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Emvisesa: sorteo ante notario para ordenar la lista de demandantes de vivienda

PRECEDENTE

El anterior se celebró en marzo de 2016, cuando había 12.989 inscritos

ACTUALIZACIÓN

Desde entonces se han apuntado en el Registro 4.186 personas más

PREVISIÓN

La empresa municipal proyecta ofrecer mil pisos en los dos próximos años

 

El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla ha organizado para el martes 12 de diciembre un sorteo ante notario con el fin de ordenar la lista de demandantes inscritos, tal y como aprobó la Comisión Ejecutiva de Emvisesa y en cumplimiento de la normativa existente al respecto.

El anterior sorteo se celebró el 17 de marzo de 2016 para ordenar la lista de demandantes, que en ese momento ascendía a 12.989 personas.  Hasta la fecha, se han estado elaborando las listas de titulares y suplentes seleccionados ante las peticiones de los distintos promotores, sobre la base del resultado de este sorteo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16. 2. d) del Reglamento del Registro, publicado en Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de fecha 8 de noviembre de 2012, en relación a la periodicidad de los sorteos, ésta se determinará por el órgano competente según las previsiones de vivienda a ejecutar establecidas en el plan municipal de vivienda y, en todo caso, se celebrará un nuevo sorteo una vez que se hayan adjudicado un mínimo de mil viviendas desde el último sorteo celebrado.

Si bien aún no se han cerrado todos los procedimientos de adjudicación de este número de viviendas (que termina con la firma de los contratos de compraventa de las mismas), se han preparado listas y quedan pendientes otras que, en total, contabilizan aproximadamente 1.000 titulares y suplentes para ser adjudicatarios, y que serán completadas (aquellas que no estén cerradas al día del sorteo) con los inscritos ordenados conforme al sorteo celebrado en marzo de 2016.

 INCREMENTO

Puesto que desde la celebración del sorteo de fecha 17 de marzo de 2016, se han realizado 4.186 inscripciones más, además de cancelaciones y caducidades,  se ve conveniente la celebración de un nuevo sorteo que determine un nuevo orden de prelación de demandantes, antes de que se soliciten y posteriormente se elaboren  listas de titulares y suplentes para los nuevos procesos que se vaya a iniciar, además de buscar el objetivo de evitar que se repitan en las futuras listas los mismos inscritos en las listas de titulares y suplentes que se han venido incluyendo hasta la fecha.

El 70% de las personas inscritas como demandantes de vivienda protegida en Sevilla tienen una antigüedad inferior a los tres años en el Registro.

Desde el pasado 20 de noviembre, se está publicando en la página web de Emvisesa la lista de todos los inscritos hasta la fecha, con el número asignado para participar en el sorteo, y se dio un plazo de 10 días para la presentación de posibles alegaciones. Una vez finalizado dicho plazo, se procederá a elaborar la lista definitiva, para la celebración del sorteo ante notario, el próximo 12 de diciembre de 2017.

Emvisesa quiere aclarar que este sorteo no significa que se vayan necesariamente a sortear viviendas ahora mismo, sino que obedece al cumplimiento de  la normativa.

En paralelo, Emvisesa ha constituido distintas mesas sectoriales  con participación de asociaciones, colegios profesionales, expertos y una representación de inquilinos y personas inscritas en el Registro de Demandantes, que tienen como uno de sus objetivos establecer mecanismos y medidas que mejoren el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda.

Populismo habitacional

El Pleno extraordinario y monográfico que sobre la vivienda se celebró hace una semana en el Ayuntamiento de Sevilla, en vísperas del inicio de la campaña electoral para las generales del 20 de diciembre, ha servido para comprobar el grado de populismo de los partidos políticos en relación con lo que las fuerzas de izquierda suelen denominar el “problema habitacional”.

Ante la cercanía de los comicios y la necesidad de ganar votos, cuesten lo que cuesten a los contribuyentes, pareció como si no hubiera diferencias ideológicas ni de modelo entre las distintas formaciones, ya que se aprobaron por unanimidad nada menos que 57 de las 60 iniciativas debatidas (el 95% del total).

Los sevillanos pudieron comprobar cómo un partido calificado “de orden” como el PP, cuyo líder en la oposición sigue siendo formalmente todo un señor juez como Juan Ignacio Zoido, se alineó con la propuesta de la izquierda de que no se pongan los policías ni los bomberos del Ayuntamiento al servicio de la Justicia a la hora de la ejecución de las órdenes de desahucio, cuando el Partido Popular se había erigido hasta ahora como el bastión en defensa de las normas en tal sentido ante la rebelión en el seno de algunos ayuntamientos para congraciarse  con los movimientos ciudadanos contrarios a los lanzamientos judiciales por los impagos de hipotecas.

Esa denegación del auxilio municipal a los jueces, secundada por el grupo Socialista del alcalde Espadas, convierte al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio Llera, en más papista que el Papa.

Hace tres años, a raíz de que el alcalde de Cazalla de la Sierra anunciara a través de un bando que su ayuntamiento no pondría ni un solo agente de la Policía Municipal a disposición de las órdenes de desahucio, el consejero reaccionó diciendo que aunque a los jueces cada día les repugna más acordar órdenes de desahucio, “un alcalde no tiene autoridad para negar el auxilio a un juez cuando pide el uso de la Policía, ya que si un juez ordena algo, la Policía está obligada a colaborar”.

Espadas y Zoido coinciden en declarar la insumisión del Ayuntamiento, que a partir de ahora negará el auxilio policial a la Justicia pero no, por ejemplo, para la retirada de los coches por la grúa municipal en caso necesario.

TRANSFERENCIAS A EMVISESA

Otra medida aprobada en el Pleno, también con el voto favorable del PP y fruto de la deriva populista, fue el incremento de las transferencias municipales a Emvisesa, una empresa prácticamente paralizada durante el mandato anterior, en el que puede decirse que Zoido batió un récord al no haber construido ninguna vivienda pública en sus cuatro años (prometió al menos mil anualmente), algo sin precedentes con los anteriores alcaldes.

A pesar de que Emvisesa pasó de tener un presupuesto de 294 millones de euros a tan sólo 44 millones, del recorte de la quinta parte de su plantilla y de la notable reducción de su actividad, mal que bien se manejaba en el mercado, pero si ahora se la enchufa a las transferencias municipales, como ha solido ser habitual con Tussam, corre el riesgo de tener que someterse a las disposiciones de Hacienda para aminorar el déficit público y que estipulan que ninguna sociedad pública municipal podrá ser deficitaria; que si se trata de una empresa que presta un servicio obligatorio, el Ayuntamiento tendrá que privatizarla, y que si presta un servicio que corresponde a una competencia que le es impropia, se verá abocada al cierre.

Aunque no prosperó la propuesta de dejar de operar con los bancos implicados en desahucios, sí se acordó la elaboración de un censo de viviendas vacías de su propiedad. En contraste, el Ayuntamiento de Córdoba ha sabido negociar con la Sareb, el ‘banco malo’, que le ha cedido a la capital de la Mezquita la cuarta parte de sus pisos vacíos allí para que se pongan en alquiler social a bajo precio con destino a familias necesitadas. Mientras en Sevilla se le declara la guerra a la banca, en la ciudad perteneciente al ahora triángulo Sevilla-Málaga-Córdoba forjan alianzas con la misma y obtienen beneficios para sus vecinos. ¿Cuál de las dos políticas da mejores resultados?

ANTIDESAHUCIOS

La medida más llamativa fue la aprobación de una oficina antidesahucios, cuyo objeto principal será prestar asesoramiento legal a las personas afectadas por los lanzamientos judiciales y que se denominará Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda.

Como se recordará, el gobierno de Espadas anunció la creación de este asesoramiento  con la denominación errónea de oficina, ya que no tenía sede física como tal, sino que se basaba en la coordinación de los servicios municipales ya existentes.

Sin embargo, el grupo Participa Sevilla especialmente presionó en el Pleno para que se creara este nuevo organismo con una sede propia y un presupuesto mínimo anual de cuatro millones de euros, de los que dos deben estar listos para el primer semestre de 2016. La portavoz del grupo, Cristina Honorato, fue muy insistente al respecto y dijo gráficamente que la Oficina debería tener “incluso luminoso”.

BALANCE DE CÁRITAS

El mismo día en que se celebraba el Pleno, los responsables de Cáritas presentaron el balance de las actuaciones de la organización humanitaria con las personas sin hogar, esos sin techo que ya han sido desahuciados por la sociedad. Cáritas atendió sólo en Sevilla el año pasado a 620 personas sin vivienda, a las que destinó 777.613 euros recogidos entre sus donantes. Además, destinó 1.189.687 euros a paliar situaciones de exclusión residencial como el pago de hipotecas (que evitan desahucios), alquileres y suministros básicos.

Si con 777.613 euros Cáritas es capaz de atender a 620 personas sin techo donde cobijarse, con los 4 millones de euros que el Ayuntamiento (sólo en las caracolas de Urbanismo, sin contar con Emvisesa, tiene unas 500 personas que podrían realizar tal función) se va a gastar en montar esa Oficina con anuncio luminoso incluido podría atender a 3.189 necesitados sin hogar.

¿Qué es más rentable socialmente, emplear ese dinero en incrementar el organigrama municipal o entregarlo a Cáritas para que atienda a cinco veces más sin techo que hasta ahora?

 

El Sur no existe

El alcaldable socialista, Juan Espadas, visitó el barrio de Las Huertas de San Pablo, donde anunció que si es elegido alcalde en mayo, desde junio la ciudad contará “por fin” con un plan de empleo propio diseñado por el Ayuntamiento y con recursos municipales para crear empleo, teniendo entre sus ejes el impulso de proyectos para la rehabilitación de viviendas en colaboración con otras administraciones. “Hay recursos, hay posibilidades y lo vamos a hacer. Porque el Ayuntamiento debe ser el motor económico de la ciudad, y lleva casi cuatro años sin serlo”, aseveró.    

En este sentido, el candidato socialista citó el Plan de Construcción Sostenible de la Junta y subrayó que se trata de una muestra de “cómo es posible impulsar un plan de empleo que permita crear oportunidades para muchas personas y contribuir a la reactivación económica y a apoyar al sector de la construcción”.

Espadas estaba poniendo de ejemplo el Plan de Construcción Sostenible sin saber que, para financiarlo, el Gobierno andaluz había detraído los fondos destinados a la rehabilitación de, entre otros barrios desfavorecidos, el Polígono Sur de Sevilla.

¿Qué garantías de rehabilitar barriadas con la ayuda de la Junta puede dar el alcaldable del PSOE si los teóricos fondos están supeditados a la estrategia de Susana Díaz pese al mensaje populista y en favor de los más afectados por la crisis que lanza la presidenta? Dicho de otro modo, Díaz ha dejado sin discurso a Espadas y ha ratificado la sensación que tienen los habitantes del Polígono Sur  de que ellos, pese a reivindicarse como parte de Sevilla, en realidad están en el último lugar de las preocupaciones de los gobernantes.

IMPULSO A LA CONSTRUCCIÓN

El caso lo desveló Izquierda Unida el mismo día del anuncio de Espadas sobre su futurible plan de empleo basado en la rehabilitación de viviendas, una de las parcelas responsabilidad de la coalición de izquierdas con Elena Cortés al frente, hasta que Susana Díaz decidió disolver el Parlamento, convocar elecciones anticipadas y formar un Gobierno en funciones monocolor socialista.

IU ya acusó a la presidenta de haberse apropiado de su Plan de Construcción Sostenible, que tenía preparado Elena Cortés, para presentarlo como si fuera una iniciativa suya en la precampaña electoral, en un acto con los empresarios del sector. Aunque unos y otros se atribuyan la paternidad de la idea, en realidad el primero que preconizó estas medidas con un enfoque centrado en el ahorro de energía a través de la rehabilitación fue el propio Espadas, al inicio de la legislatura de Rajoy y cuando él era aún senador.

El año pasado, ya el Gobierno de coalición PSOE-IU dotó una convocatoria para la renovación de acristalamientos, aislamiento de viviendas, colocación de toldos y similares con 124 millones de euros, a fin de reactivar la construcción. Este año, el denominado Plan de Construcción Sostenible ha sido dotado con 74,5 millones de euros, pero con la particularidad de que el próximo 22 de marzo se celebrarán elecciones autonómicas y de que el Gobierno andaluz quería capitalizar políticamente a toda prisa el reparto de las subvenciones.

REPARTO RÉCORD

Así fue cómo el 11 de febrero los 74,5 millones de euros destinados a la rehabilitación de viviendas se repartieron en tan sólo ocho horas a través de la Agencia Andaluza de la Energía y merced, según la versión oficial, a una aplicación telemática que permitió soportar hasta 4.300 conexiones simultáneas por parte de las 7.000 empresas que a tal fin están acreditadas por la Consejería de Innovación.

En una demostración de que cuando la Administración tiene interés político en un asunto, no hay problema burocrático, la Junta repartió en una sola jornada 74,5 millones de euros entre 14.500 proyectos de rehabilitación (la subvención máxima era de 18.000 euros) distribuidos por las ocho provincias.

Sin embargo, había un ‘pequeño’ problema: la falta de dinero suficiente para nutrir estas subvenciones en ese tiempo récord. ¿Cómo solucionarlo?

Una de las medidas habría consistido, según han denunciado instaladores, en derivar 34 millones de euros procedentes de la similar convocatoria del año pasado. Pese al tiempo transcurrido, la Junta ha estado retrasando en todo lo posible el pago de las subvenciones, escudándose en razones como defectos de forma en las certificaciones de obras, con lo cual deja a los pies de los caballos a las pymes afectadas por los impagos.

Y otro de los métodos ha consistido en lo que vulgarmente se dice ‘desvestir un santo para vestir a otro’: recurrir al dinero destinado a la rehabilitación de las barriadas más desfavorecidas de la comunidad autónoma.

FONDOS EUROPEOS

Como gestora del programa desde la Consejería de Fomento y Vivienda, IU ha informado de que la UE había concedido, a través de los fondos Feder, 15,5 millones de euros a la Junta para la rehabilitación de viviendas en barrios degradados, en el típico programa que se complementa con fondos de otras Administraciones del país beneficiario.

Para el Polígono Sur se había programado la rehabilitación completa de varios conjuntos de inmuebles de la barriada Martínez Montañés; la mejora de espacios comunes y autorreparación de interiores en 32 bloques y diversas actuaciones en áreas urbanas y zonas verdes.

En conjunto, el plan iba a beneficiar a 816 viviendas, con una inversión global de 5,3 millones de euros, de los que unos 3,5 millones debían emplearse en este año.

Tras la convocatoria de elecciones anticipadas, el dinero de este programa ha sido trasvasado por la Junta al Plan de Construcción Sostenible, con el fin de proceder a la aprobación de las subvenciones por valor de 74,5 millones de euros en tan sólo ocho horas.

La Consejería de Medio Ambiente, que asumió las competencias de Fomento, ha recurrido al pretexto de los “problemas técnicos” para tratar de esquivar la espinosa cuestión del desvío del dinero destinado al Polígono Sur y otras zonas de actuación especial como Marismas del Odiel (Huelva) , Las Moreras (Córdoba), El Saladillo (Algeciras), El Puche (Almería) y Almanjáyar (Granada).

SIN FECHA

Según la titular de este departamento, María Jesús Serrano, se están “ultimando” los detalles técnicos para actuar en los barrios desfavorecidos, pero no ha podido dar fecha alguna. Esta “ultimación” de detalles técnicos para rehabilitar las viviendas del Polígono Sur contrasta con la celeridad (tan sólo ocho horas) con que se han repartido los 74,5 millones de euros del Plan de Construcción Sostenible, cuando justamente por la situación de vulnerabilidad y marginación, la prioridad política y económica debería haber sido el Polígono Sur y el resto de barriadas marginadas de Andalucía.

El mensaje que reciben los vecinos del Polígono Sur no puede ser más desesperanzador, al verse preteridos de nuevo por las Administraciones Públicas -en este caso, por la Junta- poco tiempo después de que representantes de las mismas se reunieran con la Comisionada para evaluar las actuaciones realizadas y pendientes en estos diez años de vigencia del plan de regeneración e integración de la barriada en Sevilla.

No sólo sigue pendiente la construcción de las miles de veces demandada y prometida comisaría de Policía, el soterramiento de las vías del tren y, entre otros, la conexión con el parque del Guadaíra, sino que también se paraliza ‘sine die’ y se desvía el dinero destinado a rehabilitar 816 viviendas porque para la Junta es más prioritario por interés electoralista repartir el dinero entre 14.500 proyectos por toda Andalucía.

El desvío de los fondos incrementa el sentimiento de marginación de los vecinos del Polígono Sur, asesta un golpe a la credibilidad del plan de empleo basado en la rehabilitación de viviendas presentado por Espadas y da un nuevo argumento a Zoido en sus denuncias de que la Junta maltrata a Sevilla.

 

El ‘copyright’ no es de Ana Pastor

La ministra de Fomento, la habitualmente eficaz Ana Pastor, fue la invitada-estrella de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la comparecencia ante los medios de comunicación del pasado viernes tras el Consejo de Ministros. El motivo no era otro que la presentación al Gabinete por parte de la ministra del proyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y del Plan Estatal de la Vivienda 2013-2016, iniciativas dotadas con un total de 2.241 millones de euros y que tienen por objeto reanimar el hundido sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Ana Pastor dio varios datos esclarecedores en su conferencia de prensa:

-De los 26 millones de viviendas que hay en nuestro país, 15 millones tienen más de 30 años, y casi 6 millones más de medio siglo.

-Cerca del 60% del parque de viviendas se construyó sin ninguna normativa de eficiencia energética, ya que la primera data del año 1979, por lo que España está en una posición difícil de cara al cumplimiento de la Estrategia Europea 2020, acordada en el seno de la UE.

-Además, de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, 4 millones todavía carecen de ascensor y un porcentaje muy elevado de casas se encuentra en deficiente estado de conservación.

PLAN DE AYUDAS

Ante este panorama, el Ministerio de Fomento proyecta destinar al menos 627 de los 2.241 millones de euros de las futuras actuaciones en materia de vivienda a rehabilitación, regeneración y eficiencia energética de los inmuebles que tengan una antigüedad anterior al año 1981, el 70% de su superficie sea para uso residencial y constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Podrán solicitar las ayudas comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y propietarios únicos de edificios.

La cuantía será de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación; 2.000 euros para la mejora de eficiencia energética (5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio) y 4.000 euros para mejora de accesibilidad.

Este programa de mejora de la eficiencia energética es aún más significativo si se tiene en cuenta que, por exigencia de Bruselas, España deberá implantar a partir del 1 de junio la certificación energética de los edificios. Todo ciudadano o empresa que quiera alquilar o vender una vivienda deberá presentar al arrendador o comprador un certificado -se estima que su expedición por un profesional acreditado costará en torno a 200 euros- sobre el consumo de energía del inmueble, de forma que este indicador pueda ser comparado con el resto de las viviendas colocadas en el mercado inmobiliario. De esta manera, en caso de viviendas equiparables, el potencial comprador o arrendador se decidirá por la más eficiente energéticamente, ya que logrará un ahorro en el gasto de energía.

PRECEDENTE EN SEVILLA

Este conjunto de medidas que para el conjunto de España ha aprobado el Gobierno de la nación en este mes de abril de 2013 se inspira claramente o tiene un claro antecedente en la medida-estrella del programa electoral del PSOE de Sevilla para las municipales de 2011 y que defendió entonces -y sigue propugnando desde aquella campaña- el senador y portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento sevillano, Juan Espadas.

Si recurrimos a la hemeroteca, podemos rememorar cómo el 14 de abril de 2011 se presentó en el Polígono de San Pablo, seleccionado como proyecto-piloto para la aplicación del Plan en caso de ganar las elecciones, el programa socialista de rehabilitación energética de viviendas que, se dijo durante aquel acto, “recupera el sector de la construcción, crea empleo, soluciona los problemas del arreglo de las viviendas antiguas y mejora la calidad de vida de los ancianos, sobre todo los de la clase trabajadora, con recursos económicos limitados”.

El proyecto del PSOE insistía en rehabilitar de manera integral las 3.500 viviendas del Polígono de San Pablo, cuyos bloques fueron construidos a finales de los años 60: se mejorarían las fachadas con un envolvente térmico y acústico, además de las terrazas y balcones, las canalizaciones y cubiertas y las zonas comunes con instalación de ascensores, nueva iluminación y cambio de instalaciones eléctricas. Las reformas no implicaban que los vecinos tuvieran que irse de sus casas, ya que todas se producían en las fachadas y en las zonas comunes, y tenían como consecuencia la creación de empleo en el sector de la construcción, un ahorro de al menos un 30% en la factura de la luz y la revalorización de las viviendas así mejoradas.

FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El coste de rehabilitar todo el Polígono de San Pablo se estimó en 70 millones de euros (a un promedio de 20.000 euros por piso), con cargo a un sistema de financiación público-privada: el Estado, la Junta y el Ayuntamiento aportarían en conjunto el 55% del capital, y el resto la empresa constructora que resultara ganadora de un concurso público convocado a tal efecto y los vecinos (éstos pagarían una cuota media de 24 euros mensuales durante 20 años). Las obras durarían entre 8 y 10 meses.

La constructora adjudicataria debía comprometerse a contratar a desempleados del barrio y de la ciudad y amortizaría en 20 años el coste de la rehabilitación con cargo al ahorro en la factura de la luz que lograrían los vecinos, así como con contraprestaciones como la gestión de aparcamientos y de locales comerciales por acuerdo con el Ayuntamiento.

La rehabilitación energética del Polígono de San Pablo era sólo el proyecto-piloto socialista para Sevilla, en que se había venido trabajando durante dos años y para el que ya se contaba con empresas interesadas en su ejecución. El PSOE estimó que si este modelo se aplicaba en toda la ciudad y se reformaban 100.000 viviendas se generaría una actividad económica superior a los 3.600 millones de euros (equivalente o superior a la construcción de todas las líneas de Metro pendientes), se podrían crear 58.000 empleos y evitar la emisión a la atmósfera de 1,8 millones de toneladas de CO2. Este programa también fue presentado ante la patronal sevillana de la construcción, en el Foro Gaesco, y propuesto, con alguna variante, por el grupo municipal Socialista en las conversaciones que se vienen manteniendo a lo largo del mandato de Zoido para tratar de alcanzar un Pacto por el Empleo en la Sevilla de los 91.000 parados.

PROYECCIÓN NACIONAL

El plan socialista, de posible aplicación a toda España, fue elevado por Espadas al Senado el pasado 19 de marzo mediante una moción en la que se abogaba por rehabilitar 400.000 viviendas en todo el país a partir del nonato modelo del sevillano Polígono de San Pablo. Según sus estimaciones, reduciendo la aportación de dinero público y aumentando la de las empresas de suministro de luz y de agua y de los bancos, se podrían generar entre 9.000 y 14.000 millones de euros de actividad económica y crear entre 140.000 y 290.000 empleos.

Durante dos años, el PP ha hecho oídos sordos al PSOE de Sevilla, promotor de esta iniciativa a todos los niveles, hasta que la ministra de Fomento no ha presentado un plan que se inspira claramente en esta propuesta innovadora con ‘copyright’ socialista.

Se presupone que tanto el gobierno local de Juan Ignacio Zoido como el PP sevillano apoyarán, ahora sí, la medida aprobada por el Ejecutivo nacional a propuesta de Ana Pastor, una medida que podría haberse aplicado ya en el marco del Pacto por Sevilla o por el Empleo (en el Polígono de San Pablo o en cualquier otro barrio) si el alcalde hubiera tenido la altura de miras de haber hecho también suya esta buena idea emanada de la oposición y que habría colocado a nuestra ciudad, con dos años de adelanto, a la vanguardia de España contribuyendo a paliar de paso el drama de los 91.000 parados.

 

 

Axioma

El Diccionario de la Academia define ‘axioma’ como “cada uno de los principios fundamentales e indemostrables sobre los que se construye una teoría”.  Uno de los principios fundamentales del movimiento socialista es que el PP nunca puede lograr la victoria en Sevilla. Alfonso Guerra lo repitió en su conferencia en el Foro Antares ante un auditorio repleto de viejas glorias del partido (Del Valle, Caballos, Montaner, García Garrido…), casi tan viejos como él: “Es difícil concebir que el PP gane en Sevilla al PSOE”. Este mantra socialista es parangonable a ese otro económico según el cual la vivienda nunca bajaba de precio. Estos mitos han saltado hechos añicos, como demuestran el estallido de la burbuja inmobiliaria por una parte y los veinte concejales de Zoido en Sevilla tras una barrida histórica al PSOE por otra. El problema de Alfonso Guerra es, como el de aquellos soldados japoneses de la II Guerra Mundial perdidos durante 40 años en la jungla, que no se ha enterado de que los tiempos están cambiando y de que en política tampoco hay ya verdades inmutables.

 

El modelo de ciudad

El  presidente de Gaesco, Miguel Rus, ha aprovechado la polémica sobre la recalificación de Ikea para exigir que se cambie el PGOU. A su juicio, el Plan General “ha provocado una paralización en el sector parecida a la de Marbella”, pese a que “hay demanda” y a que Sevilla “no tiene problema de stock de viviendas”.

Según Rus, “el PGOU se aprobó en un momento en el que sólo se pensaba en cómo recortar el crecimiento desmedido del sector inmobiliario. Ahora –añade- tenemos las mismas normas o más, la misma inflexibilidad que pusimos para frenar el sector, cuando lo que hace falta hoy es lo contrario: reactivar y facilitar a los pocos empresarios que quieran implantar su proyecto, invertir y generar riqueza”.

La patronal intenta hacer creer que el Plan coarta el desarrollo de Sevilla con otros argumentos similares, como que sólo ha sido ejecutado en un 2%: “Si en cinco años –afirma Rus- no se hizo ningún bordillo es que algo no funciona”. ¿Puede decirse con seriedad que un Plan que ha reservado suelo para 55.000 viviendas y del que aún quedan por desarrollar 13 millones de m2 de terreno industrial está frenando la construcción? ¿Quién si no los promotores y constructores deben desarrollar ese 98% pendiente?

El problema no es el PGOU, sino que los constructores todavía no se creen que la dorada –para ellos- época de la burbuja inmobiliaria ha terminado. Rus queda en evidencia cuando dice que Sevilla no tiene problemas de ‘stock’  justo cuatro días antes de que el Ministerio de Fomento difundiera que hay 18.803 viviendas nuevas sin vender. No digamos las usadas, de las que la banca tiene para dar y repartir como consecuencia de las ejecuciones hipotecarias.

Las  catorce inmobiliarias más grandes del país sólo han vendido en el primer semestre 900 pisos. ¿Dónde está la demanda de que habla Rus en una nación que anualmente construía más viviendas que Alemania, Francia e Inglaterra juntas –ahora sobran dos millones de pisos-, con cinco millones de parados, sin desgravación fiscal por compra de vivienda que siga inflando la burbuja, sin ayudas a la VPO por la falta de fondos de las Administraciones y sin financiación hipotecaria por la delicada situación de la Banca?

En los cinco años del PGOU, los promotores sólo desarrollarán –y porque el Ayuntamiento les adelanta 14 millones de euros- dos bolsas de suelo: Hacienda del Rosario (Gabriel Rojas) y Palmas Altas Sur (Metrovacesa). Pero esta última empresa  ha comunicado a la CNMV que suspende el desarrollo de nuevos proyectos residenciales ante el deterioro del mercado inmobiliario: en el primer trimestre sólo logró ‘prevender’ trece pisos. ¿También esto es culpa del PGOU y de su supuesta inflexibilidad? Y todavía Rus aboga  por construir en Tablada. Si se hubieran hecho pisos en la dehesa, ¿cuántos estarían hoy vacíos y qué ruina no habrían causado a los compradores a crédito y a la banca financiadora.

El PGOU ha calificado suelo de sobra y está aún por desarrollar. El problema de fondo es que los promotores y constructores, insaciables, quieren  recalificaciones a gogó para que con el exceso de edificabilidad sus inversiones les salgan gratis. ¿No era el riesgo el factor diferencial de los empresarios y la razón que justificaba su lucro?

Ikea exige 41.400 m2 más de edificabilidad para un parque comercial en torno a su segunda tienda frente al aeropuerto. Con su ‘efecto llamada’, pese a que lo niegue Zoido, ha abierto la veda y ahora se acumulan las exigencias de recalificaciones a la carta. Isla Mágica pide que sus 45.000 m2 en la Cartuja, con 1.700 m2 de uso comercial,  se le recalifiquen para poder construir sin limitación más áreas comerciales y lúdicas. El Sevilla F.C., beneficiario ya de dos recalificaciones (el Nervión Plaza es fruto de la primera), plantea una tercera para colmatar aún más una zona ya saturada de comercios. El Betis, al que se le regaló una zona verde de Heliópolis para comercios y hoteles, también quiere más en línea con el Sevilla, aunque sea a costa de embutir en ladrillo el Benito Villamarín. Primark plantea otra operación comercial en la Gavidia. Altadis, que cerró la fábrica de tabacos más antigua del mundo, pretende que le cambien la calificación industrial …..

¿Es la salida a la crisis multiplicar los centros comerciales en una ciudad que ya tiene 25 grandes superficies y regalar edificabilidad a tutiplén? ¿Hay que cambiar el PGOU continuamente para acoger sólo y exclusivamente proyectos comerciales cuando según el Instituto de Estadística de Andalucía las ventas en las grandes superficies han caído un 6,3% en mayo?

Volvamos al ejemplo de Ikea: la recalificación de 41.400 m2 que pretende en San Nicolás sería a costa de detraer esa edificabilidad de la prevista para la implantación de empresas de servicios avanzados. Si se van colmatando los espacios y ocupándolos con lo primero que venga -como ocurrió en la Cartuja por el ‘horror vacui’, y ahora falta espacio para la Tecnópolis-  nos quedaremos sin suelo de calidad que ofrecer a otros inversores que no sean meramente del comercio, porque sólo con una economía diversificada y no con un monocultivo (ladrillos y centros comerciales no han impedido que tengamos más de 70.000 parados) se resiste mejor la crisis.

Para eso se redacta un PGOU: para planificar el futuro. Si el Plan se cambia continuamente por los intereses de unos y de otros, significa que Sevilla carece de modelo económico y de modelo de ciudad.

 

 

 

La otra agenda oculta de Monteseirín

La historia de cómo nació y se desarrolló el Parque Alcosa que cuenta en su web el IES Pablo Picasso (www.iesppicasso.org) es un ejemplo de historias similares de decenas de barriadas. Narra esta web que en los años 60, ante la escasez de vivienda en Sevilla, un constructor valenciano se comprometió a construir VPO si le cedían suelo barato.

Los comienzos fueron muy difíciles, por la falta de agua potable, que se distribuía con camiones-cisterna. Las aguas residuales corrían por tuberías paralelas a las del agua potable y morían en un principio en pozos negros. El alumbrado público dejaba esquinas de los primeros bloques sin iluminar, lo que favorecía el gamberrismo.

Como estos terrenos quedaban muy alejados del casco urbano y no entraban en los planes del Ayuntamiento a corto plazo, el barrio demandaba servicios que no tenía: acometida de agua potable y alcantarillado, mercado, colegios, consultorio…

Dice la página del instituto que actualmente las avenidas principales están recepcionadas por Urbanismo, pero no el interior de las plazas, por lo que son los propios vecinos los que, constituyendo intercomunidades, cuidan jardines, acerados y parterres, y que una de las reivindicaciones más antiguas de las asociaciones es la recepción de las zonas urbanizadas y la urbanización de las zonas pendientes, ya que los vecinos pagan sus impuestos municipales “y el Ayuntamiento contesta que con los medios económicos actuales la recepción total del barrio se hará en sucesivas etapas”.

En tiempos de Rafael Carmona como delegado de Urbanismo –hasta 2003- se calculó que el Ayuntamiento aún tenía un centenar de barrios por recepcionar oficialmente. Y en febrero de 1995, el portavoz del grupo socialista, José Vallés, decía que actuar en barrios sin estar recepcionados “es una falta de ética en la que el PSOE no hubiera incurrido nunca”.

LA TASA FUSTEGUERAS

Cincuenta años después de aquella colonización de suelos para erigir Alcosa y otros barrios sin apenas equipamientos, los tiempos del urbanismo son otros. Ahora, en los Planes Generales adquiere una importancia fundamental la determinación de la red de sistemas generales, para asegurar la coherencia y racionalidad en el desarrollo urbano: red de vías públicas, de circulación rodada y peatonal; infraestructuras para la prestación de todos los servicios de acceso, suministro de energía eléctrica, suministro y saneamiento de agua, alumbrado, telecomunicaciones…

El suelo destinado a estas dotaciones públicas de carácter general lo obtiene el Ayuntamiento de forma gratuita con cargo a los propietarios del suelo, pero además de esta contribución forzosa, el redactor del último PGOU de Sevilla (2006), el arquitecto Manuel González Fustegueras, supo comprometer  a los promotores y constructores para que se implicaran en la financiación de las futuras infraestructuras generales de la ciudad, que habrían de permitir su expansión y el nacimiento ordenado de los nuevos barrios. A tal efecto, aquéllos firmaron 52 convenios urbanísticos por los que entregaron al Ayuntamiento unos 230 millones de euros.

DESVÍO DEL DINERO

En tiempos de vacas flacas como los actuales, esta reserva de dinero realizada en los tiempos de vacas gordas habría permitido activar la construcción de VPO (la ley exige un cupo mínimo en cualquier nueva promoción de viviendas) a precios asequibles para las decenas de miles de sevillanos demandantes de pisos, y mantener la actividad en el sector de la construcción.

Sin embargo, al igual que hizo con el informe sobre la inviabilidad técnica de las setas de la Encarnación, Monteseirín ha ocultado durante estos años que la denominada ‘hucha del PGOU’ se la estaba gastando no en los sistemas generales para la Sevilla del futuro, sino en su urbanismo de escaparate en, sobre todo, el Centro, justamente la zona con menos problemas de equipamiento de Sevilla: 65 millones de euros en el Parasol, 5 millones en la Alameda, 6 en la Plaza de España, 18 en los carriles-bici….y 41 millones en el primer tramo de la SE-35, 17,7 millones en el bulevar de Bellavista, 19,7 millones en el Plan de Barrios…

El Monteseirín que irrumpió en la política local firmando contratos-programa con las asociaciones de vecinos por el déficit de equipamientos de los barrios debido justamente a que las inversiones se concentraban históricamente aquende la Ronda del Tamarguillo, ha cambiado de discurso al verse descubierto. Ahora proclama que el dinero de los convenios urbanísticos debe servir para equipar “la ciudad construida” y no para hacer “viales o calles que van de ningún sitio a ninguna parte”.

CIUDAD HIPOTECADA

Los promotores, agrupados en Gaesco, han calificado el desvío del dinero de ‘la hucha del PGOU’ como “una estafa en toda regla” e, indignados, estudian cómo llevar al Ayuntamiento ante los tribunales. Ahora, después de cuatro años con un PGOU nuevo, no hay sistemas generales ni dinero para ejecutarlos, por lo que, conforme a la nueva ley, ni siquiera se podrían otorgar licencias para viviendas si previamente no se han construido las infraestructuras.

Monteseirín no sólo ha hipotecado el presente de la ciudad (con él la deuda del Ayuntamiento asciende ya a 522 millones de euros), sino también el futuro. Los vecinos de Alcosa ya saben la respuesta a su pregunta de por qué el Ayuntamiento dice que no hay dinero para la recepción total de la barriada: porque el alcalde se lo gastó en las setas de la Encarnación y en “la ciudad construida”, no en la del futuro ni en la pendiente de rematar.

El sexto sentido

El valido del alcalde, que se quedó mudo al ver cómo su jefe recibía el acta de defunción política de manos de Griñán mediante el teletipo de Europa Press, ha vuelto a tocar el tam-tam digital en forma de envíos masivos de correos electrónicos con panegíricos a Monteseirín. ‘Tócala otra vez Sam’, dicen que dijo  Humphrey Bogart en la película ‘Casablanca’ (no fue en esta cinta, pero así ha quedado para la historia). ‘Tócalo otra vez, Manolo’, le habrá dicho Alfredo a su mano derecha para consolarse con las alabanzas de su fiel vasallo. El valido, en plan Manolo el del bombo,  atruena  ahora la selva de Internet  con su tambor hasta a sevillanos anónimos, que pensaron ingenuamente que cuando desde Emvisesa les pidieron sus e-mails era para informarles sobre sorteos de viviendas, no para ser sometidos a la tortura de ‘la voz de su amo’ ante la sordera de la Agencia de Protección de Datos. ¡Qué más da que inunde el éter con sus loas al alcalde!. Marchena es como el personaje de la película ‘El sexto sentido’: un cadáver político que aún se cree que está vivo.

‘Disculpen, estamos creando empleo’

En la presentación de su candidatura a las últimas elecciones municipales, que se celebraron en mayo de 2007, Monteseirín prometió en presencia de Chaves y de Alfonso Guerra y con la virtual  de Zapatero (éste envió un vídeo), el pleno empleo en Sevilla y viviendas de protección oficial para todos sin necesidad de que los sevillanos participasen en sorteo alguno. Dos años y medio después, y a falta aún de conocer la estadística desglosada por municipios, Sevilla y el conjunto de su provincia han cerrado 2009 rozando los 200.000 parados (en concreto, 199.013), después de que 30.293 personas hayan engrosado en los últimos 365 días las listas del INEM, a razón de 83 nuevos desempleados en cada jornada. Hay un 17,95% de la población activa sin ocupación, con lo cual casi uno de cada cinco sevillanos en edad de trabajar se ve sumido en el drama del paro.

Sevilla y su provincia han tenido el dudoso honor de encabezar el ranking por crecimiento del paro en el mes de diciembre (4.896 desempleados más), por delante, esta vez desgraciadamente sí, de Barcelona (4.353 nuevos parados). La capital, el municipio gobernado por Monteseirín, aportaba en noviembre, el mes inmediatamente anterior a esta estadística, 71.523 parados, con mil personas inactivas más mensualmente  durante 2009.

Ocho días antes de que el Gobierno difundiera los datos del paro del pasado ejercicio, Monteseirín improvisó un balance del año en Sevilla en que dijo: “Ésta era una ciudad que tenía muy cerca llegar al pleno empleo”. Y aunque lo afirmó el 28 de diciembre, no era una inocentada, por más que lo parezca. Lo dijo totalmente en serio, con ese optimismo característico con el que edulcora la realidad y que aún no ha comprendido que es una de las razones por las que carece de credibilidad entre los sevillanos y sale tan malparado en las encuestas.

El cuento de la lechera

Retrocedamos aún más en el tiempo y situémonos en diciembre de 2008. Por aquel entonces, Monteseirín compareció en rueda de prensa con el delegado del Gobierno, López Garzón, para anunciar que con los 123,7 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local, más conocido como el Plan 8.000 o Plan ‘E’, se iban a crear en la ciudad 6.863 nuevos puestos de trabajo merced a un total de 253 proyectos que se ejecutarían en 2009.

Los sevillanos han podido ver junto a las obras que se han acometido en 400 calles de la ciudad carteles con la siguiente leyenda: ‘Disculpen las molestias, estamos creando empleo’.

Pues bien, si pese a esta inyección extraordinaria de dinero por parte del Gobierno de la nación y la supuesta creación de casi 7.000 puestos de trabajo anunciada por Monteseirín Sevilla ha cerrado el año con más de 70.000 parados, cabe preguntarse hasta dónde habría subido la tasa de paro sin el Plan ‘E’ o si bien ese dato de los nuevos ocupados no ha sido más que otro cuento de la lechera a los que nos tiene acostumbrados el alcalde con sus grandes magnitudes.

Cifras infladas

El Ayuntamiento dice ahora que fue llamado al engaño por las grandilocuentes cifras de empleo que las empresas adjudicatarias de los proyectos del Plan 8.000 insertaron en sus ofertas cuando respondieron a los pliegos de condiciones para tratar de adjudicarse los proyectos sacados a concurso.

El propio Monteseirín ha declarado: “Sospecho que muchas adjudicatarias inflaron la cifra de trabajadores vinculados con las obras”. Un sobredimensionamiento que su delegado de Urbanismo y que se presenta como alcaldable ‘in pectore’, Celis, ha calificado eufemísticamente como “peculiaridades”.

Lo curioso es que el alcalde trate de sacar tajada política anunciando públicamente millares de puestos de trabajo y que cuando el paro se desboca en la ciudad diga que fueron las empresas las que inflaron los datos a los que él previamente había dado carta de naturaleza, sin que su equipo de confianza fuera capaz de detectar el engaño al que supuestamente había sido sometido. Así pues, al Ayuntamiento pueden dársela fácilmente con queso, ya que no sabe ni calibrar la carga real de trabajo que supone levantar una calle de la ciudad.

Escepticismo

Todo esto nos lleva al modelo sobre el que se basa la economía de una ciudad  que en vez de frisar el pleno empleo, como sostenía Monteseirín, tiene más de 70.000 parados. Fadeco, la patronal de los constructores y por tanto la máxima beneficiaria de esta avalancha de obras que se vienen realizando desde hace un año y que durará hasta las próximas elecciones municipales, ha calificado estos planes (el 8.000 y, ahora, su sucesor, el 5.000), de “pan para hoy y hambre para mañana” y de “parcheo” que sólo genera empleos “interinos”. Joaquín Aurioles, presidente del Observatorio Económico de Andalucía, sostiene que “no podemos seguir con un gasto público tan grande en algo absolutamente inútil, que no sirve para nada”.

Y el presidente de los empresarios, Antonio Galadí, mantiene que “hay aceras a las que les ha venido bien la reforma, pero en otras se han acometido porque sí”. Una prueba de ello: Los Bermejales. Se ha tirado el dinero en rehacer las aceras de las avenidas de Francia y Grecia, que estaban perfectamente, mientras se han dejado de tierra y cemento las de la avenida de Holanda, junto a la ciudad deportiva del Betis, intransitables cuando llueve.

Con la típica guasa sevillana, un empresario dice que el modelo económico de Sevilla se inspira en los principios del señor Miyagi, el chino de la película ‘Kárate Kid’: ‘hacer aceras, pulir aceras’.

Las inocentadas de Monteseirín

En la víspera de la festividad de los Santos Inocentes, el acalde dio una entrevista a su emisora amiga, en la que dejó varias perlas que podrían pasar por inocentadas anticipadas si no se conociera previamente los diez años del personaje en la Casa Grande. Él, que se enteró del caso Mercasevilla a principios de febrero pero que ni siquiera preguntó a su interlocutor y luego hasta felicitó a Mellet por su “brillante” gestión, ha dicho ahora totalmente en serio que “lo denunciamos nosotros”. Luego ha aclarado por qué no aparece en los actos públicos y ha dado pie así a las cábalas  sobre su posible relevo: si lanza a Celis por delante no es para placearlo y darle por saco a  Viera, sino porque él está muy ocupado pensando en la solución del paro (sic). Recuérdese: en la presentación de su candidatura prometió el pleno empleo y VPO sin sorteos. Tres años después, más de 70.000 sevillanos han tenido que participar en la rifa de los pisos de las antiguas cocheras del Porvenir y más del 100.000 figuran inscritos en las listas del INEM en demanda de un trabajo.