El Gobierno no descarta la posibilidad de explotar todas las centrales que vaya recuperando
La posible creación de una empresa eléctrica estatal con las centrales hidroeléctricas afectaría a los resultados de la compañía sevillana
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, tiene identificadas una treintena de concesiones hidroeléctricas que expirarán en el curso de los diez próximos años y que suman una potencia de 700 megavatios (MW), equivalentes al 70% de la de una central nuclear. El Gobierno no descarta agrupar todas la centrales y explotarlas él mismo, una política que afectaría a la empresa metropolitana de aguas de Sevilla (Emasesa).
Las protestas ecologistas y cívicas contra el arboricidio logran un doble efecto
Hacer de la necesidad virtud. El denominado ‘corredor verde’ que el gobierno de Espadas presenta como proyecto asociado a la ampliación de la línea del tranvía hasta El Corte Inglés de Nervión le va a permitir a Emasesa ahorrarse la construcción de un tanque de tormentas en el distrito Bellavista-La Palmera, por lo que las protestas de los opositores a la prolongación del ‘Metrocentro’ y el consecuente arboricidio van a tener este doble efecto.
Las féminas únicamente superan a los hombres entre el personal administrativo
Los trabajos preparatorios del nuevo Plan de Igualdad de la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (Emasesa), con mayoría de capital del Ayuntamiento hispalense, han revelado la desproporción existente entre el número de hombres y mujeres en plantilla: por cada diez varones sólo hay dos mujeres. Las féminas, además, suelen desempeñar roles secundarios y únicamente son mayoría en las tareas administrativas. El nuevo plan, con el que se aspira a reducir estas diferencias, estará en vigor entre 2021 y 2024.
El presidente institucional de la Asociación de Empresas de Servicios de Agua (AGA), Manuel Marchena, el cual dejó tras de sí una amplia lista de escándalos en su etapa como gerente de Urbanismo y de Emasesa (Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla), ha publicado en Diario de Sevilla una tribuna con el título ‘Agua: ¿ayudar o confundir?’ y el antetítulo ‘El autor recalca que su asociación quiere ayudar a familias vulnerables’ (domingo 19 de abril de 2020, página 44), en la que dice mantener una relación permanente con el Ministerio para la Transición Ecológica.
A continuación añade una larga parrafada que no tiene desperdicio por lo que vendrá después: “En esa dinámica, y con el propósito de preservar la indispensable solidaridad con las familias vulnerables, hemos propuesto ajustes a los decretos que afectan al servicio, y alguna iniciativa legislativa. La solidaridad con las familias vulnerables es una cultura entre las empresas de abastecimiento de agua, y se produce con normalidad, sin necesidad de que haya estado de alarma.
Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos. Y, evidentemente, esa solidaridad sólo puede ser efectiva si los que no necesitamos ayuda soportamos el servicio. Una de las lamentables consecuencias de esta crisis sanitaria es que de forma sobrevenida y en pocas semanas, se han convertido en vulnerables personas que antes no lo eran.
Para garantizar, también ahora, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de ese servicio esencial que es el agua, se ha desarrollado la siguiente iniciativa legislativa: ante la saturación de los servicios administrativos, reclamados por la crisis económica subyacente a la sanitaria, se propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre su condición a su compañía. Cada familia decidirá, bajo su propia responsabilidad, si es o no vulnerable y su simple comunicación de esa declaración a la compañía le eximirá del corte por el impago del servicio.
Esta es la realidad de lo que AGA, nuestra asociación, ha propuesto al ministerio. Por eso, resultan sorprendentes e inadmisibles algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias”, algo que, por otra parte, todas nuestras compañías anunciaron que no harían en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie. No es tiempo de crear más incertidumbres a los ciudadanos, ni de asustarlos con noticias inciertas, sino de ayudarlos a sobrellevar esta crisis. Pueden contar con nosotros”.
El pasado 2 de abril de 2020, FACUA-Consumidores en Acción publicó una nota del siguiente tenor: “El Gobierno ha atendido otra de las peticiones de FACUA-Consumidores en Acción para proteger los derechos de los consumidores en el estado de alarma. A partir de ahora están prohibidos los cortes de luz, agua y gas a todas las familias durante el estado de alarma, sea cual sea su situación económica….Ya no será necesario acreditar los requisitos de vulnerabilidad económica que se fijaron en el Real Decreto-ley del pasado 17 de marzo para evitar los cortes de suministro. Así lo establece ahora el artículo 29 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
En la reunión celebrada el pasado jueves por videoconferencia con el vicepresidente social, Pablo Iglesias, la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, y su vicepresidente, Rubén Sánchez, le trasladaron que las prohibiciones a los cortes que se habían aprobado planteaban requisitos excesivos e incluso incongruentes.
Y es que en el Real Decreto-ley de hace dos semanas se establecía que para evitar esos cortes de suministros las familias tenían que reunir las mismas condiciones de vulnerabilidad económica establecidas en 2017 para acceder al bono social e incluso que había que tener contratada la tarifa semirregulada de luz (PVPC) para que a los usuarios no les cortaran tanto ese suministro como los de gas o agua…”
El artículo 29 del nuevo Real Decreto versa sobre ‘Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua’ y reza así:
“Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte (de) aplicación en cada caso.
Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.
Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso”
El Gobierno de Pedro Sánchez, pues, no condona ninguna deuda pasada contraída con las empresas suministradoras de agua ni incita a los abonados a que no paguen los recibos. Lo único que ordena a las compañías es que no corten a nadie el suministro durante el estado de alarma (sería un riesgo añadido el de no poder beber, cocinar, lavar la ropa ni asearse al del contagio por el virus y se sumaría a los efectos del confinamiento) y a que en caso de impago en el estado de alarma no sea computado este periodo por las compañías suministradoras para que, previo “requerimiento fehaciente del pago”, aquéllas procedan al corte del suministro.
¿Por qué habla Marchena en su Tribuna de algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias?
Se refiere a una información exclusiva aparecida en el diario Público el pasado 17 de abril de 2020 con el título ‘La patronal del agua de grifo pide al Gobierno que le permita cortar el suministro a las familias’. En esa exclusiva, Público desvelaba el contenido de una carta fechada el 3 de abril y dirigida por Manuel Jesús Marchena Gómez, en calidad de presidente institucional de la patronal AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, de la que por cierto forma parte Emasesa), a Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, con la que alardea en su artículo en Diario de Sevilla de mantener una relación “permanente”.
En esa carta, Marchena despotricaba contra el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, como demuestra el siguiente párrafo:
“La indefinición formal de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 supondrá, en la práctica, una invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario. Así pues, es muy importante definir con claridad los supuestos en que el impago está justificado. No pretendemos restringir el acceso a este beneficio sino su estricta acotación, pues nuestra experiencia es que la indefinición conlleva el abuso de quien no lo necesita, lo que incrementaría a muy corto plazo la morosidad. Ello causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua”.
Así pues, Marchena se inventa que el Real Decreto-Ley es una invitación del Gobierno de la nación a que la gente no pague el recibo del agua y exige que se limite su aplicación sólo a las personas vulnerables económicamente. Y da por hecho que como consecuencia de ese Real Decreto-Ley se va a provocar un grave déficit financiero estructural a las compañías suministradoras.
Pero, ¿no alardea Marchena en su artículo de que:
-Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos.
-Todas nuestras compañías anunciaron que no harían (cortes del suministro) en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie?
Marchena, que casualmente se ha olvidado, contra lo que parecería lo más lógico, de colgar en la página web corporativa de AGA esa carta a la vicepresidenta del Gobierno en la que propone iniciativas legislativas para que la conozcan todas las empresas asociadas (Emasesa entre ellas), se pone en evidencia a sí mismo, ya que en su Tribuna en Diario de Sevilla dice todo lo contrario de lo que expone en su misiva a Teresa Ribera.
Según él, propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad económica de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre dicha condición a su compañía suministradora de agua. Sin embargo, en la carta a la vicepresidenta del Gobierno a la que ha tenido acceso el diario Público y que consta de una decena de folios en ningún momento propone que los consumidores acrediten que como consecuencia del coronavirus y del confinamiento han quedado en situación de vulnerabilidad mediante esa simple declaración responsable. ¿Por qué no cuelga en la web de AGA Marchena la carta a Teresa Ribera para acreditar la veracidad de lo que afirma en la Tribuna en Diario de Sevilla?
Esa inexistente propuesta a la vicepresidenta del Gobierno es además contradictoria con su afirmación en el artículo citado de que las compañías de agua no van a cortar el suministro “en ningún caso mientras dure el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables”.
¿Para qué entonces la supuesta propuesta de que un usuario se declare vulnerable económicamente a fin de que no le corten el agua si el presidente institucional de AGA está proclamando que no se le va a cortar el agua a nadie en ninguna circunstancia?
La misiva a la vicepresidenta y el artículo en Diario de Sevilla revelan el doble discurso del personaje, conocido de sobra en Sevilla pero parece que no todavía en el resto de España, y cuál es su auténtica preocupación, que no son los consumidores, por más que acabe su Tribuna diciendo “pueden contar con nosotros”, sino los intereses de la patronal que preside. Sí, el Marchena que alardeaba de izquierdista y de poner palos en la rueda de la Sevilla rancia ahora resulta que va de presidente de toda una patronal. ¿Qué es entonces, palo o rueda? ¿No forma ya parte del establishment?
En este sentido, el diario Público dice: “La carta de AGA da por hecho que una de las consecuencias de la pandemia va a consistir en el desplome del negocio del agua de boca municipal, una actividad que genera una facturación de más de 3.500 millones de euros al año, con amplios márgenes para las empresas y elevados costes para el ciudadano en el caso de los privatizados, algo de lo que el Tribunal de Cuentas lleva años alertando en otros servicios municipales como la limpieza viaria y la recogida de basuras. En sintonía con ese planteamiento, AGA propone al Gobierno que adopte una serie de medidas para “garantizar la sostenibilidad del servicio…
(….) Traducida al lenguaje coloquial, las propuestas consisten en abrir la puerta a rescates a cargo del Estado para los servicios municipales de suministro de agua privatizados, con la alternativa de ampliar hasta un 15% la duración de esas concesiones, es decir, el plazo de explotación privada del negocio”.
Basta mirar la decena de folios de la carta de Marchena a la vicepresidenta del Gobierno para observar el tamaño de sus preocupaciones, ya que la mayor parte de esos folios están dedicados a pedir que se mejoren las condiciones de las compañías suministradoras de agua, no precisamente de los consumidores, ni los vulnerables ni los no vulnerables.
Los Servicios Sociales acreditan la carencia de recursos
Casi tres mil familias de Sevilla capital con contrato con la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, se están beneficiando de sdu política social de ayudas a hogares sin recursos económicos, previo informe en tal sentido de los Servicios Sociales municipales para acreditar la situación económica de los beneficiarios.
La empresa metropolitana de aguas, Emasesa ha incrementado este año con respecto al ejercicio 2018 las ayudas a hogares sin recursos asumiendo el coste íntegro de los recibos, según fuentes municipales. Concretamente, en los nueve primeros meses del año 2019 se han abonado 11.495 recibos, los cuales se corresponden con un total de 2701 contratos que cuentan con informes previos de los Servicios Sociales que acreditan que sus titulares carecen de recursos suficientes para abonar los suministros básicos.
El presupuesto total destinado a esta línea en Sevilla capital asciende a 840.000 euros. En todo el área metropolitana, el número de contratos asciende a 5.291, con 16.557 recibos por un importe total de 1.157.418 euros.
Este programa social, además, se ve reforzado por la inclusión en el reglamento de prestación del servicio de abastecimiento de agua de la prohibición de realizar cortes de suministro a cualquier hogar que carezca de recursos económicos y que lo acredite a través de los Servicios Sociales.
Para el próximo año 2020, los nuevos precios públicos del agua incorporarán además por primera vez la creación de la tarifa social, de forma que se garantiza un consumo mínimo vital de 110 litros por persona y día, y se establecerán dos niveles de bonificación en función de los ingresos de cada usuario.
Así, aquellos usuarios con ingresos inferiores a la Renta Mínima de Inserción Social tendrán una bonificación del 100% en sus recibos. En caso de que sean personas con ingresos equivalentes al IPREM se fijará una bonificación de hasta el 50% en un consumo de 100 litros por habitante y día. De esta forma, se garantiza la atención de forma flexible y ágil a toda la población vulnerable.
Unirá Los Bermejales-Palmas Altas con la depuradora del Copero a través de Bellavista
LONGITUD
Se habilitarán casi 4,5 Kms. de caminos y se limpiarán más de 40 hectáreas de suelos
ARBOLES
Plantación de 4.404 árboles entre especies autóctonas y al borde de los senderos
El del Guadiamar no será el único corredor verde fluvial que tenga la provincia de Sevilla, ya que aunque sea de forma más modesta y a un coste mucho más barato que aquél Emasesa ha licitado la creación de un corredor ecológico entre Sevilla y Dos Hermanas. Se aprovechará para ello el encauzamiento del río Guadaíra y se conectará Los Bermejales-Palmas Altas con la estación depuradora de aguas residuales del Copero a través de la barriada de Bellavista.
El oficialmente denominado “Proyecto para la creación de un corredor ecológico en el encauzamiento del río Guadaíra y adecuación de las conexiones con los núcleos urbanos del entorno. Sevilla y Dos Hermanas” ha sido sacado a concurso público por la Empresa Metropolitana de Aguas (Emasesa) con un presupuesto de licitación de 169.000 euros. El plazo para la presentación de ofertas expira el próximo 7 de diciembre y el de la ejecución es de diez semanas (dos meses y medio) a partir de la firma del acta de replanteo.
El objetivo de Emasesa es la mejora ambiental de este tramo fluvial y acercar los distintos núcleos urbanos de Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra a espacios de alto valor ecológico como son el propio río, las lagunas situadas en su entorno y los parques cercanos. Esto ayudará a mejorar el grado de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre los ecosistemas acuáticos y la importancia de su conservación, y potenciará la conexión del área metropolitana basada en una infraestructura verde.
El corredor ecológico se creará en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre y en los de titularidad pública localizados en el entorno del nuevo cauce del Guadaíra. Se prevé la limpieza de basuras y retirada de residuos que se hallan acumulados actualmente en 40,3 hectáreas de terrenos, una superficie equivalente a la de 43 campos de fútbol; la mejora de 4.422 metros de caminos; la plantación de 1.730 árboles en los márgenes de los senderos y la repoblación con 2.674 árboles más de especies autóctonas.
TRES ZONAS DE ACTUACIÓN
Las actuaciones prioritarias se realizarán en tres zonas actualmente separadas entre sí:
1.- Entorno del encauzamiento del río Guadaíra, entre el puente de la carretera de El Copero y el puente de la autovía A4-E5: Las actuaciones necesarias para la adecuación del entorno se localizan en el camino de servicio existente en ambos márgenes del río en dicho tramo así como en los taludes exteriores de la plataforma del camino. Se trata de terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestre localizados en el término municipal de Sevilla y, principalmente, en el término municipal de Dos Hermanas.
Además, se realizarán actuaciones en una parcela de 9,16 hectáreas de superficie localizada entre el encauzamiento del río Guadaíra, el Arroyo de las Culebras y la autovía A4-E5 e incluida parcialmente dentro de la zona de servidumbre de protección del dominio público.
Los terrenos incluidos en el término municipal de Sevilla que no pertenecen al dominio público son están clasificados en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla como suelo urbanizable sectorizado y se prevé la creación de un parque urbano denominado “Parque Guadaíra-Cortijo Cuarto”.
La situación de los suelos sitos en el término nazareno es similar: el PGOU municipal los califica de la misma forma que en Sevilla y también se prevé la creación en los mismos de un parque urbano.
2.- Conexión entre el nuevo cauce del río Guadaíra y el barrio de Bellavista: Las actuaciones necesarias se localizan entre la calle Alonso Sánchez de Huelva y el tramo restaurado por la Confederación del Guadalquivir en la margen izquierda del encauzamiento del río.
La conexión se realizará por terrenos del Cortijo de Cuarto cuyo titular es la empresa pública Sevilla Activa SAU.
En el nuevo Plan General se prevé la creación en este área del citado “Parque Guadaíra-Cortijo Cuarto”, así como una zona de uso residencial. También está prevista la creación de una calle o vía de comunicación paralela al encauzamiento del río junto al límite de la zona de servidumbre de protección.
3.-Conexión entre el encauzamiento del río Guadaíra y el barrio de Los Bermejales: Las actuaciones se localizan entre el paso inferior de la línea del ferrocarril del puerto de Sevilla y el tramo restaurado por la Confederación del Guadalquivir en el encauzamiento del Guadaíra, ya que actualmente existe un acceso en buen estado desde Los Bermejales hasta el paso inferior del ferrocarril.
Todas las actuaciones propuestas se localizan en la margen derecha del encauzamiento del río Guadaíra, en el entorno de la EBAP Guadaíra (margen derecha).
La zona de actuación incluye terrenos pertenecientes al dominio público marítimo terrestre situados en el exterior del encauzamiento del río Guadaíra y en la plataforma del camino de servicio de dicho encauzamiento. También se realizarán actuaciones en suelos de tipo urbano sin referencia catastral situados entre la EBAP Guadaíra (margen derecha) y la línea del ferrocarril del Puerto de Sevilla.
La empresa metropolitana de aguas de Sevilla (Emasesa) ha acordado incrementar para el año 2018 los recursos económicos para el desarrollo del Plan de Individualización de Contadores con el objetivo de que al menos los titulares de 3.500 viviendas se acojan a esta medida justo cuando en este 2017 se cumplen veinte años desde que se inició esta política de sustitución de contadores colectivos en las comunidades de vecinos.
El consumo de agua en Sevilla y su área metropolitana ha pasado de los 179 litros por habitante y día de finales de los años 90 del pasado siglo a los actuales 112. Este ahorro de un 38% se ha debido a, entre otras causas, la inversión que anualmente incentiva Emasesa para que se cambien los contadores colectivos de las comunidades de vecinos en bloques de pisos por contadores individuales: uno por cada hogar en vez de uno para todo el edificio.
Esta política, con el denominado Plan Cinco, empezó a adoptarse después de la celebración de la Exposición Universal, concretamente en el año 1997, por lo que en este 2017 se han cumplido veinte años de su aplicación.
Según la Memoria de Responsabilidad Corporativa de Emasesa correspondiente a 2015, desde entonces hasta esa fecha se han individualizado 63.184 suministros y se ha atendido a 4.609 comunidades de vecinos.
Para el año 2018, Emasesa continuará aplicando una línea de ayudas económicas a través de subvenciones directas para cubrir en parte el coste de las obras y, en casos excepcionales de precariedad económica, para financiar la obra completa.
La compañía metropolitana ha detectado la necesidad que tienen algunos hogares de mejores condiciones, tanto en el plazo como en el coste de la operación financiera. Por ello ha elaborado un conjunto de nuevas medidas a aplicar, tales como las siguientes:
-Dotación de un fondo social por valor de 2 millones de euros (podría incrementarse hasta los 3 millones).
-Préstamos flexibles, con una duración de hasta ocho años, a titulares de viviendas con escasos ingresos.
-Llegar hasta las 3.500 viviendas individualizadas.
AHORRO
Según la estimaciones de Emasesa, la implantación de contadores individuales en los bloques de pisos acaba suponiendo un ahorro de entre un 15% y un 30% en el consumo de agua en comparación con el mantenimiento de un solo contador colectivo para toda la comunidad de vecinos.
El parque de contadores asciende a 368.556 unidades, de los cuales 366.165 están instalados para la medición del consumo de agua potable, siendo las restantes de control, de riego o vertido de agua no potable. La antigüedad media del parque es de 4,56 años, con un 96,67% de contadores electrónicos que permiten realizar una lectura automática no visual desde la fachada en los 148.512 puntos de lectura instalados.
Durante 2015 se realizaron 1.544.196 lecturas, de las cuales el 97,387% fueron lecturas reales, siendo estimadas las restantes y dando lugar a la emisión de 1.475.845 facturas periódicas El porcentaje de lecturas automáticas ha sido del 90.41% en 2015 frente al 87,35% de 2014.
También han tenido lugar 10.870 inspecciones a suministros con lecturas anómalas y se han enviado 4.720 comunicados a usuarios por consumos elevados que podrían deberse a fugas en la instalación interior, cumpliendo con el compromiso adquirido con los clientes. Se han revisado 8.031 suministros a los que se había retirado un contador averiado y se han llevado a cabo 229 propuestas de refacturación, como resultado del análisis de dichos contadores.
Además del Plan de Individualización de Contadores se realizan inversiones de forma permanente para reducir las pérdidas en la distribución de agua y mejorar el rendimiento de la aducción y de la potabilización. Las pérdidas en el subsistema de distribución han descendido desde un 15,78% en 2014 hasta un 14,53% en el año 2015, muy por debajo de los límites establecidos en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, donde se fija un máximo del 20%, y se han mantenido las pérdidas de aducción y tratamiento en niveles muy bajos, similares a los del año anterior.
Reservas de agua para cuatro años
Sevilla y su área metropolitana entran en el otoño precedido de uno de los periodos climáticos más secos de los últimos años con reservas de agua en sus embalses para cuatro años en números redondos aunque no llueva.
El sistema de abastecimiento de agua potable se compone de seis pantanos con una capacidad total conjunta de 641,16 hm3. Al finalizar el mes de septiembre haba 435,98 hm3 embalsados, lo que supone el 68% del total.
El pantano con más agua represada es el de Melonares, con 134,27 hm3, seguido del de Zufre, con 123,69 hm3. A continuación va el de Aracena, con 88,87 hm3; Minilla, con 43,42 hm3; Cala, con 25,75 hm3 y, en último lugar, Gergal, con 19,98 hm3.
Ha saldado ya 4,3 millones de euros en lo que va de mandato
CONCEPTOS
Por agua, red de radio, obras en pasos subterráneos y cocheras
INSOLITO
Zoido firmaba las cuentas de Emasesa, que exigía la deuda, y las del Consistorio, que la negaba
El gobierno de Espadas sigue lastrado por la herencia en forma de deudas recibida de sus antecesores y que en algunos casos, como el del edificio Laredo, se remontaba al mandato de Rojas Marcos como alcalde. El último capítulo aflorado son los 16,5 millones de euros de pagos pendientes del Consistorio a su principal empresa pública, Emasesa, por facturas a partir del año 2003. Espadas ha abonado ya 4,3 millones y ha cerrado un acuerdo con la empresa de aguas de reconocimiento de deuda por el monto restante y pagos sucesivos en función de la disponibilidad presupuestaria.
Los gobiernos locales durante los mandatos 2003-2011 (presididos por Monteseirín) y 2011-2015 (presidido por Zoido) dejaron una deuda global del Ayuntamiento con la empresa metropolitana de aguas Emasesa de 16,5 millones de euros, que se está regularizando en este mandato con Espadas como alcalde a instancias de la Intervención municipal, los servicios jurídicos de Emasesa y las auditoras que han revisado las cuentas de la empresa metropolitana.
Una parte de esta deuda pendiente fue abonada por el Consistorio en el año 2016 y el resto se ha reconocido ahora y será pagada cuando haya disponibilidad presupuestaria. Este reconocimiento de deuda no condiciona el Presupuesto municipal para el año en curso, ya aprobado.
La deuda del Ayuntamiento con Emasesa responde a cuatro conceptos: suministro de agua, ejecución de obras por afecciones ocasionadas por dos pasos subterráneos (cruces de la Avenida de la Palmera con la calle Cardenal Bueno Monreal, y de la Avenida de Andalucía con la Ronda del Tamarguillo) en la ciudad, servicios de comunicaciones mediante la red de radio SECORA y obras y mantenimiento en las cocheras de Torrecuéllar.
DEJÓ DE COMPUTARSE
En febrero de 2011, todavía durante el mandato de Monteseirín, se instruyó expediente que dio como resultado la contabilización de la deuda generada hasta esa fecha en la cuenta 413 “Operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, por importe de 9.481.539 euros.
No obstante, y lejos de servir de base para su liquidación, la deuda siguió incrementándose durante el mandato siguiente (con Zoido de alcalde), particularmente por suministro de agua e incluso por la finalización y liquidación de las obras de afecciones de los dos pasos subterráneos citados.
Incluso a finales del año 2012 la entonces Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria instó a la retirada de facturas de la cuenta 413, hecho que finalmente sucedió. Así, en ese momento la deuda con Emasesa dejó de estar contabilizada en el Ayuntamiento.
A raíz de ello y por devoluciones de facturas emitidas con posterioridad, que dieron lugar a la presentación de un recurso de alzada por Emasesa ante el Ayuntamiento el 5 de mayo de 2014, se iniciaron gestiones con la empresa metropolitana de aguas para la firma de un convenio de reconocimiento y liquidación de toda la deuda. Este convenio no llegó a firmarse finalmente, pese a contar con un borrador emitido por la Delegación de Hacienda, y por tanto no se abonó ninguna cantidad.
Durante esos años se dio la circunstancia de que el presidente de Emasesa y a la vez alcalde, Juan Ignacio Zoido, firmaba por un lado unas cuentas de Emasesa, en las que se reconocía y exigía el pago de la deuda por parte del Consistorio, y, por otro, las cuentas del Ayuntamiento, en que no se reconocían. Se generó así una situación insostenible, que fue advertida por las auditorías de Emasesa correspondientes a los ejercicios de 2015 y 2016.
REGULARIZACIÓN
Iniciado el mandato de Espadas como alcalde, el cual se encontró con una deuda con la empresa metropolitana de aguas mucho mayor que la que a su vez había heredado cuatro años antes Zoido de Monteseirín, el actual equipo de gobierno inició la ordenación de la misma y su liquidación, a instancias de la Intervención municipal. Así, durante el pasado año 2016 ya se produjo una importante reducción: el gobierno local abonó a Emasesa 4.360.763,38 euros.
Ahora ya atienden todas las facturas corrientes y se está haciendo un esfuerzo por reducir en el plazo más breve posible la deuda inicial, conforme a los informes de control financiero y de cumplimiento que ha venido emitiendo el Interventor municipal.
Por todo ello es necesario, según fuentes municipales, reflejar la deuda con Emasesa e ir progresivamente atendiendo el abono de la misma, con estricto cumplimiento de la normativa de aplicación, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de Emasesa.
Deuda del Ayuntamiento con Emasesa
(2003-2015)
Concepto 2003-2011 2011-2015 Total
(Monteseirín) (Zoido)
Agua 6.746.654,87 2.599.120,84 9.345.775,71
Movilidad 2.298.389,01 181.050,75 2.479.439,76
Red radio SECORA 2.452.937,60 351.056,83 2.803.944,43
Cocheras
Torrecuéllar 375.175,55 – 375.175,55
Cobro residuos – 1.556.768,95 1.556.768,95
TOTAL DEUDA 11.873.157,60 4.687.997,37 16.561.154,40
Deuda saldada
Por Espadas 2.452.937,60 1.907.825,78 4.360.763,38
Tras tomar posesión Zoido, Marchena citó a un notario a las 8 de la mañana para adjudicar el contrato de la depuradora
El anuncio de Espadas 6 años después de no construir una nueva significa que Zoido ahorró 85 millones a Sevilla
Juan Espadas, alcalde de Sevilla, anunció a principios de febrero de 2017 el cierre de la depuradora de San Jerónimo en el año 2018 sin tener en cuenta el contrato vigente hasta 2024 por el que debe suministrar agua depurada de la misma a la mina de Cobre las Cruces y haciendo además un reproche a su antecesor, al recordar que en 2011 el gobierno socialista de Monteseirín dejó licitado y adjudicado su cierre pero que “el gobierno del PP de Juan Ignacio Zoido anuló la adjudicación y metió el tema en un cajón”.
En honor a la verdad, hay que recordar cómo fue aquella historia. En el año 2011 se sabía de sobra que se iban a celebrar elecciones municipales el día 22 de mayo y que un año antes, mediante el famoso teletipo de Europa Press, Monteseirín se enteró de que Griñán había decidido que no repitiera más como candidato a la Alcaldía. Lo sustituyó el propio Espadas, que aceptó el sacrificio de inmolarse en las urnas ante la debacle que le auguraban al PSOE las encuestas en castigo a los continuos escándalos de la gestión de Monteseirín, como así ocurrió, ya que Zoido arrasó con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales.
Pese a estar a las puertas de unas elecciones y a su condición pública de alcalde saliente, a Monteseirín y a su valido Marchena, al que había colocado como consejero delegado de Emasesa, les entraron unas muy llamativas prisas por cambiar de sitio la depuradora de San Jerónimo antes de que expirara el mandato, cuando en todo caso lo lógico hubiera sido dejar que fuera el nuevo gobierno emanado de las urnas el que analizara la situación y decidiera al respecto.
CONFLICTO CON LA ALGABA
En primer lugar, porque la elección de los suelos alternativos, la antigua estación de filtraje al borde de la carretera de La Algaba, había provocado un conflicto con vecinos de dicho municipio, temerosos de sufrir los malos olores y molestias habitualmente asociados a este tipo de instalaciones. Así, en febrero de 2011 numerosos algabeños se desplazaron en una caravana formada por vehículos particulares y dos autobuses hasta la Plaza Nueva de Sevilla para manifestarse ante el Ayuntamiento hispalense.
Hasta tal punto llegó la situación, que el 1 de marzo, a tan sólo dos meses y medio de las elecciones municipales, el gobierno saliente de Monteseirín tuvo que embarcarse en una campaña informativa destinada al pueblo de La Algaba para tratar de convencer a sus habitantes de la inocuidad del proyecto, mientras aquéllos insistían en que “el problema que le quieren quitar a los vecinos de San Jerónimo no queremos que nos lo manden a nosotros”.
Por otra parte, aunque la construcción de una nueva depuradora alejada de San Jerónimo se consideraba una obra necesaria para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa europea, en especial en materia de nitrógeno y fósforo, no era de una urgencia extrema, ya que se contaba con una certificación técnica que garantizaba el funcionamiento de la existente durante al menos cinco años más.
DESPILFARRO
A ello había que añadir la delicada situación financiera de Emasesa, tradicionalmente la joya de la corona de las empresas municipales pero que bajo la desastrosa gestión del ahora paradójicamente nombrado académico Manuel Marchena había entrado en pérdidas por primera vez en su historia, al dispararse los gastos de todo tipo. Marchena se puso un sueldo que llegó a ser de 168.391 euros anuales y dos coches (un Renault Megane y un Opel Insignia) y dos conductores a su servicio. Los sueldos de éstos ascendieron entre 2008 y 2011 a 406.000 euros, y sus dietas, a 17.300 euros.
Antes de la llegada de Marchena como consejero delegado, las dietas pagadas por Emasesa a sus directivos por viajes fuera de Sevilla fueron de un máximo de 67.000 euros (año 2007). Con Marchena al frente, se dispararon a 580.000 euros. En publicidad y propaganda con la excusa de promocionar el ruinoso proyecto “Agua de Sevilla” (vender agua de Emasesa embotellada), el hombre de confianza de Monteseirín gastó sólo en su primer año 2,9 millones de euros, a los que luego añadió 611.000.
El hoy académico, que además se permite dar desde ciertos foros lecciones de economía a los demás, le provocó a Emasesa sólo con la operación “Agua de Sevilla” unas pérdidas de 1.145.229 euros: vendió botellas con agua por valor de 10.771,92 euros y se gastó en ellas 1.145.229.
NUEVO CANON
Por si fuera poco, Emasesa había suscrito tres años antes un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco de Sabadell para financiar obras con cargo a un canon de mejora que los sevillanos debían pagar en su recibo del agua hasta el año 2028.
La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte de ésta de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para construir allí viviendas sociales.
Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Marchena no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía.
Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.
ORDEN INCUMPLIDA
Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.
Pero Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado ¡ para las 8 de la mañana de aquel día! a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 85 millones, en lo que era la operación más cara en la historia de la compañía, a la Unión Temporal de Empresas formada por Befesa (Abengoa), Detea y Dam-Sav ( gestora de la depuradora de San Jerónimo).
AHORRO
El concurso fue impugnado luego por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) porque, a su juicio, la UTE que había resultado adjudicataria no cumplía uno de los puntos del pliego de condiciones. A ello se unió que la Agencia Andaluza del Agua denegó a Emasesa la aprobación de otro canon para financiar la construcción de la depuradora, por lo que tendría que haberla asumido la compañía municipal pidiendo a los bancos un crédito por 85 millones, que añadir a los 226 millones de deuda bancaria contraída durante el mandato de Monteserín y Marchena.
Como la construcción de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación del canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las empresas ganadoras.
El tiempo ha demostrado que las muy llamativas urgencias con que actuó Marchena para adjudicar como fuera, incluso a la intempestiva hora de las 8 de la mañana, la depuradora alternativa a la de San Jerónimo no estaban justificadas porque la actual ha seguido funcionando no ya sólo cinco años más, sino seis y va camino de siete. Item más, tal como ha anunciado Espadas, el Ayuntamiento ni siquiera se plantea construir una nueva depuradora que sustituya a la de San Jerónimo tras su cierre en 2018, sino que su carga de efluentes sea asumida por las otras tres depuradoras existentes en la ciudad (El Copero, Ranilla y Tablada), con lo cual el alcalde ha acabado avalando la decisión adoptada por Zoido, el cual en realidad le ahorró 85 millones de euros a Sevilla.
Sevilla será la gran beneficiaria de la revisión aprobada por la Junta de Andalucía tras casi año y medio de trámites del canon de mejora que grava la utilización del agua potable de uso urbano con el fin de permitir la financiación de infraestructuras hidráulicas. De los 58,5 millones de euros en que se incrementa el programa de obras con cargo al canon, 23,6 millones (el 40,44% del total) serán para proyectos en la capital hispalense.
El canon de mejora en la factura del agua de los ayuntamientos integrados en la empresa metropolitana de aguas Emasesa (Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Camas, La Rinconada, San Juan de Aznalfarache, Coria del Río, La Puebla del Río, Alcalá del Río, Dos Hermanas, El Garrobo y El Ronquillo) existe desde el año 2008 y fue actualizado en 2012 para financiar un conjunto de actuaciones por valor de 180.302.400 euros.
Durante el mandato de Zoido como alcalde de Sevilla, el Consejo de Administración de Emasesa, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2015, aprobó la solicitud a la Junta de la revisión del canon, con el fin de abordar actuaciones por un valor total de 192.450.747 euros.
La compañía metropolitana de aguas estimó que con las actuales condiciones favorables del mercado financiero, en cuanto a liquidez y coste, así como por la evolución de los consumos y de las cifras de impagados, se podía mantener el ritmo de la generación de fondos imputable al canon de mejora y afrontar un mayor volumen de inversión, que ascendería a los citados 192 millones de euros.
SIN SUBIR EL CANON
Emasesa defendía que como los costes financieros del programa de obras con cargo al vigente canon de mejora van a ser en un futuro sensiblemente inferiores a lo previsto, se podrían acometer más obras sin alterar su cuantía, conforme a una tabla ya prevista año a año hasta 2028.
La Consejería de Medio Ambiente ha estado analizando la viabilidad de la solicitud de Emasesa durante dieciséis meses, hasta que por fin su autorización, plasmada en el Boja, permitirá ejecutar nuevas inversiones en Sevilla capital y en el resto de los municipios.
Del programa anterior quedaban por financiar 133,9 millones de euros; ahora, gracias a la refinanciación en mejores condiciones por la situación de los mercados y los bajos tipos de interés, esa cantidad se estirará hasta los 192,4 millones de euros, 58,5 millones más, que permitirán ejecutar un programa de obras adicionales.
De estos nuevos fondos, en Sevilla se destinarán 10.850.000 euros a colectores en la avenida de Kansas City; 8.750.000 al recinto de la Feria de Abril, y 4.060.000 a la avenida de Miraflores.
Además, en Dos Hermanas se construirá la estación de bombeo Miguel Fleta (10.710.000 euros) y en Coria del Río, la del Río Pudio (1.526.000 euros).
El resto del dinero se repartirá entre los colectores de las cuencas Norte, Sur, Este y Oeste.