Archivo de la etiqueta: PGOU

El modelo de ciudad

El  presidente de Gaesco, Miguel Rus, ha aprovechado la polémica sobre la recalificación de Ikea para exigir que se cambie el PGOU. A su juicio, el Plan General “ha provocado una paralización en el sector parecida a la de Marbella”, pese a que “hay demanda” y a que Sevilla “no tiene problema de stock de viviendas”.

Según Rus, “el PGOU se aprobó en un momento en el que sólo se pensaba en cómo recortar el crecimiento desmedido del sector inmobiliario. Ahora –añade- tenemos las mismas normas o más, la misma inflexibilidad que pusimos para frenar el sector, cuando lo que hace falta hoy es lo contrario: reactivar y facilitar a los pocos empresarios que quieran implantar su proyecto, invertir y generar riqueza”.

La patronal intenta hacer creer que el Plan coarta el desarrollo de Sevilla con otros argumentos similares, como que sólo ha sido ejecutado en un 2%: “Si en cinco años –afirma Rus- no se hizo ningún bordillo es que algo no funciona”. ¿Puede decirse con seriedad que un Plan que ha reservado suelo para 55.000 viviendas y del que aún quedan por desarrollar 13 millones de m2 de terreno industrial está frenando la construcción? ¿Quién si no los promotores y constructores deben desarrollar ese 98% pendiente?

El problema no es el PGOU, sino que los constructores todavía no se creen que la dorada –para ellos- época de la burbuja inmobiliaria ha terminado. Rus queda en evidencia cuando dice que Sevilla no tiene problemas de ‘stock’  justo cuatro días antes de que el Ministerio de Fomento difundiera que hay 18.803 viviendas nuevas sin vender. No digamos las usadas, de las que la banca tiene para dar y repartir como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.

Las  catorce inmobiliarias más grandes del país sólo han vendido en el primer semestre 900 pisos. ¿Dónde está la demanda de que habla Rus en una nación que anualmente construía más viviendas que Alemania, Francia e Inglaterra juntas –ahora sobran dos millones de pisos-, con cinco millones de parados, sin desgravación fiscal por compra de vivienda que siga inflando la burbuja, sin ayudas a la VPO por la falta de fondos de las Administraciones y sin financiación hipotecaria por la delicada situación de la Banca?

En los cinco años del PGOU, los promotores sólo desarrollarán –y porque el Ayuntamiento les adelanta 14 millones de euros- dos bolsas de suelo: Hacienda del Rosario (Gabriel Rojas) y Palmas Altas Sur (Metrovacesa). Pero esta última empresa  ha comunicado a la CNMV que suspende el desarrollo de nuevos proyectos residenciales ante el deterioro del mercado inmobiliario: en el primer trimestre sólo logró ‘prevender’ trece pisos. ¿También esto es culpa del PGOU y de su supuesta inflexibilidad? Y todavía Rus aboga  por construir en Tablada. Si se hubieran hecho pisos en la dehesa, ¿cuántos estarían hoy vacíos y qué ruina no habrían causado a los compradores a crédito y a la banca financiadora.

El PGOU ha calificado suelo de sobra y está aún por desarrollar. El problema de fondo es que los promotores y constructores, insaciables, quieren  recalificaciones a gogó para que con el exceso de edificabilidad sus inversiones les salgan gratis. ¿No era el riesgo el factor diferencial de los empresarios y la razón que justificaba su lucro?

Ikea exige 41.400 m2 más de edificabilidad para un parque comercial en torno a su segunda tienda frente al aeropuerto. Con su ‘efecto llamada’, pese a que lo niegue Zoido, ha abierto la veda y ahora se acumulan las exigencias de recalificaciones a la carta. Isla Mágica pide que sus 45.000 m2 en la Cartuja, con 1.700 m2 de uso comercial,  se le recalifiquen para poder construir sin limitación más áreas comerciales y lúdicas. El Sevilla F.C., beneficiario ya de dos recalificaciones (el Nervión Plaza es fruto de la primera), plantea una tercera para colmatar aún más una zona ya saturada de comercios. El Betis, al que se le regaló una zona verde de Heliópolis para comercios y hoteles, también quiere más en línea con el Sevilla, aunque sea a costa de embutir en ladrillo el Benito Villamarín. Primark plantea otra operación comercial en la Gavidia. Altadis, que cerró la fábrica de tabacos más antigua del mundo, pretende que le cambien la calificación industrial …..

¿Es la salida a la crisis multiplicar los centros comerciales en una ciudad que ya tiene 25 grandes superficies y regalar edificabilidad a tutiplén? ¿Hay que cambiar el PGOU continuamente para acoger sólo y exclusivamente proyectos comerciales cuando según el Instituto de Estadística de Andalucía las ventas en las grandes superficies han caído un 6,3% en mayo?

Volvamos al ejemplo de Ikea: la recalificación de 41.400 m2 que pretende en San Nicolás sería a costa de detraer esa edificabilidad de la prevista para la implantación de empresas de servicios avanzados. Si se van colmatando los espacios y ocupándolos con lo primero que venga -como ocurrió en la Cartuja por el ‘horror vacui’, y ahora falta espacio para la Tecnópolis-  nos quedaremos sin suelo de calidad que ofrecer a otros inversores que no sean meramente del comercio, porque sólo con una economía diversificada y no con un monocultivo (ladrillos y centros comerciales no han impedido que tengamos más de 70.000 parados) se resiste mejor la crisis.

Para eso se redacta un PGOU: para planificar el futuro. Si el Plan se cambia continuamente por los intereses de unos y de otros, significa que Sevilla carece de modelo económico y de modelo de ciudad.

 

 

 

La playa

Apenas proclamar solemne y públicamente el alcalde que la recalificación a la carta (¡Uy, perdón! ¿Debo decir ‘modificación puntual’  para ser políticamente correcto, Maximiliano?) que prepara el Ayuntamiento para Ikea no generará un ‘efecto llamada’, Isla Mágica anunció que se pone en la cola para pedir el mismo trato igualitario (artículo 14 de la Constitución). Por de pronto ya están formados en esa fila Ikea, el Sevilla F. C., el Real Betis, Altadis, Primark, Tablada Híspalis y el Parque Temático. Siete, como los siete niños de Écija. Zoido dijo aquello de que “el que quiera ver oleadas (de recalificaciones), que se vaya a la playa”. Ya no hace falta, Juan Ignacio: al fin la tenemos aquí, aunque sea sin arena y con mucho polvo de ladrillo en ciernes. Los revolucionarios del mayo francés intuyeron que había que escarbar porque debajo de los adoquines estaba la playa. En Sevilla ya se ha corrido la voz de que la playa urbanística está en la Plaza Nueva, debajo o dentro de las Casas Consistoriales. Ya se sabe qué se suele decir del último. ¿Quién da la vez?

 

 

Ikea y la zanahoria del empleo

El 8-9-2008 se produjo en Sevilla el ‘atasco perfecto’. Duró diez horas. Miles de automovilistas que acudieron a Ikea en Castilleja quedaron atrapados en un caos causado por el efecto llamada de la tienda sueca y el correspondiente tapón en la autovía de Huelva, progresivamente extendido a la SE-30 y a la autovía de la Plata.

Aquel desastre obligó a abrir nuevas vías de acceso a la cornisa, como el de Coca de la Piñera (noviembre de 2009) y a diseñar en adelante un operativo especial de la Guardia Civil y las Policías Locales de los pueblos colindantes dentro del escaso margen de maniobra que permitía la ratonera en que la ubicación de Ikea ha convertido un punto estratégico cual es el acceso a y la salida de Sevilla, fruto de la desastrosa o nula planificación urbanística en la mayor parte del alfoz ante la inopia de la Junta de Andalucía.

El caso Ikea y la habitual saturación de tráfico en el área metropolitana han demostrado la vital importancia de la ordenación del territorio y del planeamiento urbanístico, plasmado este último en Normas Subsidiarias y Planes Generales como el PGOU de Sevilla.

El Plan General hispalense, aprobado en 2006, se caracterizó durante su redacción por un espíritu de participación ciudadana (las mesas del PGOU) y de consenso político que no siempre pudo alcanzarse. Una de las grandes bolsas de suelo  incluidas en el Plan fue la de San Nicolás, sita frente al aeropuerto y pensada como una zona productiva de primer orden, hasta el punto de que sólo se reservó espacio para 429 viviendas y un área a comercial complementaria (107.600 m2), y se destinó el resto de los 219.574 m2 edificables a empresas y servicios avanzados.

Dado el éxito de su tienda en Castilleja, Ikea proyectó hace casi diez años una segunda y puso sus ojos sobre San Nicolás. Obsérvese que pudo haber alegado al PGOU durante su tramitación en demanda de mayor edificabilidad comercial, pero no lo hizo. Calló y otorgó.

Sólo años después ha presentado un Plan Parcial en el que, con una política de hechos consumados, plantea un complejo comercial con 41.400 m2 más de edificabilidad comercial de la autorizada en el PGOU. No sólo eso. Según el informe de  los técnicos de la Gerencia, ni siquiera ha entregado un estudio de tráfico e infraestructuras que avale la viabilidad del macrocomplejo y trata de eludir la obligación legal de cesión del aprovechamiento urbanístico que resultaría de la recalificación a la carta que pretende con el único argumento  de una inversión de 228 millones de euros y la creación de 4.000 empleos.

VALLADOLID COMO EJEMPLO

Casualmente, en estos días se habla del mayor centro comercial que Ikea va a inaugurar en España, concretamente en Valladolid y para Navidad, con una inversión de 200 millones. Su tienda dispondrá de 34.700 m2 y dará empleo a 250 personas, a razón de un empleado por cada 139 m2. El resto del complejo (100.000 m2 en total) se abrirá en primavera, con 125 locales en alquiler. Tomando como referencia la ratio superficie comercial/empleado de Ikea, en caso de una ocupación plena  se generarían 469 empleos más, con lo que en conjunto  podría haber  719 puestos de trabajo. Si extrapolamos al que se quiere ahora implantar en Sevilla (un 49% mayor), éste crearía  unos 1.100 empleos (pero por cada empleo, habitualmente precario, creado en las grandes superficies se suelen perder 2,5  en el comercio tradicional).

 

Amenazando subliminalmente con irse con la inversión a otra parte, el consejero delegado de Ikea, Mikael Ohlsson, usó el ‘The Wall Street Journal’ para lanzar un recado al Ayuntamiento de Sevilla y a otros nueve: Ikea está preparada para construir “mañana” mismo , pero se lo impide la regulación del Urbanismo en España.

 

 

Inexacto, al menos en Sevilla. En los 107.600 m2 de edificabilidad de San Nicolás caben tres Ikeas como el de Valladolid, que es el mayor de España, y por tanto podría construirse mañana mismo como alardea el señor Ohlsson. Al plantear ahora, y no cuando se estaba tramitando el PGOU, una tienda de su marca con 72.000 m2 (42.000 sobre rasante y el resto en sótano) y un centro comercial anexo con 163.000 m2 (107.000 sobre rasante) que construirá, gestionará y explotará “con la filosofía Ikea”, es porque con ese exceso de edificabilidad de regalo municipal pretende que el alquiler o la venta de los locales sufrague la instalación de este segundo Ikea, que así les resultaría gratis.

Cuando el macrocomplejo colapse las carreteras por la afluencia de compradores desde Córdoba y la Campiña, que luego los contribuyentes paguen las soluciones alternativas al problema generado por el ‘pelotazo’ urbanístico.

Es lógico que el Ayuntamiento no quiera perder la inversión, pero no que se rinda incondicionalmente a los suecos presentando como una simple modificación del PGOU lo que sería una recalificación en toda regla;  remitiéndose a una futurible reforma legal (una aberración jurídica, porque sólo puede aplicarse la norma vigente);  confundiendo la cuestión urbanística con la comercial;  volviendo al modelo del ladrillo y las grandes superficies (25 ya en Sevilla) en vez de apostar por una economía diversificada, y reinstaurando un urbanismo a la carta de infausto recuerdo que supondría abrir la veda a cualquier especulador. Del ‘ancha es Castilla’ pasaríamos al ‘ancha es Sevilla’.

Si Ikea amenaza con irse, ya vendrán otros. A los suecos cabe decirles lo mismo que aquel jornalero andaluz al cacique de turno: “En mi hambre mando yo”.

 

 

Casi ná

El caso de la tienda de Ikea frente al aeropuerto se reduce, ‘grosso modo’, a que los suecos quieren que por su bella cara se cambie el PGOU y por arte de magia se les regalen 41.400 m2 de edificabilidad más que la prevista, para ellos envolver su comercio con un cinturón de locales de alquiler a otras marcas, con cuyas rentas les saldrá gratis la inversión en Sevilla. El cambio del uso principal del suelo (del empresarial actual a comercial) y su magnitud obligan a una recalificación en toda regla, pero como la palabra suele implicar un ‘pelotazo’ urbanístico, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, trata de camuflar la operación como una simple modificación puntual del PGOU. Vílchez fue subdelegado del Gobierno en Cádiz, donde se habrá impregnado de la retranca del Beni, al que cuando le preguntaron si había trincado dijo una de sus frases más famosas: “Mu poquito; casi ná”. Pues Vílchez, igual. Cuando le preguntan si va a recalificarle a Ikea, a pesar de que son 41.400 m2 sale en plan Beni de Cádiz: “Mu poquito; una modificación puntual nada más”.

 

 

Tecnicismos

El delegado de Economía, Empleo, Mercados, Turismo y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Gregorio Serrano, dice que no se puede perder la inversión de Ikea por “tecnicismos” urbanísticos. ¿A qué me recuerda ésto? A Jacinto  Pellón ‘versus’ Manuel  Olivencia en la Exposición Universal de 1992, donde el primero, con tal de que se hicieran las obras, pasaba por encima de los procedimientos garantistas que respetaba escrupulosamente el segundo, un prestigioso jurista. Y me recuerda a las subvenciones del ‘fondo de reptiles’ de la Junta, dadas al margen de cualquier procedimiento reglado. Los ‘tecnicismos’ sobre los que despectivamente habla Gregorio Serrano son las garantías en un Estado de Derecho. En este caso son informes negativos emitidos por funcionarios de la Gerencia de Urbanismo frente a las pretensiones de los suecos de pasarse el PGOU por el forro para que les den una recalificación a la carta y pegar un pelotazo urbanístico. ¿No decía Zoido que este Ayuntamiento iba a ser el del gobierno de los funcionarios? He aquí la prueba del nueve para demostrarlo. Nadie, ni siquiera Ikea, puede estar por encima de la ley, salvo que Sevilla quiera vender su dignidad por un plato de lentejas.

Quince años de vacas flacas

Celis, exdelegado de Urbanismo, ha declarado a El MUNDO, entre otras cosas, lo siguiente:

 

1) “Las setas no se han pagado con impuestos de los ciudadanos, sino por los empresarios del ladrillo, que cuando se aprobó el PGOU (2006) pusieron algo más de 200 millones de euros en base a los aprovechamientos que tenían para hacer viviendas”.

 

 

Celis trata de hacer creer a los sevillanos que el dinero empleado en las ‘setas’ no ha salido de la caja común  y por lo tanto no han supuesto un despilfarro. Su tesis se sustenta en un par de sofismas, como el de que los empresarios no son también ciudadanos y que su aportación dineraria parezca voluntaria y desinteresada  en vez de venir impuesta por el Plan General y las leyes urbanísticas.

 

El exdelegado ha aclarado una cuestión esencial: que los promotores inmobiliarios entregaron más de 200 millones de euros. Y es que en la última etapa de Monteseirín, a medida que crecía el escándalo por el sobrecoste de las ‘setas’, el Consistorio rebajaba a 172 millones el dinero de la denominada ‘hucha del PGOU’, cuando otrora se habló de una recaudación de entre 230 y 240 millones como fruto de la firma de entre 55 y 70 convenios urbanísticos.

 

Por tanto, atendiendo a Celis, hay entre 28 y 68 millones de euros ‘desaparecidos’ en el triángulo de las Bermudas municipal, razón más que suficiente para realizar la auditoría anunciada por Zoido y de la que nada se sabe.

 

 

2) “Ese dinero estaba tipificado por ley en qué cosas se podía gastar, que era en grandes infraestructuras. El destino que se ha dado a esos fondos responde a lo estipulado, si no estaríamos hablando de que habría sido ilegal”.

 

 

El PGOU, que debe atenerse a la legalidad, dice con su farragoso lenguaje tecnocrático que el dinero de los convenios firmados con los ‘empresarios del ladrillo’ se destinará “a la ejecución de (atención) los nuevos sistemas generales de la ciudad y, de forma preferente, al establecimiento del sistema general de espacios libres, el viario y desvíos de encauzamiento de la red hídrica, financiando así parte de las actuaciones atribuidas al Municipio de conformidad con la programación y Estudio Económico Financiero del nuevo Plan”.

Está taxativamente claro: dinero para las carreteras, viales, aceras, zonas verdes, equipamientos, canalizaciones y demás dotaciones necesarias para construir los nuevos barrios previstos en el PGOU durante los próximos 15 años, no para las ‘setas’ de la Encarnación, el ‘paseo marítimo’ de la Alameda, la Plaza de España, los carriles-bici…. en la Sevilla consolidada y/o en el Centro como escaparate de la ‘grandeur’ de Monteseirín.

 

 

3) “No podemos construir una carretera (en alusión a la SE-35) que vaya de ningún sitio a ninguna parte”.

 

 

Curiosamente, Celis aplica a la SE-35 el dicho popular sobre el tranvía de Monteseirín y obvia  todos los argumentos a favor de esa vía de comunicación dados en su día por el propio Ayuntamiento como vía clave para descongestionar el saturado tráfico de la ciudad y eje articulador de nuevos desarrollos urbanísticos previstos en el PGOU. Y si no se podía construir la carretera, ¿por qué se gastaron 1,4 millones de euros en diseñarla? ¿No es acaso otra muestra más de despilfarro del dinero?

 

 

4) “No se pueden tener 200 millones de euros parados en una cuenta corriente esperando tiempos mejores”.

 

 

Pero a los empresarios les decía todo lo contrario, les mentía, como ha vuelto a recordar el presidente de Gaesco, Miguel Rus: “Cada vez que pedíamos un desglose de los fondos se nos decía que el dinero estaba a buen recaudo en una cuenta corriente”.

 

Si, según Zapatero, España merecía un Gobierno que no mintiera a sus ciudadanos, ¿qué decir en Sevilla del Ayuntamiento de Monteseirín, Marchena y Celis, que no sólo mintió sobre los dineros del PGOU sino que también ocultó a los sevillanos los informes sobre los problemas técnicos de las ‘setas’, para cuya construcción se han desviado 65 millones de euros aportados por los promotores inmobiliarios para la expansión de la ciudad?

 

 

5) “Se ha acordado mediante un compromiso por escrito, que queda fijado para el futuro que una vez que los empresarios vayan desarrollando esos suelos, el Ayuntamiento, de sus recursos propios, invertirá en la infraestructura necesaria para ello”.

 

 

Celis calla que ante la amenaza de los empresarios de querellarse contra Monteseirín por estafa tras el desvío del dinero, el Consistorio tuvo que firmarles un documento en el que reconocía implícitamente la irregularidad de su actuación y se comprometía a no pedirles ni un euro más y a asumir el coste de las infraestructuras futuras. Por tanto, serán los sevillanos quienes con sus impuestos tapen el ‘agujero’ dejado por Monteseirín.

 

El último sofisma de Celis es decir que una vez que los empresarios desarrollen los suelos, el Ayuntamiento invertirá en la infraestructura necesaria. ¡Si es justamente al revés! Hasta que no se hayan desarrollado los sistemas generales no se puede autorizar ningún desarrollo urbanístico nuevo.

¿Y con qué dinero, si Monteseirín se lo ha pulido todo? Según los datos logrados por el colega Carlos Mármol, de los 172 ó 240 millones de euros del PGOU, sólo quedan 1,5 millones.

 

Sevilla tenía repleta la ‘hucha’ del PGOU para impulsar la construcción (VPO, por ejemplo) y crear empleo en esta hora de crisis, pero en vez de imitar a la hormiga de la fábula, el alcalde-‘cigarra’ Monteseirín  ha dejado vacía la hucha y condenado a la ciudad a quince años de ‘vacas flacas’.

 

 

 

¡Se mueven!

Forges-Urbanismo1El urbanismo suele ser la madre de la mayoría de las corrupciones, corruptelas e irregularidades políticas, según demostré en plan protomártir con un ‘dossier’ elevado al Defensor del Pueblo, aunque sólo sirviera para demostrar que aquí no pasa nada: ‘Formas en que las Administraciones Públicas vulneran la ley y se amparan en la ilegalidad’. Al tratarse de una materia para iniciados, es vital que haya, como en el franquismo, arquitectos que tengan el valor de salirse del ‘lado oscuro’ en defensa del interés general. Va a ser verdad que algunos están abandonando la clandestinidad, como acaban de demostrar ahora varios de ellos al denunciar que en los suelos de la Cruzcampo uno de sus colegas, otrora ‘senador de los claveles rojos’, quiere colar con el silencio cómplice de las Administraciones afines (osea, todas) una torre ocho veces más grande de lo que permite el PGOU. Y lo han denunciado tras detectar las triquiñuelas administrativas que escapan al común de los mortales. Más vale tarde que nunca, señores arquitectos. Bienvenidos a este minoritario club.

Desprecio

El (sin) alcalde, que desvió 172 millones a las setas y otros delirios arquitectónicos para que además de la cotidianidad la posteridad lo tome por loco, el (sin), decía, hizo en plan trilero  que ese dinero del PGOU para los sistemas generales de los futuros barrios acabara en el Metropol & Cía. Ahora ha  tenido que entonar un ‘mea culpa’ en forma de pacto con los señores del ladrillo,  para que no lo lleven directamente al Juzgado de Guardia. Para representarle en la negociación, el (sin) nombró a su valido Marchena, acostumbrado a disfrutar de gañote  de pinceladas de mariscos al centro con los constructores, por aquello de su época de gerente de Urbanismo. Pero para su escarnio, y sorpresa de Monteseirín, los ladrilleros reclamaron otro interlocutor porque ya no le aguantan ni mijita sus modos matoniles. El desprecio de sus antiguos comensales ha sido un duro golpe a su vanidad. Y es que el valido ya no asusta a nadie desde que lo imputaron en Mercasevilla y los reyes magos le echaron carbón en el Ateneo. Como cantaba Dylan, los tiempos están cambiando.

El principio de Cela

El querido colega Javier Rubio se pregunta qué habría ocurrido si se hubieran empezado a construir en Tablada las 15.000 viviendas preconizadas por los señores del ladrillo, cuando sin poner un solo ídem en la antigua dehesa el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado 4.000 pisos sin vender en Sevilla y 20.000 en la provincia. La respuesta es que ahora habría 35.000 pisos vacíos más que añadir a los 113.248 igual de hueros (censo del INE, 2001) comprados durante la fiebre especuladora con el único fin de dar un pelotazo; o, casi peor aún, a medio construir como esas promociones a las que les invito pasen y vean entre Gelves y La Puebla o junto a Las Pajanosas. Cela tenía una máxima: esperaba diez años antes de comprar un libro de moda, por si para entonces había pasado la prueba del tiempo. Al urbanismo, donde se necesita un decenio para convertir el suelo rústico en ladrillo, habría que aplicarle el mismo principio del nobel gallego: dejar una década en el congelador las megalomanías de los PGOU y sin PGOU, a fin de ahorrarnos indeseados barquinazos.

El traslado de Isla Mágica

Primer Acto: En un curso de verano, el director técnico de Cartuja-93, José Mª Benjumea, cuenta que Isla Mágica sigue perdiendo dinero; que caerá cuando alguien diga que no puede mantenerla y que C-93 fue a California a promocionarla y “vendió una escoba”; y augura que “acabará desmantelándose y convirtiendo (se) el borde del lago en un área residencial”.

Segundo Acto: El presidente de Cartuja-93 (C-93), Isaías Pérez Saldaña, declara: “Ojalá el Parque Temático se hubiera abierto en otro lugar”. Y añade: “No es tan difícil si en el futuro se desarrolla en la ciudad un espacio verde más acorde. Sería un buen espacio para la Ciudad de la Imagen o alojamiento para investigadores y estudiantes, que no es lo mismo que viviendas”.

Tercer Acto: El director de Isla Mágica, Antonio Peláez, critica las palabras “poco reflexivas” de Benjumea tras aludir a los “600 empleos que genera el Parque”. Según Peláez, “no se puede frivolizar y decir que nos vayamos a un terreno virgen en Camas. Hay que apoyar este proyecto para que se consolide. Ahora es necesaria la actividad económica, y el Parque cada año trae más turistas a Sevilla. Que se lo pregunten a los hoteleros. ¿Qué pasaría con los 100 millones invertidos?”.

Cuarto Acto: Monteseirín rechaza el traslado y trata de justificar a Pérez Saldaña: “Cartuja quiere que se sepa que necesita aumentar el espacio y que, en crisis, hay muchas empresas llamando a su puerta. La ubicación de Isla Mágica es una ventaja porque el beneficio que genera recae en la ciudad: en hoteles, restaurantes…..

Quinto Acto: Peláez sostiene que Isla Mágica está “consolidado por el PGOU, que lo califica como ‘área de ocio temático”. “No tiene sentido –añade- cuestionar la idoneidad de este negocio en su actual ubicación”.

Sexto Acto: Saldaña publica un artículo para retractarse y alinearse con Isla Mágica y el Ayuntamiento. Habla del Parque en términos como: realidad consolidada; 13 millones de visitas; más de 600 empleos directos; proyecto de ajustado beneficio….

Primer Apunte: Entre los falsos mitos de Isla Mágica figura el de los 600 empleos. Tiene una estructura fija de unas 30 personas. Después mantiene unos 250 fijos-discontinuos: trabajan sólo cuando se abre el recinto y cobran el paro en los meses de inactividad. Hay un tercer nivel, de unas 100 personas, sin obligación alguna de emplear. Sólo se las llama en temporada alta si es necesario.

Otro falso mito es el del ajustado beneficio económico. Pero, ¡hombre, Isaías, si Isla Mágica ha sido una ruina toda la vida! Ni siquiera tras las generosas condonaciones de deuda por los accionistas primigenios, vista gorda en el impago de impuestos y cánones a la propia C-93 y un rosario de historias contra viento y marea para que no cerrara sus puertas su balance es positivo. En el último ejercicio  registró pérdidas de 3,3 millones de euros, 847.265 visitas (caída del 6%)  e ingresos de 17 millones de euros (un 9% menos).

Dice Peláez que hay que apoyarlo para que se consolide. ¿Más todavía? ¿Cuánto tiempo necesita para consolidarse desde 1993 como ‘el Parque de los Descubrimientos’ y desde 1997 como Isla Mágica? ¿Otros 17 años?

No se invirtieron 100 millones de euros, sino supuestamente 73,5 millones, cifra en que se incluyó la capitalización de las pérdidas de Partecsa.

Los 13 millones de visitas en 13 años equivalen a las de Eurodisney  en uno solo. Nuestras cifras no suben por el agotamiento de la oferta y esconden las 200.000 menores que entran gratis, los recurrentes de los pases de temporada (unas 140.000), las de escolares…..

Si Isla Mágica es tan rentable para los hoteleros, ¿por qué jamás ninguna cadena se hizo accionista? No nos engañemos: se trata de un parque doméstico (40% Sevilla; 40% Andalucía; 10% España; 10% Portugal) y que por su reducido tamaño puede verse en un día (para Eurodisney, a más de 30 Kms de París y con hoteles propios para pernoctar, se necesitan al menos tres jornadas) en viaje de ida-vuelta desde Portugal, Costa del Sol y buena parte de la Península.

El Parque está consolidado por el PGOU y no se puede cambiar. ¿Que no? ¿Quién si no el mismísimo alcalde dijo en referencia a Isla Mágica que él estaba dispuesto a “ajustes” del Plan General con tal de crear empleo en la crisis?

Segundo Apunte: El traslado (que no desaparición, ojo) de Isla Mágica a otro suelo menos constreñido, con más comodidades (parking, hoteles, restauración….) y una oferta renovada que permitiera su relanzamiento estaría más que justificado si el uso alternativo del espacio que ocupa (27 Has. y 119.000 m2 edificables) generara más riqueza y empleo a la ciudad.

Ese suelo debería destinarse al Parque Tecnológico, donde en el último año y pese a la crisis se crearon 626 empleos de alta cualificación, más que todos los que dice tener Isla Mágica al cabo de 13 años. Según Cartuja-93, la Tecnópolis alberga 344 empresas, con 14.380  trabajadores y una facturación de 2.200 millones de euros. Por término medio cada firma emplea a 42 personas y factura 6,3 millones. Con esta ratio, sólo con que se implantaran 14 empresas nuevas donde hoy está Isla Mágica se crearían 600 empleos y se generarían 88 millones de euros. Y por la media de edificabilidad ocupada en Cartuja, en Isla Mágica cabrían 82 empresas tecnológicas más, con un potencial de 3.444 empleos y 516 millones de euros de facturación.

El traslado de Isla Mágica, que no implicaría su desaparición, puede justificarse. Otra cosa, ¿verdad, Isaías?, es que decirlo resulte políticamente incorrecto. ¿Para quién?