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De la SE-35 a la SE-20

Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.

Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…

Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.

INTERESES PRIVADOS

Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.

En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.

CRUZANDO EL PARQUE

Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.

Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.

Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.

SIN REVISIÓN

Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.

En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.

Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.

DINERO DE LOS BARRIOS

En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.

Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud  del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.

A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.

El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

FRENAZO DE BRUSELAS

En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.

Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.

La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.

Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).

Como decía  Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.

 

La depuradora

Marchena citó a las 8 de la mañana a un notario para adjudicar la depuradora de San Jerónimo tras tomar posesión Zoido

Emasesa se ha ofrecido a la Junta para construir la depuradora a cambio de administrar el canon autonómico, pero no ha obtenido  respuesta

La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.

Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.

SIN CAPACIDAD

Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.

El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.

Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.

Se buscó un emplazamiento alternativo  y se halló en los terrenos – 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes en San Jerónimo.

EL ANUNCIO

En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

LA HORA DEL NOTARIO

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.

Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.

Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.

EL CANON AUTONÓMICO

La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.

El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.

Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.

Exprimir el Alcázar

El alcaldable del PSOE, Juan Espadas, ha presentado en esta precampaña electoral su programa para el Alcázar, algo destacable porque es raro hallar precedentes de que nuestros políticos hayan pensado en un plan específico para el primer monumento civil de Sevilla: patrimonio de la Humanidad, palacio real en uso más antiguo de Europa, impresionante conjunto monumental -14.000 m2 construidos y casi 70.000 m2 de jardines- y un maná turístico para la ciudad junto con la Catedral.

De las muchas propuestas del actual líder de la oposición destacan dos en especial:

  1. Revisar acuerdos y/o normas que obligan a desviar el superávit que consiga el Alcázar cada año al Ayuntamiento, para sufragar gastos corrientes. Muy gráficamente, ha declarado que no se pueden dedicar los fondos que genere el monumento a pagarle la factura de la luz al Consistorio y que hay que destinar al menos una parte a inversiones de mejora del propio Alcázar.

    2)   Adelantar el horario de apertura a las 9 de la mañana, implantar el horario de verano (de 9:30 a 19 horas) ya desde el mes de marzo y hasta octubre, e iniciar un día semanal de visitas nocturnas.

CONTROVERSIA ECONÓMICA

El uso del dinero del Alcázar para fines distintos a los patrimoniales o para espacios distintos al propio conjunto monumental ha provocado controversias desde que, hace unos diez años, Monteseirín impuso una reforma de los estatutos del Patronato que lo gestiona para que incluyera entre sus fines la conservación de las Casas Consistoriales, a la que se uniría años después también la gestión del Antiquarium de las ‘Setas’ de la Encarnación.

Aquella primera medida provocó la dimisión como patronos de la exalcaldesa Soledad Becerril y de Vicente Lleó, catedrático de la Hispalense, casi más por las formas -la decisión no llegó a someterse a votación en el Patronato, que se limitó a hacer una especie de asentimiento- que por el fondo, aun cuando ambos eran partidarios de no alterar el ‘statu quo’ y de que los fondos recaudados por las visitas turísticas (recuérdese que los vecinos de Sevilla capital entran gratis) revertieran única y exclusivamente en el propio monumento.

Frente a esta corriente, digamos purista, existe otra digamos ecléctica, partidaria de que parte del dinero recaudado, pero no todo,  en el Alcázar sirva para restaurar y poner en valor como activos patrimoniales y económicos de la ciudad los bienes inmuebles y muebles de propiedad exclusivamente municipal. No incluyen los eclesiásticos, universitarios y de otras Administraciones Públicas, sobre todo teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Sevilla es, tras la Iglesia, el segundo mayor propietario de bienes inmuebles de Andalucía, buena parte de ellos con gran valor histórico-artístico.

RICOS Y POBRES

Al antiguo director-conservador del Alcázar, José María Cabeza, distinguido con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales por, especialmente, los 18 años de modélica labor al frente del palacio sevillano, cabría englobarlo en esta tendencia por su teoría del ‘monumento rico, monumento pobre’.

Cabeza abogaba, y sigue abogando, por que el dinero del ‘monumento rico’ llamado Alcázar contribuya a rehabilitar el resto del patrimonio municipal, desde las Casas Consistoriales (este año financia con 181.987 euros la tercera fase de la restauración de la fachada) hasta la Fábrica de Artillería, pasando por el monumento a Bécquer del parque de María Luisa.

Parece un contrasentido que mientras en las cuentas bancarias del Patronato del Alcázar se acumulan de 9 a 10 millones de euros de superávit, que le generan bastantes miles de euros de intereses cada mes, haya desde edificios a bienes muebles municipales deteriorándose por falta de dinero o que por una pugna entre el Ayuntamiento y la Junta por 100.000 euros para una cámara acorazada en el Museo Arqueológico los sevillanos lleven más de medio siglo sin poder ver el Tesoro del Carambolo.

ACUERDO PLENARIO

Y al Patronato del Alcázar todavía le quedan 9 ó 10 millones de euros en los bancos después de que el Ayuntamiento aprobara durante el mandato de Monteseirín un plan económico-financiero de reequilibrio, en virtud del cual se transferirían 6,8 millones de euros del monumento a la tesorería municipal.

A este dinero se le sumaron más tarde otras dos partidas, de forma que todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU) aprobaron ya durante el mandato de Zoido sacar un total de 7.567.078 euros del Alcázar para la Hacienda municipal, siendo entonces (septiembre de 2012) sólo una parte mínima (300.000 euros) para la rehabilitación de la fachada de las Casas Consistoriales.

Y hay más. El Patronato del Alcázar, por las normas antidéficit de la Administración de Rajoy, no puede destinar ahora el superávit que aún genera cada año, ni el acumulado,  a acometer nuevas rehabilitaciones en el monumento patrimonio de la Humanidad más allá de las obras previstas en su plan anual, con lo cual se está dando la paradoja de que el conjunto palaciego genera cada vez más caja por el incremento de las visitas, pero esa mayor presión turística provoca un ‘estrés’ al edificio, que no se puede paliar por la imposibilidad de mover el dinero.

Por tanto, para evitar el superávit del palacio, que acaba en la caja del Ayuntamiento, la primera medida que habría que adoptar sería incrementar los presupuestos de restauración en el Alcázar, con lo cual el dinero no saldría de allí.

MONUMENTO FRÁGIL

El conjunto monumental, por la calidad de sus materiales -peor que los de la Catedral-, su propia configuración con patios abiertos y casi siete ha. de jardines es muy frágil y precisa de cuidados y atención permanentes.

José María Cabeza acuñó la metáfora del palacio como un viejecito achacoso al que hay que administrar cada día una cucharadita de jarabe pero al que no hay que someter a grandes intervenciones quirúrgicas porque por su delicado estado de salud no las soportaría.

Sin embargo, esa fragilidad se está obviando por el afán de abrir el Alcázar cada vez más horas y de captar cada vez más turistas. Zoido destacó a principios de año que en 2014 se batió el récord histórico de visitas, con 1.350.000 en números redondos. A ello ha contribuido su apertura los siete días de la semana. Por presión de las empresas organizadoras de cruceros se empezó a abrir excepcionalmente a las 9 en vez de a las 10:30 los días de arribada de cruceristas. Ahora, Espadas quiere convertir la excepción en norma y, además, empezar a abrir por las noches, porque interesa al sector hotelero usar el Alcázar como gancho para que los turistas se queden a pernoctar en sus establecimientos.

Pero, ¡cuidado!. Los siete días de apertura a la semana actuales, más el adelanto horario y las visitas nocturnas van contra la conservación de un monumento tan frágil y la práctica habitual en los grandes conjuntos patrimoniales y museos internacionales de cerrar un día a la semana para dejar que ‘respiren’ y acometer con tranquilidad las labores de conservación que siempre precisan.

Piénsese, por ejemplo, en la dificultad de aplicar tratamientos fitosanitarios con sustancias peligrosas a las plantas de los jardines con los turistas por medio a casi todas horas, o cómo su presencia condiciona o impide las labores de restauración, fontanería, carpintería, limpieza, traslados….

El Alcázar ha sido tomado tan en vano que un turoperador se permitió la osadía de organizar un sorteo de un lote de champán entre los turistas en el Salón de los Tapices. Se están confundiendo e invirtiendo los términos: una cosa es que el Alcázar tenga su programa de actividades culturales de nivel y que éste redunde en beneficio del sector turístico y otra muy distinta que el sector turístico lo quiera convertir en una prolongación de sus hoteles y restaurantes poniéndolo al servicio de sus intereses.

De tanto exprimir el Alcázar se corre el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro.

La madeja de IU

En la campaña para las elecciones municipales del año 2003, Monteseirín, que aspiraba a la reelección como alcalde y que durante el mandato anterior se había visto sometido al ‘abrazo del oso’ de los andalucistas del PA como incomodísimos socios de gobierno, repitió una y otra vez una frase/lema -se dice que inspirada por José Caballos- que caló en el electorado por un estado de ánimo y opinión abonado para otorgarle credibilidad: “el urbanismo bajo sospecha”.

Dado que era la época del ‘boom’ inmobiliario y de los pelotazos urbanísticos en la ciudad, propiciados por las recalificaciones de suelo, y que la Delegación de Urbanismo era el gran coto privado del PA en aquel gobierno de coalición, la acusación genérica y sin pruebas concretas lanzada por el alcalde-candidato fue clarísimamente interpretada por los electores como dirigida contra los andalucistas en exclusiva y pese a que Monteseirín era el máximo responsable del Ayuntamiento y de aquella coalición. La frase hizo fortuna y el PA se hundió en los comicios.

Algo más de un decenio después, no es sólo un departamento como entonces la Gerencia de Urbanismo el que está bajo sospecha, sino todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, después de que en el sumario de la operación Madeja la juez Alaya haya acusado a PSOE e IU de financiarse en Sevilla entre 2003 y 2011 mediante, supuestamente,  sobornos pagados por la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones de contratos (entre uno y siete millones de euros el primero y 155.000 euros la segunda); de que el administrador de la compañía citara la supuesta petición de Gregorio Serrano, primer teniente de alcalde, de construir gratis un parque infantil valorado en 150.000 euros para el cuartel de Montequinto,  y de que el entonces jefe del Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, exigiera presuntamente 350.000 euros para sus técnicos y para financiar la campaña del PP, extremos que todos los señalados niegan con vehemencia.

HASTÍO DE LA SOCIEDAD

Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico rige el derecho a la presunción de inocencia y a que la figura de la imputación equivale sólo a la de una investigación judicial que puede acabar en un procesamiento o ser levantada, como ha ocurrido hace unos días en el caso de varios imputados por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, el hastío de la sociedad por los reiterados escándalos de corrupción en toda España ha provocado la aplicación de una ‘política preventiva’ por parte de algunas formaciones a la hora de exigir la dimisión de los señalados por Alaya.

Y en este clima, la formación más perjudicada está siendo IU en el Ayuntamiento. Primero, porque la juez no ha imputado a ningún concejal ni cargo orgánico del PP, más allá del exedil y luego director del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña -destituido de manera fulminante por Zoido-  y un técnico como el jefe del servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores. Y segundo, porque el imputado del PSOE en la operación Madeja es Manuel Gómez Lobo, antiguo concejal de Vía Pública y responsable del distrito Macarena en la etapa de Monteseirín como alcalde pero que no volvió a formar parte de la lista electoral socialista tras la renovación acometida y el inicio de una nueva etapa con Juan Espadas, el cual ya pagó en las urnas los platos rotos por Monteseirín.

DIMISIÓN DE GARCÍA

Si IU es la que más está sufriendo las consecuencias de la operación Madeja es porque mantuvo a su vieja guardia tras haber gobernado ocho años en coalición con el PSOE, mediante la dupla Monteseirín-Torrijos, una era plagada de escándalos como el de Mercasevilla con sus diversas ramificaciones y que han acabado salpicándola de lleno.

El hasta ahora portavoz municipal de la coalición, José Manuel García, se ha visto obligado, tras los mensajes lanzados desde la dirección regional y federal, a presentar su dimisión al ser imputado por presunto fraude y cohecho en el caso Madeja. La juez le acusa, tanto a él como a Torrijos, de haber intervenido para que IU recibiera comisiones ilegales de Fitonovo por valor de 155.000 euros a cambio de la adjudicación de once contratos para la instalación de césped artificial en campos de fútbol en el gobierno anterior, cuando García era delegado de Deportes.

El problema añadido es que García había asumido la portavocía municipal tras la previa dimisión de Torrijos, que a su vez acumula tres imputaciones, por los casos Mercasevilla, Fundación DeSevilla y Madeja. Así pues, en tan sólo un año (de noviembre de 2013 a noviembre de 2014), el electorado sevillano ha asistido a la dimisión de dos portavoces de IU, Torrijos y García.

EL PEOR MOMENTO

Además, la otra edil de la coalición, Josefa Medrano, también tuvo problemas con la Justicia y llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Foxá, aunque finalmente salió absuelta. Ahora pesa sobre ella la espada de Damocles de una posible investigación judicial sobre el ERE de Altadis, por el que recibió una póliza de prejubilación. Y en la lista electoral figura otro imputado, Carlos Vázquez, en el caso del presunto desvío de un millón de euros de la Fundación DeSevilla.

De los polvos de la era Monteseirín vienen ahora estos lodos en el peor momento para IU, cuando se ve sobrepasada por la izquierda por el auge de Podemos y por nuevos movimientos como Ganemos, con el que pretende un proceso de integración en función de cómo queden preservadas sus señas de identidad.

Se integre o no, IU se ve abocada a una profunda renovación a tan sólo seis meses de las elecciones municipales por no haber sabido o querido hacerla hace cuatro años, siguiendo el ejemplo del PSOE con Espadas.

La coalición siempre ha confiado en su suelo electoral, que en el peor de los casos (año 1991) no bajó de 19.000 votos y dos concejales, pero desde su mejor resultado al margen de las primeras elecciones democráticas en la Transición (1995, con 45.416 sufragios y cuatro ediles) ha perdido el 47% de los votos y la mitad de los concejales, con la agravante de que el voto de izquierdas se puede dispersar en nuevas alternativas que antes no existían.

La presunta vinculación de la coalición o de algunos de sus representantes con el escándalo Madeja de corrupción política puede suponer un golpe de gracia para una coalición sin banquillo y sin tiempo para fabricarlo, y teniendo en cuenta el precedente del PA, que pasó de 92.417 votos, 9 ediles y estar en el gobierno municipal  a verse fuera del Ayuntamiento en tal sólo un decenio, en una purga de sus pecados políticos.

IU, sencillamente, se está jugando la supervivencia en Sevilla.

 

Tropiezo con los mismos árboles

Reza el adagio que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Tras la tala masiva de plataneros en la calle Almirante Lobo con el declarado fin de que se vea mejor la torre del Oro desde la Puerta de Jerez habrá que acuñar una variante y expresar que el político es el único animal que tropieza dos veces con el mismo árbol y que la sensación es aún peor cuando el tropiezo se produce en especie “ajena”, como le ha ocurrido a Zoido.

Y es que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Zoido ha demostrado no haber aprendido, pese a haber estado en primera fila, del impopular error de Monteseirín de haber talado gran parte de la arboleda existente (plataneros, naranjos, falsas acacias…) desde la calle San Fernando a la Plaza Nueva para la construcción del tranvía y una peatonalización que sólo ha servido para llenar de más veladores la Avenida y crear un galimatías de usos entre mesas, sillas, paneles expositores, carril bici y vías del tranvía que no dejan apenas sitio al transeúnte.

 

El gobierno de Zoido no ha sabido calibrar la indignación popular que iba a provocar la tabla rasa de la treintena de plataneros, la mitad datados de la Expo del 29, de la calle Almirante Lobo y, como gato panza arriba, trata de defenderse esgrimiendo cada día un argumento distinto y derivando la responsabilidad política a los informes de los técnicos, como si sobre éstos no pesara la dependencia de la clase política a la que sirven.

En el catálogo de excusas municipales se ha leído que los árboles eran insalvables porque estaban podridos, llenos de oquedades y/o atacados por diversas enfermedades; que estaban dispuestos de manera caótica en la calle; que podrían derrumbarse sobre los operarios que trabajarían en la reurbanización; que las raíces se habían enroscado sobre las tuberías….

 

Hace más de un año, cuando el alcalde y su delegado de Urbanismo presentaron el proyecto de reurbanización (¿no había otras calles que necesitaran más el gasto cercano a los 900.000 euros?) de Almirante Lobo sólo dieron dos razones para acabar con los árboles: que estaban muy deteriorados y que ocultaban la visión de la torre del Oro.

A raíz de aquel anuncio acudí a la calle para inspeccionar los árboles uno por uno y a contrastar mis apreciaciones con expertos botánicos que sabían y saben más que yo. Mi conclusión, avalada por éstos, es que casi la mitad de la treintena de plataneros eran relativamente nuevos (entre 10 y 20 años) y estaban sanos y que el estado de la otra mitad era similar al del 80% de los plataneros de Sevilla pero salvables con un tratamiento adecuado, que podría alargar su vida durante medio siglo más.

Ahora, un año después y ya sobre el terreno y con los árboles cortados, esa misma impresión obtuvo Ecologistas en Acción cuando al verificar el argumento municipal de “oquedades y pudriciones en ramas principales” comprobó lo siguiente: “De los 27 árboles (más dos palmeras) incluidos en el ámbito de la reurbanización, sólo nueve muestran evidencias externas de ese tipo de lesiones. Muchos de los árboles más viejos (7 de 11) sí que se ven más o menos dañados y dos de los jóvenes también (aunque no sabemos si tanto como para justificar su tala), pero han metido en el mismo “saco de la tala” árboles que no manifiestan ningún daño, ni se les puede presumir dada su juventud y lozanía; hay seis que no superan ni los 25 cms. de diámetro….”

 

Tras talar los naranjos más exteriores de la Plaza Nueva y una hilera de plataneros para el tranvía, Monteseirín echó pestes en el transcurso de una comida contra este tipo de árboles, a modo de justificación de su actuación y usando el mismo argumentario de uno de esos informes redactados en Parques y Jardines durante su mandato, en el sentido de que no es una especie adecuada para Sevilla por ser proclive a la pudrición de su tronco y/o ramas, las alergias que provoca la lluvia de sus semillas al desperdigarse y los atoramientos de los husillos por la alfombra de sus hojas al desprenderse y el tiempo que tardan en descomponerse.

Pues bien, en el colmo de las contradicciones, su proyecto de reurbanización de la Puerta de Jerez concluyó con la siembra de dos hileras de plataneros en su extremo sur. Item más, posteriormente el gobierno de Monteseirín llenó de este tipo de árboles la avenida de Italia en vez de recurrir a los autóctonos almeces ya existentes en la colindante avenida de Grecia pese a lo que preconizaba el informe citado de Parques y Jardines.

Que, según opiniones, el platanero no sea el árbol más adecuado para Sevilla no debe significar, como ha hecho el Ayuntamiento en Almirante Lobo, que haya que hacer tabla rasa de los mismos de la noche a la mañana y sin intentar con tratamientos selvícolas salvar los salvables, que en algunos casos como en la calle de la polémica son casi centenarios. La tala debe ser la última medida, cuando se demuestre inevitable, pero no sistemática, como ha sido el caso que ha provocado la indignación ciudadana y sin repararse en que los argumentos dados para tratar de justificarla se volvían contra éste y anteriores gobiernos municipales por su deficiente gestión del patrimonio vegetal. ¿Quién si no el Consistorio es el encargado de que los árboles no se dispongan de forma supuestamente caótica y se cuiden en tiempo y forma para evitarles oquedades y pudriciones en tronco y ramas principales?

 

En su defensa, el delegado Vílchez afirma que gracias al macrocontrato de 48 millones de euros con empresas privadas para la conservación de zonas verdes se han realizado más podas en unos meses que hacía el gobierno de Monteseirín en un año. No se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, un principio que ningún Ayuntamiento ha sabido comprender, hasta el punto de que en la Transición hubo que traer a un experto extranjero para que diera clases de poda a los jardineros municipales tras las protestas ciudadanas por las mutilaciones más que podas que practicaban a los árboles.

Como detalle revelador, Jacinto Martínez Gálvez, presidente de la Asociación Amigos de los Jardines de la Oliva, tuvo que disuadir a una cuadrilla al servicio del Ayuntamiento que trataba de hacer una poda masiva en pleno verano -la época menos adecuada- en su barrio, una más de tantas como han denunciado los ecologistas en los últimos años. Por tanto, no se trata de ni dejar de podar, porque hay situaciones en que las ramas constituyen un serio peligro (recuérdense los desprendimientos sobre la tapia del Alcázar desde los Jardines de Murillo o sobre el restaurante de La Raza), ni de batir records de poda, sino de podar lo justo y necesario. Pero, ¿quién controla el número y la oportunidad de las podas que practican las empresas privadas contratadas por el Ayuntamiento?

 

La polémica ha puesto de manifiesto el desmantelamiento que desde hace años (no viene de ahora) sufre el Servicio de Parques y Jardines (Comisiones Obreras cifra la merma de plantilla en un 40%) y su minusvaloración dentro del organigrama municipal, al ser convertido en un mero apéndice de Urbanismo, que está en sus antípodas, con lo que siempre primarán las obras proyectadas en ese Departamento sobre las zonas verdes.

Zoido, que tampoco ha creado el Central Park sevillano que prometió en su precampaña uniendo los jardines históricos, debería extraer conclusiones del ‘arboricidio’ de Almirante Lobo y tomar nota de lo que ha hecho Ana Botella en Madrid tras el desplome de árboles y/o ramas en la capital de España: crear un comité de expertos de prestigio e independientes (no de la misma cuerda política) para que al margen de partidismos dictaminara sobre el auténtico estado de los parques y jardines y diera las pautas a seguir.

En Sevilla, con tres universidades incluyendo la UIA, hay expertos que hasta han identificado los árboles que menos agua consumen o más oxígeno liberan, pero ese conocimiento botánico luego no se aplica en la ciudad. Habría que nombrar un Defensor de los Arboles como ya existe el de los Ciudadanos. Esperemos al menos que la de Almirante Lobo sea la última tala masiva en Sevilla y que no haya ningún alcalde más que tropiece con los mismos árboles… por tercera vez.

La agilidad como coartada

Todos los alcaldes comienzan y acaban igual. La única diferencia consiste en el tiempo que tardan en hacerlo, en completar el tránsito de la transparencia y la participación prometidas al inicio de sus mandatos a la opacidad y la restricción posteriores. Todos prometen corregir la prácticas viciadas de sus predecesores e integrar a los vencidos en las urnas, su más o menos leal oposición, pero acaban marginándola a fin de no someterse a su, para ellos, inoportuno, control, pese a que en Democracia el rol de la oposición es justamente ése y esencial: fiscalizar al gobierno para que no se extralimite y se atenga siempre a la observancia de los preceptos legales.

Si se revisaran los discursos de Monteseirín tras sus investiduras (tres veces) como alcalde, formalmente parecerían impecables, tanto que hasta podrían haber sido suscritos por Zoido. Todo eran bonitas palabras, mano tendida a la oposición, gobernar para todos los sevillanos y no sólo para quienes habían votado a la lista de su partido que él encabezaba, transparencia en los asuntos públicos, democracia participativa, etcétera, etcétera.

Pocos dirían, a la luz de aquellas palabras y sin conocer la trayectoria posterior del alcalde con más escándalos en su etapa de gobierno y mayor agujero en las cuentas públicas y en las empresas municipales, que esas promesas se convertirían en humo a las pocas semanas o meses de recoger el bastón de mando. Así, una de las decisiones de Monteseirín como alcalde fue excluir a la oposición del PP, liderada entonces por Zoido, de los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento, como Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa…

EL DISCURSO HACE AGUAS

Para marcar diferencias con el gobierno de coalición PSOE-IU, Zoido anunció tras su investidura como alcalde que daría representación a los partidos de la oposición en las compañías y entes del Ayuntamiento pese a su mayoría absolutísima (20 concejales). El discurso de la transparencia y la participación anunciadas por el nuevo alcalde se resumió en su famoso lema “luces y taquígrafos”.

Sin embargo, a tan sólo diez meses de las próximas elecciones municipales, el discurso del alcalde ha empezado a hacer aguas de forma significativa según evidencian las actuaciones de su gobierno, pese a que éste, con 20 concejales, no debería aparentemente mostrar signos de debilidad o inseguridad. Pero le empiezan a molestar las voces críticas o no alineadas y obra en consecuencia al procurar evitarlas o que, al menos, no se oigan.

Así, ninguna asociación vecinal que no fuera afín a los planteamientos del Ayuntamiento o hubiera adoptado previamente alguna posición crítica fue invitada por el gobierno local a la inauguración oficial del parque del Guadaíra pese a que, paradójicamente, Zoido dio las gracias en su discurso a los colectivos que con sus aportaciones y sugerencias habían contribuido al diseño final de una obra que es unánimemente considerada esencial para la vertebración de la zona Sur de la ciudad y la integración del Polígono Sur, al discurrir entre este barrio marginado y Heliópolis.

VÍA RÁPIDA

Como se recordará, con la excusa de la crisis, el proyecto inicial del parque, con el que se pretendía reinstaurar un curso de agua por el antiguo cauce hasta la dársena del Guadalquivir con lagunas, molinos y pasos elevados sobre la avenida de Holanda, mutó hasta convertirse en el intento de construir una vía rápida de circulación para enlazar la carretera de Su Eminencia con la prolongación de la avenida de La Raza, una mera vía rápida flanqueada por árboles a uno y otro lados.

La fuerte oposición vecinal en Heliópolis, Pedro Salvador, Pineda y otras barriadas obligó a aparcar un proyecto que todavía pende como una espada de Damocles sobre el parque, cuya espina dorsal no deja de ser una plataforma de menor anchura pero reconvertible en cualquier momento en carretera. A la hora de la verdad, los colectivos que impidieron que el parque del Guadaíra fuera una vía rápida con árboles en sus cunetas no salieron en la foto de la inauguración porque fueron excluidos del acto oficial.

URBANISMO

La semana pasada, el gobierno municipal avanzó en su estrategia de aislar a los discrepantes, en este caso su oposición PSOE-IU, en la Gerencia de Urbanismo, el departamento que históricamente ha sido el más poderoso y brazo ejecutor de las políticas del Ayuntamiento de Sevilla pero que a Zoido no deja de producirle dolores de cabeza por la descoordinación existente en su cúpula.

Las dos últimas pruebas las hemos tenido en los dos intentos frustrados de la Gerencia de acelerar la aprobación del convenio urbanístico/modificación subsiguiente del PGOU con Altadis y Puerto Triana para la recalificación de los suelos de la multinacional tabaquera y la construcción de un puente al servicio de la torre Pelli, que han sido tumbados por sendos informes del secretario municipal debido a su improcedencia legal y amplificados por la oposición gracias a su presencia en el Consejo de la Gerencia, que le permite el acceso a los expedientes y controlar más o menos en tiempo real la labor de Urbanismo.

Para evitar esa fiscalización ‘en simultáneo’ y quedar en evidencia ante la opinión pública por la difusión de los dictámenes negativos de los Servicios Municipales, el gobierno de Zoido ha decidido un vaciamiento de las competencias del Consejo de Gobierno de la Gerencia y el traspaso de la mayor parte de las mismas a la Comisión Ejecutiva, donde ya no están representados los partidos de la oposición, sino sólo los ediles de la mayoría gobernante.

VACIAMIENTO

A partir de ahora, el Consejo de Gerencia sólo conocerá los asuntos relacionados con los presupuestos, las ordenanzas fiscales y las modificaciones del PGOU. Pasan a la Comisión Ejecutiva los temas relativos a vivienda, licencias de ocupación del dominio público, adjudicaciones de obras, expropiaciones, inscripciones de solares, recursos judiciales, quioscos, gastos de hasta 200.000 euros y ayudas y subvenciones.

Formalmente, Zoido no ha expulsado a la oposición del Consejo de un organismo autónomo del Ayuntamiento cual es la Gerencia, pero al reducir sus competencias al mínimo el resultado es prácticamente como si lo hubiera hecho y redunda en detrimento de las ‘luces y taquígrafos’ prometidas por el alcalde.

La oposición ha calculado que si en el mes de junio hubiera estado ya vigente esta modificación, el orden del día del Consejo de la Gerencia hubiera pasado de 90 asuntos a 10, porque 80 habrían sido tratados sólo por el Comité Ejecutivo. El dato significa una reducción ¡del 89%! de los asuntos a tratar.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha tratado de justificar la medida con la manida tesis de la agilización de los procedimientos y para una mayor eficacia en la gestión, el mismo argumento que en la Junta de Andalucía ha acabado por configurar toda una Administración paralela para sustraerla al control de los órganos de supervisión, con resultados que están en la mente de todos.

Asimismo, Vílchez afirma que la oposición tendrá acceso a cualquier documentación que quiera ver, independientemente del órgano en que se apruebe, pero no es lo mismo, obviamente, acceder a los documentos casi en pie de igualdad y poder reaccionar sobre la marcha que ‘a posteriori’ e incluso permitiéndole tomar sólo notas a mano durante un tiempo limitado.

CRUZ ROJA

Y, en esta línea, la delegada del distrito Macarena, Evelia Rincón, ha declarado que asociaciones como A Contramano y Ecologistas en Acción, cuyo objeto social es la defensa de la bicicleta como medio de transporte y el medio ambiente, respectivamente, no han sido invitadas por el Ayuntamiento a la mesa de trabajo para la remodelación de la avenida de la Cruz Roja “porque -dijo- no van a opinar sobre las canalizaciones de Emasesa ni sobre la limpieza de Lipasam”.

Pero la reordenación de la avenida es mucho más ambiciosa que cambiar unas canalizaciones o unos contenedores de basura de sitio, ya que el Ayuntamiento ha anunciado también la creación de plazas de aparcamientos para coches pese al carril-bici existente y la reposición del arbolado, lo cual significa que previamente se eliminarán los árboles que hay ahora. Son dos cuestiones altamente sensibles y que se sustraen a la opinión de estos dos colectivos ciudadanos pese a tanta promesa de fomentar la participación.

Como en el caso de la Gerencia de Urbanismo, el gobierno municipal no quiere tener presentes incómodos testigos que puedan cuestionar su actuación.

Puente o pasarela

El gobierno municipal acordó en el Pleno ordinario de junio la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU para la construcción de un puente que, en lugar de la pasarela peatonal prevista en el Plan General, canalice el tráfico rodado que genere la futura puesta en servicio (año 2015) de la torre Pelli. El punto contó con el voto a favor del PP, el negativo de IU y la abstención del PSOE.

En el transcurso del debate, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, insistió en que el puente en vez de la pasarela peatonal es la única solución para el problema del tráfico que generará el rascacielos, mientras que el portavoz de IU, José Manuel García, defendió que se acometan las soluciones previstas en el PGOU, las cuales pasan por el transporte público (prolongación del tren de cercanías hasta Torretriana y, luego, Blas Infante; dos nuevas líneas de Metro y extensión del tranvía hasta Plaza de Armas), dos puentes para el tráfico rodado pero no al Sur de la Cartuja, sino al Norte, y aparcamientos públicos en la calle Guadalquivir y el Canal de la Expo.

Maximiliano Vílchez espetó a García, para finalizar el debate, que si no se construye el puente, “a ver cómo se lo dicen a los sevillanos cuando estén en el atasco”. Pues en el caso de que se produjera tal hipótesis, que está por demostrar después de que por causa de la crisis y en paralelo a la construcción de la torre Pelli el tráfico haya descendido casi un 20% en Sevilla, el gobierno local de turno debería decirles a los sevillanos que ésa es la consecuencia de la política urbanística de ‘grandeur’ preconizada por Monteseirín durante su mandato, simbolizada por el rascacielos de la Cartuja, las ‘Setas’ de la Encarnación, la derruida -por ilegal- biblioteca universitaria sobre la zona verde de los jardines del Prado (más de 9 millones de euros tirados a la basura) y la conversión de la Alameda de Hércules en el equivalente al paseo marítimo de Islantilla.

ADVERTENCIA DESOÍDA

Si la hipótesis del atasco con más intensidad aún que el existente antes del inicio de la crisis se convirtiera en realidad, no haría más que dar la razón, fundamentalmente a los ecologistas y conservacionistas, que ya cuando se lanzó el proyecto del rascacielos alertaron de la irresponsabilidad que supondría construirlo justo en el punto más saturado de tráfico de la ciudad, la entrada a Sevilla desde la autovía que la conecta con el Aljarafe, Huelva y Portugal.

Cuando en febrero de 2008 se empezó a vallar el solar cercano a Torretriana en el que se iba a construir la torre Pelli y centenares de funcionarios de la Junta que allí aparcaban sus vehículos expresaron su protesta por que debían buscarse un estacionamiento alternativo y empezaban a tomar consciencia del problema que se les avecinaba, el entonces alcalde y promotor político del rascacielos en la Cartuja como supuesto símbolo de modernidad, Monteseirín, prometió redactar un plan de tráfico concreto para su entorno.

Atención al dato: se promovió la torre Pelli y se iniciaron las obras hace seis años (licencia, 16 septiembre de 2008) ¡sin un plan previo de movilidad sobre sus efectos y con sólo una promesa ‘a posteriori’ de redactarlo pero del que nunca más se supo! Monteseirín no hacía más que ratificar lo que en su día ya habían dicho los entonces responsables de Cajasol durante la presentación del rascacielos: desconocían los planes de tráfico existentes para la zona y remitían al Ayuntamiento, en la confianza de que éste tendría previsto su impacto en la Cartuja.

MÁS QUE LA TORRE

Ese impacto, según dijo Monteseirín en marzo de 2008, sería “positivo”. En su opinión, la solución (hablar de solución ya equivalía a reconocer un problema y por tanto un impacto negativo) no consistía en hacer más viales porque al final todos desembocarían en el mismo puente, el del Cristo de la Expiración, sino en “apostar por el transporte público, la política de aparcamientos, las rondas de circunvalación y ofrecer más alternativas al vehículo particular”.

Pero ese impacto no medido, pese a lo cual se autorizó el rascacielos en una política de hechos consumados, no sólo iba a derivar de la torre Pelli, sino también de otros proyectos existentes entonces y que fueron tumbados por la crisis. Recuérdese que en el entorno de la torre se había planeado la construcción de una nueva sede para la Gerencia de Urbanismo que sustituyera a las caracolas, con un coste de 70 millones de euros y para dar cobijo a más de 600 funcionarios, y una nueva macroconsejería de la Junta, Torretriana II, en la parcela de las banderas de la Expo, con una edificabilidad de 68.000 m2, equivalente a la posteriormente autorizada para la torre Pelli.

Y todo elllo cuando el Plan de Transporte Metropolitano de la Junta ya reflejaba que el tráfico con destino al centro de Sevilla superaba en un 5% la capacidad de absorción de la demanda por las infraestructuras existentes en hora punta. La previsión para 2020 era de que se superaría en un 25% la capacidad de absorción de ese embudo citado por Monteseirín del puente del Cristo de la Expiración.

PROBLEMA HEREDADO

Este problema en ciernes, muy aliviado por la caída de tráfico causada por la crisis económica, es el que ha heredado Zoido. El alcalde lo pretende solucionar antes de que hipotéticamente se plantee construyendo un puente para el tráfico rodado, en vez de una pasarela peatonal, desde Torneo a la Cartuja, embutido entre los bienes patrimoniales como el pabellón de la Navegación de la Expo y el monasterio de Santa María de las Cuevas, y a un coste mínimo de 11,3 millones de euros. De este dinero, sólo dispondría de los 4,8 millones comprometidos en su día por la promotora del rascacielos para la pasarela peatonal.

Zoido se ha empecinado en esta batalla urbanística contra los dictámenes hasta ahora negativos de la Junta, que visó el PGOU de Monteseirín, con lo cual estaría liberando al Gobierno andaluz y al central del elemento de presión que supuestamente tendría -la amenaza del terrible atasco permanente- para exigir a esas Administraciones que construyan las infraestructuras previstas en el PGOU para evitarlo o paliarlo: cierre del anillo ferroviario, nuevas líneas de Metro, puentes al Norte de la isla, aparcamientos públicos, etcétera.

Al contrario: en vez de presionar a la Junta para que ejecute las alternativas que avaló con el PGOU de Monteseirín, Zoido se echa sobre sus hombros y sobre las arcas del Ayuntamiento la solución al hipotético problema en beneficio de una iniciativa privada y que le obligaría a desembolsar 6 millones de euros (la diferencia entre el coste de la pasarela que sufragaría la promotora del rascacielos y el del puente), más otro millón de euros en la convocatoria de un concurso arquitectónico para el puente, cuya construcción y entrada en servicio se demoraría hasta 2018, tres años después de la prevista inauguración de la torre Pelli.

COMPÁS DE ESPERA

Por tanto, con estos plazos el puente no va a solucionar de entrada el hipotético problema de los atascos que provocaría el rascacielos y que parecen demasiado magnificados por los técnicos municipales para justificar su construcción: ¡un 46% de incremento del tráfico, casi el doble de todo lo previsto en el Plan Metropolitano para el año 2020!. Si de todos modos habría un lapso de tiempo de tres años, ¿no sería mejor esperar a ver cómo evoluciona el tráfico sin puente para obrar en consecuencia?

Si al tráfico rodado se le crean nuevas infraestructuras a su servicio, nunca se darán las condiciones para que el problema se aminore, sino al contrario, ya que se entraría en una espiral sin fin: un efecto llamada para más coches, que a su vez demandarían nuevos puentes, con lo que se incrementaría de nuevo el tráfico, y así sucesivamente. La solución, pues, consistiría en crear alternativas al tráfico privado -que no se han hecho todavía- en vez de potenciarlo con un nuevo puente. A su impacto paisajístico sobre los bienes patrimoniales de la Cartuja (no es el mismo que el de una liviana pasarela peatonal) habría que añadir el hecho de que contravendría lo dispuesto no ya sólo en el PGOU vigente, sino también en la LOUA, el Plan de Transporte Metropolitano, el POTAUS y la Estrategia Andaluza de Movilidad, los cuales abogan por potenciar el transporte público en vez de potenciar el privado.

IMPACTO EN TORNEO

Hay otro elemento apenas considerado en este debate: el puente canalizaría  el tráfico rodado hacia y desde la Cartuja a través de la calle Torneo, de relativa circulación rápida y que discurre en paralelo al río sin obstáculo más allá de algunos semáforos en el itinerario.

La construcción del puente en perpendicular a Torneo rompería la continuidad del tráfico, por la necesidad de abrir paso al proveniente o con destino a la isla  a través del puente, con rotondas de acceso, con lo que se ralentizaría aún más el tráfico, con efectos hasta la zona de Arjona y del Paseo de Colón.

Y, por ende, el Ayuntamiento acaba de aprobar un parking de 180 plazas para dar servicio al Paseo del Arte, también con obligado acceso/salida desde Torneo.

Así, mientras trata de adelantarse a un problema en la Cartuja va sentando las bases para crear otros equivalentes en esta orilla del río.

Cerámica maldita

Definitivamente, el Ayuntamiento gobernado por Zoido tiene gafe para la cerámica, a la luz de los acontecimientos ocurridos durante su mandato con todo lo relacionado con un azulejo, un mural o un plato, como de nuevo ha vuelto a ponerse de manifiesto en los últimos días al descubrirse la gran cantidad de erratas, faltas de ortografía y nombres geográficos incorrectos en el mural sobre la cuenca del Guadalquivir instalado en el muelle de Nueva York y el anuncio de un nuevo retraso en la inauguración del Centro Cerámico Triana.

El museo sobre la cerámica sevillana, cuyos principales alfares se ubicaron históricamente en el antiguo arrabal, es un proyecto inserto en el Plan Turístico de la ciudad, uno de los pocos ámbitos, por no decir el único, donde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han sido capaces de hallar un espacio de cooperación en vez de confrontación, quizás por la participación en el mismo de la Confederación de Empresarios como tercer socio. La Junta financia las actuaciones al 60% y el Consistorio en el 40% restante. El eje articulador del mismo es la revalorización del entorno del río: muelle de Nueva York, centro de recepción de visitantes en los bajos del Paseo Alcalde Marqués del Contadero, pantalanes en la dársena…..

NUEVO RETRASO

El denominado Centro Cerámico Triana se iba a inaugurar, ya por entonces con un retraso acumulado de un año conforme a las previsiones, en el verano de 2012, al completarse el primer ejercicio de Zoido como alcalde. Desde entonces ha pasado año y medio y se han aventurado otras posibles fechas para la apertura, anuncios todos incumplidos; la semana pasada, tras la visita a las instalaciones en la antigua fábrica de Cerámica Santa Ana del consejero de Turismo, Rafael Rodríguez; de la delegada municipal de Cultura, Mar Sánchez Estrella, y del presidente de la Comisión de Turismo de la CES, Pedro Sánchez Cuerda, se ha retrasado un mes más la apertura de unas instalaciones que han costado hasta la fecha 4,2 millones de euros y que la ciudad lleva ya casi dos años sin rentabilizar.

El nuevo pretexto oficial es que los técnicos municipales necesitan más tiempo para restaurar piezas procedentes del museo de Artes y Costumbres Populares y del convento de Santa Clara que el Ayuntamiento quiere exponer al público junto a piezas cedidas por la Junta de Andalucía, el Gobierno y el ceramófilo Vicente Carranza, un gran mecenas que ya donó la colección que se exhibe en los cuartos altos del Alcázar pero que ahora se siente tan dolido por el trato recibido de la actual corporación que anunció la práctica ruptura de relaciones con el Consistorio y su ausencia en la inauguración del museo trianero.

SITUACIONES INSÓLITAS

Las tribulaciones de Vicente Carranza con Sevilla son similares a las que sufre otro mecenas cultural, Mariano Bellver, en su intento de años de donar su colección de pintura, para la que la ciudad de numerosos inmuebles históricos vacíos no halla un sitio adecuado, algo que parece increíble y que parece sólo puede ocurrir en una urbe como la nuestra.

Uno de los más importantes, por no decir el principal, coleccionistas de cerámica de España logró, tras años y años de espera y numerosas promesas incumplidas e intrigas hasta de película (hubo que organizar un viaje relámpago en AVE a Córdoba, como terreno neutral, para sofocar uno de tantos escándalos al respecto en la era Monteseirín) que por fin, y en nombre de su fallecido hijo, el Ayuntamiento anterior aceptara la donación de los fondos sevillanos de su gran colección de cerámica, acumulada a lo largo de su vida (es un hombre casi nonagenario).

BOICOT

Pero hasta el último minuto fue la ciudad cicatera con tan valioso legado, ya que las cuatro salas del Alcázar prometidas para albergarlo y exhibirlo de forma permanente fueron reducidas a tres  por el boicot del entonces alcaide del Alcázar, Rodríguez Galindo, a la palabra dada por Monteseirín. Mientras que la cuarta estancia ha quedado sin un uso mejor y Zoido tampoco ha cumplido su promesa de abrirla cuando llegara a la Alcaldía, se trató de contentar al mecenas con otra promesa: que parte de los fondos que allí supuestamente no cabían se mostrarían en el futuro museo de la cerámica de Triana.

Vicente Carranza, por amor a Sevilla pese a su nascencia manchega y fidelidad a la memoria de su hijo, volvió a confiar en los políticos y en que unas 70 piezas de su colección serían contempladas por los visitantes en el Centro Cerámico Triana.

Sin embargo, en otro cambio de criterio municipal sobre la marcha, de aquellas 70 piezas excepcionales sólo se van a exponer 21. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia del mecenas artístico es que el Ayuntamiento ha ignorado tres valiosas piezas de sus fondos, como la decena de paneles cerámicos de un metro cuadrado del siglo XVI, para exhibir en su lugar productos de la fábrica de Pickman, que a su juicio de experto ni son tan valiosas ni guardan vinculación con Triana.

MONTAÑO AL RESCATE

Vicente Carranza, pues, se siente preterido y humillado por la Delegación municipal de Cultura pese a haber legado a la ciudad unos fondos de valor incalculable, una circunstancia que no ha pasado inadvertida para la oposición municipal. Paradójicamente, la antecesora de Mar Sánchez Estrella como delegada de Cultura, Maribel Montaño, ha retomado las relaciones con el gran mecenas, pese a los desencuentros de antaño, y podría ser la persona clave para lograr la presencia de un coleccionista que se disputarían otras ciudades de España en la inauguración del museo trianero y que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz tenga con él algún gesto de reconocimiento y especial gratitud. Susana no sólo haría honor a sus orígenes y vecindad en Triana, donde se alza el museo, sino también saldría al quite para paliar la falta de tacto del Ayuntamiento.

Al menosprecio de la figura del gran mecenas ceramófilo ha unido el Ayuntamiento, en este caso de forma compartida con la Junta de Andalucía en cuanto signatarios los dos del Plan Turístico, la falta de supervisión del gran mosaico de cerámica (20 x 6,4 metros de azulejos) sobre la cuenca del Guadalquivir montado sobre el suelo del muelle de Nueva York e inaugurado a finales de 2013 tras un gasto de 51.000 euros. Ni los técnicos municipales ni los autonómicos, sino ciudadanos anónimos y la asociación Sevillasemueve, se percataron de la gran cantidad de errores de todo tipo contenidos en un mosaico destinado a resaltar ante nativos y turistas la vinculación de Sevilla con el río que vertebra Andalucía.

UN ERROR TRAS OTRO

Causa rubor ver en el mosaico términos como Dos Hernanas, Pílas, Guadaimar, Bembezar, Coria del Rio (sin acento al igual que Benacazon) y Canal del Valle Inferior del Bajo Guadalquivir (unidos dos en uno), máxime cuando en su día se concibió con una proclamada finalidad ‘didáctica’.

A ese descubrimiento de los defectos del mosaico hay que unir días antes la demolición sin previo aviso y para indignación de los vecinos por parte del Ayuntamiento del mural de cerámica sito a la entrada de la urbanización de Santa Clara y que desde hacía más de 60 años constituía el símbolo con el que se identificaban los residentes.

Y todavía resuenan los ecos de la polémica por el intento, frustrado gracias a la oposición de numerosos colectivos de ciudadanos, del Consistorio de alicatar con azulejos, fabricados para colmo en Valencia, la zapata de Triana con un mural indicativo de la existencia del arrabal, como si precisara de un mosaico de gran tamaño ( 3,5 x 12 metros) que adultera la imagen típica del Altozano para situar esa histórica collación.

Protocolo

Mauricio Domínguez fue el jefe de Protocolo del Ayuntamiento con todos los alcaldes de la Democracia excepto con Zoido, que llegó cuando él ya se había jubilado. Ahora, ha publicado un libro de recuerdos de sus 40 años de actividad profesional. Al rememorar las aportaciones de los alcaldes en el campo de su especialidad, cuenta que Uruñuela arregló el tema de los palcos de Semana Santa; Del Valle, la presencia municipal ante el Cristo de San Agustín desde la guerra civil; Rojas Marcos, las ceremonias de la corporación bajo mazas; Soledad Becerril, la organización del terrible funeral, por el estado de shock en que se hallaba toda la ciudad, tras el asesinato por los terroristas de ETA de Alberto y Ascen; y Monteseirín…. Bueno, el (sin) tuvo la ocurrencia de proponer que se conmemorara no el aniversario de la muerte de Blas Infante (11 de agosto) sino el de su nacimiento (5 de julio). Para el muy cuco era más importante irse a la playa o no volver de allí antes que honrar al padre de la patria andaluza. Así quedó retratado una vez más por su (sin) sentido de Estado.

Un millón

La sombra de Monteseirín es más alargada que la de la torre Pelli. Casi dos años y medio después de haber sido quitado del medio por el PSOE, con las consecuencias electorales que pagó el inocente Espadas, aún nos da motivos para recordarlo, por su particular modo de gestionar (es un decir) con su valido Marchena los asuntos públicos. El galeno que nunca utilizó fonendoscopio porque se metió a inspector para no pisar los ambulatorios promovió un Plan de Aparcamientos tal que cuando  se descubrió la tostada resultó que buena parte de los mismos no se podían construir, porque había ofrecido suelo ¡de titularidad privada en vez de municipal! Como el chiste del que llevaba muchos años de alcalde y no sabía dónde estaba el Ayuntamiento. Ahora, Zoido, con el dinero de todos los sevillanos, tendrá que devolver un millón de euros a nuestros vecinos que, confiando en el (sin) alcalde anterior, anticiparon mil euros que volaron sobre el nido del cuco. Y, mientras tanto, Monteseirín en su dorado exilio de Madrid y haciéndose el loco con su coartada de “yo (sólo) soy médico”.