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El pan nuestro de cada día

El sindicato Comisiones Obreras presentó en vísperas del Día de Andalucía un estudio sobre el balance laboral del año 2012, basado en los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA). Como es sabido, debido a su diferente metodología y a que el primero sólo registra los parados realmente inscritos como demandantes de trabajo y no a quienes estando en edad de trabajar no se han registrado por la falta de expectativas o han dejado de hacerlo tras haber tirado la toalla por la desesperanza, las cifras no suelen concordar: el SAE estimaba en 254.855 el número de parados en toda la provincia y la EPA, en 302.500 (sólo en Sevilla capital, 89.332). En cualquier caso, ambas cifras son de récord absolutamente negativo, hasta el punto de que el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha calificado 2012 como el ‘annus horribilis’ del paro.

Entre el conjunto de cifras abrumadoras que reflejan el drama de tantos miles de sevillanos afectados por la lacra del paro destacan especialmente dos:

-Prácticamente uno de cada tres desempleados (en concreto 92.632) es mayor de 45 años, y,  tal como ha expresado Vidán, si ya en los tiempos de bonanza económica era difícil hallar ocupación para este colectivo, en las actuales circunstancias tienen escasas posibilidades de trabajar y su paro se convertirá en estructural. Su único horizonte son los lunes al sol.

-El 43% de los sevillanos en paro (entre 109.587 y 130.075 según la fuente que se tome como referencia) llevan tanto tiempo en el desempleo que han agotado las prestaciones y o carecen de ingreso alguno (dependen de la caridad de familiares y amigos y/o de las organizaciones asistenciales), o sólo cuentan con los 420 euros de ayuda que ha prorrogado ‘in extremis’ el Gobierno hasta que la tasa de paro nacional no baje del 20%.

Este es, pues, el telón de fondo, una situación de auténtica emergencia social, en que se desarrollan las negociaciones entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla para acordar un Pacto por el Empleo a cuatro meses de que se cumplan los dos años de Zoido como alcalde.

LA PROPUESTA DEL PP

El grupo municipal del PP ha llevado a la mesa tripartita una propuesta que no sólo no afronta la urgencia del gravísimo problema socioeconómico que sufre la ciudad, sino que trata de descargar en otras Administraciones Públicas, fundamentalmente la Junta de Andalucía, la responsabilidad de acabar con el paro y no ahora, mañana o dentro de unos meses, sino a varios años vista. Así, el equipo de Zoido promete la creación de 46.000 empleos siempre que se acometa la ejecución de los grandes proyectos pendientes, a los que el Ayuntamiento aportaría una financiación de 70 millones de euros.

El gobierno local sabe que en un sistema democrático y garantista de los derechos como el nuestro la ejecución de cualquier obra sólo es posible tras el cumplimiento de trámites administrativos y urbanísticos que requieren de unos plazos que no pueden saltarse a la torera (como apenas aterrizado en la Alcaldía pretendía Zoido con la segunda tienda de Ikea) y de una dotación presupuestaria inexistente en las actuales circunstancias socioeconómicas, máxime cuando el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, acaba de anunciar que exigirá a la Junta de Andalucía más sacrificios y más recortes presupuestarios en aras del cumplimiento del déficit público.

Por tanto, el planteamiento de Zoido y de su equipo de que si la Junta construye la Ciudad de la Justicia y la red completa del Metro contribuiría a crear 46.000 empleos en Sevilla no deja de ser un brindis al sol al tiempo que una trampa política: mientras el alcalde le exige al Gobierno andaluz inversiones en infraestructuras y equipamientos, el Gobierno de la nación que es sustentado por el mismo partido de Zoido exige a la Junta de Andalucía que meta aún más las tijeras y ahorre más, que no gaste.

Por pedir la Luna de Valencia, los populares del Ayuntamiento sevillano también achacan al Ejecutivo de Rajoy la responsabilidad de reducir a casi la mitad el paro en Sevilla a medio plazo con la aprobación del polémico dragado del río, en la estimación no contrastada científicamente de que permitiría crear 20.000 puestos de trabajo. Se trata de otro proyecto ‘ad calendas graecas’, cuya materialización aún ha de superar los pertinentes trámites administrativos y la supervisión europea y sobre el que pende la amenaza de impugnación judicial por parte de ecologistas y arroceros, por su potencial impacto en Doñana y en las tablas del arroz.

EL PLAN DE CHOQUE

Frente a estas propuestas irrealizables a corto plazo por falta de presupuesto para acometerlas aunque hubiera voluntad política por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la nación, los grupos municipales de PSOE e IU tratan de, como se dice vulgarmente, bajar la pelota de las nubes de la irrealidad a que la ha lanzado el PP hasta el suelo, para tratar de pactar al menos un plan de choque que permita contratar a entre 3.600 (PSOE) y 4.000 (IU) parados, sobre todo de larga duración y que hayan perdido sus prestaciones y a los que habría que procurar  “el pan nuestro de cada día” subveniendo a sus necesidades básicas.

Los socialistas plantean esencialmente:

1) Que el Ayuntamiento financie el salario mínimo interprofesional (634 euros) durante los seis primeros meses de las personas que sean contratadas de entre parados de larga duración sin prestaciones o mayores de 35 años con más de uno en el paro.

2) Que aplique una bonificación del 95% en impuestos y tasas municipales para aquellas empresas que acrediten un aumento de plantilla durante la segunda mitad de 2013.

3) Que asuma durante medio año  los gastos de contratación de diez personas con el salario mínimo interprofesional en proyectos de innovación que se presenten en el marco de un convenio a tal efecto.

El coste de este plan para las arcas municipales sería de 10 millones de euros en subvenciones y la renuncia a ingresar 4,6 millones por las bonificaciones en impuestos y tasas.

RESPONSABILIDAD PROPIA

La ‘filosofía’ de IU es similar: dotar con 15 millones de euros un plan de choque que permita dar a entre 3.000 y 4.000 sevillanos excluidos del mercado laboral la oportunidad de hallar una ocupación, siquiera temporal, en obras menores y de embellecimiento de la ciudad, y así salvarlos de la marginación y el paro estructural.

Las propuestas de PSOE e IU centran el tiro en la responsabilidad del Ayuntamiento y de Zoido, que prometió ser “el alcalde del empleo”, en vez de lanzar balones hacia la Junta y el Gobierno. La respuesta del PP a este planteamiento ha sido la de que se trata de empleos efímeros que no solucionan el problema de fondo y que de dónde va a sacar el Ayuntamiento los 15 millones de euros que pide la oposición.

Los empleos así creados serían efímeros, obviamente -y nadie se llama a engaño al respecto-, pero al menos paliarían la situación de varios miles de familias sevillanas en riesgo de exclusión social, mientras que los 46.000 hipotéticos que promete el PP a años vista son de momento pura entelequia. Y en cuanto al dinero necesario para abordar el plan de choque, los populares incurren en una flagrante contradicción, ya que si el Consistorio no puede obtener 15 millones de euros, ¿cómo promete que librará 70 millones si la Junta y el Gobierno se pliegan a sus exigencias?

EXCEDENTES FINANCIEROS

El gobierno local dice no saber de dónde sacar 15 millones de euros, pero mantiene 20 millones de excedente de tesorería a plazo fijo y alardea de que el Ministerio de Hacienda ha estimado en 83 millones de euros el superávit obtenido por el Ayuntamiento en 2012 tras la aplicación del plan de ajuste, lo cual le permitiría pedir nuevos créditos por hasta un máximo de 30 millones de euros.

También en víspera del Día de Andalucía una señera empresa sevillana como Merkamueble presentó concurso de acreedores. Su presidente, Francisco León, explicó las razones con una frase que resume la situación en Sevilla: “Si no hay ahora ni para las necesidades primarias, ¿cómo va a haber para comprar muebles?”.

Noventa mil sevillanos en paro en la capital no tienen ni para las necesidades básicas, pero el Ayuntamiento, en vez de tratar al menos de paliar esta situación con medidas de urgencia propias, remite a lo que pudieran hacer en un futuro incierto otras Administraciones con el Metro, la Ciudad de la Justicia, el dragado del Guadalquivir…..

La respuesta de Zoido a los parados de Sevilla son castillos en el aire: ni pan para hoy ni para mañana.

Pero ¿hubo una vez….

…cuarenta y seis mil empleos? Esta es la pregunta que, parafraseando a Jardiel, cabe hacerse a raíz de la promesa del PP de crearlos si se aceptan sus propuestas para el Pacto por Sevilla.

Cinco días antes, Espadas había presentado  su “plan de choque” para generar 3.600. Sin entrar a analizar en profundidad el planteamiento de Espadas, ‘a priori’ esta cifra  podría parecer realista, dada la escasa capacidad de maniobra existente.

La reacción inmediata del gobierno de Zoido fue la de descalificar al portavoz socialista con el argumento de que el PSOE debía ser “más serio y menos demagógico”.

Si al PP le parecía poco seria esa propuesta, ¿cómo cabría calificar entonces su promesa de 46.000 nuevos ocupados y reducir la tasa de paro en un 50% desbloqueando los grandes proyectos pendientes, cuando no hay financiación pública ni privada para acometerlos?

Como la confrontación late en cualquier iniciativa, el PP ha tratado de responsabilizar a la Junta de la solución al paro en Sevilla, al vincular la materialización de sus propuestas a decisiones políticas del Gobierno andaluz.

EL SEGUNDO IKEA

Sin embargo, este planteamiento no obedece siempre a la realidad. Por ejemplo, en el caso de la segunda tienda de Ikea. Según las cuentas de la lechera de Juan Bueno, el nuevo complejo comercial de la firma sueca cerca del aeropuerto permitiría crear más de 2.500 puestos de trabajo (se empezó hablando de mil, luego de dos mil y ya vamos por esta cifra) en una primera fase, y un total de 7.000 cuando se desarrolle en una segunda etapa un parque empresarial anejo.

No dice el PP que hasta el pasado 13 de febrero el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo no aprobó la propuesta de deslinde de los dos tramos de la vía pecuaria que discurren por el suelo urbanizable de San Nicolás Oeste, trámite administrativo sin el cual no se podrá aprobar el proyecto de reparcelación de los suelos para la tienda sueca. La ley debe ser aún más estrictamente cumplida en un ayuntamiento presidido por un juez como es Zoido, y si los suecos han elegido para instalarse unos suelos afectados por una vía pecuaria y no otro sin tal hipoteca ganadera, deben atenerse a las consecuencias de su libre elección.

Item más: el Ayuntamiento de Sevilla tiene la potestad para realizar el deslinde desde el verano de 2012 y, sin embargo, ha tardado siete meses en elevar una propuesta a la Consejería de Medio Ambiente. Quedan aún los trámites de la desafectación y el trazado alternativo, con lo cual la apertura del segundo Ikea no podrá producirse en el mejor de los casos hasta 2016, pasado incluso el mandato de Zoido. ¿Es serio y riguroso, por tanto, crear falsas expectativas a corto plazo y tratar de endosarle el supuesto retraso administrativo a la Junta de Andalucía?

GAVIDIA Y ALTADIS

Otra falacia política: la apertura de las Atarazanas, a la que se asignan 100 empleos, cuando La Caixa aún mantiene la concesión otorgada en su día, por lo que el Gobierno autónomo no puede hacer absolutamente nada y el propio Zoido bendijo el traslado del Caixafórum a la torre Pelli. En puridad, Juan Bueno, debería haber evaluado laboralmente este proyecto en la Cartuja, no en el Arenal.

El Ayuntamiento ya ha acordado la recalificación de la Gavidia para centro comercial, que necesita, cierto es, el plácet final de la Junta, aunque Bueno sólo contabiliza 150 empleos posibles de materializarse este proyecto. Si no ha tramitado aún el cambio de uso para la fábrica de Altadis en Los Remedios (a la que el PP asigna un potencial de 550 empleos, sin saberse en base a qué criterios, ni en éste ni en otros casos), técnicamente no puede imputarle bloqueo alguno al Gobierno autónomo. Ahora bien, antes de llegar a esa fase, lo que deberían hacer el Consistorio y la Junta es exigirle a la multinacional que cumpla la promesa que hizo de compensar el cierre de la fábrica de tabacos más antigua del mundo con la instalación de un centro logístico en el área metropolitana de Sevilla.

RED COMPLETA DEL METRO

¿Qué queda imputable a la Junta? El cambio de uso de la estación del Prado, cuyo impacto parece menor, y dos grandes proyectos. La Ciudad de la Justicia, si no se acometió durante las ‘vacas gordas’ menos va a construirse en plena crisis. En cuanto a la ejecución de la red completa de Metro como pide el PP, es otra entelequia en las actuales circunstancias, y en todo caso sería una obra al 33% cada uno de Ayuntamiento, Junta y Gobierno central.

Si la ministra de Fomento se ha peleado con el alcalde de Granada, Torres Hurtado, de su mismo partido, para sacar del centro de la ciudad la futura estación del AVE con tal de ahorrar 600 millones de euros, ¿con qué fuerza moral puede demandar el Consistorio sevillano que se destinen en esta especial coyuntura al menos 3.000 millones de euros para las líneas de Metro pendientes?

DECISIÓN DE MADRID

Curiosamente, la mayor parte de los futuribles empleos en el plan del PP dependen de decisiones del Ejecutivo central , como el dragado del Guadalquivir (20.000), cuyo proyecto aún está redactándose y puede ser tumbado por Europa o impugnado ante los tribunales por arroceros y ecologistas; el cierre del anillo ferroviario de Cercanías y la carretera SE-35, para la que debe librar 12,5 millones de euros. Sospechosamente, Bueno ha dejado fuera la SE-40, paralizada por Fomento por la misma falta de fondos que el PP pretende haya para las infraestructuras que demanda.

Los revolucionarios del mayo francés acuñaron el lema ‘sed realistas, pedid lo imposible’. Con nuestros políticos es al revés: hay que pedir el imposible de que sean realistas.