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El alcalde, sin margen para más ingresos

Aplica ya prácticamente el tope máximo que le permite la ley en los cinco principales impuestos

En los diez años que lleva de mandato duplicará el coste del recibo del IBI que pagan los sevillanos

Trata de hacer caja con las multas de tráfico, cuya recaudación ha multiplicado por cinco en sólo dos años


Ha anunciado  la supresión de servicios por falta de fondos

Diez años después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía, el Ayuntamiento de Sevilla se halla en una más que delicada situación financiera, con una deuda de 493 millones de euros según el Banco de España, una mengua de 52 millones de euros en las transferencias del Estado por efecto de la crisis económica, el arrastre del déficit de ejercicios anteriores, con Lipasam y Tussam prácticamente en quiebra y sin apenas poder incrementar la capacidad recaudatoria municipal porque roza, cuando no aplica ya, los tipos máximos impositivos que le permite la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

La asfixia económica en que se encuentra el Ayuntamiento de Sevilla un decenio después de la llegada de Monteseirín a la Alcaldía es tal que él mismo ha anunciado que peligran algunos servicios municipales, y ello pese a que el Consistorio socialista ha exprimido casi al máximo las posibilidades recaudatorias que le otorga la ley y a que los sevillanos son, comparativamente, los habitantes de las grandes ciudades españolas que más impuestos pagan por ser propietarios de una vivienda.

El sevillano que haya tenido la sabia precaución de archivar los justificantes de pago de sus impuestos podrá comprobar que desde el ejercicio del 2000, el primero en que entraron en vigor unos Presupuestos Municipales con Monteseirín como alcalde, hasta el año 2009 el recibo del IBI se le ha incrementado en un 90% en números redondos.

La base imponible de este impuesto es el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando Hacienda autoriza su revisión, la base imponible sube en un 100% y el incremento se aplica gradualmente durante un decenio, a razón de un 10% anualmente. El 2010 será el último año de aplicación de la subida (el 10% restante) para completar la duplicación del coste del recibo.

Morosos y multas

Ahora bien, los tipos impositivos del IBI pueden ser incrementados o reducidos por los Ayuntamientos en los supuestos y dentro de los límites fijados por la ley reguladora de las Haciendas Locales. La norma permite aplicar un tipo impositivo sobre la base imponible que oscila entre el 0,4% y el 1,1%. El Ayuntamiento de Sevilla aplica un 0,847% desde el año 2002. Otros ayuntamientos, como el de Cádiz, han logrado una congelación práctica del IBI a través del tipo impositivo aplicable.

En la delicada situación financiera en que se halla el Consistorio sevillano, a Monteseirín aún le queda un último pero impopular recurso: incrementar el tipo impositivo del IBI hasta ese máximo legal permitido del 1,1%, lo que supondría un nuevo ‘catastrazo’ en el bolsillo de los sevillanos.

Consciente del efecto electoral ‘boomerang’ que podría tener esta hipotética medida de urgencia para el PSOE en las elecciones municipales de 2011, Monteseirín ha dado orden a la Delegación de Hacienda de que haga lo imposible por cobrar los 45 millones de euros que en conjunto adeudan millares de contribuyentes al Ayuntamiento por diversos conceptos desde hace 15 años, pese a que la Oposición estima que muchas de esas deudas han prescrito.

Otra de las medidas para engrosar como sea las arcas municipales es incrementar en lo posible las multas por infracciones de tráfico y, en especial, por aparcar en doble fila. El famoso coche ‘ponemultas’ y el comando especial de la Policía Local denominado ‘Blackberry’, por haber sido equipados con tecnología de última generación para imponer sanciones con la mayor fiabilidad y celeridad, son dos exponentes de la nueva política municipal, que está dando sus frutos. En tan sólo dos años, el Ayuntamiento ha pasado de recaudar 2,5 millones de euros por sanciones a los automovilistas a 11,3  millones de euros: casi cinco veces más.

Topes máximos

Otra de las opciones que tiene el alcalde de hacer más caja es sello del coche. Se trata de un impuesto directo y real que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica de cualquier clase y categoría, aptos para circular por las vías públicas. La ley de Haciendas Locales fija un cuadro de tarifas en función de la potencia fiscal y clase de vehículo. Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas fijadas en dicho cuadro aplicando unos coeficientes en función de la población de derecho de su municipio. El coeficiente máximo en el caso de Sevilla es el 2% y el Ayuntamiento ya aplica un 1,82%, por lo que el margen de maniobra que le queda es muy escaso.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana grava el aumento de valor que los terrenos urbanos hayan experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, siempre que tal aumento se ponga de manifiesto como consecuencia de su enajenación o de la limitación de su dominio, ambas a título oneroso o lucrativo.

La base imponible es el incremento del valor de los terrenos, que se calcula aplicando sobre el valor catastral del suelo en el momento del devengo un porcentaje a fijar por cada Ayuntamiento que varía en función de la población de derecho del Ayuntamiento y de los periodos de revalorización de los solares, y que se sitúa entre un mínimo del 2 por 100 y un máximo del 3,7 por 100. Sobre esta base se aplica un tipo impositivo fijado por cada Ayuntamiento cuyos límites oscilan también en función de la población de derecho del municipio entre un mínimo del 16 por 100 y un máximo del 30 por 100. Pues bien, el Consistorio sevillano ya aplica el tope máximo.

El  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras tiene un carácter indirecto y  grava la realización dentro del término municipal de aquellas actividades enunciadas en su denominación que requieran licencia municipal, haya sido expedida o no ésta. La base imponible está formada por el coste de la operación gravada. El tipo impositivo básico es del 2 por 100, incrementable por los Ayuntamientos hasta un máximo del 4 por 100 en función de la población de derecho del municipio. En este caso, la Corporación hispalense también aplica el máximo permitido por la ley.

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), de carácter directo,  se exige por el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas. La cuota tributaria resulta de aplicar las tarifas del Impuesto. Las tarifas mínimas se aprueban por Real Decreto y sobre ellas los Ayuntamientos pueden aplicar un coeficiente en función de la población de derecho del municipio, e independientemente pueden aplicar una escala de índices que pondera la situación del local comercial en función de la categoría de la calle en la que radique. En Sevilla hay recargos por cinco categorías de vías públicas y el Ayuntamiento ha fijado también el máximo legal, por lo que carece de margen de maniobra.

Con este panorama, al Consistorio sólo le queda prácticamente incrementar ingresos por la vía de las tasas municipales (hay 29), un método tampoco muy popular, ya que el contribuyente percibe con nitidez el efecto de las subidas en su bolsillo.

LOS ‘AGUJEROS’ CONDICIONAN

EL PRESUPUESTO DE 2010

Los Ayuntamientos presididos por Monteseirín baten records de retraso en la aprobación de los Presupuestos. Los del año 2009 vieron la luz en abril con la excusa del Plan ‘E’, aunque ello no fue óbice para que corporaciones de otras grandes ciudades beneficiarias también del plan de reactivación de Zapatero los tramitaran en tiempo y forma. Igual está ocurriendo este año, ya que se prevé que las cuentas municipales no se aprueben hasta la primavera, máxime cuando la Delegación de Hacienda deberá hacer encaje de bolillos para cuadrar los números.

El problema de fondo radica en que los gastos de la Corporación son más o menos fijos (más bien más que menos) mientras que los ingresos son variables y dependen en buena medida de las transferencias estatales. El punto de partida son 52 millones menos de dinero aportado por el Gobierno de la nación por causa de la crisis y la caída de recaudación en las arcas del Estado.

Siguiente hándicap: el Ayuntamiento arrastra un déficit de 87 millones de euros del ejercicio de 2008 y la Ley le obliga a realizar un plan de saneamiento para reducirlo en el plazo de tres años, ya que en caso contrario quedaría bajo la tutela económica de la Junta de Andalucía. Así pues, en los Presupuestos de 2010 debe ahorrar un tercio de ese déficit: 29 millones de euros.

Se estima que por el hundimiento del sector inmobiliario, la Hacienda municipal podría dejar de ingresar unos 7 millones de euros por los impuestos relacionados con el mundo de la construcción y las plusvalías de los terrenos.

Y, por ende, el Ayuntamiento deberá afrontar los déficits generados por las empresas municipales. Tussam podría acabar el ejercicio 2009 con un ‘agujero’ superior a los 50 millones de euros, y Lipasam tiene pendiente de ejecución un plan de saneamiento por unos 30 millones. En esta senda de pérdidas se hallaría ya Giralda Tv, que precisaría de una financiación añadida de 1,5 millones de euros.

En esta situación de caída general de ingresos y arrastre de déficits, a la Corporación sólo le queda recortar gastos allí donde pueda. La primera víctima del tijeretazo municipal ha sido la Real Orquesta Sinfónica: mientras las demás Administraciones mantendrán sus aportaciones para el año 2010, el Ayuntamiento ha recortado su contribución a una de las señas de identidad culturales de la ciudad.

Melonares se llenó contra el protocolo de seguridad

La presa sevillana alcanzó su máxima capacidad en sólo 4 días

Iznájar desembalsó en plena situación de alerta en Ecija por la crecida del Genil

El temporal de lluvias y la crecida de los ríos han dejado en evidencia los pésimos resultados de la transferencia de las competencias sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, ya que la Agencia Andaluza del Agua ha cometido significativos errores en la gestión de embalses que han provocado un gran malestar entre los alcaldes de los municipios afectados por la riada y entre los regantes que han visto sus campos anegados.

Probablemente el desbordamiento del Guadalquivir habría sido igual de inevitable, pero el efecto de la inundación no habría sido el mismo con un mejor manejo de la situación por parte de la Agencia del Agua, cuyo modelo de organización, descentralizado y con primacía de criterios políticos sobre los técnicos, se ha demostrado ineficaz en graves situaciones de riesgo como las sufridas en Andalucía

Los alcaldes afectados por las inundaciones de sus términos municipales (casas o tierras de cultivo)  que se reunieron a puerta cerrada en Palma del Río el pasado sábado durante la visita del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, expresaron en privado fuertes críticas a la gestión de los pantanos y de la crecida del Guadalquivir por parte de la Agencia Andaluza del Agua, aunque decidieron no hacer público su malestar para no enturbiar aún más el ambiente y porque consideraron prioritario resolver la situación creada por las inundaciones y atender a las necesidades de centenares de afectados, ya fueran propietarios de viviendas desalojadas o de campesinos que han perdido sus cosechas.

Aunque los responsables políticos de la Agencia Andaluza del Agua, que por primera vez se han enfrentado a una riada tras las transferencias de las competencias sobre el Guadalquivir, han preferido mantenerse en silencio y los andaluces no tenían ningún referente al que mirar en busca de orientación o información durante el temporal y las posteriores inundaciones, poco a poco van trascendiendo datos que ponen en cuestión su proceder en las últimas semanas.

Así, por ejemplo, la presa de Melonares se dejó llenar completamente en tan sólo cuatro días de la segunda quincena de febrero en contra del protocolo de seguridad para un pantano recién construido y que debe ser probado de forma gradual para verificar que no existen fisuras en el muro y funcionan todos sus sistemas. Este protocolo no es gratuito, ya que se han dado casos de aparición de grietas en pantanos durante su período de pruebas (en la provincia de Madrid, sin ir más lejos), por lo que el muro no habría aguantado la presión del agua a plena capacidad.

Mientras los puentes se verifican colocando encima camiones de gran tonelaje repletos de cemento, arena, rocas o cualquier otro material de elevado peso para comprobar su grado de resistencia, los pantanos se prueban  mediante su llenado/vaciado a diferentes cotas, y jamás deben llenarse sin interrupción.

IMPRUDENCIA

A finales de enero, el agua alcanzó en Melonares los 72 metros de altura y un volumen de 83,1 Hm3 (el 46% de su capacidad total, estimada en 180 Hm3), por lo que se procedió a realizar una nueva prueba de carga, con desembalse al río Viar. La siguiente prueba debía realizarse cuando el agua llegara a la cota 78, y la última, cuando alcanzara los 82 metros y la máxima capacidad.

En vez de abrir y cerrar gradualmente la presa, la Agencia Andaluza del Agua cerró las válvulas y permitió que durante el temporal de lluvias de febrero el patano pasara en tan sólo cuatro días del 50% de su capacidad al 104%, con lo que Melonares empezó a desembalsar y, por tanto, a agravar la situación de una cuenca hidrográfica ya de por sí desbordada por el vertido de agua de 60 presas simultáneamente.

Los técnicos de las empresas constructoras de Melonares (Ferrovial y Sando) se echaron las manos a la cabeza al ver la imprudencia temeraria de completar el llenado del pantano en tan sólo cuatro jornadas y sin cumplir el protocolo de seguridad. Si hubieran aparecido fisuras en el muro, poco se hubiera podido hacer ante la presión de una ingente cantidad de agua como la que se había dejado acumular y la que en avalancha venía desde la cuenca alta del río.

Los regantes acusan a la Agencia Andaluza del Agua además de no coordinarse con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que simultáneamente hubo que aliviar el pantano del Pintado, hecho que habría contribuido a agravar aún más la situación de Melonares.

ABIERTO EN VEZ DE CERRADO

Otro caso de manejo desacertado de la situación ha sido el del pantano de Iznájar, situado en el tramo medio del río Genil y considerado por su capacidad de 981 Hm3 como el lago de Andalucía. En foros de Internet se reflejaba la preocupación ciudadana con diálogos como éstos:

-Hola, yo hablo desde la ignorancia, pero ¿no sería mejor que soltasen ya agua de Iznájar? En Ecija el río ahora no llega a los dos metros y el Iznájar está al 90% y subiendo. ¿A qué esperan para desembalsar agua?

-Comprendo la preocupacion en localidades como Ecija, Puente Genil o Palma del Río, pero mirad: las imágenes de Lora son acojonantes. Esperemos que el nivel del Guadalquivir baje al menos entre hoy y mañana y entonces que desembalsen agua de Iznájar. No creo que los encargados de la red hidrográfica sean tan torpes.

-Pues los encargados de Iznájar deberían dejarse de tonterías y empezar a desembarsar yaaa!!!!! Luego les entraran las prisas y empezarán a desembalsar más de lo que el río permite y nos inundaremos en todos los pueblos ribereños. Esto es por una gravísima falta de previsión, sabiendo desde enero que llovería sin parar durante todo el mes de febrero y no dieron largas poco a poco.

Y pasó lo que temían en los municipios ribereños con el río, ya que el Iznájar no fue aliviado cuando la situación era más propicia y, sin embargo, empezó a desembalsar  cuando aún se encontraba al 82% de su capacidad pero con el río Genil llevando 700 m3 de agua por segundo a su paso por Ecija, que se encontraba en estado de máxima alerta por la crecida del río. Este desembalse, que llegó a ser de 60 m3/segundo, agravó la situación río abajo, cuando debió haberse actuado justo al revés: reteniendo agua, ya que aún quedaba margen de llenado (un 18%). La Agencia Andaluza del Agua se percató de su error y trató de corregirlo mediante la posterior reducción del caudal de desembalse a 10 m3/segundo.

LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA NO

ALIVIÓ PANTANOS CUANDO AÚN TENÍA TIEMPO

La Consejería de Medio Ambiente, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, trató de justificar el desembalse del Iznájar con Écija en estado de alerta (lo lógico habría sido lo contrario) con un argumento que deja en evidencia su actuación en la semanas previas a la reactivación del temporal durante la segunda quincena de febrero. Según Medio Ambiente, si desembalsó de forma controlada 50 m3/segundo del Iznájar, fue como medida de prevención ante la posibilidad de que en días posteriores continuaran las precipitaciones intensas y para evitar riadas en municipios como Puente Genil y Écija.

Justamente la falta de desembalses cuando el tiempo dio una tregua a partir de mediados de enero es de lo que acusaron a la Agencia del Agua alcaldes y regantes que se dieron cita en Palma del Río durante la visita de Griñán y Fernández de la Vega para conocer los daños de las inundaciones. Las mediciones del caudal del Guadalquivir por la presa de Alcalá del Río indican que hasta el 16/17 de enero se registraron unas medias de alrededor de 2.000 m3/segundo (1.800 m3 en estas fechas; 1.959 m3 hacia la festividad de Reyes), pero que entre el 21 de enero y el 15 de febrero aproximadamente el caudal medio descendió de forma muy acusada, con una media incluso inferior a los 300 m3/segundo (416 m3 el día 20 de enero; 112 el día 27).

Aun así, los embalses se hallaban al 75% -80% de su capacidad (en función de cómo se contabilice el de La Breña) y la previsión meteorológica indicaba un nuevo temporal con fuertes lluvias a partir de la segunda quincena de febrero. La Subdelegación del Gobierno en Sevilla envió por entonces al Ejecutivo central a Madrid un informe en que preveía que el Guadalquivir alcanzaría los 3.000 m3/segundo a su paso por Sevilla, pero estos datos no fueron tenidos en cuenta por la Agencia Andaluza del Agua, responsable de la gestión del río tras la transferencia de las competencias, la reivindicación estrella de Chaves durante su última etapa al frente de la Junta.

La Agencia Andaluza tuvo una bonanza climática de veintinco días para haber acompasado los desembalses de pantanos, entonces al 75% de su capacidad en previsión de la segunda gran oleada de lluvias, pero cuando quiso reaccionar ya era tarde. El día 16 de febrero vuelve a llover con intensidad. Para el 20 de febrero, de los 92 embalses de la comunidad autónoma, 52 estaban al 90% de su capacidad, 27 se habían llenado completamente y hubo que aliviar agua de 60 presas, pero ya el caudal del Guadalquivir iba enormemente crecido, hasta el punto de que el día 25 se registraba una media de 2.958 m3/segundo por la presa de Alcalá.

Probablemente el río se hubiera desbordado, pero si la Agencia hubiera sido más previsora, en línea con las estimaciones del Gobierno central y de la Agencia Estatal de Meteorología, las consecuencias de la inundación hubieran sido menos graves, pero los pantanos ya no tenían apenas capacidad de regulación y la de laminación había quedado agotada.

LA JUNTA ACABÓ CON EL MANDO

ÚNICO SOBRE EL GUADALQUIVIR

El modelo organizativo para la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que a través de la Agencia Andaluza del Agua ha impuesto la Junta de Andalucía una vez conseguidas las tranferencias sobre el río, que históricamente había depositado el Gobierno de la nación en la Confederación Hidrográfica, ha impedido paliar las desastrosas consecuencias del desbordamiento del río durante este temporal de lluvias al faltar un mando único que actuara en tiempo real tomando decisiones y coordinando todo el aparato administrativo.

Históricamente, desde su creación en 1927, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue un organismo eminentemente técnico, compuesto por experimentados ingenieros que hicieron del conocimiento y dominio del gran río de Andalucía su ‘leit motive’ con el objetivo de evitar las desastrosas consecuencias de sus desbordamientos y su máximo aprovechamiento para el abastecimiento urbano y los regadíos agrícolas.

Todos actuaban por criterios de eficacia y bajo un mando único nombrado por el Gobierno de la nación pero que se regía por el principio de la profesionalidad. Estos ingenieros fueron los que construyeron los pantanos, las cortas y los muros de defensa y se convirtieron en auténticos expertos en el manejo del río.

La Junta liquidó este sistema para imponer otro descentralizado en que el máximo poder lo ostentan las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, al margen incluso de los Servicios Centrales en Sevilla, y en que una superestructura de cargos políticos sin acreditada experiencia ha sido colocada por encima de unos ingenieros a los que incluso se les ha prohibido relacionarse con los alcaldes y los regantes, con quienes compartían hasta entonces el día a día de la cuenca hidrográfica en su calidad de servidores públicos.

Las inundaciones han demostrado la ineficacia de la nueva organización, ya que la crecida del río y de los pantanos exigía una coordinación máxima y una capacidad de decisión sobre la marcha de un mando único conforme al principio de unidad de cuenca, que ha sido una de las aportaciones de España al mundo y un modelo imitado en todos los países.

La estructura provincializada y descentralizada se ha demostrado como una rémora a la hora de la toma de decisiones y en estas situaciones el tiempo es oro. La Agencia Andaluza del Agua ha estado además “desaparecida en combate” ante la opinión pública, sin presencia alguna durante el temporal, cuando siempre la Confederación Hidrográfica era el referente natural a la que se volvían los ojos de los andaluces e informaba antes, durante y después de cuanto acaecía en el río. Las deficiencias organizativas pueden taparse en el día a día, pero quedan en evidencia en los momentos críticos, como los que ha vivido la cuenca con este temporal.