Archivo de la etiqueta: monteseirín

Crónica de un cargo anunciado

El viceconsejero de Salud, Martín Blanco García, publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado viernes 4 de marzo, página 79, una resolución por la que nombra al exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, subdirector de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería.

El lector no avisado se sorprenderá al conocer en marzo la publicación de una resolución fechada el 26 de febrero sobre un nombramiento oficial cuando gran parte de los medios de comunicación locales ya difundió esa “noticia” con casi un mes de antelación y la opinión pública tenía, por tanto, la sensación de que el exalcalde llevaba ya todo este tiempo desempeñando esa nueva función tras su obligado exilio político en Madrid.

Salvando las distancias, el caso de Monteseirín recuerda a las tácticas de un equipo de fútbol suramericano famoso por sus marrullerías antideportivas. Antes de que en la final del trofeo Carranza del año 1962 el directivo del Cádiz Rafael Ballester inventara las tandas de penalties para resolver por la vía rápida los partidos que habían quedado empatados, éstos se decidían por las más variadas fórmulas, hasta la de la mano inocente de un niño extrayendo un papelito del fondo de una copa.

Una de las más habituales era el lanzamiento por el árbitro de una moneda al aire tras haber elegido los capitanes de los equipos respectivos cara o cruz. Este sistema se empleaba hasta entonces en torneos veraniegos españoles en los que participaban equipos suramericanos que solían venir con el tiempo justo, para volverse de inmediato a su país o hacer una minigira por España, saltando de un torneo a otro casi sin solución de continuidad, por lo que no podía organizarse un partido de desempate 24 ó 48 horas más tarde.

Cuenta la leyenda que en un trofeo disputado en el Norte de España se llegó al momento fatídico de que el árbitro lanzara la moneda al aire para dilucidar quién, en función de que saliera cara o cruz, se alzaba con la copa en disputa. Pues bien, antes de que la moneda tocara siquiera el césped, el capitán y los jugadores del equipo suramericano saltaron con los brazos en alto dando alaridos de júbilo, como si la suerte ya les hubiera otorgado la victoria, y se lanzaron corriendo a alzar el trofeo que esperaba al borde del terreno de juego.

Nadie, ni el árbirtro, ni el capitán, ni los jugadores del equipo contrario se atrevió a cuestionar el triunfo previamente cantado de aquella manera, aunque hubiera salido la cara contraria de la moneda.

La misma táctica

Monteseirín, con la inhibición y/o connivencia de la Junta de Andalucía, ha hecho lo mismo que aquellos expertos futbolistas marrulleros: ha alzado los brazos antes de tiempo con el montaje de una campaña en la que aparecía como adjudicatario de “pleno derecho” del cargo, de modo que ningún posible rival pudiera disputarle un nombramiento que se le habría prometido de antemano.

Recuérdese cómo tras el desastre electoral del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2011, en que hasta barrios tradicionalmente de izquierdas prestaron su voto a Zoido (20 ediles) hartos de los escándalos de los gobiernos de Monteseirín y de su derroche megalómano en las Setas de la Encarnación (desvió el dinero del PGOU para pagar los más de 100 millones de euros que costaron), el exalcalde, por ende alineado políticamente entonces contra Susana Díaz y Viera por el control del PSOE sevillano, se había convertido no en el valioso jarrón chino del que habla Felipe González en su condición de exgobernante, sino en el símbolo de la peor etapa del gobierno socialista local y en un obstáculo para las aspiraciones de Espadas de recuperar la Alcaldía si su presencia, y hasta su sombra, se proyectaban sobre él.

Así pues, la mejor solución política era quitarlo del medio directamente: cuanto más lejos de Sevilla, mejor. Antes de las elecciones generales de noviembre de 2011 que ganó el PP de Rajoy, con Zapatero todavía en la Moncloa, la Junta de Andalucía y el Gobierno socialista firmaron un convenio ‘ad hominem’ para que Monteseirín, médico funcionario, ocupara una plaza de investigador principal en el Instituto Carlos III de la capital de España. Un cargo a su medida en exclusiva, a dedo, para justificar su exilio político.

El regreso

Así estaba hasta que el pasado 28 de diciembre de 2015 escribió el siguiente texto en su cuenta de Twitter: “Tras 4 intensos años en Madrid como investigador en salud, creo que ha llegado la hora de volver a mi Sevilla, de nuevo con Alcalde socialista”. No era una inocentada, sino la revelación de la operación en marcha y por la que Monteserín tenía la completa seguridad de su regreso a la capital de Andalucía una vez que reconquistada la Alcaldía, perdida por su causa, el PSOE le levantaba el castigo.

La operación brazos en alto cantando victoria antes de tiempo de Monteseirín se inició públicamente el día 8 de febrero, cuando se filtró convenientemente a la Cadena SER la “noticia”, que el exalcalde se apresuró a subir a su cuenta de Twitter: “Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde de Sevilla, nuevo subdirector de la Inspección de Servicios Sanitarios de Andalucía”.

Sin embargo, ese nombramiento no se había producido, porque habría sido ilegal. Lo único que había existido era la publicación en el Boja, el 4 de febrero (página 22), de una resolución de la Viceconsejería de Salud por la que se anunciaba la convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, de libre designación.

Este puesto era el de subdirector de la Inspección de Servicios Sanitarios, al mismo podía presentarse cualquier funcionario que cumpliera los requisitos establecidos y hacerlo durante el plazo legal estipulado de 15 días hábiles, o sea, hasta el 25 de febrero. Así pues, se podían presentar candidatos hasta final del mes pasado, pero Monteseirín sabía ya dos meses antes, el 28 de diciembre según su cuenta de Twitter, que iba a salir esa plaza y que estaba a él destinada, porque le iban a remover el obstáculo que se interponía en su camino.

Al inspector que la ocupaba desde hacía un decenio le comunicaron su destitución por la supuesta necesidad de darle al cargo “un cambio de orientación”. Más bien un cambio de titular con nombre y apellidos claramente reconocibles.

Amplificación mediática

La filtración de la “noticia” a la Cadena SER fue amplificada por numerosos medios de comunicación, de forma que todo el mundo entendió el “nombramiento” como oficial y consumado. A través de las redes sociales el exalcalde empezó a recibir felicitaciones y buenos deseos en su nueva etapa. Monteseirín no sólo no aclara que se trata de una mera convocatoria pendiente de resolución, sino que abunda en la idea y cuelga en su cuenta la siguiente frase sobre la foto de una ventana con una maceta de geranios en el alféizar: “Vuelvo de buen talante y buena gana. Se fueron las arrugas de mi ceño. Por fin puedo creer en lo que sueño. Estoy en mi ventana”.

La estrategia de difusión del “nombramiento” para ocupar la plaza previamente desalojada por la Junta cumple plenamente su objetivo en tan sólo cinco días, porque la asociación que engloba a los inspectores de servicios sanitarios de Andalucía, es decir la organización en la que están quienes podrían ser los máximos rivales para disputarle el puesto, ya asume el 12 de febrero que el cargo es para el exalcalde, al publicar en su página de Facebook el siguiente texto: “Alfredo Sánchez Monteseirín, nuevo subdirector de Inspección de Servicios Sanitarios en Andalucía”.

Y lo acompaña hasta de su biografía: “Nacido en 1957, en La Rinconada, una ciudad situada a pocos kilómetros de Sevilla….”. Todo como si se tratara de la referencia oficial de un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por lo que ante esta unanimidad generalizada, ¿quién iba a osar a presentarse al concurso si ya se estaba viendo claramente quién era el elegido?.

Ascenso

Por esa seguridad, el exalcalde no tuvo empacho en escribir en Twitter: “Y ahora dirigiendo la Inspección de los Servicios Sanitarios de Andalucía”. El mismo se autoasciende a director de la Inspección, pese a que esa competencia, en virtud del Decreto 208/2015, de 14 de julio, firmado por Susana Díaz y por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud, es del secretario general técnico.

Se dice claramente en el artículo 7.2: “Corresponde a la persona titular de la Secretaría General Técnica la dirección y coordinación de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía”.

Sin título para ello, el exalcalde se presenta sin el menor rubor con un rango superior al que realmente le corresponde, pero ya sabemos en Sevilla que Monteseirín tiene un elevado concepto de sí mismo.

El ‘marrón’ de Mercasevilla

 

 

Teófilo Serrano, que fue director gerente de Tussam, no pudo contenerse durante una de las tomas de posesión de Monteseirín como alcalde de Sevilla y se le escapó una expresión alusiva a cierta flor que tendría en salva sea la parte y que explicaría cómo, a pesar de su mediocridad, se volvió en aquel entonces a convertir en regidor de los destinos de la ciudad.

La proverbial flor de Monteseirín ha vuelto a abrir sus pétalos la semana pasada y nada menos que dos veces. Una fue cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 14 decidió archivar la causa abierta contra él por haber colocado a dedo, mediante orden expresa, a su exasesor Domingo Castaño en la Fundación DeSevilla tan sólo cuatro días después de que Zoido ganara las elecciones municipales.

La otra manifestación de la flor de Monteseirín se produjo el lunes pasado, cuando el Servicio Andaluz de Salud le adjudicó a dedo la plaza de jefe de la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios tan sólo 48 horas después de convocada y sin esperar siquiera a que se agotara el plazo reglamentario de quince días hábiles para la presentación de candidaturas, por si había algún otro aspirante.

Como se ve, el dedazo, en un sentido u otro, es reiterativo en la vida de Monteseirín, que merced a este bien remunerado nombramiento digital podrá regresar del exilio en Madrid, al que fue condenado tras la catástrofe electoral a la que, por sus escándalos y desastrosa gestión, llevó al PSOE de Espadas en las municipales de 2011, en las que Zoido arrasó hasta con el voto prestado de los barrios sociológicamente de izquierdas con aquellos históricos veinte concejales.

LA HERENCIA

El mismo día en que el exalcalde volvía a disfrutar del cobijo de la Junta de Andalucía, miembros del equipo de su sucesor, Juan Espadas, se enfrentaban de nuevo a otro de los grandes “marrones” heredados de Monteseirín: el conflicto con la empresa malagueña Sando a cuenta de los terrenos de la lonja.

Como se recordará, el Consejo de Administración de Mercasevilla, donde el Ayuntamiento tiene la mayoría con el 51% del capital social, acordó hace dos meses solicitar el preconcurso de acreedores como medida de protección para evitar el posible embargo de sus cuentas, tras pedir Sando la ejecución de la sentencia que obliga a pagarle una indemnización de 8.944.710,30 euros por incumplimiento del contrato en el caso de las parcelas que le vendió y que la compañía no pudo explotar por la falta de acometidas eléctricas y otras deficiencias, reveladoras de la caótica gestión realizada en la empresa municipal durante el mandato de Monteseirín.

Dado que a esa cantidad había que añadirle varios tipos de intereses, como los ordinarios y los monitorios, por la antigüedad del pleito, entre unas cantidades y otras y el hecho de que aquéllos siguen creciendo porque Mercasevilla nunca consignó judicialmente el dinero en la confianza de que ganaría el pleito en los tribunales, actualmente la deuda asciende a unos 14 millones de euros.

Y AHORA LA FIANZA

El gobierno de Espadas se enfrenta a un nuevo e inminente problema: el 23 de febrero, dentro de tan sólo ocho días, Sando podrá pedir la devolución de los 7 millones de euros que en concepto de fianza entregó a Mercasevilla para ejercer la opción de compra de los terrenos de la lonja, los mismos que aquélla no ha podido poner a su disposición en todos estos años por carecer de las infraestructuras mínimas exigibles a un suelo urbano.

Esos siete millones de euros podrían ser varios más si, como es verosímil, Mercasevilla está obligada a contabilizar el interés legal del dinero desde que se acordó la operación en el año 2006. En el periodo transcurrido, los intereses legales han sido de un 4% anuales, salvo un 5% en 2007, un 5,50% en 2008 y 2009 y un 3,5% en 2015. Por tanto, se habría producido una acumulación de intereses del orden del 47,50%, lo que podría significar unos 3,3 millones de euros más y elevar la suma de la fianza a devolver a unos 10,3 millones de euros.

Sumada esta cifra a la acumulada hasta ahora como consecuencia del pleito perdido por Mercasevilla en el caso de los terrenos, el gobierno de Espadas se encuentra con que el “marrón” de Mercasevilla dejado por Monteseirín y traspasado a su vez por Zoido como patata caliente asciende sólo con Sando, y sin considerar los otros escándalos en que se halla envuelto el mercado, a unos 24 millones de euros aproximadamente.

FRACASO

Así que hace siete días, la delegada de Economía y presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño, y el consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, mantuvieron una reunión con el fin de acercar posturas y buscar una salida negociada al problema, pero el encuentro se saldó con un fracaso porque el gobierno local planteó una especie de quita de la deuda so pena de continuar elevando recurso jurídico tras recurso y diferir el pago ‘ad calendas graecas’ habida cuenta de la lentitud de la Justicia en nuestro país. Esta propuesta no fue aceptada por Sando.

Si se hace una recopilación de la evolución del caso se ve que el Ayuntamiento lleva ya tres alcaldes y varios equipos jurídicos de apoyo diferentes y no sólo no ha ganado el pleito en los tribunales ni reducido la deuda a pagar a Sando. Antes al contrario: va perdiendo la batalla judicial, la cuantía de la deuda equivale ya a casi el doble de la cantidad que Espadas tiene consignada para inversiones reales en Sevilla en su primer Presupuesto municipal, Mercasevilla lleva dos meses en preconcurso de acreedores y Sando ha demostrado que tiene músculo financiero para aguantarle el pulso al Ayuntamiento desde que hace diez años depositó aquella fianza de 7 millones, que hoy podrían ser más de diez.

El gobierno local, en vez de intentar un acuerdo transaccional, ha continuado con una huida hacia adelante que sólo puede desembocar en el concurso de acreedores de Mercasevilla, con lo cual la ciudad se quedaría sin el mercado de mayoristas obligatorio por ley; en un cada vez más improbable éxito judicial que lo exonerara de pagar al menos parte de la elevada deuda contraída o pagando una deuda aún mayor, por el incremento de los intereses de varios tipos a medida que va pasando el tiempo.

REVERSIÓN

El Consistorio, que ha  reservado en el primer Presupuesto de Espadas 3,5 millones de euros para, mediante una ampliación de capital, comprar acciones de Mercasevilla a fin de afrontar las necesidades financieras derivadas de la sentencia favorable a Sando, tiene ahora apoyo en la empresa estatal Mercasa, que como poseedora del 48,4% de las acciones de Mercasevilla debe correr con los costes de las sentencias en la proporción que le corresponde, pero no parece percatarse de que nos hallamos ante la fase final de la lonja tal y como hoy la conocemos.

Según los estatutos de Mercasevilla y el informe de mayo de 2012 del secretario municipal, titulado ‘La prestación de servicios en Mercasevilla’, la duración de la sociedad es de cincuenta años (plazo máximo que permitía el artículo 111.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales), por lo que la gestión del servicio mediante empresa pública expirará en el año 2021 y revertirán al Ayuntamiento su activo y su pasivo.

Dentro de cinco años, pues, ya no estarán ni los mayoristas de fruta ni Mercasa para cargar con su parte alícuota de los pasivos de Mercasevilla y quien se comerá íntegramente el “marrón” de la lonja será el Ayuntamiento y hasta puede que con Espadas al frente si repite como alcalde.

 

Indigestión de Setas (de la Encarnación)

Apenas conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocadora en gran parte de la dictada el pasado 10 de abril por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Sevilla y por la que finalmente el Ayuntamiento, gracias al recurso interpuesto por  los Servicios Jurídicos municipales por orden de Zoido, sólo queda obligado a indemnizar a Sacyr con 2,59 millones de euros por los incumplimientos y ocurrencias de última hora de Monteseirín en vez de con los 36,5 millones de euros del primer fallo judicial, apenas conocerse la sentencia, decía, Espadas ha anunciado su propósito de reorientar la gestión de las Setas de la Encarnación y de convertirlas en el “epicentro” de la próxima Navidad.

El alcalde ha afirmado lo siguiente: “Se lo voy a dejar muy claro a Sacyr. Ellos son una constructora, pero yo necesito un buen gestor para este espacio público”.

De entrada, el alcalde comete dos errores, porque Sacyr es mucho más que una constructora. Tiene una filial o división de concesiones y, por tanto, con un perfil puramente de gestión, con más de 20 años de antigüedad y que está especializada en el diseño, financiación, construcción y gestión de activos. Actualmente, según reza en su página web, cuenta con una cartera de 35 concesiones, distribuidas en siete países, de las cuales 23 están en explotación y el resto, en desarrollo. Entre sus concesiones figuran 24 autopistas que suman casi 3.000 Kms., entre la UE y América; 7 hospitales, con más de 3.000 camas (3 en Madrid, 3 en Portugal y 1 en Chile); 2 intercambiadores de transporte en Madrid; una línea de Metro en Tenerife y un aeropuerto en Murcia.

Por tanto, Sacyr es, además de constructora, gestora, pero cuando el alcalde habla de que necesita un buen gestor para el Metropol Parasol está diciendo de forma implícita que Sacyr es un mal gestor, ante lo cual podría preguntarle a su antecesor y correligionario Monteseirín por qué entonces le adjudicó la construcción y gestión, por 40 años, de las Setas.

ESPACIO PRIVATIZADO

La segunda aseveración de Espadas ya no se compadece con la realidad, porque la Encarnación es un espacio público privatizado “de facto” por Monteseirín en beneficio de Sacyr por ese periodo de 40 años al otorgarle la explotación de las Setas y de lo que está debajo (con la excepción del Antiquarium) y a su alrededor. A la constructora aún le quedan 36 años de disfrute de la privatización de ese espacio público realizada por un alcalde que se declaraba socialista como Monteseirín. Dicho de otro modo, Monteseirín privó a los sevillanos de la plaza de la Encarnación con tal de que Sacyr le construyera las Setas como icono de su mandato.

Desde aquel momento, como concesionaria y explotadora del complejo Metropol-Parasol y del espacio Encarnación, Sacyr puede desarrollar allí, siempre que cumpla la normativa municipal, las actividades que considere más adecuadas o rentables para sus intereses, aunque sea la colocación de tiovivos y el paseo de camellos por Navidad y que tanto parecen haber disgustado a Espadas. Nada, por otra parte, muy alejado de lo que permitió el gobierno de Zoido en la cercana Alameda.

Lo más insólito de las declaraciones del alcalde es su aceptación de que el proyecto de las Setas ha sido hasta ahora “económicamente poco rentable”, siguiendo las tesis de la compañía en su afán de devolverlas al Ayuntamiento; que “tiene que revisarse en su conjunto” y que todo pasa por una “renovación comercial, con proyectos potentes, donde el Ayuntamiento invierta y haga actividades que conviertan la Encarnación en un punto focal de la ciudad”.

DATO OCULTO

El coste real del proyecto de reurbanización y reutilización de la Encarnación sigue sin ser aclarado por el Ayuntamiento, ni por el anterior gobierno municipal ni por el nuevo. También depende de que se contabilice el coste del abandono del proyecto inicial que Monteseirín desarrollaba con sus socios del PA (se dio una estimación de 14,6 millones de euros) hasta que se zafó de ellos para coligarse con IU.

En la sentencia del TSJA se lee que el proyecto de las Setas tenía un presupuesto total de 51.206.918,25 euros, que el Ayuntamiento se comprometió a financiar con 25.421.166,29 euros. El resto del dinero debía aportarlo Sacyr, que lo compensaría y obtendría un beneficio por la explotación comercial durante 40 años. Sin embargo, según el fallo judicial, del presupuesto total se detrajeron 5.326.690,22 euros, que no tuvieron que ser financiados por el adjudicatario de la concesión. De ello se colige que la aportación de Sacyr se redujo a 20.459.061,74 euros.

Posteriormente hubo dos modificaciones de obra que asumió el Ayuntamiento, el cual, según el TSJA, ha acabado pagando el 82% de la inversión en metálico. Por tanto, si el 18%, la parte de Sacyr,  eran 20,4 millones de euros, el Consistorio habría desembolsado 93.202.392,37 euros y el coste total de las Setas sólo en esta segunda fase habría ascendido a 113.661.454 euros en números redondos.

Espadas dice ahora que el proyecto ha sido poco rentable. Será que no escuchó el discurso de Monteseirín durante la inauguración de las Setas, donde dijo: “Según los análisis de los expertos, los beneficios económicos, directos e indirectos, que el Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”.

REVISIÓN DEL CONTRATO

Y añade Espadas que “hay que revisar” el contrato con Sacyr y que el Ayuntamiento debe invertir en las actividades que en las Setas se hagan porque es un icono a nivel internacional. ¿Un icono con tiovivos y camellos y bares low-cost?

¿Por qué hay que revisar el contrato? ¿Lo revisaría acaso Sacyr para repartir sus ganancias con la ciudad? El riesgo es consustancial a la actividad empresarial. Se supone que una multinacional con 20 años de experiencia en concesiones y ejecutora hasta de la ampliación del canal de Panamá debió hacer bien sus cuentas cuando se presentó al concurso de las Setas, salvo que hiciera una oferta temeraria a la baja para que se lo adjudicaran. Si ahora, supuestamente, no le salen las cuentas, ¿le va a trasladar sus presuntas pérdidas también a los sevillanos?

¿No le bastan a Espadas los casi 108 millones de euros (contando los 14,6 millones iniciales) que del dinero de los sevillanos habría  enterrado ya el Ayuntamiento en las Setas como para anunciar nuevas inversiones municipales allí, en vez de dedicar el dinero a los barrios más desfavorecidos?

Al final, el alcalde, para regocijo de Sacyr, puede acabar aplicando en las Setas el principio capitalista de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

El TSJA rebaja a 2,59 millones la indemnización a Sacyr por las Setas de la Encarnación

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado en gran parte el recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Sevilla y rebajado de 36,5 millones de euros a tan sólo 2,59 millones  la cantidad que debe pagar el Consistorio a la empresa constructora Sacyr por los incumplimientos de algunas obligaciones contractuales.

El Juzgado de lo Contencioso Nº 5 de Sevilla dictó el pasado 10 de abril una sentencia resolutoria del contrato de concesión firmado por el Ayuntamiento con la empresa Sacyr para la construcción y posterior explotación del Metropol Parasol, popularmente conocido como las Setas de la Encarnación, durante un plazo de 40 años y condenó al Consistorio a pagarle a la constructora una indemnización por una serie de conceptos que sumaban un total de 36.532.464,18 euros y a hacerse cargo del complejo urbanístico-comercial a partir de ahora y sin esperar a los 36 años de la concesión que quedaban pendientes (a contar desde la inauguración oficial en la primavera de 2011).

El Ayuntamiento -y la Gerencia de Urbanismo- recurrió la sentencia a través de sus Servicios Jurídicos y ahora el TSJA ha revocado en gran parte el fallo judicial originario y estimado los argumentos municipales. La clave de esta nueva sentencia consiste en que para el TSJA no se da ninguna causa concreta ni esencial para declarar resuelto el contrato. Si bien admiten los incumplimientos del mismo por parte del Consistorio y denunciados por Sacyr, los jueces afirman que “los incumplimientos no son causa de resolución, ni aisladamente ni de forma conjunta, sin perjuicio del derecho (de Sacyr) a percibir lo que es debido” por aquéllos. Y no es causa de resolución tampoco porque la constructora ha seguido explotando normalmente las Setas a pesar de esos incumplimientos municipales.

Justamente por eso, el TSJA condena al Ayuntamiento y a la Gerencia de Urbanismo a pagarle a Sacyr 2.594.862 euros, una cantidad que aquél no ha impugnado en su recurso, de lo que se colige que asume la reclamación planteada por Sacyr por los siguientes conceptos:

-Retraso en el pago de una certificación de obra: 597.823,87 euros.

-Por el acceso gratuito de los sevillanos a las Setas: 525.349,72 euros.

-Por menores gastos repercutidos a los placeros: 68.306,40 euros.

-Por retrasos y alquileres no cobrados desde el inicio de la explotación: 1.403.382,01 euros.

Por tanto, el TSJA ha anulado de la sentencia anterior los dos puntos de mayor cuantía económica reclamados por Sacyr: la inversión no amortizada (13.275.852,29 euros) y el lucro cesante (20.661.749,89 euros), más los intereses.

PASIVIDAD MUNICIPAL

Al analizar el diferendo por la falta de explotación del mirador tras la decisión de Monteseirín de facilitar el acceso gratuito de los sevillanos, el TSJA se remite a las pruebas periciales y documentos aportados por Sacyr y subraya que no han sido discutidos por la Administración, “que ha mostrado una pasividad inexplicable en este punto”, si bien, al igual que en el resto de las reclamaciones no atendidas, no lo considera un incumplimiento esencial y causa de resolución del contrato, ya que tampoco Sacyr recurrió ni impugnó la resolución de la Alcaldía sobre la entrada gratuita de los nativos.

Los jueces destacan que el contrato firmado en su día por el Ayuntamiento y Sacyr es complejo y no sólo versa sobre la ejecución de unas obras, ya que incluye una concesión por 40 años de la explotación comercial de las Setas. Por eso, cuando analizan algunos incumplimientos o retrasos por parte del Ayuntamiento, afirman que una demora inferior a tres años tiene menor relevancia y es menos “sustancial” que si el plazo de la explotación total fuera inferior (por ejemplo, diez o veinte años).

Es más, recuerdan que ya se contempló al inicio del contrato que podía producirse un retraso (sin establecerse límite de tiempo) y se fijó para ese caso una indemnización, no una resolución del contrato.

REACCIÓN

El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha destacado cómo los Servicios Jurídicos Municipales han resuelto un proceso “frente a la desidia política del Gobierno de Zoido, que ha puesto en riesgo de forma temeraria los intereses del Ayuntamiento”.

Muñoz también subraya que, tal y como recoge la sentencia,  existió en el mandato pasado “una censurable pasividad en el abono de las cantidades y en la búsqueda de una solución, que además queda ratificada en el hecho de que contra las cantidades que se reclaman y que finalmente resuelve la sentencia que hay que abonar ni el Ayuntamiento ni la Gerencia han opuesto la realidad de estos conceptos debidos”.

Según el delegado, es el momento ahora de mirar hacia adelante, de recuperar el diálogo y de abandonar la estrategia absurda de confrontación constante y de desaprovechar los recursos con los que cuenta la ciudad. “Es el objetivo de este Ayuntamiento poner en valor el proyecto Metropol Parasol y aprovechar todas sus potencialidades”, afirma.

Torres de 70 metros en Cruzcampo

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de los terrenos de la antigua fábrica de la Cruz del Campo en la Avenida de Andalucía ya ha cumplido todos los trámites legales con su publicación en boletín oficial, por lo que los promotores podrán construir allí torres de hasta 70 metros de altura, pese a que Zoido se comprometió con la Unesco a frenar nuevos edificios de este tipo en la ciudad.

El 29 de junio de 2012, Juan Ignacio Zoido aterrizó en Sevilla procedente de San Petersburgo, donde había logrado detener la inclusión de la ciudad en la lista del Patrimonio Mundial en peligro por causa de la construcción de la torre Pelli en la isla de la Cartuja, aunque a cambio del cumplimiento de una serie de compromisos con la Unesco.

El entonces alcalde anunció en el aeropuerto de San Pablo que desde ese mismo momento promovería una modificación del PGOU para que no se construyeran más rascacielos en la Cartuja y subrayó que dicha modificación tendría que ser aprobada por la Junta de Andalucía.

Zoido afirmó asimismo que el Ayuntamiento se había comprometido ante el organismo de la ONU que vela por la cultura y el patrimonio a modificar el planeamiento urbano de la ciudad para “impedir que, en un futuro, nuevos proyectos comprometan el paisaje histórico de Sevilla”, así como a la redacción de los planes especiales de protección para espacios históricos como el barrio de Santa Cruz, el entorno de Santa Catalina y la Torre del Oro. El entonces alcalde fue tajante en sus declaraciones: “En el entorno del casco histórico no habrá más rascacielos”.

Sin embargo, Zoido no modificó el PGOU para nada relacionado con rascacielos en la Cartuja sino para construir un puente -desechado por el nuevo gobierno local- que poner al servicio de la torre Pelli; y en cuanto al entorno de la Torre del Oro, su actuación más controvertida fue la tala de los árboles de la calle Almirante Lobo para que no impidieran la visión del monumento.

TRES AÑOS DESPUÉS

Item más, tan sólo tres meses después de sus promesas a la Unesco de no permitir rascacielos en el entorno del Casco Histórico, el Ayuntamiento aprobó el PERI de la Cruzcampo, el mismo que ha tardado tres años en publicarse en boletín oficial para tener plena validez jurídica y en el que en distintas zonas del futuro complejo urbanístico se permitirán bloques de 33,5 metros; 54,5 metros y 70 metros de altura. A título de ejemplo comparativo, la torre de Los Remedios mide entre 63 y 66 metros, según los criterios que se empleen.

Aunque la construcción de las torres de 70 metros (inicialmente se permitían de hasta 90 metros, pero luego se rebajó diciendo que se trataba de un error) se supedita a un estudio de detalle, las fuentes consultadas indican que jurídicamente el Ayuntamiento ya no podría oponerse a que un promotor edifique con la altura máxima prevista en este Plan Especial.

El PERI fue impulsado por la Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Híspalis S. L., constituida por un ‘pool’ de bancos que en conjunto habían prestado unos 330 millones de euros a la promotora vasca Urvasco. Esta compró con aquel dinero los suelos recalificados en el PGOU de 2006 a Cruzcampo (18 ha, salvo la histórica sede de la compañía, edificio ya protegido legalmente) para que un grupo de arquitectos-estrella (Norman Foster, Jean Nouvel, Arata Isozaki y Guillermo Vázquez Consuegra) diseñaran un complejo de 1.963 viviendas de alto standing y al menos un hotel, con un coste estimado de unos 750 millones de euros. Los arquitectos llegaron a retratarse con Monteseirín y directivos de Urvasco en el balcón del Ayuntamiento, donde fueron recibidos como auténticos divos.

La crisis se llevó por delante a Urvasco y los bancos se tuvieron que quedar con los terrenos. Sólo ahora, con la mejora de las perspectivas económicas, la compañía que constituyeron a tal efecto ha depositado el aval del 6% (962.722,56 euros) exigido por la ley para la ejecución de las obras de urbanización, tras lo cual se ha desbloqueado la publicación del PERI en boletín oficial. De ello se colige que la urbanización de los suelos costará al menos 16.045.376 euros.

La edificabilidad total permitida es de 255.168 m2, que se repartirá entre 1.073 viviendas libres, 890 protegidas, locales comerciales, oficinas y usos hoteleros.

 

Taifas verdes

El Ayuntamiento ha presentado hace unos días el Inventario/Diagnóstico de los 178.000 árboles de la ciudad, según el cual hay 2.477 ejemplares con defectos estructurales y/o morfológicos graves o muy graves que suponen un riesgo estático bastante elevado para los viandantes, por lo que es aconsejable su sustitución a corto o medio plazo. De hecho, el Centro de Coordinación Operativa municipal atiende unas 900 incidencias anuales relacionadas con los árboles (a una media diaria de 2,5).

A raíz de que el pasado 10 de agosto se desplomaran en la Macarena partes de un árbol sobre dos personas, que sufrieron heridas de gravedad, el nuevo gobierno de Juan Espadas encargó una inspección del arbolado de la ciudad, que ha sido concluida en 40 días, con lo que en cada jornada se habrían inspeccionado 4.450 ejemplares. El dato ha sido cuestionado por inverosímil, dada la falta de suficientes especialistas y de instrumentos de diagnóstico avanzados tanto en el Servicio de Parques y Jardines como en las empresas del macrocontrato de las zonas verdes.

No obstante, éste es otro de los problemas heredados por Espadas, que al menos ha reaccionado de inmediato para contar con una aproximación sobre el estado del arbolado. El Inventario/Diagnóstico es en realidad un “yo me acuso” de los pecados verdes cometidos hasta ahora por el conjunto de la Corporación Municipal, ya que ¿a quién si no imputar la responsabilidad por los cinco grandes problemas detectados?

Son los siguientes. 1) Selección inadecuada de especies; 2) Mala calidad de las plantas; 3) Malas condiciones de plantación; 4) Falta de coordinación; 5) Inadecuada organización.

DEMASIADOS ACTORES

En la ciudad falta una Autoridad Única sobre los árboles y hay demasiados reinos de taifas al margen del Servicio de Parques y Jardines, que queda orillado en muchas de las actuaciones que se acometen y que teóricamente deberían ser de su competencia. Por ejemplo, la Gerencia de Urbanismo es responsable de que las contratas que ejecutan los proyectos de urbanización y/o de reparaciones en la vía pública planten árboles según su propio criterio. ¿Quién tomó la decisión de sembrar fresnos en la Alameda de Hércules, donde históricamente predominaban álamos?

El recinto de la Feria de Abril es otro hecho exógeno a Parques y Jardines, donde sus especialistas no tienen arte ni parte. Allí se podan los árboles a destiempo y sus ramas quedan reducidas a muñones no por criterios de jardinería, sino para que luzcan más los farolillos. Entonces, ¿para qué plantar árboles, si luego estorban? Después, si aparecen pudriciones en los troncos o los árboles, debilitados, son atacados por plagas, la culpa se achaca al departamento que no ha intervenido en el campo de Los Remedios.

Hasta las asociaciones de vecinos, con la mejor de las intenciones, plantan ejemplares e incluso aprovechando las subvenciones municipales. Y qué decir de los constructores de urbanizaciones privadas: generalmente las terminan con siembra de árboles en las aceras, la mayoría de las veces sin conocimiento del Servicio de Parques y Jardines (¿acaso las inspecciona?) e incumpliendo las normas de Urbanismo sobre el tamaño de las especies.

ALCORQUES MÍNIMOS

Asimismo, los alcorques de dimensiones mínimas los ha tolerado hasta ahora el Ayuntamiento en las obras de urbanización de calles, donde confluyen otras para la canalización subterránea de la red de agua potable, red eléctrica, red telefónica, red semafórica, el alcantarillado…. que realizan distintas compañías. En una reciente avería en la vía pública, los técnicos de Emasesa tuvieron que levantar prácticamente un plano de situación del subsuelo de entremezclados que estaban todo tipo de cables y conductos.

¿Quién pone orden en este caos, que como en el caso de la calle Almirante Lobo fue esgrimido luego por el gobierno de Zoido para tratar de justificar la tala de los grandes plataneros de la Exposición del 29 para que así se viera mejor la Torre del Oro?

Esta descoordinación y existencia de reinos de taifas verdes es la causa principal de la situación a la que hemos llegado, pero de momento el Consistorio ha anunciado doce medidas para abordar sólo las consecuencias. Una de ellas, con buen criterio, consiste en la formación y certificación en arboricultura tanto de los operarios como de los técnicos implicados en la gestión del arbolado, con lo cual se pone de manifiesto todavía más el dislate que ha supuesto el cierre de la Escuela de Jardinería Romero Murube en el parque de María Luisa después de la quiebra de la Fundación Forja XXI, sin que el gobierno de Zoido se atreviera a rescatarla. Ahora parece más necesaria que nunca y debería ser una de las prioridades de Espadas, también para crear empleo.

LA TÍPICA MESA

La implantación de un sistema de información geográfica del arbolado es una magnífica iniciativa, pero de poco servirá si no se mantiene en permanente actualización y revisión, para lo cual se necesita personal especializado y medios en un Ayuntamiento maniatado por la tasa de reposición.

Como en cada problema que surge (zona azul, botellonas, polígonos industriales…), el gobierno de Espadas reacciona anunciado la creación de una mesa ciudadana. También lo ha hecho en este caso. No están de más, pero recuérdese que Monteseirín anunció otra similar que no sirvió más que de pantalla tras su arboricidios, ya que no se hizo nada de lo que allí se preconizó.

¿Será esta vez diferente?

El Ayuntamiento de Sevilla acumula condenas judiciales por valor de 52 millones

Los cuatro grupos políticos de la oposición municipal han señalado con motivo de los primeros 100 días de Espadas como alcalde que están a la espera de que presente sus proyectos de Ordenanzas Fiscales y Presupuestos para evaluar con mayor fundamento su gestión. El problema para Espadas es que desde abril el Ayuntamiento acumula 52 millones de euros en condenas judiciales, una cantidad que supera en 2,6 veces el presupuesto real de inversiones con que cuenta la ciudad para el año en curso y que deja al alcalde con una limitadísima capacidad de maniobra.

El Ayuntamiento no tuvo más remedio la pasada semana, obligado por sendas condenas judiciales en contra, que aprobar el pago de 122.448,15 euros a Telvent y de 173.043 euros a Telefónica, dinero que se suma a varias condenas millonarias que ha sufrido desde el mes de abril y que suman casi 48 millones de euros , a los que hay que añadir más de cuatro millones por intereses de demora y de otro tipo y de reconocimiento de derechos de cobro a las empresas que han pleiteado contra la corporación y han obtenido estas sentencias favorables.

En total, el montante de las condenas asciende a 52 millones de euros, y todavía hay en lontananza pleitos pendientes en los que se dirimen 28 millones de euros más. Dado que en el actual Presupuesto municipal de 2015 el dinero realmente disponible para inversiones asciende a unos 20 millones (en concreto 19.990.748 euros), los pagos por los fallos judiciales en contra superan en 2,6 veces esa cifra.

Por ende, a Espadas se le complica el escenario económico debido a que el Gobierno de la nación le transferirá al Ayuntamiento 6 millones de euros menos con cargo a la participación en los ingresos del Estado que en el último ejercicio. Entre condenas judiciales y menores transferencias, el alcalde se va a ver abocado a buscar aquello que dijo en su controvertido anuncio de bajada/subida del IBI: los resquicios que haya en las normas, para tratar de recaudar más fondos con los que afrontar esta complicada situación.

‘LEGADO’ DE MONTESEIRÍN

La sombra de Monteseirín es tan alargada que cuatro años y medio después de su salida del Ayuntamiento su negativa herencia aún sigue lastrando a sus sucesores. Sin contar las cantidades que tuvo que pagar Zoido en los primeros años de su mandato por sentencias también contrarias por la gestión de Monteseirín, especialmente por las obras de la Alameda y del carril-bici, el pasado abril el Consistorio recibió el, probablemente, mayor golpe judicial de su historia reciente al fallar la Justicia en su contra y a favor de Sacyr en el pleito por las Setas de la Encarnación: 36,5 millones de euros.

Ya con Espadas como alcalde, el Ayuntamiento ha sufrido otra condena en un pleito arrastrado desde la época de Monteseirín, por la cesión de suelos de Mercasevilla a Sando para la construcción de naves industriales. En este caso la condena ha sido de casi 9 millones de euros, que con los intereses de demora y otros conceptos se elevará a 12 millones en números redondos.

Los siguientes pleitos perdidos han sido heredados por Espadas de la gestión de Zoido: condena de dos millones por la suma de dos sentencias favorables a Detea en el caso de la comisaría de la Ranilla, que acabarán siendo tres millones, ya que la Justicia le ha reconocido a la empresa el derecho a reclamar otro millón más.

Y las dos últimas condenas en contra del Consistorio son a favor de Telvent por la revisión de precios al alza del contrato de las señales de tráfico (0,12 millones) y a favor de Telefónica por unas obras de modificaciones de líneas de comunicaciones (0,17 millones).

El Ayuntamiento se enfrenta además a una demanda de Detea de 20 millones por el ruinoso estado en que le entregó los edificios de la Policía en la Cartuja y a una reclamación de Resipark de 7,8 millones por la anulación del contrato que firmó Monteseirín para la construcción de aparcamientos subterráneos en suelos que resultó no eran de propiedad municipal.

La factura judicial del Ayuntamiento

Empresa                 Asunto                                Importe indemnización

Sacyr           Setas Encarnación                        36.532.464,18  euros

Sando          Suelos Mercasevilla                        8.944.710,30

Sando          Intereses y otros (estimado)         3.055.290,00

Detea          Sede Policía La Ranilla                   1.902.366,91

Detea          Sede Policía La Ranilla                            177.923,88

Detea          Intereses y otros                            1.076.685,46

Telvent       Señales de tráfico                                122.448,15

Telefónica   Líneas teléfono                                173.043,00

TOTAL                                                                   51.984.931,88

El melón de la Gavidia

Espadas está en proceso de abrir un peligroso melón en la antigua comisaría de la Gavidia al plantear primero una rebaja en el nivel de protección patrimonial de este Bien de Interés Cultural (BIC) con el fin de facilitar su venta a esos potenciales compradores que Zoido decía tener y que, al igual que con las cien empresas interesadas en instalarse en la Zona Franca, todavía estamos esperando que aparezcan; y, en segundo lugar, al sugerir que se encuentra en un lamentable estado de conservación y encargar a la Gerencia de Urbanismo un informe técnico tras el que podría dictaminarse su declaración de ruina y posterior demolición, con lo que en vez de un BIC representativo de un estilo arquitectónico y de una época de la ciudad nos quedaríamos con un solar en pleno corazón del Casco Antiguo.

Aun subrayando que Espadas llegó ayer por la tarde, como quien dice, al Ayuntamiento y que ha heredado esta situación de Monteseirín y de Zoido, ¿acaso la Gerencia de Urbanismo no debería conocer de sobra el estado del inmueble sin necesidad de que el alcalde le haga un encargo especial?

Porque el Pleno de la Corporación aprobó el 25 de mayo de 2000 la Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios  (ITE), que fue modificada el 20 de mayo de 2004 y, luego, el 28 de septiembre de 2011 (texto refundido en el BOP de Sevilla, 16-XI-2011).

 

OBLIGACIONES DE LA ITE

 

La Ordenanza de la ITE regula (Art. 1º) la obligación de los propietarios de construcciones y edificaciones de efectuar una inspección periódica, dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas y el cumplimiento del deber (atención) de conservación impuesto por la normativa urbanística y de régimen del suelo. Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, están afectadas por la obligación de someterse a la inspección (Art. 2).

La Disposición Transitoria Única de la Ordenanza establece los plazos máximos generales para la presentación del primer informe de inspección técnica. Considerando el texto de 2011 en vez de los anteriores (2000 y 2004) y dado que la antigua comisaría de la Gavidia tenía por entonces unos 47 años (se construyó entre 1962 y 1964), en el mejor de los casos el Ayuntamiento, su propietario, debió haber presentado el primer informe de ITE hasta la fecha límite del 6 de julio de 2011, ya con Zoido en la Alcaldía. Esa inspección debió determinar el estado de conservación del edificio, y en caso de amenaza de ruina o mal estado de conservación, el Ayuntamiento tendría que haber actuado de inmediato para preservarlo, tanto por ser un bien municipal como -no se olvide- un Bien de Interés Cultural.

NO CONSTA

La Ordenanza obligaba a la constitución de un Registro informatizado de carácter público en Urbanismo y en el que deben constar como mínimo, la identificación de cada inmueble mediante su referencia catastral, dirección y número de gobierno; año de construcción; protección asignada en el planeamiento; número de expediente asignado e informe de la ITE presentado con una serie de parámetros.

Al ser de acceso público, cualquier ciudadano puede verificar la ITE de cualquier edificio de Sevilla desde el siguiente enlace a la página web de la Gerencia de Urbanismo:

http://www.sevilla.org/urbanismo/test2012/Menu08.asp

Se puede buscar por la dirección del inmueble, que en el caso de la Gavidia es Plaza de la Concordia Nº 2, o por su referencia catastral, que es  4730702TG3443B0001PF.

No hemos podido constatar informáticamente que la Gavidia haya pasado la ITE, aunque dados los conocidos ‘agujeros’ de la página web municipal cualquier sorpresa sería posible. En la más que probable hipótesis de que no haya sido inspeccionada, se consideraría en virtud del Art. 8 de la Ordenanza una infracción muy grave, que sería sancionada con una multa de mínima de 6.000 euros por tratarse de un edificio catalogado.

¿Puede el Ayuntamiento acreditar la ITE de la Gavidia? En caso de que no la haya inspeccionado, ¿va a cumplir la Ordenanza, se va a sancionar a sí mismo con 6.000 euros -de todos los sevillanos- y va a exigir responsabilidades por tal omisión? ¿Con qué autoridad moral puede el Consistorio exigir el cumplimiento de la ITE a los sevillanos y sancionarlos?

Veamos un reciente caso paralelo. La iglesia de los Terceros, otro Bien de Interés Cultural, se encuentra cerrada parcialmente desde mayo por riesgo de desprendimiento de su cúpula. Pues bien, ha sido sometida a la ITE y los inspectores exigen que en un plazo determinado se realicen obras por valor de 500.000 euros para garantizar las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

CONVENIO INCUMPLIDO

Cuando el Ministerio del Interior cerró en el año 2003 la comisaría de la Gavidia por el traslado de la Jefatura de la Policía al nuevo edificio en Blas Infante ya se apuntó el mal estado en que, supuestamente, aquélla se hallaba, lo cual no fue óbice para que, con Monteseirín como alcalde, el Ayuntamiento le comprara el edificio al Ministerio a cambio de 9,9 millones de euros más la entrega de cinco parcelas valoradas en 2,3 millones. En total, una operación de 12,2 millones en que, como contrapartida, el Gobierno de la nación se comprometía a reinvertir el dinero conseguido en la construcción de cinco comisarías en barrios de Sevilla y en el plazo máximo de cinco años (2010). Estamos en 2015 y es obvio que el Ministerio ha incumplido su compromiso, sin que el Consistorio haya denunciado el convenio pese a la teórica posibilidad de recuperar el dinero y devolverle el inmueble a Interior.

Una de dos: o Monteseirín compró un edificio ya ruinoso al Ministerio aquel 21 de noviembre de 2005, o, presuntamente según los temores de Espadas, entre él y Zoido se lo han dejado arruinar en el decenio transcurrido desde entonces (seis años de gestión del primero; cuatro del segundo).

Otro de los motivos alegados en aquel entonces para justificar la compra del inmueble -comisarías de barrio aparte- era que así se dispondría de un sitio (7.462 m2 de superficie construida) para dotar de equipamientos públicos al Centro, donde prácticamente no había ni hay espacios libres. En tal sentido, en el PGOU de 2006 la Gavidia fue calificada como Sistema General/S.I.P.S.-Sociocultural. Sin embargo, Monteseirín (al igual que luego Zoido) no invirtió en convertir la antigua comisaría en sede de equipamientos para los vecinos del Casco Antiguo y la dejó abandonada a su suerte mientras que en paralelo gastaba del orden de 120 millones de euros en levantar a 700 metros las Setas de la Encarnación y a costa del dinero destinado en el PGOU a las infraestructuras de los futuros barrios de la ciudad.

PÉSIMO EJEMPLO

Si el Ayuntamiento demuele un Bien de Interés Cultural tras haber propiciado con su abandono de diez años su hipotético estado de ruina, ¿acaso su conducta no sería equivalente a la de esos ‘asustaviejas’ que no invierten un euro en conservación para así librarse a la larga de sus inquilinos y poder construir de nueva planta sobre el solar una vez consumados el reconocimiento de la ruina y la posterior demolición?

El BOP de Sevilla ha publicado bastantes acuerdos por los que la Gerencia de Urbanismo expropia de forma forzosa a propietarios de viviendas en ruinas porque sus propietarios han incumplido el deber de conservación. Pero, claro, ¿se va a expropiar a sí mismo el Ayuntamiento en la Gavidia?

El Consistorio está obligado no a demoler, sino a conservar la antigua comisaría en virtud del PGOU de 2006, del Plan Especial de San Martín y de la Ordenanza de la ITE. Y al tratarse de un BIC, esa obligación añadida se la imponen la ley del Patrimonio Histórico, la de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y hasta la ley del Suelo. ¿Cómo explicar que se libren un millón de euros para Artillería y 300.000 para Santa Catalina, que ni es municipal, y cero euros para la Gavidia?

Si el gobierno local omite el deber de conservación al que, por ejemplo, le obliga la ley del Patrimonio (Artículo 14), la Junta de Andalucía tiene la potestad de ordenar la ejecución de las obras necesarias (Art. 15), ejecutarlas de forma subsidiaria con cargo a las arcas municipales (Art. 16) o incluso expropiar la antigua comisaría (Art. 18) para acometer un proyecto de conservación (Art. 21).

Ni siquiera puede Espadas decretar unilateralmente un estado de ruina en este caso, al tratarse de un BIC, u ordenar la demolición sin la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura. Si tal ocurriera tras abrir Espadas este melón, supondría un rotundo fracaso económico (12,2 millones a la basura) y cultural, con el que se mandaría el mensaje de que desde la Administración se pueden descatalogar BIC por capricho de un alcalde o dejarlos arruinarse y demolerlos porque es más importante hacer caja con el patrimonio (su liquidación) que conservarlo.

Sin ‘efecto Zoido’

Zoido logró en 2007 su primera victoria en unas municipales, por 4.242 votos de diferencia y empatado en concejales (15) con Monteseirín, por lo que el pacto de éste con Torrijos le privó de la Alcaldía. Por eso, en 2011 pidió el voto prestado de los cinco distritos que habían sostenido al PSOE cuatro años antes, con el fin de desalojar a los socialistas tras los escándalos y delirios (Setas) de Monteseirín.

Zoido ganó por mayoría absoluta (20 ediles) porque prometió aquello que todos querían oír y porque atendiendo a su llamamiento tres distritos socialistas (Este, Macarena y San Pablo) le prestaron sus sufragios, frente a dos (Cerro-Amate y Norte) que no lo hicieron pero donde el PP logró grandes avances (4.457 votos más en Cerro y 4.371 más en Norte).

Cuatro años después Zoido ha ganado por tercera vez, pero por una mayoría insuficiente de 12 ediles, tras perder 59.782 votos, que muy probablemente le privarán de la Alcaldía frente al pacto de la izquierda. Ha tenido suerte, ya que si la izquierda radical hubiese concurrido en candidatura única en vez de en tres listas (Participa, Ganemos y Equo), sus 45.518 votos habrían dejado al PP con once ediles (empatado con el PSOE) y a aquélla con cuatro.

A derecha e izquierda

En una corporación con dos concejales menos (31), Zoido ha perdido tres por el centro-derecha que representa Ciudadanos, en cuyos brazos y/o la abstención (ha habido 20.000 votantes menos) se han arrojado los desencantados con el PP; y otros tres por la izquierda, fruto de la devolución del voto prestado en distritos rojos cuatro años atrás. Sólo ha retenido uno de ellos, San Pablo-Santa Justa, pero con 5.888 votos menos que entonces, y ha devuelto al PSOE el distrito Este (-7.142 votos) y Macarena (-6.285).

Por ende, en los distritos tradicionalmente del PP, en que ha ganado, ha obtenido peores resultados incluso que en 2007, con la excepción de Bellavista, con 43 votos más que hace 8 años. Sus distritos le han dado menor apoyo que en su primera victoria: 12 puntos menos en Casco Antiguo; 10 menos en Los Remedios; nueve menos en Nervión; 18 puntos menos en Sur y 8 menos en Triana.

Zoido ha tenido la mayoría más absoluta y la ha dilapidado. ¿Por qué? Porque no ha respondido a las grandes expectativas que suscitó. Basta comparar el programa del PP en 2011 con la realidad para ver su enorme grado de incumplimiento.

Promesas

Prometió convertirse en el alcalde del empleo e incluso creó una Delegación de tal nombre para a continuación alegar que el Ayuntamiento carecía de competencias o presentarse como el alcalde de la menor destrucción de empleo sin importarle manipular los datos. Dijo que con Monteseirín se habían destruido 40.000 empleos (fueron 31.378) y que con él sólo 4.000, diez veces menos (pero eran 8.507).

Prometió presentar un plan municipal de empleo a la vuelta del verano de su primer curso, del que nada más se supo, y desoyó la petición de que al menos hablara con las grandes empresas para tratar de paliar la situación, pero sólo recibió a Heineken, Persán, Renault y Cobre las Cruces al final de su mandato, que cierra con 85.196 parados, tras ver que se habían reunido en San Telmo con Susana Díaz.

Prometió 4.000 viviendas para los 17.000 sevillanos demandantes, a razón de 1.000 anuales, con las que podía haber revitalizado el sector de la construcción, pero no ha hecho ninguna.

Prometió una treintena de aparcamientos y no ha hecho ninguno, salvo empecinarse en el único que no podía por vulnerar el PGOU: el de la Alameda.

Prometió acabar con los arboricidios de Monteseirín y perpetró el de Almirante Lobo, podas primaverales de naranjos aparte.

Prometió un nuevo Palacio de los Deportes en Los Bermejales, con pistas de nieve artificial incluidas, y en su lugar cedió los terrenos para una escuela privada de golf.

Prometió arreglar la cuestión de Ikea en dos meses y dos años después todavía no se había enterado de la obligación legal del Ayuntamiento de deslindar las vías pecuarias de San Nicolás Oeste: los dos meses serán seis años.

Prometió que Altadis no se llevaría un duro de Sevilla y le ha preparado un convenio a la carta para que dé un pelotazo de 35 millones de euros.

Prometió parar la torre Pelli y la defendió ante la Unesco.

Defecto Monteseirín

Fomentó la imagen de boicot permanente de la Junta a Sevilla y fracasó allí donde la Junta no pintaba nada y era su proyecto estrella, para el que bastaba una orden en el BOE y levantar una valla con que captar cien empresas que generarían 1.000 millones de euros: la Zona Franca.

Para tratar de justificarse, alimentó la leyenda de que halló una deuda oculta de 400 millones (¿?) en el Ayuntamiento, hasta los 790 millones, y de que por Eso sólo ha tenido tiempo de sanear las cuentas. La deuda del Consistorio era de 502 millones y la previsión es que quede en 500,5 millones a fin de año. La de las empresas municipales era de 143 millones y quedará en unos 54 millones. Habrá reducido unos 90, sobre todo en Tussam y Lipasam para así garantizarse la paz social en las empresas públicas.

Con 12 ediles, Zoido devuelve al PP a 2003, en la demostración de que el efecto Zoido fue realmente el defecto Monteseirín. Una vez que éste y Torrijos salieron del Ayuntamiento, Zoido no supo qué hacer con todo el poder en sus manos. Era un líder para la oposición, pero no para la gestión.

De la SE-35 a la SE-20

Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.

Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…

Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.

INTERESES PRIVADOS

Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.

En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.

CRUZANDO EL PARQUE

Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.

Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.

Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.

SIN REVISIÓN

Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.

En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.

Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.

DINERO DE LOS BARRIOS

En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.

Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud  del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.

A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.

El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

FRENAZO DE BRUSELAS

En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.

Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.

La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.

Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).

Como decía  Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.