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El Ayuntamiento de Sevilla insiste en que no habrá ‘catastrazo’

El gobierno presidido por Espadas y la oposición liderada por Zoido discrepan abiertamente sobre la necesidad de la actualización de los valores catastrales y sobre sus efectos en los bolsillos de los sevillanos. Mientras que el PP se reafirma en que ha sido el alcalde el que ha pedido de forma voluntaria e innecesaria la revisión a Hacienda, lo cual tendrá un efecto dominó sobre una serie de impuestos aunque se congele el IBI, el gobierno alude a una revisión poco menos que obligada por el tiempo transcurrido y la normativa, y minimiza las consecuencias en el resto de impuestos al margen del IBI.

El exdelegado municipal de Economía y edil de confianza de Zoido, Gregorio Serrano, ha vuelto a acusar a Espadas de haber solicitado al Ministerio de Hacienda la revisión de los valores catastrales en Sevilla, sin la cual no tendría necesidad de congelar el IBI e incluso podría haberlo rebajado en un 10%.

Serrano afirma que la petición de revisión de los valores catastrales es voluntaria por parte de los ayuntamientos y que en la etapa de Zoido al frente del gobierno local nunca se tramitó nada en tal sentido.

Esta presunta voluntariedad se contradice con la posterior aseveración del exdelegado de Economía en el sentido de que el año pasado el Ministerio de Hacienda les dio a elegir entre dos opciones: o actualización de los valores catastrales o aplicación de la prórroga del incremento del 10% del tipo de gravamen. Según Serrano, el gobierno de Zoido optó por esta última opción, “aunque asumimos -asegura- la subida financiándola y añadiendo un 4% más de bajada, para que los sevillanos no sólo no notaran el aumento, sino que vieran rebajado el recibo del IBI”.

SEVILLA, DE LAS MÁS ANTIGUAS

Por su parte, el gobierno de Espadas presenta la cuestión como obligada por el tiempo y la normativa: los vigentes valores catastrales entraron en vigor en 2001, hace casi quince años, y son fruto de una ponencia de valores cuyo trabajo de campo se realizó en 1998 y 1999 cuando aún no se había desarrollado el llamado boom inmobiliario. Estos valores catastrales se fijaron en 2001, aunque su aplicación fue progresiva durante diez años con subidas del 10% anuales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.3.a) de la Ley del catastro Inmobiliario, los  valores catastrales en Sevilla deberían haberse revisado, mediante la elaboración de una nueva ponencia de valores, en 2011. Han pasado más de cuatro años, por tanto, sin que los trabajos al respecto se hayan iniciado ni tengan visos de iniciarse en un futuro próximo.

Según el gobierno local, la actualización que se va a hacer para 2016 viene fijada por el Estado y es de un 10 por 100 porque, como puede comprobarse en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año próximo, está en función de la antigüedad de la ponencia de valores que dio lugar a los valores a actualizar. Como la de Sevilla es de la más antiguas, resultará aplicable un coeficiente de actualización del 10 por 100.

Ahora bien, la actualización no tiene por qué incidir necesariamente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), ya que el Ayuntamiento puede jugar con el tipo impositivo en las Ordenanzas Fiscales. En este caso, aunque el valor catastral suba ese 10% citado, el coeficiente se reduce al no aplicar el gobierno local ningún incremento de similar cuantía. El resultado es que el recibo se congela en el principal impuesto municipal y que más incidencia tiene sobre los ciudadanos.

Queda otro tributo municipal: el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Se calcula tomando como referencia el valor catastral de una vivienda en el momento de su adquisición y el valor de su transmisión multiplicado por un coeficiente en función del número de años transcurridos. El gobierno dice que puede haber incidencia según la diferencia entre uno y otro pero la estima baja y dependerá del coeficiente que se vaya a aplicar en las Ordenanzas Fiscales.

OTROS TRIBUTOS

En cuanto a la repercusión en los impuestos que cobran otras Administraciones, tenemos los siguientes:

-Impuesto de Transmisiones Patrimoniales:  Para calcular el valor real de una vivienda se tomará como referencia el valor catastral más un índice corrector. Si el valor catastral se actualiza, se rebaja el índice corrector y, según el Ayuntamiento, el efecto será nulo.

-Impuesto sobre la Renta (IRPF): La primera vivienda está exenta en el IRPF. Se aplica por tanto únicamente a la segunda vivienda dentro del mismo término municipal. En estos casos se imputa el 1,1% del valor catastral de un inmueble. La subida de los valores catastrales un 10% tendría una incidencia máxima de un 0,9% sobre ese 1,1% que se imputa por el valor del inmueble a  la declaración del IRPF de aquellas personas con más de una vivienda en Sevilla.

-Impuesto de Patrimonio: Sólo se aplica a aquellas personas con valores patrimoniales superiores a 700.000 euros, teniendo en cuenta que las viviendas con valores de menos de 300.000 euros no computan. Es decir, que para que afecte a una persona esta subida del valor catastral mínimamente, debe tener un patrimonio de más de 700.000 euros.

En cualquier caso, se puede elegir entre varias opciones la más favorable, de forma que puede computar el valor catastral o, por ejemplo, el valor de la adquisición.

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Espadas no tocará el bolsillo de las familias en las nuevas Ordenanzas Fiscales

El gobierno local dio ayer por finalizadas las reuniones que ha celebrado con los portavoces de los grupos políticos municipales para avanzarles las líneas maestras de las nuevas Ordenanzas Fiscales, encuentros en los que sólo ha faltado Zoido, que delegó su representación. Espadas ha declarado intocables a las familias, considera inviable la rebaja del 10% en el IBI preconizada por el PP y Ciudadanos y aplicará una mayor presión fiscal a las grandes empresas, que reducirá si éstas demuestran un mayor compromiso con la ciudad con, por ejemplo, el incremento de sus plantillas.

Las familias y las pequeñas y medianas empresas sevillanas no se verán afectadas, en líneas generales, por el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2016 que el gobierno local ha avanzado a los portavoces de los grupos políticos y que remitirá hoy al Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para someterlas a su dictamen previo.

Según las primeras impresiones recogidas, ante la actualización de los valores catastrales, en el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) el coeficiente pasa de 0,8067 que tiene en 2015 a 0,7334. Con esta medida, los recibos quedarán completamente congelados para los hogares y las pymes.

El gobierno de Espadas ha rechazado, por inviable, la rebaja del 10% preconizada desde la oposición por PP y Ciudadanos, ya que tendría una repercusión de 17,3 millones de euros en las cuentas municipales, a lo que hay que sumar el recorte en 6 millones de euros decretado por el Gobierno de la nación en la participación de la ciudad en los ingresos del Estado.

Con este escenario, una rebaja en el IBI provocaría que el Consistorio no pudiera afrontar una mínima subida salarial siquiera a los funcionarios, ni el abono de la paga extra. Hay que tener en cuenta que la previsión de ingresos por el IBI para el año en curso es de 173 millones de euros tras las fuertes subidas realizadas en los primeros años del mandato de Zoido, cuando ascendió a 183 millones (año 2012) y 201 millones (año 2013). Por tanto, una rebaja de esa cuantía supondría esos 17 millones de menos en la principal fuente de ingresos del Consistorio.

Por otra parte, en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, popularmente conocido como el impuesto sobre las plusvalías, se reducen los coeficientes que aplica el Ayuntamiento hasta en un 32% en el caso de las plusvalías a corto plazo: cinco años. La cuota de este impuesto pasa de 29,5 a 36,8 con carácter general para que no tenga incidencia la actualización de los valores catastrales. En las transmisiones, además, de 1 a 5 años pasa del 3,7% al 2,5%.

En esta línea de no tocar el bolsillo de la inmensa mayoría de los sevillanos, se congelará el sello del coche y hasta se rebajará en un 4% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya que pasa de 3,85 a 3,70.

La mayoría de las tasas con incidencia en familias y pequeñas y medianas empresas se congelan, desde la tasa de basuras hasta la de Tussam, y se suprime también la tasa de la basura a los locales vacíos que había aprobado el gobierno de Zoido.

En este escenario de congelaciones generalizadas, a salvo de conocer en profundidad el proyecto de Ordenanzas, la presión fiscal se incrementará para las grandes empresas, conforme al discurso del alcalde de que “otros tienen que hacer un esfuerzo: quienes más beneficio obtiene por su actividad, los grandes contribuyentes con grandes instalaciones en la ciudad”.

Ahora bien, el Ayuntamiento introducirá medidas correctoras para aliviar esa presión fiscal destinada a recaudar los 6 millones de euros menos que transferirá el Gobierno de la nación, siempre que las grandes corporaciones adopten un mayor compromiso con Sevilla, con medidas como, por ejemplo, la creación de empleo, habida cuenta de que la ciudad tiene en el paro (84.483 desempleados en septiembre) el mayor de sus problemas.

 

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Hacienda sube los valores catastrales en Sevilla pero Espadas los neutralizará en el IBI

Sevilla figura en la relación de 34 municipios de la provincia que han sido incluidos por el Ministerio de Hacienda en la lista nacional de aquellos en los que resultará de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales. El Ayuntamiento, sin embargo, actuará en la parte que le corresponde para que esa subida no repercuta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Los nuevos coeficientes de los valores catastrales se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y surtirán efecto a partir del 1 de enero del año próximo, aunque ya se estima que ascenderán a un 10% aproximadamente y que tendrán su traducción en el IBI.

La Orden de Hacienda, que ya es oficial por haberse publicado en el Boletín del Estado el pasado lunes, llega después de que Espadas anunciara en el curso de un desayuno informativo du decisión de no incrementar el IBI en su primer año de gobierno a las familias y pymes sevillanas y de revisar, en todo caso, el de las grandes empresas y en una proporción máxima de un 10%.

Para cumplir su compromiso, el alcalde ha ordenado que se ajuste el coeficiente (el Ayuntamiento tiene potestad para ello), con lo cual esta revisión de valores catastrales no tendrá repercusión en el IBI que paguen los sevillanos en 2016.

Además de en Sevilla capital, se actualizan al alza los valores catastrales en treinta y tres municipios de la provincia: Aguadulce, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Alcolea del Río, Almadén de la Plata, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Camas, Carrión de los Céspedes, El Coronil, El Madroño, El Real de la Jara, El Rubio, Espartinas, Estepa, Gelves, Gerena, Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, La Rinconada, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera, Olivares, Pedrera, Salteras, San Nicolás del Puerto, Santiponce, Valencina y Villaverde del Río.

Los valores catastrales se revisan normalmente a petición de los propios Ayuntamientos (en Sevilla lo hizo Zoido, si bien señalando su deseo de que la medida no entrara en vigor hasta el segundo semestre de 2015, por tanto una vez pasadas las elecciones municipales de mayo), y para admitir la solicitud, han de cumplirse estos requisitos:

-Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2016 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2011.

-Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.

-Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo, plazo que para el año 2015 fue prorrogado hasta el 31 de julio.

 

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Un fondo de inversión con el IBI

Zoido anuncia la rebaja en 2014 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en un 13,41% y alardea de que con esta primera bajada de impuestos en 30 años deja 34 millones de euros en los bolsillos de los sevillanos -a una media de 52 euros – “para que ellos elijan en qué se lo quieren gastar y puedan crearse nuevos puestos de trabajo”.

Voy a obviar que previamente subió el IBI en un 10%, con lo cual la cuantía de la rebaja se reduce a un 3,41%, para darle la vuelta a la frase. Su decisión, coherente con su promesa electoral de bajar impuestos (ojo, sólo algunos), se produce con 89.000 parados en la ciudad, marco presupuestario que prevé una caída de la inversión municipal en un 40% hasta 2016, paralización o ausencia de grandes y medianos proyectos de inversión privada, cierre del grifo del crédito a empresas y emprendedores por la banca y creciente descapitalización humana por la emigración de personas con talento que aquí se ven en el paro y sin incentivos ni financiación para emprender.

ESCENARIO ECONÓMICO

En esta situación, que el Ayuntamiento deje de cobrarnos 52 euros/año, individualmente nos resuelve poco, por más que incremente, como subraya el alcalde, la capacidad de gasto colectivo en 34 millones. Así que planteo: ¿y si en vez de aceptar la ‘devolución’ de ese dinero para tener 52 euros más mandatamos al Ayuntamiento para que los transfiera en nuestro nombre a un fondo de inversión digamos ‘soberano’ de Sevilla, gestionado de forma profesional e independiente de políticos y sindicalistas y destinado a financiar con criterios de rentabilidad proyectos empresariales de sevillanos y en Sevilla?

Esta opción significaría reconvertir la frase de Zoido en esta otra: “para que ellos elijan en qué lo quieren invertir y puedan crearse nuevos puestos de trabajo”. Cambiar la palabra “gastar”, que significa emplear el dinero sin más propósito que el de consumir, por “invertir”, que consiste en emplear el dinero con un propósito de rentabilidad.

Porque no se trataría de aportar esos 52 euros de cada uno a fondo perdido sólo por la samaritana buena intención de tratar de crear empleo en cualquier proyecto que surja del seno de la ciudad, sino del equivalente a participaciones en un fondo de inversión de cåpital-riesgo o ‘business angels’ regido por estrictos criterios de profesionalidad en la selección de los proyectos y procurando que sean mayores los éxitos que los fracasos (algunos serán inevitables), como en la parábola bíblica del trigo.

LAS ‘SPIN-OFF’

Imaginemos el efecto multiplicador que podría tener para nuestra economía la aparición de un fondo con los 34 millones de euros de la (no) rebaja del IBI y que invirtiera en ‘spin-off’ o empresas emanadas de nuestras universidades, al modo de las exitosas Inerco, Indisys e Icinetic, por poner sólo tres ejemplos.

Como botón de muestra, la última de las citadas ha consolidado 25 empleos en las tecnologías de la información en tan sólo siete años y ya ha abierto delegaciones en Cataluña, País Vasco y Estados Unidos. ¿Cuántas Icinetic más podrían crearse en Sevilla, con la subsiguiente generación de empleo de calidad, si otros jóvenes con talento como sus promotores pudieran disponer de la financiación para su arranque, un crédito que ahora no encuentran en la banca?

Y no sólo en las cuatro universidades con sede en Sevilla (Hispalense, Pablo de Olavide, Internacional de Andalucía y la privada Loyola) se encontrarían canteras de emprendedores por una parte y analistas de inversiones por otra (ya que  en este caso se podría recurrir a profesionales del sector privado retirados de la primera línea pero con experiencia -tipo Secot- para gestionar altruistamente y por amor a la ciudad el fondo con el capital del IBI) sino también en cualquier sector, siempre que los estudios previos apuntaran una razonable rentabilidad.

Recuérdese que aunque tenían pedidos previos para haber arrancado, la falta de crédito fue la causa del fracaso de la sociedad laboral creada por los extrabajadores de Hytasa para haber mantenido la actividad textil en Sevilla, personas que ahora lo vuelven a intentar en número de 30 para, aportando 140.000 euros del resto de sus indemnizaciones, reconvertirse en cultivadores de setas, champiñones y otros productos ecológicos. Con los 34 millones de euros del IBI aplicados a la inversión en economía productiva en vez de al simple gasto podrían arrancar en Sevilla 242 empresas como la nueva Hytasal.

LOS SECTORES DEL FUTURO

Al igual que ha obtenido la cesión de los derechos de crédito de los afectados por los parkings de Resipark, el Ayuntamiento podría sondear a todos los sevillanos para ver cuántos querrían cambiar la rebaja del IBI por su congelación y destinar ese dinero a constituir un fondo de inversión que sirva para la creación de empresas como paso previo para la generación de empleo en sectores como los que, según la consultora McKinsey, marcarán la economía en los próximos decenios, afectarán a millones de trabajadores y consumidores y propiciarán un negocio billonario: Internet móvil, programas informáticos ‘inteligentes’ (como los desarrollados en Sevilla por Indisys), Internet de las cosas, tecnología en la ‘nube’, robótica, vehículos autodirigidos, genómica, almacenamiento de energía (como hacen nuestras termosolares en Fuentes de Andalucía y Sanlúcar), impresión tridimensional, nuevos materiales, nuevas técnicas para extracción de gas y petróleo y energías renovables.

Pongo mis 52 euros del IBI a disposición de Zoido, por si quiere capitanear un proyecto de inversión colectiva en Sevilla.

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So tonto

Ya sabía que los clubes de fútbol son objetores fiscales por naturaleza y que además de haberse fundido las ayudas por el Mundial del Naranjito y el dinero de las quinielas y el de las televisiones no hay forma de cobrarles un euro. Ahora, por la polémica sobre el IBI, me entero de que en virtud del Concordato la Iglesia está exenta de pagarlo, pero que tampoco lo abonan partidos políticos y sindicatos, que ponen sus sedes a nombre de fundaciones sin ánimo de lucro (el que hace la ley, hace la trampa), e infinidad de organizaciones, entes, entidades, fundaciones, asociaciones y colectivos de todo pelaje  gracias a otros subterfugios legales. Hasta la Junta se escaquea y le debe 8 millones al Ayuntamiento. Y entonces comprendí la famosa frase de Luis Aragonés, pero aplicada al ámbito tributario, en vista de que casi todo el mundo está exento ‘de facto’ o ‘de iure’ menos yo: “ lo peor no es pagar (el IBI, el sello del coche, el IRPF…), sino la cara de tonto que se te queda”. Corolario de Alberti: “Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos”.

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IBI

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y las terminales mediáticas del Gobierno han montado una escandalera tras denunciar que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, debe el IBI de decenas de edificios públicos, una deuda que según Granado puede provocar retrasos en el abono de las pensiones. El Gabinete  manchego levantó las alfombras dejadas por Barreda tras 30 años del PSOE en el poder y vio que las facturas pendientes por IBI como herencia recibida ascendían a 1.176.488 euros. Granado, apocalíptico e integrado, tronó que no existen antecedentes de esta dimensión y que estos impagos no tienen justificación alguna. ¿Que no hay antecedentes de esta dimensión? Hace tan sólo unos días, Zoido desglosó en el Parlamento la deuda de la Junta de Andalucía, sus empresas y entes con el Ayuntamiento en concepto de IBI, sello del coche, tasa de basuras y otros: 8,6 millones de euros. Osea, siete veces más que Castilla-La Mancha. Si las pensiones están en peligro no será por el IBI impagado en Toledo, sino en Sevilla.

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El alcalde, sin margen para más ingresos

Aplica ya prácticamente el tope máximo que le permite la ley en los cinco principales impuestos

En los diez años que lleva de mandato duplicará el coste del recibo del IBI que pagan los sevillanos

Trata de hacer caja con las multas de tráfico, cuya recaudación ha multiplicado por cinco en sólo dos años


Ha anunciado  la supresión de servicios por falta de fondos

Diez años después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía, el Ayuntamiento de Sevilla se halla en una más que delicada situación financiera, con una deuda de 493 millones de euros según el Banco de España, una mengua de 52 millones de euros en las transferencias del Estado por efecto de la crisis económica, el arrastre del déficit de ejercicios anteriores, con Lipasam y Tussam prácticamente en quiebra y sin apenas poder incrementar la capacidad recaudatoria municipal porque roza, cuando no aplica ya, los tipos máximos impositivos que le permite la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La asfixia económica en que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla un decenio después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía es tal que él mismo ha anunciado que peligran algunos servicios municipales, y ello pese a que el Consistorio socialista ha exprimido casi al máximo las posibilidades recaudatorias que le otorga la ley y a que los sevillanos son, comparativamente, los habitantes de las grandes ciudades españolas que más impuestos pagan por ser propietarios de una vivienda.

El sevillano que haya tenido la sabia precaución de archivar los justificantes de pago de sus impuestos podrá comprobar que desde el ejercicio del 2000, el primero en que entraron en vigor unos Presupuestos Municipales con Monteseirín como alcalde, hasta el año 2009 el recibo del IBI se le ha incrementado en un 90% en números redondos.

La base imponible de este impuesto es el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando Hacienda autoriza su revisión, la base imponible sube en un 100% y el incremento se aplica gradualmente durante un decenio, a razón de un 10% anualmente. El 2010 será el último año de aplicación de la subida (el 10% restante) para completar la duplicación del coste del recibo.

Morosos y multas

Ahora bien, los tipos impositivos del IBI pueden ser incrementados o reducidos por los Ayuntamientos en los supuestos y dentro de los límites fijados por la ley reguladora de las Haciendas Locales. La norma permite aplicar un tipo impositivo sobre la base imponible que oscila entre el 0,4% y el 1,1%. El Ayuntamiento de Sevilla aplica un 0,847% desde el año 2002. Otros ayuntamientos, como el de Cádiz, han logrado una congelación práctica del IBI a través del tipo impositivo aplicable.

En la delicada situación financiera en que se halla el Consistorio sevillano, a Monteseirín aún le queda un último pero impopular recurso: incrementar el tipo impositivo del IBI hasta ese máximo legal permitido del 1,1%, lo que supondría un nuevo ‘catastrazo’ en el bolsillo de los sevillanos.

Consciente del efecto electoral ‘boomerang’ que podría tener esta hipotética medida de urgencia para el PSOE en las elecciones municipales de 2011, Monteseirín ha dado orden a la Delegación de Hacienda de que haga lo imposible por cobrar los 45 millones de euros que en conjunto adeudan millares de contribuyentes al Ayuntamiento por diversos conceptos desde hace 15 años, pese a que la Oposición estima que muchas de esas deudas han prescrito.

Otra de las medidas para engrosar como sea las arcas municipales es incrementar en lo posible las multas por infracciones de tráfico y, en especial, por aparcar en doble fila. El famoso coche ‘ponemultas’ y el comando especial de la Policía Local denominado ‘Blackberry’, por haber sido equipados con tecnología de última generación para imponer sanciones con la mayor fiabilidad y celeridad, son dos exponentes de la nueva política municipal, que está dando sus frutos. En tan sólo dos años, el Ayuntamiento ha pasado de recaudar 2,5 millones de euros por sanciones a los automovilistas a 11,3  millones de euros: casi cinco veces más.

Topes máximos

Otra de las opciones que tiene el alcalde de hacer más caja es sello del coche. Se trata de un impuesto directo y real que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica de cualquier clase y categoría, aptos para circular por las vías públicas. La ley de Haciendas Locales fija un cuadro de tarifas en función de la potencia fiscal y clase de vehículo. Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas fijadas en dicho cuadro aplicando unos coeficientes en función de la población de derecho de su municipio. El coeficiente máximo en el caso de Sevilla es el 2% y el Ayuntamiento ya aplica un 1,82%, por lo que el margen de maniobra que le queda es muy escaso.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el aumento de valor que los terrenos urbanos hayan experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, siempre que tal aumento se ponga de manifiesto como consecuencia de su enajenación o de la limitación de su dominio, ambas a título oneroso o lucrativo.

La base imponible es el incremento del valor de los terrenos, que se calcula aplicando sobre el valor catastral del suelo en el momento del devengo un porcentaje a fijar por cada Ayuntamiento que varía en función de la población de derecho del Ayuntamiento y de los periodos de revalorización de los solares, y que se sitúa entre un mínimo del 2 por 100 y un máximo del 3,7 por 100. Sobre esta base se aplica un tipo impositivo fijado por cada Ayuntamiento cuyos límites oscilan también en función de la población de derecho del municipio entre un mínimo del 16 por 100 y un máximo del 30 por 100. Pues bien, el Consistorio sevillano ya aplica el tope máximo.

El  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tiene un carácter indirecto y  grava la realización dentro del término municipal de aquellas actividades enunciadas en su denominación que requieran licencia municipal, haya sido expedida o no ésta. La base imponible está formada por el coste de la operación gravada. El tipo impositivo básico es del 2 por 100, incrementable por los Ayuntamientos hasta un máximo del 4 por 100 en función de la población de derecho del municipio. En este caso, la Corporación hispalense también aplica el máximo permitido por la ley.

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de carácter directo,  se exige por el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. La cuota tributaria resulta de aplicar las tarifas del Impuesto. Las tarifas mínimas se aprueban por Real Decreto y sobre ellas los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente en función de la población de derecho del municipio, e independientemente pueden aplicar una escala de índices que pondera la situación del local comercial en función de la categoría de la calle en la que radique. En Sevilla hay recargos por cinco categorías de vías públicas y el Ayuntamiento ha fijado también el máximo legal, por lo que carece de margen de maniobra.

Con este panorama, al Consistorio sólo le queda prácticamente incrementar ingresos por la vía de las tasas municipales (hay 29), un método tampoco muy popular, ya que el contribuyente percibe con nitidez el efecto de las subidas en su bolsillo.

LOS ‘AGUJEROS’ CONDICIONAN

EL PRESUPUESTO DE 2010

Los Ayuntamientos presididos por Monteseirín baten records de retraso en la aprobación de los Presupuestos. Los del año 2009 vieron la luz en abril con la excusa del Plan ‘E’, aunque ello no fue óbice para que corporaciones de otras grandes ciudades beneficiarias también del plan de reactivación de Zapatero los tramitaran en tiempo y forma. Igual está ocurriendo este año, ya que se prevé que las cuentas municipales no se aprueben hasta la primavera, máxime cuando la Delegación de Hacienda deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar los números.

El problema de fondo radica en que los gastos de la Corporación son más o menos fijos (más bien más que menos) mientras que los ingresos son variables y dependen en buena medida de las transferencias estatales. El punto de partida son 52 millones menos de dinero aportado por el Gobierno de la nación por causa de la crisis y la caída de recaudación en las arcas del Estado.

Siguiente hándicap: el Ayuntamiento arrastra un déficit de 87 millones de euros del ejercicio de 2008 y la Ley le obliga a realizar un plan de saneamiento para reducirlo en el plazo de tres años, ya que en caso contrario quedaría bajo la tutela económica de la Junta de Andalucía. Así pues, en los Presupuestos de 2010 debe ahorrar un tercio de ese déficit: 29 millones de euros.

Se estima que por el hundimiento del sector inmobiliario, la Hacienda municipal podría dejar de ingresar unos 7 millones de euros por los impuestos relacionados con el mundo de la construcción y las plusvalías de los terrenos.

Y, por ende, el Ayuntamiento deberá afrontar los déficits generados por las empresas municipales. Tussam podría acabar el ejercicio 2009 con un ‘agujero’ superior a los 50 millones de euros, y Lipasam tiene pendiente de ejecución un plan de saneamiento por unos 30 millones. En esta senda de pérdidas se hallaría ya Giralda Tv, que precisaría de una financiación añadida de 1,5 millones de euros.

En esta situación de caída general de ingresos y arrastre de déficits, a la Corporación sólo le queda recortar gastos allí donde pueda. La primera víctima del tijeretazo municipal ha sido la Real Orquesta Sinfónica: mientras las demás Administraciones mantendrán sus aportaciones para el año 2010, el Ayuntamiento ha recortado su contribución a una de las señas de identidad culturales de la ciudad.

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Los sevillanos, obligados al segundo mayor esfuerzo fiscal

Sevilla es la urbe donde más se tributa por IBI, un 18% por encima de la media de las principales capitales

El Ayuntamiento presenta como ‘congelación’ de impuestos las subidas que aprueba en aplicación del IPC de junio

La Hacienda local no ha reflejado la inflación negativa en las Ordenanzas Fiscales para 2010

El Ayuntamiento aplicará de inmediato las Ordenanzas Fiscales para 2010 sin necesidad de celebrar un Pleno de aprobación definitiva al no haberse registrado previamente ninguna alegación en el periodo legalmente establecido para ello. En su día  el PP presentó 37 enmiendas, de las que el gobierno municipal únicamente aceptó la concerniente al fraccionamiento del IBI a las personas en paro, autónomos, pensionistas o a aquellas empresas con dificultades económicas.

La delegada municipal de Hacienda, Nieves Hernández, ha declarado que la decisión de ‘congelar’ los tributos supone en realidad una bajada, ya que los últimos datos auguran un cierre del año con IPC positivo, pese a lo cual el Ayuntamiento no se ha acogido a esta referencia de inflación. Sin embargo, la Corporación municipal confunde sistemáticamente a los sevillanos con el uso equívoco del término ‘congelación’ y con la referencia temporal al IPC, ya que omite que toma como indicador el índice de precios de junio y no el de diciembre.

De atender a la semántica municipal, los sevillanos vivirían en un auténtico paraíso fiscal, ya que sistemáticamente cada año el Ayuntamiento anuncia que ‘congela’ los tributos. Conforme a la octava acepción del término que aparece en el Diccionario de la Academia y al entendimiento del común de los mortales, ‘congelar’ significa en economía “declarar inmodificables sueldos, salarios o precios”. Esa es la idea que el Consistorio trata de inocular en la mente de los sevillanos cuando habla de ‘congelación’, en vez de reconocer que sube los impuestos conforme al IPC.

Si el Ayuntamiento hubiera congelado realmente los tributos, como viene sosteniendo  en los últimos años, la recaudación municipal se habría mantenido prácticamente invariada (cabrían excepciones, como una hipotética subida de ingresos pese a que no se subiera el IBI y  merced al supuesto de  un incremento en la entrega de viviendas, que como es obvio no ha sido el caso).

Sin embargo y conforme a los datos facilitados por la propia Hacienda local sobre la cuantía de la recaudación por los principales impuestos en los dos años de la crisis (2008 y 2009), con la construcción prácticamente paralizada y un desplome del consumo y de la actividad económica, el Consistorio  ha pasado de ingresar 146,3 millones de euros en concepto de IBI en 2008 a 160,9 millones en 2009 (un 10,93% más); por el sello de los automóviles, ha pasado de recaudar 37 a 40 millones de euros (un 8,15% más); por el impuesto sobre construcciones y obras, de 16,8 a 18,9 millones de euros (un 12,03% más).

Sólo han caído los ingresos por incremento del valor de los terrenos, que han pasado de 17,4 a 17,2 millones (un 1,16% menos) y por actividades económicas (el IAE), de 43 a 28,9 millones (un considerable descenso del 32,77 %), pero como consecuencia de la crudeza de la crisis en Sevilla y de la paralización del sector inmobiliario, no porque la Hacienda local decretase esa eufemística ‘congelación’ tributaria.

Malabarismos con el IPC

El segundo eufemismo municipal es que con la supuesta ‘congelación’ tributaria aplica en realidad una bajada de impuestos, ya que el IPC oficial de diciembre puede ser positivo (algunas estimaciones hablan de un + 0,8%). Lo que no dice la delegada municipal de Hacienda es que el Ayuntamiento suele aplicar su política fiscal basándose cada año en el IPC no de diciembre (en tal caso, ¿cuánto tardaría en elaborar los Presupuestos del ejercicio siguiente si ya los presenta fuera de plazo, como ahora, cuando calcula que lo hará en marzo), sino de junio. Así, en 2008 tomó como referencia el IPC del mes semiveraniego, que ascendió al 5,%, justo antes del crash económico, y no el de diciembre, cuando se contrajo hasta el 1,4%.

Este año 2009, el IPC de julio ha sido negativo (-1%), al igual que durante otros siete meses del ejercicio, de ahí el miedo a los efectos de una deflación, peor aún que la inflación. En aplicación de la lógica municipal, el PP pidió al equipo de gobierno PSOE-IU una rebaja en similar proporción en los tributos municipales y de un 5% en la tasa de basuras para el pequeño comercio, además de la eliminación de la tasa de la licencia de apertura de comercios y la de mercados municipales para los placeros. Según los populares, la reducción de estos ingresos se podría compensar con una mengua del 10% en partidas de propaganda, reuniones, estudios técnicos, Plan Estratégico y Fundación DeSevilla.

El gobierno municipal volvió a esgrimir el término ‘congelación’ en vez de aplicar la caída del IPC estival y alegó que una bajada de un punto no se notaría en el recibo final del IBI, por lo que era preferible facilitar el fraccionamiento del pago a 36 meses en vez de a 24. Ese punto que según el Ayuntamiento no se nota, habría dejado en los bolsillos de los sevillanos 1,6 millones de euros, cantidad que la Corporación puede destinar a, por ejemplo, su aparato de propaganda, con Giralda Tv al frente.

Informe Funcas

La tercera tesis del gobierno municipal es que Sevilla se encuentra a niveles similares, en cuanto a tributación fiscal, que el resto de las grandes ciudades, “y así –ha dicho Nieves Hernández- lo corroboran informes del Ministerio de Hacienda y del Ayuntamiento de Madrid”. Aunque el papel y el retorcimiento de la semántica lo soportan aparentemente todo, no es lo mismo la presión fiscal que el esfuerzo fiscal.

La presión fiscal mide los ingresos de las Administraciones en relación con el Producto Interior Bruto. El defecto principal de este indicador es que no tiene en cuenta la existencia de diferentes niveles de desarrollo entre ciudades, en diferentes momentos, en la estructura económica, en población, productividad, tasas de actividad, etc…, de ahí que se hayan propuesto como alternativa diversos indicadores de esfuerzo fiscal, el cual consiste en dividir la presión fiscal por la renta per cápita.

En este sentido, con datos de la Agencia Tributaria y de otros departamentos del Ministerio de Hacienda, la revista Papeles de Economía Española, que edita la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), publicó en su número 116 (año 2008) los índices de esfuerzo fiscal de los municipios españoles con relación a población, renta e IRPF. Este informe revelaba que  el esfuerzo fiscal de los sevillanos según sus ingresos por base imponible de IRPF arroja un dígito de 87, el segundo más alto entre las grandes capitales de España, superando a Málaga (83), Murcia (75), Barcelona (64), Madrid (47) y Valencia (42), y sólo inferior a Zaragoza (97).

El ranking tributario

Y ya que Nieves Hernández ha citado el Ranking Fiscal que por municipios elabora el Ayuntamiento de Madrid, en la clasificación por diferentes tributos el panorama es el siguiente:

IBI (esfuerzo fiscal absoluto): Sevilla es la capital donde más se tributa por este concepto, con una cuota de 97,07 euros, un 18,26% más que la media del conjunto formado por Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Murcia y Zaragoza.

Impuesto sobre el Valor de los Terrenos (esfuerzo fiscal absoluto): Sevilla, con una cuota de 61,81 euros (la media está en 61,77), es la cuarta más cara tras Barcelona, Madrid y Málaga, y por delante de Zaragoza, Murcia y Valencia.

Impuesto de Actividades Económicas (esfuerzo fiscal relativo): Con una cuota de 56,86 euros (la media es de 51,7), Sevilla es la segunda con mayor coeficiente entre las grandes capitales, sólo superada por Barcelona (58,53 euros) y por delante del resto. Contrasta la gran diferencia con Málaga, cuya cuota del IAE es de las más baratas (34,07 euros).

Impuesto sobre construcciones y obras (esfuerzo fiscal relativo): Sevilla está al mismo nivel, el más caro, que el resto, pues solamente Barcelona tiene una política fiscal más barata en este capítulo (cuota de 81,25 euros frente a 100 de las demás).

Sello del coche (esfuerzo fiscal relativo): Sevilla, con una tarifa de 61,81 euros, figura en el cuarto puesto entre las grandes capitales.  Es más barata que Barcelona (68,15), Bilbao (65,08), Madrid (64) y Málaga (63,75), pero más cara que Zaragoza (58,70), Murcia (58,35) y Valencia (57,66).

Estos datos comparativos demuestran que Sevilla no se encuentra a un nivel similar al del resto de las grandes capitales, sino a un nivel muy superior en algunos casos y, como promedio, en el grupo de cabeza de las ciudades que más exprimen los bolsillos de los contribuyentes. Por tanto, los sevillanos no viven en esa Arcadia tributaria que dibuja el Ayuntamiento con su anual mensaje de que los impuestos no suben porque siempre quedan ‘congelados’.

MAS FACILIDADES

PARA PAGAR A PLAZOS

El Ayuntamiento ha anunciado que para facilitar a los sevillanos el cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de las Ordenanzas que entran en vigor con el nuevo año 2010 elevará de 6.000 a 18.000 euros el límite de la cantidad adeudada sin necesidad de aportar aval bancario y ampliará de 24 a 36 meses el plazo máximo de pago. Asimismo, el límite de la renta se elevará hasta 3,75 veces en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

En esta línea y en la de las bonificaciones, se mantendrá la exención del impuesto sobre vehículos para los ciclomotores y las motocicletas cuya cilindrada no supere los 125 centímetros cúbicos. Se mantendrá también la bonificación en el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) para familias numerosas y en el caso del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), se bonificará al 90 por ciento en el caso de obras que favorezcan a las personas con discapacidad. Los organismos públicos de investigación y de enseñanzas universitarias, en el caso del IBI, gozarán de una bonificación del 95 por ciento.

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Precaución, contribuyente

Parafraseando la popular canción de Perlita de Huelva que suena en las cabinas de todos los camioneros, hay que proclamar ‘Precaución, amigo contribuyente, Hacienda es peligrosa’. ¿Es usted autónomo, profesional, pequeño empresario o similar que esté obligado, para estar en paz con Hacienda, a presentar ante su banco la declaración del IVA previa cumplimentación del modelo 303? Pues que sepa que está en grave riesgo de recibir un requerimiento de los señores del Fisco si ya desde el pasado mes de julio en su oficina bancaria siguieron la práctica habitual y se olvidaron de introducir su formulario en un sobrecito. Una nueva exigencia que a los encargados  de velar por nuestro bienestar se les ocurrió implantar en pleno verano y de la que, a pesar de que dicen que enviaron una circular a toda la Banca y a todos los afectados, muchos ni se han enterado todavía.

El caso es que Hacienda amenaza con no dar validez a las declaraciones pasadas y futuras sin el dichoso sobrecito y que por tanto pende sobre sus cabezas una espada de Damocles en forma de recargos u otro tipo de sanciones. El caso es hacer caja y complicarle la vida al sufrido contribuyente. Las broncas en la ventanilla de la Delegación de Sevilla ya han empezado y amenazan con extenderse a medida que la gente se vaya percatando. Hacienda con sangre entra.

Por cierto que si al comprar uno o varios de los modelitos 303 a usted se le ocurre pedirle a Hacienda  una factura con todos sus avíos, por aquello de desgravarse algún céntimo de la voracidad fiscal, se encontrará más de una sopresa. Para empezar, mientras a usted el Fisco le exige facturas en tiempo y forma a ver si lo coge en un renuncio, en la ventanilla le entregarán un ticket miserable, con grandes probabilidades de extravío por su diminuto tamaño. Y si le echa un vistazo al ticket, verá que no se lo expide Hacienda, sino una empresa de artes gráficas sita en un polígono industrial de un pueblo de Madrid.

Y, como contribuyente, podría usted hacerse algunas preguntas la mar de procedentes. Por ejemplo: si es un proveedor externo a Hacienda, ¿cómo se aprovecha de las instalaciones oficiales y no se identifica como tal? ¿Por qué un funcionario público despacha el género de una empresa privada? Si un funcionario trabaja vendiendo productos  de un tercero en sede oficial, ¿por qué no vende también artículos de otras empresas privadas que podrían reclamar igual derecho? La respuesta, como en la canción de Bob Dylan, está en el viento.

De oca a oca

Y de Hacienda a Hacienda, y tiro porque me toca. Entre la ingente cantidad de correspondencia acumulada en las últimas semanas por mi proverbial falta de tiempo, hallo para mi sorpresa dos cartas iguales de la Agencia Tributaria de Sevilla, dependiente de nuestro querido Ayuntamiento. Incluyen, y creo que ya los tengo por  cuadruplicado al menos, los recibos para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en periodo voluntario. ¿Dos cartas? ¿Será que me querrán cobrar por partida doble para tapar el inmenso ‘agujero’ de Tussam y Cía.? No sería la primera vez. En tiempos la ciudad estaba integrada en la Opaef, dependiente de la Diputación, pero como Sevilla es muy suya y no quiere mezclarse con los pueblos, se salió para ir por libre,  y luego Monteseirín, a pesar de que provenía de la Corporación Provincial, montó la Agencia Tributaria para de paso quitarse del medio a los agentes recaudadores.

Decía que en aquel tiempo me cargaron dos veces el mismo recibo del IBI a mi cuenta bancaria. Tuve que recurrir al Defensor del Pueblo para que, tras más de un año de papeleo, me devolvieran el dinero. Por mi natural espíritu quijotesco me embarqué en otra batalla: de nuevo gracias al Defensor logré que me pagaran intereses legales por haber dispuesto indebidamente de mi dinero durante casi dos años. Ya no hay ejercicio en que no reciba una misiva de la Hacienda local instándome a que domicilie el pago de mis impuestos a cambio de una serie de bonificaciones: 5% el primer año; 3% el segundo; 1% en el tercero y siguientes.

No he picado. Como el gato escaldado del agua huye, he preferido quedarme como estoy. Y gracias a Dios, porque ya una vez me alteraron los datos del piso; otra me aplicaron una subida indebida…¿Cuántas veces tendría que haber vuelto a recurrir al Defensor del Pueblo y cuánto me habría costado el tiempo perdido en papeleo y sofocones? Ahora he sabido que si la Agencia Tributaria de Monteseirín me ha enviado dos sobres a mí y a millares de contribuyentes más es porque se ha equivocado digitalizando el código de barras en los recibos y éstos no se pueden tramitar en la ventanilla del Banco. Son torpes hasta a la hora de cobrar. Y ahora, ¿cuál de los dos sobres es el que vale?

U2 en el país de las maravillas

El pasado 8 de octubre se pusieron a la venta las entradas para el concierto que la banda irlandesa U2, liderada por el otro Bono (no el de las Cortes), ofrecerá el 29 de septiembre de 2010, ¡a un año vista! en el impropiamente llamado Estadio Olímpico. Al día siguiente, la organización anunció que en tan sólo cuatro horas había vendido 43.057 tickets de un total de 75.000.

Los responsables de FNAC en Sevilla, uno de los sitios donde se podían adquirir las entradas, anunciaron que las de pista, al precio de 61,50 euros, se habían agotado a los veinte minutos. Los precios del concierto van desde 250 euros hasta  30. Esto ocurre en un país oficialmente con casi cuatro millones de parados y en una Andalucía donde la Junta estima 50.000 desempleados más en un año, con lo que alcanzaremos la ominosa cifra del millón. Más que una canción de U2, en nuestra Arcadia feliz habría  que jalear todos a coro este tema de Supertramp: ‘¿Crisis? ¿Qué crisis?’.

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