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El Ayuntamiento impone 22 multas al club Pineda por actividades ilegales

La Dirección General de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla ha impuesto al Real Club Pineda, considerado el más elitista de la ciudad, veintidós sanciones de 1.501 euros cada una, que suman un total de 33.022 euros, por la vulneración de la normativa ambiental en la realización de actividades vinculadas a instalaciones construidas en los últimos años y tras desestimar las alegaciones presentadas por la entidad privada. Esta tiene la posibilidad de presentar un recurso para tratar de evitar el pago de las multas.

El nuevo gobierno municipal, presidido por el socialista Juan Espadas, se ha limitado a aplicar el expediente sancionador incoado y notificado al club Pineda el pasado mes de febrero, durante el mandato de Zoido (PP) como alcalde y una vez evaluado el informe emitido por la sección de Disciplina Ambiental.

Las sanciones impuestas son a consecuencia del desarrollo de actividades sin la presentación ante el Ayuntamiento de la Declaración Responsable o sin contar con la correspondiente licencia, y tras considerarse como carentes de legalización las actuaciones que se desarrollan en los siguientes sitios: seis pistas de pádel; dos pistas de futbito; la tribuna y el bar de la zona del hipódromo; las pistas de pádel, tenis y frontón de las Pistas de Tenis; el bar, el cuarto de palos y la nave almacén de palos del Campo de Golf; el bar, el vestuario infantil, el picadero cubierto y los boxes antiguos de los Boxes Antiguos; las naves de mantenimiento, la gasolinera y la nave de almacén de paja y semillas.

Además se imponen sanciones por la Tribuna del Hipódromo, tanto porque incumple las dimensiones de los pasillos y salidas en la distribución de los asientos como, pese a ser de madera, no aclararse la clase de reacción al fuego ni su adecuación a la normativa actual.

Y, asimismo, por tres infracciones relacionadas con el Bar del Hipódromo: se desconoce la potencia instalada, dato fundamental para determinar si debe ser considerado local de riesgo especial; no dispone de instalación automática de extinción y el revestimiento del techo incumple lo dispuesto sobre la reacción al fuego.

El Ayuntamiento razona que el global de los 33.022 euros de sanción obedece a criterios de “gravedad, trascendencia de la infracción y daños que pudiera causar al medio ambiente, puesto que tener abierta una actividad sin control municipal puede dar lugar a otros presupuestos de hechos, que por sí solos, constituyen infracciones graves, como, por ejemplo, cualquier perjuicio ocasionado a las personas y al medio ambiente”.

El gobierno local ha acordado también mantener la suspensión de las actividades no legalizadas, como medida restablecedora de la legalidad. Igualmente,  advierte que la clausura es inmediatamente ejecutiva desde la notificación de esta resolución y que, de no cumplirse voluntariamente, se procederá a su ejecución forzosa mediante precinto.

Igualdad

Zoido se ganó el aplauso fácil de la claque de los asentamientos ilegales que, al reclamo de su llamada, acudió al salón de Plenos cuando aquél anunció que nadie pagará las multas impuestas por Urbanismo a un número indeterminado de vecinos y que oscilan entre los 18.000 y los 90.000 euros. El anuncio del alcalde-juez de que a partir de ahora hay barra libre con las multas es para llevarlo de forma permanente en la cartera a fin de mostrarlo cuando haya menester. Si los residentes en El Gordillo, Vista Hermosa y Camino de los Rojas son amnistiados por Zoido, ¿por qué deben pagar una sanción los dueños de los bares que ponen más veladores de la cuenta, los gorrillas de Bami, los jóvenes de las botellonas y los automovilistas que paran un momentito en doble fila a hacer un mandado, colectivos a los que el alcalde aplica todo el peso de la norma? A partir de ahora, cuando los agentes de la (dejación de) Autoridad traten de imponer nuevas multas, cualquier sevillano puede invocar el anuncio de Zoido en el Pleno: todos iguales ante la ilegalidad, ya que no ante la ley.

 

‘Marbellización’ de Sevilla

El grupo Popular que sostiene al gobierno de Zoido está pretendiendo decretar un singular estado de excepción urbanística por el peligro de perder los votos de los residentes  en parcelaciones y/o asentamientos ilegales sobre suelo no urbanizable conocidos como El Gordillo, Camino de los Rojas y Vista Hermosa, para lo cual quiere suspender no los derechos de estos ciudadanos, presuntos infractores de la ley, sino los del propio Ayuntamiento a culminar los procesos sancionadores que les ha incoado.

Decía Agnelli, patrón de la Fiat, que el peatón que se sube a un coche ya no piensa como peatón, sino como conductor. La metamorfosis de Zoido es de similar naturaleza: desde que se subió al carro de la política ya no piensa como lo que fue, un juez que aplicaba las normas conforme al adagio ‘dura lex, sed lex’ (la ley es dura, pero es la ley), sino como un político a la caza de votos con el populismo por bandera.

El alcalde acudió en febrero a El Gordillo, donde Urbanismo ha incoado un número indeterminado de expedientes sancionadores a viviendas ilegalmente construidas sobre suelos no consolidados y con propuestas que implicarían sanciones de 18.000 a 90.000 euros y/o el derribo de las casas al margen de la normativa. Zoido, sin embargo, convirtió la ley en papel mojado cuando para ganarse a los residentes les prometió que paralizaría las sanciones y elevaría la propuesta a Pleno.

MORATORIA LEGAL

Varios días antes de que trascendiera que la Justicia había condenado a una pareja a tres meses de cárcel por construir de forma ilegal una casa de ladrillo de 45 m2 en un campo de Alcalá de Guadaíra pese a que la demolieron antes del juicio, el grupo del PP registraba en el Ayuntamiento una propuesta que, dado su tufo de ilegalidad, hubo de autoenmendarse jornadas después tras la advertencia del secretario.

Aunque trocó el texto de facultar al delegado de Urbanismo a ejecutar el contenido de un proyectado acuerdo a que aquél estudiara sólo la posibilidad de aplicarlo, el sentido de la iniciativa no dejaba de ser el mismo. El grupo de Zoido realiza una interpretación ‘sui generis’ del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que la Junta, que pese a tener las competencias desde hace 30 años y teledetección espacial vigilando el territorio hizo la vista gorda ante los miles de viviendas y urbanizaciones levantadas ilegalmente sobre suelo no urbanizable (rústico), trataba de regularizar esta trama surgida en plan salvaje Oeste.

Según el PP, como el Ayuntamiento ha iniciado actuaciones para la redacción del Avance de Planeamiento en Suelo No Urbanizable y ello permitirá considerar la identificación y localización de los núcleos de asentamientos existentes y las posibilidades de implantación de servicios e infraestructuras cuando se incorporen al planeamiento urbanístico, procede suspender la protección de la legalidad urbanística, así como los procedimientos recaudatorios por las multas coercitivas y sanciones impuestas a las edificaciones existentes en los asentamientos citados o, en todo caso, durante 30 meses si antes no se aprueba el Avance.

RESTO DEL MANDATO

Treinta meses….. Como a Zoido le quedan 24 de este mandato, con esta iniciativa se garantiza los presumibles votos de todos sus beneficiarios, aunque ello signifique poner en almoneda el Estado de Derecho y un trato discriminatorio a la inmensa mayoría de los sevillanos que han comprado legalmente unas viviendas encarecidas porque sus constructores les han repercutido los costes de la legalidad urbanística: tasas por licencias, cesiones de suelos y de aprovechamientos, urbanización de los terrenos, acometidas de agua, luz, gas y teléfono, alcantarillado, iluminación… La propuesta del PP de Zoido consiste, en resumen, en un urbanismo a la carta, con quebranto de los mandatos legales.

Ignora que la Audiencia Provincial dictó en  febrero una sentencia según la cual todas las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable de la provincia deben ser demolidas pese a que el Ayuntamiento haya puesto en marcha un intento de reclasificación del suelo basándose en el Decreto de la Junta que trata de regular la situación de las edificaciones erigidas en suelo no urbanizable, ya que “no legaliza las edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico”.

DOCTRINA JURIDICA

La doctrina de la Audiencia es que, al contrario de lo que supone la iniciativa del PP, “no se puede aceptar que desaparezca la punibilidad por la posibilidad de que una modificación del planeamiento modifique la calificación del suelo…. Esta interpretación -añade- conduciría al absurdo, puesto que en el terreno de la hipótesis de trabajo, toda calificación es susceptible de modificación por decisión del legislador o de la Administración competente en materia urbanística, por lo que este elemento ha de referirse necesariamente a la ilegalidad de la edificación en el momento en que se realiza”.

En Sevilla, si se han incoado  expedientes sancionadores es por las infracciones cometidas; el Decreto de la Junta no reconoce el régimen jurídico urbanístico ni faculta a suspender la protección de la legalidad, y no hay una sola ley (superior en rango a un decreto) que obligue a detener la tramitación de un proceso disciplinario, reglado por otra parte. No obstante, ya hemos visto infinidad de veces que por intereses políticos los expedientes se guardan en un cajón hasta que caduquen y prescriban incluso las infracciones y las sanciones. Probablemente es lo que acabará ocurriendo, porque éste es el país de los hechos consumados.

La moción del PP, tan explícita, nos demuestra que en materia urbanística Sevilla se aproxima peligrosamente a Marbella.

La pareja

Aviso a navegantes, o más apropiadamente, a automovilistas. Demetrio Cabello, el Charles Bronson municipal,  ya tiene circulando por las calles de Sevilla a sus dos coches ‘ponemultas’ a la misma vez, como habría dicho el que decirlo solía: el viejo, que estaba la mitad del tiempo estropeado en el taller, y el novísimo, del que dicen incorpora los últimos adelantos en detección para que ningún vehículo escape a su ojo de Polifemo. Cuentan que pese a sus múltiples averías y períodos de inactividad, el ‘ponemultas’ original cazó el año pasado a 31.322 infractores de las Ordenanzas de Tráfico. A razón de 200 euros por conductor pillado ‘in fraganti’, la Hacienda municipal ingresó 6.264.400 euros gracias al dichoso cochecito. Un negocio redondo y tan bizcochable que la Dama de Hierro, Asunción Fley, se olvidó del plan de ajuste y de las tijeras de los recortes y decidió darle un hermanito para que el ‘ponemultas’, como Adán antes de tener su media costilla, no se sintiera tan solo. Ahora hay una pareja rondando por Sevilla y no es precisamente de la Guardia Civil.

Todos multados en dos años

Aprovechando las vacaciones, el Ayuntamiento ha cambiado la disposición de las plazas de aparcamiento de la zona azul en Marqués de Paradas, por lo que los vehículos que antes aparcaban en cordón ahora deben hacerlo en batería. Pueden estacionar unos 60 coches más, con el consiguiente incremento de recaudación para la empresa municipal (Aussa) que gestiona la zona azul, pero a costa de ocupar uno de los carriles de esta arteria que canalizar el tráfico hacia Torneo, la Cartuja, el Aljarafe y Huelva y que ahora se queda con tres carriles en vez de cuatro.

Las consecuencias para el tráfico se apreciarán mejor en septiembre, con la ‘rentrée’, pero para la calculadora municipal no hay vuelta de hoja: 60 plazas más en esta zona azul significan 21.900 más al año, que en función de la rotación de los vehículos por tramos horarios se pueden multiplicar por cifras de hasta dos dígitos.

 

Aunque con la crisis el tráfico ha caído en Sevilla alrededor de un 30%, y el calor y las vacaciones dejan semidesiertas muchas calles, no es ésta la percepción de la Policía Local, que argumentando “la saturación de vehículos estacionados irregularmente”, según reveló Chema Rodríguez, está aprovechando el estío para aplicar un nuevo método de control y sanciones: batidas por cada distrito de dos grúas y un patrullero para actuar conjuntamente e ‘ipso facto’ en la imposición de la multa y la retirada del vehículo mal estacionado hasta el depósito municipal.

A estas medidas hay que añadir las adoptadas previamente a lo largo del año:

1) La compra de 140 ‘Blackberry’ de última generación, provistas de impresoras portátiles, conectadas con la base de datos del Ayuntamiento y de la DGT y dotadas de cámaras fotográficas de alta resolución. Con estos aparatos se multiplica la productivicad sancionadora de los policías locales, que ya no tienen que perder tiempo llamando a la emisora municipal para recabar datos de los coches. Los agentes teclean el número de la matrícula, les aparecen todos los datos del propietario, toman la foto del coche mal aparcado y hasta imprimen sobre la marcha la multa y dejan una copia en el parabrisas, o una pegatina en el suelo si interviene la grúa para retirarlo.

2) La adquisición, por 60.000 euros, de un segundo coche ‘ponemultas’ con el programa informático más avanzado del momento, con lo cual la Policía podrá tener dos vehículos de este tipo batiendo las calles de la ciudad y multando instantáneamente, ya que su sistema está conectado con las bases de datos. Pese a que por sus numerosas averías el primer coche ‘ponemultas’ estuvo fuera de servicio durante meses el año pasado, el vehículo puso él solo 28.816 sanciones, frente a las 110.593 de toda la plantilla de la Policía Municipal. Con dos coches a pleno rendimiento se puede sustituir a medio cuerpo policial o incrementar en al menos un 50% la imposición de sanciones.

3) Recuperación  de ocho cámaras de videovigilancia, distintas de las del Plan Centro, para instaurar el sistema de foto-control de semáforos en rojo y retratar a los vehículos que se los salten. Se instalarán en las vías de mayor circulación y, por lo tanto, con mayores posibilidades de multar a los infractores: Avenida de Carlos III, en la isla de la Cartuja (dos cámaras), Ronda del Tamarguillo (otras dos), Avenida Alcalde Luis Uruñuela (dos más), Kansas City y Avenida Alberto Jiménez Becerril.

4) Rescate de las cámaras del Plan centro para, con el refuerzo del coche ‘ponemultas’ y una grúa en exclusiva, vigilar la ampliación de la red del carril-bus, que se ha empezado por la Avenida Ramón y Cajal, y sancionar a los automovilistas que no respeten el vial reservado al transporte publico.

La consecuencia previsible de esta ofensiva ‘por tierra, mar y aire’ contra los infractores será el incremento de las multas de tráfico en Sevilla capital, que en los últimos años han registrado la siguiente evolución:

Año 2007: 111.009 multas.

Año 2008: 117.922

Año 2009: 173.213

Año 2010: 117.361

Año 2011: 160.785

 

Tan previsible es que hasta el Ayuntamiento de Zoido ha calculado un 42% más de ingresos por sanciones a los conductores, al pasar de los 17,7 millones de euros/año que contemplaba Monteseirín a 25,2 millones para 2012. A este dinero se le suma otra estimación de 1,2 millones por infracciones al resto de Ordenanzas Municipales, lo cual arroja una cifra total de 26,4 millones de euros. Para llegar a este objetivo, el Ayuntamiento necesita recaudar cada día una media de 72.328 euros en multas, a razón de 50 euros por minuto.

Las previsiones se van a superar con creces  si se tiene en cuenta que, a pesar de la huelga de ‘bolís caídos’ que mantuvo en primavera la Policía Municipal, entre enero y mayo se habían tramitado por todo tipo de infracciones 149.938 multas, a una media de 1.000 diarias. A este ritmo, Zoido multará a todos los sevillanos por cualquier motivo en sólo dos años, cuando llegue al ecuador de su mandato, y todavía tendrá ocasión de volver a multarlos en una segunda vuelta durante sus dos últimos años como alcalde.

Naturalmente, el Ayuntamiento niega cualquier afán recaudatorio por este zafarrancho de cámaras, ‘Blackberry’, coche ‘ponemultas’, grúas y patrullas policiales. Demetrio Cabello, el delegado de Movilidad, ha declarado que sólo cumple con su deber y que frente a la “ciudad sin ley del PSOE nosotros queremos una ciudad ordenada”.

Lo curioso en toda esta estadística es que en el primer cuatrimestre del año las multas a los ‘gorrillas’ habían caído en un 93,6%. ¿Acaso porque son insolventes?

 

La tasa

Como según el Charles Bronson municipal, Demetrio Cabello, el Ayuntamiento no tiene afán recaudatorio, en el intervalo de los tres minutos que median entre una multa de tráfico y otra se ha inventado la ‘tasa de acompañamiento’, otro ‘feliz’ hallazgo de la verborrea tecnocrática. El nuevo sablazo municipal se aplica a todo colectivo que ocupe la vía pública en actitud reivindicativa o lúdica (como si no existiera el constitucional derecho de manifestación y reunión) y que, en opinión del Gran Hermano que nos vigila desde la Plaza Nueva, precise de escolta policial, no se vaya a desmandar. Por cada hora de un guindilla siguiendo a quien no se lo ha pedido y que además le ha pagado el sueldo previamente con sus impuestos, ¡zas!, 35 euros de mordida municipal. A la marcha ciclista del domingo le quisieron clavar 3.000 euros, más que lo que valían las bicicletas, y previamente intentaron aplicarle la tasa sin tasa hasta a los patinadores y los domingueros del Parque del Alamillo. Y, mientras, Zoido, incapaz de cobrarle las deudas tributarias al Sevilla y al Betis.

Bolis caídos

Ahora que la torre Pulido o Monteseirín, que como padres intelectuales (es un decir) o financieros del rascacielos merecen dar el título antes que Pelli, el cual hace de ‘albañil’ como Pellón en la Expo, ahora que -decía- supera la Giralda, Urbanismo se percata de que imita a la de Pisa y se inclina más de la cuenta. Vamos, que la han movido un metro y ha invadido el viario público. Pulido se lo ha puesto a huevo a Zoido para que le pare las obras sin costarle ni 200 millones ni un solo euro al Ayuntamiento sino gratis total hasta que no la retranquee un metro para dentro, lo que equivaldría a tener que derribarla para rehacerla de nuevo fuera del dominio público, y encima ponerle un multazo de Icomos y señor mío para que se entere de lo que vale un alcalde con un par. Pero, pelillos a la mar.  El Consistorio dice que, total, por un metro (ojo, a multiplicar por 178 de alto más la anchura) que le quite la torre al suelo, unido a lo ya quitado a los cielos que perdimos, no va a sancionar a Caixasol. No son sólo los policías quienes están en huelga de bolis caídos.

Yogures municipales

Cuenta Chema Rodríguez, haciéndose eco de una denuncia del sindicato policial, que la dejadez del Ayuntamiento a la hora de adaptarse a los cambios legales en materia de tráfico podría provocar la anulación de miles de multas, por un defecto de forma al haberse usado durante meses formularios caducados en vez de los nuevos. Y añade: “las diferencias entre unos y otros apenas son perceptibles, aunque las hay”. El Servicio de Multas, sin embargo, pasa por alto la caducidad y da validez a las multas del último período. Se limita a aplicar la doctrina vigente en el Ayuntamiento, pues no en vano al frente del mismo (es un decir) hay un alcalde que figura como tal a pesar de que hace meses que está tan caducado como los formularios de la Policía Municipal: desde que Griñán lo defenestró por medio del famoso teletipo de Europa Press. Parafraseando a los guindillas, las diferencias entre un alcalde que se siente con mando en plaza y otro más caduco  que un yogur apenas son perceptibles, pero las hay. La principal, que el caducado está más agrio que de costumbre.

El alcalde, sin margen para más ingresos

Aplica ya prácticamente el tope máximo que le permite la ley en los cinco principales impuestos

En los diez años que lleva de mandato duplicará el coste del recibo del IBI que pagan los sevillanos

Trata de hacer caja con las multas de tráfico, cuya recaudación ha multiplicado por cinco en sólo dos años


Ha anunciado  la supresión de servicios por falta de fondos

Diez años después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía, el Ayuntamiento de Sevilla se halla en una más que delicada situación financiera, con una deuda de 493 millones de euros según el Banco de España, una mengua de 52 millones de euros en las transferencias del Estado por efecto de la crisis económica, el arrastre del déficit de ejercicios anteriores, con Lipasam y Tussam prácticamente en quiebra y sin apenas poder incrementar la capacidad recaudatoria municipal porque roza, cuando no aplica ya, los tipos máximos impositivos que le permite la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La asfixia económica en que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla un decenio después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía es tal que él mismo ha anunciado que peligran algunos servicios municipales, y ello pese a que el Consistorio socialista ha exprimido casi al máximo las posibilidades recaudatorias que le otorga la ley y a que los sevillanos son, comparativamente, los habitantes de las grandes ciudades españolas que más impuestos pagan por ser propietarios de una vivienda.

El sevillano que haya tenido la sabia precaución de archivar los justificantes de pago de sus impuestos podrá comprobar que desde el ejercicio del 2000, el primero en que entraron en vigor unos Presupuestos Municipales con Monteseirín como alcalde, hasta el año 2009 el recibo del IBI se le ha incrementado en un 90% en números redondos.

La base imponible de este impuesto es el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando Hacienda autoriza su revisión, la base imponible sube en un 100% y el incremento se aplica gradualmente durante un decenio, a razón de un 10% anualmente. El 2010 será el último año de aplicación de la subida (el 10% restante) para completar la duplicación del coste del recibo.

Morosos y multas

Ahora bien, los tipos impositivos del IBI pueden ser incrementados o reducidos por los Ayuntamientos en los supuestos y dentro de los límites fijados por la ley reguladora de las Haciendas Locales. La norma permite aplicar un tipo impositivo sobre la base imponible que oscila entre el 0,4% y el 1,1%. El Ayuntamiento de Sevilla aplica un 0,847% desde el año 2002. Otros ayuntamientos, como el de Cádiz, han logrado una congelación práctica del IBI a través del tipo impositivo aplicable.

En la delicada situación financiera en que se halla el Consistorio sevillano, a Monteseirín aún le queda un último pero impopular recurso: incrementar el tipo impositivo del IBI hasta ese máximo legal permitido del 1,1%, lo que supondría un nuevo ‘catastrazo’ en el bolsillo de los sevillanos.

Consciente del efecto electoral ‘boomerang’ que podría tener esta hipotética medida de urgencia para el PSOE en las elecciones municipales de 2011, Monteseirín ha dado orden a la Delegación de Hacienda de que haga lo imposible por cobrar los 45 millones de euros que en conjunto adeudan millares de contribuyentes al Ayuntamiento por diversos conceptos desde hace 15 años, pese a que la Oposición estima que muchas de esas deudas han prescrito.

Otra de las medidas para engrosar como sea las arcas municipales es incrementar en lo posible las multas por infracciones de tráfico y, en especial, por aparcar en doble fila. El famoso coche ‘ponemultas’ y el comando especial de la Policía Local denominado ‘Blackberry’, por haber sido equipados con tecnología de última generación para imponer sanciones con la mayor fiabilidad y celeridad, son dos exponentes de la nueva política municipal, que está dando sus frutos. En tan sólo dos años, el Ayuntamiento ha pasado de recaudar 2,5 millones de euros por sanciones a los automovilistas a 11,3  millones de euros: casi cinco veces más.

Topes máximos

Otra de las opciones que tiene el alcalde de hacer más caja es sello del coche. Se trata de un impuesto directo y real que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica de cualquier clase y categoría, aptos para circular por las vías públicas. La ley de Haciendas Locales fija un cuadro de tarifas en función de la potencia fiscal y clase de vehículo. Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas fijadas en dicho cuadro aplicando unos coeficientes en función de la población de derecho de su municipio. El coeficiente máximo en el caso de Sevilla es el 2% y el Ayuntamiento ya aplica un 1,82%, por lo que el margen de maniobra que le queda es muy escaso.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el aumento de valor que los terrenos urbanos hayan experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, siempre que tal aumento se ponga de manifiesto como consecuencia de su enajenación o de la limitación de su dominio, ambas a título oneroso o lucrativo.

La base imponible es el incremento del valor de los terrenos, que se calcula aplicando sobre el valor catastral del suelo en el momento del devengo un porcentaje a fijar por cada Ayuntamiento que varía en función de la población de derecho del Ayuntamiento y de los periodos de revalorización de los solares, y que se sitúa entre un mínimo del 2 por 100 y un máximo del 3,7 por 100. Sobre esta base se aplica un tipo impositivo fijado por cada Ayuntamiento cuyos límites oscilan también en función de la población de derecho del municipio entre un mínimo del 16 por 100 y un máximo del 30 por 100. Pues bien, el Consistorio sevillano ya aplica el tope máximo.

El  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tiene un carácter indirecto y  grava la realización dentro del término municipal de aquellas actividades enunciadas en su denominación que requieran licencia municipal, haya sido expedida o no ésta. La base imponible está formada por el coste de la operación gravada. El tipo impositivo básico es del 2 por 100, incrementable por los Ayuntamientos hasta un máximo del 4 por 100 en función de la población de derecho del municipio. En este caso, la Corporación hispalense también aplica el máximo permitido por la ley.

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de carácter directo,  se exige por el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. La cuota tributaria resulta de aplicar las tarifas del Impuesto. Las tarifas mínimas se aprueban por Real Decreto y sobre ellas los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente en función de la población de derecho del municipio, e independientemente pueden aplicar una escala de índices que pondera la situación del local comercial en función de la categoría de la calle en la que radique. En Sevilla hay recargos por cinco categorías de vías públicas y el Ayuntamiento ha fijado también el máximo legal, por lo que carece de margen de maniobra.

Con este panorama, al Consistorio sólo le queda prácticamente incrementar ingresos por la vía de las tasas municipales (hay 29), un método tampoco muy popular, ya que el contribuyente percibe con nitidez el efecto de las subidas en su bolsillo.

LOS ‘AGUJEROS’ CONDICIONAN

EL PRESUPUESTO DE 2010

Los Ayuntamientos presididos por Monteseirín baten records de retraso en la aprobación de los Presupuestos. Los del año 2009 vieron la luz en abril con la excusa del Plan ‘E’, aunque ello no fue óbice para que corporaciones de otras grandes ciudades beneficiarias también del plan de reactivación de Zapatero los tramitaran en tiempo y forma. Igual está ocurriendo este año, ya que se prevé que las cuentas municipales no se aprueben hasta la primavera, máxime cuando la Delegación de Hacienda deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar los números.

El problema de fondo radica en que los gastos de la Corporación son más o menos fijos (más bien más que menos) mientras que los ingresos son variables y dependen en buena medida de las transferencias estatales. El punto de partida son 52 millones menos de dinero aportado por el Gobierno de la nación por causa de la crisis y la caída de recaudación en las arcas del Estado.

Siguiente hándicap: el Ayuntamiento arrastra un déficit de 87 millones de euros del ejercicio de 2008 y la Ley le obliga a realizar un plan de saneamiento para reducirlo en el plazo de tres años, ya que en caso contrario quedaría bajo la tutela económica de la Junta de Andalucía. Así pues, en los Presupuestos de 2010 debe ahorrar un tercio de ese déficit: 29 millones de euros.

Se estima que por el hundimiento del sector inmobiliario, la Hacienda municipal podría dejar de ingresar unos 7 millones de euros por los impuestos relacionados con el mundo de la construcción y las plusvalías de los terrenos.

Y, por ende, el Ayuntamiento deberá afrontar los déficits generados por las empresas municipales. Tussam podría acabar el ejercicio 2009 con un ‘agujero’ superior a los 50 millones de euros, y Lipasam tiene pendiente de ejecución un plan de saneamiento por unos 30 millones. En esta senda de pérdidas se hallaría ya Giralda Tv, que precisaría de una financiación añadida de 1,5 millones de euros.

En esta situación de caída general de ingresos y arrastre de déficits, a la Corporación sólo le queda recortar gastos allí donde pueda. La primera víctima del tijeretazo municipal ha sido la Real Orquesta Sinfónica: mientras las demás Administraciones mantendrán sus aportaciones para el año 2010, el Ayuntamiento ha recortado su contribución a una de las señas de identidad culturales de la ciudad.

Caducidad

El Ayuntamiento ha ordenado a los policías locales que  sigan cursando multas  de tráfico pese a que los boletines estén caducados. Al parecer, se imprimieron con referencias a unas normas que ya han perdido su vigencia, por lo que a juicio de los agentes las multas podrían ser recurridas al ser nulas de pleno derecho: invocan una normativa prescrita. Por esta vez, y sin que sirva de precedente, creo que el Consistorio es quien tiene razón. Verán por qué. ¿No está acaso funcionando –es una licencia periodística- el Ayuntamiento con un alcalde al que Pepe Griñán declaró caducado, como los yogures, a finales del año 2009? Sabemos que el (sin) alcalde ya no pinta nada, aunque todos disimulamos y hacemos el paripé como si se creyéramos lo contrario, para no darle más sofocones al pobre, que por eso necesita viajar tanto, para huir de su depresión. Y, que se recuerde, Griñán ni siquiera utilizó un boletín homologado del PSOE, ni esperó a los tiempos reglamentarios del partido para enseñarle tarjeta roja a Alfredo. Le bastó un simple teletipo de Europa Press.