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Torrijos: una dimisión que llega dos años tarde

Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.

Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado- de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.

EMPUJADO

Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:

1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.

2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de lo que ocurrió en la primera. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.

3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro para la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.

4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.

PERVERSIÓN POLÍTICA

Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.

Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.

CONTRADICCIONES

En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar ‘Las Turquillas’, en Osuna, en julio de 2012.

Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.

Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia 100 imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.

UN PRECEDENTE

¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.

El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.

El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.

El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el ex-presidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.

Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpable.

CONDENA PREVIA

Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social Número 6 por acoso laboral a la directora de la Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.

Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.

‘Yo sigo’

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Como tengo memoria histórica, también tengo presente el caso de Demetrio Madrid. El primer presidente democrático de Castilla y León fue procesado por un asunto ajeno a su cargo, pese a lo cual, sin respetar su presunción de inocencia, fue empujado por sus adversarios a la dimisión y al ostracismo político y personal. Cuando años más tarde fue declarado inocente, no sirvió de nada y ni recuperó su cargo ni le compensaron por aquella injusticia. Han sido los propios políticos los que han pervertido la figura de la imputación hasta convertirla en el equivalente a una condena; y Torrijos uno de los más activos en esa línea al pedir en su día la expulsión de la vida pública de catorce políticos del PP imputados en otras tantas causas, sin esperar a ver si eran declarados culpables o inocentes. Ahora, cuando el imputado es él, no dimite, sino que, por seguir con la memoria histórica, hace suya la muletilla del humorista Felipito Takatún (Joe Rígoli) en la Transición: ‘Yo sigo’. Torrijos ha creado una variante de la caridad: la excepción comienza por uno mismo.

La prueba del algodón

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Imagine que es el consejero delegado de una empresa con unos 500 millones de euros de deuda y que entre sus activos figuran unos terrenos a nombre de una filial de la que su compañía es accionista mayoritaria y por los que recibe dos ofertas: una por más de 158 millones y la otra por 106 millones. ¿Cuál aceptaría?

El sentido común le dictaría la aceptación de la más alta, pero como en el Ayuntamiento, equivalente en el símil a esa empresa con 500 millones de deuda cuya filial –Mercasevilla- recibió esas ofertas de Noga y Sanma (filial de Sando), no impera el sentido común, sino intereses presuntamente espurios, los suelos del Merca fueron adjudicados a la más baja.

Y esa decisión fue adoptada con Torrijos como vicepresidente de la sociedad pública. Esta es una de las ramificaciones del caso Mercasevilla, por el que la juez Alaya ha imputado al alcaldable de IU. Su auto dice que del resultado de las pruebas practicadas “se deduce la responsabilidad y activa participación de Torrijos de modo especial en el proceso de adjudicación de la totalidad de los terrenos (de Mercasevilla) a Sanma”.

CLÁUSULA ‘AD HOC’

La magistrada sospecha que se convocó un concurso público para la venta del suelo con un pliego de condiciones que favoreciera claramente a Sanma frente al resto de aspirantes aunque su oferta fuese inferior.

Para ello se incluyó una cláusula que penalizaba las ofertas que excedieran del 10% de la media aritmética de todas las presentadas, cláusula que la juez calificó en su día como “antieconómica, contraria al interés general y no contemplada en la ley”.

Sando estaba pagando a Mercasevilla 58.738 euros/mes por un derecho de superficie sobre los terrenos pese a que aquél no estaba legalmente constituido, de ahí que, en supuesta correspondencia, el concurso fuera presuntamente amañado mediante esa cláusula que otorgaba siete puntos de ventaja a su filial Sanma por haber suscrito previamente el citado derecho.

Torrijos ha reconocido que fue él quien impulsó el concurso para la venta del suelo en lugar de la subasta porque pretendía evitar la especulación si se encarecía el precio. Este argumento no sólo choca con la opinión de la juez, sino también con una circular emitida recientemente por la Intervención General del Estado en el sentido de que en los concursos públicos debe primar el precio sobre cualquier otra consideración.

Pero tal como expresó en otro auto la juez, el “hecho delictivo” que persigue no es el concurso público utilizado para la adjudicación en lugar de la subasta, por mucho que no fuese el idóneo, sino demostrar que se eligió con la idea de favorecer a una empresa determinada (Sanma).

EXCEPCIÓN A LA REGLA

Torrijos ha sido imputado en vísperas de la presentación por IU del ‘Compromiso Ético por la Regeneración Democrática’, un decálogo contra la corrupción según el cual sus candidatos dimitirán de forma “cautelar” en caso de ser imputados o procesados por corrupción política o urbanística, supuesto este último en que se halla ahora el alcaldable, que corre el riesgo de una segunda imputación por un presunto delito de coacciones y contra la integridad moral de los trabajadores de Sevilla Global.

Torrijos se ha caracterizado por su cruzada contra los políticos en la misma situación procesal que él. Así, el 15 de octubre de 2008 ofreció una rueda de prensa en la que divulgó las mociones que IU llevaría al Pleno. Destacó una propuesta para exigir a la dirección del PP la dimisión “inmediata” de hasta 14 de sus cargos que estaban imputados en causas judiciales. El alcaldable de IU subrayó que pretendía “apartar de la vida pública a personajes que se encuentran o imputados o condenados o con implicación notoria y evidente en casos de todo tipo”.

Torrijos retó al PP a incluir en otra propuesta a cargos de IU en la misma situación. Pues bien, ahora es el alcaldable de la coalición de izquierdas quien se ve reflejado en su propio espejo y, por tanto, para ser consecuente consigo mismo debería dimitir, por más que su correligionario Llamazares trate de dilatar la situación en espera de si es procesado o no. Nada de eso dice el código ético de IU, que de no ser aplicado en el caso de Torrijos quedará como papel mojado. El propio Torrijos ya ha anunciado que no dimite porque se considera inocente y porque su caso no entra en los supuestos del código ético. Osea, que él es la excepción a la regla. ¿Acaso no se proclamaban también inocentes los otros políticos imputados, pese a lo cual él exigía su expulsión de la vida pública sin contemplaciones?

EL PACTO CON EL PSOE

La imputación de Torrijos deja en una posición injustificable a IU y lastra al alcaldable socialista, Espadas, a la hora de repetir un hipotético acuerdo postelectoral si el candidato de IU se obceca en mantenerse en la carrera por el Ayuntamiento. El PP, raudo, ya pregunta públicamente a Espadas si va a pactar con un Torrijos imputado en un caso de presunta corrupción urbanística. El candidato del PSOE guarda por ahora un significativo silencio.

Cuando Torrijos presentó su propuesta de expulsión de la política de cualquier imputado y cayó en la cuenta de que en su lista no estaba incluido ningún edil del PP sevillano, ironizó diciendo que “la vida es larga” y destacó que su moción al Pleno era la “prueba del algodón” del supuesto compromiso de los concejales de Zoido contra la corrupción. Poco podía imaginar que, como efectivamente la vida es larga, iba a ser él mismo quien se erigiera en “la prueba del algodón” de IU.

Un nudo más

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En el suelto ‘Cuerda de imputados’ hice un recuento de concejales, altos cargos y correligionarios del entorno más próximo al (sin) alcalde que acaban desfilando ante la Justicia por los numerosos escándalos que han enfangado los doce años de mandato de Monteseirín, la peor etapa de la reciente historia de Sevilla. Ahora, la cuerda tiene un nudo más tras la imputación de Torrijos por la juez Alaya en el caso Mercasevilla, la madre de todos los corderos que han ido saltando después, EREs incluidos. El primer teniente de alcalde alardeaba entre calada y calada a su característica pipa de que en el Merca no se movía un solo papel sin que él lo supiera, pero a raíz de estallar el escándalo ha procurado ponerse de perfil. No ha colado. Fran Fernández y Torrijos han sido los dos últimos de Filipinas del (sin) alcalde en acabar en la lista negra. Monteseirín se mantuvo en el Poder merced a la campaña del ‘urbanismo bajo sospecha’. Ahora, deja el Poder no con el Urbanismo, sino con el Ayuntamiento entero sospechoso de corrupción. Este es su legado y no el de las setas.

La prueba del algodón

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La juez ha imputado a Montaño, Medrano y Torrijos por la prohibición del acto de homenaje a Foxá en un centro cívico. Según habría declarado Torrijos en la radio cuando pensaba en su posible imputación en Mercasevilla y no en ésta, ir a declarar como imputado es una gran ventaja porque al poder disponer de abogado se tiene una gran tranquilidad y, además, se puede mentir o no decir la verdad sin que ocurra nada, al contrario de lo que podrìa pasar en caso de acudir como testigo. ¿Es éste el sentido de la ética marxista de Torrijos, cuando se permite aludir a la mentira como posible estrategia de defensa? Recuérdese cómo Torrijos presentó en 2008 una moción en el Ayuntamiento en la que exigió el cese o la inhabilitación de los cargos públicos implicados en procesos judiciales y calificó su propuesta como “la prueba del algodón”. Esa prueba ya se la hizo IU a Agustín Pavón en Camas y acabaron quitándolo del medio. Falta ahora saber si Torrijos se la hará a sí mismo o acabará como en el pasaje bíblico: viendo la viga en ojo ajeno y sólo paja en el propio.