La Junta de Andalucía estima que la deuda acumulada desde 2009 por no contribuir al déficit de explotación es de unos 140 millones de euros
El gobierno local de Sevilla, que preside el popular José Luis Sanz, ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Orden dictada el pasado 8 de septiembre (2025) por su correligionaria Rocío Díaz, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, en virtud de la cual le exige el pago de la deuda correspondiente a la anualidad de 2024, en periodo voluntario, derivada del convenio sobre la línea 1 del Metro.
El Gobierno andaluz lleva años tratando, infructuosamente, de cobrar a los ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache por los gastos de explotación de la línea 1 del Metro. Invoca para ello el convenio de colaboración que dichas corporaciones locales suscribieron con la Junta de Andalucía el 10 de julio de 2002 para la construcción y puesta en servicio de la Línea 1 interurbana Metro de Sevilla.
Según los términos del convenio, la Junta de Andalucía se comprometió al pago del 75% del déficit de explotación de la línea, y los cuatro ayuntamientos, al pago del 25% restante. Sin embargo, casi un cuarto de siglo después se mantiene una pugna jurídica entre todas las partes, sobre todo después de que hace más de un decenio tanto el Ayuntamiento de Sevilla como el de San Juan de Aznalfarache lograron de forma independiente un fallo a su favor de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra un intento similar de cobro por parte del Gobierno andaluz, cuando aún estaba en manos del PSOE.
El TSJA falló que el convenio de colaboración suscrito entre la Junta y los cuatro ayuntamientos tiene «fuerza vinculante hasta en tanto no se declare bien su invalidez o bien su ineficacia sobrevenida», habiendo quedado demostrado en el expediente que las decisiones sobre el proyecto fueron tomadas «unilateralmente sin participación del Ayuntamiento (en el caso del de Sevilla), afectando a los principios de igualdad, cooperación y lealtad institucional que debería haber regido la relación convencional».
En resumen, TSJA estimó el recurso del Ayuntamiento de Sevilla durante el mandato del también popular Juan Ignacio Zoido al considerar que la resolución impugnada había sido dictada por «órgano incompetente», por lo que decidió la anulación del acto administrativo recurrido.
En este casi cuarto de siglo desde la firma del convenio la Junta de Andalucía estima que sólo el Ayuntamiento de Sevilla acumula una deuda por impago de las liquidaciones anuales del orden de 140 millones de euros, deuda que el Consistorio hispalense no reconoce. De hecho, el gobierno local de José Luis Sanz ya decidió interponer otro recurso contencioso-administrativo contra otra Orden similar de la misma consejera de Fomento, Rocío Díaz, fechada el 21 de noviembre de 2024.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una estación de la línea 1 de Metro, cuyo déficit de explotación enfrenta a ambas administraciones
La interpretación del convenio y de la sentencia del Tribuna Superior de Justicia por parte de la Consejería es totalmente opuesta a la del Ayuntamiento. En respuesta a una pregunta a tal efecto de Dº de Sevilla, Fomento sostuvo que el convenio del Metro de Sevilla no se ha extinguido, sigue vigente, y por ello deben liquidarse las cantidades adeudadas, como así dicta el gabinete jurídico de la Junta.
Según el Departamento de Rocío Díaz, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sólo detectó un defecto de forma a la hora de reclamar la deuda, «pero no afirma en ningún momento que no exista ni que deban eludir de la obligación del pago”.
La Junta reveló que había presentado una requerimiento sobre los pagos pendientes de la Línea 1 del Metro, “que corresponden al 25% del déficit tarifario del servicio. Sólo ha reclamado -afirmó Fomento. lo que se pactó en el convenio de 2002, en el que el Ayuntamiento de Sevilla se comprometió a asumir esas partidas anuales”.
La Consejería confirmó que “desde su puesta en servicio (de la línea 1 del Metro) en 2009, la Junta de Andalucía ha asumido en solitario estos pagos pese a que por convenio los ayuntamientos debían contribuir con aportaciones anuales, fundamentales para su sostenibilidad, a su financiación. No es la primera vez que se piden esos pagos a los ayuntamientos, aunque, hasta la fecha, no se haya abonado un solo euro a la administración autonómica”.
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