Con Podemos-IU propone al resto de grupos de la oposición que aprueben una moratoria turística en el Pleno al margen del alcalde Sanz y del PP
La portavoz del grupo Con Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha planteado en el Pleno municipal de julio (2024) una propuesta al resto de grupos de la oposición (PSOE y Vox) que de ser aceptada por éstos podría sentar un precedente muy peligroso para el gobierno del PP, que lidera José Luis Sanz, y provocar un giro inesperado en la política local sevillana.
Según un pequeño corte difundido por una emisora de radio, Susana Hornillo, ante la incapacidad del equipo del alcalde Sanz de consensuar una solución al problema de la excesiva proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad, ha propuesto que los equipos jurídicos de cada partido de la oposición, que en conjunto tienen la mayoría en el Pleno del Ayuntamiento, se reúnan para redactar una propuesta con plenas garantías legales que permita decretar una moratoria turística.
El acuerdo se adoptaría en un Pleno municipal extraordinario convocado a tal efecto y previa evacuación de consultas con colectivos vecinales.
Susana Hornillo, portavoz de Con Podemos-IU
Como es sabido, tras varias rondas de negociaciones entre los cuatro grupos políticos municipales, el gobierno del PP se niega a decretar una moratoria de viviendas turísticas o a rebajar sustancialmente la ratio del 10%, como piden los partidos de la oposición. Argumentan los populares que tales medidas serían ilegales, pese a que la moratoria es posible en virtud de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (LISTA), tal como vimos en un anterior informe, y medidas en tal sentido están siendo adoptadas en otras ciudades gobernadas por el PP (Madrid, Granada…).
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
El último ejemplo conocido es el del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que según informó La Voz del Sur el pasado 17 de julio ha decidido suspender de forma cautelar las licencias a viviendas de uso turístico. Las mismas quedarán congeladas mientras se redacta la nueva normativa que las regule.
De esta forma, desde el Consistorio liderado por el popular Germán Beardo se intenta evitar la proliferación de este fenómeno, que está afectando de manera considerable a otras ciudades. Aunque El Puerto no es de los municipios turísticos de la provincia de Cádiz con más viviendas de este tipo, desde el Ayuntamiento portuense se quiere adoptar medidas preventivas antes de que este asunto se convierta en un problema.
A día de hoy, en El Puerto hay un total de 1.660 viviendas turísticas, lo que supone el 3,49% del total. Esta cantidad está en la media de Andalucía, según el dato facilitado por el consejero de Turismo, Arturo Bernal (ya estimamos anteriormente el resultado que tendría en Sevilla aplicar una ratio del 3% en vez del 10%, como contra viento y marea sigue sosteniendo Sanz y cuya consecuencia sería la aprobación de 26.374 más).
Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María
Con la redacción de una nueva norma, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María tratará de regular la vigilancia para perseguir las viviendas que no están declaradas o que incumplan las normas básicas de convivencia. La concejala de Turismo, Olga de Navas, ha señalado al respecto que las viviendas que no están dadas de alta en el Registro de Turismo de Andalucía no pueden ofrecerse en portales especializados en alquiler vacacional, al no contar con número de registro, y sus propietarios pueden ser sancionados con hasta 18.000 euros al ser una falta grave, o, en caso de ser reincidente, con hasta 150.000 euros.
Además de la ordenanza se aplicará un plan de choque con inspecciones y sanciones que desactiven las viviendas irregulares, así como la creación de un registro público de apartamentos con el certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento y la aprobación de una ordenanza que regule este tipo de alojamientos, con licencias limitadas en el número y en el tiempo, con topes de carga turística, según el Ayuntamiento.
El Consistorio portuense aunará esfuerzos con la Junta de Andalucía a través de la firma de un convenio y la creación de una comisión de seguimiento conjunta para velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer la actividad y advertir la detección de aquellos prestadores que ejerzan la misma incumpliendo la legalidad urbanística o sin la necesaria habilitación legal, actuando en el mercado sin ningún control de la actividad.
ROMPER EL BLOQUEO
Pese a que el alcalde hispalense, José Luis Sanz, sigue proclamando que en Sevilla «no cabe una vivienda turística más», su gobierno se ha enrocado en la posición de negar como posible lo que sí está siendo posible (la moratoria, una ratio menor que la del 10%) en otros ayuntamientos, incluso de su mismo signo político. La consecuencia de tal intransigencia es que el número de viviendas turísticas sigue creciendo en Sevilla a cada día que pasa. Las oficialmente dadas en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía ascienden ya a 9.491.
El audaz órdago lanzado por Susana Hornillo para romper la situación de bloqueo tendría, de ser aceptado por el resto de grupos de la oposición, unas consecuencias inesperadas para José Luis Sanz, al que para empezar privaría de su principal argumento: la continua acusación a la oposición de ser «el tripartito bloqueador».
José Luis Sanz, alcalde de Sevilla
Si la oposición lograra aprobar en un Pleno extraordinario una moratoria turística con absolutas garantías jurídicas, dejaría a Sanz en evidencia y sin discurso político: en tal hipótesis se demostraría que el elemento bloqueador habrían sido el alcalde y su equipo, y el tripartito se erigiría en tripartito gobernante, demostrando a los votantes que sus partidos son capaces de ofrecer soluciones allí donde el PP ha mantenido enquistada una cuestión muy sensible para la opinión pública sevillana. En resumen, se invertirían los papeles y la oposición demostraría su capacidad como alternativa frente a un gobierno instalado, en materia turística, en el no permanente.
Y el peligro añadido para Sanz es que la oposición superara sus diferencias ideológicas y se pusiera de acuerdo en aprobar no sólo la moratoria turística, sino también otras medidas en cuestiones esenciales para la ciudad.
El peligro añadido para Sanz, si no flexibiliza su postura en ésta y en otras materias, es que dé a la oposición el motivo para que la ciudad se gobierne desde el Pleno del Ayuntamiento en vez de desde el despacho del alcalde.
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