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El Ayuntamiento de Sevilla se persona en el caso del expolio en la isla de la Cartuja

Estarían implicados dos policías locales y tres empleados de Mantenimiento

Es la segunda orden de Espadas en tal sentido tras la del caso Carretero

 

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha ordenado a los Servicios Jurídicos municipales que el Ayuntamiento se persone, como responsable civil subsidiario y acusación particular, en la causa incoada por el expolio de las antiguas sedes de la Delegación de Gobernación en la isla de la Cartuja antes de su entrega a a Detea, durante el mandato de Zoido. Es la segunda personación ordenada por Espadas en tan sólo unos días, tras otra en el mismo sentido por la actuación de Rafael Carretero en el montaje de la Feria de Abril.

El Juzgado de Instrucción Número 10 ha notificado al Ayuntamiento una providencia de fecha 29 de abril en la que, entre otros extremos, le comunica que en los hechos objetos de instrucción (daños en unos edificios) aparecen indiciariamente implicados una serie de personas que tienen relación de servicio con el Consistorio.

La titular del Juzgado está investigando la posible participación en el expolio de los edificios denominados “Charly”, que en la isla de la Cartuja ocupó la Policía Local hasta su devolución a la constructora Detea, de un intendente y de un agente de la Policía Local, de un cuñado de este último y de tres empleados del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, ya que desde aquí se habría dado, presuntamente, la orden de retirar de los edificios policiales todos los enseres que pudieran ser reutilizados en otras dependencias del Consistorio.

La retirada de los enseres acabó convirtiéndose en un auténtico expolio, ya que cuando los responsables de la compañía Detea acudieron a tomar posesión de los edificios una vez que había entregado a la Policía la nueva sede que le construyó en la Ranilla, se encontraron con que se habían llevado puertas, ventanas, el cableado eléctrico, los sanitarios de los cuartos de baño y todo elemento que pudiera ser vendido en una chatarrería o colocado en algún mercadillo.

Tras una prolija investigación, el Grupo Especial de la Policía Local (el Gepol) descubrió que una persona había utilizado un vehículo propiedad del Ayuntamiento para vender cobre en un establecimiento del Polígono Calonge. Fue la pista que sirvió para establecer una presunta conexión entre los expoliadores y empleados de la Corporación Municipal.

El alcalde ha ordenado que “sin perjuicio de atender el requerimiento efectuado por el Juzgado, y como quiera que la mera sospecha de intervención de personal municipal en hechos que son objeto de una instrucción penal requiere de la máxima diligencia por parte de la Corporación para el esclarecimiento de los mismos y para la depuración de responsabilidades a que hubiera lugar”, el Ayuntamiento se persone en la causa.

 

Zoido crea el copago policial

El alcalde anuncia la primera rebaja de impuestos en Sevilla durante la Democracia al reducir en un 13,4% el IBI para el año próximo tras haberlo subido previamente en un 10%, pero esa reducción no alcanza a las tasas y los precios públicos y, además, crea otras nuevas de las que no se ha informado a la opinión pública, como es el caso de un nuevo copago policial.

El Ayuntamiento ha incluido dos nuevos epígrafes en su propuesta para 2014 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por los Documentos que expida o de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales a instancia de parte, sin que exista una Memoria de justificación económica para estas dos nuevas medidas más que la de esgrimir el tiempo y gasto empleados en la confección, gestión y tramitación de los documentos, como si ello no formara parte de la labor policial desde siempre y supusiera un acontecimiento extraordinario e imprevisto que hubiera que afrontar a partir de ahora.

Así, los sevillanos tendrán que pagar 5 euros por la expedición de certificaciones y acreditaciones de las actuaciones que haga la Policía Local para particulares, compañías de seguros, despachos de abogados…. sobre siniestros en bienes materiales (responsabilidad patrimonial) como caídas, lesiones, denuncias, obras, daños, inundaciones….

Seis veces más, en concreto 30 euros, costará a los implicados en un accidente de tráfico la expedición del típico informe/atestado de la Policía Municipal. Esta tasa también habrá que pagarla cuando la Policía intervenga en siniestros en bienes materiales ante casos de posible responsabilidad patrimonial.

Los contribuyentes sevillanos ya pagan con sus impuestos,  a través del Ayuntamiento, cerca de 43 millones de euros en sueldos a la Policía Local para que haga sus labores habituales, amén de 6,5 millones de euros en complementos de productividad (en los que, por ejemplo, podrían englobarse las actividades citadas anteriormente para no aplicar nuevas cargas económicas a los ciudadanos), pero al Gobierno de Juan Ignacio Zoido no le basta con todo ese dinero y ha decidido inventarse estas dos nuevas tasas que, junto con la imposición de multas, contribuirán a deteriorar aún más la imagen de los policías a pie de calle.

Los agravios comparativos de Zoido

 

El Ayuntamiento ha aprovechado el ‘puente’ de la Constitución y la Purísima, cuando la atención de los sevillanos no estaba centrada precisamente en las decisiones emanadas de la Casa Grande, para presentar a una distraída opinión pública los Presupuestos de la ciudad para 2013, calificados en clave de “economía de guerra”.

Efectivamente, las grandes cifras de las cuentas municipales se resumen en una caída de los ingresos en 129 millones de euros en comparación con los de este ejercicio a punto de expirar y también en una reducción de los gastos en 96 millones, con lo cual apenas queda margen de maniobra para las inversiones públicas. Este capítulo se reduce a tan sólo 17,8 millones de euros, que se asignarán a arreglos de calles (9 millones), mantenimiento de colegios (4 millones), cuidado de parques y jardines (3 millones), una comisaría de la Policía (1,5 millones) y el parque infantil de tráfico (0,4 millones), entre las partidas más significativas.

El gobierno municipal se ha mostrado sensible a la situación de emergencia social que sufre la ciudad, ya con más de 91.000 parados, y ha dotado con 7 millones un plan para paliar los efectos de la crisis, dinero que se destinará a Cáritas (3 millones), subvenciones directas (2,3 millones), Banco de Alimentos y comedores sociales (un millón) y menores de edad (medio millón). A este dinero hay que añadirle un millón más para el bonobús solidario, a fin de que no ocurra como durante este año, cuando la partida existente se había agotado a la vuelta del verano.

HECHOS LLAMATIVOS

No obstante, y a falta de un examen más detallado de los Presupuestos una vez que se pueda contar con el desglose de las partidas, llaman la atención aspectos como los siguientes:

1) El incremento en 11 millones de euros de la recaudación por, fundamentalmente, impuestos y tasas a los sevillanos pese a la actual situación de crisis económica y una vez eliminada la habitual ficción de consignar ingresos por la nonata venta de la Gavidia y de los bajos del mercado del Arenal, que se venía haciendo desde los tiempos de Monteseirín.

2) El capítulo de gastos de personal sigue subiendo en la práctica, hasta los 283,3 millones de euros, pese a las aparentes políticas de austeridad y de recortes del gasto público anunciadas por Zoido conforme a las directrices del Gobierno central.

3) La falta de dotaciones para el Plan extraordinario de Empleo que el alcalde anunció antes del verano ( teníamos entonces 86.759 parados) para la ‘rentrée’ de septiembre (se registraban ya 88.819) y del que se sigue sin tener noticia a la fecha (ya vamos por los 91.627) y parece que tampoco la vamos a tener para el nuevo ejercicio.

4) Una partida de 5 millones para ‘reestructuración de servicios públicos’, expresión ambigua tras la que se esconde la liquidación de sociedades municipales como Sevilla Global pero también la reactivación, en una especie de ‘operación acordeón’ societaria, de Giralda Televisión mediante la adjudicación de su gestión y/o de la programación, por concurso público redactado de la forma en que suelen redactarse este tipo de concursos, a una productora privada a cambio de entre 1,5 y 1,8 millones de euros que saldrían de este fondo global de 5 millones. Recuérdese cómo cuando se hallaba en la oposición el PP preconizaba la desaparición de esta emisora municipal de TV, por considerar que era el aparato de propaganda de Monteseirín y que carecía de sentido su existencia por competir con las emisoras privadas. Ahora el discurso ha cambiado por el de que se trata de garantizar “un servicio público de calidad” y de que costará diez veces menos a los contribuyentes, por más que en el espectro haya más de cien canales de televisión.

PAGO DE DEUDAS

A excepción de las partidas para personal y gasto corriente en estos Presupuestos de transición por el desierto de la crisis económica, el gran pellizco se lo llevan los gastos destinados al pago de la deuda viva municipal (529 millones de euros), a la que se reservan 64 millones de euros en números redondos, y al de los intereses (23 millones) del préstamo suscrito de 59 millones para el pago de las 3.000 facturas pendientes de abono desde hacía años a los proveedores.

Como se recordará, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 sobre medidas de financiación para que las Administraciones Locales saldaran sus deudas con los proveedores, pero a cambio de someterse a estrictas medidas de austeridad y contención del gasto público, una decisión muy criticada por el PSOE por estimar que buena parte de los 59 millones del crédito han engrosado las cuentas de unas pocas grandes empresas, con las que se podría haber negociado bilateralmente mejores condiciones de pago sin necesidad de haber asumido mayores sacrificios económicos; la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha defendido por su parte esta política de sacrificios añadidos con el fin de saldar cuanto antes las deudas y de insuflar oxígeno a la economía local.

CARTAS A LOS JUBILADOS

En este escenario macroeconómico de caída de los ingresos en 129 millones de euros, recorte drástico de inversiones y proclamada austeridad por la falta de dinero, al tiempo que la delegada de Hacienda presentaba las grandes cifras de las cuentas municipales sin descender en demasía a los detalles, el Ayuntamiento notificaba a 200 de los 700 jubilados del Consistorio que va a dejarles de abonar la denominada ‘paga extraordinaria de antigüedad’, que han venido cobrando hasta ahora.

El gobierno local se ampara en el Real Decreto de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad y que, según su interpretación, prohíbe que se pague premio extraordinario alguno a efectos positivos en aquellos supuestos en que se produzca concurrencia en la percepción de pensiones públicas cuando los beneficiarios superen los topes establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, ni el Gobierno ni el Ayuntamiento han tenido en cuenta que esta paga extraordinaria se ha nutrido de los descuentos de hasta un 8,5% en sus nóminas que los antiguos empleados municipales soportaron a lo largo de su vida activa con vistas a recuperar ese dinero como una especie de seguro o depósito  cuando les llegara la edad de la jubilación. Para colmo, los 200 pensionistas afectados tendrán que abonar las tasas judiciales impuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, si se plantean pleitear contra el gobierno municipal y el Estado por lo que aquellos consideran “un robo” de sus pensiones.

PAGA EXTRA ENCUBIERTA

Y mientras Zoido les dice a los jubilados del Ayuntamiento que no hay dinero para mantener esta paga extraordinaria, a la que habían contribuido a lo largo de su vida laboral, el mismo alcalde ha tratado de colar por la gatera el abono de una paga extra de Navidad, por una cuantía de 600.000 euros, para los 1.073 policías locales, a razón de 559 euros por cabeza.

Cierto es que desde 2010 los agentes se consideran agraviados porque como consecuencia de la reclasificación que se les aplicó deberían percibir salarios acordes a la categoría C1 y, en realidad, están cobrando como si pertenecieran al grupo C2, pero también, como en tres ocasiones (la última, el pasado viernes) le ha recordado la Intervención General al alcalde, el archicitado Real Decreto ley de Medidas de Estabilidad Presupuestaria impediría adoptar medidas de este tipo en el actual escenario macroeconómico.

Zoido se puso en evidencia a sí mismo cuando admitió que el objetivo de esta paga a la Policía era cumplir el compromiso de subirle el sueldo, al que había llegado con sus representantes durante las protestas del pasado mes de abril, por lo que luego, cuando trató de rectificar al percatarse de que vulneraría las disposiciones del Gobierno, intentó camuflar el abono del dinero diciendo que se trataba del pago de horas extraordinarias por la sobrecarga del trabajo policial en la persecución de los gorrillas y la ‘botellona’.

Espadas, el portavoz municipal del PSOE, ha subrayado la falacia del argumento de las horas ‘extra’ porque al repartirse el dinero entre todos los policías por igual, hayan o no realizado horas extraordinarias, se trata en el fondo de una paga lineal en concepto, en todo caso, de productividad y que sólo se ha contemplado para la Policía y no para el resto de los funcionarios y empleados municipales.


TRATO DESIGUAL

El anuncio del alcalde ha suscitado de inmediato un sentimiento de agravio comparativo en toda la plantilla del Consistorio, que reclama el mismo trato por parte del alcalde. En este sentido, el sindicato CSI-CSIF ha puesto de manifiesto que si la Policía Local sufre un déficit enorme de agentes, lo mismo sucede en servicios como los de limpieza o las bibliotecas, a los que hasta ahora Zoido se ha negado a pagar horas extraordinarias o productividades.

Así pues, en un Ayuntamiento sin dinero según para qué, Zoido se saca de la manga 600.000 euros en una paga ‘extra’ y camuflada para los policías mientras se la quita a los jubilados y se la niega al resto de la plantilla del Ayuntamiento. El factor diferencial que maneja el alcalde para tratar de mantener contentos a los 1.073 agentes en comparación con el resto de empleados municipales, es que, número aparte, mientras los jubilados, las limpiadoras y los bibliotecarios no pueden poner multas, los agentes son vitales para el objetivo del Ayuntamiento de seguir recaudando para el año próximo al menos otros 25 millones de euros en sanciones de tráfico y de todo tipo para que así no se le descuadre el Presupuesto.

El mapa

El Ayuntamiento ha encargado a una empresa privada la elaboración de un denominado ‘Mapa de la prostitución de Sevilla’,  al precio de 27.271,65 euros. El objetivo del trabajo,  según la justificación oficial, es tener un conocimiento de los lugares más habituales de concentración de esta actividad ilícita y las circunstancias que rodean a las personas que la ejercen. Me pregunto para qué servirá este mapa si las prostitutas van cambiando de sitio en respuesta a la presión policial. Y me pregunto también si entre la Delegación de Asuntos Sociales y los agentes de la Policía Local que patrullan por las calles de Sevilla no son capaces, por si aún no lo supieran, de elaborar un plano con los lugares donde hoy (otra cosa será mañana) se ejerce la prostitución y ahorrarles así a los contribuyentes sevillanos casi 30.000 euros. Zoido habló mucho en su época en la oposición, e incluso tras su investidura como alcalde, del gobierno de los funcionarios, pero a la hora de la verdad hasta para elaborar un mapa de Sevilla acaba encargando la brújula fuera del Ayuntamiento.

Bolis caídos

Ahora que la torre Pulido o Monteseirín, que como padres intelectuales (es un decir) o financieros del rascacielos merecen dar el título antes que Pelli, el cual hace de ‘albañil’ como Pellón en la Expo, ahora que -decía- supera la Giralda, Urbanismo se percata de que imita a la de Pisa y se inclina más de la cuenta. Vamos, que la han movido un metro y ha invadido el viario público. Pulido se lo ha puesto a huevo a Zoido para que le pare las obras sin costarle ni 200 millones ni un solo euro al Ayuntamiento sino gratis total hasta que no la retranquee un metro para dentro, lo que equivaldría a tener que derribarla para rehacerla de nuevo fuera del dominio público, y encima ponerle un multazo de Icomos y señor mío para que se entere de lo que vale un alcalde con un par. Pero, pelillos a la mar.  El Consistorio dice que, total, por un metro (ojo, a multiplicar por 178 de alto más la anchura) que le quite la torre al suelo, unido a lo ya quitado a los cielos que perdimos, no va a sancionar a Caixasol. No son sólo los policías quienes están en huelga de bolis caídos.

Vidas rotas

Yo, aún estudiante de Periodismo a distancia, estaba alojado en la misma pensión a la que él, dependiente de un comercio del Centro, y su novia, sobrina lejana de las patronas, iban a comer, como tantos otros de su gremio, por turnos. Un día, los comensales de aquella España de finales de los 70 supimos que, en busca de mejores condiciones de vida, había decidido ingresar en la Policía. Nunca más lo volví a ver, hasta que años después su foto en primer plano me golpeó brutalmente desde la primera noticia del Telediario. Había sido asesinado por ETA en el País Vasco y aquella novia, ya su viuda, aparecía en las imágenes enlutada y derrumbada sobre el féretro que lo traía de vuelta a Sevilla. Más de 30 años después, al anunciar ETA su renuncia a la lucha armada, lo primero que me vino a la mente fue el rostro de aquel policía de Olivares, antiguo dependiente de comercio que, buscando un futuro mejor, halló la muerte y dejó tras de sí las vidas rotas para siempre de sus familiares. Hoy sabemos que su sacrificio, como el de tantos andaluces como él, no fue en vano.

 

Botellona

Súper Zoido, el alcalde que puede con todo y lo mismo abarca la Plaza Nueva que el Parlamento de Andalucía y los 8.000 ayuntamientos de España a través de la FEMP, ha sido derrotado por los 5.000 botelloneros que fueron de jarana a la Cartuja por más que Zoidoman anunció un plan para impedirles el acceso, reunió al Cecop y desplegó cien policías. El anuncio de tales medidas ha ampliado aún más el eco de su derrota frente a la Movida, en parte por tal avalancha humana, en parte por la ineficacia de la actuación policial. ¿Cómo se explica estadísticamente que allí hubiera 5.000 personas congregadas para beber alcohol y que todos los controles de alcoholemia  de la Policía dieran resultado negativo? ¿A quién controlaban, a los de la macrobotellona o a los conductores que iban camino del Aljarafe por el Muro de Defensa? Cuentan las crónicas que los guindillas intentaron canalizar la masa por las cuatro puertas abiertas al Charco de la Pava, pero nada les dio resultado. Zoido se está percatando de que tratar de domeñar la Movida es como ponerle puertas al campo.

Monteseirín se hizo su foto

El Boletín Oficial del Estado del pasado 29 de enero publicó la reforma de la Ley Electoral, por la que se regirán las elecciones municipales del 22 de mayo y los sucesivos comicios autonómicos y generales dentro de aproximadamente un año. El objetivo declarado por el legislador para esta modificación normativa es, por una parte, evitar la incidencia de los poderes públicos en las urnas mediante la realización de campañas institucionales e inauguraciones de obras; y, por otra, reducir la publicidad y la propaganda al limitarla estrictamente al periodo (15 días) de la campaña electoral.

Para comprender la fiebre de primeras piedras e inauguraciones de obras más inacabadas que la famosa sinfonía de Schubert de los últimos días en Sevilla hay que remitirse a la introducción de estos  dos apartados clave en el artículo 50 de la Ley Electoral reformada:

1)      Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones.

2)      Durante el mismo periodo queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos, o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo.

ROZANDO EL LÍMITE LEGAL

Como Alfredo Sánchez Monteseirín ha calculado que la convocatoria oficial de las elecciones municipales del 22-M se iba a publicar  en el Boletín Oficial del Estado  el día 28 de marzos o, a lo sumo, el 29, se apresuró  a anunciar para el domingo 27 de marzo  la ‘inauguración’ de su particular estadio olímpico o mausoleo político de las setas de la Encarnación, cuyo coste global estimamos en su día en unos 140 millones de euros (valorando, además de las obras actuales, las indemnizaciones por la paralización del primer proyecto, que se elevaron a nueve millones de euros,  y la aportación en especie del edificio de la Hacienda Municipal para que Sacyr lo explote durante cuarenta años y que fue tasado en más de 32 millones de euros por el Ayuntamiento).

encarnacion 4La ‘inauguración’ del icono de la era alfrediana es una metáfora del personaje y de su política, ya que todo aquí hoy es pura fachada con el fin de que, antes de que entrara en vigor la prohibición legal de inaugurar nada,  Monteseirín pudiera hacerse la foto oficial del paripé del fin de las obras, que acumula cuatro años de retraso sobre la fecha inicialmente prevista de mayo de 2007 (para las anteriores elecciones municipales), pese a lo cual el alcalde, cómplice de la situación con tal de vez alzadas las setas y dejar su huella para la posteridad en la trama urbana de la ciudad, ha sido incapaz de imponer sanción alguna a la empresa constructora.

EL PRECEDENTE

La impostura de Monteseirín le lleva a ‘inaugurar’ unas obras inacabadas y hasta por fases, como ya hizo con el mercado, cuya actividad se ha desarrollado durante meses en un escenario plagado de andamios y con un trasiego de operarios trabajando a triple turno (¿quién ha pagagado este sobrecoste y por qué no se aplica  para rematar otras obras menos electoralistas?), con el riesgo que ello implicaba para los clientes de la plaza de abastos.

Ni la autoridad (¿?) laboral ni Torrijos, tan aparentemente preocupado por la seguridad laboral, han alzado la voz. Como tampoco la Policía Municipal, encargada de velar por que se cumplan las Ordenanzas contra el Ruido en horario nocturno, el mismo en que se han hecho todo tipo de trabajos en el Metropol Parasol sin importar las molestias que estuvieran causando al vecindario.

La compañera Ana Sánchez Ameneiro hizo un estupendo trabajo de campo periodístico al indagar sobre el terreno de la Encarnación y en las cuadrillas de operarios que estaban trabajando contra el reloj en las setas. El testimonio recogido de un jefe de cuadrilla deja en evidencia las mentiras de Monteseirín: “No sé a quién quiere engañar –aseveró el operario- el Ayuntamiento. Nosotros tenemos aquí trabajo para dos o tres meses más. Los alrededores de los parasoles sí puede que estén urbanizados a tiempo para que pase el alcalde y se haga la foto, pero no así los demás elementos del proyecto”.

DOS O TRES MESES MÁS

Según el inventario de mi colega, para poder dar por finalizadas las setas quedan por rematar al menos siete tareas todavía, entre ellas pintar con poliuretano las copas de dos parasoles, revestir de hormigón y de metal la base de dos setas, acabar el restaurante-mirador y abrirlo, equipar el Antiquarium y probar su equipamiento multimedia…. Una labor para la que harán falta dos o treses meses más de trabajo, lo cual no es óbice para que  Monteseirín haya protagonizado  otra de sus farsas: el paripé de inauguración de su faraónico proyecto, con, probablemente, hasta una placa en cualquier parte que empiece por la manida fórmula de “siendo alcalde….”.

Pero, muy a su pesar y tal como nos enseñaron en la Facultad de Periodismo, la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino al revés. Y la noticia que ha desmontado la farsa ha sido, a partir del lunes 28 de marzo, ver la foto de los operarios rematando por dentro y por las alturas  unas setas que, según la versión oficial y el aparato de propaganda del alcalde, ya están terminadas desde hace una semana.

Yogures municipales

Cuenta Chema Rodríguez, haciéndose eco de una denuncia del sindicato policial, que la dejadez del Ayuntamiento a la hora de adaptarse a los cambios legales en materia de tráfico podría provocar la anulación de miles de multas, por un defecto de forma al haberse usado durante meses formularios caducados en vez de los nuevos. Y añade: “las diferencias entre unos y otros apenas son perceptibles, aunque las hay”. El Servicio de Multas, sin embargo, pasa por alto la caducidad y da validez a las multas del último período. Se limita a aplicar la doctrina vigente en el Ayuntamiento, pues no en vano al frente del mismo (es un decir) hay un alcalde que figura como tal a pesar de que hace meses que está tan caducado como los formularios de la Policía Municipal: desde que Griñán lo defenestró por medio del famoso teletipo de Europa Press. Parafraseando a los guindillas, las diferencias entre un alcalde que se siente con mando en plaza y otro más caduco  que un yogur apenas son perceptibles, pero las hay. La principal, que el caducado está más agrio que de costumbre.

Preguntas sin respuestas

Del urbanismo bajo sospecha acuñado por Monteseirín hemos pasado a la política laboral de la Junta bajo sospecha. El escándalo de Mercasevilla, que suma y sigue con el insólito descubrimiento de una caja fuerte secreta en un armario de la Consejería de Empleo, ha sembrado un campo de minas en forma de dudas sobre la gestión de este Departamento, cuyo exdelegado provincial, Antonio Rivas, está  imputado en el caso y donde nadie sabe a ciencia cierta quién autorizó la inclusión en los polémicos EREs de falsos prejubilados como el dirigente socialista de Baeza y de contratados ‘ad hoc’ para beneficiarse de generosas jubilaciones con dinero público.

Si al cabo de los años se ha descubierto que los EREs de Mercasevilla están plagados de irregularidades, ¿cómo no sospechar con fundamento que no haya podido ocurrir lo mismo en otros expedientes tramitados por una Consejería que por ende tiene sobre ella la mirada del casi millón de andaluces en el paro?

MIRANDO EN LOS ARMARIOS

La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, y la de Agricultura, Clara Aguilera, han declarado que ellas no tienen cajas fuerte secretas como  la Consejería de Empleo. ¿Y cómo lo saben? O si lo saben, cabe inferir de sus palabras que habrán ordenado un registro interno para asegurarse, ya que su colega de Empleo, Manuel Recio, descubrió fortuitamente dos meses después de su toma de posesión la caja camuflada en un armario y de la que nadie tenía noticia.

Y al igual que Mendelssohn escribió las canciones sin palabras, aquí cabe escribir muchas preguntas aún sin respuestas. ¿Cómo se pudo camuflar la caja sin que ningún funcionario advirtiera los trabajos para su instalación? ¿Pasó inadvertida porque se introdujo en la Consejería embalada como si fuera un ordenador? ¿Cómo pasaron con ella los controles de seguridad sin que su aspecto en la pantalla provocara sospecha alguna del vigilante de turno? ¿No se disparó ninguna alarma por los kilos de metal que se estaban introduciendo? ¿Y en calidad de qué se presentaron a sí mismos quienes acudieron a montarla dentro del armario, para lo cual debieron cargar con el instrumental adecuado? ¿Como ‘fontaneros’, similares a aquellos del escándalo Watergate?

¿Trabajaron en el horario laboral habitual, con lo que habrían coincidido con los funcionarios como incómodos testigos, o se presentaron a horas intempestivas para que no los viera nadie? ¿Quién les abrió entonces la puerta?

LA DETERMINACIÓN

Mar Moreno dice que todavía no tiene claro si es normal o no que en la sala anexa al despacho del consejero de Empleo hubiera una caja fuerte secreta. Si es normal que haya secretos que custodiar en cajas acorazadas , ¿por qué entonces el sucesor de Antonio Fernández, el ya exconsejero ilocalizable cuando la juez pregunta por él, llamó a la Policía Autonómica para que la abriera y no dio cuenta de la misma a la magistrada encargada del caso Mercasevilla? ¿Por qué mantuvo en secreto la operación de apertura de la caja secreta?

Manuel Recio dice haber abierto una investigación interna sobre los EREs de Mercasevilla.  ¿Por qué no ha hecho lo mismo sobre quién, cómo, cuándo y por qué ordenó comprar e instalar la caja acorazada? ¿No está acaso la factura de compra en Intervención? ¿Cuánto costó? ¿Qué fabricante la suministró?

La portavoz del Gobierno también imagina que se habrá determinado el montaje de la caja secreta por razones de seguridad. Para empezar, ¿quién lo determinó? Porque si era una cuestión de seguridad, lo lógico habría sido aconsejarse por la Policía Autonómica, la misma en que se pensó a la hora de abrirla y que tampoco sabía de su existencia.  ¿Lo determinó acaso una empresa privada previo pago de los correspondientes emolumentos? Y si lo determinó una empresa privada, ¿se contrató el servicio mediante concurso público o se adjudicó a dedo?

LA VERSIÓN OFICIAL

¿Y qué razones de seguridad se dan en la Consejería de Empleo para que tenga una caja fuerte secreta camuflada que no se dan en otras consejerías para que éstas no dispongan de un equipamiento tan ‘sui generis’? ¿No se dan ‘a priori’ más razones de seguridad en la Consejería de Gobernación, equivalente en plan doméstico al Ministerio del Interior? ¿O en la Consejería de Justicia, por  su propia naturaleza? ¿Por qué no tienen entonces cajas fuertes secretas en los armarios? ¿O sí las tienen y también guardan silencio?

¿Qué había que custodiar en la caja acorazada de Empleo? ¿Papeles secretos en plan Wikileaks o dinero contante y sonante al margen de las cuentas bancarias oficiales? ¿O las dos cosas a la vez?

¿Y por qué hemos de creernos la versión oficial, dada a conocer al cabo de los meses y sólo después de que EL MUNDO haya desvelado el secreto mejor guardado de la Consejería, de que la caja fuerte estaba vacía cuando la Policía Autonómica logró por fin forzarla, si nadie ha dado parte de todo esto al Juzgado que investiga el caso Mercasevilla? ¿Cómo creer la versión oficial cuando no ha sido avalada por nadie ajeno a la Consejería, que es parte interesada en el escándalo ? ¿Se camufla acaso una caja fuerte en un armario para no ocultar luego nada en su interior y dejarla tan vacía como vino de fábrica?

Javier Arenas asevera que ésta es una historia truculenta, sin parangón en los 30 años de autonomía, y que “en esa caja fuerte hay mucho gato encerrado”. De haberlos habido,  esos gatos andan ya sueltos desde hace mucho tiempo; y si algo queda allí dentro son únicamente  telarañas.