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Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

La Junta de Andalucía hizo la vista gorda en las ilegalidades de la ITV de Zalamea

El diario ABC, que ya difundió una información sobre los ‘enchufados’ socialistas  en la ITV de Zalamea la Real, informa ahora (5 de diciembre de 2011, Página 34) de que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía desoyó denuncias urbanísticas sobre estas instalaciones industriales y que otorgó una licencia temporal a la empresa gestora, casualmente propiedad al 100% del propio Gobierno andaluz, para que se ubicara en una zona sin desarrollo urbanístico, lo cual suponía una vulneración de la ley, otra más protagonizada por la Junta y el entonces Ayuntamiento socialista zalameño. Ambas instituciones hicieron caso omiso a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Por su interés y por apuntar cómo se desprecia la legalidad urbanística en nuestra tierra, reproducimos la información divulgada por el rotativo sevillano:

«La ITV de Zalamea la Real, dependiente de la empresa pública de la Junta Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), ha estado envuelta en la polémica desde sus orígenes. A la denuncia, hecha pública días atrás por ABC, de que hasta cinco familiares directos de cargos socialistas trabajaban en las ITV de la provincia de Huelva, entre ellas la de Zalamea, hay que sumar que la instalación de esa estación en esa localidad pudo presuntamente vulnerar la legislación urbanística, tal como alertó el Defensor del Pueblo Andaluz a la Junta, que, sin embargo, no apreció irregularidad.

Josefina Cruz Villalón, actual consejera de Obras PúblicasLos hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.

Estas conclusiones se extraen de los escritos que planteó en 1995 un vecino de Zalamea a la Consejería de Obras Públicas y al Defensor del Pueblo Andaluz, en los que acusaba al Ayuntamiento de beneficiar a empresas amigas, en referencia a Veiasa y Anisados Arenas, mientras frenaba al resto de firmas interesadas en instalarse en el polígono industrial donde se ubicó la ITV.

Para facilitar que se instalara la estación el Ayuntamiento otorgó una licencia de obras temporal con carácter definitivo a la ITV, que se asentaría en un futuro polígono industrial, cuya legalidad estaba pendiente y condicionada a la aprobación por parte de la Junta del plan parcial de Zalamea la Real. Desde el Ayuntamiento se negó que las obras realizadas en el futuro polígono industrial fueran para facilitar la ITV.»

* Enlace: Informe Defensor del Pueblo

Informe Defensor del Pueblo ITV Zalamea la Real