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La Junta tardó más de 9 años en desdoblar el canal de La Minilla

Una obra programada en 1997 para Marchena no se terminó hasta 2008

 

Demoledora fiscalización de la Cámara de Cuentas a la Agencia del Agua

 

 

 

La ejecución de la política hidráulica de la Junta de Andalucía está plagada de retrasos, desviaciones presupuestarias, descontrol e irregularidades, según demuestra el reciente informe sobre  la fiscalización realizada por la Cámara de Cuentas a la Agencia Andaluza del Agua en el periodo 2005-2009 y el seguimiento a quince proyectos de un total de 138 en diversas provincias andaluzas encomendados a Egmasa como brazo ejecutor del Gobierno autonómico.

 

La Cámara de Cuentas ha constatado que los plazos otorgados por la Junta a sus empresas instrumentales, ya fueran Egmasa o Giasa, para la ejecución de sus obras hidráulicas ha sido incumplido en todos los expedientes fiscalizados, hecho que pone en cuestión su eficacia y las razones para su creación. El tiempo de realización de las obras ha sufrido un incremento del 113,97% con respecto al contemplado en los contratos, y dentro de este retraso generalizado llaman especialmente la atención algunos casos singulares.

La estación de aguas residuales de Marchena (Sevilla) fue programada por la Junta en 1997, pero hasta 2003 no inició Giasa las obras, que luego tardaron cinco años (2008) en concluirse. Entre el encargo de desdoblamiento de la primera fase del canal de la Minilla, que abastece de aguas al área metropolitana de Sevilla, y su ejecución transcurrieron 9 años y 4 meses.

El recurrente problema de las inundaciones en Andalucía se comprende ahora mejor al observar la ejecución de la obra de defensa contra las avenidas en Marinaleda (Sevilla). Se preveía un plazo de ejecución inicial de 8 meses, que acabaron convertidos en 38. Para un simple colector en Añora (Córdoba) se necesitaron 15 meses, cuando el plazo era de cuatro.

En el contrato de ejecución de la obra de refuerzo del ramal oriental, abastecimiento a la comarca sevillana del Aljarafe, se establecía un plazo de ejecución de once meses. Pasaron 59 hasta que las infraestructuras fueron recepcionadas.

La Cámara de Cuentas achaca como primera causa de estas dilaciones a la lenta, compleja y prolija tramitación de los contratos, agravada en algunos casos por la concesión de prórrogas que son aprobadas una vez transcurrido y agotado el plazo de ejecución. Incluso se han incrementado los plazos de terminación de las obras sin que en muchas ocasiones conste en los expedientes las prórrogas aprobadas.

En las obras de mejora de la regulación del abastecimiento a Bujalance, Cañete de las Torres y Villanueva del Rey (Córdoba), transcurrido el plazo de ejecución de nueve meses se autorizó una prórroga de medio año. Al final, el plazo real de ejecución fue de 22 meses. El depósito de cabecera de abastecimiento a Partaloa y Arboleas (Almería) pasó de los siete meses iniciales a diecinueve. En la obra de refuerzo del ramal oriental de abastecimiento a la comarca del Aljarafe (Sevilla) se concedieron dos prórrogas, una de dos meses y otra de cinco, otorgada esta última cuando había expirado la primera. El plazo de ejecución aprobado pasa de los once a dieciocho meses, pero el plazo real transcurrido desde la orden de inicio hasta la recepción de la obra es de veintinueve.

La dilación en la tramitación de los expedientes tiene como principal consecuencia la desactualización de los precios de adjudicación. Así, el refuerzo del ramal oriental de abastecimiento al Aljarafe acaba con un sobrecoste del 9,42%. El mismo día en que se firma el contrato para realizar las conducciones principales del ramal Este para el abastecimiento de la Costa del Sol occidental se incluye una adenda en la que se recoge la revisión de precios “dado el tiempo transcurrido desde la preadjudicación”, con un incremento del 13%.

La mitad de los contratos fiscalizados presentan bajas que superan el 20% de los precios de licitación, y en las obras de reparación del canal de la Minilla (8ª fase) este porcentaje es del 35. El caso contrario es el de las obras de defensa contra las inundaciones en Marinaleda, cuyo importe final supuso un aumento del 60% del presupuesto de licitación, aun cuando no se permitía la revisión de precios.

 

 

DEFICIENCIAS Y ERRORES

 

Examinando los motivos que se aducen en algunos expedientes para la aprobación de las modificaciones, la Cámara de Cuentas observa que, entre otras causas, se alude a la inadecuada o disconforme conceptuación de la cimentación en el proyecto originario, la errónea calificación de las características y capacidad de los terrenos, la inexistencia de cálculos estructurales y geotécnicos, etcétera.

A juicio de la Cámara, estos aspectos difícilmente cabe encuadrarlos en los conceptos de ‘necesidades nuevas’ o ‘causas técnicas imprevistas’ surgidas durante la ejecución de los contratos, sino que obedecen a errores, indefiniciones o imprevisiones de los proyectos originarios.

Para justificar el modificado de la ‘adecuación’ e integración ambiental del entorno del río Guadalete en Arcos de la Frontera (Cádiz), con un sobrecoste del 19,85%, desde la Agencia del Agua se dictaminó que faltaba información geotécnica y cálculos estructurales en el proyecto original. Algo similar ocurrió en el desdoblamiento del canal de la Minilla, donde ‘a posteriori’ se dedujo que lo reflejado en el proyecto difería de la actuación a realizar, por lo que fue necesario incrementar el balance de tierras y adaptar la traza a la topología real.

El dictamen de la Cámara es concluyente: “Teniendo en cuenta que el terreno sobre el que se ejecuta este tipo de actuaciones condiciona gran parte de su posterior ejecución, parece obvio que con carácter previo a la redacción de los proyectos de obra (y no con posterioridad a la aprobación del proyecto, ni tras la licitación de la obra) debiesen haberse efectuado las catas, ensayos, estudios geotécnicos o geológicos necesarios, que hubiesen permitido aportar un conocimiento adecuado de la naturaleza y características del terreno”.

LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA

TRASPASÓ PANTANOS QUE NO ERAN SUYOS

 

 

El informe de la Cámara de Cuentas sobre la Agencia Andaluza del Agua enumera casos como los siguientes:

 

-En las relaciones de bienes de los Reales Decretos para el traspaso de las competencias hidráulicas  a la Junta de Andalucía se incluyen algunas instalaciones que no existen sobre el terreno, así como otros bienes cuya titularidad no correspondía a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y que, por tanto, no debieron ser traspasados, como el embalse de Guadanuño (perteneciente al ayuntamiento de Córdoba), Abastecimiento a la Loma de Úbeda, y otras instalaciones pertenecientes a ‘Sociedad Mixta del Agua de Jaén’.

 

-Hay 1.200 parcelas de la CHG cuyo estado desconoce la Agencia del Agua, así como su uso, ocupación y utilidad para la Junta de Andalucía debido a la falta de documentación.

 

-Pese al tiempo transcurrido, la Agencia del Agua aún está esperando que el Estado le facilite información para poder cambiar en los Registros la titularidad de 41 pantanos.

 

-La mayoría de las instalaciones hidráulicas ejecutadas no se han incluido en el Inventario de Bienes de las respectivas corporaciones locales. Tampoco en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía.

 

-Las obras de adecuación e integración ambiental del río Guadalete en Arcos (Cádiz) se adjudicaron a una empresa cuya oferta entró en el Registro fuera del plazo establecido en el anuncio de licitación.

 

-Egmasa comunicó a la Agencia del Agua que las obras anteriormente citadas estaban concluidas en junio de 2009. Más de un año después aún no se había formalizado el acta de ocupación. Lo mismo ocurrió con la obra de la red arterial de la zona norte de El Puerto de Santa María (Cádiz).

 

-De las 138 obras gestionadas por Egmasa y fiscalizadas por la Cámara de Cuentas, en 65 de ellas todavía no se había liquidado al contratista en julio de 2010.

 

-La ejecución de la obra de defensa contra las inundaciones en Marinaleda (Sevilla) fue un desastre. Aparte del sobrecoste, en la inspección se comprobó que algunos tramos de la canalización estaban compuestos únicamente por tierras compactadas que habían cedido y se habían amontonado en el canal. En otros, placas finas de hormigón no debidamente ancladas también acabaron deslizándose. Todo ello supuso una acumulación de escombros que impedía el paso fluido del agua, y el estrechamiento de los caminos agrícolas colindantes. Al final se produjo el completo derrumbe de la canalización de las aguas. El ayuntamiento presidido por el parlamentario Sánchez Gordillo (Iu-Ca) se negó a recepcionar la obra.

 

 

 

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El cargo maldito de la Junta de Andalucía

La Dirección General de Gestión del Agua se ha

convertido en el puesto con más relevos

Alguno de los cinco titulares distintos en los últimos

dos años y medio  sólo ha durado cuatro meses en el puesto

Belén Gualda, la última titular del cargo

Belén Gualda, la última titular del cargo

La Dirección General de Gestión/Explotación de la Agencia Andaluza del Agua (que se fusionará  a partir de ahora con Egmasa pese a las protestas de los funcionarios) se ha convertido en el cargo con peor reputación del organigrama de la Junta de Andalucía, ya que en los últimos dos años y medio se han sucedido cinco titulares distintos, a un promedio de uno cada medio año, como si pesara una maldición político-administrativa sobre el puesto. Otra característica del puesto es que parece haber sido diseñado a la medida de las mujeres. Cuatro de sus seis titulares han sido féminas en un mundo aparentemente tan dominado por los hombres como el de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

María Emilia Sainz de Baranda Muñoz fue, en mayo de 2008, la primera cesante de la serie tras la creación de la Agencia Andaluza del Agua en enero de 2005 como organismo autónomo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente encargado de materializar la gran apuesta de la Junta por el agua y las transferencias de las competencias sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. La Agencia se constituyó al tiempo que la antigua Confederación Hidrográfica del Sur pasaba a ser gestionada por el Gobierno andaluz como Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Un año más tarde, el 1 de enero de 2006, se constituyó la Dirección General de la Cuenca Atlántica Andaluza, que abarcaba las de los ríos Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chaza.

Sainz de Baranda fue sustituida por otra mujer, dentro de la política de cuotas femeninas de la Junta, aunque la elegida no tuviera conexión alguna con el mundo hidráulico: Amparo Ramírez Espinosa. Esta licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada estaba apadrinada políticamente por Gaspar Zarrías como miembro del clan socialista jiennense. Tras ser concejal en su pueblo natal (Higuera de Calatrava) y delegada del Instituto Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, fue delegada provincial de Medio Ambiente desde 2003 a 2008, año en que fue catapultada por Zarrías a la Dirección General de Planificación y Gestión de la Agencia del Agua. Los ingenieros de Caminos no la tomaron para nada en serio, dada su falta de cualificación técnica, y apenas duró unos meses en el puesto.

DESEMBARCO DE EGMASA

Fue sustituida en noviembre de 2008 por Javier Serrano, hombre procedente de Egmasa y que llegó al cargo de la mano de Juan Jesús Jiménez y de Luis Pizarro. Antes de su incorporación a la Agencia del Agua, de la que pasa por ser el auténtico hombre fuerte como supervisor de los intereses socialistas en el sector,  ocupó los puestos de comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, jefe del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, coordinador de la Oficina del Corredor Verde del Guadiamar y consejero delegado de Egmasa.

En enero de 2009, Javier Serrano cesa en el cargo para ocuparse de la Dirección General del Dominio Público Hidráulico y llega otra mujer para desempeñar sus mismas funciones dentro del equipo de Jaime Palop como nuevo titular de la Agencia: Mónica González Bueno. Al contrario que Amparo Ramírez Espinosa, Mónica González era funcionaria de carrera e ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y había acumulado ya cierta experiencia. Había ocupado, entre otros cargos, los de jefa del Servicio de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Huelva. Sin embargo, al igual que su predecesora, dura en el puesto tan sólo cuatro meses, cuando salta de la Agencia su gran valedor, Jaime Palop.

Palop fue destituido como director de la Agencia Andaluza del Agua apenas un año después (mayo de 2009) de su nombramiento, al cabo de cinco meses de la transferencia del Guadalquivir (el traspaso lo había negociado él mismo en la legislatura anterior en su calidad de director general de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente)  y tres semanas después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de José Antonio Griñán. Le sustituyó el malagueño Juan Paniagua, en un intento de la Junta de compensación política tras la polémica surgida por la pérdida de competencias de la Cuenca Mediterránea en la nueva configuración del organismo autónomo. Si Málaga había perdido peso en la política de aguas del Gobierno andaluz, Griñán trata de  reequilibrar la situación imitando a Chaves y nombra máximo responsable de toda la Agencia a un malagueño, el susodicho Paniagua.

Juan Luis Ramírez Vacas se convierte (26 de mayo de 2009) en el quinto director del área en tan corto periodo de tiempo, el titular con más amplia experiencia de todos los habidos hasta entonces. Ingeniero de Caminos, licenciado en Derecho y funcionario de carrera, había sido alto cargo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (comisario de Aguas) y en el Ministerio de Medio Ambiente. Dura en el puesto hasta el pasado 18 de enero de 2011, cuando cesa, según él, a petición propia, pero casualmente tras la última polémica sobre la gestión del agua en Andalucía: desembalses e inundaciones en Ecija y otros municipios de la cuenca del Guadalquivir.

CUARTA FÉMINA

Para sustituirle, el Consejo de Gobierno recurre de nuevo a una mujer: Belén Gualda. La nueva directora general de Infraestructuras y Explotación, granadina, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Inició su andadura profesional en la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa). En 2005 se incorporó a Egmasa y en 2008/2009 desempeñó las funciones de directora general de Transportes. Tras ese paréntesis, retornó a la empresa medioambiental como directora de la División de Infraestructuras Ambientales y Gestión del Agua.

Su desembarco supone la evidencia de la toma del poder en la Agencia Andaluza del Agua por parte de Egmasa antes de su liquidación y posterior fusión, propiciada por la reordenación de la función pública, en la ‘súper agencia’ Amaya (Agencia de Medio Ambiente y Agua). En el sector se la tiene por persona de la esfera política de Juan Jesús Jiménez y de Luis Pizarro.

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Vuelva usted el lunes

Larra

Larra

La Agencia Andaluza del Agua ha reconocido en un informe a la juez que tardó tres días en acudir desde Sevilla a Gerena a inspeccionar un vertido accidental en Las Cruces. En su corta existencia, la Agencia ya ha logrado que haya general unanimidad en Andalucía en pedir que vuelva la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A su proverbial ineficacia en el manejo de los pantanos (abre las compuertas cuando debería cerrarlas, y viceversa), une esta velocidad de reacción, inspirada en un principio que supera a lo visto en su tiempo por Larra:“deja para pasado mañana lo que debas hacer hoy”. La notificación del puñetero vertido les llegó un ‘san viernes’ y no era cuestión de que les estropeara el fin de semana. La Naturaleza no tiene horarios, pero los funcionarios, sí. Reservado el derecho de admisión de denuncias de lunes a viernes y de 9 a 3. ¿Hasta dónde habría llegado el vertido de Boliden en Aznalcóllar si entonces hubiera existido la Agencia? A partir de ahora no diga eso de ‘es más lento que el caballo del malo’, sino ‘más lento que la triple A’.

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Tres días para inspeccionar un vertido en Las Cruces

La Agencia del Agua tardó tres días en

Inspeccionar un vertido de Las Cruces

La juez une a la causa por el arsénico la extracción ilegal de agua y el fiscal pide el expediente del Garnacha

La Agencia Andaluza del Agua, radicada en Sevilla, tardó tres días en acudir a inspeccionar un vertido contaminante al arroyo Garnacha  de la cercana mina de Cobre Las Cruces, según reconoce en un informe elevado al Juzgado de Instrucción Nº 19. La juez titular  ha decidido, contra el criterio de la compañía minera, incorporar a las diligencias abiertas  por la presunta contaminación con arsénico del acuífero el expediente incoado luego por la extracción ilegal de más de 500.000 m3 de agua.

Tres días para acudir desde Sevilla a los cercanos términos de Gerena, Salteras y Guillena para inspeccionar un vertido contaminante de Las Cruces al arroyo Garnacha, tributario en última instancia del Guadalquivir. Ese es el plazo que tardaron los técnicos de la Agencia Andaluza del Agua tras recibir el pasado 22 de octubre una comunicación de la compañía minera sobre un derrame, acaecido el día anterior, de aguas del rechazo del tratamiento de la ósmosis inversa al cauce.

Al parecer, y según el informe aportado por la Agencia al Juzgado, el vertido de más de 80 m3 se produjo debido a la rotura, a través de una de las juntas, de la tubería que va desde la balsa de agua de rechazo hasta la planta hidrometalúrgica. Fue la consecuencia de una sobrepresión producida por el cierre accidental de la llave de alimentación al tanque de entrada a la neutralización.

Los técnicos aparecieron por la explotación minera el día 25, cuatro después del vertido, para inspeccionar la zona donde se produjo la rotura y el cauce del Garnacha, y procedieron a la toma de muestras para su análisis. De los resultados del laboratorio se concluía que el vertido presentaba una conductividad elevada debido a la presencia de sales disueltas, características del rechazo del tratamiento de ósmosis inversa, y también  de sólidos en suspensión, arsénico, cadmio, cobalto, níquel, aluminio, molibdeno, plomo, manganeso, hierro, zinc, cobre, bario, estroncio y titanio.

De estos metales, las normas de emisión establecidas reglamentariamente sólo fijan límites para el cadmio y, según la Agencia, no se superó dicho valor. Sí se detectó al cabo de cuatro días un aumento de los sólidos en suspensión aguas abajo, pero al no existir embalses ni tomas de agua autorizadas en el cauce, este organismo de la Junta de Andalucía cree que no hubo perjuicios graves a la salud, y tampoco tuvo noticia de mortandad de peces.

La Fiscalía ha requerido este informe en que se basa el expediente sancionador incoado a Cobre las Cruces y que podría acabar incorporado a las diligencias abiertas  por la presunta contaminación con arsénico del acuífero Niebla-Posadas.

Recientemente, la titular del Juzgado Nº 19 de Sevilla ha atendido la petición de Ecologistas en Acción de incorporar a la causa el segundo expediente sancionador contra la compañía minera y pese a la oposición de los abogados de aquélla. Este expediente fue abierto por la presunta extracción ilegal de más de 530.000 m3 de agua del acuífero, con lo que se incumplía la autorización de modificación del sistema de drenaje y reinyección.

Para los verdes, este expediente tiene directa relación con los presuntos delitos de daños y contra el medio ambiente, objeto de las primitivas diligencias, y en su argumentación ante la juez insistieron en que hay un problema de extracciones ilegales  de un acuífero sobreexplotado que produciría el sistema de drenaje de la mina, lo que a su juicio compromete las reservas hidráulicas de Sevilla ante futuras sequías. También pidieron que el Juzgado decretara medidas cautelares para evitar que se sigan produciendo daños al dominio público hidráulico.

El fiscal comparte esta petición y dice que procede conforme a las competencias de la Agencia del Agua y porque son independientes al procedimiento penal. Por su parte, la Agencia considera suficientes las acciones preventivas adoptadas por Cobre las Cruces para evitar nuevos vertidos al Garnacha, por lo que no cree necesaria la adopción de medidas cautelares.

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Llueve sobre mojado

Un principio de la Física dice que si un hecho se repite no se debe a la casualidad, sino que probablemente obedece a una ley. En buena parte de Sevilla y de Andalucía se han repetido inundaciones como las de febrero. Dos riadas en sólo diez meses, con la misma secuencia: primero llueve con intensidad y, luego, los desembalses contribuyen a la crecida del Guadalquivir y a los daños en pueblos y cultivos.

Como parte interesada, el consejero de Medio Ambiente, Díaz Trillo, defiende la política de desembalses de la Agencia Andaluza del Agua, sustituta de la Confederación Hidrográfica desde el traspaso a la Junta  de las competencias sobre el río. Sostiene el consejero que “desde hace mucho tiempo las decisiones se toman de acuerdo con un rigor que viene avalado por la profesionalidad y la capacidad de los directores de presa, ingenieros y más de 200 técnicos”

EL PODER DE DECISION

La cuestión es quién toma la última decisión en materia de aguas desde que la Junta politizó una gestión que hasta entonces se regía por criterios técnicos. Cabe recordar  que los funcionarios transferidos a la Agencia, la mayoría de nivel 26 tras superar unas oposiciones, fueron convertidos en la nueva relación de puestos de trabajo en nivel 26 pero de libre designación. Así fue liquidada una estructura basada en el concurso de méritos y en la capacitación profesional, ya que cualquiera de los transferidos podía ser relevado de su puesto. Quienes no habían consolidado aún su nivel  podían ser catalogados en el 22 (el puesto de salida de los opositores de la Junta), y no se tenía en cuenta su antigüedad cuando concursaban a otra plaza.

Así, si un ingeniero que llevaba 20 años como jefe de un embalse aspiraba a la misma plaza en otro pantano, su antigüedad no reconocida le suponía cero puntos, con lo que cualquier funcionario de la Junta con sólo un año de experiencia le ganaba el concurso. Además, como se eliminó el requisito de la titulación específica, cualquier licenciado podía presentarse para jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica.

La consecuencia ha sido ver a licenciados en Historia como subdirectores de infraestructuras hidráulicas, a veterinarios ocupando plazas similares y a biólogos como jefes de explotación de pantanos. Díaz Trillo debería preguntarse si no es la politización esa constante que buscarían los físicos a la hora de explicar estas riadas.

SISTEMA FALIBLE

El consejero dice que los desembalses “se apoyan en un sistema automático de información hidráulica que permite averiguar con 72 horas de antelación  las avenidas que pueden producirse”. Si ese sistema permite prever con tres días las riadas, ¿cómo es que la Junta no actuó para evitar las inundaciones teniendo tan amplio margen de maniobra?

Una de dos, o el sistema no es tan perfecto o son demasiado imperfectos quienes lo usan. Díaz Trillo ha insistido en que “se han llevado a cabo los desembalses oportunos de acuerdo con las lluvias que han ido cayendo”. El problema ha radicado, a su juicio, en que “en la historia de Andalucía nunca había llovido tanto”. Ni que hubiera caído el diluvio. Habrá que recomendarle la ‘Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla”, en que Borja Palomo data más de cien grandes inundaciones entre 1297 y 1877. Y más recientemente, en la de 1996 hubo cuatro muertos y daños valorados en más de 420 millones de euros. Si habrá llovido más que ahora….

REACCIÓN SIN PREVENCIÓN

Las palabras de Díaz Trillo son reveladoras del proceder de la Junta: “se desembalsa conforme a las lluvias que van cayendo”. Ahí radica una de las claves de la catástrofe. Debería desembalsarse conforme a las lluvias que van a caer, no cuando caen o  después. En este sentido, toda España estaba pendiente del tiempo para el ‘puente’ y  los meteorólogos  alertaban de fuertes precipitaciones hasta el día 8. Si se habían decretado alertas amarillas y naranjas, ¿por qué el temporal sorprendió a la Agencia del Agua manejándose con sus protocolos habituales, osea, como si no fuera a llover?

Tras esta segunda gran inundación el consejero se  ha convencido de uno de los pronósticos científicos sobre el cambio climático: “Lo que está claro es que los regímenes de lluvia están cambiando; parece que cada vez llueve más en menos tiempo”. Pero, pese a lo padecido, no hay motivo de alarma, porque según Trillo la Junta está estudiando estos escenarios de pluviometría “a muchos años vista,  para que Andalucía pueda estar perfectamente preparada para los acontecimientos que hemos vivido estos días”. ¿Y no hubiera sido mejor haber estado preparados ahora, después de haber presentado a bombo y platillo en 2002 la  ‘Estrategia andaluza ante el cambio climático’, en vez de a muchos años vista?

REFLEJOS POLITICOS

En 2002, en Alemania, el canciller socialista Schroeder, perdía en todas las encuestas frente a su rival de la Derecha, Stoiber. Sin embargo, en unas inundaciones como éstas de Andalucía, se metió en el fango para solidarizarse con los afectados mientras Stoiber se quedaba en su casa. Tras aquel gesto, Schroeder acabó ganando las elecciones.

A las 24 horas de la riada, Arenas ya estaba en Écija, mientras que Griñán, falto  de reflejos,  no salía de San Telmo. En Andalucía, los papeles están cambiados: Arenas, que gana en las encuestas, hace como el socialista Schroeder; Griñán, que pierde en los sondeos, como el derechista Stoiber. Quien ignora la historia está condenado a repetirla.

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Segunda inundación con la Agencia del Agua

La crecida del Guadalquivir supera a la que provocó las inundaciones de hace diez meses

La gestión de los embalses no logra contener las riadas en la cuenca del río, traspasada a la Junta

La riada del Guadalquivir en diversas poblaciones de su cuenca hidrográfica y de su afluente el Genil a su paso por  Écija ha vuelto a sorprender a la Agencia Andaluza del Agua por segunda vez en 2010, ya que a principios de año el organismo gestor de los recursos hídricos en Andalucía tras el traspaso de las competencias a la Junta por parte del Gobierno ya vio cómo el río se desbordaba e inundaba municipios de su vega.

El manejo de los pantanos no impidió entonces la avenida del río, y ahora, tampoco, con la agravante de que ahora ha circulado aún más agua que hace diez meses por las presas en los momentos álgidos del actual temporal.

El 25 de febrero de 2010 fue la fecha culminante de la penúltima riada del Guadalquivir, cuando con toda la cuenca en estado de alerta por las inundaciones registradas a lo largo del curso del río, en la presa de Alcalá, considerada como el indicador fundamental por su cercanía a Sevilla capital y a los pueblos en situación de mayor riesgo por su ubicación en el tramo final, el caudal circulante era de 2.958,76 m3 de agua por segundo.

Ayer, día 8 de diciembre, a media mañana, el río circulaba por ese mismo punto transportando 3.247,37 m3/segundo. Peor aún era la situación en Peñaflor, donde en febrero el Guadalquivir arrastraba 2.141,90 m3/segundo y ayer el volumen de agua era 1.000 m3 más: 3.144,40.

Hace diez meses, las críticas llovieron sobre la Agencia Andaluza del Agua por su ineficaz manejo de los desembalses en la cuenca del río. Se le achacó que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde y el volumen del agua embalsada era tal que no había margen de maniobra para contener la afluencia de líquido por las fuertes precipitaciones y tuvo que desembalsar sin más remedio.

Hay que recordar que Andalucía sufrió un temporal de lluvias desde la Navidad de 2009 hasta mediados de enero de 2010 y que tras un paréntesis de aproximadamente un mes, el temporal se recrudeció a partir de mitad de febrero, con la máxima crecida del río hacia el día 25 de dicho mes.

Justamente la falta de desembalses cuando el tiempo dio una tregua a partir de mediados de enero es de lo que acusaron a la Agencia del Agua alcaldes y regantes que se dieron cita en Palma del Río durante la visita de Griñán y la entonces vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, para conocer los daños de las inundaciones.

Las mediciones del caudal del Guadalquivir por la presa de Alcalá del Río indicaban que hasta el 16/17 de enero se registraron unas medias de alrededor de 2.000 m3/segundo (1.800 m3 en estas fechas; 1.959 m3 hacia la festividad de Reyes), pero que entre el 21 de enero y el 15 de febrero aproximadamente el caudal medio descendió de forma muy acusada, con una media incluso inferior a los 300 m3/segundo (416 m3 el día 20 de enero; 112 el día 27).

Aun así, los embalses se hallaban al 75% -80% de su capacidad y la previsión meteorológica indicaba un nuevo temporal con fuertes lluvias a partir de la segunda quincena de febrero. La Subdelegación del Gobierno en Sevilla envió por entonces al Ejecutivo central a Madrid un informe en que preveía que el Guadalquivir alcanzaría los 3.000 m3/segundo a su paso por Sevilla, pero estos datos no fueron tenidos en cuenta por la Agencia Andaluza del Agua, responsable de la gestión del río tras la transferencia de las competencias, la reivindicación estrella de Chaves durante su última etapa al frente de la Junta.

La historia ha vuelto a repetirse, porque el actual temporal, anunciado con reiteración por los meteorólogos en vísperas del ‘puente’ de la Constitución, ha pillado de nuevo, por así decirlo, a la Agencia Andaluza del Agua con los pantanos a una media similar.

Con fecha 7 de diciembre de 2010, la Agencia emitía una nota de prensa en la que recordaba que desde la segunda quincena de diciembre de 2009 y hasta prácticamente el mes de abril del año en curso las cuencas hidrográficas andaluzas se beneficiaron de una temporada de lluvias excepcionalmente intensa y continuada. El agua de lluvia acumulada superó los registros máximos de los últimos 25 años, “lo que se ha traducido en unas aportaciones de agua excepcionales a los embalses de prácticamente toda Andalucía”.

Según la Agencia, esta situación “ha provocado un desembalse de agua progresivo en casi todos los pantanos andaluces desde el pasado año para evitar riadas e inundaciones, (desembalse) que continuó durante la campaña de riego de este verano y que se ha seguido llevando a cabo durante los dos primeros meses del año hidrológico, sobre todo tras los últimos episodios de lluvias”. La Agencia daba un 76,02% de volumen de agua en los embalses de la cuenca del Guadalquivir, osea, un nivel similar al que precedió a la riada de principios de año.

Sin embargo, ese mismo día 7, con Écija ya inundada por el desbordamiento del Genil, el director gerente de la Agencia, Juan Paniagua, mantenía la tesis contraria a la nota de prensa de su propio organismo al declarar públicamente lo siguiente: “Este año hay que tener en cuenta que los pantanos ya partían de una situación diferente a la del año pasado, ya que se encontraban sobre el 70% de su capacidad antes del inicio de las lluvias y tienen, por tanto, menos capacidad para retener agua”.

Lo cierto es que, tal como el mismo Paniagua reconocía, los niveles de desembalse en los pantanos no estaban siendo muy importantes pese a la previsión meteorológica y a las alertas naranja por lluvias decretadas en diversas provincias: 190 m3/segundo de media.

A excepción del Guadalén, que empezó a desembalsar agua en la noche previa a la inundación de Ecija, el resto de pantanos no vertía nada y los desembalses del Tranco de Beas, Guadalena, Giribaile, Negratín, Yeguas, Vadomojón e Iznájar no eran demasiado significativos.

Pero la previsión de los meteorólogos se cumplió y lluvias de entre 60 y 140 litros por m2 descargaron sobre gran parte de las sierras andaluzas a lo largo del mismo martes 7, con lo que sólo entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde el agua entraba en los embalses de la cuenca del Guadalquivir a un ritmo de 5.000 m3 por segundo, por lo que el 16% de los pantanos empezó a aliviar líquido y algunos a un ritmo muy superior a esos 190m3/segundo de media que mantenía la Agencia antes del temporal.

A las 23 horas del martes, ya con la alerta por la crecida del río en zonas como Peñaflor y Lora, el Guadalén estaba soltando 416 m3/segundo; Fernandina, 247; Rumblar, 410; Yeguas, 263; Guadalmellato, 412; el Bembézar, 308.

La media diaria de desembalses en estos grandes pantanos  venía siendo hasta esos momentos de menos de 20  m3/segundo, por lo que al multiplicarse por diez o veinte su aportación de agua al Guadalquivir, con el río a un nivel ya más alto que en la riada anterior de principios de año desde Córdoba a Peñaflor, la crecida a lo largo de la noche del 8 de diciembre era inevitable, así como la previsión, adelantada por expertos consultados por este periódico, de que el caudal por la presa de Alcalá superaría los 3.000 m3/segundo (3.236,43 m3 se registraban  a las 23 horas y 15 minutos del martes, y 2.948,52 m3 por Peñaflor) y de que subiría 15 metros sobre la cota habitual a su paso por Lora.

El director de la Agencia Andaluza del Agua, Juan Paniagua, ha declarado que se ha estado desembalsando todo el agua posible de manera controlada “y siempre tratando de cumplir los protocolos de seguridad”. La cuestión es si no hay que revisar esos protocolos a la luz de las últimas experiencias y de las predicciones científicas sobre que el cambio climático se traduce para España en menores lluvias pero más torrenciales, como ha ocurrido durante el ‘puente’ de la Constitución. Al parecer, la Agencia trabajaba con la hipótesis de lluvias de unos 40 litros por m2, cuando en algunos puntos de las sierras han sido de 140.

UNA RIADA SUPERIOR A LA DE PRINCIPIOS DE AÑO

(Comparativa de caudales en m3/segundo por las centrales fluyentes del Guadalquivir)

Fechas

Presa               24-12-09         25-12-09         6-1-10             24-2-10           25-2-10          8-12-10

Pedro Marín             53,58                66,82             87,74              216,58             133,58           33,28

Mengíbar     281,81              152,98            268,14         1.030,21             807,81         618,17

Marmolejo              364,55              436,62            721,91         1.811,87           1.356,00     1.359,69

El Carpio     491,08              515,47            858,35         1.856,48           1.563,43     2.092,46

Villafranca               620,96              626,12            935,24         2.040,06           1.924,43     1.943,95

Peñaflor              1.008,48           1.075,48        1.385,39         1.730,69            2.141,90     3.144,40

Alcalá                 1.296,31           1.579,52        1.958,93          2.663,46            2.958,76     3.247,37

En este cuadro se reflejan los caudales del río Guadalquivir por diversas presas en las fechas más significativas del temporal anterior (diciembre de 2009, enero y febrero de 2010) y en el actual (8 diciembre 2010). Los datos de ayer se tomaron hacia mediodía. Se comprueba que esta crecida ha sido en los puntos más importantes aún peor que durante el temporal del último invierno.

LAS LLUVIAS QUE DESBORDARON LAS

PREVISIONES DE LA AGENCIA DEL AGUA

(Acumulado del 7 diciembre 2010)

Pluviómetro                                         Litros/m2

Martín Gonzalo                                   148,70

Huesna                                    132,80

Retortillo                                             123,50

Bembézar                                            122,80

Puente Nuevo                                     116,70

Cala                                                    113,70

Melonares                                           113,00

Villafranca                                           112,40

Guadanuño                                          107,20

Cardeña                                              102,40

Venta de Cárdenas                              102,30

La Minilla                                            101,40

Ecija                                                     95,80

Jándula                                      93,00

S. R. Navallana                                     91,60

Yeguas                                      85,90

Fresneda                                               83,10

Fuencaliente                                          81,40

José Torán                                            80,00

Encinarejo                                             79,20

Marmolejo                                          77,30

Castillo de las Guardas            75,40

Carpio                                                74,80

Zufre                                                   69,10

Pintado                                               68,70

Rivera Cala                                         66,30

Zocueca                                              61,70

Vvde. Río                                           60,90

Rumblar                                              60,30

Guadalén                                             59,40

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Hato Ratón: multas impagadas por 13 millones

Una finca de Doñana lleva 13 años de riesgos

ilegales y sin pagar 13 millones en multas

Las sanciones no se han ejecutado por la Confederación ni la

Agencia del Agua pese al aval del Tribunal Supremo

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar acumula sanciones por más de 13 millones de euros por riegos presuntamente ilegales en una finca del entorno de Doñana llamada ‘Hato Ratón’ desde el año 1997 hasta la fecha sin que ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni la Agencia Andaluza del Agua hayan sido capaces ni de cobrar las multas ni de clausurar los pozos clandestinos, pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado sistemáticamente los recursos de la SAT y por tanto avalado las sanciones impuestas por estos regadíos al margen de la ley.Los ecologistas calculan que ha extraído del acuífero 27, del que se nutre Doñana, al menos 60 millones de m3 de agua.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, ha confirmado indirectamente las denuncias de Ecologistas en Acción sobre la permisividad de las Administraciones Públicas con la SAT Guadiamar, explotadora de la finca ‘Hato Ratón’, al reconocer que los expedientes sancionadores contra esta sociedad por riegos ilegales en el entorno de Doñana han sido elevados ahora a la Agencia Tributaria en Madrid para que proceda a su ejecución.

Desde 1997, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir primero y posteriormente la Agencia Andaluza del Agua vienen mostrando su incapacidad para cobrarle lo más de 13 millones de euros en multas que acumula y clausurarle sus pozos ilegales, prueba del descontrol más absoluto que existe en materia de aguas en el Parque Nacional y su entorno.

La Consejería de Medio Ambiente se escuda en que como los expedientes sancionadores son anteriores a la fecha del traspaso del Guadalquivir a la Agencia del Agua, siguen siendo competencia de la Confederación Hidrográfica y no han sido asumidos en las transferencias, si bien le consta que han sido elevados a la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda para que los ejecute directamente.

La Confederación Hidrográfica guarda un mutismo absoluto al respecto, pese a los reiterados intentos  a lo largo de semanas para obtener su versión de los hechos, y la Agencia Tributaria alega que no puede dar datos sobre contribuyentes.

Según las denuncias de Ecologistas en Acción, en la finca ‘Hato Ratón’ se habrían extraído ilegalmente al menos 60 millones de m3 de agua, pese a lo cual la Junta de Andalucía trata de ‘premiar’ a la SAT Guadiamar dando curso a su solicitud de que se le otorgue una concesión de aguas públicas procedentes del embalse del río Agrio, que ha quedado sin uso tras la catástrofe ecológica de Boliden en las minas de Aznalcóllar.

Ecologistas denuncian que los solicitantes ya están negociando con esta concesión, incluso antes de su adjudicación, para traspasarla a una compañía promotora de un proyecto de energía solar a cambio de más de un millón de euros anuales, ya que las plantas solares necesitan tierras con derecho a agua para refrigeración.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de la solicitud de esta concesión por la multisancionada SAT Guadiamar, pero la desvincula de estos expedientes sancionadores y dice que se enmarca en los acuerdos del Consejo de Participación de Doñana, el cual decidió en su momento ir sustituyendo progresivamente los riegos con aguas subterráneas del acuífero 27, del que depende el Parque Nacional, por otros con aguas superficiales como las del embalse del río Agrio. Esta concesión en trámite cumpliría, según la Consejería de Medio Ambiente, el objetivo de liberar más de 20 Hm3 de riegos con pozos para aliviar así la presión sobre Doñana.

AÑOS DE ILEGALIDADES

‘Hato Ratón’ es una finca de aproximadamente 1.500 Has. sita en la marisma de Aznalcázar, una tierra arcillosa y de escasa productividad agrícola salvo que se le aporte agua de riego que lave la sal característica de estos terrenos. En los años 70, el IRYDA realizó cerca de 400 sondeos para la explotación del acuífero 27 dentro del Plan Almonte-Marismas. Una veintena se hicieron en esta finca.

A finales de 1987, el Iara requirió a los dueños de ‘Hato Ratón’ para que pusiera a su disposición los pozos. Aquéllos presentaron recurso y el 28 de mayo de 1998 –más de diez años después- el Tribunal Supremo falló a favor del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria.

Sin embargo, en ‘Hato Ratón’ se siguió haciendo uso de los sondeos. En julio del año 2000, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) resolvió denegar a la SAT Guadiamar la inscripción en el catálogo de aguas privadas de 20 sondeos construidos por el IRYDA. La situación no varió.

La CHG denunció los riegos, que se seguían haciendo pese a vulnerar la negativa a la inscripción, con resoluciones de los expedientes sancionadores del Consejo de Ministros de los años 1998, 2001, 2004, 2006…En este último años, el Gobierno le impuso una última sanción de 601.012,10 euros, con la obligación de indemnizar con 1.638.956 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.

Nada de esto surtía efecto alguno y en ‘Hato Ratón’ se seguía regando ilegalmente y elevando recursos para no pagar las sanciones. A finales de 2007, el Supremo falló que la denegación de la inscripción de los sondeos realizados por el IRYDA era acorde a derecho.

Todo siguió igual, con recursos y más recursos. En el año 2009, el Supremo volvió a fallar que los expedientes sancionadores eran correctos y desestimó los recursos de la SAT. La paradoja es que en el año 2010, sin haberse ejecutado aún ningún expediente sancionador y tras haber extraído al menos 60 millones de m3 de agua según Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía ha dado curso a su solicitud de una concesión para el riego de 1.000 Has. justificándolo como una forma de evitar los problemas con los sondeos ilegales.

MIL POZOS ILEGALES MÁS DESDE 2004

Los ecologistas estiman que en el entorno de Doñana se han perforado en los últimos años un millar de pozos ilegales para el regadío de las fincas colindantes con el agua almacenada en el acuífero 27, del que depende la supervivencia del Parque Nacional, ya que los afloramientos de aguas subterráneas son vitales para el mantenimiento de los lucios y lagunas que sirven de refugio y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.

Un informe de la Agencia Andaluza del Agua realizado hace ahora aproximadamente un año puso de manifiesto que el nivel del acuífero había bajado en dieciocho metros como consecuencia de la sobreexplotación de sus recursos mediante estos pozos ilegales, sin que la Administración haya sido incapaz de clausurarlos ni de cobrar las sanciones impuestas a sus promotores, en el dudoso caso de que hayan sido notificadas.

Ante su propia incapacidad para hacer cumplir la ley, la Junta de Andalucía, responsable de la gestión del Parque y su entorno, trata ahora de consolidar la situación creada mediante un plan de reconocimiento de las hectáreas de regadío existentes, que cifra en algo más de 10.000 Has.

Para los ecologistas, sin embargo, no son 10.000, sino 14.000 las Has. puestas en riego ante las propias barbas de la Confederación Hidrográfica y la Agencia del Agua, por lo que no se puede premiar a los infractores de la ley, como en el sintomático caso de la finca ‘Hato Ratón’. La Junta pretende que el Consejo de Participación de Doñana bendiga con su aprobación esta nueva política de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, lo mismo que se viene preconizando de toda la vida sin resultado alguno.

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La Agencia Andaluza del Agua

Los funcionarios se encierran durante 24 horas en contra de su paso a la nueva Egmasa

Denuncian que el Gobierno andaluz les impondrá una cadena de mando privada

Historiadores, veterinarios y biólogos han acabando al mando de los pantanos en vez de los ingenieros

Los casi 1.700 empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua protagonizan desde ayer un encierro de 24 horas en todas las sedes provinciales de este organismo para protestar contra su fusión con Egmasa, que proyecta la Junta para la integración de ambas en la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Según denuncian los encerrados, esta operación política propiciará el desembarco en la gestión del agua de miles de empleados de Egmasa, en detrimento de funcionarios y de otro personal público, que accedieron a sus puestos a través de una oposición o concurso.

La creación de la Agencia Empresarial de Medio Ambiente y Agua como otro eslabón más de la Administración paralela de la Junta supone el último episodio del desmantelamiento de la tradicional estructura administrativa articulada en torno a las confederaciones hidrográficas y el principio de la unidad de cuencas.

En el año 2005, el Gobierno central transfirió a la Junta de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Sur así como las cuencas del Odiel, Tinto, Piedras, Guadalete y Barbate, con las que se creó la Agencia Andaluza del Agua, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente.

Todos los funcionarios transferidos, la mayoría de nivel 26 por oposición, fueron convertidos automáticamente en la nueva relación de puestos de trabajo (RTP) en nivel 26 pero de libre designación. Así fue liquidada una estructura basada en el concurso de méritos y en la capacitación profesional, ya que cualquiera de los transferidos podía ser relevado de su puesto.

Quienes no habían consolidado aún su nivel 26 podían ser catalogados en el 22 (el puesto de salida de los opositores de la Junta), y no se tenía en cuenta la antigüedad de los transferidos cuando concursaban a otra plaza.

Así, por ejemplo, si un ingeniero de Caminos que llevaba 20 años como jefe de explotación de un embalse aspiraba a la misma plaza en otro pantano, su antigüedad no reconocida le suponía cero puntos, con lo que cualquier funcionario de la Junta con tan sólo un año de experiencia ganaba el concurso. Además, como se eliminó el requisito de la titulación específica, cualquier licenciado podía presentarse como jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica.

La consecuencia de esta política fue ver a licenciados en Historia como subdirectores de infraestructuras hidráulicas, a veterinarios ocupando plazas similares y a biólogos como jefes de explotación de pantanos.

LA CONFEDERACIÓN DEL GUADALQUIVIR

Tras transferirse el 1 de enero de 2009 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) a la Junta de Andalucía, a los funcionarios que tenían el nivel 26 les privaron del personal a sus órdenes y aterrizaron nuevos niveles 28, en su mayoría sin perfil técnico, que tomaron el mando sobre los miembros de toda la vida de la CHG. Se llegó al extremo de relegarlos aun a costa de duplicar las plazas: junto a un funcionario del Estado era colocado otro de libre designación puesto a dedo.

Al frente de cada provincia andaluza (en la CHG estaba un funcionario de nivel 28) fueron colocados delegados políticos sin perfil técnico (cuando hasta entonces solían ser ingenieros), siguiendo en la estructura de mando un gerente también de carácter político y varios niveles 28, todos nombrados a dedo. La consecuencia fue el quebrantamiento del principio de profesionalidad y unidad de cuenca en la gestión del Guadalquivir, como se puso de manifiesto en la descoordinación de los desembalses durante las últimas inundaciones en Andalucía por el temporal de lluvias del pasado invierno.

Este verano, con la excusa de reducir organismos para ahorrar por la crisis, la Junta ha avanzado aún más en esta estrategia con la creación de un ente empresarial que sustituya al organismo autónomo: la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, cuya base es Egmasa, compuesta por personal ajeno a la función pública. Esto supone la eliminación por absorción de la Agencia Andaluza del Agua y la ‘dilución’ de los funcionarios y personal laboral procedentes de la antigua CHG y que habían accedido a sus puestos tras superar unas oposiciones.

Como a la nueva Egmasa, que es en el fondo esta Agencia Empresarial, se le otorgan potestades administrativas aun troceando los procedimientos, la Junta elude así los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que Egmasa asumía competencias propias de los funcionarios.

Los encerrados en protesta por esta nueva estructura administrativa del agua en Andalucía denuncian que en la nueva Egmasa se llegará al extremo de que cualquier contratado externo podrá elevar informes en contra de funcionarios a los que se le incoe un procedimiento sancionador.

Es la primera vez en la historia que funcionarios procedentes de las antiguas confederaciones hidrográficas protagonizan encierros y manifestaciones, algo que no hicieron ni siquiera cuando las transferencias o cuando los orillaron en sus puestos o dejaron de computarles la antigüedad a la hora de los concursos.

Su protesta cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSIF, USTEA y SAFJA.

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Melonares se llenó contra el protocolo de seguridad

La presa sevillana alcanzó su máxima capacidad en sólo 4 días

Iznájar desembalsó en plena situación de alerta en Ecija por la crecida del Genil

El temporal de lluvias y la crecida de los ríos han dejado en evidencia los pésimos resultados de la transferencia de las competencias sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, ya que la Agencia Andaluza del Agua ha cometido significativos errores en la gestión de embalses que han provocado un gran malestar entre los alcaldes de los municipios afectados por la riada y entre los regantes que han visto sus campos anegados.

Probablemente el desbordamiento del Guadalquivir habría sido igual de inevitable, pero el efecto de la inundación no habría sido el mismo con un mejor manejo de la situación por parte de la Agencia del Agua, cuyo modelo de organización, descentralizado y con primacía de criterios políticos sobre los técnicos, se ha demostrado ineficaz en graves situaciones de riesgo como las sufridas en Andalucía

Los alcaldes afectados por las inundaciones de sus términos municipales (casas o tierras de cultivo)  que se reunieron a puerta cerrada en Palma del Río el pasado sábado durante la visita del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, expresaron en privado fuertes críticas a la gestión de los pantanos y de la crecida del Guadalquivir por parte de la Agencia Andaluza del Agua, aunque decidieron no hacer público su malestar para no enturbiar aún más el ambiente y porque consideraron prioritario resolver la situación creada por las inundaciones y atender a las necesidades de centenares de afectados, ya fueran propietarios de viviendas desalojadas o de campesinos que han perdido sus cosechas.

Aunque los responsables políticos de la Agencia Andaluza del Agua, que por primera vez se han enfrentado a una riada tras las transferencias de las competencias sobre el Guadalquivir, han preferido mantenerse en silencio y los andaluces no tenían ningún referente al que mirar en busca de orientación o información durante el temporal y las posteriores inundaciones, poco a poco van trascendiendo datos que ponen en cuestión su proceder en las últimas semanas.

Así, por ejemplo, la presa de Melonares se dejó llenar completamente en tan sólo cuatro días de la segunda quincena de febrero en contra del protocolo de seguridad para un pantano recién construido y que debe ser probado de forma gradual para verificar que no existen fisuras en el muro y funcionan todos sus sistemas. Este protocolo no es gratuito, ya que se han dado casos de aparición de grietas en pantanos durante su período de pruebas (en la provincia de Madrid, sin ir más lejos), por lo que el muro no habría aguantado la presión del agua a plena capacidad.

Mientras los puentes se verifican colocando encima camiones de gran tonelaje repletos de cemento, arena, rocas o cualquier otro material de elevado peso para comprobar su grado de resistencia, los pantanos se prueban  mediante su llenado/vaciado a diferentes cotas, y jamás deben llenarse sin interrupción.

IMPRUDENCIA

A finales de enero, el agua alcanzó en Melonares los 72 metros de altura y un volumen de 83,1 Hm3 (el 46% de su capacidad total, estimada en 180 Hm3), por lo que se procedió a realizar una nueva prueba de carga, con desembalse al río Viar. La siguiente prueba debía realizarse cuando el agua llegara a la cota 78, y la última, cuando alcanzara los 82 metros y la máxima capacidad.

En vez de abrir y cerrar gradualmente la presa, la Agencia Andaluza del Agua cerró las válvulas y permitió que durante el temporal de lluvias de febrero el patano pasara en tan sólo cuatro días del 50% de su capacidad al 104%, con lo que Melonares empezó a desembalsar y, por tanto, a agravar la situación de una cuenca hidrográfica ya de por sí desbordada por el vertido de agua de 60 presas simultáneamente.

Los técnicos de las empresas constructoras de Melonares (Ferrovial y Sando) se echaron las manos a la cabeza al ver la imprudencia temeraria de completar el llenado del pantano en tan sólo cuatro jornadas y sin cumplir el protocolo de seguridad. Si hubieran aparecido fisuras en el muro, poco se hubiera podido hacer ante la presión de una ingente cantidad de agua como la que se había dejado acumular y la que en avalancha venía desde la cuenca alta del río.

Los regantes acusan a la Agencia Andaluza del Agua además de no coordinarse con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que simultáneamente hubo que aliviar el pantano del Pintado, hecho que habría contribuido a agravar aún más la situación de Melonares.

ABIERTO EN VEZ DE CERRADO

Otro caso de manejo desacertado de la situación ha sido el del pantano de Iznájar, situado en el tramo medio del río Genil y considerado por su capacidad de 981 Hm3 como el lago de Andalucía. En foros de Internet se reflejaba la preocupación ciudadana con diálogos como éstos:

-Hola, yo hablo desde la ignorancia, pero ¿no sería mejor que soltasen ya agua de Iznájar? En Ecija el río ahora no llega a los dos metros y el Iznájar está al 90% y subiendo. ¿A qué esperan para desembalsar agua?

-Comprendo la preocupacion en localidades como Ecija, Puente Genil o Palma del Río, pero mirad: las imágenes de Lora son acojonantes. Esperemos que el nivel del Guadalquivir baje al menos entre hoy y mañana y entonces que desembalsen agua de Iznájar. No creo que los encargados de la red hidrográfica sean tan torpes.

-Pues los encargados de Iznájar deberían dejarse de tonterías y empezar a desembarsar yaaa!!!!! Luego les entraran las prisas y empezarán a desembalsar más de lo que el río permite y nos inundaremos en todos los pueblos ribereños. Esto es por una gravísima falta de previsión, sabiendo desde enero que llovería sin parar durante todo el mes de febrero y no dieron largas poco a poco.

Y pasó lo que temían en los municipios ribereños con el río, ya que el Iznájar no fue aliviado cuando la situación era más propicia y, sin embargo, empezó a desembalsar  cuando aún se encontraba al 82% de su capacidad pero con el río Genil llevando 700 m3 de agua por segundo a su paso por Ecija, que se encontraba en estado de máxima alerta por la crecida del río. Este desembalse, que llegó a ser de 60 m3/segundo, agravó la situación río abajo, cuando debió haberse actuado justo al revés: reteniendo agua, ya que aún quedaba margen de llenado (un 18%). La Agencia Andaluza del Agua se percató de su error y trató de corregirlo mediante la posterior reducción del caudal de desembalse a 10 m3/segundo.

LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA NO

ALIVIÓ PANTANOS CUANDO AÚN TENÍA TIEMPO

La Consejería de Medio Ambiente, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, trató de justificar el desembalse del Iznájar con Écija en estado de alerta (lo lógico habría sido lo contrario) con un argumento que deja en evidencia su actuación en la semanas previas a la reactivación del temporal durante la segunda quincena de febrero. Según Medio Ambiente, si desembalsó de forma controlada 50 m3/segundo del Iznájar, fue como medida de prevención ante la posibilidad de que en días posteriores continuaran las precipitaciones intensas y para evitar riadas en municipios como Puente Genil y Écija.

Justamente la falta de desembalses cuando el tiempo dio una tregua a partir de mediados de enero es de lo que acusaron a la Agencia del Agua alcaldes y regantes que se dieron cita en Palma del Río durante la visita de Griñán y Fernández de la Vega para conocer los daños de las inundaciones. Las mediciones del caudal del Guadalquivir por la presa de Alcalá del Río indican que hasta el 16/17 de enero se registraron unas medias de alrededor de 2.000 m3/segundo (1.800 m3 en estas fechas; 1.959 m3 hacia la festividad de Reyes), pero que entre el 21 de enero y el 15 de febrero aproximadamente el caudal medio descendió de forma muy acusada, con una media incluso inferior a los 300 m3/segundo (416 m3 el día 20 de enero; 112 el día 27).

Aun así, los embalses se hallaban al 75% -80% de su capacidad (en función de cómo se contabilice el de La Breña) y la previsión meteorológica indicaba un nuevo temporal con fuertes lluvias a partir de la segunda quincena de febrero. La Subdelegación del Gobierno en Sevilla envió por entonces al Ejecutivo central a Madrid un informe en que preveía que el Guadalquivir alcanzaría los 3.000 m3/segundo a su paso por Sevilla, pero estos datos no fueron tenidos en cuenta por la Agencia Andaluza del Agua, responsable de la gestión del río tras la transferencia de las competencias, la reivindicación estrella de Chaves durante su última etapa al frente de la Junta.

La Agencia Andaluza tuvo una bonanza climática de veintinco días para haber acompasado los desembalses de pantanos, entonces al 75% de su capacidad en previsión de la segunda gran oleada de lluvias, pero cuando quiso reaccionar ya era tarde. El día 16 de febrero vuelve a llover con intensidad. Para el 20 de febrero, de los 92 embalses de la comunidad autónoma, 52 estaban al 90% de su capacidad, 27 se habían llenado completamente y hubo que aliviar agua de 60 presas, pero ya el caudal del Guadalquivir iba enormemente crecido, hasta el punto de que el día 25 se registraba una media de 2.958 m3/segundo por la presa de Alcalá.

Probablemente el río se hubiera desbordado, pero si la Agencia hubiera sido más previsora, en línea con las estimaciones del Gobierno central y de la Agencia Estatal de Meteorología, las consecuencias de la inundación hubieran sido menos graves, pero los pantanos ya no tenían apenas capacidad de regulación y la de laminación había quedado agotada.

LA JUNTA ACABÓ CON EL MANDO

ÚNICO SOBRE EL GUADALQUIVIR

El modelo organizativo para la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que a través de la Agencia Andaluza del Agua ha impuesto la Junta de Andalucía una vez conseguidas las tranferencias sobre el río, que históricamente había depositado el Gobierno de la nación en la Confederación Hidrográfica, ha impedido paliar las desastrosas consecuencias del desbordamiento del río durante este temporal de lluvias al faltar un mando único que actuara en tiempo real tomando decisiones y coordinando todo el aparato administrativo.

Históricamente, desde su creación en 1927, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue un organismo eminentemente técnico, compuesto por experimentados ingenieros que hicieron del conocimiento y dominio del gran río de Andalucía su ‘leit motive’ con el objetivo de evitar las desastrosas consecuencias de sus desbordamientos y su máximo aprovechamiento para el abastecimiento urbano y los regadíos agrícolas.

Todos actuaban por criterios de eficacia y bajo un mando único nombrado por el Gobierno de la nación pero que se regía por el principio de la profesionalidad. Estos ingenieros fueron los que construyeron los pantanos, las cortas y los muros de defensa y se convirtieron en auténticos expertos en el manejo del río.

La Junta liquidó este sistema para imponer otro descentralizado en que el máximo poder lo ostentan las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, al margen incluso de los Servicios Centrales en Sevilla, y en que una superestructura de cargos políticos sin acreditada experiencia ha sido colocada por encima de unos ingenieros a los que incluso se les ha prohibido relacionarse con los alcaldes y los regantes, con quienes compartían hasta entonces el día a día de la cuenca hidrográfica en su calidad de servidores públicos.

Las inundaciones han demostrado la ineficacia de la nueva organización, ya que la crecida del río y de los pantanos exigía una coordinación máxima y una capacidad de decisión sobre la marcha de un mando único conforme al principio de unidad de cuenca, que ha sido una de las aportaciones de España al mundo y un modelo imitado en todos los países.

La estructura provincializada y descentralizada se ha demostrado como una rémora a la hora de la toma de decisiones y en estas situaciones el tiempo es oro. La Agencia Andaluza del Agua ha estado además “desaparecida en combate” ante la opinión pública, sin presencia alguna durante el temporal, cuando siempre la Confederación Hidrográfica era el referente natural a la que se volvían los ojos de los andaluces e informaba antes, durante y después de cuanto acaecía en el río. Las deficiencias organizativas pueden taparse en el día a día, pero quedan en evidencia en los momentos críticos, como los que ha vivido la cuenca con este temporal.

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