Una obra programada en 1997 para Marchena no se terminó hasta 2008
Demoledora fiscalización de la Cámara de Cuentas a la Agencia del Agua
La ejecución de la política hidráulica de la Junta de Andalucía está plagada de retrasos, desviaciones presupuestarias, descontrol e irregularidades, según demuestra el reciente informe sobre la fiscalización realizada por la Cámara de Cuentas a la Agencia Andaluza del Agua en el periodo 2005-2009 y el seguimiento a quince proyectos de un total de 138 en diversas provincias andaluzas encomendados a Egmasa como brazo ejecutor del Gobierno autonómico.
La Cámara de Cuentas ha constatado que los plazos otorgados por la Junta a sus empresas instrumentales, ya fueran Egmasa o Giasa, para la ejecución de sus obras hidráulicas ha sido incumplido en todos los expedientes fiscalizados, hecho que pone en cuestión su eficacia y las razones para su creación. El tiempo de realización de las obras ha sufrido un incremento del 113,97% con respecto al contemplado en los contratos, y dentro de este retraso generalizado llaman especialmente la atención algunos casos singulares.
La estación de aguas residuales de Marchena (Sevilla) fue programada por la Junta en 1997, pero hasta 2003 no inició Giasa las obras, que luego tardaron cinco años (2008) en concluirse. Entre el encargo de desdoblamiento de la primera fase del canal de la Minilla, que abastece de aguas al área metropolitana de Sevilla, y su ejecución transcurrieron 9 años y 4 meses.
El recurrente problema de las inundaciones en Andalucía se comprende ahora mejor al observar la ejecución de la obra de defensa contra las avenidas en Marinaleda (Sevilla). Se preveía un plazo de ejecución inicial de 8 meses, que acabaron convertidos en 38. Para un simple colector en Añora (Córdoba) se necesitaron 15 meses, cuando el plazo era de cuatro.
En el contrato de ejecución de la obra de refuerzo del ramal oriental, abastecimiento a la comarca sevillana del Aljarafe, se establecía un plazo de ejecución de once meses. Pasaron 59 hasta que las infraestructuras fueron recepcionadas.
La Cámara de Cuentas achaca como primera causa de estas dilaciones a la lenta, compleja y prolija tramitación de los contratos, agravada en algunos casos por la concesión de prórrogas que son aprobadas una vez transcurrido y agotado el plazo de ejecución. Incluso se han incrementado los plazos de terminación de las obras sin que en muchas ocasiones conste en los expedientes las prórrogas aprobadas.
En las obras de mejora de la regulación del abastecimiento a Bujalance, Cañete de las Torres y Villanueva del Rey (Córdoba), transcurrido el plazo de ejecución de nueve meses se autorizó una prórroga de medio año. Al final, el plazo real de ejecución fue de 22 meses. El depósito de cabecera de abastecimiento a Partaloa y Arboleas (Almería) pasó de los siete meses iniciales a diecinueve. En la obra de refuerzo del ramal oriental de abastecimiento a la comarca del Aljarafe (Sevilla) se concedieron dos prórrogas, una de dos meses y otra de cinco, otorgada esta última cuando había expirado la primera. El plazo de ejecución aprobado pasa de los once a dieciocho meses, pero el plazo real transcurrido desde la orden de inicio hasta la recepción de la obra es de veintinueve.
La dilación en la tramitación de los expedientes tiene como principal consecuencia la desactualización de los precios de adjudicación. Así, el refuerzo del ramal oriental de abastecimiento al Aljarafe acaba con un sobrecoste del 9,42%. El mismo día en que se firma el contrato para realizar las conducciones principales del ramal Este para el abastecimiento de la Costa del Sol occidental se incluye una adenda en la que se recoge la revisión de precios “dado el tiempo transcurrido desde la preadjudicación”, con un incremento del 13%.
La mitad de los contratos fiscalizados presentan bajas que superan el 20% de los precios de licitación, y en las obras de reparación del canal de la Minilla (8ª fase) este porcentaje es del 35. El caso contrario es el de las obras de defensa contra las inundaciones en Marinaleda, cuyo importe final supuso un aumento del 60% del presupuesto de licitación, aun cuando no se permitía la revisión de precios.
DEFICIENCIAS Y ERRORES
Examinando los motivos que se aducen en algunos expedientes para la aprobación de las modificaciones, la Cámara de Cuentas observa que, entre otras causas, se alude a la inadecuada o disconforme conceptuación de la cimentación en el proyecto originario, la errónea calificación de las características y capacidad de los terrenos, la inexistencia de cálculos estructurales y geotécnicos, etcétera.
A juicio de la Cámara, estos aspectos difícilmente cabe encuadrarlos en los conceptos de ‘necesidades nuevas’ o ‘causas técnicas imprevistas’ surgidas durante la ejecución de los contratos, sino que obedecen a errores, indefiniciones o imprevisiones de los proyectos originarios.
Para justificar el modificado de la ‘adecuación’ e integración ambiental del entorno del río Guadalete en Arcos de la Frontera (Cádiz), con un sobrecoste del 19,85%, desde la Agencia del Agua se dictaminó que faltaba información geotécnica y cálculos estructurales en el proyecto original. Algo similar ocurrió en el desdoblamiento del canal de la Minilla, donde ‘a posteriori’ se dedujo que lo reflejado en el proyecto difería de la actuación a realizar, por lo que fue necesario incrementar el balance de tierras y adaptar la traza a la topología real.
El dictamen de la Cámara es concluyente: “Teniendo en cuenta que el terreno sobre el que se ejecuta este tipo de actuaciones condiciona gran parte de su posterior ejecución, parece obvio que con carácter previo a la redacción de los proyectos de obra (y no con posterioridad a la aprobación del proyecto, ni tras la licitación de la obra) debiesen haberse efectuado las catas, ensayos, estudios geotécnicos o geológicos necesarios, que hubiesen permitido aportar un conocimiento adecuado de la naturaleza y características del terreno”.
LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
TRASPASÓ PANTANOS QUE NO ERAN SUYOS
El informe de la Cámara de Cuentas sobre la Agencia Andaluza del Agua enumera casos como los siguientes:
-En las relaciones de bienes de los Reales Decretos para el traspaso de las competencias hidráulicas a la Junta de Andalucía se incluyen algunas instalaciones que no existen sobre el terreno, así como otros bienes cuya titularidad no correspondía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que, por tanto, no debieron ser traspasados, como el embalse de Guadanuño (perteneciente al ayuntamiento de Córdoba), Abastecimiento a la Loma de Úbeda, y otras instalaciones pertenecientes a ‘Sociedad Mixta del Agua de Jaén’.
-Hay 1.200 parcelas de la CHG cuyo estado desconoce la Agencia del Agua, así como su uso, ocupación y utilidad para la Junta de Andalucía debido a la falta de documentación.
-Pese al tiempo transcurrido, la Agencia del Agua aún está esperando que el Estado le facilite información para poder cambiar en los Registros la titularidad de 41 pantanos.
-La mayoría de las instalaciones hidráulicas ejecutadas no se han incluido en el Inventario de Bienes de las respectivas corporaciones locales. Tampoco en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía.
-Las obras de adecuación e integración ambiental del río Guadalete en Arcos (Cádiz) se adjudicaron a una empresa cuya oferta entró en el Registro fuera del plazo establecido en el anuncio de licitación.
-Egmasa comunicó a la Agencia del Agua que las obras anteriormente citadas estaban concluidas en junio de 2009. Más de un año después aún no se había formalizado el acta de ocupación. Lo mismo ocurrió con la obra de la red arterial de la zona norte de El Puerto de Santa María (Cádiz).
-De las 138 obras gestionadas por Egmasa y fiscalizadas por la Cámara de Cuentas, en 65 de ellas todavía no se había liquidado al contratista en julio de 2010.
-La ejecución de la obra de defensa contra las inundaciones en Marinaleda (Sevilla) fue un desastre. Aparte del sobrecoste, en la inspección se comprobó que algunos tramos de la canalización estaban compuestos únicamente por tierras compactadas que habían cedido y se habían amontonado en el canal. En otros, placas finas de hormigón no debidamente ancladas también acabaron deslizándose. Todo ello supuso una acumulación de escombros que impedía el paso fluido del agua, y el estrechamiento de los caminos agrícolas colindantes. Al final se produjo el completo derrumbe de la canalización de las aguas. El ayuntamiento presidido por el parlamentario Sánchez Gordillo (Iu-Ca) se negó a recepcionar la obra.
