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El modelo de Navidad de Sevilla

Buena parte de los debates en Sevilla, que emergen y se sumergen como el Guadiana e independientemente de la época del año, versan sobre las fiestas que se celebran en la ciudad: si la Preferia debe ser considerada Feria o no; si debe haber una segunda ‘Madrugá’ en la Semana Santa y, ahora, si puede haber Navidad sin el  ‘mapping’ y sin el alumbrado de colores que caracterizaron la etapa de Zoido en el Ayuntamiento, los cuales ha decidido someter a revisión por su elevado coste y problemas de seguridad.

El mero anuncio ya ha alimentado el argumento de que Espadas liquidará la Navidad según Zoido al igual que ya ha liquidado el modelo urbanístico de su predecesor al tumbar el convenio con Altadis, el puente en la Cartuja y el gran centro comercial que nunca existió en la Gavidia.

Poco podía imaginar el entonces primer teniente de alcalde y portavoz del grupo municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que una frase suya pronunciada a la ligera y luego convenientemente amplificada -y hasta tergiversada- sobre que aquel año pondría alumbrado de solsticio de invierno  al presentar la iluminación de la Navidad, acabaría convirtiendo la celebración por excelencia de los cristianos en un motivo de conflicto político que sería aprovechado por el PP para tratar de patrimonializar la conmemoración y poco menos que reinventarla.

EL SOLSTICIO

El solsticio de invierno es el momento en que la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia del ecuador , hecho que suele acontecer en una franja estimada entre el 21 y el 23/24 de diciembre en el hemisferio Norte, y en fechas equivalentes del mes de junio en el hemisferio Sur. Como consecuencia, en nuestro hemisferio (Norte) acaece la noche más larga del año, con todo lo que en las primitivas creencias se asociaba a la oscuridad, pero una vez alcanzado ese momento crítico, empieza de inmediato el proceso de alargamiento de las horas de luz hasta el mes de junio, para a continuación menguar hasta diciembre, y así repetirse el ciclo anualmente.

El solsticio de invierno tenía en los pueblos antiguos y paganos un significado especial, como el del tránsito de la muerte (la noche más larga) a la vida (la luz), en lo que sería un volver a nacer, un renacimiento. Historiadores sostienen que, de forma inteligente para ganarse la adhesión de los pueblos paganos, la Iglesia, sobre todo a partir del calendario juliano, situó el nacimiento de Cristo en torno al solsticio de invierno, para equiparar así la Navidad al nacimiento de la luz y al final de las tinieblas nocturnas.

CONFLICTO ECONÓMICO

Torrijos, de ideología comunista, no pudo compendiar en una frase toda esa compleja explicación histórico-religiosa. Por aquel entonces era también el delegado responsable del alumbrado navideño, y su afán por ahorrar energía colocando bombillas tipo LED de incipiente desarrollo pero menos deslumbrantes en principio que las tradicionales, y que los comerciantes del Centro contribuyeran con más dinero a su financiación, se convirtieron en campo abonado para que sus palabras fueran ‘traducidas’ a un supuesto propósito de celebrar una Navidad poco menos que atea y sin motivos cristianos en el alumbrado: cristales de nieve, renos, abetos, figuras geométricas….

Por eso, una de las formas que empleó Zoido cuando llegó al Poder para desmarcarse de la etapa de Monteseirín y Torrijos -derogación del Plan Centro aparte- fue dar el máximo realce posible a la Navidad, en contraste con la ‘pobreza’ (en vez de ser considerada como un ahorro energético) lumínica del alumbrado impulsado por el portavoz de IU.

Esa intención manifiesta quedó explícita en el lema ‘En Sevilla se llama Navidad’, y en el derroche de luces de colores (sin que los que antes protestaban por la ausencia de motivos cristianos alzaran entonces la voz) y la importación del ‘mapping’, proyecciones tridimensionales para un público masivo que generalmente por razones publicitarias (por ejemplo, un lanzamiento de Vodafone) se habían celebrado con éxito de público, por su espectacularidad, en ciudades extranjeras y en Madrid.

PATROCINIOS PRIVADOS

Para tratar de justificar estas proyecciones, al coste de unos 300.000 euros, en tiempos de gravísima crisis económica y en una ciudad que en diciembre de 2011 tenía 81.135 parados, Zoido argumentó que no costarían nada al erario público porque serían patrocinadas por empresas privadas en su totalidad. Sin embargo, ya el año pasado la empresa municipal Emasesa tuvo que salir en auxilio del alcalde y desembolsar 200.000 euros para cubrir la diferencia ante la falta de suficientes patrocinadores.

Y aunque la situación económica general parece haber mejorado, en Sevilla hemos pasado de aquellos 81.135 parados de la primera Navidad de Zoido a 84.127 el pasado mes de agosto. En este contexto socioeconómico, el nuevo gobierno entiende que el mantenimiento del ‘mapping’ sólo se justificaría por su patrocinio privado al 100%, sin que hasta ahora los sectores más beneficiados por la masiva afluencia de público al Centro en los días de proyecciones (hoteleros, hosteleros y comerciantes) hayan dado un paso al frente, por más que el PP estime en un 8% el incremento de sus ventas en esas fechas y el presidente de los hosteleros dijera en su día que estaban dispuestos a financiar “no una, sino tres Copas Davis en Sevilla”.

CENTRO Y BARRIOS

El segundo elemento en cuestión es el coste del alumbrado navideño y su distribución por la ciudad. Zoido dejó atado el contrato por dos años más, por lo que el gobierno de Espadas se ve obligado a gastar 500.000 euros, de los que 110.000 los va a aportar una aseguradora por colocar un árbol con las letras de su marca en la Puerta de Jerez y el resto, 390.000, el Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo.

Con este dinero se van a iluminar al menos 169 calles de forma obligatoria, de las cuales 70 (el 41,42%) están en el Centro. El grupo político Participa ya ha subrayado que entre el Centro y Los Remedios acaparan el 52% del presupuesto navideño, mientras que al distrito Este, con casi el doble de población, sólo se le asigna el 3%, por lo que a su juicio el mapa del alumbrado navideño no es más que una trasposición del mapa de las desigualdades existentes en la ciudad, con la agravante de que quien las mantiene en este caso es el propio Ayuntamiento.

El debate que plantea Participa es similar al que hace un decenio quiso abrir Torrijos al querer cambiar el modelo de concentración de la iluminación navideña en el Centro histórico para extenderlo a la periferia, aunque cometió un error marketiniano al hablar de solsticio de invierno en vez de Navidad.

 

La madeja de IU

En la campaña para las elecciones municipales del año 2003, Monteseirín, que aspiraba a la reelección como alcalde y que durante el mandato anterior se había visto sometido al ‘abrazo del oso’ de los andalucistas del PA como incomodísimos socios de gobierno, repitió una y otra vez una frase/lema -se dice que inspirada por José Caballos- que caló en el electorado por un estado de ánimo y opinión abonado para otorgarle credibilidad: “el urbanismo bajo sospecha”.

Dado que era la época del ‘boom’ inmobiliario y de los pelotazos urbanísticos en la ciudad, propiciados por las recalificaciones de suelo, y que la Delegación de Urbanismo era el gran coto privado del PA en aquel gobierno de coalición, la acusación genérica y sin pruebas concretas lanzada por el alcalde-candidato fue clarísimamente interpretada por los electores como dirigida contra los andalucistas en exclusiva y pese a que Monteseirín era el máximo responsable del Ayuntamiento y de aquella coalición. La frase hizo fortuna y el PA se hundió en los comicios.

Algo más de un decenio después, no es sólo un departamento como entonces la Gerencia de Urbanismo el que está bajo sospecha, sino todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, después de que en el sumario de la operación Madeja la juez Alaya haya acusado a PSOE e IU de financiarse en Sevilla entre 2003 y 2011 mediante, supuestamente,  sobornos pagados por la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones de contratos (entre uno y siete millones de euros el primero y 155.000 euros la segunda); de que el administrador de la compañía citara la supuesta petición de Gregorio Serrano, primer teniente de alcalde, de construir gratis un parque infantil valorado en 150.000 euros para el cuartel de Montequinto,  y de que el entonces jefe del Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, exigiera presuntamente 350.000 euros para sus técnicos y para financiar la campaña del PP, extremos que todos los señalados niegan con vehemencia.

HASTÍO DE LA SOCIEDAD

Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico rige el derecho a la presunción de inocencia y a que la figura de la imputación equivale sólo a la de una investigación judicial que puede acabar en un procesamiento o ser levantada, como ha ocurrido hace unos días en el caso de varios imputados por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, el hastío de la sociedad por los reiterados escándalos de corrupción en toda España ha provocado la aplicación de una ‘política preventiva’ por parte de algunas formaciones a la hora de exigir la dimisión de los señalados por Alaya.

Y en este clima, la formación más perjudicada está siendo IU en el Ayuntamiento. Primero, porque la juez no ha imputado a ningún concejal ni cargo orgánico del PP, más allá del exedil y luego director del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña -destituido de manera fulminante por Zoido-  y un técnico como el jefe del servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores. Y segundo, porque el imputado del PSOE en la operación Madeja es Manuel Gómez Lobo, antiguo concejal de Vía Pública y responsable del distrito Macarena en la etapa de Monteseirín como alcalde pero que no volvió a formar parte de la lista electoral socialista tras la renovación acometida y el inicio de una nueva etapa con Juan Espadas, el cual ya pagó en las urnas los platos rotos por Monteseirín.

DIMISIÓN DE GARCÍA

Si IU es la que más está sufriendo las consecuencias de la operación Madeja es porque mantuvo a su vieja guardia tras haber gobernado ocho años en coalición con el PSOE, mediante la dupla Monteseirín-Torrijos, una era plagada de escándalos como el de Mercasevilla con sus diversas ramificaciones y que han acabado salpicándola de lleno.

El hasta ahora portavoz municipal de la coalición, José Manuel García, se ha visto obligado, tras los mensajes lanzados desde la dirección regional y federal, a presentar su dimisión al ser imputado por presunto fraude y cohecho en el caso Madeja. La juez le acusa, tanto a él como a Torrijos, de haber intervenido para que IU recibiera comisiones ilegales de Fitonovo por valor de 155.000 euros a cambio de la adjudicación de once contratos para la instalación de césped artificial en campos de fútbol en el gobierno anterior, cuando García era delegado de Deportes.

El problema añadido es que García había asumido la portavocía municipal tras la previa dimisión de Torrijos, que a su vez acumula tres imputaciones, por los casos Mercasevilla, Fundación DeSevilla y Madeja. Así pues, en tan sólo un año (de noviembre de 2013 a noviembre de 2014), el electorado sevillano ha asistido a la dimisión de dos portavoces de IU, Torrijos y García.

EL PEOR MOMENTO

Además, la otra edil de la coalición, Josefa Medrano, también tuvo problemas con la Justicia y llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Foxá, aunque finalmente salió absuelta. Ahora pesa sobre ella la espada de Damocles de una posible investigación judicial sobre el ERE de Altadis, por el que recibió una póliza de prejubilación. Y en la lista electoral figura otro imputado, Carlos Vázquez, en el caso del presunto desvío de un millón de euros de la Fundación DeSevilla.

De los polvos de la era Monteseirín vienen ahora estos lodos en el peor momento para IU, cuando se ve sobrepasada por la izquierda por el auge de Podemos y por nuevos movimientos como Ganemos, con el que pretende un proceso de integración en función de cómo queden preservadas sus señas de identidad.

Se integre o no, IU se ve abocada a una profunda renovación a tan sólo seis meses de las elecciones municipales por no haber sabido o querido hacerla hace cuatro años, siguiendo el ejemplo del PSOE con Espadas.

La coalición siempre ha confiado en su suelo electoral, que en el peor de los casos (año 1991) no bajó de 19.000 votos y dos concejales, pero desde su mejor resultado al margen de las primeras elecciones democráticas en la Transición (1995, con 45.416 sufragios y cuatro ediles) ha perdido el 47% de los votos y la mitad de los concejales, con la agravante de que el voto de izquierdas se puede dispersar en nuevas alternativas que antes no existían.

La presunta vinculación de la coalición o de algunos de sus representantes con el escándalo Madeja de corrupción política puede suponer un golpe de gracia para una coalición sin banquillo y sin tiempo para fabricarlo, y teniendo en cuenta el precedente del PA, que pasó de 92.417 votos, 9 ediles y estar en el gobierno municipal  a verse fuera del Ayuntamiento en tal sólo un decenio, en una purga de sus pecados políticos.

IU, sencillamente, se está jugando la supervivencia en Sevilla.

 

Torrijos: una dimisión que llega dos años tarde

Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento  de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.


Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado-  de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.

EMPUJADO

Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:

1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.

2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de lo que ocurrió en la primera. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.

3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro  para  la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.

4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.

PERVERSIÓN POLÍTICA

Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.

Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.

CONTRADICCIONES

En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar ‘Las Turquillas’, en Osuna, en julio de 2012.

Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.

Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia 100 imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.

UN PRECEDENTE

¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.

El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.

El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.

El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el ex-presidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.

Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpable.

CONDENA PREVIA

Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social Número 6 por acoso laboral a la directora de la Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.

Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.

El secreto está en la tasa

Cuenta la leyenda que Leonardo Fernández Pujals, el cual había conocido en Estados Unidos el ‘boom’ del reparto de comida a domicilio y en especial el de pizzas, se propuso emular en España aquel negocio de éxito, para lo cual dejó su cómodo puesto de directivo de una multinacional, hipotecó su casa para conseguir liquidez y empezó desde la nada las probaturas para fabricar pizzas antes de poder repartirlas.

Los niños que jugaban al fútbol en las calles del madrileño barrio del Pilar fueron sus conejillos de Indias. Les dio a probar todo tipo de combinaciones de ingredientes y sólo cuando la mayoría de ellos coincidieron en señalar la que más les gustaba de todas supo que había dado con la fórmula, la cual tradujo en un lema comercial: ‘El secreto está en la masa’. Había nacido Telepizza.

Asunción Fley, la delegada de Hacienda de Zoido que pasa por ser la dama de hierro y la ‘manostijeras’ municipal (por aquello de los recortes a troche y moche, salvo cuando se trata de subirle el sueldo hasta los 105.000 euros a su directora general), le ha dado un sinfín de vueltas al proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2014, para conciliar el mensaje propagandístico del alcalde de que supondrían la mayor rebaja impositiva de la historia de la Democracia con la necesidad de compensar de tapadillo y por otras vías la caída de ingresos que supondrá la congelación del IBI, previa subida del 10% en ejercicios anteriores.

Tras frustrarse, por impopular, la idea de implantar el copago policial, la oposición descubrió en el Pleno de las Ordenanzas celebrado el pasado 30 de octubre que el secreto de Fley estaba en la tasa….. de la basura, en la Ordenanza reguladora de la recogida de residuos. Así, se suscitó un debate entre lingüístico y técnico, de esos que espantan a los no iniciados, pero que justamente por la aversión que suscitan permiten que en caso de no producirse los tecnócratas como Asunción Fley, fichada para la política por Zoido, acaben camuflando sus medidas y que éstas no se perciban hasta que sus consecuencias no se hacen evidentes, ya demasiado tarde.

ANÁLISIS COMPARADO

Juan Espadas, el portavoz socialista, comparó la redacción de la Ordenanza Fiscal de las Basuras de 2013 y 2014 y reparó con alarma en, sobre todo, el artículo 6º, que ahora reza así: “Constituye el hecho imponible de la presente Tasa, la prestación del servicio de recepción obligatoria de gestión de residuos urbanos que se generen o que puedan generarse, tanto en viviendas y edificaciones cuyo uso catastral sea predominantemente residencial, como en alojamientos, edificios, locales, establecimientos e instalaciones de todo tipo, cuyo uso catastral no sea residencial en los que se ejerzan o puedan llegar a ejercerse actividades comerciales, industriales, profesionales artísticas, administrativas, de servicios y sanitarias públicas o privadas”.

La diferencia esencial es que hasta ahora la tasa de la basura se cobra a viviendas y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades de cualquier tipo o sean utilizados a modo particular por el contribuyente, sea empresario, profesional o un simple vecino sin más, y que a partir de ahora, conforme a esta nueva redacción del artículo 6º la tasa de basura se cobrará tanto por la actividad que se realice en los locales comerciales, profesionales, industriales…. (en suma, los no destinados a vivienda o uso residencia) como por la actividad que pueda llegar a ejercerse en los mismos.

La conclusión es obvia: un local comercial o destinado a usos profesionales (despacho de abogados, por ejemplo) o de cualquier tipo que no sea para vivienda particular pagará la tasa de la basura aun cuando esté vacío; aun cuando no se desarrolle ninguna actividad en el mismo, ya que se grava por igual que allí no haya una actividad de tipo económico y esté ocupado por personas que generan residuos que deba recoger Lipasam como el hecho de que en un futurible pueda ser alquilado o comprado para instalar un nuevo negocio, ya que por definición un local que no es vivienda es porque va a ser utilizado de forma no residencial.

LA TESIS DE FLEY

La delegada de Hacienda sostiene que no ha cambiado nada, lo cual no se compadece entonces con la necesidad de haber modificado ocho artículos de la Ordenanza de 2013 y una decena de tarifas, sino que sólo se produce una especie de afinación en el criterio a la hora de cobrar la tasa: hasta hoy se tenía en cuenta la solicitud de alta que realizaba el promotor del negocio o el propietario del local comercial, pero con la nueva Ordenanza se toma como referente los datos del Catastro, el cual refleja la categoría del local, si es para uso residencial o no residencial. Con esta medida, según Fley, se simplifican los procedimientos y se combate mejor el fraude fiscal.

La delegada sostuvo en el Pleno que el servicio de recogida de basuras por Lipasam se sigue prestando, con independencia de que un negocio se haya cerrado o no, lo cual justificaría, a su juicio, la polémica redacción del artículo 6º.

La tesis de Asunción Fley no parece muy consistente: los camiones de Lipasam siguen pasando por la calle donde se haya clausurado un negocio y por tanto el local comercial está ya vacío, pero los operarios no recogen ninguna basura procedente de los mismos ni cajas vacías de cartón, no le prestan ningún servicio técnicamente hablando, sencillamente porque el comerciante o el profesional ya ha echado el cierre por la crisis y lo único que queda es un cartel sobre la luna del escaparate o en la puerta con el anuncio de ‘se vende’ o ‘se alquila’. Los centenares de locales afectados por el cerrojazo seguirán generando derechos de cobro de la tasa de basura para Hacienda aunque no generen ninguna renta para sus propietarios, los cuales en muchos casos han invertido en ellos los ahorros de toda una vida.

¿Y cuánto le puede costar al dueño mantener vacío, no precisamente por su voluntad sino por causa de la crisis, un local comercial? Pues en función de su superficie (de menos de 20 m2 hasta 500 m2) entre 96 euros y 1.245 euros anuales.

EL CATASTRO

El hecho imponible para el Ayuntamiento de Zoido – el mismo que hablaba de bajar impuestos, eliminar trabas administrativas y tender alfombras rojas a los inversores- ya no es el alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, sino que un local no residencial esté calificado como tan en el Catastro, esté activo o inactivo, ocupado o vacío. Da igual porque va a pagar el ‘tasazo’ de la basura, en expresión de Espadas, sólo por el hecho de que por su puerta pase el camión de Lipasam y aunque no tenga nada que recoger.

Como medida defensiva, el propietario al que se le quede vacío un local comercial podría tratar de darle de baja en el Catastro para así librarse del tasazo de Fley, pero la delegada ya ha previsto tal posibilidad y ha modificado también la Ordenanza para asegurarse seguir cobrando por la basura durante el tiempo que el Catastro tarde en hacer la modificación y hasta tanto el propietario no presente una declaración fehaciente del cambio.

El informe técnico de la Delegación de Hacienda para justificar el cambio normativo revela que el objetivo del mismo es lograr un incremento de ingresos por valor de 2,184 millones de euros, lo cual permitirá “la financiación -puede leerse- de las bajadas previstas en los impuestos de plusvalía, ICIO e IAE, los beneficios fiscales otorgados en materia de fomento del empleo y hacer  frente a la financiación suficiente por la congelación generalizada de tasas  y precios públicos”.

COMPENSACIONES

Salta a la vista: Fley compensa por un lado con nuevos ingresos, en este caso por el ‘tasazo’ de la basura a los locales vacíos, las rebajas que por el suyo anuncia Zoido, aunque ello suponga una incoherencia para la ideología del PP y una increíble aproximación a las tesis de Izquierda Unida sobre la propiedad privada.

Las malas lenguas dicen que Torrijos no sufrió una lipotimia por el exceso de calor y la fatiga en el último Pleno municipal, sino por la emoción que le produjo comprobar el desplazamiento de Zoido hacia la izquierda en el espectro político: IU propuso antes del Pleno que se gravaran las viviendas vacías; el PP ha empezado por aprobar el ‘tasazo’ a los locales vacíos.

Como decía Fraga, la política hace extraños compañeros de cama.

 

Distritos

Un edil del PP fue reconvenido en un Pleno, no recuerdo si por Torrijos, por decir Distrito La Palmera-Bellavista en vez de al revés, conforme a la denominación oficial “tras el trabajito -dijo el concejal de IU- que había costado”. Desde las Ordenanzas Municipales del 16-09-1919, las calles se numeran partiendo desde el acceso más próximo al antiguo centro, hoy la calle José Gestoso. Por tanto, conforme a la tradición y la geografía (proximidad no sólo al centro, sino también al Norte, punto cardinal de referencia universal), habría que citar como primer componente de cada distrito compuesto el barrio más cercano a José Gestoso y no el más lejano. La excepción es Bellavista-La Palmera, donde se ha invertido el orden por imposición de PSOE e IU: ha primado la ideología (el barrio de izquierdas) sobre la geografía. En pura (i)lógica, el gobierno local debería cambiar el nombre de los restantes distritos. Así, para ser políticamente correctos, pasarían a llamarse Torreblanca-Alcosa-Este, Santa Justa-San Pablo y Amate-Cerro. ¿No le parece a usted, Zoido Juan Ignacio?

 

BBC

El título no se refiere a la British Broadcasting Corporation, la Radiotelevisión británica, sino al calificativo de Torrijos a Zoido por el segundo aniversario de la apabullante victoria electoral que, con 20 ediles, le llevó a la Alcaldía: “un alcalde de bodas, bautizos y comuniones”. Espadas ha abundado en la misma idea al decir que Zoido no tiene agenda de gobierno, sino agenda social, por estar en todas las fiestas con tal de salir más en las fotos que en su época Gregorio Conejo, apodado el inevitable. Ignoro si Zoido es consciente de la imagen pública que está proyectando aunque sea por un afán de agradar a todo el mundo y no parecer descortés, pero lo cierto es que ha devenido en personaje fijo de la Sevilla del canapé y hasta ha llegado a cortar la cinta inaugural de un bar. ¿Se imaginan eso mismo en el alcalde de Barcelona, por ejemplo? En el ecuador de su mandato, Zoido debe reflexionar sobre si no está dando pie a que Torrijos le diga eso de “alcalde BBC” y a que la gente piense que es más fácil verlo en cualquier sarao antes que en el Ayuntamiento.

 

Farol (as)

Tras las sentencias del Tribunal Supremo que ratifican el carácter no urbanizable de Tablada, Torrijos, con memoria de elefante, le ha recordado a Zoido su promesa de que él resolvería la cuestión de la dehesa en 15 días. Tiro de hemeroteca y entresaco una entrevista que le hicieron al alcalde en El Correo tan sólo cuatro días después de su toma de posesión y donde le mentaron lo mismo que ahora el portavoz de IU. He aquí su cuca respuesta: “Sí, pero yo estableceré cuándo empiezan a contar los 15 días. Hay otras prioridades, otros problemas. Si alguien quiere hacer ver que Tablada es una prioridad, le digo que no lo es. Como tampoco lo es cambiar farolas del Centro”. El alcalde que iba a poner a funcionar la ciudad como un reloj suizo se dedica a hacer trampas con el cronómetro a su conveniencia y acaba por contradecirse a sí mismo, ya que ha aprobado un gasto de 150.000 euros para sustituir las farolas del proyecto ‘La piel sensible’ pese a no ser -y menos en tiempos de crisis- una prioridad para él. En el Centro cambia las farolas y en Tablada iba de farol.

El ladrillo nunca duerme

Apenas conocerse las dos sentencias por las que el Tribunal Supremo ha desestimado las pretensiones del consorcio dueño de Tablada y ratificado su condición de no urbanizable, Torrijos instó a Zoido a que convocara a los portavoces de los grupos municipales y, después, a “todas las partes interesadas” para explorar posibles soluciones sobre la base de que el precio de los terrenos se valore como suelo rústico y no como urbanizable para, se presupone habida cuenta de su política al respecto cuando era socio de Monteseirín en el gobierno, avanzar en su idea de la expropiación con el fin de convertir la dehesa en un parque periurbano.

Recapitulemos. Primer concepto básico: Tablada siempre ha estado calificada como No Urbanizable. Prohibición de construir. Así lo disponía el PGOU de 1987 y así lo ratificó el Plan vigente, aprobado en 2006.

Los poderes fácticos de la ciudad, con sus habituales connivencias políticas, creyeron fácil cambiar con el devenir del tiempo esta calificación urbanística, por todo el enorme negocio que supondría. Por eso, las ya extintas Cajas sevillanas, El Monte y San Fernando, le compraron la dehesa, contra el derecho del pueblo de Sevilla al que debió haber revertido, al Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros.

Tres años después, en pleno ‘boom’ inmobiliario, le dieron el pase al consorcio Tablada-Híspalis, un ‘pool’ de inmobiliarias y constructoras como Osuna, Sando, Noriega, Arenal 2000…. a cambio de 82 millones. A continuación, el consorcio, que no podía decirse engañado por el carácter rústico, inundable y no urbanizable de los terrenos que compraba, las valoró en libros en 210 millones de euros sin haber puesto un solo ladrillo. Así se gestan los pelotazos inmobiliarios.

Para tratar de justificar esta milagrosa multiplicación de los euros, se hicieron algunas transacciones de suelos entre ellas mismas a precios inflados, dando la apariencia de una cotización de mercado que era puro artificio y basada en la expectativa de lograr la recalificación.

Al no poder cambiar el Plan General, lo han intentado por la vía judicial, agarrándose a la puerta que les abrieron Monteseirín y Torrijos con su idea, un mero futurible no plasmado en el PGOU, de convertir Tablada en un parque periurbano mediante su expropiación a precio de suelo rústico, algo en lo que vuelve a insistir Torrijos.

Naturalmente, los señores del ladrillo, que se habían gastado 82 millones de euros en ese suelo rústico con la idea de multiplicar ‘ad infinitum’ cada euro llenando de pisos y más pisos Tablada (¿cuál habría sido en tal caso la magnitud del estallido de la burbuja inmobiliaria en Sevilla si se hubieran satisfecho sus pretensiones?), no han estado ni están dispuestos a entregársela al Ayuntamiento por los 7 millones de valoración realizada por este último.

Toda la batalla judicial que han mantenido en estos años y que han perdido finalmente, al menos en esta etapa (el ladrillo nunca duerme y se queda latente en espera de la próxima revisión del PGOU), tenía por objetivo que el suelo rústico fuera declarado urbanizable para propiciar así el pelotazo, de momento imposible por el estallido de la burbuja, o, como mal menor, que se incluyera dentro del sistema general de espacios libres, con adscripción al suelo urbanizable a efectos de su valoración. O sea, que los dejaran en posición de construir o de ser expropiados al precio que ellos consideren de mercado de un suelo urbanizable con tales expectativas, que ahora sencillamente se han desinflado por el crash inmobiliario. Expectativas, nulas.

Independientemente de todas las matizaciones hechas en las sentencias y de las posibilidades que abriría al justificar la condición de no urbanizable de Tablada por la inundabilidad (¿hasta allí donde alcance el agua?) pero también por la discrecionalidad política, el Tribunal Supremo rechaza las dos pretensiones del consorcio, y subraya: “En realidad es la propia entidad recurrente quien al propugnar la inclusión de los terrenos de Tablada en el sistema de espacios libres está pretendiendo que el Plan General incorpore un título habilitante para su expropiación, pues la clasificación que el instrumento de planeamiento les asigna no supone ni determina la expropiación”.

Y ahora viene Torrijos (más Espadas) y le hace el juego al consorcio Tablada-Híspalis al plantear de nuevo justamente su pretensión subsidiaria, la que en la sentencia le niega el Supremo: volver a hablar de expropiación al volver a hablar del parque periurbano.

¿Es urgente? La última propuesta conocida para la creación de un parque periurbano en la dehesa fue la elaborada hace un par de años por la Plataforma Tablada Verde y Pública, que propugna excavar allí un lago de 40 Has., dotarlo de playa fluvial al precio de 3 euros por acceso, escuela de hípica, carril-bici, parapentes, aeromodelismo, huertos…. al coste inicial estimado de 20 millones de euros y de 1,5 millones de mantenimiento anual.

En el actual escenario de crisis y recortes hasta en servicios básicos como la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte metropolitano, etcétera, es inoportuno plantear el parque periurbano en Tablada, que abriría otra vez la vía de la expropiación.

Además, desde que Monteseirín y Torrijos lanzaron esta idea se han ampliado considerablemente las zonas verdes mediante el plan de restauración hidrológico-forestal conveniado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que, con una inversión de 109 millones, ha permitido reforestar 425 Has. Las últimas, las 60 del parque del Guadaíra.

Y 425 Has. son más que las 367 de Tablada.

 

91.398

El delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo  y chico para todo de Zoido, Gregorio Serrano, dice tras conocerse los 91.398 parados de Sevilla capital en febrero que la oposición no puede exigirle responsabilidades al alcalde por esta cifra que clama al cielo porque las políticas activas de empleo son “una competencia clarísima de la Junta de Andalucía”. Y si son de la Junta, ¿por qué acusa él a Torrijos de la “desastrosa gestión en materia de empleo que desarrolló durante sus años de gobierno”? ¿Cómo iba a gestionar empleo alguno si era incompetente (sin doble sentido, aunque cada uno interprete lo que quiera)? Si son de la Junta, ¿por qué él se arroga el título de delegado municipal de Empleo? ¿Puede ser delegado de unas competencias que no tiene delegadas? Y si son de la Junta, ¿por qué Zoido prometió que sería “el alcalde del empleo”? Como hizo tal promesa, que la cumpla. Y si no puede cumplirla, aparte de que los sevillanos se lo demanden en las urnas, habrá que recordarle el dicho popular: “Manolete, si no sabes torear, ¿pá qué te metes?”.

El pan nuestro de cada día

El sindicato Comisiones Obreras presentó en vísperas del Día de Andalucía un estudio sobre el balance laboral del año 2012, basado en los datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y de la Encuesta de Población Activa (EPA). Como es sabido, debido a su diferente metodología y a que el primero sólo registra los parados realmente inscritos como demandantes de trabajo y no a quienes estando en edad de trabajar no se han registrado por la falta de expectativas o han dejado de hacerlo tras haber tirado la toalla por la desesperanza, las cifras no suelen concordar: el SAE estimaba en 254.855 el número de parados en toda la provincia y la EPA, en 302.500 (sólo en Sevilla capital, 89.332). En cualquier caso, ambas cifras son de récord absolutamente negativo, hasta el punto de que el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha calificado 2012 como el ‘annus horribilis’ del paro.

Entre el conjunto de cifras abrumadoras que reflejan el drama de tantos miles de sevillanos afectados por la lacra del paro destacan especialmente dos:

-Prácticamente uno de cada tres desempleados (en concreto 92.632) es mayor de 45 años, y,  tal como ha expresado Vidán, si ya en los tiempos de bonanza económica era difícil hallar ocupación para este colectivo, en las actuales circunstancias tienen escasas posibilidades de trabajar y su paro se convertirá en estructural. Su único horizonte son los lunes al sol.

-El 43% de los sevillanos en paro (entre 109.587 y 130.075 según la fuente que se tome como referencia) llevan tanto tiempo en el desempleo que han agotado las prestaciones y o carecen de ingreso alguno (dependen de la caridad de familiares y amigos y/o de las organizaciones asistenciales), o sólo cuentan con los 420 euros de ayuda que ha prorrogado ‘in extremis’ el Gobierno hasta que la tasa de paro nacional no baje del 20%.

Este es, pues, el telón de fondo, una situación de auténtica emergencia social, en que se desarrollan las negociaciones entre los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla para acordar un Pacto por el Empleo a cuatro meses de que se cumplan los dos años de Zoido como alcalde.

LA PROPUESTA DEL PP

El grupo municipal del PP ha llevado a la mesa tripartita una propuesta que no sólo no afronta la urgencia del gravísimo problema socioeconómico que sufre la ciudad, sino que trata de descargar en otras Administraciones Públicas, fundamentalmente la Junta de Andalucía, la responsabilidad de acabar con el paro y no ahora, mañana o dentro de unos meses, sino a varios años vista. Así, el equipo de Zoido promete la creación de 46.000 empleos siempre que se acometa la ejecución de los grandes proyectos pendientes, a los que el Ayuntamiento aportaría una financiación de 70 millones de euros.

El gobierno local sabe que en un sistema democrático y garantista de los derechos como el nuestro la ejecución de cualquier obra sólo es posible tras el cumplimiento de trámites administrativos y urbanísticos que requieren de unos plazos que no pueden saltarse a la torera (como apenas aterrizado en la Alcaldía pretendía Zoido con la segunda tienda de Ikea) y de una dotación presupuestaria inexistente en las actuales circunstancias socioeconómicas, máxime cuando el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, acaba de anunciar que exigirá a la Junta de Andalucía más sacrificios y más recortes presupuestarios en aras del cumplimiento del déficit público.

Por tanto, el planteamiento de Zoido y de su equipo de que si la Junta construye la Ciudad de la Justicia y la red completa del Metro contribuiría a crear 46.000 empleos en Sevilla no deja de ser un brindis al sol al tiempo que una trampa política: mientras el alcalde le exige al Gobierno andaluz inversiones en infraestructuras y equipamientos, el Gobierno de la nación que es sustentado por el mismo partido de Zoido exige a la Junta de Andalucía que meta aún más las tijeras y ahorre más, que no gaste.

Por pedir la Luna de Valencia, los populares del Ayuntamiento sevillano también achacan al Ejecutivo de Rajoy la responsabilidad de reducir a casi la mitad el paro en Sevilla a medio plazo con la aprobación del polémico dragado del río, en la estimación no contrastada científicamente de que permitiría crear 20.000 puestos de trabajo. Se trata de otro proyecto ‘ad calendas graecas’, cuya materialización aún ha de superar los pertinentes trámites administrativos y la supervisión europea y sobre el que pende la amenaza de impugnación judicial por parte de ecologistas y arroceros, por su potencial impacto en Doñana y en las tablas del arroz.

EL PLAN DE CHOQUE

Frente a estas propuestas irrealizables a corto plazo por falta de presupuesto para acometerlas aunque hubiera voluntad política por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de la nación, los grupos municipales de PSOE e IU tratan de, como se dice vulgarmente, bajar la pelota de las nubes de la irrealidad a que la ha lanzado el PP hasta el suelo, para tratar de pactar al menos un plan de choque que permita contratar a entre 3.600 (PSOE) y 4.000 (IU) parados, sobre todo de larga duración y que hayan perdido sus prestaciones y a los que habría que procurar  “el pan nuestro de cada día” subveniendo a sus necesidades básicas.

Los socialistas plantean esencialmente:

1) Que el Ayuntamiento financie el salario mínimo interprofesional (634 euros) durante los seis primeros meses de las personas que sean contratadas de entre parados de larga duración sin prestaciones o mayores de 35 años con más de uno en el paro.

2) Que aplique una bonificación del 95% en impuestos y tasas municipales para aquellas empresas que acrediten un aumento de plantilla durante la segunda mitad de 2013.

3) Que asuma durante medio año  los gastos de contratación de diez personas con el salario mínimo interprofesional en proyectos de innovación que se presenten en el marco de un convenio a tal efecto.

El coste de este plan para las arcas municipales sería de 10 millones de euros en subvenciones y la renuncia a ingresar 4,6 millones por las bonificaciones en impuestos y tasas.

RESPONSABILIDAD PROPIA

La ‘filosofía’ de IU es similar: dotar con 15 millones de euros un plan de choque que permita dar a entre 3.000 y 4.000 sevillanos excluidos del mercado laboral la oportunidad de hallar una ocupación, siquiera temporal, en obras menores y de embellecimiento de la ciudad, y así salvarlos de la marginación y el paro estructural.

Las propuestas de PSOE e IU centran el tiro en la responsabilidad del Ayuntamiento y de Zoido, que prometió ser “el alcalde del empleo”, en vez de lanzar balones hacia la Junta y el Gobierno. La respuesta del PP a este planteamiento ha sido la de que se trata de empleos efímeros que no solucionan el problema de fondo y que de dónde va a sacar el Ayuntamiento los 15 millones de euros que pide la oposición.

Los empleos así creados serían efímeros, obviamente -y nadie se llama a engaño al respecto-, pero al menos paliarían la situación de varios miles de familias sevillanas en riesgo de exclusión social, mientras que los 46.000 hipotéticos que promete el PP a años vista son de momento pura entelequia. Y en cuanto al dinero necesario para abordar el plan de choque, los populares incurren en una flagrante contradicción, ya que si el Consistorio no puede obtener 15 millones de euros, ¿cómo promete que librará 70 millones si la Junta y el Gobierno se pliegan a sus exigencias?

EXCEDENTES FINANCIEROS

El gobierno local dice no saber de dónde sacar 15 millones de euros, pero mantiene 20 millones de excedente de tesorería a plazo fijo y alardea de que el Ministerio de Hacienda ha estimado en 83 millones de euros el superávit obtenido por el Ayuntamiento en 2012 tras la aplicación del plan de ajuste, lo cual le permitiría pedir nuevos créditos por hasta un máximo de 30 millones de euros.

También en víspera del Día de Andalucía una señera empresa sevillana como Merkamueble presentó concurso de acreedores. Su presidente, Francisco León, explicó las razones con una frase que resume la situación en Sevilla: “Si no hay ahora ni para las necesidades primarias, ¿cómo va a haber para comprar muebles?”.

Noventa mil sevillanos en paro en la capital no tienen ni para las necesidades básicas, pero el Ayuntamiento, en vez de tratar al menos de paliar esta situación con medidas de urgencia propias, remite a lo que pudieran hacer en un futuro incierto otras Administraciones con el Metro, la Ciudad de la Justicia, el dragado del Guadalquivir…..

La respuesta de Zoido a los parados de Sevilla son castillos en el aire: ni pan para hoy ni para mañana.