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Encarnación: problemas con los puestos de fruta

Readaptar cada puesto de fruta de la

Encarnación podría costar 3.600 euros

El mostrador es tan elevado que los placeros apenas podrán ver a los clientes

El panel separador entre los bares salta por los aires debido a la presión del agua

Los comerciantes del mercado de la Encarnación no las tienen todas consigo a medida que se acerca la fecha del traslado desde las actuales instalaciones ‘provisionales’, en las que se hallan desde 1973, a las nuevas habilitadas bajo las setas del Metropol Parasol diseñado por el alemán Jürgen Mayer.

La satisfacción por el abandono de su estado de provisionalidad, que ha durado 37 años, se ve empañada por problemas y costes con los que no contaban cuando Monteseirín les entregó de forma triunfalista  las llaves de los puestos en el acto público celebrado hace unas semanas en el Ayuntamiento y a medida que han podido conocer por dentro la nueva plaza de abastos.

A mitad de la semana pasada ya se registró una incidencia inesperada: uno de los paneles separadores de los dos bares con que contará el mercado saltó por los aires  cuando se rompió una tubería a consecuencia de la sobrepresión del agua la primera vez que se abrieron los grifos, sin que nadie antes hubiera tenido la precaución de probar el estado de la red.

Ello no ha sido óbice para que, aun sin consumo alguno, Emasesa les haya empezado a pasar una factura por valor de 86 euros en concepto de cuota de contratación (34 euros), fianza (45,8) e IVA. Hacia las 14 horas de ayer les llegó la segunda sorpresa: una notificación por la que deberán abonar cada uno de ellos 200,56 euros en concepto de enganche a la red eléctrica de Endesa.

Los comerciantes creían que, tal como reza la cláusula cuarta del contrato impuesto por Sacyr, pagarían solamente el consumo individual por la electricidad necesaria para la producción de frío industrial y que el mercado ya estaría ‘enganchado’ a la red, tal como les ocurrió cuando se trasladaron a las instalaciones provisionales hace 37 años, pero ahora han de pagar como si se hubieran dado de alta cada uno por su cuenta en vez de encontrarse el asunto resuelto como una dotación más de la plaza de abastos.

Para colmo, la decena de fruteros y verduleros existentes se han llevado la sorpresa al entrar al nuevo mercado de ver cómo sus mostradores para despachar a los futuros clientes tienen tres cuerpos, hasta el punto de que el borde superior llega a la altura de los ojos, con lo que tendrán difícil ver y ser vistos por los usuarios e imposible verlos si colocan género encima.

Se ha estimado que readaptar los puestos para ponerlos a la altura media de placeros y clientes costaría en torno a 3.600 euros, que nadie sabe quién va a pagar o, peor aún, temen que traten de cargarles la factura a ellos. Algunos comerciantes dicen haber sido informados de que ya se está trabajando en el mercado en el rebaje de los mostradores sin necesidad de sustituirlos por otros nuevos y de sorecostes añadidos, algo incierto tal como pudimos comprobar ayer mismo mediante una inspección ocular puesto por puesto en el interior del Metropol Parasol. Aún no se ha rebajado un solo mostrador.

Los comerciantes se quejan de que no se han atendido sus sugerencias en función de sus necesidades específicas –no es lo mismo una pescadería que una frutería- y que expusieron cuando hace meses visitaron el ‘puesto piloto’, y deducen que les han aplicado a todos un mismo diseño estándar conforme al modelo del ‘puesto piloto’.

Nada más lejos de la realidad, ya que en la visita que realizamos ayer pudimos comprobar que dentro de una unidad de estilo hay una gran heterogeneidad de dotaciones en los puestos: algunos han sido más privilegiados que otros en equipamiento aunque sirvan el mismo tipo de género y gozan de estructuras de soporte de piezas de gran peso, de las que carecen los demás. En otros, la disposición de puertas, vitrinas, tomas de agua….varía respecto de la media, aunque según la propaganda oficial todos los puestos sean equiparables (no llegan a 20 m2) en superficie y en equipamiento.

Los puestos de los fruteros en tres niveles contravienen el proyecto diseñado por Jürgen Meyer, según el cual serían todos circulares por adaptarse mejor a la geometría del mercado y contarían con un mostrador de exposición “en todo el frente, de dos niveles”, un mostrador interior con estanterías superiores y un espacio cerrado de uso privado a modo de almacén provisto de una pila para lavar. Si Meyer confesó en privado en su día a los placeros que él no había modificado su proyecto, la pregunta que hay que hacerse entonces es quién y cuándo ha cambiado las disposiciones del arquitecto alemán.

Sevilla, la ciudad con más impuestos

Una familia media paga 716 euros en tributos locales frente a los 655 de Barcelona y los 540 de Madrid

Sevilla es además la segunda ciudad más cara para los empresarios por el Impuesto de Actividades Económicas

Una familia media sevillana que tenga dos hijos, un piso de entre 85 y 95 metros cuadrados y un automóvil de gama media paga al Ayuntamiento presidido por  Monteseirïn 716 euros anualmente en tributos locales, la cifra más alta entre las grandes ciudades españolas, según se desprende del Ránking Tributario de los Municipios Españoles 2010, que desde hace trece años elabora el Ayuntamiento de Madrid.

El gobierno ‘de progreso’ PSOE-Iu ha puesto a Sevilla a la cabeza de las grandes ciudades españolas en materia de tributación local, ya que una familia prototipo hispalense paga al Fisco municipal 716,29 euros anuales por conceptos tales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras, el distintivo por la tasa de estacionamiento, el sello del coche y la tasa por paso de vehículos, los tributos sobre los que se ha hecho una comparación homogénea entre las principales capitales de provincia.

Frente a la cifra del sufrido contribuyente sevillano, una familia similar paga en Barcelona, la segunda ciudad con más tributación,  655,59 euros/año; en Madrid, 540,76 euros; en Valencia, 533,18 euros; en Málaga, 493,10 euros y en Zaragoza, 462,64 euros. Por tanto, a efectos fiscales, vivir en Sevilla es un 8,5% más caro que en Barcelona; un 24,21% más que en Madrid; un 25,57% más que en Valencia; un 31,14% más que en Málaga y un 35,42% más que en Zaragoza.

El Ayuntamiento hispalense pregona sistemáticamente al final de cada ejercicio que atendiendo a los efectos de la crisis ‘congela’ la mayor parte de sus tributos y que se limita a incrementarlos en igual proporción a la subida del coste de la vida, una expresión contradictoria en sí misma, ya que ‘congelación’ significa dejarlos tal como están y no elevarlos ni siquiera conforme al IPC.

Sin embargo, el análisis comparativo realizado un año más por el Ayuntamiento de Madrid en su ya clásico ‘Ránking Tributario de los Municipios Españoles’ llega a la conclusión en lo referido al ejercicio en curso que el propietario de un piso medio en Sevilla (de entre 85 y 95 m2) ha pagado un 5,28% más que en el año precedente, en línea con la subida media de las 52 capitales de provincia (un 5,3%).

La cuota que se paga en Sevilla por un piso que tuviera en el año 1990 un valor catastral de 6.010 euros y al que cada año transcurrido desde entonces se le hayan incrementado las actualizaciones aprobadas por Hacienda ha pasado de 82,08 euros a 86,43 euros, lo que revela un mayor esfuerzo fiscal absoluto por el Impuesto de Bienes Inmuebles. Así, aunque el Consistorio arguya que ha congelado el IBI, al optar por aumentar el valor catastral de los pisos en realidad está aumentando su base imponible y con ello el contribuyente ha de afrontar una mayor factura fiscal.

El Ayuntamiento presidido por Monteseirín no sólo ‘fríe’ a impuestos a las familias sevillanas más que ninguna otra corporación municipal española, sino que también lo hace con las empresas domiciliadas en la capital de Andalucía. La cuota tipo en euros por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) asciende a 801,23 euros y es la segunda más alta después de la de Barcelona (835,42 euros) y por delante de Madrid (771,81), Murcia (770,06), Valencia (733,24), Zaragoza (521,55) y Málaga (335,57).

LA TABLA DE LOS MUNICIPIOS

En un intento de realizar comparaciones de presión fiscal con otros municipios, el Ayuntamiento de Madrid publicó, en el año 1997, su primer «ranking tributario de los municipios españoles». Desde entonces, el ranking se viene publicando con regularidad año tras año y se ha convertido en un instrumento ya clásico de fiscalidad comparada.

El ranking distingue entre los conceptos de esfuerzo fiscal absoluto y esfuerzo fiscal relativo para cada una de las figuras tributarias locales (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto de Actividades Económicas, Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras e Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), estableciendo posteriormente un entorno en el que se tienen en cuenta los indicadores de esfuerzo fiscal correspondientes a cada una de las 52 ciudades capitales de provincia y los 15 municipios de más de 50.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Madrid. En el intento de lograr una mayor objetividad de situaciones comparativas, se definen los siguientes conceptos:

-Tipo impositivo máximo y mínimo.

– Tipo impositivo equivalente (únicamente en el caso del IBI, para municipios con revisión reciente de valores catastrales).

-Rango máximo: diferencia entre tipo impositivo máximo y mínimo.

-Rango establecido: diferencia entre tipo impositivo establecido y el tipo mínimo que permite la ley.

-Rango equivalente (únicamente en el caso del IBI, para municipios con revisión reciente de valores catastrales).

– Esfuerzo fiscal relativo: porcentaje que supone el rango establecido o equivalente sobre el rango máximo.

CUADRO COMPARATIVO DE TRIBUTOS LOCALES

Sevilla                 Barcelona      Madrid        Valencia         Málaga       Zaragoza

IBI             415,69                 297,79           294,79         335,90           286,87           170,17

Recargo

IBI                 0,00                  42,06               0,00             0,00             0,00               0,00

Basura         74,64                  90,72               59,00          44,40              0,00             34,72

Tasa de

Parking       72,50                    52,00               24,60            0,00            63,89           130,00

Sello

Coche        130,46               143,88              137,00        125,42          134,60           125,50

Paso de

Vehículos    23,00                   29,14               25,37          27,46              7,94               2,25

TOTAL     716,29                655,59              540,76         533,18         493,30          462,64

Cifras en euros para una familia con dos hijos, piso de 85-95 m2 y coche gama media

CIUDADES CON IMPUESTOS

MÁS CAROS

(Sevilla = Base 100)

1)      Sevilla              =  100,00

2)      Barcelona          =    91,52

3)      Madrid              =    75,49

4)      Valencia            =    74,43

5)      Málaga              =    68,86

6)      Zaragoza           =    64,58

Tomando los 716,29 euros de Sevilla como base 100, las cifras reflejan el porcentaje de menor impuestos que se pagan en otras urbes. Así, Málaga es un 31,14% más barata que Sevilla.

Sevilla sufre una de las peores gestiones municipales

La ineficacia del Ayuntamiento supone un sobrecoste de 220 millones de euros

El cruce de los datos de gasto per cápita en las 40 principales ciudades españolas, los indicadores de eficiencia de Maastricht para la convergencia europea y la encuesta de calidad de Mercociudad sobre la gestión municipal revela que Sevilla es la urbe peor clasificada y que ni siquiera figura entre las diez mejores ciudades para vivir, pese a la tradicional complacencia de los sevillanos con su capital.

La combinación del estudio de Mercociudad que sobre las urbes españolas realiza el Instituto Análisis e Investigación y los criterios de eficiencia de Maastricht aplicados a los capítulos I y II de los Presupuestos de las 40 principales ciudades –el gasto per cápita- demuestra la ineficacia del gobierno local que preside Monteseirín, según un informe de Upyd sobre el coste del estado autonómico.

Este informe analiza primeramente el sobrecoste detectado entre las ciudades más importantes y, en segundo lugar, la presencia de economías de escala en la prestación de servicios a los residentes en los 8.112 municipios del país.

Tras medirse el gasto per cápita de cada ciudad, mediante el procedimiento empleado se determinan después las tres ciudades más eficientes y luego se comparan esos indicadores de eficiencia –inspirados en los criterios de Maastricht- con cada una de las 40 urbes principales. Posteriormente se determina el sobrecoste en términos absolutos multiplicando esas diferencias per cápita con la población de cada ciudad. Sumando todas las ciudades se obtiene el sobrecoste de todas ellas.

La conclusión es que anualmente las prácticas ineficaces de las 40 principales ciudades suponen un coste de 6.211 millones de euros, equivalentes al 0,6% del PIB. Dicho de otro modo: estas ciudades podrían ahorrarse ese dinero sin menoscabo del servicio a sus ciudadanos sólo aplicando las prácticas de las tres más eficientes en cada capítulo.

EL CASO HISPALENSE

Los resultados obtenidos para Sevilla son los siguientes:

-Gasto del Capítulo I (Personal) / Población = 511 euros, cuando la media de las tres mejores ciudades analizadas –que son Gijón, Oviedo y Vigo- es de 231 euros.

-Gastos del Capítulo II (corriente)/ Población = 231 euros, cuando la media de las tres mejores ciudades –que son Córdoba, Gijón y Tarrasa- es de 165 euros.

En términos absolutos, Sevilla presenta un sobrecoste de 196.901.007 € en
relación al capítulo I y de 23.391.117 € en relación al capítulo II, lo que supone 220.292.124 € en total.

Estos datos muestran que Sevilla representa el 3,55% de todo el sobrecoste de las 40 principales ciudades de España.  No obstante, si además de los capítulos I y II se incluye el IV (transferencias), se observa que Sevilla también externaliza muchos servicios e igualmente  incurre en mayor sobrecoste que las otras 40 ciudades, lo cual incrementa el porcentaje del sobrecoste de Sevilla al 4,75% en relación con  todo el sobrecoste del conjunto.

Aun siendo de las ciudades que más sobrecoste tiene, en el cruce de datos con los de una encuesta sobre la calidad de la gestión municipal, Sevilla recibe la peor clasificación entre las 40 (Mercociudad 2009). Sevilla es la tercera urbe que proporcionalmente más gasta en el capítulo I (511 euros por habitante) y la peor por la calidad de sus servicios.

Entre las diez mayores ciudades de España, Sevilla es la única
que no manifiesta economías de escala, definida ésta como la diferencia
entre la (población municipio) /  (población total España) y (gasto
municipio) /  (gasto total municipios de España);  es decir, existente
economías de escala cuando los mismos ingresos pueden brindar servicios a
un mayor número de residentes.  Pero en el caso de Sevilla la relación
resulta negativa.

Por su parte, para elaborar su estudio el Instituto Análisis e Investigación realizó 9.000 entrevistas telefónicas a ciudadanos de 78 localidades, durante los meses de septiembre y octubre de 2009. Además, consideró  más de 250 indicadores de cada ciudad, consultó a 150 expertos en gestión urbana y recopiló  información procedente de los propios Ayuntamientos.

RANKING GENERAL DE CIUDADES DE ESPAÑA

1)      Madrid

2)      Barcelona

3)      Valencia

4)      Zaragoza

5)      Bilbao

6)      Palma de Mallorca

7)      Pamplona

8)      Málaga

9)      Murcia

10)   San Sebastián

Fuente.- Estudio Mercociudad

LAS DIEZ MEJORES CIUDADES PARA VIVIR

1)      Pamplona

2)      Santander

3)      Logroño

4)      Murcia

5)      San Sebastián

6)      Albacete

7)      Zaragoza

8)      Oviedo

9)      Gijón

10)  Cáceres

Fuente.- Estudio Mercociudad

Campus de excelencia Sevilla-Málaga

El campus de excelencia Sevilla-Málaga prevé

invertir 143 millones en seis años

‘Andalucía Tech’ se especializará en biotecnología, aeronáutica, comunicaciones, transporte, ecología y turismo

Cuenta con el respaldo de siete consejerías, Ministerio de Fomento, las patronales, fundaciones y sesenta grandes empresas

Las universidades de Sevilla y Málaga han pasado por encima de las rivalidades fomentadas por los políticos y logrado que su proyecto conjunto ‘Andalucía Tech’ obtenga por unanimidad la distinción de ‘campus de excelencia internacional’, tras superar en Madrid el examen de una comisión de expertos foráneos en una convocatoria a cuya fase final concurrieron 22 programas de universidades, centros de investigación, empresas y hospitales.

El proyecto ecológico presentado por la Pablo de Olavide con las universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y la Internacional de Andalucía más el CSIC no ha sido seleccionado. El de la Universidad de Granada, BioTic, ha sido calificado como campus de excelencia regional.

‘Andalucía Tech’, el campus de excelencia internacional promovido por las universidades de Sevilla y Málaga, incluye un presupuesto de 143 millones de euros entre 2010 y 2015, si bien hasta la fecha ya obtenido una financiación extraordinaria de 6,1 millones (0,8 por pasar la primera fase y 5,3 ahora) y cuando se adjudiquen nuevos programas oficiales podría lograr más de 10 millones.

El campus conjunto será gestionado por una fundación que se creará a la mayor brevedad posible y a cuyo frente se pondrá, previa convocatoria de un concurso público a tal efecto, un experto independiente que gestione el desarrollo y ejecución de los programas de investigación.

El rector de la Hispalense, Joaquín Luque, ha declarado que aunque no se ha debatido sobre la cuestión de dónde se instalará la sede, si en Sevilla o en Málaga, no habrá ningún problema al respecto por tratarse a su juicio de un asunto menor en un mundo globalizado como el del siglo XXI y con las tecnologías de comunicación existentes, y que en el proyecto predomina desde el principio el espíritu de compartirlo todo y de superar rivalidades estériles, para contribuir a la vertebración de Andalucía.

SEIS POLOS

El campus de excelencia internacional ‘Andalucía Tech’ se especializará en tecnologías de la producción, información y comunicaciones y biotecnología. Con carácter multidisciplinar , el modelo de especialización se basa en la intensificación en acciones estratégicas de docencia, investigación y transferencia de conocimiento en torno a seis polos de excelencia docente e investigadora, con unas líneas prioritarias de actuación:

Aeroespacial: tecnologías de producción de aeronaves, nuevos materiales para la industria aeronáutica, aviónica y vehículos aéreos no tripulados y satélites.

Biotecnología para una sociedad saludable: Investigación biomédica, biotecnología verde y bioingeniería.

Comunicaciones y movilidad: Acceso universal al conocimiento, comunicaciones del futuro, seguridad en el software y televisión digital.

Energía y medio ambiente: energías renovables y nuevos métodos de generación, transformación y almacenamiento de energía, eficiencia energética, transporte de energía y ‘smart grid’ y sostenibilidad, medio ambiente y cambio climático.

Transporte: sistemas inteligentes de transporte, movilidad sostenible y cooperación modal y nuevos materiales para el transporte.

Turismo y desarrollo territorial: turismo sostenible y nuevas tecnologías en el turismo.

Estos polos son uno de los módulos superpuestos del ‘campus’, que contará también con ‘agentes agregados’ como organismos públicos, fundaciones privadas, empresas y parques y centros tecnológicos: siete consejerías de la Junta de Andalucía, cuatro organismos del Ministerio de Fomento, las dos cámaras de comercio provinciales (Sevilla y Málaga), los respectivos Metros y empresas metropolitanas de agua, las confederaciones de empresarios, doce institutos o centros tecnológicos y de investigación, el CSIC, cuatro tecnópolis, cinco corporaciones público-privadas, una fundación, nueve empresas tractoras (Abengoa, Endesa, Acciona, EADS-Casa, Vodafone, Telefónica, Indra, IBM y oracle) y 48 más denominadas ‘vectores’ (Iberia, Detea, Azvi, Sando, Sadiel, Alsina….).

ECONOMÍAS EMERGENTES

‘Andalucía Tech’ tratará de incluirse en los rankings de referencia internacionales mediante políticas de atracción del talento, tanto de estudiantes como de personal docente e investigador de calidad y la ejecución de tres grandes planes: de mejora docente y adaptación al espacio educativo europeo; de mejora científica y transferencia del conocimiento y de transformación del propio campus.

En conjunto se contemplan treinta actuaciones, entre ellas las siguientes. Titulaciones de grado conjuntas de las dos universidades (ingeniería energética, ingeniería biotecnológica y robótica y sistemas electrónicos), creación de escuelas internacionales y triplicación del número de empresas ‘spin-off’ (nacidas del seno de las universidades), oferta de 6.000 viviendas universitarias para 2015, incremento en medio millón de m2 de los jardines del campus y constitución de una Oficina de cooperación al desarrollo.

El campus prestará especial atención a las economías emergentes asiáticas, de Iberoamérica y Norte de Africa, incrementará las titulaciones de grado en inglés y bilingües, los programas Erasmus y Erasmus Mundos y las alianzas internacionales con otras universidades.

La Junta se endeudará a través de Agesa

La Junta usará a Agesa para burlar el veto de

Madrid a nuevos endeudamientos


Cambiará su objeto social, limitado hasta ahora a la

gestión de activos de la Expo-92


Agesa financiará a la Junta mediante créditos bancarios, con

los que le comprará y alquilará sus propios inmuebles y solares


Transferida a la Junta en pago por la ‘deuda histórica’,

Agesa está libre de cargas y tiene 52 millones en caja


La Consejería de Economía y Hacienda convocará una junta general de accionistas de Agesa, la empresa pública que le fue traspasada por el Gobierno en pago por la ‘deuda histórica’, para cambiar sus estatutos y convertirla, junto con Sogefinpa, en el brazo ejecutor de la operación político-económica en virtud de la cual la Junta burlará la prohibición del Gobierno de la nación a que recurra a nuevos endeudamientos. L

os créditos no los pedirá la Junta, sino Agesa, que reinyectará el dinero al Gobierno autonómico comprándole sus activos inmobiliarios y alquilándoselos luego en condiciones especiales pagaderas cómodamente a lo largo de hasta 35 años.

De la ‘deuda histórica’ a la deuda de la Junta. Es el sino de Agesa, la empresa pública heredera y gestora de los activos de la Expo-92: verse marcada en los últimos tiempos por el endeudamiento de las Administraciones Públicas. El Gobierno de la nación no tuvo más ocurrencia que recurrir a esta sociedad, totalmente saneada y dedicada a hacer caja en la isla de la Cartuja con los pabellones y solares dejados por la Expo, para pagar con ella buena parte de la ‘deuda histórica’ con Andalucía mediante su traspaso a la Consejería de Economía y Hacienda, cuya titular, Carmen Martínez Aguayo, es la mano derecha del presidente José Antonio Griñán.

Agesa, que fue valorada por el Gobierno andaluz en 456,64 millones de euros, venía a la Junta libre de cargas tras haber saldado el crédito multidivisas con que afrontó los ‘agujeros’ dejados por la Muestra Universal, con un patrimonio inmobiliario en plena explotación en la cada vez más revalorizada isla de la Cartuja de Sevilla (sede de la Tecnópolis de Cartuja-93) y con 52,5 millones de euros en dinero contante y sonante, fruto de la operación ‘Puerto Triana’. Por ende, sus activos en alquiler tienen una ocupación del 89%, lo que le asegura unas rentas fijas y beneficios a final de año. Por todo ello, la sociedad es una bicoca en estos tiempos de crisis, endeudamiento y restricciones crediticias.

Con esta situación saneada y con una caja llena de dinero, Agesa no debería tener problemas para obtener créditos de la banca, justo cuando el sector financiero se caracteriza por cerrar el grifo y atender sólo a los clientes con solvencia acreditada.

DISEÑO DE LA OPERACIÓN

Martínez Aguayo lo vio claro desde el principio, de ahí que el reciente anuncio que realizó durante el acto de presentación de los Presupuestos de que la Junta recurriría a ingeniería financiera para incrementar sus recursos económicos pese al veto del Gobierno a nuevos endeudamientos no es una operación fraguada de la noche a la mañana, sino que ya fue diseñada en pleno verano y preparada en la Disposición Adicional Segunda del Decreto Ley de 27 de julio, por el que se aprobaron las medidas urgentes en materia de reordenación del sector público (Boja Nº 147, de 28 de julio).

En ese Decreto ya se faculta a la Sociedad Estatal de Gestión de Activos Agesa (denominada ahora Empresa Pública de Gestión de Activos tras su traspaso a la Junta) y a Sogefinpa (creada previamente con el nombre de Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial) para la enajenación directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante 2010. Asimismo, se autoriza a ambas sociedades al endeudamiento necesario para la adquisición de aquéllos, atendiendo al valor que se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que la operación suponga.

Item más, se autoriza a Agesa y a Sogefinpa a la celebración de contratos de arrendamiento de hasta 35 años de duración por parte de la Consejería de Hacienda para su utilización por los departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de los inmuebles adquiridos por este procedimiento.

Carmen Martínez Aguayo se ha encontrado con un obstáculo administrativo imprevisto que deberá resolver previamente: el objeto social de Agesa es únicamente la gestión de los activos heredados de la Expo-92. Por tanto, ha de cambiar los estatutos para eliminar esa limitación mediante la convocatoria de una junta general de accionistas. Dado que la Consejería de Hacienda y el equipo directivo de la misma tiene el control de la sociedad pública al 100%, ello no entraña ninguna dificultad.

PRESTAMISTA INTERPUESTO

Durante el acto de presentación de los Presupuestos para 2011, la consejera de Hacienda anunció que espera ingresar hasta 951,7 millones de euros mediante la venta de entre 80 y 90 edificios administrativos de la Junta y que en conjunto disponen de casi 400 millones de m2. Según Carmen Martínez Aguayo, estos edificios “podrían ser del interés de los inversores”, aunque no aclaró cómo podrían interesarles con los funcionarios dentro.

Los inversores no serán más que Agesa y Sogefinpa, los cuales se endeudarán en los mercados para comprarlos y alquilarlos a la Junta durante al menos 35 años, conforme a la Disposición Adicional Segunda del Decreto de Reordenación del Sector Público andaluz. Dicho de otro modo, la Junta se prestará el dinero a sí misma a través de estas dos empresas públicas, pero la deuda no computará en su balance, sino en el de Agesa y Sogefinpa.

El papel de Agesa será esencial, no sólo por la posición de fortaleza que le da su patrimonio, la liquidez que tiene en caja y su cartera de clientes y grado de ocupación de sus inmuebles en renta, sino también porque es la que tiene la experiencia de la gestión del patrimonio inmobiliario, tras haberse dedicado con éxito a esta tarea durante casi 18 años desde su fundación para administrar el legado de la Expo-92.

NUEVO OBJETO SOCIAL:

CARGAR CON LA DEUDA DE LA JUNTA

El PSOE (A), para justificar el pago por parte del Gobierno de Zapatero de la ‘deuda histórica’ con la sociedad estatal Agesa y solares, hizo hasta una campaña de propaganda en la que destacaba los supuestos elevados dividendos que Agesa aportaría a las arcas de la comunidad autónoma , que llegó a cifrar en unos 9 millones de euros anuales.

Sin embargo, los buenos resultados económicos de los últimos años se han debido fundamentalmente a ingresos de carácter extraordinario. Así, los 6.706.000 euros de  beneficio de 2008 se han convertido en 4.186.000 en 2009 con la actividad ordinaria (alquiler de inmuebles y venta de servicios) de la empresa.

El nuevo Consejo de Administración tiene una composición similar al de Sogefinpa, integrado por la plana mayor de la Consejería, con Martínez Aguayo al frente. La consejera ha nombrado como director-gerente a Adolfo García Fernández en detrimento de Alicia Ruiz Badanelli, auténtica memoria viva de la Expo y persona de confianza a lo largo de 18 años de los cinco presidentes que, tanto con Gobiernos del PSOE como del PP, ha tenido anteriormente la sociedad. Badanelli dimitió recientemente de su cargo y pidió el reingreso en la Cámara de Cuentas.

En este periodo de tiempo, Agesa ha liquidado el crédito multidivisas con el que se afrontó el pasivo de la Muestra Universal, resuelto infinidad de pleitos jurídicos heredados del 92 y rentabilizado los activos del Estado en la isla de la Cartuja, hasta el punto de que al cierre de 2009 había logrado un 89% de ocupación de los 78.000 m2 que ofrece en alquiler. La empresa tiene un patrimonio de 153.726 m2 de edificaciones y de 71.916 m2 en parcelas.

Deslizamientos en Las Cruces

Las paredes del depósito de estériles de las Cruces

se deslizaron 500 metros durante su construcción

Los ecologistas temen que se vuelva a repetir y la compañía

niega riesgos como los de Hungría y Aznalcóllar al no ser una balsa

Los verdes sospechan que no se compactan los residuos y CLC replica que ya ha completado la primera celda

El vertido tóxico de Hungría ha vuelto a resucitar el fantasma de la fractura de la presa de residuos de Boliden en Aznalcóllar y a reavivar la polémica entre los ecologistas y Cobre las Cruces, la compañía propietaria de la mina sita en Gerena, a cuenta de los potenciales riesgos de la explotación minera.

Ecologistas en Acción ha revelado que los muros de margas del depósito de residuos de las Cruces ya se deslizaron durante su construcción, por lo que este hecho podría volver a repetirse. La empresa, por su parte, considera que se trató de un problema habitual que suele producirse en las fases iniciales de la minería, acusa de alarmistas a los verdes y da “garantías absolutas” de que no hay riesgos porque, al contrario que en Aznalcóllar y Hungría, en Gerena no hay ninguna balsa de almacenamiento con líquido.

Entre las 3 y las 7 de la madrugada del 9 de julio de 2008 se produjo un deslizamiento en la escombrera norte del complejo hidrometalúrgico de Las Cruces, concretamente en la zona central del área conocida como Esparragal, que afectó al área de vertido libre y a la berma-barrera Este del área de vertido de estériles de planta, según verificó posteriormente un informe de la consultora Geocontrol que han revelado Ecologistas en Acción con motivo de la reciente catástrofe ecológica en Hungría, similar a la de Boliden en Aznalcóllar.

El deslizamiento tuvo una longitud aproximada de 500 metros, una anchura de 50 y una profundidad máxima valorada en 10 metros, con un volumen estimado de 250.000 m3 de material. El deslizamiento lateral se calculó de entre 5 y 10 metros.

La causa de la fractura de las paredes del depósito de estériles de la mina parece que estuvo asociada, según el informe técnico, a una excesiva altura de tierras, sumada a la existencia de poro en el vertido (entre cero y 6,5 metros) y habría provocado en el nivel natural de cimentación un mecanismo de rotura progresiva. Hubo que retirar tierras de la cabecera de la escombrera hasta la cota +73 en El Esparragal y hasta la cota +70 en la zona de cresta de la fractura, lo que supuso un movimiento de 2,3 millones de metros cúbicos de material.

Ecologistas en Acción ha revelado estos datos que, a su juicio, demuestran que el depósito de residuos de las Cruces sufre el riesgo de nuevos deslizamientos en el futuro por las características gerológicas de las margas y han subrayado que también el muro de la presa de Aznalcóllar estaba compuesto de marga compactada, la cual acabó por quebrarse al combinarse su capacidad deslizante con la humedad de la balsa de Boliden por el agua que acumulaba.

HECHO PUNTUAL

Cobre las Cruces reconoce la incidencia acaecida hace dos años, pero matiza que ocurrió en la escombrera en construcción, sin contenido almacenado alguno. “Este tema –afirma un portavoz de la compañía- se considera habitual en las instalaciones mineras: que las margas de un proyecto en construcción se muevan previamente durante las obras. No se puede alarmar –añade- sobre hechos habituales en cualquier operación minera y que en cualquier otra parte se entiende perfectamente. El desplazamiento se produjo en la berma de la instalación y no en los estériles depositados en ella”.

La compañía minera afirma que una vez que se terminó de construir el depósito de estériles, antes de arrojar residuo alguno expertos y consultores geotécnicos internacionales revisaron todo y verificaron la seguridad de las instalaciones. Por tanto, a juicio de Cobre las Cruces las garantías “son absolutas” y sólo desde el alarmismo más infundado se puede hacer una comparación con las catástrofes ecológicas de Aznalcóllar y Hungría, ya que el hecho diferencial de la mina de Gerena respecto de aquéllas es que no hay balsa que contenga líquido y, por lo tanto, ni hay agua ni barro que puedan romper nada ni transportar los residuos por algún cauce: los estériles son secos, no húmedos. La compañía insiste en que la única balsa existente en el complejo minero es una de agua depurada procedente de una EDAR de Sevilla (depuradora de San Jerónimo).

Según el portavoz de CLC, los residuos de las Cruces, conforme al proyecto aprobado por la Administración, se están encapsulando a medida que se van depositando y ya se ha finalizado la primera celda de la escombrera, cuyo grado de humedad es del 10% al 14% tras el sistema de filtración utilizado.

LIXIVIACIÓN INTERNA

Ecologistas en Acción aporta fotos aéreas realizadas el pasado 22 de septiembre y que a su juicio demuestran que ni los residuos son tan secos como sostiene la compañía ni se cubren con tongadas de margas compactadas, obligación que habría contraído ante la Administración y contemplada en el estudio de impacto ambiental.

Según las imágenes tomadas por los verdes, la lixiviación de los residuos es tal por el grado de humedad que contienen que se acumula el líquido en grandes encharcamientos dentro del depósito de estériles y se han llegado a construir balsas interiores para recoger los lixiviados.

“Los camiones que transportan los residuos basculan por una parte del depósito y éstos se van luego deslizando hacia la mitad del mismo, prueba evidente de que se mueven porque no son completamente secos, y tienen fluidez debido a los ácidos del proceso hidrometalúrgico, ya que en caso contrario se acumularían en el sitio de la descarga sin cambiar de emplazamiento”, afirma por su parte un portavoz de Ecologistas en Acción.

Las imágenes también demostrarían en opinión de los verdes que no se están compactando los estériles con margas, pues en tal caso el fondo del depósito tendría el mismo color grisáceo que el terreno que lo circunda y no es así: reflejan el aspecto multicolor del material tratado en la planta metalúrgica.

El retrato de Miguel Florencio

La Hispalense pagará 69.600 euros

por el retrato del exrector

Miguel Florencio


El pintor Hernán Cortés le cobra 5.400 euros más

que por un cuadro del rector de Madrid


La Diputación le pagará a su vez 81.200 euros

por el retrato de Luis Navarrete

La Universidad Hispalense adjudicó de forma provisional el pasado 27 de abril y definitiva el 21 de mayo la realización del retrato pictórico del exrector, Miguel Florencio, por un importe de 69.600 euros a un contratista denominado Decaulión CB y mediante un procedimiento negociado.

Preguntado sobre la identidad del contratista, un portavoz oficial de la Universidad de Sevilla se limitó a decir que era el mismo pintor que en su día realizó el retrato del exrector Javier Pérez Royo; que el cuadro se quedará en la Hispalense enriqueciendo su patrimonio histórico y que si se prorratea el precio entre los tres mandatos del exrector se verá que no resulta caro.

El autor del retrato de Javier Pérez Royo fue el cotizado pintor gaditano Hernán Cortés Moreno, por lo que según la versión oficial será él también quien pintará el cuadro de Miguel Florencio. Hernán Cortes Moreno, nacido en Cádiz en 1953, es un pintor de larga trayectoria profesional en el campo del retrato.

Personajes de gran significación en la vida política, cultural y social de nuestro país han sido retratados por este artista, entre ellos los Reyes; los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar; la primera presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi; y los académicos Dámaso Alonso y Pedro Laín Entralgo. Asimismo, es autor del  políptico de 1,30 metros de anchura por 7 de altura sobre los siete ‘padres’ de la Constitución Española que se exhibe en las Cortes.

Resulta llamativo el afán de la Hispalense de ocultar bajo el nombre de Decaulión CB la identidad del pintor Hernán Cortés, cuando la Universidad Autónoma de Madrid divulgó públicamente casi por las mismas fechas que le había encargado por el mismo procedimiento negociado el retrato del rector de dicho centro docente.

El gerente de la UAM, Pedro García Moreno, firmó el pasado 17 de marzo la resolución por la que se le encargaba la pintura, por un precio de 64.200 euros y por tanto 5.400 euros menos que lo que va a pagar la Universidad de Sevilla por un cuadro similar.

Más generosa aún en la remuneración ha sido la Diputación Provincial, que a finales de 2009 acordó pagarle al pintor gaditano 81.200 euros por la pintura del expresidente Luis Navarrete.

La Diputación tramitó la adjudicación igual que ha hecho ahora la Hispalense: mediante un procedimiento negociado,  acogiéndose para ello al apartado ‘d’ del artículo 154 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que podrá utilizarse esta vía cuando «por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado».

Hernán Cortés pintó entre 1997 y 1998 el retrato en temple sobre lienzo del exrector Javier Pérez Royo (1988-1992) con un estilo rompedor respecto de la habitual estética de la Galería de Retratos de los Rectores de la Hispalense, ya que el profesor fue representado vestido de traje y corbata y con las manos en los bolsillos, sin toga, birrete, beca, medallas y otros símbolos de solemnidad con los que habían posado sus predecesores.

La Colección de Retratos de Rectores la componen un total de 34 cuadros originales, salvo alguna excepción. En su mayor parte están expuestos en la Galería de Rectores del Rectorado. Aparecen representados 33 de los 50 rectores que la Universidad de Sevilla ha tenido  durante los siglos XIX y XX (periodo que abarca la colección).

La Agencia Andaluza del Agua

Los funcionarios se encierran durante 24 horas en contra de su paso a la nueva Egmasa

Denuncian que el Gobierno andaluz les impondrá una cadena de mando privada

Historiadores, veterinarios y biólogos han acabando al mando de los pantanos en vez de los ingenieros

Los casi 1.700 empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua protagonizan desde ayer un encierro de 24 horas en todas las sedes provinciales de este organismo para protestar contra su fusión con Egmasa, que proyecta la Junta para la integración de ambas en la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Según denuncian los encerrados, esta operación política propiciará el desembarco en la gestión del agua de miles de empleados de Egmasa, en detrimento de funcionarios y de otro personal público, que accedieron a sus puestos a través de una oposición o concurso.

La creación de la Agencia Empresarial de Medio Ambiente y Agua como otro eslabón más de la Administración paralela de la Junta supone el último episodio del desmantelamiento de la tradicional estructura administrativa articulada en torno a las confederaciones hidrográficas y el principio de la unidad de cuencas.

En el año 2005, el Gobierno central transfirió a la Junta de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Sur así como las cuencas del Odiel, Tinto, Piedras, Guadalete y Barbate, con las que se creó la Agencia Andaluza del Agua, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente.

Todos los funcionarios transferidos, la mayoría de nivel 26 por oposición, fueron convertidos automáticamente en la nueva relación de puestos de trabajo (RTP) en nivel 26 pero de libre designación. Así fue liquidada una estructura basada en el concurso de méritos y en la capacitación profesional, ya que cualquiera de los transferidos podía ser relevado de su puesto.

Quienes no habían consolidado aún su nivel 26 podían ser catalogados en el 22 (el puesto de salida de los opositores de la Junta), y no se tenía en cuenta la antigüedad de los transferidos cuando concursaban a otra plaza.

Así, por ejemplo, si un ingeniero de Caminos que llevaba 20 años como jefe de explotación de un embalse aspiraba a la misma plaza en otro pantano, su antigüedad no reconocida le suponía cero puntos, con lo que cualquier funcionario de la Junta con tan sólo un año de experiencia ganaba el concurso. Además, como se eliminó el requisito de la titulación específica, cualquier licenciado podía presentarse como jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica.

La consecuencia de esta política fue ver a licenciados en Historia como subdirectores de infraestructuras hidráulicas, a veterinarios ocupando plazas similares y a biólogos como jefes de explotación de pantanos.

LA CONFEDERACIÓN DEL GUADALQUIVIR

Tras transferirse el 1 de enero de 2009 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) a la Junta de Andalucía, a los funcionarios que tenían el nivel 26 les privaron del personal a sus órdenes y aterrizaron nuevos niveles 28, en su mayoría sin perfil técnico, que tomaron el mando sobre los miembros de toda la vida de la CHG. Se llegó al extremo de relegarlos aun a costa de duplicar las plazas: junto a un funcionario del Estado era colocado otro de libre designación puesto a dedo.

Al frente de cada provincia andaluza (en la CHG estaba un funcionario de nivel 28) fueron colocados delegados políticos sin perfil técnico (cuando hasta entonces solían ser ingenieros), siguiendo en la estructura de mando un gerente también de carácter político y varios niveles 28, todos nombrados a dedo. La consecuencia fue el quebrantamiento del principio de profesionalidad y unidad de cuenca en la gestión del Guadalquivir, como se puso de manifiesto en la descoordinación de los desembalses durante las últimas inundaciones en Andalucía por el temporal de lluvias del pasado invierno.

Este verano, con la excusa de reducir organismos para ahorrar por la crisis, la Junta ha avanzado aún más en esta estrategia con la creación de un ente empresarial que sustituya al organismo autónomo: la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, cuya base es Egmasa, compuesta por personal ajeno a la función pública. Esto supone la eliminación por absorción de la Agencia Andaluza del Agua y la ‘dilución’ de los funcionarios y personal laboral procedentes de la antigua CHG y que habían accedido a sus puestos tras superar unas oposiciones.

Como a la nueva Egmasa, que es en el fondo esta Agencia Empresarial, se le otorgan potestades administrativas aun troceando los procedimientos, la Junta elude así los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que Egmasa asumía competencias propias de los funcionarios.

Los encerrados en protesta por esta nueva estructura administrativa del agua en Andalucía denuncian que en la nueva Egmasa se llegará al extremo de que cualquier contratado externo podrá elevar informes en contra de funcionarios a los que se le incoe un procedimiento sancionador.

Es la primera vez en la historia que funcionarios procedentes de las antiguas confederaciones hidrográficas protagonizan encierros y manifestaciones, algo que no hicieron ni siquiera cuando las transferencias o cuando los orillaron en sus puestos o dejaron de computarles la antigüedad a la hora de los concursos.

Su protesta cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSIF, USTEA y SAFJA.

El alcalde, sin margen para más ingresos

Aplica ya prácticamente el tope máximo que le permite la ley en los cinco principales impuestos

En los diez años que lleva de mandato duplicará el coste del recibo del IBI que pagan los sevillanos

Trata de hacer caja con las multas de tráfico, cuya recaudación ha multiplicado por cinco en sólo dos años


Ha anunciado  la supresión de servicios por falta de fondos

Diez años después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía, el Ayuntamiento de Sevilla se halla en una más que delicada situación financiera, con una deuda de 493 millones de euros según el Banco de España, una mengua de 52 millones de euros en las transferencias del Estado por efecto de la crisis económica, el arrastre del déficit de ejercicios anteriores, con Lipasam y Tussam prácticamente en quiebra y sin apenas poder incrementar la capacidad recaudatoria municipal porque roza, cuando no aplica ya, los tipos máximos impositivos que le permite la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La asfixia económica en que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla un decenio después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía es tal que él mismo ha anunciado que peligran algunos servicios municipales, y ello pese a que el Consistorio socialista ha exprimido casi al máximo las posibilidades recaudatorias que le otorga la ley y a que los sevillanos son, comparativamente, los habitantes de las grandes ciudades españolas que más impuestos pagan por ser propietarios de una vivienda.

El sevillano que haya tenido la sabia precaución de archivar los justificantes de pago de sus impuestos podrá comprobar que desde el ejercicio del 2000, el primero en que entraron en vigor unos Presupuestos Municipales con Monteseirín como alcalde, hasta el año 2009 el recibo del IBI se le ha incrementado en un 90% en números redondos.

La base imponible de este impuesto es el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando Hacienda autoriza su revisión, la base imponible sube en un 100% y el incremento se aplica gradualmente durante un decenio, a razón de un 10% anualmente. El 2010 será el último año de aplicación de la subida (el 10% restante) para completar la duplicación del coste del recibo.

Morosos y multas

Ahora bien, los tipos impositivos del IBI pueden ser incrementados o reducidos por los Ayuntamientos en los supuestos y dentro de los límites fijados por la ley reguladora de las Haciendas Locales. La norma permite aplicar un tipo impositivo sobre la base imponible que oscila entre el 0,4% y el 1,1%. El Ayuntamiento de Sevilla aplica un 0,847% desde el año 2002. Otros ayuntamientos, como el de Cádiz, han logrado una congelación práctica del IBI a través del tipo impositivo aplicable.

En la delicada situación financiera en que se halla el Consistorio sevillano, a Monteseirín aún le queda un último pero impopular recurso: incrementar el tipo impositivo del IBI hasta ese máximo legal permitido del 1,1%, lo que supondría un nuevo ‘catastrazo’ en el bolsillo de los sevillanos.

Consciente del efecto electoral ‘boomerang’ que podría tener esta hipotética medida de urgencia para el PSOE en las elecciones municipales de 2011, Monteseirín ha dado orden a la Delegación de Hacienda de que haga lo imposible por cobrar los 45 millones de euros que en conjunto adeudan millares de contribuyentes al Ayuntamiento por diversos conceptos desde hace 15 años, pese a que la Oposición estima que muchas de esas deudas han prescrito.

Otra de las medidas para engrosar como sea las arcas municipales es incrementar en lo posible las multas por infracciones de tráfico y, en especial, por aparcar en doble fila. El famoso coche ‘ponemultas’ y el comando especial de la Policía Local denominado ‘Blackberry’, por haber sido equipados con tecnología de última generación para imponer sanciones con la mayor fiabilidad y celeridad, son dos exponentes de la nueva política municipal, que está dando sus frutos. En tan sólo dos años, el Ayuntamiento ha pasado de recaudar 2,5 millones de euros por sanciones a los automovilistas a 11,3  millones de euros: casi cinco veces más.

Topes máximos

Otra de las opciones que tiene el alcalde de hacer más caja es sello del coche. Se trata de un impuesto directo y real que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica de cualquier clase y categoría, aptos para circular por las vías públicas. La ley de Haciendas Locales fija un cuadro de tarifas en función de la potencia fiscal y clase de vehículo. Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas fijadas en dicho cuadro aplicando unos coeficientes en función de la población de derecho de su municipio. El coeficiente máximo en el caso de Sevilla es el 2% y el Ayuntamiento ya aplica un 1,82%, por lo que el margen de maniobra que le queda es muy escaso.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el aumento de valor que los terrenos urbanos hayan experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, siempre que tal aumento se ponga de manifiesto como consecuencia de su enajenación o de la limitación de su dominio, ambas a título oneroso o lucrativo.

La base imponible es el incremento del valor de los terrenos, que se calcula aplicando sobre el valor catastral del suelo en el momento del devengo un porcentaje a fijar por cada Ayuntamiento que varía en función de la población de derecho del Ayuntamiento y de los periodos de revalorización de los solares, y que se sitúa entre un mínimo del 2 por 100 y un máximo del 3,7 por 100. Sobre esta base se aplica un tipo impositivo fijado por cada Ayuntamiento cuyos límites oscilan también en función de la población de derecho del municipio entre un mínimo del 16 por 100 y un máximo del 30 por 100. Pues bien, el Consistorio sevillano ya aplica el tope máximo.

El  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tiene un carácter indirecto y  grava la realización dentro del término municipal de aquellas actividades enunciadas en su denominación que requieran licencia municipal, haya sido expedida o no ésta. La base imponible está formada por el coste de la operación gravada. El tipo impositivo básico es del 2 por 100, incrementable por los Ayuntamientos hasta un máximo del 4 por 100 en función de la población de derecho del municipio. En este caso, la Corporación hispalense también aplica el máximo permitido por la ley.

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de carácter directo,  se exige por el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. La cuota tributaria resulta de aplicar las tarifas del Impuesto. Las tarifas mínimas se aprueban por Real Decreto y sobre ellas los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente en función de la población de derecho del municipio, e independientemente pueden aplicar una escala de índices que pondera la situación del local comercial en función de la categoría de la calle en la que radique. En Sevilla hay recargos por cinco categorías de vías públicas y el Ayuntamiento ha fijado también el máximo legal, por lo que carece de margen de maniobra.

Con este panorama, al Consistorio sólo le queda prácticamente incrementar ingresos por la vía de las tasas municipales (hay 29), un método tampoco muy popular, ya que el contribuyente percibe con nitidez el efecto de las subidas en su bolsillo.

LOS ‘AGUJEROS’ CONDICIONAN

EL PRESUPUESTO DE 2010

Los Ayuntamientos presididos por Monteseirín baten records de retraso en la aprobación de los Presupuestos. Los del año 2009 vieron la luz en abril con la excusa del Plan ‘E’, aunque ello no fue óbice para que corporaciones de otras grandes ciudades beneficiarias también del plan de reactivación de Zapatero los tramitaran en tiempo y forma. Igual está ocurriendo este año, ya que se prevé que las cuentas municipales no se aprueben hasta la primavera, máxime cuando la Delegación de Hacienda deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar los números.

El problema de fondo radica en que los gastos de la Corporación son más o menos fijos (más bien más que menos) mientras que los ingresos son variables y dependen en buena medida de las transferencias estatales. El punto de partida son 52 millones menos de dinero aportado por el Gobierno de la nación por causa de la crisis y la caída de recaudación en las arcas del Estado.

Siguiente hándicap: el Ayuntamiento arrastra un déficit de 87 millones de euros del ejercicio de 2008 y la Ley le obliga a realizar un plan de saneamiento para reducirlo en el plazo de tres años, ya que en caso contrario quedaría bajo la tutela económica de la Junta de Andalucía. Así pues, en los Presupuestos de 2010 debe ahorrar un tercio de ese déficit: 29 millones de euros.

Se estima que por el hundimiento del sector inmobiliario, la Hacienda municipal podría dejar de ingresar unos 7 millones de euros por los impuestos relacionados con el mundo de la construcción y las plusvalías de los terrenos.

Y, por ende, el Ayuntamiento deberá afrontar los déficits generados por las empresas municipales. Tussam podría acabar el ejercicio 2009 con un ‘agujero’ superior a los 50 millones de euros, y Lipasam tiene pendiente de ejecución un plan de saneamiento por unos 30 millones. En esta senda de pérdidas se hallaría ya Giralda Tv, que precisaría de una financiación añadida de 1,5 millones de euros.

En esta situación de caída general de ingresos y arrastre de déficits, a la Corporación sólo le queda recortar gastos allí donde pueda. La primera víctima del tijeretazo municipal ha sido la Real Orquesta Sinfónica: mientras las demás Administraciones mantendrán sus aportaciones para el año 2010, el Ayuntamiento ha recortado su contribución a una de las señas de identidad culturales de la ciudad.

Dimite la directora general de Agesa

La directora general de Agesa se va

tras el desembarco de la Junta en

la firma heredera de la Expo

Pilotó durante 18 años toda la transición post-92 junto a cinco presidentes de distinto color político

Alicia Ruiz Badanelli, directora general de Agesa, la sociedad creada por el Estado para la gestión de los activos de la Exposición Universal de Sevilla, ha dimitido de su cargo y ha pedido el reingreso en la Cámara de Cuentas, a cuyo cuerpo de auditores pertenece.

El Consejo de Administración de la empresa conoció ayer oficialmente esta renuncia voluntaria. A nadie se le escapa en la isla de la Cartuja la circunstancia de que la marcha de Ruiz Badanelli se produce tras el desembarco en la sociedad pública de la Junta de Andalucía, a la que Agesa fue transferida antes del verano por el Gobierno de la nación como parte del pago de la denominada ‘deuda histórica’.

Tras pasar a manos del Gobierno andaluz, ha cambiado su denominación por la de Empresa Pública de Gestión de Activos, adscrita a la Consejería de Hacienda. La nueva titular de Agesa es la propia consejera, Carmen Martínez Aguayo, lo que implica la marcha efectiva a Madrid de su antecesora, Carmen Rodríguez Ares, desde este mes de octubre. Se deshace así, pues, el último equipo directivo que ha tenido la compañía  bajo la dependencia del Gobierno central.

Después del acuerdo de liquidación definitiva de la ‘deuda histórica’ mediante el pago con solares y el traspaso de Agesa, el objetivo de Martínez Aguayo consiste en facilitar la futura fusión de la heredera de la Expo con otra empresa patrimonial de la Junta, Sogefinpa, y que no arroje pérdidas, ya que fue presentada por los socialistas ante la opinión pública como la ‘joya de la corona’ para tratar de justificar su aceptación en pago de la deuda por Zapatero.

En su momento, el PSOE (A) hizo hasta una campaña de propaganda en la que destacaba los supuestos elevados dividendos que Agesa aportaría a las arcas de la comunidad, que llegó a cifrar en unos 9 millones de euros anuales. Sin embargo, los buenos resultados económicos de los últimos años se han debido fundamentalmente a ingresos de carácter extraordinario. Así, los 6.706.000 euros de  beneficio de 2008 se han convertido en 4.186.000 en 2009 con la actividad ordinaria (alquiler de inmuebles y venta de servicios) de la empresa.

El nuevo Consejo de Administración tiene una composición similar al de Sogefinpa, integrado por la plana mayor de la Consejería, con Martínez Aguayo al frente. La consejera había nombrado como director-gerente a Adolfo García Fernández en detrimento de Ruiz Badanelli, auténtica memoria viva de la Expo y persona de confianza a lo largo de 18 años de los cinco presidentes que, tanto con Gobiernos del PSOE como del PP, ha tenido anteriormente la sociedad.

En este periodo de tiempo, Agesa ha liquidado el crédito multidivisas con el que se afrontó el pasivo de la Muestra Universal, resuelto infinidad de pleitos jurídicos heredados del 92 y rentabilizado los activos del Estado en la isla de la Cartuja, hasta el punto de que al cierre de 2009 había logrado un 89% de ocupación de los 78.000 m2 que ofrece en alquiler. La empresa tiene un patrimonio de 153.726 m2 de edificaciones y de 71.916 m2 en parcelas.

Alicia Ruiz Badanelli es, además de auditora de la Cámara de Cuentas de Andalucía, vicedecana del Colegio de Economistas de Sevilla, y ha sido miembro del Consejo de Administración de Cartuja-93 y la sociedad Estadio Olímpico, así como profesora asociada de la Universidad Hispalense.