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Manuel Marchena, la patronal del agua (AGA) y la polémica por el corte del suministro a las familias

El presidente institucional de la Asociación de Empresas de Servicios de Agua (AGA), Manuel Marchena, el cual dejó tras de sí una amplia lista de escándalos en su etapa como gerente de Urbanismo y de Emasesa (Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla), ha publicado en Diario de Sevilla una tribuna con el título ‘Agua: ¿ayudar o confundir?’ y el antetítulo ‘El autor recalca que su asociación quiere ayudar a familias vulnerables’ (domingo 19 de abril de 2020, página 44), en la que dice mantener una relación permanente con el Ministerio para la Transición Ecológica.

A continuación añade una larga parrafada que no tiene desperdicio por lo que vendrá después: “En esa dinámica, y con el propósito de preservar la indispensable solidaridad con las familias vulnerables, hemos propuesto ajustes a los decretos que afectan al servicio, y alguna iniciativa legislativa. La solidaridad con las familias vulnerables es una cultura entre las empresas de abastecimiento de agua, y se produce con normalidad, sin necesidad de que haya estado de alarma.

Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos. Y, evidentemente, esa solidaridad sólo puede ser efectiva si los que no necesitamos ayuda soportamos el servicio. Una de las lamentables consecuencias de esta crisis sanitaria es que de forma sobrevenida y en pocas semanas, se han convertido en vulnerables personas que antes no lo eran.

Manuel Marchena, presidente de la patronal del agua (AGA)

Para garantizar, también ahora, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de ese servicio esencial que es el agua, se ha desarrollado la siguiente iniciativa legislativa: ante la saturación de los servicios administrativos, reclamados por la crisis económica subyacente a la sanitaria, se propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre su condición a su compañía. Cada familia decidirá, bajo su propia responsabilidad, si es o no vulnerable y su simple comunicación de esa declaración a la compañía le eximirá del corte por el impago del servicio.

Esta es la realidad de lo que AGA, nuestra asociación, ha propuesto al ministerio. Por eso, resultan sorprendentes e inadmisibles algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias”, algo que, por otra parte, todas nuestras compañías anunciaron que no harían en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie. No es tiempo de crear más incertidumbres a los ciudadanos, ni de asustarlos con noticias inciertas, sino de ayudarlos a sobrellevar esta crisis. Pueden contar con nosotros”.

https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Manuel-Marchena-AGA-Agua-ayudar-confundir_0_1456654645.html

Veamos los antecedentes.

El pasado 2 de abril de 2020, FACUA-Consumidores en Acción publicó una nota del siguiente tenor: “El Gobierno ha atendido otra de las peticiones de FACUA-Consumidores en Acción para proteger los derechos de los consumidores en el estado de alarma. A partir de ahora están prohibidos los cortes de luz, agua y gas a todas las familias durante el estado de alarma, sea cual sea su situación económica….Ya no será necesario acreditar los requisitos de vulnerabilidad económica que se fijaron en el Real Decreto-ley del pasado 17 de marzo para evitar los cortes de suministro. Así lo establece ahora el artículo 29 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

La videoconferencia entre Pablo Iglesias y los representantes de FACUA-Consumidores en Acción

En la reunión celebrada el pasado jueves por videoconferencia con el vicepresidente social, Pablo Iglesias, la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, y su vicepresidente, Rubén Sánchez, le trasladaron que las prohibiciones a los cortes que se habían aprobado planteaban requisitos excesivos e incluso incongruentes. 

Y es que en el Real Decreto-ley de hace dos semanas se establecía que para evitar esos cortes de suministros las familias tenían que reunir las mismas condiciones de vulnerabilidad económica establecidas en 2017 para acceder al bono social e incluso que había que tener contratada la tarifa semirregulada de luz (PVPC) para que a los usuarios no les cortaran tanto ese suministro como los de gas o agua…”

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=15309

El artículo 29 del nuevo Real Decreto versa sobre ‘Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua’ y reza así:

“Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte (de) aplicación en cada caso. 

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia. 

Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso”

El Gobierno de Pedro Sánchez, pues, no condona ninguna deuda pasada contraída con las empresas suministradoras de agua ni incita a los abonados a que no paguen los recibos. Lo único que ordena a las compañías es que no corten a nadie el suministro durante el estado de alarma (sería un riesgo añadido el de no poder beber, cocinar, lavar la ropa ni asearse al del contagio por el virus y se sumaría a los efectos del confinamiento) y a que en caso de impago en el estado de alarma no sea computado este periodo por las compañías suministradoras para que, previo “requerimiento fehaciente del pago”, aquéllas procedan al corte del suministro.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

¿Por qué habla Marchena en su Tribuna de algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias? 

Se refiere a una información exclusiva aparecida en el diario Público el pasado 17 de abril de 2020 con el título ‘La patronal del agua de grifo pide al Gobierno que le permita cortar el suministro a las familias’. En esa exclusiva, Público desvelaba el contenido de una carta fechada el 3 de abril y dirigida por Manuel Jesús Marchena Gómez, en calidad de presidente institucional de la patronal AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, de la que por cierto forma parte Emasesa), a Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, con la que alardea en su artículo en Diario de Sevilla de mantener una relación “permanente”.

https://www.publico.es/politica/coronavirus-patronal-agua-grifo-pide-gobierno-le-permita-cortar-suministro-familias.html

En esa carta, Marchena despotricaba contra el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, como demuestra el siguiente párrafo:

“La indefinición formal de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 supondrá, en la práctica, una invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario. Así pues, es muy importante definir con claridad los supuestos en que el impago está justificado. No pretendemos restringir el acceso a este beneficio sino su estricta acotación, pues nuestra experiencia es que la indefinición conlleva el abuso de quien no lo necesita, lo que incrementaría a muy corto plazo la morosidad. Ello causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua”.

Carta de Manuel Marchena a la vicepresidenta del Gobierno

Así pues, Marchena se inventa que el Real Decreto-Ley es una invitación del Gobierno de la nación a que la gente no pague el recibo del agua y exige que se limite su aplicación sólo a las personas vulnerables económicamente. Y da por hecho que como consecuencia de ese Real Decreto-Ley se va a provocar un grave déficit financiero estructural a las compañías suministradoras.

Marchena dice en su carta que la medida del Gobierno es una invitación indiscriminada al impago

La clave, “flexibilizar los mecanismos” para las empresas de agua

Pero, ¿no alardea Marchena en su artículo de que:

-Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos.

-Todas nuestras compañías anunciaron que no harían (cortes del suministro) en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie?

Marchena, que casualmente se ha olvidado, contra lo que parecería lo más lógico, de colgar en la página web corporativa de AGA esa carta a la vicepresidenta del Gobierno en la que propone iniciativas legislativas para que la conozcan todas las empresas asociadas (Emasesa entre ellas), se pone en evidencia a sí mismo, ya que en su Tribuna en Diario de Sevilla dice todo lo contrario de lo que expone en su misiva a Teresa Ribera.

Según él, propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad económica de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre dicha condición a su compañía suministradora de agua. Sin embargo, en la carta a la vicepresidenta del Gobierno a la que ha tenido acceso el diario Público y que consta de una decena de folios en ningún momento propone que los consumidores acrediten que como consecuencia del coronavirus y del confinamiento han quedado en situación de vulnerabilidad mediante esa simple declaración responsable. ¿Por qué no cuelga en la web de AGA Marchena la carta a Teresa Ribera para acreditar la veracidad de lo que afirma en la Tribuna en Diario de Sevilla?

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y destinataria de la carta

Esa inexistente propuesta a la vicepresidenta del Gobierno es además contradictoria con su afirmación en el artículo citado de que las compañías de agua no van a cortar el suministro “en ningún caso mientras dure el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables”.

¿Para qué entonces la supuesta propuesta de que un usuario se declare vulnerable económicamente a fin de que no le corten el agua si el presidente institucional de AGA está proclamando que no se le va a cortar el agua a nadie en ninguna circunstancia? 

La misiva a la vicepresidenta y el artículo en Diario de Sevilla revelan el doble discurso del personaje, conocido de sobra en Sevilla pero parece que no todavía en el resto de España, y cuál es su auténtica preocupación, que no son los consumidores, por más que acabe su Tribuna diciendo “pueden contar con nosotros”, sino los intereses de la patronal que preside. Sí, el Marchena que alardeaba de izquierdista y de poner palos en la rueda de la Sevilla rancia ahora resulta que va de presidente de toda una patronal. ¿Qué es entonces, palo o rueda? ¿No forma ya parte del establishment?

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/permitido-poner-rueda-Sevilla-rancia_0_1028597242.html

En este sentido, el diario Público dice: “La carta de AGA da por hecho que una de las consecuencias de la pandemia va a consistir en el desplome del negocio del agua de boca municipal, una actividad que genera una facturación de más de 3.500 millones de euros al año, con amplios márgenes para las empresas y elevados costes para el ciudadano en el caso de los privatizados, algo de lo que el Tribunal de Cuentas lleva años alertando en otros servicios municipales como la limpieza viaria y la recogida de basuras. En sintonía con ese planteamiento, AGA propone al Gobierno que adopte una serie de medidas para “garantizar la sostenibilidad del servicio…

(….) Traducida al lenguaje coloquial, las propuestas consisten en abrir la puerta a rescates a cargo del Estado para los servicios municipales de suministro de agua privatizados, con la alternativa de ampliar hasta un 15% la duración de esas concesiones, es decir, el plazo de explotación privada del negocio”.

Marchena le pide a la vicepresidenta que se amplíen los contratos de las empresas del agua

Basta mirar la decena de folios de la carta de Marchena a la vicepresidenta del Gobierno para observar el tamaño de sus preocupaciones, ya que la mayor parte de esos folios están dedicados a pedir que se mejoren las condiciones de las compañías suministradoras de agua, no precisamente de los consumidores, ni los vulnerables ni los no vulnerables.

*Más información, en los siguientes enlaces:

http://www.manueljesusflorencio.com/2010/06/rancio/
Zona de los archivos adjuntos

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-agua-desevilla-costo-millones-201110160000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-emasesa-compro-nuevas-instalaciones-201110180000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/20131030/sevi-agua-grifo-marchena-201310292118.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-marchena-mago-201209170000_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-emasesa-confirma-marchena-autorizo-contrato-primo-alcalde-desconociendo-parentesco-200806040300-1641912760968_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/20140303/sevi-deuda-emasesa-monteseirin-201403022009.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-marchena-bases-datos-oficiales-para-enviar-propaganda-socialista-201003170300-114237772738_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-alcalde-oculto-ediles-turquia-pero-ahora-alega-viaje-oficial-201005010300-140114030999_noticia.html

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-empresario-tuberias-agasajo-alcalde-y-gerente-emasesa-lujos-estambul-201005060300-140130901363_noticia.html

http://www.tecnicosdemantenimientoaeronautico.com/archive/index.php/t-2351.html?s=0c4883fba601df6f79e4365527a0780b

https://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/17/andalucia_sevilla/1313576712.html

Cuatro mil millones más para Cataluña, ochocientos millones menos para Sevilla

El Gobierno de Pedro Sánchez ofrece a la Generalitat 4.000 millones más para infraestructuras mientras trata de ahorrarse los 800 de los túneles de la SE-40

Espadas se equivocó de enfoque: no dijo que con esos 4.000 millones se podrían hacer los túneles y las líneas de Metro pendientes en Sevilla

La actualidad nos ha deparado en los últimos días por un lado la reunión entre el presidente del Gobierno de España (coalición PSOE-Unidas Podemos) y el inhabilitado de la Generalitat catalana, en la que Pedro Sánchez ofreció a Joaquim Torra 4.000 millones de euros más para Cataluña; y, por otro, un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla en el que los socios equivalentes a los del Gobierno central, PSOE y Adelante Sevilla, mostraron su intención de ahorrarle al Ejecutivo de la nación 800 millones de euros en la capital de Andalucía al negarse a reivindicar los túneles de la SE-40 como solución para el paso del Guadalquivir, pese a que fue la elegida y avalada por los técnicos cuando se redactó el proyecto de esta ronda de circunvalación.

El periódico ‘El Economista’ informaba de la reunión entre Sánchez y Torra en los siguientes términos: ” La lealtad y la solidaridad entre territorios no parece que sea el espíritu con el que Pedro Sánchez desembarcó este jueves en Barcelona ofreciendo un chorro de dinero público a Quim Torra. Concretamente, 4.200 millones de euros para Cataluña repartido en inversiones, mejores sueldos para los mossos, mejora y nuevas infraestructuras estratégicas, además de un aluvión de dinero para el Aeropuerto del Prat. (…) Luego, la adición de las inversiones que vienen sujetas al PIB catalán (2.312 millones), al incremento salarial de los mossos, más los 200 millones del déficit inversor, a los 375 millones de la mejora de El Prat, los 681 millones de Rodalies, los 319 millones del Corredor del Mediterráneo, y los 124 millones por arreglo de carreteras ascienden a 4.200 millones de euros.”.

Conforme a la crónica de El Confidencial, Pedro Sánchez se negó a la pretensión de Quim Torra de tratar del derecho a la autodeterminación de Cataluña, pero al final no llegó a Cataluña con las manos vacías. El presidente del Gobierno hizo una oferta económica difícil de calcular, pero de más de 4.000 millones de euros, ya que incluye más inversión pública en Cataluña, un nuevo sistema de financiación autonómica y más recursos para Mossos y TV3. Todo para que Cataluña vuelva a la senda autonomista y renuncie al ‘procés’.Quim Torra ya replicó que estos puntos no se discutirían en la mesa de diálogo…..

(….) Según fuentes económicas consultadas, eso implica que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años, tal y como señala el Estatut. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas. Como Cataluña supone el 19% del PIB español eso supondría unos 4.000 millones más de inversión.

A lo que hay que añadir, según lo publicado luego por El País, que la empresa estatal AENA está dispuesta a invertir 1.500 millones de euros (casi el doble que el coste de los túneles de la SE-40 en Sevilla) en el aeropuerto barcelonés de El Prat para ampliar los vuelos:

https://elpais.com/economia/2020/02/07/actualidad/1581102883_303563.html

Poco tiempo después de encuentro Sánchez-Torra en Barcelona, se celebró en Sevilla el Pleno extraordinario del Ayuntamiento sobre los túneles de la SE-40, en el que por los argumentos vertidos en el debate tanto el PSOE como Adelante Sevilla (suma de Podemos e IU) dejaron en evidencia que para ellos la cuestión no es técnica, ni ecológica, sino puramente económica. La cuestión para las dos fuerzas de la izquierda, que replican en la Corporación hispalense la alianza en el Gabinete de Madrid con la única diferencia de no compartir aún el gobierno local, no es si los túneles son necesarios o no y si formaron parte desde el principio del proyecto de la ronda de circunvalación tras los estudios técnicos, sino su coste y el ahorro que la renuncia a los mismos por un puente (mucho más barato, y sin entrar en consideraciones como su impacto paisajístico y su afección al puerto y a la base del Copero, entre otros) supondría para el Gobierno, ese mismo Gobierno tan pródigo con la Cataluña secesionista. 

Así, el alcalde Espadas afirmó lo siguiente: “¿Se da cuenta de que en la diferencia de coste entre el puente y el túnel puede estar financiar la línea 2 del Metro? El problema no es puente o túnel, sino cerrar el anillo de la SE-40. Le diré a Sevilla Este que podríamos tener una línea 2 de Metro además de la 3 que se plantea entre Pino Montano y Bellavista, pero que la pague el Estado para que no se pierdan los fondos”.

Creo que Espadas se equivocó con su pregunta, porque podría haber planteado la cuestión de esta manera: “¿Se da cuenta de que con los 4.000 millones de euros más que el secretario general de mi partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Cataluña  se podrían construir no sólo los túneles de la SE-40 bajo el Guadalquivir? Le diré a Sevilla Este y a todos los barrios de la ciudad que también se podrían construir TODAS las líneas de Metro pendientes en Sevilla, es decir la 2, la 3 y la 4”.

Por su parte, la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, también redujo el paso del río a una mera cuestión económica -ni técnica ni ecológica- cuando planteó que con el coste de los túneles “se va a hipotecar a las generaciones futuras” (¿?). Según la portavoz de la coalición de izquierdas, con el proyecto actualmente aprobado el coste de los túneles sería de 850 millones de euros, cantidad que a su juicio se elevaría por encima de los mil millones si se incluyen las instalaciones interiores que necesita el paso subterráneo, más unos 12 millones de euros anuales en concepto de mantenimiento, mientras que un puente se quedaría en una inversión “al menos cuatro veces inferior” (se colige de sus palabras que 212 millones). Para Susana Serrano, “eso también es sostenibilidad: calcular si se puede asumir una hipoteca de esa envergadura”.

Así pues, el Gobierno de España sí puede asumir una hipoteca, otra más, superior a los 4.000 millones de euros para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas en Cataluña pero según los representantes de los partidos de izquierda en el Ayuntamiento sevillano no puede asumir una de 800 millones en Sevilla. O Madrid puede tener ya ¡seis! rondas de circunvalación a un coste total al lado del cual los 800 millones de los túneles de Sevilla suponen una minucia, pero la segunda ronda de la capital de Andalucía lleva un retraso superior a un decenio y de la misma sólo se ha construido menos de la mitad (38 kilómetros de los 77,6 del proyecto). 

Espadas dijo en el Pleno que es necesario esperar a los informes que aún elaboran los técnicos sobre el paso del río para la SE-40. ¿Esperar? ¡Pero si los técnicos ya hablaron en su día y dijeron que la mejor solución para salvar el Guadalquivir eran los túneles? Sin embargo, por razones políticas y con el fin de ahorrarse en la sumisa Sevilla 800 millones de euros, que multiplicados por cinco el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está dispuesto a regalarle a la secesionista Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Fomento está revaluando el proyecto para encontrar cualquier coartada con que darle el cambiazo a los túneles por el puente.

Si en la provincia de Barcelona se hubiera redactado un proyecto de ronda de circunvalación para el que los técnicos hubieran dictaminado la necesidad de invertir 800 millones de euros en unos túneles para salvar el obstáculo del río Llobregat o del río Besós, ¿se atrevería siquiera José Luis Ábalos, titular del Ministerio de Fomento o como ahora se llame, a mantener paralizado el proyecto desde hace diez años y a revaluarlo, a ver si en su lugar puede construir un puente de 200 millones sólo porque es más barato? En tal hipótesis, ¿qué habrían votado en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Barcelona los podemitas de Ada Colau y los socialistas de Miquel Iceta? ¿Habrían dicho que los túneles bajo el Llobregat o el Besós debían ser revaluados porque suponían una hipoteca para las futuras generaciones de catalanes o, por el contrario, le habrían endosado esa supuesta hipoteca también al Gobierno de España en virtud del agravio comparativo que sienten los catalanes y por aquello de que España “les roba”?.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, abogó por esperar a pronunciarse sobre la cuestión del paso del Guadalquivir porque “hay que tener en cuenta el impacto que podría tener con los cánones actuales y las nuevas normativas que han entrado en vigor”. Y entonces, ¿por qué Espadas no esperó a la revisión técnica del proyecto de la línea 3 del Metro conforme a esos nuevos cánones y normativas -que es lo que está haciendo el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía- y negoció con el ministro de Fomento del PP que se construyera el tramo entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián? 

Hay una diferencia sustancial empero: el proyecto de la línea 3 del Metro nunca ha pasado más allá del papel, mientras que el de la ronda SE-40 lleva unos tres lustros en ejecución conforme a la normativa vigente en su momento. Si hubiera que aplicar una nueva sería a toda la SE-40 pendiente y no sólo a los túneles, y sin embargo sigue habiendo tramos en obras, en la mejor demostración de que lo de los nuevos cánones no es más que una coartada para ahorrarse los túneles en la sumisa Sevilla (hasta la Plataforma Sevilla Ya ha tirado la toalla) mientras que para Cataluña Sánchez encuentra 4.000 millones suplementarios.

El deseo de cambio influyó más que Cataluña en las elecciones andaluzas de 2018

SONDEO DEL CIS

El 58,4% de los andaluces no quería que el PSOE siguiera gobernando

POLÍTICA NACIONAL

Sólo una cuarta parte valoró más los temas de España a la hora del voto

LIDERES

Pedro Sánchez fue tan valorado como Susana Díaz

 

El sondeo preelectoral sobre Andalucía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), denostado porque por mor de un “exceso de cocina” atribuyó al PSOE entre 45 y 47 diputados cuando luego obtuvo catorce menos, dibujó un panorama que en pura lógica tenía que conducir a los resultados que finalmente se han producido. En los mismos ha influido sobre todo el desgaste del gobierno de Susana Díaz y el cansancio de los andaluces tras 36 años de los socialistas en el poder y en menor medida Cataluña y la política nacional.

Si la política del Gobierno de la nación sobre Cataluña y las alianzas de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes hubieran sido el factor esencial que explicara el resultado del PSOE en las elecciones andaluzas del 2D, el sondeo preelectoral del CIS, cuya recogida de datos concluyó un mes antes de la cita con las urnas, habría reflejado de alguna manera esa inquietud, salvo que los andaluces sean maestros en el arte del disimulo, pero no fue así.

Cuando se les preguntó qué sería más importante para ellos a la hora de votar, el 56,4% respondió que los temas propios de Andalucía, una cifra superior en más del doble a la de quienes daban prioridad a los temas generales de España (24,8%), mientras que un 13,8% valoraba ambos temas por igual.

La influencia del líder nacional del partido a la hora de votar era muy tenida en cuenta por el 23,7%; bastante, por el 39,1%; poco, por el 19%, y nada, por el 9,6%. En este capítulo se habría puesto de manifiesto, siquiera de forma indirecta, el rechazo a Pedro Sánchez por su gestión al frente del Gobierno y este factor podría haber tenido una influencia decisiva en la sangría de votos socialistas en Andalucía.

Sin embargo, cuando se pidió a los andaluces que valoraran la actuación política tanto de los líderes autonómicos como de los nacionales, Pedro Sánchez obtuvo prácticamente la misma puntuación que Susana Díaz (un 4 frente a un 4,1) y que Albert Rivera (otro 4), cuyo partido, Ciudadanos, ha pasado de 9 a 21 diputados en Andalucía.

 

CLAVE ANDALUZA

 

Es por tanto en la valoración por parte de los andaluces de la situación en/de Andalucía, reflejada con creces en el sondeo del CIS, donde hay que buscar las claves del resultado de las posteriores elecciones. Así, la situación económica fue calificada como buena o muy buena por sólo el 5%, frente a un 54,7% que la tachaba de mala o muy mala. Además, un 30,3% estimaba que era todavía peor o mucho peor que hace tres/cuatro años, frente a un 18,8% que la consideraba mejor o mucho mejor.

Similar valoración negativa se otorgaba a la situación política: sólo un 5,9% creía que era buena o muy buena, por un 58,9% que la veía como mala o muy mala. Y en comparación con hace tres o cuatro años, o sea el primer mandato de Susana Díaz como presidenta, sólo un 8,6% pensaba que había evolucionado a mejor o mucho mejor, frente a un 35% que pensaba que era peor o mucho peor.

Asimismo, el problema más importante de Andalucía no tenía nada que ver con cuestiones nacionales. El 62,8% citaba el paro en primer lugar, y el 14,9% la corrupción.

 

GESTIÓN DEL PSOE

 

Cuando se preguntaba por la gestión del PSOE en la Junta de Andalucía en los últimos cuatro años, es decir durante el reciente mandato de Susana Díaz, sólo un 13% la calificaba como buena o muy buena, mientras que un 43,1% la calificaba como mala o muy mala. Y a la pregunta directa sobre la gestión de Susana Díaz como presidenta, únicamente el 15,5% la consideraba buena o muy buena, en contraste con el 43,7%, que la estimaba como mala o muy mala.

 

Tras esta cascada de calificaciones negativas sobre la situación económica y política de Andalucía y la actuación del PSOE y de Susana Díaz, se llegaba a la pregunta clave, cuya respuesta parece la consecuencia lógica de las anteriores. A la cuestión de si tras las elecciones le gustaría que gobernase en Andalucía un partido distinto del que gobernaba entonces (el PSOE), un 58,4% expresó su deseo de cambio y de que gobernara otro partido, más del doble de quienes preferían la continuidad del PSOE en San Telmo (un 24,9%), mientras que a un 10,5% le daba igual.

 

Pues bien, en las elecciones del 2D, el PSOE obtuvo un 27,95% de los votos, apenas tres puntos más que ese 24,9% que confesó en el CIS su apuesta por los socialistas. El resto de los partidos obtuvieron en su conjunto (PP, CS, AA y Vox) un 66,17% de los sufragios, ocho puntos más que el 58,4% que abogó por el cambio tan sólo un mes antes de la cita con las urnas.

 

La conclusión es que el CIS hasta se quedó corto, porque fueron muchos más los andaluces que votaron por opciones distintas al PSOE y que podían acabar en un cambio de gobierno en Andalucía, un cambio motivado esencialmente por la situación de la región tras 36 años con el PSOE en el poder y en escasa medida (el sondeo no lo traslucía) por la situación en Cataluña o la política del Gobierno central.

http://datos.cis.es/pdf/Es3230mar_A.pdf

Trasvase de memoria

Espadas dice que la memoria de los presos de la Gavidia se puede reflejar en la plaza o en San Hermenegildo

La iglesia del antiguo convento no es equiparable en tamaño para equipamiento al de la antigua comisaría

 

Espadas ha defendido en recientes declaraciones a Onda Cero su pacto presupuestario con el PP, que le obliga a recalificar la Gavidia y a venderla antes de fin de año. Ha empleado el eufemismo de que lo mejor es buscar “un socio o aliado de la iniciativa privada” porque rehabilitar y poner en uso desde lo público el edificio supondría un coste de unos 14 millones de euros.

No existe ninguna asociación en la enajenación. Socio es el que forma parte de una compañía o de un proyecto, y aquí el gobierno pretende justamente lo contrario: salirse de la Gavidia cuanto antes. En todo caso cabría hablar de búsqueda de una complicidad en la operación de venta.

Es preferible que Espadas, cuyas palabras denotan cierto complejo de culpa por deshacerse del inmueble, hable a las claras en vez de con juegos semánticos. Podría decir que vende la antigua comisaría obligado no sólo por su pacto con el PP, sino también porque es un problema para el Ayuntamiento, no creado por él como alcalde, sino heredado de Monteseirín, el cual se gastó 9,9 millones (más la cesión al Ministerio del Interior de cinco parcelas valoradas en 2,3 millones) hace doce años sin saber qué destino darle y que sólo en este periodo el gasto en vigilancia ha supuesto otro millón más.

Ni Monteseirín, ni Zoido, ni Espadas. Como ningún alcalde sabe qué hacer desde lo público con un edificio protegido ubicado en una situación privilegiada y que podría suponer una gran oportunidad pero que se ha convertido en una patata caliente, la única opción aparentemente posible es su venta para los habituales usos en nuestra ciudad de hotel, comercio, gimnasio o similar, aunque para ello haya que inflar las cifras.

CIFRA INFLADA

Y es que el alcalde dice ahora que rehabilitar la Gavidia le costaría al Ayuntamiento 14 millones de euros. Cuando a finales de 2015 él mismo suscitó el debate sobre la posible demolición/venta de la antigua comisaría y se encargó un informe a los técnicos de Urbanismo sobre su estado de conservación y coste de rehabilitación, informe nunca desvelado, extraoficialmente se dijo que la operación podría ascender a entre 8,5 y 10 millones de euros. Espadas, con tal de venderla, eleva la cantidad a 14 millones en sólo un par de años (entre un 40% y un 65% más). No sabíamos que los costes en la construcción se habían disparado de esta forma.

Si el Ayuntamiento no puede dedicar 14 millones de euros a recuperar la Gavidia para equipamiento público del Casco Antiguo y/o concentración de los funcionarios municipales dispersos en sedes cuyo alquiler le cuesta 650.000 euros anuales, ¿cómo Espadas sí podía tratar de comprarle a la Junta la sede de la Consejería de Gobernación en la Plaza Nueva para ubicar allí a todos los funcionarios en una operación a nueve años vista que habría supuesto un gasto de 17,3 millones de euros?

Con ese mismo planteamiento, a razón de una inversión por fases y no toda de golpe, destinando dos millones de euros anuales de los Presupuestos (¿no dice que los de 2018 supondrán una inversión de 100 millones?), el Ayuntamiento podría recuperar la Gavidia en un periodo de cinco años (a un coste total de 10 millones y no del inflado de 14). Y además de crear con ello empleo en la ciudad, podría tratar de hacerlo con fondos europeos, acogiéndose a uno de esos programas de la UE de ayudas a la recuperación de cascos históricos o similares. Y concentrando allí los funcionarios dispersos y ahorrándose esos 650.000 euros anuales en alquileres podría amortizar la operación en 15 años, un plazo de tiempo inferior a los 16 que llevamos sin hacer nada desde que Monteseirín compró a tontas y locas el edificio y le quitó un “marrón” al Ministerio del Interior (obligado a conservarlo como su propietario hasta entonces) para echárselo encima a Sevilla.

Por tanto, la operación de rehabilitación y puesta en uso de la Gavidia desde lo público sería perfectamente posible y viable económicamente y no generaría más gastos al Ayuntamiento, sino un ahorro, al tiempo que supondría un hito y un cambio de política que lanzaría un poderoso mensaje a la opinión pública: el gobierno es capaz de salvar edificios abandonados y de reutilizarlos para la ciudad. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que sin otra iniciativa que la venta para lo de siempre, con lo cual se equipara al Zoido al que tanto criticó, está lanzando Espadas a los sevillanos?

MENOR SUPERFICIE
En la segunda parte de sus declaraciones, el alcalde dijo lo siguiente: “La idea es hacer una modificación urbanística que recoja el conjunto de la plaza de la Concordia, con el edificio de la Gavidia y el convento de San Hermenegildo, para lograr un socio privado que invierta; conseguir la rehabilitación del antiguo convento y destinarlo a un equipamiento vecinal y cultural y tener en cuenta que la antigua comisaría es un lugar de memoria democrática, con lo que en ese entorno, en el edificio, la plaza o San Hermenegildo, debemos buscar un espacio para el recuerdo”.

La antigua comisaría, que mide 7.462,59 m2, está calificada como suelo de interés público y social para equipamiento del distrito Casco Antiguo. Un equipamiento no puede suprimirse sin más. Puede cambiarse de ubicación, pero sin merma. Sin embargo, el alcalde está planteando una merma cuando habla de, en la operación de venta, rehabilitar el antiguo convento (en realidad la antigua iglesia del convento) de San Hermenegildo y destinarlo a equipamiento vecinal y cultural, ya que no llega ni de lejos a los 7.462 m2 de la Gavidia, porque es unas diez veces más pequeño.

Item más. Ambos edificios, la comisaría y San Hermenegildo, están dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Sector 8.2 “San Andrés-San Martín”, que fue aprobado definitivamente el 29 de noviembre de 2013, y con las competencias delegadas en el Ayuntamiento. Este, por tanto, podrá entender, a través de la Comisión Local de Patrimonio, en lo tocante a la Gavidia (con protección parcial C, grado 1), que es un Bien de Catalogación General en virtud de la Disposición Adicional 6ª de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA Nº 248, del 19 de diciembre de 2007).

No obstante, la Sala de San Hermenegildo es un Bien de Interés Cultural (BIC) y sujeto por tanto a la competencia de la Comisión Provincial de Patrimonio, por declaración como tal efectuada el 13 de mayo de 1959 (BOE Nº 130, de 1 de junio de 1959). Así la intervención en este BIC ha de limitarse a su conservación, por lo que sería muy problemática su transformación interior para equipamiento vecinal, tal como pretende el alcalde.

LOS TRASVASES
El pasado 15 de febrero, Urbanismo aprobó un trasvase de edificabilidad de 12.000 m2 desde una parcela propiedad de Viapol a la parcela propiedad de LAR España  (gran negocio para la inmobiliaria de Ricardo Polo) donde se construye el centro comercial Palmas Altas. Es una práctica urbanística aceptada siempre que no suponga un incremento de la edificabilidad total del ámbito y que las condiciones (altura, distancia a linderos, etc..) en la parcela destinataria lo permitan.

Influido quizás por esa noticia, el alcalde ha propuesto un trasvase de la memoria histórica o democrática desde la antigua comisaría de la Gavidia, en cuyos calabozos se torturó a los presos antifranquistas y que lucharon por la restauración de la democracia que hoy disfrutamos, cuando se ha expresado en los siguientes términos: “(hay que) tener en cuenta que la antigua comisaría es un lugar de memoria democrática, con lo que en ese entorno, en el edificio, la plaza o San Hermenegildo, debemos buscar un espacio para el recuerdo”.

La edificabilidad se puede trasvasar bajo ciertas condiciones, pero la memoria histórica, con tal de liberar de esa “hipoteca” a la antigua comisaría y facilitar su venta no, como apunta Espadas cuando habla de un espacio de recuerdo en el entorno, la plaza o San Hermenegildo y liquidar la cuestión con ¿qué? ¿una placa? ¿un monumento? Eso supondría una falsificación de la historia, porque donde las víctimas de la Dictadura fueron torturadas fue en la Gavidia, no en San Hermenegildo ni en ninguna de las plazas colindantes.

Algo deberá decir al respecto la Junta de Andalucía, ya que en virtud de la ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática, para salvaguardar los valores históricos, etnográficos o antropológicos de los lugares declarados de Memoria Democrática -y la Gavidia lo está- “será necesaria la autorización de la Consejería competente con carácter previo a las restantes autorizaciones o licencias para cualquier cambio o modificaciones que se desee llevar a cabo, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de cambios de uso”.

En otros países se preservan los lugares de Memoria por respeto a la historia y a las víctimas y ejemplo para las nuevas generaciones de lo que no debe volver a ocurrir. En Suráfrica, cuatro barcos parten cada día con destino a la isla-cárcel de Robben, donde estuvo preso Nelson Mandela durante 18 años y donde antiguos reclusos compañeros suyos explican a los impresionados turistas el complejo carcelario del apartheid. Uno de esos turistas, ahora hace un año, fue el líder del PSOE y correligionario de Espadas, Pedro Sánchez, que expresó su emoción al hallarse en la celda de Mandela con estas palabras: “Sirva su ejemplo y su memoria para mantener viva esa llama: la fraternidad entre los seres humanos. Para que no haya más discriminaciones ni presos políticos en el mundo”.

¿Será Espadas capaz de mantener viva la llama de los presos de la Gavidia o reducirá su memoria a una mera placa en un muro de San Hermenegildo?