La imagen del delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, como alcaldable del PSOE en la carrera por la probable sucesión de Monteseirín ha quedado seriamente afectada a cuenta de la polémica por la presunta usurpación de una caseta municipal que habría realizado su correligionario, compañero de gobierno municipal e íntimo amigo, Alfonso Mir. Celis ha cometido durante la polémica todo un catálogo de errores, impropios de quien es considerado el ‘delfín’ del alcalde y por tanto aspirante a regir los destinos una ciudad como Sevilla.

Celis se ha mostrado ante la opinión pública como  un gobernante imprudente al poner en diversas ocasiones la mano en el fuego por el delegado de Convivencia y Seguridad con declaraciones de apoyo a su actuación en el caso de la caseta sin esperar siquiera a que concluyera la investigación abierta por la Delegación de Fiestas Mayores, la cual acabó determinando que la caseta era de titularidad municipal y no propiedad del edil socialista y de su familia, como este último viene sosteniendo de forma numantina pese a todas las evidencias, el propio informe de Rosamar Prieto y el testimonio de Antonia Jiménez, la trabajadora que en nombre del Servicio de Limpieza de Escuelas la solicitó en el año 1989.

Un político prudente habría esperado al menos a que concluyera la investigación que estaba en curso para realizar cualquier pronunciamiento público. Si Celis apuesta por alguien que presuntamente ha cometido irregularidades de amplio eco social además, ¿qué confianza suscitaría como alcalde a la hora de elegir a sus colaboradores?

El segundo error de Celis fue no inhibirse en el caso pese a ser parte interesada en calidad de socio de la caseta presuntamente usurpada por Mir y ocultar tal condición ante la opinión pública. El delegado de Urbanismo se enfangó en el caso al actuar más como miembro de la peña de Mir y amigo personal del delegado de Convivencia y Seguridad que como un responsable del gobierno local, del que además ejerce como portavoz y por tanto es su cara ante los sevillanos.

Celis cometió otro error al implicarse personalmente en el escándalo saltando a la palestra en vez de dejar que fuera la responsable del área afectada, Rosamar Prieto en su calidad de delegada de Fiestas Mayores, la que actuara de pararrayos y se pusiera delante de los focos. El ‘delfín’ de Monteseirín se mostró así como un político demasiado impulsivo e irreflexivo al bajar a la arena a las primeras de cambio. De esta manera, la polémica ascendió hasta la portavocía del grupo municipal socialista, sin que la Delegación de Rosamar actuara de dique de contención. Celis ha acaparado las cámaras y los titulares, con lo que ha acabado a la altura del propio Mir y como coprotagonista del caso. No se ha puesto a cubierto en absoluto.

El aspirante a alcalde de Sevilla ha demostrado también falta de conocimiento técnico al sostener que las Ordenanzas municipales recogían la posibilidad de cambios de ubicación de casetas, una práctica que se hace bajo cuerda pero que no está contemplada en la normativa. Un gobernante no puede ser cogido en tales renuncios por el afán de aparentar saberlo todo. Este error ha sido otra de las consecuencias de haber invadido el área de Fiestas Mayores para no cederle protagonismo a la edil responsable de la misma.

Por último, Celis ha demostrado falta de reflejos políticos tras el informe de la Delegación de Fiestas Mayores en que aclaraba el carácter municipal de la caseta ‘de’ Alfonso Mir, de la que es socio. El ‘delfín’ de  Monteseirín dice que exigió en su día a Mir que expulsara como socio a Fernando Mellet tras conocerse su implicación en el caso Mercasevilla.

Al estallar el escándalo de la presunta usurpación de la caseta por el delegado de Convivencia y Seguridad, Celis podría haber reaccionado anunciando que dejaba en suspenso su afiliación a la caseta en tanto no se aclarara definitivamente la polémica por la titularidad de la misma. Sin embargo, primero trató de negar la evidencia de su condición de socio al declarar que no lo era “en el estricto sentido del término”, sino únicamente para la semana de la Feria, como si las efímeras casetas permanecieran en el Real a lo largo de todo el año y no solamente durante los días de la fiesta primaveral. A su manera, el delegado de Urbanismo presentó las casetas como si pudieran ser objeto de la figura turística del ‘time sharing’  o ‘tiempo compartido’, en que uno puede comprar el uso de un apartamento durante sólo un periodo de tiempo al año.

Celis es socio de pleno derecho de la caseta de Mir a la luz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2008 que revocó otra anterior del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 en el caso de la caseta ‘Chóferes municipales’. La Audiencia condenó a los titulares administrativos a inscribir como socias de pleno derecho a diez personas que habían venido pagando previamente una cuota anual y contribuido por tanto al mantenimiento y montaje.

La Audiencia explica que la Feria de Abril funciona gracias a unas normas administrativas junto a un «importante componente consuetudinario que ha ido generando una tradición consolidada». En virtud de ella, «el funcionamiento de una caseta de Feria, con la sola integración del titular administrativo, carecería del atractivo tradicional que es propio de esta clase de festejos tan arraigados en la historia y costumbre sevillanas».

Para enredar aún más la madeja, prolongar más en el tiempo una polémica que sólo puede perjudicarle y externalizar una decisión que sólo le corresponde a él, Celis ha propuesto que para su tranquilidad personal y porque se està poniendo en entredicho su honestidad personal el Ayuntamiento investigue “si es legal que cualquier persona que sea socia o está cometiendo alguna irregularidad o ilegalidad que aconseje no renovar su vinculación con esa caseta” (sic).

La explicación de Celis de que entró en la caseta por invitación de su íntimo amigo Alfonso Mir y sin ser consciente de que exisitiera ninguna anomalía en el procedimiento administrativo de concesión es plenamente convicente, pues haber reconocido lo contrario lo haría cómplice de la presunta irregularidad. A partir de ahí, lo inexplicable es que el ‘delfín’ del alcalde necesite que le hagan un informe municipal para ver si renueva o no su vinculación con la caseta. Su último error, por el momento, es justamente su indecisión.