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El tranvía, las Setas bis

El “Metrocentro” costó 93 millones de euros, equivalentes al 67% del coste de las Setas de la Encarnación

El tranvía transporta al día 41.437 viajeros menos que los autobuses a los que sustituyó

 

Portavoces de grupos que más se beneficiaron de las derramas de Monteseirín para comprar el favor de la opinión pública (al final no le sirvió de nada porque fue defenestrado por Griñán mediante aquel teletipo de Europa Press) han tratado de aprovechar el décimo aniversario del tranvía para presentar a aquél como el gran transformador de Sevilla, gracias al cual se acabó con la contaminación que ennegrecía la fachada de la catedral, en contraste, claro está, con Espadas, y reduciendo su ruinosa herencia por sus despilfarros faraónicos a “algunas trampas”.

Algunos todavía piensan que la transformación de una ciudad sólo consiste en destrozar su histórico paisaje con un rascacielos de 178 metros de altura en la Cartuja;

cargarse los jardines del Prado con una ilegal biblioteca de diseño copia-pega salida en serie del estudio de un arquitecto/a-estrella (al igual que ocurre con la torre Pelli);

gastar 138 millones de euros (o más, porque ya se ha perdido la cuenta tras las diversas condenas al Ayuntamiento) en la inutilidad funcional de las Setas

y  93 millones en el tranvía, sin pararse a pensar en la relación coste/oportunidad  de esas decisiones y en la rentabilidad económica y social que habría tenido ese dinero dedicado a otros fines.

Lo triste es comprobar cómo el propio Espadas, contra quien van dirigidos los elogios a Monteseirín, cae en esa trampa al plantearse la ampliación del tranvía a Santa Justa sólo porque “algo habrá que presentar para las elecciones”, sin reflexionar sobre su necesidad o duplicidad (al artículo “Tranvía al cubo” me remito:

Tranvía al cubo

) o sobre que ese dinero podría tener un mayor efecto transformador dotando, por ejemplo, de ascensores a las decenas de miles de viviendas sin ellos, acabando con la infravivienda en Los Pajaritos y otros barrios marginados de la ciudad y creando las condiciones para que salgan de la pobreza (tenemos 7 de los 15 barrios más pobres de España).

Los propagandistas de Monteseirín alardean de que gracias a su supuesta política transformadora peatonalizó el Centro y permitió a los sevillanos disfrutar de una calle San Fernando y de una Avenida de la Constitución sin tráfico.

 

EN CLAVE POLÍTICA

 

Hay que retrotraerse a aquellos años para analizar la actuación con objetividad. Recuérdese que el PP de Soledad Becerril había ganado las elecciones municipales de 1999 con una diferencia de 2.104 votos (118.072 frente a 115.968) y de un concejal (13 frente a 12) sobre el PSOE pero que por su incompatibilidad personal con Rojas Marcos (y viceversa) el PA de éste prefirió entregarle la Alcaldía al PSOE de Monteseirín después de que en las negociaciones dirigidas por Chaves (Monteseirín no pintó nada) los socialistas aceptaran la exigencia andalucista de terminar la abandonada línea 1 del Metro.

Las obras no se reanudaron hasta septiembre de 2003 y sufrieron numerosas incidencias (desde la caída de la viga de un paso elevado sobre la SE-30, que podría haber causado una catástrofe entre los automovilistas, hasta el hundimiento del suelo en la Puerta de Jerez, que se tragó el kiosco existente)

y acentuadas protestas, especialmente de los comerciantes, porque no penetraban hasta el Centro y se limitaban a bordearlo en el tramo Puerta de Jerez-Prado de San Sebastián.

 

Temiendo que la polémica y la mala imagen del Metro y las críticas hacia él por no plantarse ante la Junta (en manos de su mismo partido) y exigirle que el suburbano llegara hasta la Plaza Nueva se la hicieran pagar los sevillanos en las urnas, Monteseirín concibió su particular línea al Centro, pero no como un Metro subterráneo, entre otras razones porque ya no le daba tiempo a tenerlo para las elecciones de mayo de 2007, sino en superficie, de ahí su engañosa denominación de “Metrocentro”. Quería instalar en la mente de los votantes la idea de que era él y no la Junta ni nadie más quien les había logrado una línea de Metro hasta el corazón de Sevilla.

Ese fue el origen y el motivo del proyecto, meramente electoralista y sin pensar en su utilidad, coste y alternativas más baratas. El entonces alcalde no pensó ni en la contaminación del tráfico sobre la catedral, ni en los peatones, pero como había que “vestir” la idea se publicitaron las posibles consecuencias positivas como la génesis del proyecto: un transporte ecológico que permitiría peatonalizar dos calles (San Fernando y la Avenida) , con lo que se daba fundamento al lema de “la ciudad de las personas”.

 

NO LLEGÓ A TIEMPO

Las obras se iniciaron en junio de 2006, once meses antes de las elecciones municipales de mayo de 2007, con el indisimulado objetivo de Monteseirín de presentarse a las mismas con el tranvía como principal activo de su gestión.

Hasta entonces, según la Memoria de Sostenibilidad de Tussam de 2005 (véase el capítulo IV) llegaban hasta la Plaza Nueva once líneas, servidas por 83 autobuses y que transportaron aquel año un total de 19.380.638 viajeros, a una media de 53.097 diarios.

Monteseirín abrió en canal el itinerario entre el Prado y la Plaza Nueva durante casi año y medio, por lo que no llegó a tiempo a las elecciones de mayo de 2007 (el tranvía se inauguró el 28 de octubre), y aunque se mantuvo en el poder cuatro años más gracias al pacto con la IU de Torrijos y hasta consiguió un edil más, por la ley D’ Hont, perdió aquellos comicios, que supusieron el principio de su final político a manos del PP de Zoido  (el PSOE perdió 6.424 votos y el PP ganó 9.381 y tres ediles).

El tranvía cubría únicamente los 1.200 metros entre el Prado y la Plaza Nueva y en la mitad de su trayecto se superponía en superficie con el mismo recorrido subterráneo del Metro (desde la Puerta de Jerez hasta el Prado), con lo que el único tramo que quedaba sin servicio de transporte no duplicado eran los 600 metros y pico a partir de la Puerta de Jerez. Esa mínima distancia suponía un simple paseo a pie de entre 7 y 10 minutos.

 

RENUNCIA A LA FINANCIACIÓN

 

En este sentido, el edil Celis declaró que no hacía falta prolongar la línea 1 del Metro hasta la Plaza Nueva porque la distancia desde la Puerta de Jerez era tan corta que se podía ir perfectamente andando. De esta manera, inconscientemente, confirmó la inutilidad del tranvía, porque su argumento era perfectamente aplicable al denominado “Metrocentro” en superficie, cuya construcción solapándose en un 50% con el Metro se la habrían podido ahorrar, más las molestias añadidas, los contribuyentes sevillanos.

Un ahorro cierto porque la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez del Castillo, con tal de hacerle un favor político a su correligionario Monteseirín, se mostró dispuesta a calificar el tranvía en superficie proyectado por éste como una extensión del Metro de la Junta que prestaría un servicio metropolitano y por lo tanto podría ser costeado por el Gobierno andaluz y gestionado por el consorcio de empresas privadas adjudicatario del Metro.

Temerosos de tal posibilidad y de las exigencias y condiciones de las empresas privadas frente a las laxas que tenían en el Ayuntamiento, sindicalistas radicales de Tussam fueron unas cuantas noches a protestar frente a la casa del entonces alcalde, el cual prefirió plegarse ante aquéllos antes que ahorrarle millones a los sevillanos. Pudiendo salir gratis a Sevilla (aunque el concepto es relativo, dado que el dinero es al fin y al cabo público), como Monteseirín, en su falta de coraje, se negó a adscribirlo al Metro, el tranvía le costó al Ayuntamiento unos 53 millones de euros (la Junta habría acabado financiando sólo unos 30 millones).

 

LA LANZADERA

 

Durante la construcción del tranvía, las líneas de autobuses que rendían en la Plaza Nueva lo hicieron en la Avenida de Roma (entre el hotel Alfonso XIII y el Palacio de San Telmo y los jardines de Cristina), desde donde cada pocos minutos partía una lanzadera que a través del Paseo de Colón y de la calle Reyes Católicos llegaba hasta la Magdalena. Se demostró así que habría sido posible peatonalizar de forma real, con todo el espacio para los transeúntes, San Fernando y la Avenida, poniendo en servicio una lanzadera servida por autobuses no contaminantes, a gas o eléctricos, como los que ya existían en aquella época.

No hace falta irse a Londres, Ginebra u otras ciudades europeas con líneas de autobuses ecológicos. Una semana antes de la inauguración del tranvía de Sevilla, el alcalde de Málaga presentó once autobuses eléctricos-híbridos no contaminantes (reducción del 98,34% de las emisiones) de la marca Iveco y con placas fotovoltaicas en el techo para las líneas circulares malagueñas.

Con tal de tener el tranvía para las elecciones, Monteseirín cortó todos los árboles desde el Prado hasta la Plaza Nueva y destruyó los hornos almohades que había en la Puerta de Jerez. Hoy, los peatones disponen de menos espacio que antes de la supuesta peatonalización, ya que al tranvía por en medio se unen bicicletas, coches de caballo, patinadores y ocupantes de patinetes eléctricos (los Segway), más veladores por doquier.

Como muchos usuarios de Tussam no tomaban el tranvía en el Prado y se iban andando hasta la Plaza Nueva (mejorando el aserto de Celis de que se podía suplir el Metro con un paseo; en este caso, todo el tranvía), para tratar de justificar la necesidad del tranvía que iba, según la expresión popular, “de ningún sitio a ninguna parte”, el gobierno de Monteseirín lo prolongó hasta San Bernardo (con nuevo gasto, hasta un total de 93 millones para toda la línea) a partir del 15 de abril de 2011 (2,2 kilómetros de recorrido).

La paradoja es que desde entonces nunca se han alcanzado los 4,78 millones de viajeros del tranvía en aquel año, con una caída acentuada hasta 2015. En este decenio, el tranvía ha transportado un total de 42,6 millones de viajeros en números redondos, a una media diaria de 11.660, frente a los 53.097 de media de las once líneas de autobuses que rendían en Plaza Nueva.

Conclusión: Monteseirín se gastó 93 millones de euros (el equivalente al 67% del coste de las Setas) en un “Metrocentro” que diez años después transporta 41.437 viajeros menos al Centro que los autobuses.

La Gavidia y la marca Sevilla

La antigua comisaría fue una “compra envenenada” por 9,9 millones sin saber qué hacer con ella

Mientras a Sevilla sólo vienen proyectos ligados al turismo y al ocio Bilbao y Madrid los buscan tecnológicos

 

En este año a punto de fenecer y en el que se ha cumplido el XXV aniversario de la Expo-92 viene a cuento volver a recordar la frase del ex comisario de la Muestra, el diplomático Emilio Cassinello, sobre los “regalos envenenados” de pabellones al Gobierno de España por los países participantes.

El Reglamento General de la Exposición imponía a los participantes devolver a su estado original la parcela que les hubiera entregado en la Cartuja la Sociedad Estatal para la Expo, que concibió como permanentes para que quedaran tras la Muestra apenas unos pocos, como los temáticos y el pabellón de España.

Cuando acabó el evento, gobiernos de muchos países participantes mostraron una inusitada generosidad al ofrecerse a donar a empresas, organismos y Gobierno españoles sus pabellones a cambio de una cantidad simbólica como una peseta (entonces aún no existía el euro).

Y el comisario Cassinello, independientemente de lo que acabaron aceptando o haciendo diversas empresas, rechazó amablemente tales ofrecimientos a nuestro Gobierno calificándolos en privado como “regalos envenenados”. El veneno del “regalo” radicaba en que los participantes trataban de ahorrarse los obligados costes de demolición de sus pabellones al transferir la propiedad de éstos al país organizador. Si ya después de la Expo, sobrevenida una crisis económica parecida a la actual, no sabíamos qué hacer en y con la isla de la Cartuja, donde sobrevino el “síndrome de los jaramagos”, cabe imaginar qué habría ocurrido si encima hubiera que haber asumido el coste de mantener en pie un centenar en números redondos de pabellones vacíos.

 

ARTILLERÍA

También de “regalo envenenado” hay que calificar la aceptación por Monteseirín, en 2008, de la Fábrica de Artillería para el Ayuntamiento de Sevilla. El Ministerio de Defensa, el organismo oficial que más ha especulado y más beneficios ha obtenido a costa de la ciudad, le transfirió así a la Corporación Municipal hispalense, merced a la ingenuidad del entonces alcalde, los gastos de conservación de ese enorme edificio industrial, con más de 20.000 m2.

En 2010, la entonces delegada de Cultura, Maribel Montaño, declaró: “Creemos que se convertirá en el mejor espacio cultural de la ciudad con una inversión muy ajustada (de) entre 20 y 30 millones de euros…”. Así pues, el Ayuntamiento, que no podía sostener el patrimonio del que ya era propietario, aceptó un “regalo envenenado” cuya reutilización ya evaluó por entonces en esa ingente cantidad de dinero (hasta 5.000 millones de las antiguas pesetas).

 

Y LA COMISARÍA

 

Peor todavía que el “regalo envenenado” de la Fábrica de Artillería fue la “compra envenenada” por Monteseirín con el dinero de los sevillanos en diciembre de 2006 a Interior de la antigua comisaría de la Gavidia por 9,9 millones de euros, más la cesión de los solares para que el Ministerio erigiera cinco comisarías en la ciudad. Si ese Departamento tiene la obligación de construir las comisarías para la Policía Nacional, más tarde o más temprano las habría acabado haciendo (la operación no la aceleró, como prueba el hecho de que todavía no ha culminado su compromiso once años después), por lo que resulta más incomprensible que Monteseirín asumiera esa responsabilidad al inyectarle 9,9 millones de euros por la Gavidia y sin tener ningún proyecto definido para la misma: su mandato duró cinco años más y no fue capaz de reutilizarla en ningún sentido.

Al contrario, la dejó abandonada a su suerte y deteriorándose por la falta de uso, y en los once años transcurridos desde su “compra envenenada” el Ayuntamiento se ha gastado un millón de euros en su vigilancia y comprobado que el coste de rehabilitarla por el abandono en que se halla sumida supera los 10 millones de euros.

En resumen, la ruinosa operación de la Gavidia legada por Monteseirín a Sevilla tendría ya un coste potencial de 21 millones de euros (compra + vigilancia + rehabilitación), y la asunción de la Fábrica de Artillería, otra millonada igual o superior.

 

DISLATE

Este es el “marrón” que le cayó primero a Zoido y después a Espadas. Una situación sobrevenida o heredada  de la que ninguno de los dos ha sido responsable, pero el hecho es que la “patata caliente” de la Gavidia sigue ahí, para incomodidad del actual alcalde, que incluso lanzó el globo-sonda de que quizás lo mejor sería demolerla porque así habría más posibilidad de colocar el solar a algún inversor y de que el Ayuntamiento se liberara del inmueble y de los gastos que le causa aun sin haber hecho nada en el mismo durante once años. Obsérvese, pues, la magnitud del dislate iniciado por Monteseirín: gastar 9,9 millones en un edificio sin saber qué hacer con el mismo, hasta el punto de que su sucesor socialista pensara en echarlo abajo.

Frenado aquel (des)propósito por la mayoritaria reacción en contra y el recordatorio de la Junta de Andalucía de que la ley del Patrimonio lo impedía por tratarse de un edificio protegido, Espadas ha tratado de endosarle la antigua comisaría a alguna empresa o inversor que le libere de ese cáliz patrimonial, de esa ruinosa herencia monteseirinesca.

Y he aquí que al llamamiento de Espadas han aparecido seis promotores que aspiran a convertir a sus expensas (la condición “sine qua non” del Ayuntamiento, el cual no quiere gastar ni un euro más en el inmueble) la antigua comisaría en un hotel (tres proyectos en esa línea); un complejo deportivo-sanitario; un espacio cultural y de ocio (con el parece que inevitable auditorio y salas de exposiciones, pero también con bares y gimnasios) o un centro de emprendimiento, este último auspiciado por el colectivo de arquitectos sevillanos Entre Adoquines y donde nuestros jóvenes y emprendedores tendrían un espacio para la innovación y la creación de empresas de base tecnológica.

 

EXCESOS Y CARENCIAS

 

Me remito al artículo titulado “Un Fab Lab en la Gavidia”, publicado en esta misma sección el pasado julio.  En mi opinión, Sevilla no necesita que su Ayuntamiento promueva más hoteles, complejos deportivos ni mixtos culturales y de ocio porque hay suficiente oferta de los mismos en la ciudad. Hemos perdido la cuenta de los nuevos hoteles anunciados, está reciente la inauguración del complejo deportivo en la antigua estación de Cádiz y es inminente la apertura en la Cartuja del espacio cultural de la Red Criteria que construyó la SGAE, pero sí hay carencia de proyectos públicos de innovación tecnológica y de equipamiento social en un distrito como Casco Antiguo, en línea justamente de lo preconizado por Entre Adoquines.

La diferencia esencial para el Ayuntamiento es que mientras en el resto de proyectos los promotores le liberan de la Gavidia al comprarla o asumir en una concesión el coste de su rehabilitación para el uso que quieran darle, en el de Entre Adoquines se apuesta por el mantenimiento de la propiedad e incluso de la gestión públicas y se preconiza que el Consistorio la rehabilite gradualmente por fases, con recursos propios o con fondos europeos (curiosamente, el Ayuntamiento, que dice no tener dinero para la Gavidia, sí ha estado dispuesto a pagar a la Junta 17 millones por su sede de Gobernación en la Plaza Nueva y ha adquirido la Casa Fabiola por 4,5 millones de euros).

Con esta especie de subasta del edificio entre promotores, Espadas está demostrando, aunque sea de forma inconsciente, que carece de un modelo para la Gavidia o que no sabe cómo insertarla en su modelo de ciudad, ya que obra al revés, porque  debería haber empezado definiendo el uso que quiere dar a la antigua comisaría en vez de que vengan a proponérselo a él.

Sigue mirando el edificio como un problema en vez de como una oportunidad y no sale al exterior a captar un proyecto que se amolde a un fin predeterminado, como sí hacen en otras ciudades, salvo que se entienda que sus preferencias están en la línea de los que ha recibido.

EJEMPLOS

 

El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, puso el pasado mes de julio a Bilbao como ejemplo de saber lo que quería y de cómo desde la propia ciudad fueron a convencer a Digi Pen, una universidad privada que imparte formación (sus alumnos, aunque pagan unos elevados costes, no conocen el paro porque se los rifan las empresas) para el boyante sector de los videojuegos, a fin de que se instalara a orillas de la ría del Nervión.

En el citado artículo “Un Fab Lab en la Gavidia”, publicado el pasado 10 de julio, escribía por mi parte lo siguiente: “¿Quiere ideas Espadas sobre financiación o incorporación privada para un proyecto en esta línea (tecnológica)? No es casualidad que Leroy Merlin, la firma francesa….haya decidido crear para sus clientes “espacios de fabricación colaborativa” asociándose con la americana TechnoShop…”.

Pues bien, como si se tratase de una premonición, tan sólo siete días después de publicarse aquellas líneas la Fundación Universidad-Empresa, la Cámara de Comercio de Madrid, la Fundación CEIM y la Consejería de Economía e Innovación de la comunidad madrileña organizaron un encuentro en la capital de España con el consejero delegado de TechnoShop, Paul Dugan, para propiciar la instalación de esta empresa americana en Madrid e impulsar así un “ecosistema de innovación”, en línea con el proyecto de Entre Adoquines para la Gavidia.

Bilbao y Madrid han ido al mercado a captar no otro hotel, ni un gimnasio, ni un centro de ocio y deportes, sino proyectos de base tecnológica porque sabían qué querían y lo que tenían que buscar, mientras que en Sevilla no dejan de venir hoteles, probablemente porque no sabemos diversificar nuestra imagen de marca, casi exclusivamente asociada al turismo.

Espadas debe pagar más de un millón de euros por las Setas de la Encarnación

SENTENCIA

Es la consecuencia de uno de los pleitos perdidos por el Ayuntamiento frente a la constructora Sacyr

DE 2009

Y más de medio millón por el parking de Aussa, filial de Tussam, bajo el mercado del Arenal

DEMORA

Los intereses por no haber pagado a tiempo otras sentencias negativas ascienden a 890.651 euros

 

El gobierno local ha planteado una serie de modificaciones presupuestarias antes de que finalice el año 2017 y por un valor cercano a los 4 millones de euros para poder hacer frente al pago de varias sentencias condenatorias que se arrastran en un caso desde hace ocho años y entre las que figura una sobre las Setas de la Encarnación.

La sombra del Metropol-Parasol, popularmente conocido como las Setas de la Encarnación, sigue siendo alargada y no deja de proyectarse sobre la tesorería del Ayuntamiento, que se ve obligada a liberar fondos para atender pagos derivados de pleitos con la constructora Sacyr a cuenta del coste de la obra y de a quién sería imputable.

Ahora, el equipo de Espadas ha de hacer una modificación en los Presupuestos de la ciudad antes de que acabe el año en curso para abonar a Sacyr 1.115.494 euros como consecuencia de un fallo judicial favorable a la empresa por la construcción y/o explotación de las Setas.

No acaba aquí, ni mucho menos, el rosario de litigios judiciales heredados de mandatos anteriores y que ahora ha de afrontar el gobierno de Espadas, el cual ha de incluir en las modificaciones del Presupuesto otra partida por valor de 521.501 euros como consecuencia de un pleito por el parking de Aussa (sociedad de aparcamientos filial de Tussam) en el Arenal y que se viene arrastrando desde el año 2009.

La lista se engrosa con 890.651 euros en concepto de intereses de demora por la tardanza del Ayuntamiento en abonar las cantidades a que ha sido condenado por los tribunales de Justicia (por ejemplo, en el caso de los aparcamientos de Resipark), y en ese mismo capítulo de pleitos perdidos hay que incluir 38.200 euros por un despido realizado durante el mandato de Zoido y declarado nulo.

Así pues, sólo por condenas judiciales heredadas de alcaldes anteriores Espadas deberá pagar antes del 31 de diciembre 2.565.846 euros.

 

PRESUPUESTO NO HIPOTECADO

El resto del dinero que ha de salir de las modificaciones presupuestarias se destinará a saldar un reconocimiento de deuda del periodo 2002-2009 con el Teatro de la Maestranza por valor de 368.493 euros; a equilibrar el presupuesto de Fibes con 353.541 euros, complementarios de otros 700.000 anteriores y tras demostrarse que hacían falta los dos millones presupuestados inicialmente (por una enmienda se la privó del millón que luego ha habido que reponer en estos dos plazos); y, finalmente, se asignan 530.000 euros a la adquisición de viviendas para poder ejecutar la inversión a través de Emvisesa pero mediante un simple reajuste interno (el dinero no viene de otro sitio sino que se pasa del capítulo IV al VII del Presupuesto por indicación de la Intervención municipal).

El objetivo del gobierno es afrontar todos estos pagos antes de que finalice el actual ejercicio para que no quede condicionado el Presupuesto de 2018, que en caso contrario tendría que arrancar con más de tres millones de euros ya comprometidos.

El dinero para estos abonos saldrá del ahorro en distintas partidas, siendo una de las principales 900.000 euros del macrocontrato de jardinería, cuya ejecución no se iniciará hasta enero próximo. Asimismo, se aplicarán las cantidades reservadas para los intereses del préstamo de 18 millones de euros firmado con el Banco Sabadell y que no se han empleado porque en vez de contratarse a principios de año se acordó el pasado mes de octubre.

La pirámide de Maslow

Sevilla tiene 24.000 viviendas al borde de la ruina y 63.000 sin siquiera ascensor

Los políticos, en vez de cubrir las necesidades básicas, sólo hablan de grandes obras

 

Abraham Maslow fue un psicólogo humanista estadounidense que acuñó la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas: las personas, a medida que satisfacen sus necesidades básicas, van desarrollando otras más elevadas hasta llegar, teóricamente, a su autorrealización.

Como las necesidades pueden ser ordenadas conforme a la importancia que tienen para el bienestar personal, la representación gráfica de esa jerarquía se suele hacer en forma de pirámide (desde las básicas hasta las espirituales), de ahí que la teoría del psicólogo neoyorquino sea conocida como la pirámide de Maslow.

Muy resumidamente, las necesidades prioritarias y que conforman la base de la pirámide son, por pura lógica, las fisiológicas. El portavoz del grupo municipal de IU, Daniel González Rojas, que no sabemos si ha leído a Maslow, las resume en su frase “pan, techo y trabajo”. Efectivamente, las necesidades más vitales del ser humano son comer, beber y tener un refugio donde guarecerse de las inclemencias meteorológicas. Según Maslow, hasta que no se han cubierto las necesidades de este nivel todas las demás son secundarias.

El segundo nivel serían las necesidades de seguridad, en todos los órdenes de la vida: la seguridad física de índole personal y familiar (la salud) y social (de orden público garantizado, para que no te asalten o te maten por la calle).

El tercer nivel de la pirámide serían las necesidades de afiliación, o sea las que tienden a superar los sentimientos de soledad mediante la formación de una familia y la integración en la sociedad a través de la pertenencia a una iglesia, las cofradías, un club social, un club deportivo…

Ascendiendo por la pirámide psicológica llegamos al cuarto nivel, donde estarían las necesidades de reconocimiento social (reputación, fama, premios…), a partir de (o que trae como consecuencia) la autoconfianza y la satisfacción con uno mismo, por el hecho añadido de gozar de la consideración por parte de la sociedad en la que se ha producido la integración.

Y en el vértice de la pirámide se encontrarían las necesidades de autorrealización personal, de desarrollo espiritual, de buscar el cumplimiento de una misión, de hallar el sentido de la propia existencia, de darse al prójimo, de trascender lo material porque todas las necesidades en ese ámbito llevan ya tiempo cubiertas.

 

APLICACIÓN SOCIAL

 

La pirámide de Maslow se refiere a la jerarquía u orden de prioridades de las necesidades humanas. ¿Y si la aplicamos a la escala de toda una sociedad, como en nuestro caso Sevilla? Si trasladamos y superponemos la pirámide a Sevilla como ciudad, ¿qué necesidades deberían ser satisfechas primero antes de pasar al siguiente nivel?

Vemos que nuestros políticos, con el alcalde a la cabeza, generalmente suelen hablar de las grandes infraestructuras como la prioridad de Sevilla: que si las tres líneas pendientes del Metro (un coste de al menos 3.700 millones de euros) o, para empezar, del tramo Pino Montano-Prado de San Sebastián de la línea 3 (700 millones de euros); que si la SE-40 y sus túneles bajo el río Guadalquivir (más de 500 millones de euros sólo para estos últimos); que si la Ciudad de la Justicia no se sabe bien todavía dónde (al menos 100 millones de euros); que si la prolongación del tranvía hasta Santa Justa (23,4 millones del tendido más 16 millones para los tranvías), que si…..

Mientras nuestros dirigentes sólo hablan de inversiones multimillonarias en grandes infraestructuras y se colocan por tanto en la parte alta de la pirámide en la jerarquía de las necesidades de Sevilla, hace tan sólo unos días el Ayuntamiento presentó un estudio sobre el estado de las viviendas de nuestra ciudad que revela que hay 24.236 que precisan de rehabilitación y que, de ellas, 18.573 se encuentran en estado deficiente, malo o ruinoso.

ORDEN DE PRIORIDADES

¿No situaba acaso Maslow el refugio, o sea un techo bajo el que cobijarse, en la base misma de su pirámide? Conforme a la jerarquización de las necesidades, la rehabilitación de esas 24.236 viviendas, con toda la creación de empleo que supondría en nuestro sector de la construcción y en las industrias auxiliares, debería ser para el Ayuntamiento una prioridad mucho más importante que iniciar la línea 3 del Metro o prolongar el tranvía hasta Santa Justa, conforme al principio de Maslow de que no se debe subir del nivel en la pirámide sin previamente haber satisfecho las necesidades del nivel precedente. ¿Qué es más básico e importante, tener un parque de viviendas en perfecto estado de revista y en que vivan dignamente todos los sevillanos o dedicar 700 millones al Metro y dejar 24.236 viviendas al borde de la ruina?

Más demoledor aún es el dato de ese mismo estudio elaborado para el Plan Municipal de Vivienda 2018-2023 de que tenemos 63.435 edificios de cuatro o más plantas sin ascensor, con todo lo que eso supone de menor calidad de vida para sus habitantes y de graves problemas en caso de imposibilidad física y a medida que faltan las fuerzas conforme pasan los años y se va envejeciendo. El grupo constructor Praysa redactó un informe el pasado verano en el que cifró en más de 100.000 las personas sin ascensor en Sevilla, de las que 10.500 tienen algún tipo de incapacidad y más de 7.000 sufren problemas de movilidad reducida. Singular fue el caso de la vecina del Polígono de San Pablo que no había podido salir de su piso en trece años, hasta que le instalaron un elevador en el bloque.

El pasado mes de julio, la Gerencia de Urbanismo abrió un periodo para solicitar ayudas para la colocación de ascensores y para el desarrollo de medidas de accesibilidad en el parque de viviendas más antiguo, con una cuantía de 850.000 euros, más otros 250.000 para complementar las actuaciones de otras Administraciones (por ejemplo, la Junta de Andalucía) en esta línea.

MÁS DE MIL AÑOS

¿Cuánto cuesta instalar un ascensor en un edificio antiguo que no lo tiene? Obviamente, depende de muchos factores. Cada inmueble es un caso distinto. En foros especializados del sector se estima que colocar un ascensor pequeño con seis paradas puede rondar los 30.000 euros, en función de los acabados interiores y exteriores. Otras fuentes hablan de al menos 50.000 euros. Si tomamos el primer precio, el más barato, el 1,1 millones de euros de la convocatoria de la Gerencia de Urbanismo daría para instalar 37 ascensores, en números redondos. Pues bien, a este ritmo se tardarían 1.714 años en dotar de ascensor a esos 64.435 edificios carentes de este equipamiento básico.

Si aplicamos la pirámide de Maslow a la jerarquía de necesidades de Sevilla, ¿acaso no se deduce por pura lógica cuál debe ser el orden de prioridades de la ciudad, su Plan Estratégico? ¿Debemos pensar en gastar 700 ó 3.700 millones de euros en una medio línea o una red de Metro antes que en dotar de ascensores a 63.435 viviendas y a 100.000 sevillanos que no lo tienen?

Cuando era senador y líder de la oposición municipal, Espadas propuso un plan para crear empleo en la Sevilla por entonces de los 90.000 parados (ahora 74.277, según la estadística oficial del pasado septiembre) dotando de aislamiento al mayor número de edificios posible y financiando la operación con el ahorro energético que se conseguiría. Ahora que es alcalde, ¿no se le ocurre un plan para crear empleo rehabilitando esos 24.236 inmuebles en mal estado y dotando de ascensores a los 63.435 en los que sus vecinos han de subir las escaleras a pie, con lo que de paso satisfaría una necesidad básica del primer nivel de la pirámide y elevaría notablemente la calidad de vida de tantos sevillanos?

 

MEGALOMANÍAS

 

El pasado curso hemos vivido la polémica, propia de una sociedad subdesarrollada, por los colegios de nuestros hijos carentes de aire acondicionado en pleno siglo XXI, con temperaturas superiores a 30 grados en sus aulas por ser la nuestra una ciudad tórrida y cada vez más afectada por el cambio climático. ¿Imaginamos en la fría Alemania colegios sin calefacción? Pues bien, ¿en qué nivel de la pirámide de Maslow colocaríamos este problema irresuelto de la falta de climatización? ¿Y el de las bibliotecas cerradas por las tardes por falta de personal? ¿No es acaso una necesidad básica de una sociedad contar con una buena red de bibliotecas para elevar el nivel cultural de sus habitantes y que habría que satisfacer antes que seguir subiendo nivel tras nivel hasta la cúspide de la pirámide gastando los recursos en otras cosas menos esenciales?

La pirámide de Maslow aplicada a Sevilla y a la política local es un magnífico instrumento para calibrar el orden real de nuestras prioridades como ciudad y medir el grado de sensibilidad social o de megalomanía de nuestros gobernantes. ¿Atienden los básico o lo superfluo?

Un alcalde con sensibilidad social y sentido común no se habría gastado, como hizo Monteseirín,  138 millones de euros, detraídos además del dinero destinado a los barrios, en levantar las prescindibles Setas de la Encarnación teniendo una ciudad con más de 70.000 parados, 24.000 viviendas al borde de la ruina y 63.000 sin ascensor. En su megalomanía se colocó en el vértice de la pirámide cuando en la vida real Sevilla aún tiene los pies de barro.

La Junta exige a Espadas casi medio millón de euros por un convenio de Monteseirín

AÑO 2004

Acusa al Ayuntamiento de no justificar parte del dinero de centros educativos en el Distrito Este
PROGRAMA

Incluía la construcción de un instituto de enseñanza  secundaria y de un colegio infantil y de primaria

TRIBUNALES

El gobierno local interpondrá un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El gobierno de Espadas afronta otra reclamación económica, una más, por conflictos heredados de corporaciones municipales anteriores, especialmente de la etapa en que su correligionario Monteseirín rigió los destinos del Ayuntamiento. Ahora le ha llegado un requerimiento de la Junta de Andalucía en la que le exige la devolución de casi medio millón de euros, un diferendo que se resolverá en los tribunales.

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía dictó a principios de verano una Orden de reintegro parcial de un subvención concedida al Ayuntamiento de Sevilla, por presunto incumplimiento de la obligación de justificar el desarrollo de un convenio de colaboración entre ambas partes y que se acordó el 1 de diciembre de 2003, durante el segundo mandato de Monteseirín como alcalde.

En virtud de aquel convenio, la Consejería ayudó a la construcción de un instituto de enseñanza secundaria obligatoria (IES) y de un colegio de educaciçon infantil y primaria en el distrito Este de la ciudad, que habrían costado en conjunto un total de 7.265.043,51 euros.

El Ayuntamiento, mediante una encomienda de gestión, encargó la ejecución de las obras a la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa.

Al cabo de catorce años, la Consejería habría detectado la supuesta ausencia en la aportación final de justificantes de los honorarios de consultoría  de redacción y dirección, así como de los estudios geotécnicos. Además, la Junta entiende que Emvisesa debe devolver el importe de los anuncios de adjudicación y contratación de actuaciones, que finalmente fueron satisfechos por la empresa constructora Pefersan.

En concreto, Educación exige al Ayuntamiento el reintegro de las siguientes cantidades y por estos conceptos:

  1. Construcción del instituto en Sevilla Este: 185.225,81 euros por la redacción y dirección del proyecto y 6.000 euros por el estudio geotécnico.

  2. Construcción de un nuevo colegio de educación infantil y de primaria: 114.633,59 euros por minutas profesionales y otros 6.000 euros por el estudio geotécnico.

  3. Gastos de anuncios en prensa: 2.833,88 euros.

  4. Intereses legales por quebranto económico a la Consejería desde la materialización efectiva de la transferencia económica al Ayuntamiento de Sevilla, a contar desde el 7 de febrero de 2007: 133.067,83 euros.

En total, una reclamación de 447.761,11 euros.

El gobierno de Espadas, al ver rechazadas por la Consejería las alegaciones que presentó a la orden dictada por la Secretaría General Técnica de aquélla, no ha tenido más remedio que utilizar la única vía que le quedaba: interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dirá la última palabra sobre este conflicto económico.

Setas sin fin

El Ayuntamiento acabará pagando 10,5 millones de euros más por las Setas de Monteseirín en la Encarnación

 Con los 116 millones de las Setas se podría haber financiando un Edusi para cada uno de los siete barrios pobres de Sevilla

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística reveló que, según datos de los Indicadores Urbanos de 2017, el barrio más pobre de España está en Sevilla: Los Pajaritos, que además repite en este triste liderazgo por segundo año consecutivo y todavía, pese a que tanto se habla de la recuperación económica, en peor situación que el año anterior, ya que los ingresos medios de una familia que viva allí han disminuido en más de 300 euros, hasta situarse en 12.307 euros al año. Dicho de otro modo, en Los Pajaritos se vive peor y se es más pobre a cada año que pasa en vez de ser al revés, con lo que sus vecinos deben sentirse cada vez más desesperados, en un callejón sin aparente salida y cada vez más estigmatizados por su origen.

 Sevilla no sólo ostenta ese liderazgo del barrio más pobre de España. Hasta podría copar el podio de los desheredados, ya que otros dos núcleos de nuestra ciudad escoltarían a Los Pajaritos en el ránking de la pobreza colectiva: Amate y el Polígono Sur.

 

Y aún más. Según los indicadores del INE, entre los quince barrios con menor renta de España aparecen siete de Sevilla, tres de Alicante, dos de Málaga y uno de Madrid, Vigo y Córdoba, respectivamente.

 Así pues, la mitad de los barrios más pobres de España están en Sevilla capital, una ciudad que, no lo olvidemos, ha tenido más de 80.000 parados durante cinco años consecutivos, mes tras mes, y que todavía hoy, a expensas de conocer la estadística de junio, tiene a 74.031 vecinos inscritos en las oficinas del antiguo Inem en demanda de un empleo.

 AUXILIO AUTONÓMICO

  Por eso tampoco es de extrañar que a la hora de distribuir las ayudas del prorrogado Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, que cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros, la Junta coloque al Ayuntamiento de Sevilla como el primero y más necesitado de toda la región a la hora de recibir este auxilio autonómico para combatir de forma indirecta la pobreza. Y es que el criterio básico para el reparto del dinero es el del número de parados, por lo que a nuestra Corporación Municipal le corresponderán 2,5 millones de euros, un dinero que será insuficiente y que sólo dará para que los beneficiarios de un contrato municipal puedan ir tirando durante una temporada.

 

En esta situación de emergencia social, que no ha surgido durante la crisis económica porque viene de antiguo pero que la crisis ha ayudado a que se visualice aún más merced al ránking del Instituto Nacional de Estadística, se ha publicado otra noticia totalmente antitética: el Ayuntamiento, en virtud de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tendrá que pagar a Sacyr, la empresa constructora y gestora de las Setas de la Encarnación, el importe del billete (tres euros) que costaría a los sevillanos que lo hagan la subida al mirador del Parasol diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer pero que no pagan.

 Recuérdese que de forma demagógica y con el fin de demostrar que el complejo de madera era un éxito y también una demanda popular, el ex alcalde Monteseirín, anunció públicamente que la subida al mirador sería gratis para los nativos y residentes en la ciudad.

NADA ES GRATIS

 Pues bien, de gratis, nada de nada, como rezaba el título del blog que promovió la Fundación de Estudios de Economía Aplicada para tratar de convencer a los españoles de que la subvención o exención que el Poder concede u otorga por una parte, con la otra mano les extrae el dinero de sus faltriqueras vía impuestos, directos o indirectos. Por tanto, la aparente gratuidad de la subida al mirador de las Setas para los sevillanos supuestamente arrancada por Monteseirín en lucha titánica contra el desmedido interés de la empresa constructora y explotadora del complejo no fue más que otra falacia, porque los sevillanos han de pagar el precio del billete a través del Ayuntamiento y con sus impuestos.

 

Para completar la demagogia, el hombre de máxima confianza de Monteseirín  y ex gerente de Urbanismo y de Emasesa, Manuel Marchena, se encargó de proclamar que gracias a la construcción de las Setas en la Encarnación se iban a democratizar para todos los sevillanos las vistas desde las alturas a los tejados del Casco Antiguo, un privilegio reservado, según el hoy académico, a los potentados de la ciudad desde sus balcones.

 

Lo que no dijo es que el mirador de las Setas se halla a tan sólo 28,5 metros de altura, frente a los 97,5 metros (101 si se le suma el Giraldillo) que mide la Giralda, a cuyo campanario podían subir entonces y pueden seguir subiendo hoy gratis los sevillanos por disposición del Cabildo Catedral, el cual se financia no de las entradas que deja de cobrar a los nativos y vecinos ni de sus impuestos que paguen al Ayuntamiento, sino del dinero que reporta el turismo.

TAMBIÉN EL MERCADO

Segunda consecuencia conocida ahora de la sentencia del TSJA sobre las Setas: el Ayuntamiento también tendrá que pagar a Sacyr el coste real del mantenimiento de la plaza de abastos en vez de los placeros, a los que Monteseirín convenció de que se trasladaran desde las antiguas instalaciones provisionales a las nuevas presentándoles la operación como mucho más barata de lo que realmente era y cargando los sobrecostes por una parte a las propias arcas municipales y, por otra, a la empresa constructora, a la que ha dado la razón el TSJA, por lo que esos gastos del Metropol Parasol también deberán ser abonados por los sevillanos a través de sus impuestos.

 

Entre el coste de las entradas supuestamente gratis y el de los puestos del mercado se estima que para el año 2040, fecha del final de la concesión, la factura de las Setas se incrementará en otros 10,5 millones de euros.

 ¿A cuánto ascenderá finalmente el coste total de las Setas de la Encarnación? Pese al oscurantismo municipal al respecto (recuérdese que poco antes de cesar la Corporación Municipal presidida por Zoido, la Gerencia de Urbanismo encargó en mayo de 2015 una auditoría técnico-económica sobre el coste real del Metropol Parasol por un importe de 59.532 euros y que en estos dos años no hemos tenido noticia alguna de sus conclusiones), hemos estimado que tras la sentencia del TSJA que se dictó en octubre de 2015 y que por una parte eximía al Ayuntamiento de un pago a Sacyr de 35,1 millones y por otra le imponía el abono de casi 2,6 millones, más las consecuencias citadas, el coste por el momento ascenderá aproximadamente a 116.620.934 euros.

COMO OCHO EDUSI

Volvamos de nuevo a Los Pajaritos, Amate y el Polígono Sur. ¿Cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento al conocerse la noticia de que estos barrios sevillanos figuran entre los más pobres de España? Encargar la redacción de un proyecto de regeneración socioeconómica que presentar a una nueva convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) para ver si consigue lo mismo que ya obtuvo para la zona Norte en un Edusi anterior y que todavía está pendiente de ejecución: 15 millones de euros de fondos europeos.

 

Mientras Sevilla tenía y tiene, y no de ahora precisamente sino desde hace decenios, siete barrios entre los quince más pobres de España, Monteseirín se gastó del dinero de los sistemas generales de la ciudad (fondos de la Gerencia de Urbanismo) 116,6 millones de euros en las faraónicas Setas de la Encarnación como un icono de su mandato y con el argumento de que el dinero había que dedicarlo a la “Sevilla consolidada” en vez de a los barrios, viejos o futuribles.

 Con esos 116,6 millones de euros se podrían haber hecho ocho operaciones de regeneración como el Edusi de la Macarena y el sector Norte: una en cada uno de los siete barrios más pobres, y hasta habría sobrado para otro más.

 

Mientras Monteseirín construía las Setas con el argumento de que había que democratizar las vistas sobre Sevilla (cuando era y sigue siendo gratis mirar desde la Giralda, casi cuatro veces más alta), en siete barrios se pasaba y se sigue pasando necesidad.

Empleo: la Semana Santa, mejor que la Feria de Abril

Las Ferias que se adentran en mayo reducen el paro menos que la Semana Santa

 La Feria sólo tiene más impacto cuando la Seman Santa cabalga entre marzo y abril

 Y la Feria en su tradicional abril genera más empleo que las que se celebran en mayo

La obsesión de los gobiernos municipales de Sevilla (desde Monteseirín a Espadas pasando por Zoido) de extender en todo lo posible la Feria de Abril al mes de mayo para captar el turismo madrileño de “puente” por el 1 y el 2 de mayo (fiesta general el primer día y autonómica el segundo) ha contribuido menos a la reducción del paro en dicho mes que la Semana Santa celebrada en abril, según un análisis comparativo de las fiestas primaverales en Sevilla capital durante los años de la crisis económica (2009-2017).

 Los sucesivos gobiernos locales se han basado en sendos estudios realizados por la Universidad Hispalense en 2007 (Semana Santa)  y 2009 (Feria) para, aplicando posteriormente la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), destacar la Feria como la fiesta anual con mayor impacto en la economía de la ciudad.

 

Efectivamente, la Hispalense estimó hace ocho años que la Feria generaba un movimiento económico de 675,5 millones de euros, frente a los 240 millones de la Semana Santa actualizados para el mismo año 2009. Por lo tanto, casi tres veces superior.

 Estos informes han servido de coartada cuando ha sido preciso para justificar que durante los nueve años de crisis económica, en casi la mitad de los mismos (cuatro) la Feria se haya extendido al mes de mayo, siempre en función de los intereses del sector turístico y para procurar atraerse a los madrileños en su fiesta autonómica (dos de mayo), sumada a la del Primero de mayo.

 Así ocurrió en los años 2009 y 2011, con Monteseirín; 2014, con Zoido, y 2017, con Espadas.

 EN NOMBRE DEL TURISMO

  La supeditación de la Feria de Abril a los intereses del sector turístico alcanzó su grado máximo con Zoido hace tres años, cuando se celebró con temperaturas cercanas a los 40 grados entre el 6 y el 11 de mayo.

 Tal como comentamos en su momento,  el debate ya surgió apenas concluida la Feria del año  2013, cuando empezaron las presiones sobre el Ayuntamiento para que matara tres pájaros de un tiro a la hora de captar turistas para la ciudad sin solapar la Feria con el macropuente del 1 y 2 de mayo en Madrid, principal foco emisor de turistas hacia Sevilla.

 

El sector turístico local ya descontaba, como suele decirse en Bolsa, que los madrileños en particular y los turistas en general ya vendrían en masa a Sevilla en  Semana Santa y durante el puente de mayo, por lo que su objetivo desde el principio fue crear artificialmente un tercer motivo de visita poniendo la Feria lo más tarde posible para que no coincidiera con el puente y se erigiera por sí misma en polo de atracción turística. En su opinión, esto sólo era posible fijando su celebración después del puente, o sea, entre el 5 y el 11 de mayo, para que así los madrileños desembarcaran por tercera vez casi consecutiva en la ciudad, durante el fin de semana del 9 al 11.

 La conclusión que se extrajo de la Feria de aquel año es que la fiesta ya no la decide el Consistorio en representación o pensando en los 700.000 sevillanos, sino el sector turístico empresarial. No es éste el que está al servicio de Sevilla, sino al revés, sin que se aprecie que corresponda en justa contrapartida cuando se necesita su contribución para otras causas.

 

Un año después lo acabó reconociendo el entonces delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, cuando declaró que la decisión de retrasar la Feria se había adoptado a petición del sector turístico, “del que hoy por hoy -afirmó- vive esta ciudad en gran parte. No es una decisión -añadió- que ha tomado el Ayuntamiento de forma arbitraria, sino que hemos puesto las necesidades de las personas por encima de las tradiciones”.

ANÁLISIS COMPARATIVO

Hemos realizado un estudio comparativo de la evolución del paro en Sevilla capital en el periodo de la crisis económica (2009-2017) y en los meses en que se han celebrado las fiestas primaverales: Semana Santa y Feria. En este lapso de tiempo se han dado todo tipo de situaciones: años en que tanto una como otra se han celebrado en abril; años en que la Semana Santa se ha celebrado en marzo y la Feria en abril; años con la Semana Santa a caballo entre marzo y abril y la Feria en abril; y años con la Semana Santa en abril y la Feria adentrándose en mayo.

 En los festejos digamos mixtos, a caballo entre dos meses, hemos atribuido el 50% del dato del paro registrado en cada uno de esos dos meses, ya fuera negativo o positivo. Hay que destacar que el paro siempre se ha reducido en los meses con fiestas primaverales, con una única excepción: mayo de 2009 (hubo tres días de Feria entonces), cuando se incrementó en 661 personas.

 

La primera y más importante conclusión es que a pesar de que a la Feria se le atribuye un impacto económico tres veces superior al de la Semana Santa, la fiesta religiosa contribuye más que la fiesta civil a la generación de empleo y a la reducción del paro. En el conjunto de meses en que se celebró la Semana Santa salieron de las listas del paro 11.845 sevillanos, frente a 9.678 en los meses de la Feria (un 18,30% menos). Dicho de otro modo, la Semana Santa contribuye a reducir el paro casi una quinta parte más que la Feria pese a que se le atribuye tres veces menos impacto económico.

 Segunda conclusión: todas las Ferias que se adentran en mayo para captar turistas madrileños tienen menos impacto en el empleo que las Semanas Santas de esos años, todas las cuales se celebraron en abril.

 Cuando la Semana Santa se celebra en marzo y la Feria en abril, hay alternancia de resultados: en 2013 la Feria tuvo más impacto en el empleo, y en 2016 fue al revés, ya que la Semana Santa fue mejor que la Feria.

 Y la Feria supera en impacto laboral a la Semana Santa cuando ésta se celebra a caballo entre los meses de marzo y abril.

 

Nos queda comparar la Feria consigo misma: cuando se celebra sólo en abril y cuando se adentra en mayo, parcial o totalmente. Pues bien, los datos avalan a la Feria exclusivamente en abril. En las Ferias que se han adentrado en mayo abandonaron las listas del paro un total de 3.885 sevillanos, mientras que cuando la Feria se circunscribió al mes de abril lo hicieron 5.793. Ahora bien, como ha habido cuatro Ferias extendidas a mayo y cinco sólo en abril, lo más objetivo es hacer el promedio. La cifra sigue favoreciendo a la Feria sólo en abril, en las que se da una media de 1.158 sevillanos que hallaron un trabajo en dicho mes, frente al promedio de 971 en las Feria extendidas a mayo.

 Por tanto, como conclusión general, la mejor Feria para la reducción del paro/creación de empleo es la tradicional: la de abril, no la de mayo.

La depuradora exprés

Tras tomar posesión Zoido, Marchena citó a un notario a las 8 de la mañana para adjudicar el contrato de la depuradora

El anuncio de Espadas 6 años después de no construir una nueva significa que Zoido ahorró 85 millones a Sevilla

Juan Espadas, alcalde de Sevilla,  anunció a principios de febrero de 2017 el cierre de la depuradora de San Jerónimo en el año 2018 sin tener en cuenta el contrato vigente hasta 2024 por el que debe suministrar agua depurada de la misma a la mina de Cobre las Cruces y haciendo además un reproche a su antecesor, al recordar que en 2011 el gobierno socialista de Monteseirín dejó licitado y adjudicado su cierre pero que “el gobierno del PP de Juan Ignacio Zoido anuló la adjudicación y metió el tema en un cajón”.

En honor a la verdad, hay que recordar cómo fue aquella historia. En el año 2011 se sabía de sobra que se iban a celebrar elecciones municipales el día 22 de mayo y que un año antes, mediante el famoso teletipo de Europa Press, Monteseirín se enteró de que Griñán había decidido que no repitiera más como candidato a la Alcaldía. Lo sustituyó el propio Espadas, que aceptó el sacrificio de inmolarse en las urnas ante la debacle que le auguraban al PSOE las encuestas en castigo a los continuos escándalos de la gestión de Monteseirín, como así ocurrió, ya que Zoido arrasó con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales.

Pese a estar a las puertas de unas elecciones y a su condición pública de alcalde saliente, a Monteseirín y a su valido Marchena, al que había colocado como consejero delegado de Emasesa, les entraron unas muy llamativas prisas por cambiar de sitio la depuradora de San Jerónimo antes de que expirara el mandato, cuando en todo caso lo lógico hubiera sido dejar que fuera el nuevo gobierno emanado de las urnas el que analizara la situación y decidiera al respecto.

CONFLICTO CON LA ALGABA

En primer lugar, porque la elección de los suelos alternativos, la antigua estación de filtraje al borde de la carretera de La Algaba, había provocado un conflicto con vecinos de dicho municipio, temerosos de sufrir los malos olores y molestias habitualmente asociados a este tipo de instalaciones. Así, en febrero de 2011 numerosos algabeños se desplazaron en una caravana formada por vehículos particulares y dos autobuses hasta la Plaza Nueva de Sevilla para manifestarse ante el Ayuntamiento hispalense.

Hasta tal punto llegó la situación, que el 1 de marzo, a tan sólo dos meses y medio de las elecciones municipales, el gobierno saliente de Monteseirín tuvo que embarcarse en una campaña informativa destinada al pueblo de La Algaba para tratar de convencer a sus habitantes de la inocuidad del proyecto, mientras aquéllos insistían en que “el problema que le quieren quitar a los vecinos de San Jerónimo no queremos que nos lo manden a nosotros”.

Por otra parte, aunque la construcción de una nueva depuradora alejada de San Jerónimo se consideraba una obra necesaria para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa europea, en especial en materia de nitrógeno y fósforo, no era de una urgencia extrema, ya que se contaba con una certificación técnica que garantizaba el  funcionamiento de la existente durante al menos cinco años más.

DESPILFARRO

A ello había que añadir la delicada situación financiera de Emasesa, tradicionalmente la joya de la corona de las empresas municipales pero que bajo la desastrosa gestión del ahora paradójicamente nombrado académico Manuel Marchena había entrado en pérdidas por primera vez en su historia, al dispararse los gastos de todo tipo. Marchena se puso un sueldo que llegó a ser de 168.391 euros anuales y dos coches (un Renault Megane y un Opel Insignia) y dos conductores a su servicio. Los sueldos de éstos ascendieron entre 2008 y 2011 a 406.000 euros, y sus dietas, a 17.300 euros.

Antes de la llegada de Marchena como consejero delegado, las dietas pagadas por Emasesa a sus directivos por viajes fuera de Sevilla fueron de un máximo de 67.000 euros (año 2007). Con Marchena al frente, se dispararon a 580.000 euros. En publicidad y propaganda con la excusa de promocionar el ruinoso proyecto “Agua de Sevilla” (vender agua de Emasesa embotellada), el hombre de confianza de Monteseirín gastó sólo en su primer año 2,9 millones de euros, a los que luego añadió 611.000.

El hoy académico, que además se permite dar desde ciertos foros lecciones de economía a los demás, le provocó a Emasesa sólo con la operación “Agua de Sevilla” unas pérdidas de 1.145.229 euros: vendió botellas con agua por valor de 10.771,92 euros y se gastó en ellas 1.145.229.

NUEVO CANON

Por si fuera poco, Emasesa había suscrito tres años antes un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco de Sabadell para financiar obras con cargo a un canon de mejora que los sevillanos debían pagar en su recibo del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte de ésta de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Marchena no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

ORDEN INCUMPLIDA

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado ¡ para las 8 de la mañana de aquel día!  a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 85 millones, en lo que era la operación más cara en la historia de la compañía,  a  la Unión Temporal de Empresas formada por Befesa (Abengoa), Detea y Dam-Sav ( gestora de la depuradora de San Jerónimo).

AHORRO

El concurso fue impugnado luego por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) porque, a su juicio, la UTE que había resultado adjudicataria no cumplía uno de los puntos del pliego de condiciones. A ello se unió que la Agencia Andaluza del Agua denegó a Emasesa la aprobación de otro canon para financiar la construcción de la depuradora, por lo que tendría que haberla asumido la compañía municipal pidiendo a los bancos un crédito por 85 millones, que añadir a los 226 millones de deuda bancaria contraída durante el mandato de Monteserín y Marchena.

Como la construcción de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación del canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las empresas ganadoras.

El tiempo ha demostrado que las muy llamativas urgencias con que actuó Marchena para adjudicar como fuera, incluso a la intempestiva hora de las 8 de la mañana, la depuradora alternativa a la de San Jerónimo no estaban justificadas porque la actual ha seguido funcionando no ya sólo cinco años más, sino seis y  va camino de siete. Item más, tal como ha anunciado Espadas, el Ayuntamiento ni siquiera se plantea construir una nueva depuradora que sustituya a la de San Jerónimo tras su cierre en 2018, sino que su carga de efluentes sea asumida por las otras tres depuradoras existentes en la ciudad (El Copero, Ranilla y Tablada), con lo cual el alcalde ha acabado avalando la decisión adoptada por Zoido, el cual en realidad le ahorró 85 millones de euros a Sevilla.

La posverdad de Zoido

El ministro, detractor inicial de la Torre Sevilla, se presenta ahora como su paladín

Fue él quien escribió a la Junta y al Gobierno sobre la indemnización por la anulación de la licencia

 

Juan Ignacio Zoido ya no sabe qué hacer con tal de prolongar sus habituales estancias de fin de semana en Sevilla, al igual que en su tiempo hacía Javier Arenas cuando estaba en el Gobierno de la nación. El pasado lunes presidió y protagonizó el acto de inauguración de unas oficinas de la empresa Deloitte en el rascacielos de la Cartuja, rebautizado oficialmente como Torre Sevilla y que popularmente sigue siendo conocida como Torre Pelli por el nombre del arquitecto argentino que diseña casi siempre la misma pero con algunas variantes, de ahí que se pudiera intercambiar perfectamente con la Torre Iberdrola, de Bilbao, y no se notaría en demasía la diferencia.

Parafraseando el título de la película de Fernando Colomo, hay que preguntar qué hacía todo un ministro del Interior en un sitio como ése, ya que Deloitte es una consultora con cinco ramas de actividad (consultoría, fiscalidad, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría) y ninguna de las mismas está vinculada a la seguridad o el orden público, por lo que ese acto de carácter privado habría correspondido en todo caso y en un ejercicio de licencia política al ministro de Economía, al de Hacienda o en último extremo al de Justicia, pero no a Zoido.

Sin embargo, ya es conocida en nuestros lares la propensión del ex alcalde a cortar todo tipo de cintas inaugurales y a aparecer allí donde se le reclame, sea conveniente o inconveniente para su imagen y su cargo, habida cuenta su natural inclinación a decir sí a todos para tratar de no quedar mal con nadie, aun a riesgo de ser él quien quede de forma inapropiada para sí mismo.

CAMBIAR EL PASADO

Aprovechando que el Guadalquivir pasaba por Sevilla y al pie mismo del rascacielos, Zoido hizo con la torre un ejercicio de ese neologismo declarado como palabra del año por el Diccionario de Oxford pero aún no reconocido por el de nuestra Academia de la Lengua: un ejercicio de “posverdad” o, como lo calificó Espadas, de reescritura de la historia.

Frente a los hechos objetivos recogidos en las hemerotecas de que el hoy ministro fue un detractor de la Torre Pelli (hoy Torre Sevilla) y de que incluso se mostró partidario de pararla cuando tan sólo se habían levantado unas cuantas plantas de la misma en caso de que llegara, como llegó, a la Alcaldía, Zoido ha retorcido ahora el pasado para presentarse como un converso e incluso un paladín del rascacielos, al margen de cualquier “pecado original”.

En su parlamento en el acto de Deloitte, Zoido afirmó que “hubo un momento en que tuve que decidir, porque había quien decía que la Torre Sevilla había que tirarla”. El ministro habla de terceras personas, como si no hubiera sido él mismo quien cuando se hallaba en la oposición y/o en su campaña hacia la Alcaldía no se hubiera alineado con quienes eran partidarios de tumbar el rascacielos por entonces aún en ciernes con tal él de arañar votos donde fuera para erigirse en el sucesor de Monteseirín en la Casa Grande.

Añadió Zoido que él acudió a San Petersburgo “a pelear con uñas y dientes y con argumentos sólidos la permanencia de los monumentos del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad y también que la Torre Sevilla fuera una auténtica realidad, puesta al servicio del crecimiento y la seguridad jurídica que supone invertir en Sevilla; y -aseveró- lo logramos”.

ECONOMÍA

¿Al servicio del crecimiento económico? Pero si hace siete años declaró en un foro periodístico lo siguiente sobre la torre: “Me parece un proyecto que, hoy por hoy, no tiene viabilidad económica”.

Y ya que Zoido estuvo en las oficinas de Deloitte, es el momento de recordar el estudio que en marzo del año 2009 hizo esta consultora para Cajasol, la promotora inicial del rascacielos, sobre el impacto económico que iba a tener el inmueble, un auténtico cuento de la lechera: con su construcción -decía- se iban a crear más de 4.000 empleos en Sevilla; en su primer año de funcionamiento (se cumple ahora en febrero) iba a generar más de 561 millones de euros (es decir, casi tanto como toda la Feria de Abril) y 11.327 puestos de trabajo; en el segundo año, 795 millones de euros y 16.106 empleos, y en el noveno año, 1.351 millones de euros (dos veces la Feria) y 27.910 empleos.

Habrá que preguntarse en qué se basó Deloitte para hacer tal ejercicio de economía-ficción.

 

SEGURIDAD JURÍDICA

La tercera línea argumental de Zoido en su reescritura de su posición sobre la torre ha sido la de erigirse en el valedor de la seguridad jurídica, con estas palabras: “las Administraciones tienen que ser salvaguarda de la seguridad jurídica para generar confianza en los inversores. Yo he procurado guiarme cada vez que he ocupado un puesto por el sentido común, la razón y la ley…. Mi obligación era salvaguardar la legislación vigente y los legítimos intereses de unos promotores que habían confiado en una legislación y que en base a las licencias legalmente concedidas habían iniciado su proyecto. Habría sido una irresponsabilidad -añadió- si paraba la obra, que reunía todos los permisos, como si no hubiera impedido que Sevilla perdiera la condición de Patrimonio de la Humanidad”.

¡Pero si Zoido puso en duda antes de acceder a la Alcaldía la validez de la licencia urbanística otorgada por Monteseirín a la torre! Item más, tan sólo tres meses después de ser elegido alcalde envió sendas cartas a los entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, para plantearles quién tendría que asumir las indemnizaciones en caso de que la licencia de obras del rascacielos se revisara o se anulara.

¿Y quién, sino él como alcalde, planteaba la posibilidad de la revisión o anulación, esa que seis años después ha negado en las oficinas de Deloitte?

 

PRECEDENTES

Por más que Zoido haya acuñado su posverdad sobre la torre y cambiado de discurso, las actuaciones de sus predecesores al frente de la Alcaldía demuestran que en Sevilla ha sido posible paralizar grandes proyectos urbanísticos por razones políticas, independientemente de las jurídicas.

Rojas Marcos frenó la denominada torre cilíndrica, proyectada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas, aunque para ello tuvo que compensar a los promotores con mayor edificabilidad en la construcción de un hotel en la Buhaira.

Monteseirín liquidó el proyecto de sede administrativa para el Ayuntamiento que en el Prado de San Sebastián diseñó Rafael Moneo cuando Soledad Becerril era alcaldesa, pese a que la constructora Dragados le amenazó con pedir una indemnización multimillonaria en los tribunales, del mismo modo que amenazaban con hacer los promotores de la hoy Torre Sevilla.

Zoido, con sus 20 concejales y su mayoría absolutísima, no tuvo la misma determinación que Rojas Marcos y Monteseirín pese a haber militado en las filas de los detractores del rascacielos de la Cartuja, y ahora quiere pasar por su gran paladín.

Como en el soneto de Miguel de Cervantes, y en tantas ocasiones durante su mandato como alcalde, en el caso de la Torre Sevilla, antes Pelli, Zoido “miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.

Orden de prioridades

El PSOE antepuso en 1999 los barrios a un edificio de Moneo en el Prado de San  Sebastián  y el PP le devuelve ahora la moneda

El edificio de Moneo habría resultado un 59% más barato que comprar el de la Junta en la Plaza Nueva

Espadas ha cometido un error de cálculo con la operación de compra parcial de la vaciada sede de la Consejería de Gobernación de la Junta en la Plaza Nueva, que le han tumbado todos los grupos sin excepción (PP, Participa, C’s e IU) de la oposición. Ha quedado en evidencia la minoría con que gobierna y la falta de una maduración previa del asunto por su parte y/o por su equipo. Hasta ha parecido una ingenuidad política que expresara en el Pleno extraordinario que si lo hubiera llegado a saber (el rechazo a su propuesta), no lo hubiera convocado.

La opinión pública se preguntará cómo Espadas dio este paso en falso y no llegó a enterarse de que la oposición no le iba a apoyar en un tema que pareció como si fuera un empeño personal suyo, cuando debiera haberse asegurado previamente los mínimos votos favorables de la oposición. Ésta, al infligirle esta dolorosa derrota, le recuerda en vísperas de los Presupuestos municipales que está en minoría y que necesita llegar a pactos para sacar adelante sus proyectos y las Cuentas, al igual que Rajoy en el Gobierno de la nación.

HISTORIA REPETIDA

En la nota de prensa previa, el gobierno local explicaba que proponía al Pleno la adquisición de la casa Fabiola como futura sede de la colección Bellver y de una parte del edificio de la Plaza Nueva propiedad de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Junta de Andalucía) como sede unificada de servicios municipales ahora dispersos para la racionalización y reorganización de espacios públicos (Hacienda, Agencia Tributaria, Gobierno Interior, Recursos Humanos, Patrimonio).

Salvando la distancias, con la compra fallida del edificio de la Junta se ha repetido la historia del intento fallido en tiempos de Soledad Becerril de, con los mismos argumentos entonces que ahora, disponer de una sede administrativa en la que concentrar los servicios municipales dispersos.

Antes de remontarnos al mandato de Soledad Becerrril (1995-1999), veamos más a fondo en qué consistía la operación diseñada por el gobierno de Espadas para hacerse no con todo el edificio de la Consejería de Gobernación (8.383 m2), sino sólo con el 35% del mismo (2.934 m2) por 6.080.000 euros, lo que suponía valorar el m2 a razón de 2.072,25 euros, y todo el inmueble en 17.331.428,57 euros.

Atención a esta frase de la nota oficial: “El Ayuntamiento sólo abonaría así en concepto de alquiler la parte proporcional a la propiedad que mantendría la Agencia Pública de Gestión de Activos, cuantía que se reduciría progresivamente si se amplía el porcentaje de participación de la Administración Local en la propiedad del edificio. Sólo con la compra de este 35% inicial se produce un ahorro de 5,7 millones de euros en nueve años con respecto al precio que supondría el alquiler”.

PROBLEMAS ENCADENADOS

Se colige, pues, que el Ayuntamiento pensaba comprar un tercio del edificio y alquilar los dos tercios restantes también a la Junta y que para presentar de forma digerible la operación hizo una proyección a nueve años de lo que habría supuesto adquirir ese 35% en vez de alquilarlo: 5,7 millones de euros. Este dato nos permite deducir que el alquiler del 65% restante le habría costado en ese mismo periodo de tiempo 10.585.714 euros, a un promedio anual de 1.176.190 euros. Asimismo, que el alquiler, en vez de la compra, de ese tercio le habría supuesto un desembolso de 633.333 euros anuales.

No olvidemos un detalle importante: esta ahora fallida operación habría sido consecuencia de un problema causado por la decisión del gobierno municipal de comprarle a la Fundación Lara, por 4,5 millones de euros, la casa Fabiola para albergar la colección Bellver en vez de alojar las obras de arte, como estaba acordado en el mandato de Zoido, en el Pabellón Real de la Plaza de América, de propiedad municipal.

Al decidir este cambio, el gobierno ha creado un nuevo problema: debe desalojar, y por tanto hallarles una nueva sede, a los funcionarios de Hacienda que estaban de alquiler en la casa Fabiola. Y estaban allí y en esa situación porque Monteseirín entregó a Sacyr, a cuenta de las Setas, la histórica sede de toda la vida de la Delegación de Hacienda en la plaza de la Encarnación. Así se van encadenando los problemas uno tras otro.

ARGUMENTO SIMILAR

Y, las vueltas que da la vida: Espadas usa 17 años después el mismo argumento de la concentración de los servicios dispersos que utilizó  Soledad Becerril en 1999 para proyectar en el Prado de San Sebastián un edificio administrativo diseñado por el multipremiado arquitecto Rafael Moneo y que iba a tener un coste estimado de 5.000 millones de pesetas, equivalentes a 30 millones de euros.

El inmueble, de cinco plantas y en el que iba a destacar un pórtico de grandes dimensiones con acceso a la estación de autobuses del Prado, habría medido 23.000 m2 (casi tres veces más grande que la Consejería de Gobernación en la Plaza Nueva) y habría contado con un aparcamiento subterráneo de 590 plazas. Por tanto, el m2 habría costado 1.304 euros, frente a los 2.072,25 euros (un 59% más caro) que estaba dispuesto a pagar el gobierno de Espadas por cada m2 del inmueble de la Junta en Plaza Nueva, y ello sin comparar la abismal diferencia entre el número de plazas de garaje de uno y otro.

Para financiar la construcción del edificio de Moneo, el gobierno de Soledad Becerril había negociado un crédito a 25 años y a bajo interés (Mibor + 0,3%) y pensado en vender los edificios municipales (seis) que iban a ser desocupados por los funcionarios una vez trasladados al Prado. La actuación es parecida a la proyectada por Espadas, ya que en su nota el Consistorio dice lo siguiente: “Se han diseñado además planes para la recuperación de la inversión a través de la venta de entradas del Alcázar o de la enajenación de otros inmuebles de propiedad municipal”.

BARRIOS PRIMERO

Apenas iniciadas las obras del edificio de Moneo por la empresa Dragados en el Prado llegó al gobierno municipal el socialista Monteseirín. Lo primero que decidió, aparte de subirse el sueldo en lo que supuso un escándalo nacional que anticipaba la pauta de sus tres mandatos, fue paralizar las obras de la futura sede administrativa municipal (Dragados le reclamó una indemnización de 5 millones, de la que con los años desistió para poder seguir optando a adjudicarse obras municipales). Monteseirín argumentó que Sevilla tenía otras prioridades más importantes en los barrios que gastarse el dinero en construir un edificio para los funcionarios.

Diecisiete años después, esa misma argumentación es la que han esgrimido en el Pleno extraordinario los grupos de la oposición para tumbarle a Espadas su operación inmobiliaria con la Junta, que el alcalde presentaba como una gran oportunidad con el fin de concentrar en una sola sede los servicios municipales.

Así pues, Espadas ha acabado asumiendo los planteamientos que tenían Soledad Becerril y el PP en 1999 y el PP y el resto de grupos han asumido los que tenían Monteseirín y el PSOE por las mismas fechas: ladrillo versus barrios, barrios versus ladrillo. ¿Es o no paradójico que alcaldes y partidos de signo tan opuesto acaben intercambiándose los roles y las tesis con el curso del tiempo?

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Al acabar la Expo-92 sobrevino una crisis casi tan aguda como la actual. Duró cinco años y se llevó por delante, como ahora, mucha burbuja inmobiliaria. Entre los caídos entonces estaban los promotores del World Trade Center en el edificio Expo. Algunos razonaron que con los avances tecnológicos no haría falta ni que las empresas tuvieran sede física porque sus directivos podrían comunicarse por videoconferencia desde cualquier centro de negocios. Entonces las videoconferencias parecían cosa de ciencia-ficción; hoy, cualquiera de nosotros puede comunicarse mediante este sistema a través de Skype y gratis desde un ordenador doméstico.

Ciudadanos ha sido el único grupo político municipal que en el Pleno extraordinario incidió en la necesidad de que el Ayuntamiento invierta no en ladrillo para más funcionarios, sino en tecnología, para digitalizar, modernizar y agilizar los servicios que prestan.

Y una concentración de funcionarios en una misma sede no garantiza una mayor eficacia. La prueba la tenemos en los 500 empleados de Urbanismo en las caracolas de la Cartuja, donde pese a tal unificación hay 3.000 expedientes paralizados, con demoras de hasta año y medio. ¿No habría sido más importante, barato y rentable para la ciudad desatascar esos 3.000 proyectos de otros tantos inversores hartos de esperar que comprarle una sede vacía a la Junta?