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Puerto de sevilla: sin plan B

El ejercicio de 2015 ha sido el mejor en la historia de los 46 puertos españoles de interés general, donde se han movido un total de 501,8 millones de toneladas de mercancías, con un incremento del 4,09% respecto del año anterior. Estas cifras podrían interpretarse como el final de la crisis económica para las instalaciones portuarias.

En Andalucía, el puerto de Sevilla, el único fluvial de España, sólo ha sido superado por tres de carácter marítimo: el de Algeciras, con 98,1 millones de toneladas; Huelva, 27,3 millones, y Almería, 6,4 millones. El puerto sevillano, con sus 4.657.062 toneladas, se impone a los de Cádiz, 3,3 millones; Málaga, 2,3 millones, y Motril, 1,9 millones. Su tráfico se ha incrementado en 283.700 toneladas, un 6,49% más y 2,4 puntos más que la media nacional. Estos datos demuestran la falsedad de la leyenda negra, repetida año tras año, de que el puerto va a morir de manera inminente si no se ejecuta el dragado de profundización del río.

Esta ha sido la cantinela en al menos el último decenio, pese a la cual y pese a la peor crisis económica de la reciente historia de España, el puerto nunca ha bajado de los 4,3 millones de toneladas en el peor año, algo que sí ocurrió en 1998 y 1999 (3,8 y 3,9 millones de toneladas, respectivamente).

Si se repasa la estadística de los últimos 18 años (desde 1998 a 2015), se comprueba que la media anual del periodo es de 4,5 millones de toneladas, por lo que se superó en 2015. Sólo ha habido un ejercicio, el de 2006, en que se superaron los 5 millones, y eso sin dragado del río y sin la nueva esclusa. ¿Cómo pueden explicar quienes vaticinan cada año la muerte del puerto que se movieran más mercancías con peores condiciones portuarias y fluviales que ahora?

Los números expresan que el movimiento de mercancías no depende tanto del dragado o no del Guadalquivir y de la vieja o la nueva esclusa como de la actividad económica que se genere en Sevilla y su área de influencia: a mayor actividad, más volumen de mercancías, y viceversa.

MÁS QUE UNA CARRETERA DE AGUA

En plan Godot, la espera del dragado durante diez años, hasta que su inclusión en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir fue tumbada por el Tribunal Supremo y obligó a la Autoridad Portuaria a salir de su letargo y reaccionar a la desesperada para no perder los fondos europeos que hasta entonces decía eran exclusivamente finalistas (otra falsedad), ha servido de coartada para que no se exploraran otras opciones de mejora de la competitividad de nuestro puerto.

El nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Gracia, ha calificado en su reciente comparecencia en el Foro de la Cámara de Comercio en Antares de “irrenunciable” la mejora de la accesibilidad al puerto a través del Guadalquivir, al que, como sus predecesores, califica de “eurovía”.

Este lenguaje denota la mentalidad imperante: la concepción del río como una mera carretera de agua al servicio exclusivo del puerto, sin comprender que el Guadalquivir y su entorno forman un ecosistema complejo, con variados usos y aprovechamientos (pesqueros, agrícolas como el del mayor arrozal de España y los muy incipientes turísticos), diversos municipios ribereños además de Sevilla y en interacción con un patrimonio de la Humanidad como Doñana.

Esa es la gran diferencia con otros ríos europeos que albergan puertos fluviales (Hamburgo, Amberes, Lyon) y que suelen ponerse de ejemplo en pro de un dragado sin limitaciones. Esa servidumbre ecológica es a la vez la grandeza y la “debilidad” de nuestro río, pero la Autoridad Portuaria sigue sin comprender la necesidad de conciliar todos los intereses en juego en pie de igualdad y que el puerto es un elemento más en el Guadalquivir.

UN NUEVO ESTUDIO

Manuel Gracia ha dicho que hay encargado un nuevo estudio, que durará dos años, para adoptar una decisión sobre el dragado conforme “al criterio científico de verdad y no el de parte”. Con esas palabras estaba desacreditando el vigente estudio realizado anteriormente por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y universidades de Andalucía y en el que se desaconsejó la ejecución del dragado hasta que no se recupere el estuario, ecológicamente en situación terminal, y se instaure una Autoridad Única que supervise y coordine todas las actuaciones en el Guadalquivir, donde cada uno campa por su lado sin tener en cuenta al resto de actores.

Parafraseando a Groucho Marx, Gracia ha venido a decir que como a la Autoridad Portuaria no le gustó el estudio del CSIC y las universidades, pues encargó otro, a ver si sus resultados se acomodan más a sus intereses en pro del dragado. ¿Y por qué hay que hacer un segundo estudio y gastar doblemente el dinero público? ¿Ante quién rinde cuentas la Autoridad Portuaria y con qué argumentos ha justificado el encargo de un nuevo informe de dos años de duración?

La desacreditación implícita de los investigadores anteriores no se sostiene. Si Gracia se hubiera molestado en mirar el historial de los científicos autores del vigente estudio sobre el río habría comprobado que han publicado más de un centenar de estudios y que la calidad de los mismos se mide por las publicaciones en revistas del tipo Q1 sobre el tema.

El nuevo presidente sostiene que con el dragado el puerto sería más fuerte y competitivo porque pasaría de acoger buques de 6.000 a 8.000 toneladas de capacidad a otros de entre 20.000 y 25.000.

¡Pero si ya los acoge! El pasado mes de julio atracó el Orion Bay, con 179 metros de eslora y una capacidad superior a las 20.000 toneladas, que traía a bordo 13.950 toneladas de chatarra de acero de alta calidad. Según Gracia, con esa mayor capacidad se ahorrarían entre 6 y 8 euros/tonelada.

Pues bien, ya podemos deducir el impacto económico que tendría el dragado (coste de 32 millones de euros). Si la media histórica del puerto son 4,5 millones de toneladas movidas al año, el ahorro oscilaría entre 27 millones y 36 millones de euros/año.

LOS COSTES

Gracia ha anunciado que se informará a la opinión pública sobre las consecuencias de todo tipo que tendría el dragado de profundización. Habría que empezar analizando el coste de mantenimiento del canal de navegación, que actualmente ascendería a unos dos millones de euros pero que en caso de una mayor profundidad podría elevarse a 6 millones, por lo que como mínimo habría que imputar a cada tonelada transportada unos dos euros por mantenimiento, además del coste de reparar la mayor erosión en las márgenes y de cuantificar el posible impacto de la mayor salinidad en las 350.000 toneladas de arroz producidas en 37.000 ha de arrozales, cuyo valor bruto, sin transformar, supera con creces los 100 millones de euros, es decir entre tres y cuatro veces más que el del ahorro que se generaría en el transporte fluvial.

La Autoridad Portuaria no puede ni debe fiar el futuro del puerto al dragado en exclusiva y actuar sin un plan B alternativo al mismo, como durante años se ha hecho hasta que la sentencia del Tribunal Supremo la forzó a destinar a la mejora de las instalaciones y de la operativa portuaria los 32 millones de euros de fondos europeos que, decía, sólo se podían destinar a profundizar el canal de navegación.

Nuestro puerto recibe más trenes (1.100) que barcos (1.050) y es ya más un complejo logístico e industrial (200 empresas instaladas en sus 850 ha, equivalentes a 22 veces el parque de María Luisa) que portuario propiamente dicho (el 50% de sus ingresos proviene del transporte y la otra mitad, de la actividad empresarial en el recinto).

Por tanto, casi tan importante o más que el dragado es la ejecución de una conexión ferroviaria directa, cuya carencia es incomprensible y un escándalo que no se haya realizado todavía. También haría falta, como ha reconocido Gracia, que los apeaderos ferroviarios entre Madrid y Sevilla midan al menos 750 metros (ahora, el mayor existente tiene sólo 600), para prestar servicio a los convoyes de esa longitud que tras las obras de mejora con cargo al dinero de la UE ya puede acoger el puerto.

Esas actuaciones y muchas otras del mismo tenor mejorarían enormemente la competitividad del puerto, pero no se han exigido hasta ahora porque la única apuesta era el dragado sí o sí. Pero, ¿y si es no?

Se compran ‘Power-Points’. Razón, Zoido

El alcalde, como dijo en el debate sobre el estado de la ciudad que ha cumplido el 70% de su programa (el pabellón de Los Bermejales con las pistas de nieve artificial, el Central Park a la sevillana, los 29 parkings, el bulevar de La Ranilla y los centros cívicos, de salud y educativos deben de formar parte del 30% restante, del que no hay noticia), para no aburrirse en los dos años que le quedan se dedica a ‘comprar’ los proyectos en ‘Power-Point’ que le sirve su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez.

Hace unos meses, Zoido presentó en rueda de prensa el Museo de las Tradiciones (Centro de Exposiciones y Promoción de las Tradiciones Sevillanas) en la parcela municipal de la calle Santander ‘Corral de las Herrerías’, colindante con la Torre de la Plata y la Casa de la Moneda. Según el alcalde, el anteproyecto de este museo, que se abriría en 2015, había sido redactado por técnicos de Urbanismo, se atenía al Plan Especial de la Casa de la Moneda, sería desarrollado por la iniciativa privada y ya había “múltiples empresas interesadas, a las que se exigiría solvencia económica”.

Si el alcalde estaba presentando públicamente la iniciativa presuntamente municipal entonces, ¿cómo había ya “múltiples empresas interesadas en desarrollarla”?.

ACUERDO DE GERENCIA

El 19 de junio, el Consejo de la Gerencia comunicó que había aprobado “un proyecto de carácter privado” para construir el Museo de las Tradiciones presentado por la empresa Feria de Sevilla. Del supuesto anteproyecto de los técnicos de Urbanismo de que hablaba Zoido se pasa a decir reiteradas veces que es una iniciativa de esta sociedad: “Se ha admitido a trámite la iniciativa privada presentada…”; “la entidad Feria de Sevilla S. L. propone…”; “ha planteado al Ayuntamiento…”; “una vez analizada la propuesta planteada…”

Zoido habló de exigir “solvencia económica” a la compañía aspirante a construir el Museo. Pues bien, según un informe de Axesor, Feria de Sevilla, una sociedad limitada creada con 3.000 euros de capital, tenía cerrado el Registro Mercantil por no presentar sus cuentas desde hacía dos años y acumulaba sólo en un trienio 22 notificaciones en Boletines Oficiales por no hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales, una de ellas emitida por la Agencia Municipal de Recaudación.

Urbanismo también afirmaba que el proyecto “se ajusta a los condicionantes urbanísticos de aplicación”.

ALEGACIÓN DEMOLEDORA

Nada más lejos de la realidad según los expertos en arquitectura y patrimonio Fernando Mendoza, José García-Tapial y José Mª Cabeza, que examinaron el expediente y, alarmados, presentaron una alegación en la que se hartan de denunciar presuntas irregularidades de todo tipo. A su juicio, el proyecto supone la privatización de un suelo y un subsuelo de enorme valor arqueológico, que está destinado en el PGOU a equipamientos para los sevillanos, para construir lo que no es un museo (unas pocas salas expositivas sirven de coartada), sino un tablao flamenco o sala rociera encubiertos que competiría de forma desleal con los tablaos cercanos y el centro municipal de atención al visitante en el Paseo Alcalde Marqués del Contadero.

Rompe además la estética de la Casa de la Moneda con un diseño en forma de dos hileras de sucedáneos de casetas de feria, supone la destrucción de dos paños de la antigua muralla islámica que unía el Alcázar con la Torre de la Plata y de una pileta del siglo XVII descubiertas en excavaciones financiadas ¡por la propia Gerencia! e implica un grave riesgo por apoyarse la construcción en la muralla y en la Torre de la Plata, sin garantías de estabilidad y dada la cercanía del manto freático.

Por si esto no fuera ya suficiente, se asombran de que frente a las expectativas de enorme negocio del Museo de las Tradiciones, cuyo Plan Financiero prevé unos ingresos de 3,2 millones de euros en el primer año y de 5,8 millones en el sexto de los 40 de la concesión, el Ayuntamiento sólo cobraría un canon anual de 80.000 euros (del 2,43% al 1,37% de los ingresos), una auténtica ganga cuando según el cuadro de tasas municipales vigente y el canon de Mercadona en Plaza de Armas debería ascender al menos a 400.000 euros.

LA RIBERA DEL RÍO

El segundo ‘Power-Point’ ‘comprado’ por Zoido es el del ‘Paseo del Arte’ en la margen izquierda del río, un complejo de ocio aprobado a la empresa Capitaliza, que preside el hijo de Amparo Rubiales y uno de cuyos socios es el hijo de Salas Tornero. No seré yo quien cuestione el derecho de los ‘hijos de’ a montar sus empresas, pero la opinión pública se pregunta si dos sevillanos que se apellidaran García y Gómez, hubieran fundado hace sólo diez  meses una empresa con 3.000 euros y hubieran presentado unos fotomontajes habrían logrado que le adjudicaran la explotación de la ribera del Guadalquivir y que su proyecto lo presentara y avalara el mismísimo alcalde de Sevilla.

El morbo radica en que Zoido, a la vez presidente del PP (A), le concede el borde del río al hijo de la presidenta del PSOE (A), pero son más llamativos otros nombres del Consejo de Administración ligados a empresas como Below Marko. Hace dos meses, los letrados de la Junta pidieron a la juez Alaya en el caso de los ERE que ampliara la imputación a Francisco Javier Guerrero por otras posibles irregularidades en subvenciones a, entre otras, la empresa citada, después de que de esta última dejaran de ser administrador único y apoderado un sobrino y un hermano de Felipe González. O sea, que el proyecto adjudicado a dedo por Zoido tiene mucho más morbo político todavía.

 

 

Equilibrista

Espadas, en el puerto

Espadas, en el puerto

Empieza a ser proverbial la falta de ojo clínico de Juan Espadas, que lo mismo programa su proclamación como candidato del PSOE el día de un Barça-Real Madrid que un chat en Internet el 22 de cada mes (por aquello de que las municipales se celebran el 22 de mayo) sin reparar en que el 22 de diciembre es el sorteo de lotería de Navidad y el 22 de abril, Viernes Santo. Ahora se le ocurrió visitar el puerto al día siguiente del dictamen científico contrario al dragado del Guadalquivir. Él solito se metió en la boca del lobo y, claro, no sabía cómo salir del apuro ante la canallesca y sin desairar a la Autoridad Portuaria, máxime cuando su partido lo ha presentado como un experto en Medio Ambiente (fue viceconsejero del ramo) que ‘a priori’ debería haberse alineado con los ecologistas, partidarios de no tocar el río. Toda la prensa coincide en que Espadas actuó en plan gallego, para no pronunciarse ni a favor ni en contra. Vamos, que no se mojó. Esto es un político impermeable (reversible) o que nada, como en la famosa rumba de Paco de Lucía, entre dos aguas.