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Urbanismo, el reloj averiado de Zoido

La Delegación de Urbanismo, por acción u omisión, ha vuelto una vez más a chafarle los titulares al alcalde, que había planificado el inicio del nuevo curso político con la plasmación de su vieja promesa de rebajarles los impuestos a los sevillanos. La otrora área más poderosa del Ayuntamiento, y ahora bajo mínimos por su sobredimensionamiento tras la crisis económica general y el estallido de la burbuja inmobiliaria en particular, anunció una propuesta de modificación de las Ordenanzas Fiscales a elevar al Pleno municipal con la misma estrategia que Tussam empleaba cada año con la revisión de las tarifas para el autobús.

La empresa municipal de transportes desviaba la atención de la opinión pública hacia el dato de la subida media del autobús intentando convencer de que se alineaba con la inflación prevista o incluso se situaba por debajo del IPC. Para ello aprobaba subidas mínimas en los títulos de viaje menos utilizados mientras cargaba la mano en los billetes y bonobuses más demandados por los sevillanos. En apariencia, la subida media estaba por debajo del coste de la vida, pero en la práctica los usuarios habituales del autobús pagaban y pagan más cada año.

UN ‘TROYANO’ EN LAS ORDENANZAS

Siguiendo la misma estrategia del bonobús, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, presentó un cuadro de rebajas para 2014 que en puridad sólo se producía en cuatro tasas menores y sin apenas incidencia en el bolsillo de la mayoría de los sevillanos; suponía una ‘congelación’, que no rebaja, en el resto y ocultaba un ‘caballo de Troya’ que, de no haber sido advertida a tiempo antes de su aprobación por el Pleno, habría incrementado hasta en un 100% el coste de las licencias de obras.

El ‘troyano’ de Vílchez era un párrafo que rezaba así: “Se entenderá, en todo caso, que tienen carácter singularísimo y peculiar a estos efectos las obras o instalaciones proyectadas cuyos presupuestos excedan en más de un 25% del valor resultante de la ampliación de las reglas y módulos que se contienen en los artículos 10 y 11”. Hasta ahora, el módulo base fijado por Urbanismo es de 486 euros, pero si se aprobaba este punto y se tomaba como referencia el valor real en un proyecto a un coste de 1.000 euros el m2, la licencia de obras se duplicaría.

La Gerencia de Urbanismo, que ha pasado de nadar en la abundancia a sufrir pérdidas y a conocer que el Ayuntamiento piensa en su disolución y en un recorte salarial del 30% a una plantilla en la que casi la mitad de sus miembros cobra un plus por jefatura de algo, ya intentó el año pasado incrementar sus ingresos con una Ordenanza Fiscal similar a la de este proyecto.

MALESTAR DE LA PATRONAL

Aquel intento fue considerado ‘casus belli’ por la patronal sevillana, la CES, y la sectorial de la construcción, Gaesco, cuyo líder en ambos casos es el constructor Miguel Rus, el cual ha mantenido desde el principio algunos llamativos desencuentros, por decirlo diplomáticamente, con el Gobierno municipal. Zoido, una de cuyas máximas era la de tender alfombras rojas a los inversores, ordenó a Vílchez que retirara la propuesta.

Para salvar la cara ante los empresarios y la opinión pública hubo que lanzar la versión de que se había tratado de un borrador, un documento provisional redactado por los técnicos a espaldas o sin la aprobación del gerente, Alberto de Leopoldo (procedente de Cajasol y sin experiencia conocida en las lides urbanísticas), y del delegado, Maximiliano Vílchez, también sin antecedentes profesionales ligados a esta disciplina tan especializada.

La coartada ponía a los pies de los caballos a ambos responsables políticos, porque era el reconocimiento público de que no controlaban la Delegación y de que los técnicos maniobraban a su antojo. Si a ello se le unían fiascos anteriores como la pérdida de la inversión de Decathlon en la Cartuja y del proyecto de La Caixa en las Atarazanas, más el anuncio sin fundamento del inminente desbloqueo que nunca llega de la segunda tienda de Ikea, más que llovía sobre mojado en las caracolas de la Cartuja, sede de la Gerencia.

Fue el grupo municipal Socialista, liderado por Juan Espadas, el que destapó sobre la marcha que Urbanismo intentaba colar por segunda vez en dos años una Ordenanza Fiscal que le permitiría incrementar en un 100% el coste de las licencias de obras expedidas en la ciudad pese al hundimiento del sector de la Construcción, el cual lleva cinco años sin levantar cabeza. Esta contumacia podía de nuevo al alcalde en la tesitura de enfrentarse al ‘lobby’ del ladrillo y reeditaba el hondo malestar de los empresarios con un Ayuntamiento que no deja de proclamar su apuesta por la iniciativa privada y por la necesidad de rebajar impuestos para reactivar la economía.

SEGUNDO PRETEXTO

En un ‘déjà vu’ del año anterior, Urbanismo ha tenido que buscarse otro pretexto para tratar de justificar su actuación y la retirada, por segunda vez, de la Ordenanza de la discordia. Ahora, la coartada oficial consiste en que se ha producido un “error material” que ha propiciado “la introducción de un párrafo relativo a la tasa por licencia de obras que había quedado anteriormente suprimido del texto, no debiendo, por tanto, haberse reproducido”.

Explícitamente, pues, la Gerencia estaba reconociendo que había volcado el texto suprimido a última hora el año anterior en el de las Ordenanzas Fiscales para 2014, una chapuza informática que hunde aún más la reputación de un organismo que está colocado en el punto de mira de la Delegación de Hacienda por sus costes excesivos y sus números rojos y que da así más argumentos a la dama de hierro municipal, Asunción Fley,  para meterle las tijeras de los recortes.

Los frenazos y retrocesos de Urbanismo, que hay que justificar unas veces por el descontrol de sus dirigentes y otras por supuestos errores materiales -como si los ordenadores actuaran autónomamente y al margen de quienes los manejan-, suponen un tiro en el pie de un alcalde que en su toma de posesión anunció la excelencia en la gestión de los Servicios Públicos y que la ciudad funcionaría con la precisión de un reloj suizo.

EN EVIDENCIA

La Gerencia tiene 437 personas en plantilla, la mitad de ellos jefes que en conjunto cobran pluses millonarios por la responsabilidad que asumen en el desempeño de su labor. Pues bien, ninguno de estos 437 empleados municipales se percató del supuesto error motivado por la práctica de reproducir textos antiguos del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2013 y volcarlos en el de 2014 y salir así del paso lo más rápidamente posible. Tampoco se percató el Gobierno local, con sus 20 concejales y su amplio equipo de asesores.

Quien advirtió la supuesta duplicidad o el pretendido “error material” fue el Grupo municipal Socialista, compuesto por once ediles y un número reducido de asesores bajo la dirección de Juan Espadas, que ha dejado así en evidencia a toda la Gerencia y al equipo de Gobierno al demostrar un mayor celo y eficacia en la supervisión de la documentación remitida al Pleno y que la labor de la Oposición no consiste sólo en populistas paseos por los barrios para aparecer en las fotos estrechando las manos de los vecinos, sino también o incluso principalmente en un trabajo mucho más difícil, por su complejidad técnica, oscuro, callado y menos reconocido de pasarse muchas horas en los despachos escudriñando expedientes y haciendo números.

OTRO MÁS

El Gobierno municipal ha fallado y la Oposición no. Esa es la imagen que queda en la opinión pública tras este episodio y es lo que más debe preocupar al alcalde, que ha comprobado que la oposición frontal anunciada por Espadas es mucho más activa y eficaz que antes.

Los fallos en Urbanismo no se limitaban sólo a la Ordenanza que afectaba a las licencias de obras. Obligada por la denuncia/revelación del PSOE a revisar todos los expedientes -ahora sí-, la Gerencia se percató además de que el texto utilizado por supuesto error tampoco recogía unas modificaciones aprobadas por el Pleno y referidas a la Ordenanza Fiscal regulada de la tasa por los documentos que expida o tramite la propia Gerencia a instancia de parte. Corrección de errores sobre corrección de errores, error al cuadrado y en una materia tan delicada como el bolsillo de los ciudadanos.

Definitivamente, Urbanismo se ha convertido por deméritos propios en el reloj averiado de Zoido.

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

Larra se habría quedado corto en Sevilla

Un vecino de Sevilla llamado Alejandro Blanco Rodríguez pero que lo mismo podríamos ser usted o yo lleva seis años esperando que Urbanismo le resuelva una reclamación patrimonial por los daños sufridos en su automóvil a causa de un socavón en la vía pública. El Ayuntamiento intentó aburrirle exigiéndole incluso que aportara testigos de la incidencia. No se desanimó y le llevó cuatro. Y, desde entonces, la callada por respuesta. Y es que los 500 funcionarios de la Gerencia están demasiado ocupados redactando para el delegado de Urbanismo borradores de Ordenanzas Fiscales que rebrincan a la CES y que luego no se aplican. Por eso no han tenido aún tiempo de atender la ‘minucia’ de 69,33 euros de don Alejandro. Así funciona, es un decir, el sistema. Larra acuñó lo del ‘vuelva usted mañana’ para referirse a las ventanillas de la Administración. En Sevilla se habría quedado corto: por ahora van seis años. Y lo que queda.

¿Gobierna Zoido?

Cada día que pasa se conoce un nuevo detalle del proyecto de Ordenanzas Fiscales redactado por la Gerencia de Urbanismo para el próximo ejercicio de 2013. Iba a ser aprobado el pasado viernes, pero el gobierno local lo retiró ‘in extremis’ cuando conoció el rechazo suscitado después de que el PSOE desvelara el ‘tasazo’ que preparaba. El Plan preveía subidas de tasas por numerosos conceptos, y la creación de nuevas figuras impositivas o de cobros por servicios que hasta ahora han sido gratuitos. Así, a título de ejemplo, se pretendía incrementar el coste de las licencias de obras en un 100%, cobrar un mínimo de 120 euros por prorrogarlas, cuando hasta ahora se hacía sin coste alguno, y pasar de la gratuidad de la inspección arqueológica a exigir el abono de entre 1.200 y 3.900 euros.

A estas primeras medidas conocidas se han añadido posteriormente otras de las contenidas en el documento de 160 páginas preparado por los técnicos de Urbanismo. El sector de la hostelería, uno de los más mimados por Zoido, tendría que pagar con estas nonatas Ordenanzas una subida de entre el 5% y el 7% por las licencias de instalación de veladores, de los que ya hay más de 10.000 en las calles de la ciudad. Las tarifas llegaban hasta un alza del 9% cuando se trataba de licencias de carácter semestral.

TAMBIÉN LA SEMANA SANTA

Ni siquiera la Semana Santa escapaba a la voracidad fiscal del Ayuntamiento, que cobra al Consejo General de Cofradías 50.000 euros anuales por la ocupación de la vía pública con sillas y palcos para contemplar las procesiones y al que había previsto exigirle para el nuevo año el pago de un canon de 98.000 euros, casi un 100% más.
Tampoco se iban a librar los propietarios de viviendas y las comunidades de vecinos cuyos bloques tuvieran que pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Como se recordará, la Oposición pidió al gobierno local que dejara en suspenso esta obligación debido a que en una ciudad con 90.000 parados hay miles de casos de morosidad en las comunidades, con un incremento del 20% de impagos, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas Urbanas.
El Ayuntamiento no sólo no ha accedido a esta petición, sino que había preparado una nueva tarifa añadida a las de las ITE vigentes de 95 euros. Su argumento para tratar de justificarla es que “encauza (sic) a contribuir financieramente el sostenimiento del servicio sin suponer una gran carga económica para los propietarios”. Oculta que esa apàrente pequeña aportación suplementaria para cada propietario, que por otra parte se suma a todas las subidas que viene sufriendo desde el estallido de la crisis (electricidad, gas, butano, gasolina, IVA…), supondría bastante dinero para las arcas municipales.

Esta batería de medidas fiscales abortadas en el último minuto, con creación de nuevas figuras impositivas y subidas de hasta el 100% en algunas de las existentes, se había preparado sin consulta previa a los sectores más directamente afectados, pese a que Zoido había prometido una rebaja impositiva en su programa electoral. Como Rajoy, al final está haciendo todo lo contrario de lo que preconizó.

CONFIANZA PERDIDA

Gaesco, la patronal sevillana de la construcción, se ha sentido traicionada por la corporación local, a la que ha retirado su confianza. Su gerente, Juan Aguilera, ha mostrado públicamente su estupor por la preparación en secreto de un Plan que atacaba directamente a uno de los sectores más castigados por la crisis económica debido al frenazo de la obra pública y de la privada. Si en esta situación se multiplican los costes de las licencias de obras, de la colocación de cubas en la calle, etcétera, etcétera, no se incentiva precisamente, sino todo lo contrario, la realización de trabajos de rehabilitación, único pequeño salvavidas que le queda.

Juan Aguilera, el gerente de Gaesco, se ha lamentado de que pese al espíritu de colaboración de su organización con la Administración y el permanente contacto con la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio les hubiera ocultado el expediente.

Igualmente, los hoteleros dicen sentirse “enormemente sorprendidos al conocer por los medios de comunicación que se estuviera valorando una posibilidad tan descabellada como ésta sin consultarnos primero: iría contra toda lógica que el Ayuntamiento optara por asfixiarnos así”.

EL PRETEXTO DEL BORRADOR

Ante el rechazo generalizado al proyecto de nueva Ordenanza Fiscal, el Ayuntamiento ha reaccionado en dos tiempos, tras apresurarse a retirarlas de la circulación. En la primera fase argumentó que se trataba de un mero borrador que no debía confundirse con el documento definitivo. En la segunda, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha señalado públicamente al gerente de Urbanismo y exresponsable de Empresas Participadas de Cajasol, Alberto de Leopoldo, y a los técnicos de la Gerencia como responsables de esta iniciativa presuntamente unilateral: “Lo elaboraron los técnicos -ha declarado-. Ni el responsable político de Urbanismo, que soy yo, ni el alcalde, lo conocían”.

¿Alguien puede creerse que un documento de 160 folios con todo tipo de datos, que incluye informes de jefes de Servicio y que está referido a la materia más sensible por excelencia de una Administración, cuales son los impuestos, puede ser elaborado por el departamento más poderoso del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, por su cuenta y riesgo y al margen de cualquier directriz política del gobierno municipal? ¿Se han puesto acaso de acuerdo los casi 500 funcionarios de la Gerencia en perder su valioso tiempo concibiendo cómo subirle las tasas a los sevillanos en hasta un 100% e inventándose nuevas figuras impositivas mientras desatendían sus obligaciones habituales?

Naturalmente, la explicación de Maximiliano Vílchez carece de credibilidad, pero en su afán de exculparse frente a los sectores económicos más directamente afectados y ante todos los sevillanos no ha hecho sino empeorar aún más las cosas. Porque, como se dice popularmente, si admitimos pulpo como animal de compañía; si se admite como válida y verídica la explicación del delegado de Urbanismo, ello significa ni más ni menos que Zoido no gobierna en el Ayuntamiento, como prueba el hecho de que se adoptan iniciativas de este calado a sus espaldas y que lo dejan a los pies de los caballos ante la opinión pública sin que él se haya enterado previamente de nada.

AUTORIDAD CUESTIONADA

Y la Oposición y los ciudadanos pueden plantearse  cómo un alcalde que ignora hasta la cuantía de los impuestos que pretende cobrarle su Ayuntamiento a los ciudadanos podría aspirar a gobernar con solvencia toda Andalucía en caso de que, también como presidente del PP (A), su partido lo presentara como candidato a la Presidencia de la Junta. Si no controla ni su propio Ayuntamiento de Sevilla ni la Gerencia de Urbanismo ¿cómo va a controlar Andalucía entera? A esta deducción lleva la explicación dada por Vílchez sobre lo acaecido en la Corporación Local hispalense.

Una situación tan grave como ésta pone a Zoido en la tesitura de cortar cabezas de forma fulminante en la Gerencia de Urbanismo, por haberse diseñado en su seno y a sus espaldas una batería de medidas fiscales que ha soliviantado a los sevillanos y a los poderes fácticos de la ciudad. Si no hace nada y deja el ‘statu quo’ sería interpretado como la demostración de una falta de autoridad moral, derivada de haber utilizado a los técnicos como mera coartada (lo mismo que hacía Monteseirín) para no señalarse a sí mismo y a su gobierno como los artífices de unas medidas fiscales desproporcionadas (no estamos hablando de subidas acordes al IPC)  y contrarias a su propio programa electoral.

De prometer rebajar los impuestos a planear subirlos incluso en un 100%.

Gerifaltes

El nuevo delegado de Urbanismo, Max Vílchez, ha contado que cuando llegó a la Gerencia encontró que, aparte de jefes de Departamento y otros carguetes, Monteseirín y Marchena tenían en el organigrama 33 jefes de servicio para 450 empleados. La media era de un jefe por cada 13 indios, un número éste de tan mal fario que a buen seguro el antiguo régimen tendría ‘in mente’ prevenir el gafe, bien nombrando más jefes aún, bien enchufando  más gente. Dentro de la amplia fauna de cargos, carguetes y carguillos hallada en el frondoso árbol de Urbanismo figuraban jefes que no podían tomar decisiones porque la responsabilidad era compartida. Osea, que eran como las águilas bicéfalas del escudo de Carlos V. Pero lo mejor era el jefe que sólo lo era de sí mismo porque no tenía a nadie a su cargo: una categoría unipersonal ‘ad hominem’. Sergio Fernández escribió el ‘best seller’ ‘Vivir sin jefe’  sin reparar en que la evolución darwinista, de la que la Gerencia es su avanzadilla, va justo en sentido contrario: ¡todos jefecitos! Como Mascherano en el Barça de Guardiola.

A huevo

Max Estrella es un personaje de ficción creado por Valle Inclán para ‘Luces de Bohemia’, con la que inauguró un nuevo género teatral: el esperpento. (Max)imiliano Vílchez es un personaje real, para más señas delegado de Urbanismo, que amenaza con convertirse en la estrella mediática de la era Zoido merced a sus esperpénticas observaciones urbanísticas sin haber hecho previamente un cursillo de Urbanismo en siete días. Tampoco es tanto. Recuerden que Jordi Sevilla se comporometió a enseñarle economía a ZP en tan sólo dos tardes. La última de Max, declarar que Espadas aprobó once modificaciones del PGOU en 2006, durante su anterior etapa como consejero de la Junta. Naturalmente, el PSOE no ha perdido la oportunidad de dejarlo en ridículo con un comunicado ‘ad hoc’ en el que, aparte de mentarle sus confusiones sobre las tipologías urbanísticas,  le recuerda que Espadas no fue consejero hasta 2008, por lo que no pudo firmar resolución alguna sobre el PGOU. Con el estrellado Max, Zoido se las pone a Espadas como decían que se las ponían a Fernando VII: a huevo.

La roncha

Todavía no ha hecho Zoido su anunciada auditoría ‘de infarto’ y ya afloran como setas las ronchas ocultas por Monteseirín bajo las alfombras. De momento se ha descubierto una lápida de 21 millones de euros en Urbanismo, de los que al menos 15 millones son imputables al imputado Marchena, de sus tiempos como gerente. Y eso que disfrutó de lleno la época de las vacas gordas, cuando del ladrillo manaba leche, miel y langostinos a mayor satisfacción del valido, conocido por su gran afición a las pinceladas al centro a costa del contribuyente o del especulador de turno. Monteseirín le puso un sueldo de 170.000 euros con la excusa de que era un gran gestor, y dijo que aún le parecía poco. El ‘cienmileurista’ ha multiplicado ciento por uno, pero con signo negativo, cada euro cobrado a los contribuyentes, pero ni se inmuta. Al igual que su jefe decía que no entendía de leyes porque era médico, él podrá alegar que de números y contabilidad no entiende porque, al fin y al cabo, es sólo un geógrafo ‘bon vivant’ que se dedicó a cartografiar los restaurantes de Sevilla.

 

¡Se mueven!

Forges-Urbanismo1El urbanismo suele ser la madre de la mayoría de las corrupciones, corruptelas e irregularidades políticas, según demostré en plan protomártir con un ‘dossier’ elevado al Defensor del Pueblo, aunque sólo sirviera para demostrar que aquí no pasa nada: ‘Formas en que las Administraciones Públicas vulneran la ley y se amparan en la ilegalidad’. Al tratarse de una materia para iniciados, es vital que haya, como en el franquismo, arquitectos que tengan el valor de salirse del ‘lado oscuro’ en defensa del interés general. Va a ser verdad que algunos están abandonando la clandestinidad, como acaban de demostrar ahora varios de ellos al denunciar que en los suelos de la Cruzcampo uno de sus colegas, otrora ‘senador de los claveles rojos’, quiere colar con el silencio cómplice de las Administraciones afines (osea, todas) una torre ocho veces más grande de lo que permite el PGOU. Y lo han denunciado tras detectar las triquiñuelas administrativas que escapan al común de los mortales. Más vale tarde que nunca, señores arquitectos. Bienvenidos a este minoritario club.

El precursor

El derrumbamiento del muro del antiguo Bazar España causó la muerte de cinco personas en Sevilla

El derrumbamiento del muro del antiguo Bazar España causó la muerte de cinco personas en Sevilla

La Junta trata de justificar la falta de luz y taquígrafos  de los EREs a cuyo amparo se han falsificado prejubilaciones con el pretexto de que sólo eran ayudas individuales. Por ironías del destino, este escándalo coincide con el juicio por la demanda de una de las familias de las víctimas del Bazar España contra el Ayuntamiento. Monteseirín se empeñó en indemnizarlas por supuesta responsabilidad patrimonial, lo que suponía una acusación implícita a Urbanismo, en manos de sus socios del PA. Aquello provocó una crisis municipal y la dimisión de Mariano Pérez de Ayala. El (sin) alcalde, para aparentar que no daba su brazo a torcer, camufló entonces la indemnización (72.200 euros) como ayuda individual (subvención) a las familias pero sin explicarles su alcance. Cuando algunas de ellas se habían gastado ya el dinero, vino Hacienda exigiéndoles impuestos por el IRPF. Ahora, alguna debe al Fisco 43.000 euros. Monteseirín, el precursor en camuflar el procedimiento muchos años antes que la Junta, ha acabo llevando a las víctimas del Bazar de España a la ruina.

El ‘rey’ destronado

Monteseirín llega a la Alcaldía por un pacto entre Chaves y Rojas Marcos tras el hartazgo de Becerril para reeditar el pacto con los andalucistas. El PA lo analizó todo como si fuera una partida de ajedrez: si piden esto, contraofertamos aquello; si rechazan tal cosa, ofrecemos esta otra…..Esta sucesión de tableros políticos visualizados previamente permitió cerrar la coalición en 48 horas, una rapidez que dio pábulo a la tesis del PP de que había sido acordada antes de las elecciones y no después.

Monteseirín, una marioneta de Caballos contra Borbolla, se vio así con el bastón de mando, pero sitiado por un PA que controlaba las delegaciones clave, Urbanismo en especial para redactar el nuevo PGOU, y el 70% de las inversiones.

ESTRUCTURAS PARALELAS

Ya contamos cómo el PSOE diseñó estrategias para romper el férreo control andalucista. Una fueron las inversiones en los barrios a través de los Distritos, raíz del caso Macarena. Otra, la creación de estructuras paralelas de poder aparente, como el  Plan Estratégico para contrarrestar a la Gerencia de Urbanismo y lanzar el mensaje de que el diseño de la Sevilla del futuro estaba en sus manos.

La Oficina del Plan Estratégico se constituyó en noviembre de 1999, con Alfonso Yerga como director, pero Monteseirín se desembarazó pronto de él. Yerga acabó refugiado en la Junta  para dejarle vía libre al valido del alcalde, Manuel Marchena, su ‘eminencia gris’. Marchena, un oscuro y ambicioso profesor de talante chulesco, medró por los vericuetos administrativos del turismo tras escribir un libro sobre el tema, aparte de por sus vinculaciones al partido, y medrando medrando acabó relacionándose con Monteseirín a través del Patronato Provincial de Turismo, dependiente entonces de la Diputación, que aquél presidía antes de saltar al Ayuntamiento.

SIMBIOSIS

Monteseirín, psicológicamente un pusilánime, pronto estableció una relación simbiótica de dependencia con Marchena,  su antítesis y a la vez  alma gemela, individuo sin escrúpulos  y ‘bon vivant’, capaz de cualquier cosa con tal de no volver a la tiza, pues con el magro sueldo de PNN no podía aspirar a trepar socialmente, comer en restaurantes de cinco tenedores, vestir a la última y lucir macizos relojes y gafas de marca. Al cabo de diez años se ha sabido que Monteseirín le había puesto un sueldo en Emasesa de 170.749 euros (declaración de 2009) y que ese dinero aún le parecía poco al alcalde  “para lo que valía” su ‘alter ego’.

Ya refugiado en la Junta, a Yerga empezaron a llegarle noticias del Plan Estratégico. Su sucesor había pedido una Visa Oro y el alcalde quería adscribir un coche y un chófer a la Oficina del Plan. ¿Un coche? ¿Para qué? Pronto comprendió la razón: Marchena no tenía carné. Visa y coche a las primeras de cambio.

Y cuando Monteseirín, para guardar las apariencias, instó a una comida de confraternización entre Marchena como responsable del Plan Estratégico y el andalucista del PGOU, el valido no tuvo el menor empacho en decir que él tendría que comer muchos langostinos para llevarse las papas a su casa. Una declaración de intenciones que ha cumplido a rajatabla durante 11 años.

VALIDO DEL ALCALDE

En 2003, tras las elecciones en que el PSOE demolió al PA con el ‘urbanismo bajo sospecha’ pese a haber sido corresponsable como socio de gobierno, Monteseirín puso a su valido al frente de la Gerencia y lo erigió en el interlocutor ante los poderes fácticos de la ciudad, cuyos representantes no dudaron en adularlo, tratarlo como un igual (‘Manolo’ por aquí, ‘Manolo’ por allá) e invitarlo a los reservados de los mejores restaurantes. No era para menos, si desde Urbanismo había miles y miles de millones en juego con el nuevo PGOU y el alcalde no se recataba en decir que quien quisiera algo del Ayuntamiento, que hablara con Marchena en vez de seguir los cauces administrativos.

Con ese poder delegado, acentuado tras su posterior nombramiento como vicepresidente de la AIE y viéndose servilmente halagado, no es extraño que la altanería de Marchena haya crecido hasta extremos desorbitados y que se vanagloriara de utilizar la publicidad institucional para silenciar voces críticas y comprar periódicos. El valido del alcalde ha procurado tejer una red clientelar particular al presentarse como el desatascador de los problemas de los administrados que recurrían a él como atajo. De esta manera, convertía lo que era un derecho en un favor personal a él debido: un neocaciquismo.

PRINCIPIO DEL FIN

Mediante esta cadena de favores (promesa de patrocinar publicaciones del Ateneo con dinero de Emasesa) se hizo nombrar rey Melchor en la Cabalgata, un peldaño más en su escala de trepa social, pero tras su imputación en el caso Mercasevilla el Ateneo le ha retirado el nombramiento haciendo caso omiso a sus bravatas.

Marchena, que merece la presunción de inocencia pese a ser uno de los adalides del ‘urbanismo bajo sospecha’ sin pruebas, no debió verse en esta tesitura, no por estar imputado, sino porque jamás debió ser nombrado rey mago, ya que encarna lo peor de la era Monteseirín y su corrupción moral, y ninguno de los valores que ha de proyectar la Cabalgata.

Su destronamiento como rey mago puede significar el principio del fin de Marchena, por no inspirar ya temor y haber ligado su destino a un alcalde con fecha de caducidad. Más pronto que tarde, comprobará que quienes le adularon lo ignorarán o despreciarán, porque ha dejado de serles útil. Sic transit gloria mundi.