estado de ruina, ¿acaso su conducta no sería equivalente a la de esos ‘asustaviejas’ que no invierten un euro en conservación para así librarse a la larga de sus inquilinos y poder construir de nueva planta sobre el solar una vez consumados el reconocimiento de la ruina y la posterior demolición?

El BOP de Sevilla ha publicado bastantes acuerdos por los que la Gerencia de Urbanismo expropia de forma forzosa a propietarios de viviendas en ruinas porque sus propietarios han incumplido el deber de conservación. Pero, claro, ¿se va a expropiar a sí mismo el Ayuntamiento en la Gavidia?

El Consistorio está obligado no a demoler, sino a conservar la antigua comisaría en virtud del PGOU de 2006, del Plan Especial de San Martín y de la Ordenanza de la ITE. Y al tratarse de un BIC, esa obligación añadida se la imponen la ley del Patrimonio Histórico, la de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y hasta la ley del Suelo. ¿Cómo explicar que se libren un millón de euros para Artillería y 300.000 para Santa Catalina, que ni es municipal, y cero euros para la Gavidia?

Si el gobierno local omite el deber de conservación al que, por ejemplo, le obliga la ley del Patrimonio (Artículo 14), la Junta de Andalucía tiene la potestad de ordenar la ejecución de las obras necesarias (Art. 15), ejecutarlas de forma subsidiaria con cargo a las arcas municipales (Art. 16) o incluso expropiar la antigua comisaría (Art. 18) para acometer un proyecto de conservación (Art. 21).

Ni siquiera puede Espadas decretar unilateralmente un estado de ruina en este caso, al tratarse de un BIC, u ordenar la demolición sin la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura. Si tal ocurriera tras abrir Espadas este melón, supondría un rotundo fracaso económico (12,2 millones a la basura) y cultural, con el que se mandaría el mensaje de que desde la Administración se pueden descatalogar BIC por capricho de un alcalde o dejarlos arruinarse y demolerlos porque es más importante hacer caja con el patrimonio (su liquidación) que conservarlo.

Sin ‘efecto Zoido’

Zoido logró en 2007 su primera victoria en unas municipales, por 4.242 votos de diferencia y empatado en concejales (15) con Monteseirín, por lo que el pacto de éste con Torrijos le privó de la Alcaldía. Por eso, en 2011 pidió el voto prestado de los cinco distritos que habían sostenido al PSOE cuatro años antes, con el fin de desalojar a los socialistas tras los escándalos y delirios (Setas) de Monteseirín.

Zoido ganó por mayoría absoluta (20 ediles) porque prometió aquello que todos querían oír y porque atendiendo a su llamamiento tres distritos socialistas (Este, Macarena y San Pablo) le prestaron sus sufragios, frente a dos (Cerro-Amate y Norte) que no lo hicieron pero donde el PP logró grandes avances (4.457 votos más en Cerro y 4.371 más en Norte).

Cuatro años después Zoido ha ganado por tercera vez, pero por una mayoría insuficiente de 12 ediles, tras perder 59.782 votos, que muy probablemente le privarán de la Alcaldía frente al pacto de la izquierda. Ha tenido suerte, ya que si la izquierda radical hubiese concurrido en candidatura única en vez de en tres listas (Participa, Ganemos y Equo), sus 45.518 votos habrían dejado al PP con once ediles (empatado con el PSOE) y a aquélla con cuatro.

A derecha e izquierda

En una corporación con dos concejales menos (31), Zoido ha perdido tres por el centro-derecha que representa Ciudadanos, en cuyos brazos y/o la abstención (ha habido 20.000 votantes menos) se han arrojado los desencantados con el PP; y otros tres por la izquierda, fruto de la devolución del voto prestado en distritos rojos cuatro años atrás. Sólo ha retenido uno de ellos, San Pablo-Santa Justa, pero con 5.888 votos menos que entonces, y ha devuelto al PSOE el distrito Este (-7.142 votos) y Macarena (-6.285).

Por ende, en los distritos tradicionalmente del PP, en que ha ganado, ha obtenido peores resultados incluso que en 2007, con la excepción de Bellavista, con 43 votos más que hace 8 años. Sus distritos le han dado menor apoyo que en su primera victoria: 12 puntos menos en Casco Antiguo; 10 menos en Los Remedios; nueve menos en Nervión; 18 puntos menos en Sur y 8 menos en Triana.

Zoido ha tenido la mayoría más absoluta y la ha dilapidado. ¿Por qué? Porque no ha respondido a las grandes expectativas que suscitó. Basta comparar el programa del PP en 2011 con la realidad para ver su enorme grado de incumplimiento.

Promesas

Prometió convertirse en el alcalde del empleo e incluso creó una Delegación de tal nombre para a continuación alegar que el Ayuntamiento carecía de competencias o presentarse como el alcalde de la menor destrucción de empleo sin importarle manipular los datos. Dijo que con Monteseirín se habían destruido 40.000 empleos (fueron 31.378) y que con él sólo 4.000, diez veces menos (pero eran 8.507).

Prometió presentar un plan municipal de empleo a la vuelta del verano de su primer curso, del que nada más se supo, y desoyó la petición de que al menos hablara con las grandes empresas para tratar de paliar la situación, pero sólo recibió a Heineken, Persán, Renault y Cobre las Cruces al final de su mandato, que cierra con 85.196 parados, tras ver que se habían reunido en San Telmo con Susana Díaz.

Prometió 4.000 viviendas para los 17.000 sevillanos demandantes, a razón de 1.000 anuales, con las que podía haber revitalizado el sector de la construcción, pero no ha hecho ninguna.

Prometió una treintena de aparcamientos y no ha hecho ninguno, salvo empecinarse en el único que no podía por vulnerar el PGOU: el de la Alameda.

Prometió acabar con los arboricidios de Monteseirín y perpetró el de Almirante Lobo, podas primaverales de naranjos aparte.

Prometió un nuevo Palacio de los Deportes en Los Bermejales, con pistas de nieve artificial incluidas, y en su lugar cedió los terrenos para una escuela privada de golf.

Prometió arreglar la cuestión de Ikea en dos meses y dos años después todavía no se había enterado de la obligación legal del Ayuntamiento de deslindar las vías pecuarias de San Nicolás Oeste: los dos meses serán seis años.

Prometió que Altadis no se llevaría un duro de Sevilla y le ha preparado un convenio a la carta para que dé un pelotazo de 35 millones de euros.

Prometió parar la torre Pelli y la defendió ante la Unesco.

Defecto Monteseirín

Fomentó la imagen de boicot permanente de la Junta a Sevilla y fracasó allí donde la Junta no pintaba nada y era su proyecto estrella, para el que bastaba una orden en el BOE y levantar una valla con que captar cien empresas que generarían 1.000 millones de euros: la Zona Franca.

Para tratar de justificarse, alimentó la leyenda de que halló una deuda oculta de 400 millones (¿?) en el Ayuntamiento, hasta los 790 millones, y de que por Eso sólo ha tenido tiempo de sanear las cuentas. La deuda del Consistorio era de 502 millones y la previsión es que quede en 500,5 millones a fin de año. La de las empresas municipales era de 143 millones y quedará en unos 54 millones. Habrá reducido unos 90, sobre todo en Tussam y Lipasam para así garantizarse la paz social en las empresas públicas.

Con 12 ediles, Zoido devuelve al PP a 2003, en la demostración de que el efecto Zoido fue realmente el defecto Monteseirín. Una vez que éste y Torrijos salieron del Ayuntamiento, Zoido no supo qué hacer con todo el poder en sus manos. Era un líder para la oposición, pero no para la gestión.

De la SE-35 a la SE-20

Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.

Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…

Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.

INTERESES PRIVADOS

Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.

En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.

CRUZANDO EL PARQUE

Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.

Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.

Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.

SIN REVISIÓN

Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.

En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.

Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.

DINERO DE LOS BARRIOS

En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.

Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud  del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.

A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.

El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

FRENAZO DE BRUSELAS

En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.

Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.

La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.

Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).

Como decía  Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.

 

La depuradora

Marchena citó a las 8 de la mañana a un notario para adjudicar la depuradora de San Jerónimo tras tomar posesión Zoido

Emasesa se ha ofrecido a la Junta para construir la depuradora a cambio de administrar el canon autonómico, pero no ha obtenido  respuesta

La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.

Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.

SIN CAPACIDAD

Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.

El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.

Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.

Se buscó un emplazamiento alternativo  y se halló en los terrenos – 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes en San Jerónimo.

EL ANUNCIO

En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

LA HORA DEL NOTARIO

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.

Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.

Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.

EL CANON AUTONÓMICO

La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.

El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.

Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.

Exprimir el Alcázar

El alcaldable del PSOE, Juan Espadas, ha presentado en esta precampaña electoral su programa para el Alcázar, algo destacable porque es raro hallar precedentes de que nuestros políticos hayan pensado en un plan específico para el primer monumento civil de Sevilla: patrimonio de la Humanidad, palacio real en uso más antiguo de Europa, impresionante conjunto monumental -14.000 m2 construidos y casi 70.000 m2 de jardines- y un maná turístico para la ciudad junto con la Catedral.

De las muchas propuestas del actual líder de la oposición destacan dos en especial:

  1. Revisar acuerdos y/o normas que obligan a desviar el superávit que consiga el Alcázar cada año al Ayuntamiento, para sufragar gastos corrientes. Muy gráficamente, ha declarado que no se pueden dedicar los fondos que genere el monumento a pagarle la factura de la luz al Consistorio y que hay que destinar al menos una parte a inversiones de mejora del propio Alcázar.

    2)   Adelantar el horario de apertura a las 9 de la mañana, implantar el horario de verano (de 9:30 a 19 horas) ya desde el mes de marzo y hasta octubre, e iniciar un día semanal de visitas nocturnas.

CONTROVERSIA ECONÓMICA

El uso del dinero del Alcázar para fines distintos a los patrimoniales o para espacios distintos al propio conjunto monumental ha provocado controversias desde que, hace unos diez años, Monteseirín impuso una reforma de los estatutos del Patronato que lo gestiona para que incluyera entre sus fines la conservación de las Casas Consistoriales, a la que se uniría años después también la gestión del Antiquarium de las ‘Setas’ de la Encarnación.

Aquella primera medida provocó la dimisión como patronos de la exalcaldesa Soledad Becerril y de Vicente Lleó, catedrático de la Hispalense, casi más por las formas -la decisión no llegó a someterse a votación en el Patronato, que se limitó a hacer una especie de asentimiento- que por el fondo, aun cuando ambos eran partidarios de no alterar el ‘statu quo’ y de que los fondos recaudados por las visitas turísticas (recuérdese que los vecinos de Sevilla capital entran gratis) revertieran única y exclusivamente en el propio monumento.

Frente a esta corriente, digamos purista, existe otra digamos ecléctica, partidaria de que parte del dinero recaudado, pero no todo,  en el Alcázar sirva para restaurar y poner en valor como activos patrimoniales y económicos de la ciudad los bienes inmuebles y muebles de propiedad exclusivamente municipal. No incluyen los eclesiásticos, universitarios y de otras Administraciones Públicas, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla es, tras la Iglesia, el segundo mayor propietario de bienes inmuebles de Andalucía, buena parte de ellos con gran valor histórico-artístico.

RICOS Y POBRES

Al antiguo director-conservador del Alcázar, José María Cabeza, distinguido con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por, especialmente, los 18 años de modélica labor al frente del palacio sevillano, cabría englobarlo en esta tendencia por su teoría del ‘monumento rico, monumento pobre’.

Cabeza abogaba, y sigue abogando, por que el dinero del ‘monumento rico’ llamado Alcázar contribuya a rehabilitar el resto del patrimonio municipal, desde las Casas Consistoriales (este año financia con 181.987 euros la tercera fase de la restauración de la fachada) hasta la Fábrica de Artillería, pasando por el monumento a Bécquer del parque de María Luisa.

Parece un contrasentido que mientras en las cuentas bancarias del Patronato del Alcázar se acumulan de 9 a 10 millones de euros de superávit, que le generan bastantes miles de euros de intereses cada mes, haya desde edificios a bienes muebles municipales deteriorándose por falta de dinero o que por una pugna entre el Ayuntamiento y la Junta por 100.000 euros para una cámara acorazada en el Museo Arqueológico los sevillanos lleven más de medio siglo sin poder ver el Tesoro del Carambolo.

ACUERDO PLENARIO

Y al Patronato del Alcázar todavía le quedan 9 ó 10 millones de euros en los bancos después de que el Ayuntamiento aprobara durante el mandato de Monteseirín un plan económico-financiero de reequilibrio, en virtud del cual se transferirían 6,8 millones de euros del monumento a la tesorería municipal.

A este dinero se le sumaron más tarde otras dos partidas, de forma que todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU) aprobaron ya durante el mandato de Zoido sacar un total de 7.567.078 euros del Alcázar para la Hacienda municipal, siendo entonces (septiembre de 2012) sólo una parte mínima (300.000 euros) para la rehabilitación de la fachada de las Casas Consistoriales.

Y hay más. El Patronato del Alcázar, por las normas antidéficit de la Administración de Rajoy, no puede destinar ahora el superávit que aún genera cada año, ni el acumulado,  a acometer nuevas rehabilitaciones en el monumento patrimonio de la Humanidad más allá de las obras previstas en su plan anual, con lo cual se está dando la paradoja de que el conjunto palaciego genera cada vez más caja por el incremento de las visitas, pero esa mayor presión turística provoca un ‘estrés’ al edificio, que no se puede paliar por la imposibilidad de mover el dinero.

Por tanto, para evitar el superávit del palacio, que acaba en la caja del Ayuntamiento, la primera medida que habría que adoptar sería incrementar los presupuestos de restauración en el Alcázar, con lo cual el dinero no saldría de allí.

MONUMENTO FRÁGIL

El conjunto monumental, por la calidad de sus materiales -peor que los de la Catedral-, su propia configuración con patios abiertos y casi siete ha. de jardines es muy frágil y precisa de cuidados y atención permanentes.

José María Cabeza acuñó la metáfora del palacio como un viejecito achacoso al que hay que administrar cada día una cucharadita de jarabe pero al que no hay que someter a grandes intervenciones quirúrgicas porque por su delicado estado de salud no las soportaría.

Sin embargo, esa fragilidad se está obviando por el afán de abrir el Alcázar cada vez más horas y de captar cada vez más turistas. Zoido destacó a principios de año que en 2014 se batió el récord histórico de visitas, con 1.350.000 en números redondos. A ello ha contribuido su apertura los siete días de la semana. Por presión de las empresas organizadoras de cruceros se empezó a abrir excepcionalmente a las 9 en vez de a las 10:30 los días de arribada de cruceristas. Ahora, Espadas quiere convertir la excepción en norma y, además, empezar a abrir por las noches, porque interesa al sector hotelero usar el Alcázar como gancho para que los turistas se queden a pernoctar en sus establecimientos.

Pero, ¡cuidado!. Los siete días de apertura a la semana actuales, más el adelanto horario y las visitas nocturnas van contra la conservación de un monumento tan frágil y la práctica habitual en los grandes conjuntos patrimoniales y museos internacionales de cerrar un día a la semana para dejar que ‘respiren’ y acometer con tranquilidad las labores de conservación que siempre precisan.

Piénsese, por ejemplo, en la dificultad de aplicar tratamientos fitosanitarios con sustancias peligrosas a las plantas de los jardines con los turistas por medio a casi todas horas, o cómo su presencia condiciona o impide las labores de restauración, fontanería, carpintería, limpieza, traslados….

El Alcázar ha sido tomado tan en vano que un turoperador se permitió la osadía de organizar un sorteo de un lote de champán entre los turistas en el Salón de los Tapices. Se están confundiendo e invirtiendo los términos: una cosa es que el Alcázar tenga su programa de actividades culturales de nivel y que éste redunde en beneficio del sector turístico y otra muy distinta que el sector turístico lo quiera convertir en una prolongación de sus hoteles y restaurantes poniéndolo al servicio de sus intereses.

De tanto exprimir el Alcázar se corre el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro.