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Cine Alameda

Zoido cumplió una sentencia del Tribunal Supremo favorable a los dueños del cine

Su expropiación en plena crisis y teniendo la Gavidia, Artillería y Santa Clara carecía de sentido

 

Tras conocerse la noticia de que un grupo de inversores ha llegado a un acuerdo con la familia Hernández, su propietaria, para la compra del cine Alameda y su conversión en otro hotel, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha reaccionado diciendo que es una pena que el Centro pueda perder un cine clásico tan vinculado a la historia de la ciudad y ha acabado señalando a Zoido.

El delegado ha recordado que “esto ha ocurrido después de que una sentencia en 2011 y el cambio de calificación del suelo realizado en 2014, con el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP), permitan la conversión de este espacio”.

Hagamos memoria para situar las cosas en su justo término. El Alameda, al igual que otros cines de la familia Hernández como el aún más histórico Cervantes y el Avenida multicines, es de los últimos supervivientes de la treintena larga de salas de proyección cinematográfica que existían en el Casco Antiguo y que se fueron cerrando gradualmente por la pérdida de espectadores, debida al cambio de las costumbres sociales, la aparición de multicines en centros comerciales de la periferia más fácilmente accesibles en automóvil y otras razones.

El Ayuntamiento permitió que esos cines que se iban cerrando por razones económicas y no por capricho de sus propietarios, generalmente amantes del séptimo arte, se convirtieran en otro tipo de negocios, como salas de juego, supermercados, librerías…..

El Alameda, inaugurado en 1977, resistió a esta tendencia, pese a la caída de espectadores, sostenido en su deficitaria situación gracias a las inyecciones económicas procedentes de otros negocios de la familia propietaria, cinéfila desde sus orígenes. El gobierno de Monteseirín, en vez reconocer este esfuerzo con algún tipo de auxilio (y se puede auxiliar de muchas maneras), decidió convertirlos en esclavos a perpetuidad de su negocio ruinoso calificando en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 el suelo ocupado por el cine como Servicio de Interés Público y Social de Carácter Privado y por tanto como intocable.

RECURSO JUDICIAL

El Ayuntamiento sostuvo de manera demagógica que debía velar por que los vecinos del Centro siguieran disfrutando de la oferta cultural que suponían las proyecciones cinematográficas en el Alameda, máxime tras haber desaparecido la inmensa mayoría de las salas y pese a que los propietarios demostraron la inviabilidad económica en que se hallaba.

La empresa, cuya razón social es Segismundo Hernández SA, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo tras haber sido desestimadas sus alegaciones y/o recursos previos ante el Ayuntamiento, la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Su recurso se basó, esencialmente, en cuatro argumentos:

 

1.- Se habría vulnerado el principio de equidistribución con la calificación urbanística de la parcela y la consiguiente limitación de usos, que abocaba a la propiedad al mantenimiento del cine de forma claramente antieconómica por su localización en el Casco Antiguo. Ello equivalía al sacrificio injustificado de los dueños de la sala en beneficio del conjunto de los sevillanos y con una asignación claramente restrictiva en comparación con la existente en el Plan General de 1987, norma que ante la evidencia del carácter antieconómico de la actividad cinematográfica para los establecimientos clásicos existentes en el Centro posibilitó su reconversión a otros usos, generalmente de tipo comercial.

Esta reconversión es la que ahora se impedía con el nuevo PGOU, “lo que resulta especialmente injusto -decían  los recurrentes- para los tres cines (de la familia Hernández, esto es Alameda, Cervantes y Avenida) que no se acogieron a la reconversión permitida por el PGOU anterior y que se mantuvieron pese a las dificultades económicas. El nuevo PGOU pretendía imponer el mantenimiento de las proyecciones mediante su calificación como equipamiento colectivo.

 

2.-Se identificaba la actividad cinematográfica comercial con un Servicio de Interés Público y Social en contra de numerosa jurisprudencia que negaba tal asimilación, especialmente en un caso similar en Castilla y León.

 

3.-No existía, a juicio de los recurrentes, ninguna necesidad colectiva que demandara tal calificación y asignación de usos. Aducían que en la alegación al PGOU impugnado y en el escrito de demanda aportaron estudios sobre el carácter antieconómico de los cines situados en los centros históricos de las ciudades, con carácter general en todas ellas, y en Sevilla en particular. También la tendencia a su sustitución por establecimientos del tipo multicines, de entre diez y quince salas, situados fuera del Centro de la ciudad y en grandes áreas comerciales. Esta tendencia obedecía al comportamiento social y “no puede revertirse, por más que el PGOU pretenda mantener tal uso”, aseguraban.

 

Los propietarios del Alameda aportaron como prueba las estadísticas del Ministerio de Cultura y el balance de pérdidas del cine ubicado sobre la parcela en litigio urbanístico. A ello añadieron  la inexistencia de demanda suficiente para justificar tal calificación, ya que era decreciente e “imparable”, a lo que había que unir el proceso de terciarización y despoblación de residentes en el Casco Antiguo de Sevilla.

 

4.-El sistema de usos previsto en el Plan General impugnado acabaría provocando la ruina definitiva de la actividad y el cierre del Alameda.

 

FALLO FAVORABLE

 

El Tribunal Supremo falló a favor de los recurrentes, la familia propietaria del cine Alameda, y en contra del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, fundamentalmente por haber vulnerado éstos el principio de equidistribución (de los beneficios y cargas del planeamiento urbanístico entre los propietarios afectados con un justo reparto de los mismos), al haber impuesto una regulación de usos restrictiva y sacrificado el derecho de los propietarios en beneficio del interés público.

En resumen, el Ayuntamiento (y la Junta, que dio luz verde al texto del PGOU) habían impuesto en exclusiva a los dueños del cine Alameda una carga exorbitante en beneficio del resto de los sevillanos, pero sin haber articulado mecanismo de compensación alguna, por lo que el Supremo dejó sin efecto la calificación del PGOU de 2006 y mantuvo vigente para el cine el régimen que tenía en el previo del año 1987, aprobado durante el mandato de otro socialista mucho más comprensivo, Manuel Del Valle Arévalo.

 

Ahora, un correligionario de Monteseirín y Del Valle, Antonio Muñoz, achaca a Zoido el cambio de calificación del suelo del cine Alameda, cuando el entonces alcalde del PP se limitó a la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y contraria al Ayuntamiento. ¿O es que acaso pretendía Muñoz que Zoido hubiera incurrido en un delito de prevaricación y/o desobediencia y se hubiera hecho el sueco tras el fallo judicial?

Muñoz ha dejado entrever que Zoido podría haber optado por la expropiación del cine Alameda en vez de por devolverle la antigua calificación urbanística (PGOU de 1987) que ahora propicia su venta para su conversión en hotel.

 

EL CONTEXTO

 

Recordemos que Zoido tomó posesión como alcalde en el mes de junio de 2011 y que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cine Alameda se dictó en octubre de ese mismo año. Aun así Muñoz reconoce que el cambio de calificación del suelo en cumplimiento del fallo judicial no se materializó hasta tres años después, justo en plena crisis económica, cuando Sevilla llegó a tener más de 91.000 parados.

¿Con qué argumento habría justificado Zoido gastar dinero del Ayuntamiento en expropiar el cine Alameda en una situación de emergencia social? Se supone que, conforme a los criterios del PGOU aprobado durante el mandato de Monteseirín, en tal caso habría sido para seguir manteniendo las proyecciones y convirtiéndose así el Consistorio en empresario cinematográfico sustitutivo de los Hernández, o cediendo su explotación a bajo precio (coste subvencionado) a un tercero, algo carente de sentido en una sociedad de libre mercado.

Y en caso contrario, la expropiación para no hacer nada -el edificio no tiene valor  arquitectónicamente hablando- y sólo para engrosar el patrimonio municipal tampoco tenía sentido en un Ayuntamiento que ya poseía, entre otros, la Comisaría de la Gavidia cerrada desde hacía un decenio, la inmensa Fábrica de Artillería pendiente de ocupación  y el antiguo convento de Santa Clara, en el que sobra espacio.

Por tanto Zoido hizo lo menos gravoso para la ciudad, que fue cumplir la sentencia del Supremo, ya que no se podía condenar a los dueños del Alameda a arruinarse a cambio de nada ni el Ayuntamiento quedarse, previo pago del justiprecio, con el cine sin saber para qué.

Si todos los vecinos de Sevilla que se lamentan de la futura conversión del Alameda en un hotel -entre los que me incluyo- hubieran ido mucho más a menudo a ver sus proyecciones, quizás el cine seguiría abierto y no tendríamos que decir como Antonio Muñoz que su cierre es una pena para todos. Pues bien, aún quedan el Cervantes y el Avenida. Ya sabemos qué hay que hacer para que no sigan el mismo camino y no engrosen la lista de los 40 desaparecidos.

El mitin de Beltrán

Beltrán Pérez omite que la Ordenanza de la Feria sólo permite un uso lúdico de las casetas y no parece que un acto político lo sea

El mitin se convertirá en el “peligroso precedente” que dice el gobierno de Espadas si éste no hace nada al respecto

 

En los cuarenta años en números redondos que llevamos de Democracia desde el fin de la Dictadura franquista se han convocado once elecciones municipales. Al menos las campañas de tres de ellas han coincidido con la Feria de Sevilla: las de 1983, 2011 y éstas de 2019.

Particular interés tuvieron las elecciones locales convocadas para el 8 de mayo de 1983, ya que fueron las segundas desde la recuperación de las libertades y las primeras en las que la campaña electoral coincidió con la Feria, la cual se celebró entre en 19 y el 24 de abril. En un país en el que todavía estaban implantándose los usos democráticos, el comportamiento de los líderes y de los partidos políticos podría haber marcado para el futuro la Feria si aquéllos hubieran decidido aprovecharla como escenario de sus actos y de su propaganda electorales, ya que en principio nada se había previsto ni regulado al respecto porque  casi todo estaba todavía en construcción.

Los candidatos y sus respectivos partidos acordaron de forma tácita o expresa dejar el festejo fuera de la contienda electoral para que siguiera siendo lo que había sido hasta entonces y ha seguido siendo hasta este año, un tiempo que transcurre en el campo de Los Remedios para la diversión y la alegría, una tregua en el calendario para olvidarnos siquiera durante una de las 52 semanas del año de los problemas y que impere nuestra faceta más lúdica.

 

Ello nunca ha sido óbice para que las fuerzas políticas estén presentes en el Real con sus propias casetas y ofrezcan sus recepciones, como cualquier otro titular en la suya, pero siempre han respetado la tradición instaurada en 1983 de no acoger mítines u otro tipo de actos de naturaleza puramente política, no pedir directamente el voto, no repartir propaganda electoral por las calles del recinto y no pegar carteles en cualquier parte del mismo.

 

EMPEZÓ ZOIDO

 

Esta tradición, máxime en una ciudad tan amante de la pervivencia de los usos y costumbres y del cuidado de las formas y del saber estar con elegancia, no ha sido respetada únicamente por, paradójicamente, el partido que “a priori” sería considerado como el más atento a las denominadas esencias de Sevilla, el PP.

 

En el año 2011, la candidatura de los populares, que lideraba el juez Juan Ignacio Zoido, colocó banderolas con publicidad electoral antes del inicio oficial de la campaña para las elecciones municipales de aquel año en las farolas cercanas a la portada de la Feria, con lo que incumplió tanto la ley electoral como la Ordenanza municipal. Esta establecía por aquel entonces una zona de un kilómetro alrededor del recinto ferial libre de publicidad de cualquier tipo para no “contaminar” el festejo. La Junta Electoral de Zona conminó a Zoido a que retirara de inmediato las banderolas con propaganda del PP, una actuación de la que acabó haciéndose responsable la empresa contratada a tal efecto por el partido y que achacó a un error de coordinación de su personal. Ante la desidia de la compañía y del PP tuvo que ser personal del Ayuntamiento el que procedió a retirar la propaganda política de los aledaños de la portada.

 

El segundo episodio se ha producido durante esta Feria de 2019 y no en los aledaños del Real ni achacándolo a un error de una contrata, sino de forma deliberada y consciente: el portavoz y alcaldable popular, Beltrán Pérez, inició oficialmente su campaña para las elecciones municipales del próximo día 26 antes incluso del plazo legalmente establecido en la caseta que el PP tiene en el recinto ferial.

 

OÍDOS SORDOS

 

Pérez y su equipo desoyeron los llamamientos del gobierno local a que reconsiderara una decisión que en palabras del delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, “desvirtúa la propia Feria y sus tradiciones, politiza esta fiesta y sienta un precedente peligroso para los últimos días de esta fiesta y las próximas ediciones, tanto para actos políticos como por parte de empresas privadas”.

 

La respuesta del alcaldable popular consistió en atacar al gobierno y decir que la caseta en la Feria es una traslación de la casa propia, donde por tanto se puede hacer lo que se considere oportuno; que acudiría sólo quien quisiera asistir, por lo que a su juicio se cumpliría la normativa perfectamente y no se interferiría en la Feria. “Se pasará muy bien frente al tono de amenaza y de intromisión de un gobierno municipal que quiere prohibir el acto de un partido, algo que sólo pasa en Venezuela”, añadió el alcaldable popular.

 

¿Son, como sostiene Beltrán Pérez, las casetas en la Feria espacios privados en tanto prolongación de las viviendas particulares y donde hay plena libertad para hacer lo que se quiera, incluido un mitin electoral?

 

Veamos lo que se estipula en al Ordenanza municipal de la Feria, concretamente en su artículo tercero: “La titularidad de las casetas consiste en la licencia del uso común especial y temporal del dominio público con fines lúdicos en el recinto ferial, siendo un acto reglado de la Administración Municipal por el cual, previa comprobación de las condiciones establecidas por la normativa aplicable, se autoriza al solicitante el ejercicio de su derecho de disfrute”.

 

Es obvio, pues, que la caseta del PP es fruto de una concesión pública sujeta al cumplimiento del fin para el que es otorgada: usos lúdicos o festivos, ajenos por completo a los políticos o electoralistas. No existe, por tanto, esa plena libertad para hacer lo que se quiera en su interior como sostiene Beltrán Pérez. Con la “sui generis” interpretación que a su conveniencia hace de la Ordenanza el alcaldable popular, la Feria perdería su dimensión festiva y se podría convertir en cualquier cosa, desde un sucedáneo de Fibes para la presentación, exposición y venta de, por ejemplo, automóviles, hasta en un ruedo ibérico para la lucha política.

 

INCONGRUENCIA

 

La incongruencia del alcaldable popular ha llegado al extremo de tratar de justificar su mitin con el argumento de que se trataba de un homenaje a los trabajadores municipales en el Real. En tal caso, lo “lógico” habría sido solicitar la caseta del Ayuntamiento  para celebrarlo o bien en la de Emasesa, Tussam o cualquier otra empresa o ente municipales.

¿Y qué decir de la edil popular, Evelia Rincón? Ante los reproches al PP por politizar la Feria del candidato de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, inquirió a éste que se “plantee por qué presenta su campaña en una ubicación sin licencia de actividad, de luz, agua y vertidos al río”. Se trataba de una alusión a la terraza Puerto de Cuba, donde el alcaldable del partido naranja tenía previsto dar el pistoletazo de salida a su carrera hacia el Ayuntamiento.

 

Así pues, tenemos una concejal que también formó parte del gobierno de Zoido (2011-2015) y que denuncia ahora públicamente que un local abierto desde el año 2005 carece de diversas licencias, ante lo cual cabe preguntarse por qué ella lleva tanto tiempo haciendo la vista gorda al respecto en el seno del Ayuntamiento y sólo saca a colación las presuntas ilegalidades para utilizarlas en contra de un rival político.

 

INHIBICIÓN

 

¿Y qué ha hecho el gobierno de Espadas respecto del mitin de Beltrán Pérez en la Feria? Hasta el momento de redactar estas líneas nada, salvo las lamentaciones por boca de Cabrera de que el alcaldable popular ha desvirtuado la fiesta, roto las tradiciones, incumplido la Ordenanza municipal y sentado un “peligroso” precedente “para que el resto de las fuerzas políticas utilicen el Real para una confrontación fuera de lugar o para que se llene de actos publicitarios”.

El acto político de Pérez en la Feria deja en evidencia al gobierno de Espadas con su tesis del “peligroso precedente”, porque si no reacciona más allá de las condenas verbales  y no actúa, en tal caso le estaría dando la razón al alcaldable del PP en el sentido de que dentro de la caseta se puede hacer lo que se quiera y de que él no ha vulnerado la Ordenanza, y  estaría invitando, por omisión, a que cualquiera hiciera lo que le viniera en gana en el Real.

 

Para que no exista precedente  ni imitadores y este mitin en Feria sea el primero y el último, el gobierno de Espadas está obligado a incoar un expediente sancionador al PP o/y reformar la Ordenanza de la Feria con el fin de que no quede lugar a dudas ni a interpretaciones. Además del uso autorizado (lúdico) deben especificarse también a título de ejemplo los no autorizados (el resto, como políticos, electoralistas, publicitarios, comerciales y etcétera), para que nadie pueda ampararse en que lo que no está expresamente prohibido se sobreentiende que está permitido.

El Distrito Judicial

Abogados y arquitectos proponen ocupar parte de los jardines del Prado en su alternativa a la Ciudad de la Justicia

Olvidan que el Tribunal Supremo obligó a restituir otra zona de esos jardines y a demoler la biblioteca universitaria

 

A Gobierno nuevo en la Junta de Andalucía, ideas viejas disfrazadas de originales merced a variantes sobre las antiguas. Es el caso del denominado Distrito Judicial en el Prado de San Sebastián que hace ocho años presentó Zoido como sustituto de la nonata Ciudad de la Justicia en Los Gordales (junto al campo de la Feria) y que en alguna de sus opciones (llegó a tener hasta tres) incluía un largo inmueble de doce plantas de altura frente a los jardines del Alcázar, conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad, justo después de la polémica por la torre Pelli y la promesa a la Unesco, para que no le retirara el título a Sevilla, de no eclipsar ni por asomo nuestro Patrimonio Mundial.

El aún decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, y la decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo, presentaron a finales de enero al alcalde, Juan Espadas, y a su delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, un proyecto para un Distrito Judicial en el Prado que, en esencia, recoge el espíritu del de Zoido con diversas variantes que permitirían disponer de una edificabilidad de 135.055 m2, de los que 40.000 m2 serían bajo rasante.

Según las declaraciones de Gallardo, ambos colegios profesionales coinciden en que el Prado es “la mejor opción y la única que hace viable una construcción por fases”, ya que lo compondrían distintos edificios cuya erección no tendría por qué ser simultánea, ya que podría acometerse por fases. En este sentido, ninguna novedad respecto al complejo planteado en su día por Zoido. Como tampoco es novedoso el argumento de que se trata de una zona muy bien comunicada por transporte público, con estaciones de Metro, tranvía y autobuses.

 

EL PROYECTO

 

En el renovado proyecto de Distrito Judicial en el Prado sustituto de la Ciudad de la Justicia en  Los Gordales se prevén los siguientes edificios:

 

-El actual de los Juzgados de Instrucción, al que se añadiría una planta (pasar de cuatro a cinco) para conseguir un total de 15.385 m2 construidos.

 

-El existente de la Audiencia, que se mantendría con sus seis plantas y un total de 12.696 m2.

 

-Uno nuevo, de seis plantas, en el solar del antiguo Equipo Quirúrgico, con 8.536 m2.

 

-Otro nuevo, de la misma altura, en un solar de la Avenida de Cádiz, con 48.041 m2.

 

-Y aquí viene la parte más polémica de la propuesta: consistiría en permutar la parcela que existe detrás del edificio de la Audiencia y que se extiende en paralelo por un lado a la estación de autobuses y, por otro, a la Avenida de Carlos V y llega hasta la confluencia con la calle Diego de Riaño, por una franja también paralela (al otro lado de la Avenida de Carlos V) de los Jardines del Prado y hasta casi donde se alzó la demolida, tras su declaración como ilegal, biblioteca universitaria que diseñó la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid a costa de la ocupación de otro trozo de los jardines. En aquella franja verde, que equivaldría “grosso modo” a una quinta parte de los jardines y cuyo lado Oeste mira al edificio central de la Universidad (antigua Fábrica de Tabacos) se construiría un inmueble de cuatro plantas de altura y con 26.495 m2.

 

COMPENSACIÓN

 

Por otra parte, en la franja de suelo paralela a la estación de autobuses, propiedad de Tussam y que sería objeto de dicha permuta, se construiría un aparcamiento de tres plantas bajo rasante (15.371 m2) que daría servicio al Distrito Judicial y dicen que también al vecindario. Para compensar aparentemente la pérdida de la quinta parte de los Jardines del Prado, sobre el parking se construiría lo que llaman un parque urbano y que mucho me temo sería algo así como un espacio duro tipo Plaza de Armas con maceárboles para tratar de disimular su impacto.

El argumento de José Joaquín Gallardo y de Cristina Murillo para tratar de justificar esta amputación a los Jardines del Prado es que en este área de la ciudad ya hay suficientes zonas verdes: el Parque de María Luisa, los jardines frente a y de San Telmo, los propios del Prado y los de Murillo.

 

La segunda tesis es que así se evitaría lo que califican de perjuicio arquitectónico, porque en la franja propiedad de Tussam (la que se permutaría) se podría construir en un futuro un edificio de una altura máxima de doce plantas que “dejaría siempre en sombra” a la estación de autobuses del Prado y a las viviendas existentes.

 

Que, supuestamente, la estación de autobuses quedara a la sombra de un futurible edificio de doce plantas en sus aledaños no sé yo si más que un perjuicio sería un gran beneficio en la ciudad del calor por excelencia que es Sevilla, y máxime con el cambio climático en que ya estamos sumidos. Aparte de que como la Tierra se mueve alrededor del sol la posición de los edificios no es fija respecto de aquél ni tampoco la sombra que proyecten, si se diera validez a este argumento entonces no se podría haber construido en la ciudad, ni construir en el futuro, ningún inmueble con ese número de plantas o superior, caso de la torre de Los Remedios, de la de Bami y del hotel de la Buhaira, por citar sólo unos ejemplos.

 

NUEVO ARBORICIDIO

 

A los señores decanos de los abogados y arquitectos habrá que decirles que en una ciudad nunca hay demasiadas zonas verdes como para justificar la mutilación de los Jardines del Prado, consolidados desde hace treinta años y en los que habría que cortar al menos un centenar de árboles de gran porte sólo porque el “lobby” jurídico sevillano tiene sus intereses en torno al Prado y le parece una incomodidad suprema tener que tomar el Metro o el autobús para desplazarse a la futurible Ciudad de la Justicia al final de Los Remedios.

 

Además, la permuta no sería igualitaria porque la franja de los jardines tiene unos 900 m2  más de superficie que su contraparte al otro lado de la Avenida Carlos V. Se mutilaría de forma inadmisible unos jardines rompiendo su trazado regular. ¡Qué gran ejemplo para sustentar la candidatura de Sevilla como capital verde de Europa!.

 

Ambos decanos olvidan que con motivo del proyecto similar de amputación de la zona Este de los jardines para la biblioteca universitaria de Zaha Hadid,  tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Tribunal Supremo fallaron a favor de los vecinos y de la recuperación y mantenimiento de los jardines. Subrayaron la importancia de las zonas verdes en cuanto que “hacen habitable y respirable la calle” e incrementan la calidad de vida de los ciudadanos. Es más, el Tribunal Supremo dijo justamente lo contrario que los dos decanos partidarios de un nuevo arboricidio en Sevilla: recordó que la UE pide a las ciudades que además de proteger su patrimonio cultural e histórico no reduzcan la extensión de sus zonas verdes.

 

Esta propuesta que incluye cargarse unos 4.000 m2 de jardines con un centenar de árboles de gran porte para construir en su lugar un edificio ¿sería concebible hoy en día en una moderna ciudad de Europa y máxime existiendo la alternativa de una gran parcela vacía en Los Gordales a tan sólo 1.630 metros de distancia?

 

LOS GORDALES

 

Los argumentos digamos positivos que exponen los dos decanos sobre el Prado son equiparables a los que pueden darse sobre la parcela en Los Gordales: está bien comunicada (Metro, autobuses) y se pueden construir los edificios por fases. Y carece de los negativos, porque no hay que destruir ningún jardín y permite satisfacer mejor las necesidades de espacio, actuales y futuras.

Recuérdese que en su día los técnicos de la Junta de Andalucía estimaron que la Ciudad de la Justicia, en función de la población y del número de asuntos judiciales, debería tener capacidad para acoger más de 400 órganos judiciales, por lo que en los 40.000 m2 de parcela de Los Gordales se reservó una edificabilidad de casi 221.000 m2, esto es casi 86.000 m2 más que en el Distrito Judicial propuesto por los decanos del colegio de Abogados y de Arquitectura. El día que en el futuro se necesitara ampliar en el Prado ese hipotético Distrito Judicial, ¿cuál sería la solución? ¿Cortar más árboles y seguir destruyendo  los jardines?

El tranvía descarrila

Si el PP ha cambiado de criterio con el tranvía también lo ha hecho Espadas con la Gavidia

¿Y si el alcalde destinara el dinero del tranvía a esos barrios pobres desencantados con el PSOE?

A veces no sé si Espadas peca de ingenuo o de listo al no querer enterarse al cabo de casi cuatro años al frente del Ayuntamiento que tiene tan sólo 11 concejales de una Corporación con 31, pese a lo cual actúa como si gobernara con mayoría absoluta, trata de forzar las situaciones y no se trabaja políticamente con antelación los asuntos al presuponer el apoyo a sus tesis, con lo cual corre el riesgo de darse algún que otro batacazo.

Ya le ha pasado más de una vez en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, donde mecánicamente el PSOE se comporta como si contara de antemano con el voto favorable de Participa e IU, que hartos de ser ninguneados por Antonio Muñoz o le han dado un portazo ausentándose o le han castigado con un voto negativo.

Y recuérdese cuando sin sondear previamente la postura del resto de los grupos llevó al Pleno municipal la compra de la sede de la Consejería de Gobernación de la Plaza Nueva para meter allí a los funcionarios municipales y toda la oposición en bloque le tumbó aquella propuesta y lo dejó desairado ante la Junta de Andalucía.

 

NO ES PRIORITARIO

 

Ahora se ha repetido la historia con su proyecto estrella de ampliación de la línea del tranvía entre San Bernardo y Santa Justa, rechazada de plano por PP, CS, Participa e IU con, en síntesis, los mismos argumentos que hemos expuesto aquí desde el principio: es redundante e innecesaria porque discurre por un tramo ya servido por varias líneas de autobuses de Tussam y el Cercanías de Renfe y la ciudad tiene otras prioridades antes que gastarse 49 millones de euros que, en último extremo, no pasarían por el tranvía sino por la red de Metro y la conexión del aeropuerto con Santa Justa.

Espadas ha cargado especialmente contra el PP por su voto negativo y lo ha acusado de electoralista y de incoherente. Según el alcalde, el gobierno socialista siempre ha dado por hecho el respaldo del partido liderado por Beltrán Pérez al proyecto de ampliación del tranvía porque en abril de 2015 el entonces alcalde popular y candidato a la reelección, Juan Ignacio Zoido, presentó “un documento completo de viabilidad técnica, social y económica” de la prolongación del tranvía previamente encargado a Tussam, amén de que el PP había incluido esa misma iniciativa en su programa electoral.

El alcalde destaca que durante estos tres años y medio de mandato y año y medio de tramitación del Plan Especial del tranvía, el PP nunca había manifestado que estuviese en contra de este proyecto ni había presentado alegaciones al mismo. También ha recordado el acuerdo alcanzado entre su gobierno y los populares para que éstos se abstuvieran en la votación del Presupuesto municipal de 2018, y señalado que entre las condiciones por aquéllos exigidas no figuró nada relativo a la “paralización” de la ampliación del tranvía, ni tampoco Beltrán Pérez manifestó nada al respecto.

 

NUEVA COYUNTURA

 

Por ello, Espadas entiende que el PP ha “engañado” al gobierno y ha “tomado el pelo” al conjunto de los sevillanos al “cambiar” su estrategia sin contarlo a nadie y esperar a la votación definitiva del Plan Especial para revelar su nueva posición. Conclusión del alcalde: el principal partido de la oposición carece de fiabilidad y esta decisión obedece a una estrategia de desgaste político contra el PSOE o es consecuencia del gobierno de coalición que negocia con CS para la Junta de Andalucía.

No hace falta que lo interprete Espadas porque lo ha reconocido el propio Beltrán Pérez cuando ha dicho públicamente que ahora se ha creado una expectativa de ampliar la red de Metro de Sevilla con el líder del partido, Juanma Moreno, como posible presidente de la Junta de Andalucía.

Por tanto, los populares estiman que lo prudente es paralizar la prolongación del tranvía y enterrarla “para siempre”. Según Pérez, el tranvía de Monteseirín fue aceptado por el PP por “desesperanza” de que algún día se continuara ampliando la red de Metro. Y se ha preguntado: “¿De verdad hay que construir un tranvía que lleva el mismo trazado subterráneo que el anillo ferroviario ante la expectativa abierta por Juanma Moreno de que haya Metro?”

 

INCOHERENCIAS

 

Estas palabras confirman la incoherencia del PP, una de las acusaciones de Espadas, y de la carencia de modelo de ciudad por parte de Zoido al copiar el injustificado y oneroso proyecto de Monteseirín, también asumido ahora por el alcalde socialista, porque su prolongación por el mismo trazado del Cercanías de Renfe y de varias líneas de autobuses de Tussam no ha cambiado por el hecho de que Juanma Moreno pueda ser presidente de la Junta de Andalucía; tenía tan poco sentido antes como ahora.

 

Pero ¿acaso está libre de incoherencias Espadas como para arrojar la primera piedra al PP y acusarlo de no ser fiable, haberle engañado a él y a su gobierno y tomarle el pelo a los sevillanos por no votar a favor de la ampliación del tranvía?

Veamos. El 27 de noviembre de 2015 el PSOE de Espadas aprobó en el Pleno municipal una moción de IU en virtud de la cual el gobierno desistió de modificar el PGOU para la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia y mantener la calificación que tenía en el Plan General de 2006 para garantizar su uso público y social. Pues bien, tres años después, previo pacto precisamente con el PP, el gobierno socialista de Espadas ha modificado el PGOU  para que con la recalificación de la Gavidia para uso terciario se pueda privatizar y construir allí desde un hotel a un complejo de oficinas. ¿Se aplicará entonces el alcalde a sí mismo por cambiar de criterio en la Gavidia las mismas descalificaciones que ha vertido contra el PP por el tranvía?

 

ERRORES POLÍTICOS

 

Hay mayor diferencia todavía: el PP nunca dijo explícitamente que fuera a apoyar la ampliación impulsada por Espadas. El error  de este último ha consistido en aplicar por su cuenta una especie de silencio político-administrativo positivo: dar por supuesto que como los populares no habían alegado durante la tramitación del Plan Especial ni se habían pronunciado públicamente en contra eso significaba que iban a votar a favor, sin preocuparse de sondearlo previamente ni percatarse de que el contexto político ha cambiado tras las elecciones andaluzas tan sólo por la expectativa de que Juanma Moreno pueda gobernar en Andalucía. Así pues, el alcalde ha actuado conforme a una mera suposición no verificada previamente (no decir no equivale a decir sí) y sin quererse dar por enterado de que ha cambiado el “statu quo” político.

Y en cuanto a la acusación de electoralismo ¿acaso los partidos no se mueven siempre en clave electoral? Recuérdese cuando Espadas anunció el proyecto de la costosa y redundante ampliación del tranvía, no apoyada siquiera por la asamblea de la patronal sevillana con su presidente al frente, cómo le traicionó el inconsciente y dijo que algo tenía que hacer para las elecciones.

 

Pero, ¿por qué no convertir un revés político en una oportunidad? ¿Por qué, amparándose en el clásico tópico de haber entendido el mensaje, no anuncia que destinará los 49 millones del tranvía a los barrios desfavorecidos (siete entre los diez más pobres de España) de Sevilla, cuyos habitantes difícilmente se subirían al tranvía pero que en buena parte se echaron en brazos de la abstención en las elecciones autonómicas, desencantados con el PSOE?

 

Cuanto más insista Espadas en sus ataques a la oposición y en tratar de movilizar contra ella a vecinos, comerciantes y empresarios por causa del tranvía más dejará en evidencia su debilidad política y más parecerá preso de una pataleta por negarse a asumir  este rechazo, como si los demás tuvieran que someterse obligadamente a sus designios cuando resulta que carece de la mayoría suficiente. Y como dijo recientemente Felipe González, la grandeza de la Democracia no es la alternancia, sino saber aceptar la derrota.

Polígono (Sur) sin comisaría

Zoido impuso cuando era alcalde una comisaría para turistas en el Patio de Banderas por criterios políticos y no técnicos ni policiales

Beltrán Pérez dice que una recalificación en el Polígono Sur retrasaría la comisaría 7 años mientras impone la de la Gavidia “ipso facto”

 

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido que la ubicación final de la comisaría de Policía fuera del Polígono Sur -en un solar entre la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío y el parque Celestino Mutis- no responde “a una decisión política, sino a criterios policiales y técnicos”.

Sanz considera una paradoja el rechazo de la comisionada (“no sabía que tuviera competencias en materia de seguridad”, ha dicho de ella) y del Ayuntamiento de Sevilla a que la comisaría se erija en el solar que, según el delegado, se estableció en un convenio firmado en 2005 y en el que se fijó la cesión de ese terreno municipal al Estado con tal finalidad.

Según el delegado, “es conveniente que nadie juegue a lo que no es y dejar a la Policía que decida la instalación de sus comisarías por criterios técnicos, de seguridad, de accesibilidad y de agilidad para que se tenga lo antes posible”.

 

UN PRECEDENTE

 

Veamos un ejemplo protagonizado por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en que no se decide la instalación de una comisaría por la Policía, ni por criterios técnicos, sino políticos. Cuando aún era el líder de la oposición municipal, Zoido presentó el 13 de julio de 2006 una moción en el Pleno instando a que se abriera una comisaría de Policía en el Patio de Banderas por considerarlo “un punto estratégico en lo que a posibles delitos contra los turistas se refiere”.

Zoido dijo entonces que “independientemente de la inauguración de la comisaría de la Alameda de Hércules (la inauguró  el entonces ministro Rubalcaba, en mayo de aquel año; instalaciones que sustituían a las de la Gavidia y a las provisionales del Patio de Banderas tras el cierre de aquéllas) su apertura es absolutamente necesaria porque Sevilla necesita la aplicación de medidas de seguridad inminentes…”.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, inaugura junto al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) del Patio de Banderas.

 

Y ya siendo Zoido alcalde, a finales de julio de 2014 se inauguró en el Patio de Banderas una comisaría conjunta de la Policía Nacional y de la Local que fue denominada “Servicio de Atención al Turista Extranjero”. Los agentes de ambos cuerpos se iban a encargar de recabar las denuncias de los extranjeros y de facilitarles el catálogo de gestiones disponibles, como la cancelación de las tarjetas de crédito o los trámites con el Consulado de su país y la agencia de viajes.

En crónicas periodísticas de la época pudo leerse lo siguiente: “Todas estas gestiones ya las hacía la Policía desde sus actuales sedes, pero las autoridades creen que ubicar una oficina en la zona monumental supondrá una ventaja para los visitantes. Otras fuentes policiales consultadas entienden que puede producirse una duplicidad de funciones y que la nueva comisaría obligará a restar agentes de servicio en la calle para meterlos en una oficina”.

Queda por tanto claro, pese a lo que ahora diga Sanz y que también con Zoido al mando, (en aquel entonces como alcalde de Sevilla), que no fue la Policía la que decidió que se abriera una comisaría para turistas en el Patio de Banderas, ya que esa atención se les prestaba desde las instalaciones policiales en la Alameda, Betis y Blas Infante, sino que esa apertura obedeció a designios políticos para proyectar una imagen ante los visitantes y los propios sevillanos, conforme al planteamiento que tenía el entonces alcalde desde ocho años antes.

EN CLAVE POLÍTICA

Por tanto, la comisaría de la polémica podría, y debería, haberse ubicado en el Polígono Sur por una conveniente decisión política y al margen de los criterios técnicos y policiales. ¿Desde cuándo se imponen los criterios profesionales a los políticos? Zoido -y el PP- ha perdido el olfato populista con que ganó aquellas elecciones con 20 concejales, simbolizado justamente en el frutero del Polígono Sur que le dio su apoyo público e hizo campaña por él en el barrio.

Dado que allí la demanda de la comisaría es un clamor popular, además de una reivindicación histórica y una cuestión de justicia y hasta de lógica policial por tratarse de la zona más conflictiva y con mayor tasa de delincuencia de la ciudad, el ministro se habría ganado a sus 50.000 habitantes si hubiera lanzado el mensaje de que a pesar de que la Policía aconseje (el único criterio aceptable sería el de una mejor comunicación) instalarla a espaldas del hospital, él había decidido atender los deseos de los vecinos construyendo las instalaciones dentro del Polígono Sur.

En vez de eso, se insiste machaconamente en que está a tan sólo 200 metros de distancia (del límite del barrio, que no del centro del mismo), con lo cual la lectura puede hacerse justamente a la inversa: por ahorrarse 200 metros, el PP se ha malquistado a 50.000 votantes potenciales del Polígono Sur.

RECALIFICACIONES

Antonio Sanz se remonta a un convenio firmado en 2005 y Beltrán Pérez, para congraciarse públicamente con el sector zoidista al que en privado acusa de torpedear su candidatura a la Alcaldía de Sevilla, defiende el sitio elegido en vez de otra parcela estatal en la calle Padre José Sebastián Bandarán (sita en el interior del Polígono Sur) con el argumento de que para ésta se necesitaría una recalificación urbanística que retrasaría el proyecto hasta el año 2025.

Hay que preguntarle entonces al portavoz municipal del PP cómo es posible que él haya conseguido imponerle a Espadas en el pacto para los Presupuestos municipales que recalifique la antigua comisaría de la Gavidia y la ponga a la venta en tan sólo los nueve meses que faltan para que acabe el año en curso mientras dice que para recalificar un solar en el barrio más degradado de Sevilla, donde justamente cabría aplicar la mayor celeridad administrativa, se necesitan siete años. A ver cómo lo explica, porque es difícilmente entendible.

La construcción de la comisaría estuvo prevista desde el principio en el Polígono Sur y así ha sido reclamada desde hace 34 años por sus vecinos, como se pone de manifiesto a lo largo del tiempo cuando se tira de hemeroteca.

DEMANDA HISTÓRICA

El 3 de marzo de 1984, ABC publicó una noticia con el título “Ayer volvieron a cerrar los comercios del Polígono Sur y alrededores”, un cierre de “la práctica totalidad de establecimientos, quioscos, tiendas, bares y supermercados”, en dos jornadas consecutivas de protestas por la inseguridad ciudadana. “Los comerciantes del Polígono Sur solicitan -podía leerse- la instalación en el barrio de una comisaría de Policía prevista desde la construcción de la zona pero aún inexistente por la falta de medios económicos en el Gobierno Civil”.

El 20 de septiembre de 1988, el mismo diario publica otra información al respecto que es toda una premonición de lo que finalmente ha acabado pasando: “En su afán de no perder la comisaría de Policía, los vecinos han ofrecido unos locales donde, de forma provisional, se podría ubicar las dependencias policiales. “Sabemos -añadió (Manuel de los Reyes, representante vecinal)- que está previsto construir la comisaría, pero tememos que por la extensión del Distrito V, que abarca desde el Parque (de María Luisa) hasta Bellavista, las dependencias policiales no estén cerca de los barrios donde vivimos. Ello nos ha llevado a movilizarnos y a recoger las firmas que hemos entregado refrendando nuestra petición”.

Y así puede rastrearse en la prensa esta reiterada reivindicación desde hace 34 años: los vecinos del Polígono Sur han demandado unas instalaciones policiales previstas en el barrio desde el principio y para sentirse además arropados por el Gobierno frente al imperio de la delincuencia. Pese a tantos años de espera y de peticiones, el Ministerio del Interior la construirá fuera de la zona (barriadas de Paz y Amistad, la Oliva, Antonio Machado, Martínez Montañés, las Letanías y Murillo) alegando que distan tan sólo 200 metros y criterios técnicos.

No cabe mayor error, cuando justamente era el momento de tomar decisiones por razones políticas y porque no es cuestión de geografía, sino de psicología. Con esta decisión los vecinos se han sentido preteridos una vez más y abandonados por el Gobierno y se acrecienta su sensación de que ellos no forman parte de Sevilla. Se pudo construir una comisaría para los turistas en el Patio de Banderas, pero no en el interior del Polígono Sur para los 50.000 habitantes de esos barrios marginados y que ahora se creen aún más marginados de lo que ya están.

 

Espadas ha reducido la deuda de Sevilla en 101 millones de euros

EVOLUCIÓN

Durante su mandato la deuda del Ayuntamiento ha pasado de 419 a 318 millones de euros

RITMO

En dos años y tres meses ha reducido tres veces más deuda que Zoido a lo largo de sus cuatro años

COMPARACIÓN

Sevilla es la ciudad con menor deuda entre las urbes españolas con más de medio millón de habitantes

El Ayuntamiento de Sevilla ha reducido su deuda en algo más del 24% desde que Espadas tomó posesión como alcalde en junio de 2015 hasta el final del tercer trimestre del año pasado, según los datos oficiales recabados por el Banco de España en virtud del Protocolo de Déficit Excesivo.

El máximo órgano supervisor bancario de nuestro país ha realizado un estudio comparativo de la deuda de los ayuntamientos de las trece ciudades españolas con más de 300.000 habitantes desde el año 2007 hasta el tercer trimestre de 2017 y verificado que en el caso de Sevilla ha pasado de los 384 millones de euros existentes al finalizar 2007, el año previo al estallido de la crisis económica, a 318 millones de euros a final de septiembre pasado.

Los datos del Banco de España revelan que al finalizar 2010, último completo del mandato de Monteseirín como alcalde, la deuda municipal ascendía a 454 millones de euros, aunque esta  cifra no refleja la auténtica realidad, ya que el alcalde socialista dejó deudas millonarias larvadas en forma de pleitos judiciales que se han sustanciado en condenas contrarias al Ayuntamiento y que han tenido que pagar luego Zoido y, muy especialmente, su correligionario Espadas. Sin ir más lejos, en un Pleno extraordinario celebrado el pasado mes de noviembre se tuvo que aprobar “por sentido de la responsabilidad” de los grupos políticos municipales una modificación presupuestaria por valor de 5 millones de euros para afrontar condenas judiciales, la mayoría de ellas de la etapa de Monteseirín, y no tener que seguir acumulando intereses de demora.

Zoido tomó posesión a mitad del año 2011, ejercicio que acabó con una deuda de 452 millones de euros, inferior en tan sólo dos millones a la que había un año antes con Monteseirín, siempre según el informe del Banco de España. Esta entidad baja al detalle de los trimestres a partir del tercero de 2014, lo que nos permite afinar el dato de que Espadas (tomó posesión a mitad de junio de 2015) heredó de Zoido una deuda de 419 millones de euros.

Así pues, Zoido logró en sus cuatro años al frente del Ayuntamiento que la deuda municipal pasara de los 454 millones del último año de Monteseirín (2010) a 419 millones al acabar su mandato, lo que supuso una reducción de 35 millones de euros y de un 7,70%.

CASI DOS AÑOS Y MEDIO DESPUÉS

Desde el segundo trimestre de 2015, ya con Juan Espadas como alcalde, hasta la finalización del tercer trimestre del año pasado, último dato oficial disponible del Banco de España, la deuda del Ayuntamiento de Sevilla ha pasado de 419 millones de euros a 318 millones, es decir 101 millones menos (-24,10%). Dicho de otro modo, Espadas ha rebajado en números redondos tres veces más deudas en dos años y tres meses que Zoido en cuatro años.

En términos absolutos sólo han reducido más deuda que el de Sevilla entre las grandes urbes españolas Madrid (nada menos que 2.126 millones de euros), Valencia (139 millones) y Málaga (114 millones), pero como partían de niveles de endeudamiento muy superiores, Sevilla es la que menos debe de entre las ciudades que superan el medio millón de habitantes.

Entre las restantes sólo están en mejor situación la gran excepción de Bilbao, en una situación envidiable con una deuda de tan sólo un millón de euros, Las Palmas (44 millones), Alicante (83 millones) y Córdoba (203 millones).

Encabezan el ranking de ciudades endeudadas Madrid, que pese a quitarse más de dos mil millones de la etapa de Gallardón y Botella aún debe 3.511 millones de euros, Zaragoza (995), Barcelona (799), Valencia (597) y Málaga (502).

Y pese a la Ley de Estabilidad y las exigencias de Montoro, en lo que va de mandato municipal ha habido tres grandes ayuntamientos que en vez de reducir han incrementado todavía más su endeudamiento: Zaragoza (174 millones más), Murcia (136) y Barcelona (83 millones).

EVOLUCIÓN DEUDA AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AÑO                           MILLONES

 

2007                          384

 

2008                          422

 

2009                          522

 

2010                          454 (Monteseirín)

 

2011                          452

 

2012                          482

 

2013                          439

 

2014                          443

 

1 T 2015                   432

 

2 T 2015                   419 (Zoido)

 

3 T 2015                   405

 

2015                          394

 

2016                          347

 

3 T 2017                   318 (Espadas)

 

CUADRO EVOLUCIÓN DEUDA GRANDES URBES ACTUAL MANDATO

(Junio 2015-Septiembre 2017)

 

Ciudad                       Jun 2015       Sept 2017     Balance             %

 

Alicante                     140                   83                -57                 -40,70

 

Barcelona                  716                799                +83                +11,59

 

Bilbao                             9                     1                – 8                  -89,00

 

Córdoba                    253                203                -50                  -19,76

 

Madrid                    5.637            3.511          -2.126                -37,71

 

Málaga                       616                502                -114                -18,50

 

Murcia                       183                319                +136               +74,31

 

Palma Mallorca         331                319                -12                 – 3,62

 

Las Palmas                99                 44                 -55                 -55,55

 

Sevilla                        419                318                -101                -24,10

 

Valencia                     736                597                -139                -18,88

 

Valladolid                  122                101                  -21                -17,21

 

Zaragoza                    821                995              +174                +21,19

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco de España

Cifras, en millones de euros

 

 

Empleo: la Semana Santa, mejor que la Feria de Abril

Las Ferias que se adentran en mayo reducen el paro menos que la Semana Santa

 La Feria sólo tiene más impacto cuando la Seman Santa cabalga entre marzo y abril

 Y la Feria en su tradicional abril genera más empleo que las que se celebran en mayo

La obsesión de los gobiernos municipales de Sevilla (desde Monteseirín a Espadas pasando por Zoido) de extender en todo lo posible la Feria de Abril al mes de mayo para captar el turismo madrileño de “puente” por el 1 y el 2 de mayo (fiesta general el primer día y autonómica el segundo) ha contribuido menos a la reducción del paro en dicho mes que la Semana Santa celebrada en abril, según un análisis comparativo de las fiestas primaverales en Sevilla capital durante los años de la crisis económica (2009-2017).

 Los sucesivos gobiernos locales se han basado en sendos estudios realizados por la Universidad Hispalense en 2007 (Semana Santa)  y 2009 (Feria) para, aplicando posteriormente la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC), destacar la Feria como la fiesta anual con mayor impacto en la economía de la ciudad.

 

Efectivamente, la Hispalense estimó hace ocho años que la Feria generaba un movimiento económico de 675,5 millones de euros, frente a los 240 millones de la Semana Santa actualizados para el mismo año 2009. Por lo tanto, casi tres veces superior.

 Estos informes han servido de coartada cuando ha sido preciso para justificar que durante los nueve años de crisis económica, en casi la mitad de los mismos (cuatro) la Feria se haya extendido al mes de mayo, siempre en función de los intereses del sector turístico y para procurar atraerse a los madrileños en su fiesta autonómica (dos de mayo), sumada a la del Primero de mayo.

 Así ocurrió en los años 2009 y 2011, con Monteseirín; 2014, con Zoido, y 2017, con Espadas.

 EN NOMBRE DEL TURISMO

  La supeditación de la Feria de Abril a los intereses del sector turístico alcanzó su grado máximo con Zoido hace tres años, cuando se celebró con temperaturas cercanas a los 40 grados entre el 6 y el 11 de mayo.

 Tal como comentamos en su momento,  el debate ya surgió apenas concluida la Feria del año  2013, cuando empezaron las presiones sobre el Ayuntamiento para que matara tres pájaros de un tiro a la hora de captar turistas para la ciudad sin solapar la Feria con el macropuente del 1 y 2 de mayo en Madrid, principal foco emisor de turistas hacia Sevilla.

 

El sector turístico local ya descontaba, como suele decirse en Bolsa, que los madrileños en particular y los turistas en general ya vendrían en masa a Sevilla en  Semana Santa y durante el puente de mayo, por lo que su objetivo desde el principio fue crear artificialmente un tercer motivo de visita poniendo la Feria lo más tarde posible para que no coincidiera con el puente y se erigiera por sí misma en polo de atracción turística. En su opinión, esto sólo era posible fijando su celebración después del puente, o sea, entre el 5 y el 11 de mayo, para que así los madrileños desembarcaran por tercera vez casi consecutiva en la ciudad, durante el fin de semana del 9 al 11.

 La conclusión que se extrajo de la Feria de aquel año es que la fiesta ya no la decide el Consistorio en representación o pensando en los 700.000 sevillanos, sino el sector turístico empresarial. No es éste el que está al servicio de Sevilla, sino al revés, sin que se aprecie que corresponda en justa contrapartida cuando se necesita su contribución para otras causas.

 

Un año después lo acabó reconociendo el entonces delegado de Fiestas Mayores, Gregorio Serrano, cuando declaró que la decisión de retrasar la Feria se había adoptado a petición del sector turístico, “del que hoy por hoy -afirmó- vive esta ciudad en gran parte. No es una decisión -añadió- que ha tomado el Ayuntamiento de forma arbitraria, sino que hemos puesto las necesidades de las personas por encima de las tradiciones”.

ANÁLISIS COMPARATIVO

Hemos realizado un estudio comparativo de la evolución del paro en Sevilla capital en el periodo de la crisis económica (2009-2017) y en los meses en que se han celebrado las fiestas primaverales: Semana Santa y Feria. En este lapso de tiempo se han dado todo tipo de situaciones: años en que tanto una como otra se han celebrado en abril; años en que la Semana Santa se ha celebrado en marzo y la Feria en abril; años con la Semana Santa a caballo entre marzo y abril y la Feria en abril; y años con la Semana Santa en abril y la Feria adentrándose en mayo.

 En los festejos digamos mixtos, a caballo entre dos meses, hemos atribuido el 50% del dato del paro registrado en cada uno de esos dos meses, ya fuera negativo o positivo. Hay que destacar que el paro siempre se ha reducido en los meses con fiestas primaverales, con una única excepción: mayo de 2009 (hubo tres días de Feria entonces), cuando se incrementó en 661 personas.

 

La primera y más importante conclusión es que a pesar de que a la Feria se le atribuye un impacto económico tres veces superior al de la Semana Santa, la fiesta religiosa contribuye más que la fiesta civil a la generación de empleo y a la reducción del paro. En el conjunto de meses en que se celebró la Semana Santa salieron de las listas del paro 11.845 sevillanos, frente a 9.678 en los meses de la Feria (un 18,30% menos). Dicho de otro modo, la Semana Santa contribuye a reducir el paro casi una quinta parte más que la Feria pese a que se le atribuye tres veces menos impacto económico.

 Segunda conclusión: todas las Ferias que se adentran en mayo para captar turistas madrileños tienen menos impacto en el empleo que las Semanas Santas de esos años, todas las cuales se celebraron en abril.

 Cuando la Semana Santa se celebra en marzo y la Feria en abril, hay alternancia de resultados: en 2013 la Feria tuvo más impacto en el empleo, y en 2016 fue al revés, ya que la Semana Santa fue mejor que la Feria.

 Y la Feria supera en impacto laboral a la Semana Santa cuando ésta se celebra a caballo entre los meses de marzo y abril.

 

Nos queda comparar la Feria consigo misma: cuando se celebra sólo en abril y cuando se adentra en mayo, parcial o totalmente. Pues bien, los datos avalan a la Feria exclusivamente en abril. En las Ferias que se han adentrado en mayo abandonaron las listas del paro un total de 3.885 sevillanos, mientras que cuando la Feria se circunscribió al mes de abril lo hicieron 5.793. Ahora bien, como ha habido cuatro Ferias extendidas a mayo y cinco sólo en abril, lo más objetivo es hacer el promedio. La cifra sigue favoreciendo a la Feria sólo en abril, en las que se da una media de 1.158 sevillanos que hallaron un trabajo en dicho mes, frente al promedio de 971 en las Feria extendidas a mayo.

 Por tanto, como conclusión general, la mejor Feria para la reducción del paro/creación de empleo es la tradicional: la de abril, no la de mayo.

El Ayuntamiento de Sevilla antepone las bandas de cornetas y tambores al derecho al descanso

RUIDOS

Decreta excepciones a la Ordenanza municipal contra el Ruido para que las bandas ensayen al aire libre hasta las 23 horas

CONFLICTO

 

El delegado de Fiestas Mayores sostiene que debe primar “el interés general” que para la ciudad suponen las bandas

 

RETROCESO
Zoido cedió un local a cada agrupación musical y 75.000 euros al Consejo de Bandas para locales de ensayos

 

El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, considera que las bandas de cornetas y tambores representan el interés general de Sevilla frente al derecho al descanso de los vecinos y por ello, y haciendo una particular interpretación de la Ordenanza municipal contra el Ruido, dará permisos “excepcionales e individuales” para que las agrupaciones musicales puedan ensayar al aire libre hasta las 23 horas en los días previos a la Semana Santa.

Esta medida del gobierno local es una respuesta de carácter general al conflicto surgido en la noche del martes cuando, atendiendo a denuncias vecinales, la Policía Local suspendió el ensayo que estaba realizando en los jardines exteriores del Parlamento de Andalucía la banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana de la Hermandad de la Macarena.

En menos de 24 horas, la Delegación de Fiestas Mayores, cuyo titular es Juan Carlos Cabrera, y la de Hábitat Urbano, que dirige Antonio Muñoz, han ideado un procedimiento excepcional que, a su juicio, desarrolla la Ordenanza municipal contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones para que así las bandas puedan ensayar al aire libre y pese a las quejas que puedan tener los vecinos del entorno.

Así, se establece que se podrá solicitar con carácter «excepcional y de manera individualizada» el ensayo, que será autorizado «de acuerdo a su vinculación con la Semana Santa de Sevilla por parte del Ayuntamiento».

Estas autorizaciones serán «excepcionales e individuales», no se realizarán más allá de las 23,00 horas y serán de duración tasada y determinada. «Se evaluarán una a una las ubicaciones de los ensayos para analizar la afección a las viviendas», defiende el Ayuntamiento.

En paralelo a esta «solución transitoria» para esta Semana Santa, el Ayuntamiento expone que se van a iniciar los trámites para la modificación de la Ordenanza, «de forma que se establezca una regulación adecuada para el equilibrio entre el derecho al descanso y los ensayos en los días previos a la Semana Santa».

 

CESIONES Y SUBVENCIÓN

 

Así pues, las bandas han vuelto a los espacios públicos cuando el 17 de marzo de 2015 el anterior alcalde, Juan Ignacio Zoido, anunció durante una visita a la banda de Las Cigarreras, que estaba tocando en el polígono Arte Sacro, que “todas las bandas tienen un local para ensayar gracias a la cesión de varios locales municipales y a la subvención de 75.000 euros que el Ayuntamiento otorga al Consejo de Bandas para el alquiler de otros. Sólo falta asignar -añadió Zoido- un espacio a la banda de música de Nuestra Señora de la Victoria, y para ello estamos trabajando, en buscar cuanto antes el lugar idóneo para esta formación”.

En el caso de la banda de la Centuria de la Macarena, origen del actual conflicto, el Ayuntamiento le cedió un espacio de ensayo en el Polígono Navisa.

Por su parte, el actual alcalde, Juan Espadas, propugnó cuando estaba en la oposición y tras reunirse con el Consejo de Bandas que todas las agrupaciones musicales ensayaran en el convento de Santa Clara, en el que además quería instalar una escuela-taller de lutería. “El objetivo -dijo- es convertir el convento de Santa Clara en el gran centro de referencia y de ensayo para las bandas y que puedan disponer de parte de los 6.000 m2 para todas sus actividades”.

 

EXCEPCIÓN DOBLE

 

Según fuentes municipales, hay bandas que necesitan ensayar al aire libre para Semana Santa y de hecho sostienen que la Ordenanza ya recoge este hecho excepcional de cara a las fiestas religiosas, pero de una manera indefinida y remitiéndose a que los ensayos se hagan lo más lejos posible de las viviendas y que acaben al anochecer, por lo que se ha hecho una especie de desarrollo reglamentario de la norma regulando de manera concreta esta excepción y articulando un procedimiento que hasta ahora no se había establecido.

Abogados especializados en Derecho ambiental cuestionan o critican la “excepción” dictada sobre la marcha por el Ayuntamiento para soslayar o “desarrollar” las disposiciones de la Ordenanza municipal contra el Ruido. Para Emilia de la Serna no se ajustaría a Derecho. Joaquín Herrera, que aúna a su condición de jurista la de cofrade, se remite al uso de la figura del Privilegio Jurídico por parte del gobierno local, pero  califica la actuación de los dos delegados de “barbaridad jurídica” porque estarían suplantando la autoridad del Pleno y/o la del alcalde al modificar una Ordenanza y además haría falta un dictamen jurídicamente motivado del que no se tiene noticia.

A su juicio es obvio que hay una escala en los derechos y que el derecho de los sevillanos a la salud, el descanso y el medio ambiente está muy por encima del de las bandas de música a ensayar en la vía pública, pese al respeto que le merece la Hermandad de la Macarena y todas las de la ciudad.

Según Herrera, con amplia experiencia en esta casuística, cuando los vecinos denuncian a la Policía Local es porque ya no pueden soportarlo más y no lo hacen por fastidiar a nadie, y hay que tener en cuenta la situación de niños, enfermos y ancianos, muy sensibles y vulnerables al ruido. Para este abogado, el Ayuntamiento tenía muy fácil arbitrar una solución: ofrecer locales cerrados o espacios alejados del casco urbano (el estadio de la Cartuja, por ejemplo) para los ensayos de las bandas en vez de establecer excepciones que estima contrarias al derecho preferente de los vecinos al descanso.

El Ayuntamiento cedió un local

De ensayos a cada banda

 

Durante el mandato de Zoido, el Ayuntamiento cedió locales municipales para el ensayo de todas las bandas de la ciudad, conforme a la siguiente distribución:

-Caracolas de la Madrina (junto al Casino de la Exposición): Banda de música del Sol, banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol, San Juan Evangelista, Cristo de la Sangre y Agrupación de la Redención.

-Polígono Navisa: Agrupación Nuestra Señora del Carmen, Agrupación Santa Cecilia, las dos bandas de Los Gitanos, Jesús Cautivo, Centuria Macarena, las Tres Caídas de Triana y la Agrupación Nuestra Señora del Juncal.

-Polígono Store: Virgen de los Reyes y Madre de Dios de los Desamparados.

-Polígono Arte Sacro: la Humildad, las Cigarreras y Columna y Azotes.

-Polígono Calonge: Banda de cornetas Varón de Dolores.

-Polígono San Pablo: Agrupación de la Encarnación.

-Parque Alcosa: Banda de cornetas Pasión de Cristo.

Calle Becas: Escuadrón de la Paz.

 

Sevilla: mil veladores más cada año entre 2010 y 2016

MULTIPLICACIÓN

Entre 2010 y 2016 el número de veladores ha pasado de 7.958 a 15.024
FRENO

La tendencia se frena en el segundo año de Espadas, con 271 veladores menos
IMPACTO

Pese al incremento de veladores, ha habido 2.415 parados más en ese periodo

La respuesta de Sevilla a la crisis económica ha consistido en colocar una media de mil veladores más cada año en las calles y plazas de la ciudad, según revela la estadística del periodo 2010-2016, pero esa fuerte apuesta no se ha traducido en un paralelo descenso del paro, ya que en el balance se ha pasado de 75.212 desempleados a 77.627, es decir 2.415 más.

Tras el advenimiento de la crisis económica, a finales de 2008, con el paralelo estallido de la burbuja inmobiliaria, el hundimiento de la Construcción y la pérdida de peso del sector industrial por el cierre o la marcha de compañías tradicionalmente asentadas en la ciudad, Sevilla puso todas sus esperanzas en el turismo como potencial motor económico que podría tirar de los Servicios y en especial de tres subsectores principales del mismo: los hoteles, la hostelería y el comercio.

Uno de los elementos clave de esa estrategia, que empieza a tomar cuerpo en la recta final del último mandato de Monteseirín, es la manga ancha del Ayuntamiento en la autorización de terrazas con veladores. Así, entre 2010 y 2011 (año éste repartido prácticamente a medias entre el último de Monteseirín como alcalde y el primero de Zoido), el número de locales con permiso para la colocación de veladores pasa de 936 a 1.153, con un incremento del 23%. Este aumento es proporcionalmente incluso superior al de veladores propiamente dichos, ya que la evolución de éstos es de 7.958 a 9.405, un 18% más.

Con Zoido al frente del Ayuntamiento, la estrategia municipal de pleno apoyo al sector hostelero llega a su apogeo. Si inicia su mandato con 1.153 establecimientos autorizados a abrir terrazas con veladores, cuatro año después (contando medio año de aterrizaje de Espadas), concluye su etapa al frente de los destinos de Sevilla con 2.002 establecimientos ostentado un permiso municipal, un 73% más que al principio.

Obviamente, a más locales con autorización oficial, más veladores en la vía pública. Se pasa de 9.405 al inicio de su mandato a 15.295 al final (+62,62%). Y si consideramos todo el periodo desde 2010, en tan sólo cinco años, los que van del final de Monteseirín al final de Zoido, el número de veladores prácticamente se duplica, al pasarse de 7.958 a 15.295 (+92%).

 

SATURACIÓN

 

Es en esta época en que se llega, especialmente en el Centro y en el tramo comprendido entre la calle san Fernando y la Campana, a la situación de saturación que el gobierno de Espadas trata de paliar con una reordenación que ha puesto en pie de guerra a los hosteleros. De hecho, ya con Espadas plenamente al mando del Ayuntamiento, en su segundo año de mandato (2016), sólo crece en seis (hasta un total de 2018) el número de establecimientos con permiso para poner veladores, pero por primera vez desde 2010 el número de éstos se reduce, hasta los 15.024 (271 menos, un -1,77%).

El sector de la hostelería, que ha ofrecido en su comparecencia del 9 de marzo datos desfasados (sostuvo que había 13.960 veladores en 2015 cuando el año se cerró con 15.295, y que había un velador por cada 54 sevillanos, cuando hay uno por cada 46), esgrime el riesgo de destrucción de empleos y de cierre de establecimientos si el gobierno local reduce el número de veladores (189) en el eje San Fernando-Avenida-la Campana. De hecho, afirma que cada tres veladores generan un empleo, es de la persona que los atiende en la calle, pese a que numerosos establecimientos funcionan en régimen de autoservicio por parte de los propios clientes.

 

EMPLEO

 

La estadística comparada demuestra, sin embargo, que no hay una relación inversamente proporcional entre veladores y empleos. A más veladores no ha habido menos paro, y viceversa. Así, en 2011 y 2012 creció el número de veladores en un 18% y un 19% y no por ello bajó el paro, que siguió subiendo, entre un 8% y un 10%.

Entre 2013 y 2015 el paro bajó, pero en bastante menor proporción al crecimiento de los veladores, y en 2016 descendió el número de veladores pero no subió el de parados, sino al revés: hubo 4.221 desempleados menos.

La caída del paro tiene más que ver con la mejoría de la situación económica general que con factores más locales y específicos. De hecho, en el periodo analizado todavía el balance del paro es negativo para la ciudad: los 77.627 desempleados de 2016 son 2.415 más que los existentes en 2010.

 

Veladores y empleo

 

 

Año     Locales                       %        Veladores      %        Parados         %

con veladores

2010           936                  –               7.958        –               75.212      –

 

2011       1.153               +23            9.405        +18           81.135     +7,87

 

2012       1.362                +18          11.204        +19          89.332     +10,10

 

2013       1.676              +23        13.098        +16          88.377       – 1,06

 

2014       1.809                + 8             14.225     + 8          86.417       – 2,21

 

2015       2.002                +10          15.295         + 7        81.848     – 5,28

 

2016         2.018                   +   0,79      15.024         – 1,77     77.627       – 5,15

 

 

La Gavidia es invendible

NUEVO PLAZO

El Ayuntamiento de Sevilla pide a Interior otra prórroga para tratar de cumplir el contrato de 2006

EN ESPECIE

Urbanismo no remata el trámite para entregar el solar en la Cruzcampo para una comisaría

PRESUPUESTOS

El PP se queda sin la razón que exigía para apoyar las Cuentas de Espadas para 2017

 

El Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado al Ministerio del Interior una nueva prórroga de seis meses de duración para tratar de cumplir al 100% el contrato de compra-venta de la antigua comisaría de la Gavidia, que ambas partes firmaron el 20 de diciembre de 2006. Desde entonces Interior espera la entrega de un solar en el distrito de Nervión para transmitirle la plena propiedad, condición sin la cual el Consistorio sevillano no puede vender el edificio a un tercero.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo solicitará a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) del Ministerio del Interior una nueva prórroga de seis meses para tratar de culminar la operación de adquisición de la antigua Jefatura de la Policía de la Gavidia.

El contrato de compra-venta se firmó el 20 de diciembre de 2006, en tiempos de Monteseirín como alcalde. Para hacerse con la propiedad del edificio, el Consistorio pagó 9.900.000 euros a Interior y se comprometió además a la entrega de cuatro solares municipales calificados de equipamiento para la construcción de comisarías de Policía en distintas zonas de la ciudad.

Sin embargo, tal como ya informó Viva Sevilla el pasado mes de noviembre, en el Registro de la Propiedad se mantiene una anotación preventiva en favor del Ministerio del Interior y que indica que el Ayuntamiento no es todavía propietario de pleno dominio de la Gavidia porque no ha cumplido todavía el compromiso de pago en especie con uno de los solares acordados.

Este solar se encuentra dentro de los antiguos terrenos de la Cruzcampo, en Nervión, afectados por la quiebra de la empresa que en su día anunció la construcción de un complejo de viviendas de lujo, un proyecto que había encargado a los denominados arquitectos-estrella, como Norman Foster y Guillermo Vázquez Consuegra, los cuales se retrataron con Monteserín en el balcón del Ayuntamiento.

Aunque se ha intentado segregar el solar destinado a la comisaría para entregarlo a Interior, los informes jurídicos han sido contrarios a tal posibilidad y ha de tramitarse el procedimiento de forma ordinaria a través de la Junta de Compensación. Aunque la tramitación se inició en abril de 2015, casi dos años después aún no ha concluido.

Ante esta situación y a la vista de que la última prórroga solicitada a Interior expirará el próximo 21 de febrero, la Gerencia de Urbanismo ha pedido otro periodo de gracia de seis meses, en concreto hasta el 21 de agosto, con lo que para entonces se cumplirán casi once años sin que el gobierno de la ciudad haya sido capaz de cumplir su compromiso con el Ministerio que, por paradojas de la historia, ahora dirige Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla.

La conclusión, por tanto, es que el Ayuntamiento no puede vender la Gavidia porque no es legalmente su propietario y porque se halla atado de pies y manos por la Junta de Compensación de los antiguos terrenos de la Cruzcampo.

Esta situación tiene implicaciones políticas, ya que deja al grupo municipal del PP sin el motivo principal que esgrimió para no apoyar los Presupuestos municipales presentados por Espadas para el año en curso: la venta de la antigua comisaría de la Gavidia para así no tener que pedir nuevos préstamos a los bancos. Aunque quisiera cumplir la exigencia del PP, a Espadas le es legalmente imposible, y ya se verá si la situación varía o no para agosto o entonces hay que pedirle una nueva prórroga a Zoido.