…cuarenta y seis mil empleos? Esta es la pregunta que, parafraseando a Jardiel, cabe hacerse a raíz de la promesa del PP de crearlos si se aceptan sus propuestas para el Pacto por Sevilla.
Cinco días antes, Espadas había presentado su “plan de choque” para generar 3.600. Sin entrar a analizar en profundidad el planteamiento de Espadas, ‘a priori’ esta cifra podría parecer realista, dada la escasa capacidad de maniobra existente.
La reacción inmediata del gobierno de Zoido fue la de descalificar al portavoz socialista con el argumento de que el PSOE debía ser “más serio y menos demagógico”.
Si al PP le parecía poco seria esa propuesta, ¿cómo cabría calificar entonces su promesa de 46.000 nuevos ocupados y reducir la tasa de paro en un 50% desbloqueando los grandes proyectos pendientes, cuando no hay financiación pública ni privada para acometerlos?
Como la confrontación late en cualquier iniciativa, el PP ha tratado de responsabilizar a la Junta de la solución al paro en Sevilla, al vincular la materialización de sus propuestas a decisiones políticas del Gobierno andaluz.
EL SEGUNDO IKEA
Sin embargo, este planteamiento no obedece siempre a la realidad. Por ejemplo, en el caso de la segunda tienda de Ikea. Según las cuentas de la lechera de Juan Bueno, el nuevo complejo comercial de la firma sueca cerca del aeropuerto permitiría crear más de 2.500 puestos de trabajo (se empezó hablando de mil, luego de dos mil y ya vamos por esta cifra) en una primera fase, y un total de 7.000 cuando se desarrolle en una segunda etapa un parque empresarial anejo.
No dice el PP que hasta el pasado 13 de febrero el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo no aprobó la propuesta de deslinde de los dos tramos de la vía pecuaria que discurren por el suelo urbanizable de San Nicolás Oeste, trámite administrativo sin el cual no se podrá aprobar el proyecto de reparcelación de los suelos para la tienda sueca. La ley debe ser aún más estrictamente cumplida en un ayuntamiento presidido por un juez como es Zoido, y si los suecos han elegido para instalarse unos suelos afectados por una vía pecuaria y no otro sin tal hipoteca ganadera, deben atenerse a las consecuencias de su libre elección.
Item más: el Ayuntamiento de Sevilla tiene la potestad para realizar el deslinde desde el verano de 2012 y, sin embargo, ha tardado siete meses en elevar una propuesta a la Consejería de Medio Ambiente. Quedan aún los trámites de la desafectación y el trazado alternativo, con lo cual la apertura del segundo Ikea no podrá producirse en el mejor de los casos hasta 2016, pasado incluso el mandato de Zoido. ¿Es serio y riguroso, por tanto, crear falsas expectativas a corto plazo y tratar de endosarle el supuesto retraso administrativo a la Junta de Andalucía?
GAVIDIA Y ALTADIS
Otra falacia política: la apertura de las Atarazanas, a la que se asignan 100 empleos, cuando La Caixa aún mantiene la concesión otorgada en su día, por lo que el Gobierno autónomo no puede hacer absolutamente nada y el propio Zoido bendijo el traslado del Caixafórum a la torre Pelli. En puridad, Juan Bueno, debería haber evaluado laboralmente este proyecto en la Cartuja, no en el Arenal.
El Ayuntamiento ya ha acordado la recalificación de la Gavidia para centro comercial, que necesita, cierto es, el plácet final de la Junta, aunque Bueno sólo contabiliza 150 empleos posibles de materializarse este proyecto. Si no ha tramitado aún el cambio de uso para la fábrica de Altadis en Los Remedios (a la que el PP asigna un potencial de 550 empleos, sin saberse en base a qué criterios, ni en éste ni en otros casos), técnicamente no puede imputarle bloqueo alguno al Gobierno autónomo. Ahora bien, antes de llegar a esa fase, lo que deberían hacer el Consistorio y la Junta es exigirle a la multinacional que cumpla la promesa que hizo de compensar el cierre de la fábrica de tabacos más antigua del mundo con la instalación de un centro logístico en el área metropolitana de Sevilla.
RED COMPLETA DEL METRO
¿Qué queda imputable a la Junta? El cambio de uso de la estación del Prado, cuyo impacto parece menor, y dos grandes proyectos. La Ciudad de la Justicia, si no se acometió durante las ‘vacas gordas’ menos va a construirse en plena crisis. En cuanto a la ejecución de la red completa de Metro como pide el PP, es otra entelequia en las actuales circunstancias, y en todo caso sería una obra al 33% cada uno de Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.
Si la ministra de Fomento se ha peleado con el alcalde de Granada, Torres Hurtado, de su mismo partido, para sacar del centro de la ciudad la futura estación del AVE con tal de ahorrar 600 millones de euros, ¿con qué fuerza moral puede demandar el Consistorio sevillano que se destinen en esta especial coyuntura al menos 3.000 millones de euros para las líneas de Metro pendientes?
DECISIÓN DE MADRID
Curiosamente, la mayor parte de los futuribles empleos en el plan del PP dependen de decisiones del Ejecutivo central , como el dragado del Guadalquivir (20.000), cuyo proyecto aún está redactándose y puede ser tumbado por Europa o impugnado ante los tribunales por arroceros y ecologistas; el cierre del anillo ferroviario de Cercanías y la carretera SE-35, para la que debe librar 12,5 millones de euros. Sospechosamente, Bueno ha dejado fuera la SE-40, paralizada por Fomento por la misma falta de fondos que el PP pretende haya para las infraestructuras que demanda.
Los revolucionarios del mayo francés acuñaron el lema ‘sed realistas, pedid lo imposible’. Con nuestros políticos es al revés: hay que pedir el imposible de que sean realistas.