El Ayuntamiento de Sevilla no ha recibido aún ninguna carta oficial ni advertencia de ser intervenido por parte del Ministerio de Hacienda y rechaza su inclusión en una lista de veintidós grandes corporaciones locales y/o provinciales que serán apercibidas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro por incumplir el plazo legal máximo de pago a proveedores, fijado en 30 días en la ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera.
Al Ayuntamiento hispalense se le atribuye una deuda de 42,1 millones de euros y una demora media en los pagos de 62 días, según la relación del Ministerio, de la que se ha hecho eco el diario El País.
Un portavoz del gobierno de Espadas afirma que no se trata de un problema generalizado en todas las facturas, “sino de una serie de ellas, especialmente antiguas, que incrementan la media”, y que el pago en la mayor parte de las facturas está “normalizado por debajo del límite legal”.
Según la corporación municipal sevillana, la ciudad cumple actualmente con toda la normativa en materia de saneamiento, deuda y regla de gasto, y el desvío en el pago a proveedores es de tan sólo un día y medio en estos momentos, cuando el año pasado era incluso de catorce días por debajo de lo que ocurría en etapas de mandatos anteriores.
Afirma el Ayuntamiento que las medidas adoptadas están dando sus frutos, por lo que “no hay motivo alguno para la amenaza” de Hacienda.
depender el futuro de Aussa. Hacienda estipula que los ayuntamientos deben vender las empresas que no estén controladas exclusivamente por otras empresas municipales, pero no obliga a vender las que están controladas exclusivamente por una sociedad matriz de índole municipal.
contradicción al sostener que con la legislación actual no hay ningún inconveniente para que el Ayuntamiento no pueda formar parte del consorcio de la misma. Si no hubiera ningún inconveniente, como pone de manifiesto la nota aclaratoria de Hacienda, no habría hecho falta la citada Disposición sobre la marcha.
La nota aclaratoria del ministerio que dirige Cristóbal Montoro, diputado por Sevilla, profundiza en cinco aspectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: 1) Clarificación de competencias, 2) Racionalización de la estructura local; 3) Regímenes de dedicación y retribuciones de los miembros de las corporaciones locales; 4) Racionalización del empleo público; y 5) Control financiero y presupuestario más riguroso e Impulso de la actividad económica.
Dado que Sevilla tiene más de 500.000 habitantes, Juan Ignacio Zoido tendría derecho a percibir como alcalde y por todos los conceptos una retribución máxima de 100.000 euros anuales. Por su parte, Francisco Toscano, como alcalde de la segunda ciudad más poblada, Dos Hermanas, podría cobrar un máximo de 75.000, ya que el municipio nazareno aún no llega a los 150.000 habitantes. Antonio Gutiérrez Limones, como alcalde del tercer municipio más poblado, Alcalá de Guadaíra, tiene derecho a percibir un máximo de 65.000 euros, ya que su ciudad no ha superado aún oficialmente los 75.000 habitantes.
Sevilla ha sido durante abril la segunda provincia española que ha registrado mayor caída del paro (5.891 personas salieron de las listas del Inem) y mayor número de contratos laborales (24.444), si bien el 97% de los mismos tuvieron carácter temporal. Tanto en general como para sectores como la construcción y la industria han sido las mejores cifras en muchos años desde que se llevan este tipo de estadísticas. Y ¿a quién se ha debido este machadiano milagro de la primavera? Las centrales sindicales, libres en este sentido de toda sospecha, lo atribuyen a los hombres de negro enviados por el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, a la Feria de Abril, los cuales obligaron a dar de alta a todo el que pintara algo en una caseta, desde el montaje al desmontaje. Mientras que en el resto del país sube el pan (y los impuestos) cuando don Cristóbal habla con su risa de conejo, aquí resulta que baja el paro. Con este precedente, Sevilla va a ser el único lugar del mundo donde acabemos felicitándonos por que nos metan una inspección de Hacienda.
El gobierno municipal se ha mostrado sensible a la situación de emergencia social que sufre la ciudad, ya con más de 91.000 parados, y ha dotado con 7 millones un plan para paliar los efectos de la crisis, dinero que se destinará a Cáritas (3 millones), subvenciones directas (2,3 millones), Banco de Alimentos y comedores sociales (un millón) y menores de edad (medio millón). A este dinero hay que añadirle un millón más para el bonobús solidario, a fin de que no ocurra como durante este año, cuando la partida existente se había agotado a la vuelta del verano.
4) Una partida de 5 millones para ‘reestructuración de servicios públicos’, expresión ambigua tras la que se esconde la liquidación de sociedades municipales como Sevilla Global pero también la reactivación, en una especie de ‘operación acordeón’ societaria, de Giralda Televisión mediante la adjudicación de su gestión y/o de la programación, por concurso público redactado de la forma en que suelen redactarse este tipo de concursos, a una productora privada a cambio de entre 1,5 y 1,8 millones de euros que saldrían de este fondo global de 5 millones. Recuérdese cómo cuando se hallaba en la oposición el PP preconizaba la desaparición de esta emisora municipal de TV, por considerar que era el aparato de propaganda de Monteseirín y que carecía de sentido su existencia por competir con las emisoras privadas. Ahora el discurso ha cambiado por el de que se trata de garantizar “un servicio público de calidad” y de que costará diez veces menos a los contribuyentes, por más que en el espectro haya más de cien canales de televisión.
El gobierno local se ampara en el Real Decreto de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad y que, según su interpretación, prohíbe que se pague premio extraordinario alguno a efectos positivos en aquellos supuestos en que se produzca concurrencia en la percepción de pensiones públicas cuando los beneficiarios superen los topes establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Cierto es que desde 2010 los agentes se consideran agraviados porque como consecuencia de la reclasificación que se les aplicó deberían percibir salarios acordes a la categoría C1 y, en realidad, están cobrando como si pertenecieran al grupo C2, pero también, como en tres ocasiones (la última, el pasado viernes) le ha recordado la Intervención General al alcalde, el archicitado Real Decreto ley de Medidas de Estabilidad Presupuestaria impediría adoptar medidas de este tipo en el actual escenario macroeconómico.
Congelar, según la octava acepción del DRAE, significa declarar inmodificables los precios. La delegada de Hacienda, Asunción Fley, vende la burra de que nos congela los impuestos. La congelación se logra físicamente a los cero grados, pero los políticos obran el milagro de congelar subiendo la temperatura por encima de cero. Así, la doña de Hacienda nos pone por delante la zanahoria de la congelación de impuestos para que los periódicos piquen con ese titular, cuando son sólo cinco, y minimiza el dato de que nos sube 37 de las 42 ordenanzas fiscales y se inventa siete nuevas. Haciendo juegos malabares con el lenguaje, no se sale de la vereda de la congelación y empieza a enredar diciendo que cinco ordenanzas mantienen congelación nominal de tipos y tarifas, 13 mantienen congelación real al 3% (vamos, que sube este porcentaje, y que de congelación nada de nada) y 7 mantienen la misma congelación pero amplían impuestos impositivos. Y sí, nos congela el IBI, pero, claro, tras haberlo subido previamente un 10%. ¡Qué buena es Asunción, que nos aplica su congelación!
Juan Espadas, que tras más de un año de rodaje en el Palomar como penitente de las culpas de Monteseirín (el peor alcalde de la historia de Sevilla) le está cogiendo el tranquillo a esto de ser líder de la oposición municipal, se ha apuntado un gran tanto político al descubrir (y con más mérito todavía por el oscurantismo de la Delegación de Hacienda) que en el plan de pago a los proveedores por deudas atrasadas desde los tiempos de Maricastaña se han incluido facturas duplicadas por, de momento, 350.000 euros, que tendrán que ser devueltos. Así pues, gracias a la eficacia de Espadas, los contribuyentes sevillanos se van a ahorrar ese dinero indebidamente abonado pero que, como se incluyó en la relación enviada a Hacienda, nos va a suponer unos 20.000 euros en intereses, de los que ahora en el gobierno local se harán los locos. ‘Chapeau’ para Espadas, que ha demostrado que lo suyo es mirar los papeles y no tanto los bancos rotos en los barrios para tratar de emular a Zoido. Y, esta vez, un cero para Asunción Fley, la delegada que paga lo mismo dos veces.