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Indigestión de Setas (de la Encarnación)

Apenas conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) revocadora en gran parte de la dictada el pasado 10 de abril por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de Sevilla y por la que finalmente el Ayuntamiento, gracias al recurso interpuesto por  los Servicios Jurídicos municipales por orden de Zoido, sólo queda obligado a indemnizar a Sacyr con 2,59 millones de euros por los incumplimientos y ocurrencias de última hora de Monteseirín en vez de con los 36,5 millones de euros del primer fallo judicial, apenas conocerse la sentencia, decía, Espadas ha anunciado su propósito de reorientar la gestión de las Setas de la Encarnación y de convertirlas en el “epicentro” de la próxima Navidad.

El alcalde ha afirmado lo siguiente: “Se lo voy a dejar muy claro a Sacyr. Ellos son una constructora, pero yo necesito un buen gestor para este espacio público”.

De entrada, el alcalde comete dos errores, porque Sacyr es mucho más que una constructora. Tiene una filial o división de concesiones y, por tanto, con un perfil puramente de gestión, con más de 20 años de antigüedad y que está especializada en el diseño, financiación, construcción y gestión de activos. Actualmente, según reza en su página web, cuenta con una cartera de 35 concesiones, distribuidas en siete países, de las cuales 23 están en explotación y el resto, en desarrollo. Entre sus concesiones figuran 24 autopistas que suman casi 3.000 Kms., entre la UE y América; 7 hospitales, con más de 3.000 camas (3 en Madrid, 3 en Portugal y 1 en Chile); 2 intercambiadores de transporte en Madrid; una línea de Metro en Tenerife y un aeropuerto en Murcia.

Por tanto, Sacyr es, además de constructora, gestora, pero cuando el alcalde habla de que necesita un buen gestor para el Metropol Parasol está diciendo de forma implícita que Sacyr es un mal gestor, ante lo cual podría preguntarle a su antecesor y correligionario Monteseirín por qué entonces le adjudicó la construcción y gestión, por 40 años, de las Setas.

ESPACIO PRIVATIZADO

La segunda aseveración de Espadas ya no se compadece con la realidad, porque la Encarnación es un espacio público privatizado “de facto” por Monteseirín en beneficio de Sacyr por ese periodo de 40 años al otorgarle la explotación de las Setas y de lo que está debajo (con la excepción del Antiquarium) y a su alrededor. A la constructora aún le quedan 36 años de disfrute de la privatización de ese espacio público realizada por un alcalde que se declaraba socialista como Monteseirín. Dicho de otro modo, Monteseirín privó a los sevillanos de la plaza de la Encarnación con tal de que Sacyr le construyera las Setas como icono de su mandato.

Desde aquel momento, como concesionaria y explotadora del complejo Metropol-Parasol y del espacio Encarnación, Sacyr puede desarrollar allí, siempre que cumpla la normativa municipal, las actividades que considere más adecuadas o rentables para sus intereses, aunque sea la colocación de tiovivos y el paseo de camellos por Navidad y que tanto parecen haber disgustado a Espadas. Nada, por otra parte, muy alejado de lo que permitió el gobierno de Zoido en la cercana Alameda.

Lo más insólito de las declaraciones del alcalde es su aceptación de que el proyecto de las Setas ha sido hasta ahora “económicamente poco rentable”, siguiendo las tesis de la compañía en su afán de devolverlas al Ayuntamiento; que “tiene que revisarse en su conjunto” y que todo pasa por una “renovación comercial, con proyectos potentes, donde el Ayuntamiento invierta y haga actividades que conviertan la Encarnación en un punto focal de la ciudad”.

DATO OCULTO

El coste real del proyecto de reurbanización y reutilización de la Encarnación sigue sin ser aclarado por el Ayuntamiento, ni por el anterior gobierno municipal ni por el nuevo. También depende de que se contabilice el coste del abandono del proyecto inicial que Monteseirín desarrollaba con sus socios del PA (se dio una estimación de 14,6 millones de euros) hasta que se zafó de ellos para coligarse con IU.

En la sentencia del TSJA se lee que el proyecto de las Setas tenía un presupuesto total de 51.206.918,25 euros, que el Ayuntamiento se comprometió a financiar con 25.421.166,29 euros. El resto del dinero debía aportarlo Sacyr, que lo compensaría y obtendría un beneficio por la explotación comercial durante 40 años. Sin embargo, según el fallo judicial, del presupuesto total se detrajeron 5.326.690,22 euros, que no tuvieron que ser financiados por el adjudicatario de la concesión. De ello se colige que la aportación de Sacyr se redujo a 20.459.061,74 euros.

Posteriormente hubo dos modificaciones de obra que asumió el Ayuntamiento, el cual, según el TSJA, ha acabado pagando el 82% de la inversión en metálico. Por tanto, si el 18%, la parte de Sacyr,  eran 20,4 millones de euros, el Consistorio habría desembolsado 93.202.392,37 euros y el coste total de las Setas sólo en esta segunda fase habría ascendido a 113.661.454 euros en números redondos.

Espadas dice ahora que el proyecto ha sido poco rentable. Será que no escuchó el discurso de Monteseirín durante la inauguración de las Setas, donde dijo: “Según los análisis de los expertos, los beneficios económicos, directos e indirectos, que el Metropol Parasol va a traer a la ciudad superarán, en un solo año, la inversión acometida”.

REVISIÓN DEL CONTRATO

Y añade Espadas que “hay que revisar” el contrato con Sacyr y que el Ayuntamiento debe invertir en las actividades que en las Setas se hagan porque es un icono a nivel internacional. ¿Un icono con tiovivos y camellos y bares low-cost?

¿Por qué hay que revisar el contrato? ¿Lo revisaría acaso Sacyr para repartir sus ganancias con la ciudad? El riesgo es consustancial a la actividad empresarial. Se supone que una multinacional con 20 años de experiencia en concesiones y ejecutora hasta de la ampliación del canal de Panamá debió hacer bien sus cuentas cuando se presentó al concurso de las Setas, salvo que hiciera una oferta temeraria a la baja para que se lo adjudicaran. Si ahora, supuestamente, no le salen las cuentas, ¿le va a trasladar sus presuntas pérdidas también a los sevillanos?

¿No le bastan a Espadas los casi 108 millones de euros (contando los 14,6 millones iniciales) que del dinero de los sevillanos habría  enterrado ya el Ayuntamiento en las Setas como para anunciar nuevas inversiones municipales allí, en vez de dedicar el dinero a los barrios más desfavorecidos?

Al final, el alcalde, para regocijo de Sacyr, puede acabar aplicando en las Setas el principio capitalista de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas.

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/