Ivanovich Chichikov (Pavel)  es el protagonista de ‘Almas muertas’, obra de Nikolai Gogol, considerado el precursor de la gran novela rusa moderna. En este libro,  en el que los críticos  encuentran reminiscencias del Quijote, Chichikov piensa que carecer de suficientes siervos a su servicio, por falta de dinero y de tierras para mantenerlos,  le resta categoría en el mundo burgués en el que se desenvuelve.

Y se le ocurre una solución: ya que muchos terratenientes poseedores de ‘esclavos’ no los dan de baja del censo cuando mueren, porque la notificación del deceso les obliga al pago de impuestos, él compraría los títulos de propiedad de estas almas muertas para así poder lucirlos como signo de estatus social.

A tal efecto va recorriendo Rusia en su destartalado coche de caballos. Los grandes propietarios, aunque extrañados al principio por la índole del negocio que les propone, acaban aceptando, encantados de ahorrarse un dinero ante el Fisco. El viaje de Chichikov  por las heladas estepas es convertido por Gogol en una excusa para hacer una radiografía social de ese inmenso país a caballo entre Europa y Asia.

FALSOS PENSIONISTAS

Una pluma como la del gran autor ruso hallaría hoy motivo de inspiración para otra novela que fuera el retrato de una época y la radiografía de Andalucía a partir del caso Mercasevilla, donde, al contrario que en ‘Almas muertas’, se engordan las prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo con almas aún vivas  y pese a que jamás han tenido relación laboral alguna con la empresa municipal hispalense.

En el ERE del año 2003 fue incluida Carmen González, que nunca tuvo vinculación con Mercasevilla. Y ahora se descubre que la misma señora aparece como por arte de magia en el expediente promovido en 2005 por el restaurante Río Grande, pese a que tampoco trabajó allí nunca. Por tanto, alguien ha percibido en su nombre durante 8 y 6 años, respectivamente, una falsa prejubilación a cuenta del erario público.

Son 14 años, justamente los mismos que un vecino de Sanlúcar la Mayor, detenido hace cuatro días por la Policía, llevaba cobrando la pensión de un ‘alma muerta’: la de la tía de su esposa., aparentemente viva para la cuenta del banco donde ingresaba los pagos la Seguridad Social porque nunca notificó su muerte, como los terratenientes de la novela de Gogol pero por motivos opuestos: no para no pagar al Fisco, sino para que el Fisco le pagara a él. La picaresca andaluza incluso supera a la fabulación del gran escritor ruso.

INSPECCIONES INEFICACES

Volviendo a Mercasevilla, a la falsa prejubilada Carmen Fontela hay que unir el nombre de un dirigente del PSOE de Baeza, Antonio Garrido, también incluido en un ERE cuando jamás trabajó en la empresa municipal sevillana, y el de cinco operarios más que ni siquiera tenían la edad reglamentaria.

Tal como ha planteado en su brillante investigación el compañero Sebastián Torres, resulta cuando menos sorprendente que ni la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo ni la Inspección de Trabajo detectaran estas irregularidades, pese a que las vidas laborales de los prejubilados deben incorporarse a los informes de los ERE.

Es evidente, pues, la existencia de, como mínimo, un descontrol administrativo, laxitud favorecida por la firma en 2001 de un convenio entre la Consejería de Empleo, cuyo titular era por entonces José Antonio Viera –hoy secretario provincial del PSOE-, y el IFA, dirigido por Antonio Fernández, posterior titular del Departamento –acogido a otro ERE en una bodega de Jerez cuando aún era consejero-.

Un convenio que permitió soslayar la normativa imperante en materia de subvenciones, con lo que los más de 600 millones de euros destinados por la Junta en el último decenio a EREs de empresas en crisis no habrían pasado por el Consejo de Gobierno ni sido publicados en el BOJA. De facto se otorgó un poder discrecional para manejar esa ingente cantidad de dinero, de ahí que la juez Alaya haya exigido ahora al Gobierno autónomo información sobre los criterios que ha seguido en la concesión de ayudas sociolaborales desde 2002.

CONSEJERÍA BAJO SOSPECHA

Parafraseando a Monteseirín en su famosa campaña electoral sobre el Urbanismo, toda la política laboral de la Junta está bajo sospecha, por lo que el PP no ha dudado en poner en su punto de mira al líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, al que ha calificado como el inventor del sistema con el que se habrían burlado los procedimientos reglados, esenciales en una Democracia, tal como sostenía Olivencia frente a Pellón cuando era el comisario general de la Exposición Universal de 1992 y el ingeniero cántabro quería regirse sólo por el principio de eficacia al margen de cualquier fiscalización.

El caso Mercasevilla demuestra que ni siquiera hace falta gobernar a golpe de Boletín Oficial, porque hasta el Boja ha sido omitido en el manejo de cantidades multimillonarias. La Junta de Andalucía no sólo ha creado una Administración paralela mediante una trama de sociedades y empresas ajenas a las luces y los taquígrafos del Parlamento, sino también unas pautas paralelas y ajenas a la norma digamos, aunque sea redundante, legal.

Una pauta en la que el descontrol es la norma, porque sólo así es posible asignar en EREs como el de Mercasevilla y el de Río Grande cientos de miles de euros a ‘almas’ que, al contrario de las de la novela de Nikolai Gogol, no estaban precisamente muertas, sino demasiado vivas.