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Sevilla, en la lista negra de la Unesco

“Un escenario realista es que Sevilla entre, tras la reunión de Brasilia, en la lista de ciudades con Patrimonio en peligro. Y podría ocurrir que, en el peor de los casos, expulsaran a Sevilla”. Estas premonitorias palabras fueron pronunciadas el 28-6-2010 por Víctor Fernández Salinas, vicesecretario en España del Icomos, tras comprobar  que la torre Cajasol seguía adelante pese a la primera advertencia dada en junio de 2009, en la misma Sevilla, por la XXXIII Conferencia del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Desde hace tres años, la Unesco viene dando avisos a España sobre la afección del rascacielos a los tres monumentos sevillanos patrimonio de la Humanidad (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias), sin que ni el Gobierno, ni la Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento se hayan dado por enterados.

A LA TERCERA, LA VENCIDA

No ocurrió tras la Conferencia de Brasilia (2010), ni la de París (2011), donde en cada una de ellas la Unesco seguía exigiendo informes sobre la evolución de la torre, pero presumiblemente va a ocurrir  en la próxima de San Petersburgo. Conforme a la primicia de EL MUNDO, se votará la inclusión de los monumentos sevillanos en la ‘lista negra’ del Patrimonio en peligro y si el rascacielos no es paralizado antes del 15 de agosto y rebajado en altura antes de 2014, Sevilla perderá su título de Patrimonio de la Humanidad, un desprestigio equiparable a la expulsión de la ciudad alemana de Dresde en junio de 2009 (Omán renunció antes de que la echaran para poder realizar prospecciones petrolíferas en el hábitat del oryx).

Por tanto, tras tres años de avisos nadie en Sevilla puede llamarse a engaño ni rasgarse las vestiduras  ante un procedimiento que muestra un claro paralelismo con el de Dresde. También la ciudad germana fue advertida en 2006 de que si no renunciaba a construir un puente en el valle del río Elba se le retiraría el prestigioso título del que gozaba desde 2004. Los alemanes contestaron con el mismo argumento que ha hecho ahora suyo Zoido, el alcalde que proclamaba que no permitiría que la torre Cajasol pusiera en peligro la condición de Patrimonio de la Humanidad de Sevilla y que se comprometió ante el Icomos a anular de inmediato la licencia para paralizar las obras: el proyecto del puente era legal y, además, había sido votado en un referéndum.

UN DEBATE SUPERADO

El puente podría ser legal, pero como a juicio de la Unesco  rompía el paisaje histórico que a lo largo de 18 kilómetros incluía desde el centro de la ciudad hasta palacios barrocos y jardines, Dresde fue expulsada en 2009, a los tres años del primer aviso, justo el mismo tiempo dado a Sevilla para que rectificara con la torre Cajasol, infructuosamente.

En Sevilla se han despreciado los informes de Icomos diciendo que era una especie de ONG del Patrimonio, un grupo de amiguetes sin poder ni influencia en la Unesco. Craso error, porque en la Convención de París de noviembre de 1972 y en virtud de la cual se creó el Patrimonio Mundial, Icomos figura en el artículo 8.3 como la voz consultiva para el patrimonio cultural, y la UICN para el natural.

Y, al igual que en Dresde, los informes del Icomos sobre la torre Cajasol y Sevilla dicen que lo más importante es la protección del paisaje histórico de la ciudad en que se hallan incardinados la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias, y no sólo la de estos tres monumentos aislados, fuera de su entorno. Quienes sostienen lo contrario alegando que el rascacielos no afecta directamente a los tres bienes del Patrimonio Mundial nos retrotraen al debate patrimonial de los años 70 y 80 en Sevilla, cuando se tranquilizaban las conciencias protegiendo edificios aislados (tampoco, como prueba el libro sobre la Arquitectura Civil sevillana, convertido en prueba de cargo sobre el valor de lo demolido) o incluso sólo elementos de los mismos (la portada) mientras la piqueta se ensañaba con el conjunto del caserío histórico, dejando descontextualizados a aquéllos.

DE PROTECTOR A INFRACTOR

Por extensión, el concepto de afección indirecta también se contempla en la Convención de París, ya que el artículo 6.3 especifica que cada uno de los Estados signatarios se obliga a no tomar deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural. Y el artículo 11.4 determina que en la ‘lista del Patrimonio Mundial en peligro’ se incluirán los bienes que estén amenazados “por peligros graves y precisos” como “proyectos de grandes obras públicas o privadas”, una casuística en la que se engloba la torre Cajasol.

España no sólo suscribió en mayo de 1982 la Convención del Patrimonio Mundial, sino que fue mucho más lejos cuando el 18-4-2002 firmó con la Unesco un convenio especial pensando en países del Tercer Mundo para identificar más bienes destinados al Patrimonio Mundial, prestar asistencia técnica a otros Estados para asegurar su protección y, paradójicamente, fortalecer la gestión de los bienes ya declarados como tales, “especialmente a través de una nueva confirmación, si fuese necesaria, de los límites del área bajo protección del Patrimonio Mundial y de la revisión del marco de gestión de dicho patrimonio”.
España, pues,  preconizaba para otros lo que no ha hecho en Sevilla y que también le reprocha la Unesco: no haber ampliado el entorno protegido del casco histórico para evitar amenazas como la torre Cajasol, ese icono de 178 metros de altura que según Monteseirín y Marchena iban a poner a Sevilla directamente en la modernidad y que ha acabado poniéndola en la lista negra de la Unesco y a la altura del Tercer Mundo.

Veleta

Tras la inclusión del Patrimonio mundial sevillano en la ‘lista negra’ de la Unesco, Zoido se ha caído del caballo y sufrido una súbita conversión. Podría haber dicho que hasta aquí nos han llevado los delirios faraónicos de Monteseirín y Marchena, con la complicidad de Montaner y Pulido;  que él ha intentado paralizar el rascacielos temiendo que pasara lo que ha ocurrido pero que su antecesor, aprovechando el verano y las triquiñuelas legales, lo ha dejado jurídicamente atado de pies y manos; y que no va a pagar 200 millones de euros por frenar la obra a cambio de dejar arruinada Sevilla por generaciones. En lugar de hacer eso, el Ayuntamiento de quien quería paralizar la torre Pelli para que Sevilla no perdiera su título de Patrimonio de la Humanidad se ha erigido en su paladín y proclamado que no afecta al patrimonio y da mucho empleo. O sea, que Zoido le ha comprado el argumentario enterito a Monteseirín & Cía. para celebrar su primer año en el Ayuntamiento ‘del cambio’. ¿Qué cambio? Si acaso el de la veleta, que ha pasado de la Giralda a la Plaza Nueva.

La zapata

Por una vez voy a estar de acuerdo con Bernardo Bueno, delegado de Cultura de la Junta, que sin entrar a prejuzgar el proyecto de alicatar la zapata de la calle Betis ha avisado de que debe ser sometido al dictamen de la Comisión del Patrimonio. Naturalmente, porque Curro Pérez -el alcalde trianero-, Max Vílchez y Goro Serrano pretenden, nada más y nada menos, que alterar la fisonomía tradicional del arrabal, ya de por sí adulterada por la torre Pelli, gastando los 180.000 euros que no hay para el Teatro de la Mestranza, sito justamente enfrente, en llenar de azulejos el Altozano con la excusa de que así se ahorran a partir de ahora pintarlo todos los años. Aparte de que todos sabemos que pasa la tira de tiempo sin que se palien los efectos del tiempo y del hombre sobre ese muro del Guadalquivir, ¿para esto se quiere declarar la cal de Morón Patrimonio de la Humanidad, para sustituirla por azulejos? ¿No sería mejor dejar el altozano como ha estado toda la vida de Dios y no empeñarse en reinventarlo? No la toquéis más, que así es la rosa (la rosa de Triana).

La foto

Recordemos una vez más (y lo que te rondaré, morena) el viejo proverbio de que cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo. Todo el gremio periodístico hemos mirado el dedo de los concejales Goro Serrano, Curro Pérez y Max Vílchez señalando los dibujitos de los azulejos con los que, me malicio, se van a cargar las zapatas de la calle Betis gastándose 180.000 euros en poner la tira de azulejos con vistas antiguas de Triana. Todos miramos el dedo menos uno, Raúl Doblado, el único que con su extraordinaria foto en la competencia demostró haberse fijado con su cámara en la luna de la noticia: la torre Cajasol, que emergía cual Polifemo al fondo y que, de tan monstruosa, convertía en liliputienses a ediles y periodistas. Para que luego digan que no tiene ningún efecto perverso sobre Sevilla. Coge esta foto la Unesco y deja a Zoido ‘ipso facto’ sin Patrimonio de la Humanidad. ¿Comprenden ahora por qué van a poner azulejos en las zapatas del Altozano? Pues para que, como muy necios, sigamos mirando el dedo en vez de escandalizarnos por la torre Pelli.

El pulso

Zoido ha dicho que si existiera una causa para paralizar la torre Cajasol “la hubiéramos parado ya”, y que él no va a “mirar para otro lado ni me va a temblar el pulso”. Si busca un motivo, la ministra de Fomento ya le dio uno al decir que la torre “está fuera del ordenamiento jurídico” por interferir en el tráfico aéreo, pero como el alcalde no ha querido enterarse, cuando Monteseirín no necesitó motivo  para cargarse el proyecto de Moneo, sigue con su doble discurso. Matiza que hay que transmitir seguridad jurídica y generar confianza, “por lo que no se puede estar revisando los temas caprichosamente”. Si no puede generar desconfianza, ¿por qué colocó el rascacielos bajo sospecha desde la precampaña? Si no puede estar en permanente revisionismo, ¿por qué intentó frenarlo tras el informe de Icomos para la Unesco? Zoido siempre amaga y luego retrocede, en su habitual intento de tratar de contentar a tirios y troyanos para al final defraudar a unos y a otros. A estas alturas ya sabe toda Sevilla que por mucho pulso que invoque, este pulso se lo ha ganado Cajasol.

Imprecisiones

Los Antonios (Pulido, presidente de Cajasol; Muñoz, portavoz adjunto del PSOE) descalifican el informe del Icomos sobre la torre Pelli basándose en sus “imprecisiones” por decir que dista 600 metros de la Giralda en vez de 1.600. Se ve que se trata de una errata u omisión atribuible a los famosos duendes de la imprenta. Ya puestos, veamos “imprecisiones” de los paladines del rascacielos. ¿Cómo cuando se pide la licencia de obras al Ayuntamiento se valora el proyecto a la baja en 130 millones de euros pero públicamente Deloitte hincha la cifra hasta los 353 millones? ¿Cómo se dice que genera 2.000 empleos directos y luego en la radio el más listo de los ingenieros los rebaja a tan sólo 600? ¿Y cómo fuentes cercanas a Cajasol dicen que por cada día que la obra estuviera parada se perderían 8 millones de euros? En tal caso, no poner un ladrillo en mes y medio valdría más que lo que según Deloitte costaría construir las 43 plantas del rascacielos.  ¿Quién, pues,  es más “impreciso”, Icomos o Cajasol? Algunos se agarran a las erratas como a un clavo ardiendo.

Marcha atrás

El también alcalde de Sevilla, súper Zoido, anunció entre trompetas del Apocalipsis que paralizaría la torre Cajasol si ponía en peligro la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. Pues, como habría dicho Caracol el del Bulto, esos cojones en Despeñaperros, ya que a la hora de la verdad Zoido ha acabado pasteleando con Pulido y diciendo que hay que compaginar todos los intereses en juego: el patrimonio de la Caja y el Patrimonio de la Humanidad. A eso se le llama freno y marcha atrás, como a lo que tan aficionado era Monteseirín, con lo que va a tener razón el Barómetro de Pascual de que aquí no ha cambiado nada. Porque a ver cómo se conjuga (el verbo usado a su vez por Pulido) la exigencia del Icomos de detener la obra y recortar la torre con el desafío de Cajasol de rematarla hasta el final. Preso de sus contradicciones, Zoido ha acabado creando una comisión para escaparse por la tangente, conforme al consejo de Napoleón: “Si quieres que algo se haga, nombra un responsable; si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”.

Tortuga

El Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico es el máximo órgano consultivo en esta materia de la Junta de Andalucía y sus decisiones, aunque no vinculantes, deben ser tenidas “muy en cuenta”. Este organismo se articula en seis comisiones, una de las cuales, la Andaluza de Bienes Inmuebles, ha tenido a bien abrir un debate interno para decidir “antes de Navidad” si emite o no un informe sobre el impacto de la torre Pelli. Informe que, en caso de ser emitido, se supone deberá elevar primero al plenario para que lo haga suyo, o no.  Osea, que meses después de iniciada la construcción del rascacielos, cuyo proyecto se dio a conocer hace tres o cuatro años;  al cabo de casi dos semanas de la visita a Sevilla de la misión de la Unesco;  con la cuarta parte de la torre ya erigida y con el plan de ir levantando una planta cada semana de las 30 pendientes, los señores de la Junta de Andalucía deciden pensar si van a decidir algo algún día. Si algún día se deciden a comunicar su decisión, la torre probablemente estará ya terminada. ¿Y para esto queríamos ser una Autonomía?

Banderas negras

La asociación conservacionista Ben Baso ha tenido la luminosa idea de izar banderas negras para señalar en Sevilla los atentados contra el patrimonio histórico-artístico, los adefesios urbanísticos, los inmuebles abandonados a su suerte y otras barbaridades similares. El anti-monumento que pasará a la historia por haber sido el primero marcado por el negro luto de esta bandera es el abrevadero disfrazado de fuente impulsado por Monteseirín en los Jardines de Cristina. Ya puestos, hasta podría llenarse con toda el ‘Agua de Sevilla’ sobrante fabricada por su valido, Manuel Marchena, y que ahora Emasesa no sabe dónde colocar. Ben Baso no debería limitarse a izar banderas negras por doquier en nuestra ciudad (los abadonados Humilladero de San Jerónimo y el hospital de San Lázaro son los próximos candidatos), sino extender esta iniciativa a través de Internet al resto de España, Europa e incluso el mundo. Banderas negras planetarias pueden ser la última esperanza para frenar la destrucción de nuestra herencia cultural ante la manifiesta inoperancia de la Unesco.

 

 

 

La torre de la discordia

Zoido no quiere pasar a la historia como el alcalde en cuyo mandato Sevilla fue expulsada de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco a causa del rascacielos de la Cartuja, sobre el que ya aquélla ha dado dos avisos. Aunque la licencia fue otorgada  por  Monteseirín (mediante un procedimiento cuestionado ‘a posteriori’, por su oscurantismo, por los colectivos opositores), Zoido ha escrito a Gobierno y Junta para plantearles la hipótesis de que si por evitar la descalificación de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad hubiera que revisar o anular la licencia del rascacielos e indemnizar a Cajasol   (se habla de 200 millones de euros), ¿quién y bajo qué criterios debería asumir ese coste?
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en sintonía con el delegado del Gobierno, ha responsabilizado del problema exclusivamente al Ayuntamiento:“Lo que haya que decidir sobre eso recae sobre la Administración que concede la licencia, que no es la Junta de Andalucía”.
Al margen de otras consideraciones, la cuestión clave a la que alude la consejera es precisamente ésa: cómo la Junta, que ahora se lava las manos, creó las condiciones necesarias para que se construya este rascacielos y no otra cosa.
Siempre ha existido en Sevilla una ‘ley’ no escrita (como la Constitución británica o las alternancias continentales de las sedes olímpicas) en el sentido de que ningún edificio se aproximara, equiparara o superara en altura a la Giralda, el símbolo de la ciudad. En virtud de esa ‘ley’ se tumbó en los 90 el proyecto de torre de unos 30 metros de altura de Pérez Escolano en la Plaza de Armas.
El rascacielos en construcción es el último de varios proyectos en la explanada Sur de la Expo, cuyo primer exponente, ‘Puerto Triana’, incluía un lago circular para puerto deportivo y que fue promovido tras el 92 (gobierno local PP-PA) por los empresarios José Antonio Sáenz y José Luis Manzanares y El Monte. Aquéllos  eran vistos desde la Junta y el PSOE como afines al PA, razón por la que sus sucesivas modificaciones del proyecto e incorporaciones de inversores para darle músculo financiero (Rodamco fue el último) nunca recibieron luz verde.

EL ‘CAMPANILE’

A la desesperada, ficharon a un arquitecto de la ‘gauche divine’ bien visto por el PSOE, hasta el punto de que Felipe González llegó a ‘pre’nombrarle comisario para la Expo antes que a Olivencia: Ricardo Bofill. Fue repudiado por las fuerzas vivas  por el mero hecho de ser catalán, así que encomendándole este proyecto de alguna manera se reparaba el agravio cometido. El divo arquitecto presentó un diseño que incluía un ‘campanile’, una torre de 80 metros como hito del nuevo Puerto Triana.
En mayo de 2002, la Junta emitió un informe en el que advertía que el planeamiento sólo permitía en la zona una altura máxima de cinco plantas -y seis el de la ciudad- para usos terciarios (un máximo de 23 metros). Por tanto, concluía, “se está proponiendo una excepcionalidad a escala de ciudad de notable alcance en lo que respecta a las alturas”. A la vista de esta singularidad, la Junta decía que la construcción de la torre “debiera estar suficientemente analizada y justificada”. La consejera de Obras Públicas exigió además que el Ayuntamiento garantizara las inversiones con el fin de evitar la saturación del tráfico y recortar la edificabilidad.
También instó a optar por otra vía en caso de no querer reformarse el proyecto: tramitarlo en la revisión del nuevo PGOU, lo que podría significar una demora mayor. Por entonces los promotores llevaban 8 años esperando, por lo que cuando al año siguiente Monteseirín pactó con IU para librarse del PA tiraron la toalla y lo traspasaron todo a las Cajas, en manos del PSOE.

DESBLOQUEO

Y todo cambió. El Ayuntamiento, las Cajas  y Agesa firmaron un convenio para desbloquear el proyecto “después de que el anterior –dijo Bueno Lidón- decayese (sic) por causas ajenas tanto al Ayuntamiento como a los promotores”.
Si antes la Junta instaba a esperar a la revisión el PGOU, ahora el convenio se tramitaría como modificación puntual del Plan entonces vigente  con el fin de lograr un desarrollo más rápido del que supondría esperar a la aprobación del nuevo PGOU (al menos un año).
Monteseirín declaró que se haría un hito como la Torre Bofill “o algo parecido”, mientras que Carrillo, aún a su lado, expresó que el Ayuntamiento aplaudiría “todo lo que suponga un edificio en altura”, y animó a los promotores a que fueran valientes y “rompieran moldes”. Monteseirín atribuyó este “momento de éxito” a los cambios políticos producidos (la salida del PA).
Cuando trascendió que el “algo parecido” a la torre Bofill podía ser un rascacielos de 50 plantas y un máximo de 225 metros (finalmente rebajados a 178), el delegado de Cultura de la Junta ya no veía pega alguna a la altura. Bernardo Bueno declaró que el rascacielos no tendría problemas con las leyes de Patrimonio en ese sentido siempre que no tocara la lámina del río.

METROS DE ‘MODERNIDAD’

Y Monteserín hizo su particular silogismo: “Los edificios de gran altura son elementos consustanciales a las grandes ciudades. Sevilla es una gran ciudad que debe tener lo que tienen todas las grandes ciudades”.
Si hoy, por causa del rascacielos de 178 metros propiciado por la Junta e impulsado por un alcalde con complejo de inferioridad, peligra la Sevilla Patrimonio de la Humanidad no será por culpa de Zoido.
El rascacielos, al igual que las ‘setas’, irá ligado por siempre a su predecesor. Por eso no sé por qué le llaman torre Cajasol o torre Pelli, cuando debería ser conocido como  torre Monteseirín.