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El alcalde, sin margen para más ingresos

Aplica ya prácticamente el tope máximo que le permite la ley en los cinco principales impuestos

En los diez años que lleva de mandato duplicará el coste del recibo del IBI que pagan los sevillanos

Trata de hacer caja con las multas de tráfico, cuya recaudación ha multiplicado por cinco en sólo dos años


Ha anunciado  la supresión de servicios por falta de fondos

Diez años después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía, el Ayuntamiento de Sevilla se halla en una más que delicada situación financiera, con una deuda de 493 millones de euros según el Banco de España, una mengua de 52 millones de euros en las transferencias del Estado por efecto de la crisis económica, el arrastre del déficit de ejercicios anteriores, con Lipasam y Tussam prácticamente en quiebra y sin apenas poder incrementar la capacidad recaudatoria municipal porque roza, cuando no aplica ya, los tipos máximos impositivos que le permite la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La asfixia económica en que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla un decenio después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía es tal que él mismo ha anunciado que peligran algunos servicios municipales, y ello pese a que el Consistorio socialista ha exprimido casi al máximo las posibilidades recaudatorias que le otorga la ley y a que los sevillanos son, comparativamente, los habitantes de las grandes ciudades españolas que más impuestos pagan por ser propietarios de una vivienda.

El sevillano que haya tenido la sabia precaución de archivar los justificantes de pago de sus impuestos podrá comprobar que desde el ejercicio del 2000, el primero en que entraron en vigor unos Presupuestos Municipales con Monteseirín como alcalde, hasta el año 2009 el recibo del IBI se le ha incrementado en un 90% en números redondos.

La base imponible de este impuesto es el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando Hacienda autoriza su revisión, la base imponible sube en un 100% y el incremento se aplica gradualmente durante un decenio, a razón de un 10% anualmente. El 2010 será el último año de aplicación de la subida (el 10% restante) para completar la duplicación del coste del recibo.

Morosos y multas

Ahora bien, los tipos impositivos del IBI pueden ser incrementados o reducidos por los Ayuntamientos en los supuestos y dentro de los límites fijados por la ley reguladora de las Haciendas Locales. La norma permite aplicar un tipo impositivo sobre la base imponible que oscila entre el 0,4% y el 1,1%. El Ayuntamiento de Sevilla aplica un 0,847% desde el año 2002. Otros ayuntamientos, como el de Cádiz, han logrado una congelación práctica del IBI a través del tipo impositivo aplicable.

En la delicada situación financiera en que se halla el Consistorio sevillano, a Monteseirín aún le queda un último pero impopular recurso: incrementar el tipo impositivo del IBI hasta ese máximo legal permitido del 1,1%, lo que supondría un nuevo ‘catastrazo’ en el bolsillo de los sevillanos.

Consciente del efecto electoral ‘boomerang’ que podría tener esta hipotética medida de urgencia para el PSOE en las elecciones municipales de 2011, Monteseirín ha dado orden a la Delegación de Hacienda de que haga lo imposible por cobrar los 45 millones de euros que en conjunto adeudan millares de contribuyentes al Ayuntamiento por diversos conceptos desde hace 15 años, pese a que la Oposición estima que muchas de esas deudas han prescrito.

Otra de las medidas para engrosar como sea las arcas municipales es incrementar en lo posible las multas por infracciones de tráfico y, en especial, por aparcar en doble fila. El famoso coche ‘ponemultas’ y el comando especial de la Policía Local denominado ‘Blackberry’, por haber sido equipados con tecnología de última generación para imponer sanciones con la mayor fiabilidad y celeridad, son dos exponentes de la nueva política municipal, que está dando sus frutos. En tan sólo dos años, el Ayuntamiento ha pasado de recaudar 2,5 millones de euros por sanciones a los automovilistas a 11,3  millones de euros: casi cinco veces más.

Topes máximos

Otra de las opciones que tiene el alcalde de hacer más caja es sello del coche. Se trata de un impuesto directo y real que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica de cualquier clase y categoría, aptos para circular por las vías públicas. La ley de Haciendas Locales fija un cuadro de tarifas en función de la potencia fiscal y clase de vehículo. Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas fijadas en dicho cuadro aplicando unos coeficientes en función de la población de derecho de su municipio. El coeficiente máximo en el caso de Sevilla es el 2% y el Ayuntamiento ya aplica un 1,82%, por lo que el margen de maniobra que le queda es muy escaso.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el aumento de valor que los terrenos urbanos hayan experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, siempre que tal aumento se ponga de manifiesto como consecuencia de su enajenación o de la limitación de su dominio, ambas a título oneroso o lucrativo.

La base imponible es el incremento del valor de los terrenos, que se calcula aplicando sobre el valor catastral del suelo en el momento del devengo un porcentaje a fijar por cada Ayuntamiento que varía en función de la población de derecho del Ayuntamiento y de los periodos de revalorización de los solares, y que se sitúa entre un mínimo del 2 por 100 y un máximo del 3,7 por 100. Sobre esta base se aplica un tipo impositivo fijado por cada Ayuntamiento cuyos límites oscilan también en función de la población de derecho del municipio entre un mínimo del 16 por 100 y un máximo del 30 por 100. Pues bien, el Consistorio sevillano ya aplica el tope máximo.

El  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tiene un carácter indirecto y  grava la realización dentro del término municipal de aquellas actividades enunciadas en su denominación que requieran licencia municipal, haya sido expedida o no ésta. La base imponible está formada por el coste de la operación gravada. El tipo impositivo básico es del 2 por 100, incrementable por los Ayuntamientos hasta un máximo del 4 por 100 en función de la población de derecho del municipio. En este caso, la Corporación hispalense también aplica el máximo permitido por la ley.

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de carácter directo,  se exige por el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. La cuota tributaria resulta de aplicar las tarifas del Impuesto. Las tarifas mínimas se aprueban por Real Decreto y sobre ellas los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente en función de la población de derecho del municipio, e independientemente pueden aplicar una escala de índices que pondera la situación del local comercial en función de la categoría de la calle en la que radique. En Sevilla hay recargos por cinco categorías de vías públicas y el Ayuntamiento ha fijado también el máximo legal, por lo que carece de margen de maniobra.

Con este panorama, al Consistorio sólo le queda prácticamente incrementar ingresos por la vía de las tasas municipales (hay 29), un método tampoco muy popular, ya que el contribuyente percibe con nitidez el efecto de las subidas en su bolsillo.

LOS ‘AGUJEROS’ CONDICIONAN

EL PRESUPUESTO DE 2010

Los Ayuntamientos presididos por Monteseirín baten records de retraso en la aprobación de los Presupuestos. Los del año 2009 vieron la luz en abril con la excusa del Plan ‘E’, aunque ello no fue óbice para que corporaciones de otras grandes ciudades beneficiarias también del plan de reactivación de Zapatero los tramitaran en tiempo y forma. Igual está ocurriendo este año, ya que se prevé que las cuentas municipales no se aprueben hasta la primavera, máxime cuando la Delegación de Hacienda deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar los números.

El problema de fondo radica en que los gastos de la Corporación son más o menos fijos (más bien más que menos) mientras que los ingresos son variables y dependen en buena medida de las transferencias estatales. El punto de partida son 52 millones menos de dinero aportado por el Gobierno de la nación por causa de la crisis y la caída de recaudación en las arcas del Estado.

Siguiente hándicap: el Ayuntamiento arrastra un déficit de 87 millones de euros del ejercicio de 2008 y la Ley le obliga a realizar un plan de saneamiento para reducirlo en el plazo de tres años, ya que en caso contrario quedaría bajo la tutela económica de la Junta de Andalucía. Así pues, en los Presupuestos de 2010 debe ahorrar un tercio de ese déficit: 29 millones de euros.

Se estima que por el hundimiento del sector inmobiliario, la Hacienda municipal podría dejar de ingresar unos 7 millones de euros por los impuestos relacionados con el mundo de la construcción y las plusvalías de los terrenos.

Y, por ende, el Ayuntamiento deberá afrontar los déficits generados por las empresas municipales. Tussam podría acabar el ejercicio 2009 con un ‘agujero’ superior a los 50 millones de euros, y Lipasam tiene pendiente de ejecución un plan de saneamiento por unos 30 millones. En esta senda de pérdidas se hallaría ya Giralda Tv, que precisaría de una financiación añadida de 1,5 millones de euros.

En esta situación de caída general de ingresos y arrastre de déficits, a la Corporación sólo le queda recortar gastos allí donde pueda. La primera víctima del tijeretazo municipal ha sido la Real Orquesta Sinfónica: mientras las demás Administraciones mantendrán sus aportaciones para el año 2010, el Ayuntamiento ha recortado su contribución a una de las señas de identidad culturales de la ciudad.

El que no se mueve, sale en la foto….de la Policía

El Ayuntamiento, tal como vimos anteriormente, se ha escudado en la crisis para reasignar partidas presupuestarias de elevado contenido social y Monteseirín ha llegado a amenazar con suprimir la prestación de servicios municipales por la falta de dinero. Faltan recursos para otras cosas pero no para seguir alimentando la televisión marchenera del alcalde o para comprar PDA ‘Blackberry’ de última generación a fin de que  la Policía Municipal pueda multiplicar el número de multas de tráfico y agilizar su tramitación de forma que se cobren cuanto antes. Contrasta esta preocupación del gobierno local por dotar con la última tecnología en materia de comunicaciones a los agentes con las frecuentes quejas de éstos por la falta de equipamiento básico. Por no tener, los uniformes de los policías de Tráfico no tenían ni bolsillos.

Ahora, sin embargo, Monteseirín no ha escatimado en gastos para que los sevillanos comprueben en sus propias faltriqueras la eficacia del sistema telemático de sanciones por aparcar en doble fila. Al coche ‘ponemultas’ se ha unido un comando especial de la Policía Local equipado con móviles que han costado unos mil euros cada uno y que están complementados con miniimpresoras con las que los agentes pueden imprimir ‘in situ’ la multa que colocan sobre el parabrisas del automóvil. Todo está pensado para imponer el mayor número de sanciones en el menor tiempo posible: la firma del policía ya está digitalizada en el teléfono; al teclear el número de la matrícula, el sistema identifica ‘ipso facto’ al titular del coche; mediante una cámara de fotos incorporada, se capta una instantánea del vehículo como prueba añadida….El agente, si quiere, no tiene ni que pararse a cumplimentar formularios de denuncia. Le basta con fotografiar todo coche infractor que se le ponga a tiro, cuantos más mejor, y luego volcar la información tranquilamente en un despacho. Incluso se omite el procedimiento de la notificación al conductor y se publica de inmediato la sanción en el Boletín Oficial de la Provincia: infinidad de sevillanos ignoran que han sido sancionados y que sus nombres han pasado a engrosar las páginas del BOP.

Con sólo cinco multas que imponga un policía por aparcamiento en doble fila, el Ayuntamiento ya ha amortizado el coste de una ‘Blackberry’ de última generación. Y a fe que está amortizando los aparatos. A pasos agigantados. La previsión de ingresos por multas era de 4 millones de euros para todo el año. En agosto, el Consistorio ya había recaudado 11 millones. El ejercicio puede cerrarse con más de 16 millones de euros en las arcas de la Hacienda municipal.

Atrapados en la ratonera

Los automovilistas sevillanos se han convertido en fácil carne de cañón para un Ayuntamiento que, sin dar alternativas previamente,  ha declarado la guerra al coche privado mediante la continua ampliación de calles peatonales, por una parte, y la supresión de numerosas plazas de aparcamiento en superficie debido a la implantación del carril-bici. Aparcar en Sevilla se ha convertido en una odisea por el efecto añadido de las 300 obras simultáneas decretadas por Monteseirín, con lo que otras tantas calles están cortadas con vallas y alambradas.¿Dónde se meten los coches, cuyos dueños pagan el sello de tráfico a la corporación municipal?

En diciembre de 2004, el Consistorio aprobó en Pleno un plan para construir 67 parkings subterráneos desperdigados por toda la ciudad y con una inversión superior a los 350 millones de euros. Cinco años después, el grado de cumplimiento de esta promesa municipal es mínimo, pero Monteseirín ya ha proclamado que no hacen falta más aparcamientos porque los sevillanos “no tienen cultura de pagar por aparcar”. El alcalde ha utilizado una estadística de los empresarios de parkings rotatorios según la cual éstos están desocupados el 55% de las horas del día. Los comerciantes de Aprocom replican que si los parkings existentes no se llenan es porque no facilitan a los ciudadanos que lleguen a donde tienen que llegar. Con la crisis económica como trasfondo en una ciudad con un 18% de parados y una renta per cápita inferior a la media nacional, el automovilista sevillano ya es que se las ve y se las desea hasta para aparcar en doble fila: las obras no le dejan espacio; carece de parkings alternativos, no se puede permitir continuos desembolsos en los rotatorios y es acosado por el ‘ponemultas’ y el ‘comando Blackberry’ de la Policía Local.

Vista gorda

El furor sancionador de la Policía Local ha llegado a tales extremos que hasta el comité de empresa de Tussam la acusa de multar “de forma indiscriminada” a los conductores de los autobuses municipales y le pide que tenga en cuenta atenuantes  como “las circunstancias del tráfico, la ocupación de las vías y las dimensiones de los vehículos, sobre todo los articulados”.

¿Acaso no podría invocar los mismos atenuantes cualquier automovilista sevillano? Por más que el comité diga que en ningún caso pretende quedar exento de cumplir las normas de la circulación, la mera emisión del comunicado ya es un intento de obtener un trato de favor.

Y mientras tanto, la sección del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme)  ha denunciado que un número indeterminado de patrulleros de la Policía sevillana circula con la ITV caducada porque el Ayuntamiento no tramitó las citas a tiempo.

¿Se multará la Policía Local a sí misma por infringir la ley o se hará la vista gorda?

Ustedes, ¿qué creen?