Vecinos de este municipio onubense están recibiendo facturas de hasta más de 2.000 euros por presunto consumo eléctrico
Rodrigo Rato autorizó en 2002 que las empresas facturen a ojo hasta un año sin revisar los contadores
Vecinos del municipio de Valdelarco, en la Sierra de Huelva, están recibiendo facturas desorbitadas por consumo eléctrico que van desde cientos de euros hasta superar los 2.000 euros, e incluso llegan recibos a casas que se encuentran cerradas, en las que no hay ningún consumo. La alarma social desatada ha provocado que María Ponce, senadora de Huelva por Ciudadanos, haya llevado el caso hasta la Cámara Alta. Sin embargo, la política onubense ha achacado el problema sólo a la falta de cobertura 2G en la sierra de Aracena, sin reparar en que la Administración (Rodrigo Rato de ministro de Economía en un Gobierno del PP) lleva casi 19 años permitiendo que las grandes compañías energéticas se ahorren los revisores de los contadores y facturen a ojo, de forma estimada, hasta por el plazo de un año, una situación que tampoco corrige el Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
En el año 1992 se iban a celebrar en Estados Unidos elecciones presidenciales. Por el Partido Republicano aspiraba a la reelección y a seguir en la Casa Blanca George Bush senior, del que se festejaban sus grandes éxitos en política exterior. Enfrente, el candidato del Partido Demócrata era el semidesconocido gobernador de Arkansas, Bill Clinton.
En el cuartel general de los demócratas se debatía sobre qué estrategia seguir para tratar de contrarrestar la triunfal imagen que proyectaba Bush padre, considerado como el vencedor de la Guerra del Golfo y de la Guerra Fría, hasta el punto de que había batido un récord histórico de popularidad, con una aceptación del 90% entre el electorado. De pronto, uno de los asesores de Clinton, James Carville, exclamó:
-¡Es la economía, estúpido!
A partir de ese momento la estrategia demócrata se centró en los problemas económicos de los estadounidenses, que estaban sufriendo ya los primeros efectos de una recesión. Y Bill Clinton ganó las elecciones.
Bill Clinton
Pues bien, parafraseando a James Carville hay que decir: “¡No es el tranvía, sino el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), estúpido!”
Hay que recordar que el Ayuntamiento de Sevilla ha solicitado al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) fondos Feder de la Unión Europea destinados a la ampliación del tranvía y acogiéndose al Real Decreto 316/2019, de 26 de Abril.
En concreto a la Medida Nº 8, titulada ‘Implantación de planes de movilidad urbana sostenible’. En este apartado se especifica claramente que:
-Las actuaciones elegibles serán aquellas que deriven de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) o Plan Director de Actuaciones en Movilidad.
-La concesión de cualquier ayuda o subvención a las Administraciones autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, se condicionará (atención) a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
Texto del Real Decreto en el BOE, en el que se especifican las condiciones para conceder las ayudas
Por tanto, la pregunta clave que hay que hacerse es la siguiente:
-¿Tiene el Ayuntamiento de Sevilla aprobado, con todas las de la ley, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, del que derive la ampliación del tranvía, para poder justificar ante la Unión Europea en Bruselas y el Ministerio para la Transición Ecológica (del que depende el IDAE) en Madrid de que es merecedor de pleno derecho de la concesión de la subvención solicitada?
LA GUÍA DEL IDAE SOBRE LOS PMUS
Se da la circunstancia de que el organismo digamos administrador de los Fondos Feder de la Unión Europea para esta convocatoria de ayudas (según el Real Decreto 316/2019, de 26 de Abril), el IDAE, tiene editada una publicación titulada ‘Guía práctica PMUS para la elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible’, en la que continuamente preconiza la participación ciudadana en todas las fases de su elaboración y la busca del consenso.
Portada de la Guía del IDAE sobre los Planes de Movilidad Urbana Sostenible
Así, pueden leerse textos como éstos:
-Se hace necesaria una gestión de la demanda de movilidad privada que requiera de una alta concienciación y participación ciudadana.
-Para conseguir un resultado satisfactorio, el PMUS debe negociar un consenso partiendo de la base de una amplia concertación entre diferentes actores. Además del equipo del proyecto, existe un amplio rango de personas y organizaciones que pueden estar interesadas en el PMUS, a los que hay que abrir la posibilidad de participar en la toma de decisiones (…), la población en general, las asociaciones (sindicales, de vecinos, ecologistas) y los usuarios.
Al hablar sobre la metodología para la implantación de un Plan de Movilidad, ya en la Fase I del mismo, hay un epígrafe dedicado a la participación pública: “La implicación del público y de las instancias que lo representan en el proceso debe convertirse en uno de los puntos claves del PMUS, y pueden permitir dar pie a un debate social más profundo. La participación pública está presente a lo largo de todo el proceso de elaboración, implantación y seguimiento del PMUS, aunque hay momentos donde su acción es más explícita. Aquí estarían las relaciones con usuarios, asociaciones de vecinos, comerciantes y asociaciones empresariales, sindicatos, ecologistas y asociaciones de promoción de modos alternativos al coche (bicicleta, caminar, etc).
FASES DE UN PMUS
¿Se ha caracterizado el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Espadas, en fomentar la participación ciudadana y en buscar el consenso en cualquiera de las fases de que se compone la redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, según el IDAE?
Etapas que tiene un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, según e,l IDAE
Se observa claramente que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Sevilla no ha pasado todavía de la etapa VII, la denominada ‘Análisis y Diagnóstico’. Así lo confirman además diversas entradas publicadas en las páginas oficiales del Consitorio, del Plan Estratégico Sevilla 2030
El gobierno de Espadas no presentó el, atención, Diagnóstico de la Movilidad de Sevilla al Comité Ejecutivo del Plan Estratégico hasta el 21 de enero de 2020.
La página del Plan Estratégico acredita que el Diagnóstico de la Movilidad no se presentó oficialmente hasta el 21-1-2020
Y ese documento corresponde a la etapa VII (Análisis y Diagnóstico), según la escala del IDAE. Meridianamente claro queda en la página oficial del PMUS sevillano, donde puede leerse lo siguiente: «Presentado el diagnóstico de la movilidad de Sevilla, el primer documento que analiza dónde están las principales zonas de generación y atracción de viajes, cómo se acometen los desplazamientos, cuáles son los principales viarios de penetración a la ciudad y cómo discurre el movimiento interno de la capital».
¿QUÉ DEBATE?
En la página oficial del PMUS se dice que a partir de ese momento se iniciaba una fase de exposición pública y debate con el objetivo de servir de base para el diseño de las estrategias de movilidad definidas para los próximos años en la ciudad de Sevilla y que se engloban dentro de la iniciativa Sevilla Respira, que incluye, entre otras medidas, nuevas infraestructuras de transporte público….
La página del PMUS anunciando un supuesto debate sobre las estrategias de movilidad en Sevilla
¡Un momento! Pero esto ¿qué es? Se anuncia, sin visos de oficialidad y con los pertinentes trámites, una fase de exposición pública y debate que debe servir de base para el diseño de las estrategias de movilidad.
Pues, lógicamente, tras ese debate, que ha de ser abierto a todos los sevillanos y no sólo a la mesa camilla del Plan Estratégico nombrada por el alcalde, deben salir las propuestas sobre la futura movilidad de Sevilla, y más aún ahora que la pandemia del coronavirus impone una nueva realidad y unas nuevas exigencias en esta delicada materia. Sin embargo, antes de que se produzca debate alguno, en el mismo mero anuncio de cara a la galería sobre el nonato debate en el que se podría poner sobre la mesa la irracionalidad económica del tranvía y optar por una alternativa más económica y lógica, el mismo Ayuntamiento nos está diciendo a través del PMUS que esas medidas ya las ha definido él y que se engloban dentro de la iniciativa Respira. Pero, esto ¿qué farsa es? ¿dónde está el debate, si Espadas, en plan Juan Palomo (yo me lo guiso, yo me lo como), ya ha debatido, decidido y definido por todos los vecinos de Sevilla en sus diversos planes, metaplanes y rataplanes ?. Porque ¿adivinan qué estaba ya metido en la iniciativa Respira? ¡Pues el tranvía!
Página web del Plan Respira Sevilla, ya con la ampliación del tranvía incluida
Teóricamente, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) equivale al, por decirlo metafóricamente, PGOU de la movilidad, cuya redacción debe ser fruto de todas las aportaciones y alegaciones de los sevillanos previo proceso de información pública, con entrada en vigor tras su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento. Y al igual que el PGOU es el documento marco del urbanismo, del que deben colgar por así decirlo todas las actuaciones en esa materia, el PMUS debe ser el documento marco en el que se inscriban POSTERIORMENTE las actuaciones en movilidad. Pero, ¿qué es lo que hace continuamente el gobierno de Espadas? Pervertir e invertir el proceso y el procedimiento: ya ha definido y decidido, por ejemplo, que por sus intereses políticos y electoralistas, y a pesar de su ilógica en materia de transporte y económica, va a ejecutar el tranvía. No espera a que se decida en el marco del PMUS y que se inscriba en el mismo, por lo que el PMUS es una mera tapadera de decisiones previamente adoptadas, con lo cual nos podríamos haber ahorrado todo el gasto que, en plan coartada para aparentar lo que no es, ha hecho ya y pueda seguir haciendo el Ayuntamiento. Primero debe ser el PMUS y después, si acaso, la ampliación del tranvía. Con Espadas es al revés: primero el tranvía y después el PMUS, supeditado éste a lo previamente decidido. Así se vulnera todo lo que dice la Guía del IDAE sobre los Planes de Movilidad Urbana Sostenible y la participación ciudadana, como refleja esta página:
El IDAE es muy claro al respecto: El Plan de Movilidad Urbana Sostenible debe ser aprobado formal o definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento. ¿Le consta a alguien que se haya aprobado tras la cumplimentación de todo el procedimiento establecido? ¿Dónde está el acuerdo plenario? ¿Cómo va a haberlo, si hasta ahora lo único de lo que se ha informado es de que se había presentado ante el Comité Ejecutivo del Plan Estratégico el pasado mes de enero? Volvamos a recordar las fases de un PMUS, según el IDAE, y a apreciar todo lo que le falta al de Sevilla:
EL CASO DE BENALMÁDENA
Veamos, por contraste, cómo ha actuado un Ayuntamiento que sí lo tiene, el malagueño de Benalmádena, según puede verse en el acta del Pleno municipal celebrado el día 24 de Abril de 2014, y que puede descargarse desde Internet:
En la página 13 del documento en PDF aparece el punto de la Aprobación del Plan de Movilidad, acompañado de los informes de los técnicos y servicios municipales. La Vicesecretaría Municipal advierte a los concejales que el PMUS no puede ser aprobado sin someterse a información pública. El delegado responsable explica que lo ha elevado a Pleno por la vía de urgencia «porque las subvenciones en materia de transporte a percibir por el Ayuntamiento están condicionadas a la aprobación de un Plan de Movilidad». El Pleno acuerda la aprobación INICIAL y su sometimiento a información pública por un plazo mínimo de 20 días hábiles «para la presentación de sugerencias y reclamaciones».
Acta del Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena sobre el Plan de Movilidad Sostenible (24 Abril 2014)
Es exactamente lo mismo que especifica el Real Decreto 316/2019, de 26 de Abril, al que se acoge Espadas para pedir la subvención de 19 millones de euros para el tranvía:
Por tanto, no consta que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla haya aprobado el PMUS y lo haya sometido a información pública y alegaciones, condición sine quanon según el Real Decreto para que el IDAE pueda conceder una subvención para la ampliación del tranvía.
ESPADAS DECIDE SOLO
A Espadas, que parece esperar la complicidad del IDAE (Ministerio de Transición Ecológica), le da todo igual: la participación ciudadana, el propio PMUS y hasta las condiciones que especifica el Real Decreto, ya que en junio de 2019, es decir SIETE MESES ANTES de que presentara el documento de diagnóstico del Plan de Movilidad al Comité Ejecutivo del Plan Estratégico (enero 2020) y sin esperar al debate ciudadano para definir qué hacer, él ya había decidido cuál era la estrategia de Sevilla en materia de movilidad, la misma que en el anterior mandato: ampliar el tranvía. Así lo demuestra el Libro de Resoluciones del alcalde:
El Libro de Resoluciones del alcalde demuestra que en junio de 2019 ya decidió pedir la subvención al IDAE
Así pues, Espadas ha tomado la parte por el todo. El objetivo del Real Decreto en la medida Nº 8 es ayudar a la Implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenibles. Espadas no tiene aprobado el Plan y trata de convertir la ampliación del tranvía en el PMUS. No es el tranvía el que debe colgar del PMUS, sino el PMUS del tranvía. Dicho de otro modo, como se viene demostrando a lo largo del tiempo y de todas sus actuaciones: para Espadas el PMUS es su tranvía; el PMUS es un mero trámite formal, un envoltorio para el tranvía, como si no existieran otras posibilidades, con lo cual ¿para qué van a debatir los sevillanos, si él ya decidido por todos los casi 700.000 restantes en plan Juan Palomo?
EL PLAN ESPECIAL
El alcalde, en esa misma política de interpretar a su antojo el texto del Real Decreto (sólo implantación de PMUS o Planes Directores de Actuaciones en Movilidad) podría decir que la ampliación del tranvía no cuelga de un PMUS (movilidad), sino de un Plan Urbanístico Especial. Reitero mi tesis de que el plan marco en materia de movilidad es el PMUS y no el PGOU, pero aun admitiendo pulpo como animal de compañía, ¿desde cuándo tiene Espadas aprobado el Plan Especial que según el Ayuntamiento le permite construir la ampliación del tranvía (otra cosa sería lograr para la misma una subvención con fondos europeos conforme al Real Decreto)? La fecha figura en este documento municipal: febrero de 2020.
¿Y cuándo presentó formalmente el Ayuntamiento la solicitud de subvención al IDAE? Lo refleja el acta de la Junta de Gobierno del 13 de marzo de 2020: el 5 de diciembre de 2019.
Acta de la Junta de Gobierno donde se especifica que la subvención para el tranvía se solicitó el 5 de diciembre de 2019
La conclusión es obvia: En la fecha que según consta en el acta municipal el Ayuntamiento pidió formalmente al IDAE la subvención de 19 millones de euros para la ampliación del tranvía no se había aprobado oficialmente ni el Plan Especial ni el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, con lo cual Espadas se arriesga a que le denieguen la solicitud o a que en caso de ser concedida haciendo la vista gorda alguna entidad la impugne.
El presidente institucional de la Asociación de Empresas de Servicios de Agua (AGA), Manuel Marchena, el cual dejó tras de sí una amplia lista de escándalos en su etapa como gerente de Urbanismo y de Emasesa (Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla), ha publicado en Diario de Sevilla una tribuna con el título ‘Agua: ¿ayudar o confundir?’ y el antetítulo ‘El autor recalca que su asociación quiere ayudar a familias vulnerables’ (domingo 19 de abril de 2020, página 44), en la que dice mantener una relación permanente con el Ministerio para la Transición Ecológica.
A continuación añade una larga parrafada que no tiene desperdicio por lo que vendrá después: “En esa dinámica, y con el propósito de preservar la indispensable solidaridad con las familias vulnerables, hemos propuesto ajustes a los decretos que afectan al servicio, y alguna iniciativa legislativa. La solidaridad con las familias vulnerables es una cultura entre las empresas de abastecimiento de agua, y se produce con normalidad, sin necesidad de que haya estado de alarma.
Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos. Y, evidentemente, esa solidaridad sólo puede ser efectiva si los que no necesitamos ayuda soportamos el servicio. Una de las lamentables consecuencias de esta crisis sanitaria es que de forma sobrevenida y en pocas semanas, se han convertido en vulnerables personas que antes no lo eran.
Manuel Marchena, presidente de la patronal del agua (AGA)
Para garantizar, también ahora, el derecho de los ciudadanos a disfrutar de ese servicio esencial que es el agua, se ha desarrollado la siguiente iniciativa legislativa: ante la saturación de los servicios administrativos, reclamados por la crisis económica subyacente a la sanitaria, se propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre su condición a su compañía. Cada familia decidirá, bajo su propia responsabilidad, si es o no vulnerable y su simple comunicación de esa declaración a la compañía le eximirá del corte por el impago del servicio.
Esta es la realidad de lo que AGA, nuestra asociación, ha propuesto al ministerio. Por eso, resultan sorprendentes e inadmisibles algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias”, algo que, por otra parte, todas nuestras compañías anunciaron que no harían en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie. No es tiempo de crear más incertidumbres a los ciudadanos, ni de asustarlos con noticias inciertas, sino de ayudarlos a sobrellevar esta crisis. Pueden contar con nosotros”.
El pasado 2 de abril de 2020, FACUA-Consumidores en Acción publicó una nota del siguiente tenor: “El Gobierno ha atendido otra de las peticiones de FACUA-Consumidores en Acción para proteger los derechos de los consumidores en el estado de alarma. A partir de ahora están prohibidos los cortes de luz, agua y gas a todas las familias durante el estado de alarma, sea cual sea su situación económica….Ya no será necesario acreditar los requisitos de vulnerabilidad económica que se fijaron en el Real Decreto-ley del pasado 17 de marzo para evitar los cortes de suministro. Así lo establece ahora el artículo 29 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.
La videoconferencia entre Pablo Iglesias y los representantes de FACUA-Consumidores en Acción
En la reunión celebrada el pasado jueves por videoconferencia con el vicepresidente social, Pablo Iglesias, la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz, y su vicepresidente, Rubén Sánchez, le trasladaron que las prohibiciones a los cortes que se habían aprobado planteaban requisitos excesivos e incluso incongruentes.
Y es que en el Real Decreto-ley de hace dos semanas se establecía que para evitar esos cortes de suministros las familias tenían que reunir las mismas condiciones de vulnerabilidad económica establecidas en 2017 para acceder al bono social e incluso que había que tener contratada la tarifa semirregulada de luz (PVPC) para que a los usuarios no les cortaran tanto ese suministro como los de gas o agua…”
El artículo 29 del nuevo Real Decreto versa sobre ‘Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, gas natural y agua’ y reza así:
“Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consumidores personas físicas en su vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores de conformidad con la normativa sectorial que les resulte (de) aplicación en cada caso.
Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.
Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente o en los contratos de suministro en su caso”
El Gobierno de Pedro Sánchez, pues, no condona ninguna deuda pasada contraída con las empresas suministradoras de agua ni incita a los abonados a que no paguen los recibos. Lo único que ordena a las compañías es que no corten a nadie el suministro durante el estado de alarma (sería un riesgo añadido el de no poder beber, cocinar, lavar la ropa ni asearse al del contagio por el virus y se sumaría a los efectos del confinamiento) y a que en caso de impago en el estado de alarma no sea computado este periodo por las compañías suministradoras para que, previo “requerimiento fehaciente del pago”, aquéllas procedan al corte del suministro.
¿Por qué habla Marchena en su Tribuna de algunas interpretaciones sesgadas que apuntan a que “nuestra propuesta pide facilitar el corte del suministro a las familias?
Se refiere a una información exclusiva aparecida en el diario Público el pasado 17 de abril de 2020 con el título ‘La patronal del agua de grifo pide al Gobierno que le permita cortar el suministro a las familias’. En esa exclusiva, Público desvelaba el contenido de una carta fechada el 3 de abril y dirigida por Manuel Jesús Marchena Gómez, en calidad de presidente institucional de la patronal AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana, de la que por cierto forma parte Emasesa), a Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno, con la que alardea en su artículo en Diario de Sevilla de mantener una relación “permanente”.
En esa carta, Marchena despotricaba contra el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, como demuestra el siguiente párrafo:
“La indefinición formal de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 supondrá, en la práctica, una invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario. Así pues, es muy importante definir con claridad los supuestos en que el impago está justificado. No pretendemos restringir el acceso a este beneficio sino su estricta acotación, pues nuestra experiencia es que la indefinición conlleva el abuso de quien no lo necesita, lo que incrementaría a muy corto plazo la morosidad. Ello causará un grave déficit financiero estructural, si no se corrige el desequilibrio, con el consiguiente riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua”.
Carta de Manuel Marchena a la vicepresidenta del Gobierno
Así pues, Marchena se inventa que el Real Decreto-Ley es una invitación del Gobierno de la nación a que la gente no pague el recibo del agua y exige que se limite su aplicación sólo a las personas vulnerables económicamente. Y da por hecho que como consecuencia de ese Real Decreto-Ley se va a provocar un grave déficit financiero estructural a las compañías suministradoras.
Marchena dice en su carta que la medida del Gobierno es una invitación indiscriminada al impagoLa clave, «flexibilizar los mecanismos» para las empresas de agua
Pero, ¿no alardea Marchena en su artículo de que:
-Nunca una de nuestras compañías le corta el servicio a una familia por motivos económicos.
-Todas nuestras compañías anunciaron que no harían (cortes del suministro) en ningún caso mientras durara el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables, ni a familias ni a industrias o comercios, a nadie?
Marchena, que casualmente se ha olvidado, contra lo que parecería lo más lógico, de colgar en la página web corporativa de AGA esa carta a la vicepresidenta del Gobierno en la que propone iniciativas legislativas para que la conozcan todas las empresas asociadas (Emasesa entre ellas), se pone en evidencia a sí mismo, ya que en su Tribuna en Diario de Sevilla dice todo lo contrario de lo que expone en su misiva a Teresa Ribera.
Según él, propone que el usuario consiga la condición de vulnerabilidad económica de manera inmediata, simplemente con el envío de una declaración responsable sobre dicha condición a su compañía suministradora de agua. Sin embargo, en la carta a la vicepresidenta del Gobierno a la que ha tenido acceso el diario Público y que consta de una decena de folios en ningún momento propone que los consumidores acrediten que como consecuencia del coronavirus y del confinamiento han quedado en situación de vulnerabilidad mediante esa simple declaración responsable. ¿Por qué no cuelga en la web de AGA Marchena la carta a Teresa Ribera para acreditar la veracidad de lo que afirma en la Tribuna en Diario de Sevilla?
Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y destinataria de la carta
Esa inexistente propuesta a la vicepresidenta del Gobierno es además contradictoria con su afirmación en el artículo citado de que las compañías de agua no van a cortar el suministro “en ningún caso mientras dure el estado de alarma, ni a vulnerables ni a no vulnerables”.
¿Para qué entonces la supuesta propuesta de que un usuario se declare vulnerable económicamente a fin de que no le corten el agua si el presidente institucional de AGA está proclamando que no se le va a cortar el agua a nadie en ninguna circunstancia?
La misiva a la vicepresidenta y el artículo en Diario de Sevilla revelan el doble discurso del personaje, conocido de sobra en Sevilla pero parece que no todavía en el resto de España, y cuál es su auténtica preocupación, que no son los consumidores, por más que acabe su Tribuna diciendo “pueden contar con nosotros”, sino los intereses de la patronal que preside. Sí, el Marchena que alardeaba de izquierdista y de poner palos en la rueda de la Sevilla rancia ahora resulta que va de presidente de toda una patronal. ¿Qué es entonces, palo o rueda? ¿No forma ya parte del establishment?
En este sentido, el diario Público dice: “La carta de AGA da por hecho que una de las consecuencias de la pandemia va a consistir en el desplome del negocio del agua de boca municipal, una actividad que genera una facturación de más de 3.500 millones de euros al año, con amplios márgenes para las empresas y elevados costes para el ciudadano en el caso de los privatizados, algo de lo que el Tribunal de Cuentas lleva años alertando en otros servicios municipales como la limpieza viaria y la recogida de basuras. En sintonía con ese planteamiento, AGA propone al Gobierno que adopte una serie de medidas para “garantizar la sostenibilidad del servicio…
(….) Traducida al lenguaje coloquial, las propuestas consisten en abrir la puerta a rescates a cargo del Estado para los servicios municipales de suministro de agua privatizados, con la alternativa de ampliar hasta un 15% la duración de esas concesiones, es decir, el plazo de explotación privada del negocio”.
Marchena le pide a la vicepresidenta que se amplíen los contratos de las empresas del agua
Basta mirar la decena de folios de la carta de Marchena a la vicepresidenta del Gobierno para observar el tamaño de sus preocupaciones, ya que la mayor parte de esos folios están dedicados a pedir que se mejoren las condiciones de las compañías suministradoras de agua, no precisamente de los consumidores, ni los vulnerables ni los no vulnerables.
