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El precursor

El derrumbamiento del muro del antiguo Bazar España causó la muerte de cinco personas en Sevilla

La Junta trata de justificar la falta de luz y taquígrafos de los EREs a cuyo amparo se han falsificado prejubilaciones con el pretexto de que sólo eran ayudas individuales. Por ironías del destino, este escándalo coincide con el juicio por la demanda de una de las familias de las víctimas del Bazar España contra el Ayuntamiento. Monteseirín se empeñó en indemnizarlas por supuesta responsabilidad patrimonial, lo que suponía una acusación implícita a Urbanismo, en manos de sus socios del PA. Aquello provocó una crisis municipal y la dimisión de Mariano Pérez de Ayala. El (sin) alcalde, para aparentar que no daba su brazo a torcer, camufló entonces la indemnización (72.200 euros) como ayuda individual (subvención) a las familias pero sin explicarles su alcance. Cuando algunas de ellas se habían gastado ya el dinero, vino Hacienda exigiéndoles impuestos por el IRPF. Ahora, alguna debe al Fisco 43.000 euros. Monteseirín, el precursor en camuflar el procedimiento muchos años antes que la Junta, ha acabo llevando a las víctimas del Bazar de España a la ruina.

El ‘EREgate’

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Mar Moreno

La Junta de Andalucía, por boca de Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz, ha tratado de reducir el escándalo de las falsas prejubilaciones según el ‘modus operandi’ de Mercasevilla (39 detectadas hasta ahora), a una mera discrepancia en el procedimiento para el reparto de 647 millones de euros en casi un decenio. Conforme a su tesis, “si alguien se salta los controles no es una falta de control”.

El procedimiento, esa discrepancia aparentemente menor, es justamente la cuestión, como el ser o no ser shakesperiano. Si no fuera así, no existiría una ley de Procedimiento Administrativo que hunde sus raíces en la de 1958, aún en plena Dictadura.

Según una definición de perogrullo y de manual universitario, el procedimiento es el modo en que deben producirse los actos de la Administración y su importancia no es menor, sino esencial.

La Consejería de Empleo omitió la primera norma del Derecho Administrativo, salvo que me corrija el profesor Clavero: la Administración debe adecuar su actuación a unas reglas preestablecidas para, por una parte, evitar posibles conductas arbitrarias y, por otra, conseguir una mayor eficacia. De esta forma, el procedimiento supone una doble garantía: para la recta consecución de los intereses generales del modo más eficaz y para los derechos e intereses de los administrados.

BURLA

Si el procedimiento fuera una cuestión al albur del consejero de turno no merecería hasta un artículo de nuestra Constitución, que establece: la ley regulará “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos”. Y entre los principios generales por los que debe regirse destacan los de transparencia, publicidad y participación.

En esencia, ¿qué hizo la Consejería de Empleo a partir de 2001? Dotarse de una pauta al margen del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública, sin transparencia (la mayoría del dinero se repartió a espaldas del Consejo de Gobierno), ni publicidad (sus acuerdos, totalmente discrecionales a la hora de favorecer a unas empresas y no a otras, con lo que incluso pudo distorsionar el mercado, no se publicaban en el Boja).

Sabemos de casos en que era la propia Consejería la que, para agradable sorpresa del empresario estratégicamente ‘tocado’, ofrecía subvencionar un expediente de regulación de empleo, ERE camuflado como ayuda individual a los trabajadores. Esta calificación fue defendida a capa y espada por Mar Moreno para justificar que no aparecieran en el Boletín Oficial. Y por eso el informe de la Policía Judicial refleja que gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y el IFA (ahora IDEA), este último se convirtió en el pagador de las subvenciones, con lo que se evitaron los controles y fiscalización de este tipo de libramientos.

Mediante esta vulneración del procedimiento se burló, a juicio de la Policía Judicial, la ley de Hacienda. Prueba de ello es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiadas. Si no había solicitud alguna, eso significa que se creó el instrumento para repartir arbitrariamente 647 millones de euros.

LA ‘AGILIDAD’

La coartada para prescindir del procedimiento administrativo la dio Mar Moreno en su comparecencia pública sobre los 37 nuevos falsos prejubilados: “aportar agilidad”. El mismo pretexto usado para la creación de la llamada ‘Administración paralela’ de la Junta: como por los controles garantistas que impone el Derecho Administrativo las Consejerías son lentas y burocráticas, se monta una red de empresas ‘agiles’ que permita tener manos libres y, de paso, ‘cementerios de elefantes’ donde colocar a los afines. De esos polvos vienen estos lodos.

Pese al escándalo que estamos viviendo, Mar Moreno ha dicho, impertérrita, que con el método arbitrario ideado por la Consejería de Empleo “se favorecía el adelanto de recursos sin esperar a los Presupuestos, y que (atención) se va a seguir haciendo”.

¿Y qué recursos había que adelantar, si según la Policía Judicial no consta solicitud de ayuda por empresa alguna? ¿Dónde está la urgencia? ¿Por qué saltarse entonces el procedimiento y el Derecho Administrativo?

DECISIÓN ‘POLÍTICA’

Se da la circunstancia de que con el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de consejero de Economía y Hacienda (2004-2008), la Intervención General cuestionó por tres veces (años 2005, 2006 y 2007) el arbitrario método implantado por la Consejería de Empleo pero, como ha reconocido la propia Mar Moreno en su rueda de prensa, aquél se mantuvo “por una decisión técnica y política”.

Más claro, agua. La Intervención General de la Junta, a las órdenes por entonces de Griñán, dio la voz de alarma, pero hubo una decisión “política” (¿quién la avaló?) de mantener un sistema ajeno al procedimiento administrativo y que ha propiciado tal cantidad de falsas prejubilaciones.

Richard Nixon

Cuando Nixon dimitió por el caso Watergate, dijo que más que por el asunto puntual del intento de espionaje al partido rival por los falsos fontaneros en el hotel del mismo nombre, lo hacía por haber permitido que se crearan las condiciones para que se produjera aquel escándalo que puso fin a una era de la política norteamericana.

En Andalucía, pese a que con el ‘EREgate’ se han dado también las condiciones propicias para el escándalo de las falsas prejubilaciones por una decisión política (Mar Moreno ‘dixit’) de ‘sostenella y no enmendalla’, ni siquiera se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento.

Será que Andalucía es diferente.

Almas muertas, almas vivas

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Nikolai Gogol

Ivanovich Chichikov (Pavel) es el protagonista de ‘Almas muertas’, obra de Nikolai Gogol, considerado el precursor de la gran novela rusa moderna. En este libro, en el que los críticos encuentran reminiscencias del Quijote, Chichikov piensa que carecer de suficientes siervos a su servicio, por falta de dinero y de tierras para mantenerlos, le resta categoría en el mundo burgués en el que se desenvuelve.

Y se le ocurre una solución: ya que muchos terratenientes poseedores de ‘esclavos’ no los dan de baja del censo cuando mueren, porque la notificación del deceso les obliga al pago de impuestos, él compraría los títulos de propiedad de estas almas muertas para así poder lucirlos como signo de estatus social.

A tal efecto va recorriendo Rusia en su destartalado coche de caballos. Los grandes propietarios, aunque extrañados al principio por la índole del negocio que les propone, acaban aceptando, encantados de ahorrarse un dinero ante el Fisco. El viaje de Chichikov por las heladas estepas es convertido por Gogol en una excusa para hacer una radiografía social de ese inmenso país a caballo entre Europa y Asia.

FALSOS PENSIONISTAS

Una pluma como la del gran autor ruso hallaría hoy motivo de inspiración para otra novela que fuera el retrato de una época y la radiografía de Andalucía a partir del caso Mercasevilla, donde, al contrario que en ‘Almas muertas’, se engordan las prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo con almas aún vivas y pese a que jamás han tenido relación laboral alguna con la empresa municipal hispalense.

En el ERE del año 2003 fue incluida Carmen González, que nunca tuvo vinculación con Mercasevilla. Y ahora se descubre que la misma señora aparece como por arte de magia en el expediente promovido en 2005 por el restaurante Río Grande, pese a que tampoco trabajó allí nunca. Por tanto, alguien ha percibido en su nombre durante 8 y 6 años, respectivamente, una falsa prejubilación a cuenta del erario público.

Son 14 años, justamente los mismos que un vecino de Sanlúcar la Mayor, detenido hace cuatro días por la Policía, llevaba cobrando la pensión de un ‘alma muerta’: la de la tía de su esposa., aparentemente viva para la cuenta del banco donde ingresaba los pagos la Seguridad Social porque nunca notificó su muerte, como los terratenientes de la novela de Gogol pero por motivos opuestos: no para no pagar al Fisco, sino para que el Fisco le pagara a él. La picaresca andaluza incluso supera a la fabulación del gran escritor ruso.

INSPECCIONES INEFICACES

Volviendo a Mercasevilla, a la falsa prejubilada Carmen Fontela hay que unir el nombre de un dirigente del PSOE de Baeza, Antonio Garrido, también incluido en un ERE cuando jamás trabajó en la empresa municipal sevillana, y el de cinco operarios más que ni siquiera tenían la edad reglamentaria.

Tal como ha planteado en su brillante investigación el compañero Sebastián Torres, resulta cuando menos sorprendente que ni la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo ni la Inspección de Trabajo detectaran estas irregularidades, pese a que las vidas laborales de los prejubilados deben incorporarse a los informes de los ERE.

Viera y, a su derecha, Fernández

Es evidente, pues, la existencia de, como mínimo, un descontrol administrativo, laxitud favorecida por la firma en 2001 de un convenio entre la Consejería de Empleo, cuyo titular era por entonces José Antonio Viera –hoy secretario provincial del PSOE-, y el IFA, dirigido por Antonio Fernández, posterior titular del Departamento –acogido a otro ERE en una bodega de Jerez cuando aún era consejero-.

Un convenio que permitió soslayar la normativa imperante en materia de subvenciones, con lo que los más de 600 millones de euros destinados por la Junta en el último decenio a EREs de empresas en crisis no habrían pasado por el Consejo de Gobierno ni sido publicados en el BOJA. De facto se otorgó un poder discrecional para manejar esa ingente cantidad de dinero, de ahí que la juez Alaya haya exigido ahora al Gobierno autónomo información sobre los criterios que ha seguido en la concesión de ayudas sociolaborales desde 2002.

CONSEJERÍA BAJO SOSPECHA

Parafraseando a Monteseirín en su famosa campaña electoral sobre el Urbanismo, toda la política laboral de la Junta está bajo sospecha, por lo que el PP no ha dudado en poner en su punto de mira al líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, al que ha calificado como el inventor del sistema con el que se habrían burlado los procedimientos reglados, esenciales en una Democracia, tal como sostenía Olivencia frente a Pellón cuando era el comisario general de la Exposición Universal de 1992 y el ingeniero cántabro quería regirse sólo por el principio de eficacia al margen de cualquier fiscalización.

El caso Mercasevilla demuestra que ni siquiera hace falta gobernar a golpe de Boletín Oficial, porque hasta el Boja ha sido omitido en el manejo de cantidades multimillonarias. La Junta de Andalucía no sólo ha creado una Administración paralela mediante una trama de sociedades y empresas ajenas a las luces y los taquígrafos del Parlamento, sino también unas pautas paralelas y ajenas a la norma digamos, aunque sea redundante, legal.

Una pauta en la que el descontrol es la norma, porque sólo así es posible asignar en EREs como el de Mercasevilla y el de Río Grande cientos de miles de euros a ‘almas’ que, al contrario de las de la novela de Nikolai Gogol, no estaban precisamente muertas, sino demasiado vivas.

Preguntas sin respuestas

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Del urbanismo bajo sospecha acuñado por Monteseirín hemos pasado a la política laboral de la Junta bajo sospecha. El escándalo de Mercasevilla, que suma y sigue con el insólito descubrimiento de una caja fuerte secreta en un armario de la Consejería de Empleo, ha sembrado un campo de minas en forma de dudas sobre la gestión de este Departamento, cuyo exdelegado provincial, Antonio Rivas, está imputado en el caso y donde nadie sabe a ciencia cierta quién autorizó la inclusión en los polémicos EREs de falsos prejubilados como el dirigente socialista de Baeza y de contratados ‘ad hoc’ para beneficiarse de generosas jubilaciones con dinero público.

Si al cabo de los años se ha descubierto que los EREs de Mercasevilla están plagados de irregularidades, ¿cómo no sospechar con fundamento que no haya podido ocurrir lo mismo en otros expedientes tramitados por una Consejería que por ende tiene sobre ella la mirada del casi millón de andaluces en el paro?

MIRANDO EN LOS ARMARIOS

La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, y la de Agricultura, Clara Aguilera, han declarado que ellas no tienen cajas fuerte secretas como la Consejería de Empleo. ¿Y cómo lo saben? O si lo saben, cabe inferir de sus palabras que habrán ordenado un registro interno para asegurarse, ya que su colega de Empleo, Manuel Recio, descubrió fortuitamente dos meses después de su toma de posesión la caja camuflada en un armario y de la que nadie tenía noticia.

Y al igual que Mendelssohn escribió las canciones sin palabras, aquí cabe escribir muchas preguntas aún sin respuestas. ¿Cómo se pudo camuflar la caja sin que ningún funcionario advirtiera los trabajos para su instalación? ¿Pasó inadvertida porque se introdujo en la Consejería embalada como si fuera un ordenador? ¿Cómo pasaron con ella los controles de seguridad sin que su aspecto en la pantalla provocara sospecha alguna del vigilante de turno? ¿No se disparó ninguna alarma por los kilos de metal que se estaban introduciendo? ¿Y en calidad de qué se presentaron a sí mismos quienes acudieron a montarla dentro del armario, para lo cual debieron cargar con el instrumental adecuado? ¿Como ‘fontaneros’, similares a aquellos del escándalo Watergate?

¿Trabajaron en el horario laboral habitual, con lo que habrían coincidido con los funcionarios como incómodos testigos, o se presentaron a horas intempestivas para que no los viera nadie? ¿Quién les abrió entonces la puerta?

LA DETERMINACIÓN

Mar Moreno dice que todavía no tiene claro si es normal o no que en la sala anexa al despacho del consejero de Empleo hubiera una caja fuerte secreta. Si es normal que haya secretos que custodiar en cajas acorazadas , ¿por qué entonces el sucesor de Antonio Fernández, el ya exconsejero ilocalizable cuando la juez pregunta por él, llamó a la Policía Autonómica para que la abriera y no dio cuenta de la misma a la magistrada encargada del caso Mercasevilla? ¿Por qué mantuvo en secreto la operación de apertura de la caja secreta?

Manuel Recio dice haber abierto una investigación interna sobre los EREs de Mercasevilla. ¿Por qué no ha hecho lo mismo sobre quién, cómo, cuándo y por qué ordenó comprar e instalar la caja acorazada? ¿No está acaso la factura de compra en Intervención? ¿Cuánto costó? ¿Qué fabricante la suministró?

La portavoz del Gobierno también imagina que se habrá determinado el montaje de la caja secreta por razones de seguridad. Para empezar, ¿quién lo determinó? Porque si era una cuestión de seguridad, lo lógico habría sido aconsejarse por la Policía Autonómica, la misma en que se pensó a la hora de abrirla y que tampoco sabía de su existencia. ¿Lo determinó acaso una empresa privada previo pago de los correspondientes emolumentos? Y si lo determinó una empresa privada, ¿se contrató el servicio mediante concurso público o se adjudicó a dedo?

LA VERSIÓN OFICIAL

¿Y qué razones de seguridad se dan en la Consejería de Empleo para que tenga una caja fuerte secreta camuflada que no se dan en otras consejerías para que éstas no dispongan de un equipamiento tan ‘sui generis’? ¿No se dan ‘a priori’ más razones de seguridad en la Consejería de Gobernación, equivalente en plan doméstico al Ministerio del Interior? ¿O en la Consejería de Justicia, por su propia naturaleza? ¿Por qué no tienen entonces cajas fuertes secretas en los armarios? ¿O sí las tienen y también guardan silencio?

¿Qué había que custodiar en la caja acorazada de Empleo? ¿Papeles secretos en plan Wikileaks o dinero contante y sonante al margen de las cuentas bancarias oficiales? ¿O las dos cosas a la vez?

¿Y por qué hemos de creernos la versión oficial, dada a conocer al cabo de los meses y sólo después de que EL MUNDO haya desvelado el secreto mejor guardado de la Consejería, de que la caja fuerte estaba vacía cuando la Policía Autonómica logró por fin forzarla, si nadie ha dado parte de todo esto al Juzgado que investiga el caso Mercasevilla? ¿Cómo creer la versión oficial cuando no ha sido avalada por nadie ajeno a la Consejería, que es parte interesada en el escándalo ? ¿Se camufla acaso una caja fuerte en un armario para no ocultar luego nada en su interior y dejarla tan vacía como vino de fábrica?

Javier Arenas asevera que ésta es una historia truculenta, sin parangón en los 30 años de autonomía, y que “en esa caja fuerte hay mucho gato encerrado”. De haberlos habido, esos gatos andan ya sueltos desde hace mucho tiempo; y si algo queda allí dentro son únicamente telarañas.

Preguntas sin respuestas

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MIRANDO EN LOS ARMARIOS

LA DETERMINACIÓN

LA VERSIÓN OFICIAL

¿Qué había que custodiar en la caja acorazada de Empleo? ¿Papeles secretos en plan Wikileaks o dinero contante y sonante al margen de las cuentas bancarias oficiales? ¿O las dos cosas a la vez?

Más difícil todavía

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En ese patio de Monipodio en que se ha convertido Mercasevilla estamos conociendo todo un manual sobre el arte de la prejubilación engañosa, picaresca aplicada al Derecho Laboral. El más difícil todavía en esta farsa es el invento de la prejubilación postjubilación, antítesis que Mercasevilla ha logrado sintetizar para asombro de los signatarios del Pacto de Toledo: prejubilarse en vísperas de los 70 años, esto es, cinco después de la edad legal de jubilación.

Tal como desveló este periódico, se ha dado el caso de contratar a un pensionista del Ayuntamiento de casi 65 años en situación de incapacidad laboral, pagarle un sueldo al tiempo que percibía una pensión e incluirlo en uno de los expedientes de prejubilación cuando sólo le faltaban cuatro meses para los 70 años, de lo cual se infiere que de una sola tacada ha adquirido la condición de pensionista, empleado, jubilado (a los 65) y prejubilado. ¿Hay quien dé más?

VARIACIONES ‘MERCA’

Para que el bosque nos deje ver los árboles, y no al revés, es conveniente recordar las diversas prácticas irregulares en esta sociedad municipal, que ha vuelto a llevar a Sevilla a los telediarios bajo el mandato de Monteseirín:

1) Trabajadores ‘fantasma’ que jamás pisaron la empresa y que aparecen entre los beneficiarios de alguna de las pólizas suscritas: el dirigente socialista de Baeza Antonio Garrido Santoyo y Carmen Fontela.

2) J. L. C., el postjubilado que acabó siendo prejubilado casi a los 70 años. ¿Será acaso Mercasevilla una adelantada al futuro, ahora que desde algunos foros se preconiza prolongar la vida laboral ‘ad infinitum’? Quizás más pronto que tarde será normal hablar de prejubilaciones a los 70, cuando la edad legal de la jubilación se instituya quizás a los 75 o los 80 años porque no haya dinero para pagar a los pensionistas.

3) Estar en el sitio oportuno en el momento oportuno es un don. Y si no que se lo digan a C. H. G., al que metieron en plantilla sólo dos años antes de que se aplicara uno de los expedientes de regulación de empleo, tiempo suficiente para hacerse acreedor de una pensión mensual de 2.469 euros hasta 2019. Este caso pone en solfa el mito de la antigüedad en las empresas para aspirar a una buena jubilación. Lo importante no es llegar el primero, sino en el último minuto.

4) Una de las habituales razones para los EREs es que se prejubila a los viejos para rejuvenecer plantillas. Otro mito derrumbado por Mercasevilla, que en 2004 contrató a F. R. B., con 51 años, cuando ya estaba tramitándose el ERE ‘rejuvenecedor’ de 2003. Y tan rejuvenecedor fue para F.R.B. que tres años después se prejubiló a costa del presupuesto y a disfrutar de la vida a la ‘longeva’ edad de 54 años. A. M. y J.J.J.T. también fueron contratados con más de 50 años o justo a tiempo para acogerse a la prejubilación.

5) La casuística incluye también al prejubilado fuera de plazo. J. A. R. M. fue incorporado a la lista diez días después de que la Junta hubiera dictado ya resolución sobre el ERE. Cuando se firmó el convenio colectivo en el que se basó luego el expediente, no estaba en plantilla. El Merca todavía sigue sin hallar su vida laboral.

6) De Merca a Merca y tiro porque me toca. Un exdirector de Mercasevilla, Jaime Contreras, agraciado con una prejubilación en el ERE de 2003, fue identificado por EL MUNDO en el organigrama de Mercajerez desde noviembre de 2004, y últimamente como director de Formación. Si está pensionado, ¿cómo figura entre los activos de otra empresa del ramo? ¿Quién controla este coladero?

DOBLE MORAL DE IU

Mercasevilla es una empresa municipal que en los años en que se han producido estas irregularidades ha estado presidida por el alcalde, con Torrijos, primer teniente de alcalde, como vicepresidente hasta hace sólo unos meses, un Torrijos que alardeaba de que allí no se movía un papel sin que él lo supiera.

¿No son todas éstas razones más que suficientes para crear en el Ayuntamiento una comisión de investigación como la que, por ejemplo, se constituyó en su día a cuenta del escándalo del desalojo de los chabolistas de Los Bermejales a golpe de billetes? El PP presentó la propuesta al Pleno e Izquierda Unida, con Torrijos al frente, la tumbó, pese a que su jefe de filas, Diego Valderas, la estaba exigiendo también en el Parlamento andaluz.

MIRANDO AL SAHARA

Torrijos ha tratado de justificar esta doble moral con el argumento de que “este asunto es de un ámbito claramente autonómico y debe ser la Junta la que lidere la investigación”. El Ayuntamiento no es para el portavoz de IU el foro adecuado para tratar de un escándalo en una empresa municipal, pero si se mira en su blog la entrada ‘Varias e importantes mociones’, puede leerse en los comentarios: “Magníficas e importantes mociones, todas las presentadas en el Pleno de hoy Viernes, día 19 de Noviembre. En particular, resaltar aquí la correspondiente a la condena y repulsa en torno a la masacre contra el pueblo saharaui.

Una vez más, el Gobierno de España, de la mano de la U.E., la O.N.U. y demás instancias internacionales, miran para otro lado, sin querer dar respuesta a lo que es ya un clamor social sobre esta situación….

En Plaza Nueva, IU prohíbe hablar de Mercasevilla pero no del Sáhara, a miles de kilómetros. Parafraseando el blog de Torrijos, bien puede decirse: “Una vez más, el gobierno de Sevilla, de la mano de PSOE e IU, mira para otro lado, sin querer dar respuesta a lo que es ya un clamor social sobre esta situación (la de Mercasevilla)”.