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Perogrullo

El presidente de la Confederación Hidrográfica, Manuel Romero, ha dicho una fantástica obviedad sobre los recientes temporales: “Se inunda lo que está en zona inundable”. Es de Perogrullo, pero con ser tal resulta que centenares de alcaldes y miles de andaluces llevan toda la vida viéndolo y a estas alturas de la historia todavía no se han convencido, de ahí las casas construidas sobre los márgenes de los cursos de agua, las urbanizaciones sobre antiguas ramblas aparentemente secas, las calles sobre soterrados arroyos y un largo etcétera de despropósitos puestos en evidencia cuando sobreviene un otoño, invierno o primavera más lluviosos de lo normal o lluviosos como antaño. Por mucho que digan eso de que el periodo de retorno de una avenida son centenares de años, más temprano que tarde los ríos y arroyos siempre acaban mostrando las escrituras de propiedad de sus zonas de influencia. Y entonces hay que volver a recordar lo obvio…. hasta la próxima riada. Y es que ya se sabe: el hombre es el único animal que tropieza reiteradas veces con la misma inundación.

Ecologistas denuncia el ‘maquillaje’ del acuífero de Doñana

La Comisión de Aguas del Parque ni siquiera levanta acta de las reuniones

 

Una petición del representante de Ecologistas en Acción de que se recogiera en acta un asunto que planteaba como cuestión previa en la reunión de la Comisión de Aguas del Consejo de Participación de Doñana, celebrada el pasado día 23 en el Ayuntamiento de La Puebla del Río,  ha puesto al descubierto que este organismo ni siquiera levanta acta de los temas que se tratan, para estupor de sus miembros. Ecologistas denuncia además un intento de ‘maquillar’ la situación real del acuífero de Doñana.

 

El Consejo de Participación del ahora denominado Espacio Natural Doñana, que preside Felipe González, no tiene más constancia de lo que se debate y acuerda en el seno de la Comisión de Aguas que lo que quiera transmitirle, sea o no acorde con la realidad,  el ponente de la misma, un representante de la Junta de Andalucía que, por ende, ya no tiene competencias sobre el acuífero del que se nutre esta gran reserva ecológica, patrimonio de la Humanidad.

Ecologistas no sale de su asombro tras la respuesta recibida de que no hay actas de las reuniones, por lo que el ponente puede decirle al Consejo de Participación que preside Felipe González lo que le venga en gana, sin posibilidad de contraste alguno.

Según los conservacionistas, en la reunión de La Puebla del Río el director del Dominio Público Hidráulico de la Junta de  Andalucía, carente ya de competencias al respecto, presentó un informe sobre la situación del acuífero de Doñana en 2009/2010 “desfasado en el tiempo, gravemente erróneo y ajeno a la realidad”, lo que para Ecologistas demuestra un intento de ‘maquillaje’, pues concluía diciendo lo siguiente: “esta mejoría general se observa, de manera más evidente, cuando comparamos los índices de estado de aguas altas; así, en marzo de 2009, la situación era de peligro, mientras que para marzo de 2010 era de estabilidad”.

En contraste, se presentó otro informe realizado por el Servicio de Aguas Subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el cual se llega a la conclusión de que el estado del acuífero es “preocupante” debido al descenso en los niveles de los pozos piezométricos, los cuales muestran una tendencia clara al descenso, fruto de las extracciones ilegales de agua que siguen sin ser evitadas. El descenso del nivel del agua subterránea supera incluso al registrado durante la gran sequía de 1995.

Al final de la reunión, Ecologistas en Acción preguntó a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir si en el año 2009/2010 habían hecho un estudio  sobre el estado del acuífero. La respuesta fue afirmativa y que ese estudio había demostrado que ya por entonces la situación era “preocupante”, cuando poco antes el representante de la Junta había dicho que “en marzo de 2010 era de estabilidad”, lo que a juicio de los conservacionistas demuestra el intento de ‘maquillaje’ de la realidad por parte del Gobierno autonómico.

Por su parte, la organización ecologista WWF denuncia que continúa extrayéndose agua de más de mil pozos ilegales en el entorno de Doñana “a pesar del conocimiento  de la Administración central, la autonómica y la local”.  WWF pide al nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, y al nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, que pongan solución de una vez por todas  al problema del acuífero con medidas urgentes como su declaración como “sobreexplotado”.

Obras contrarreloj en la carretera por el Parque del Guadaira

Vecinos de Heliópolis, Pedro Salvador y Bermejales se sienten

estafados y denunciarán el caso a la UE

 

Insisten en que la vía, de 10 metros y 8 rotondas, discurre por

una zona verde y que vulnera el PGOU vigente

 

La Plataforma pro Parque del Guadaira, compuesta por vecinos de Heliópolis, la barriada Pedro Salvador y Los Bermejales, denuncia que en las últimas semanas se está trabajando en exclusiva, en jornadas de hasta doce horas diarias, para terminar cuanto antes la carretera que cruza por mitad del futuro parque que se construye sobre el antiguo cauce del río, desde el Polígono Sur hasta la Avenida de La Raza, pese a tratarse de una zona verde y con la aquiescencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la vista gorda de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

 

El proceso de negociación abierto a instancias del Ayuntamiento, después de que Zoido visitara las obras, entre los vecinos de varios barrios del Sur de Sevilla y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), promotora de las obras del futuro parque sobre el viejo cauce del Guadaira, se da por fracasado después de que la Plataforma haya comprobado que la construcción de la polémica vía de circulación que parte en dos la zona verde no sólo no se ha paralizado, sino que continúa a marchas forzadas, en jornadas de sol a sol, con el claro propósito por parte de la empresa ejecutante de concluirla cuanto antes como un hecho consumado.

El único compromiso que en principio habrían alcanzado la CHG y la empresa con un sector de Heliópolis consistiría en no conectar la nueva vía de comunicación con las calles Ifni y Perú, a fin de que los antiguos hotelitos de la Exposición del 29 no sufran la invasión de los vehículos que crucen de Norte a Sur , entre el estadio y la ciudad deportiva del Betis, para enlazar con La Raza y los puentes del Centenario y Delicias.

Los vecinos opositores a la carretera exigen la paralización cautelar de esta vía rápida de 10 metros de anchura y 8 rotondas y denuncian la, a su juicio, complicidad del Ayuntamiento, ya que pese a tratarse de un proyecto conveniado con la CHG, a la Gerencia de Urbanismo le corresponde velar por el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el cual el suelo que ocupará el asfalto estaría calificado como zona verde.

El proyecto original del Parque del Guadaira, cuyas obras se interrumpieron en 2007 por la incapacidad de la empresa constructora de continuarlas tras una bajada económica cercana al 40% del coste de salida, incluía un vial de servicio para el futuro parque colindante con la fachada Sur de Heliópolis y una gran zona verde y de esparcimiento, con lagos y cursos de agua  hasta el Guadalquivir. El presupuesto inicial era de unos 25 millones de euros, de los que el 75% correspondían a la Unión Europea.

Sin embargo, tras abandonar la primera empresa constructora, se redactó un modificado del proyecto para volverlo a licitar bajo la coordinación de la CHG y del Ayuntamiento. Así, se eliminaron partidas significativas, como el paso subterráneo por la Avenida de Holanda y la pasarela de la SE-30, que comunicaba el parque con la ribera original del Guadaira.

Para su sorpresa, los residentes en los barrios colindantes con el futuro parque comprobaron que lo que se estaba construyendo una vez reanudados los trabajos no se parecía ni al proyecto original ni a lo que dicen haberles prometido durante la modificación, porque en lugar de un vial de servicio que discurriera por el lateral de la zona verde más cercano a Heliópolis se está construyendo una vía rápida para el tráfico con ocho rotondas y por medio de los jardines, que quedan reducidos a una mera función de ornamentación y camuflaje de la carretera.

Según la Plataforma vecinal, ni la CHG ni la Gerencia de Urbanismo les enseñan el proyecto que se está ejecutando, y tampoco plasman ninguna promesa por escrito, al igual que cambian de versión continuamente. Así, denuncian que unas veces les dicen que la carretera va a ser para exclusivo uso peatonal, algo carente de sentido por la magnitud y coste de las obras, y otras que  se reservará para el uso del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, cuyo representante en una de las reuniones reconoció que les bastaría con un vial de servicio de 3,5 metros de anchura, cuando se está hormigonando una anchura tres veces mayor.

Ante el avance a marchas forzadas de las obras, la Plataforma pro Parque del Guadaira ha decidido denunciar la actuación de la CGH y del Ayuntamiento a la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Unión Europea, ya que esta última subvenciona el 75% del coste del parque, por lo que existe el riesgo de que se repita un conflicto como el de la Biblioteca universitaria erigida sobre una zona verde en el Prado de San Sebastián, también con financiación europea y que tras la lucha de los vecinos de su entorno tendrá que ser demolida por sentencia judicial.

Represaliado por sus informes sobre Las Cruces

La Agencia Andaluza del Agua marginó al jefe que emitió dictámenes sobre los incumplimientos de Cobre las Cruces

Fue apartado pese a ser el responsable de Aguas Subterráneas y experto en la materia

La corta tras las lluvias de diciembre de 2010

La corta tras las lluvias de diciembre de 2010

El jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Agencia Andaluza del Agua, Mariano Manuel Gregorio . P. S.,  ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción Nº 19 de Sevilla que lleva más de dos años marginado en este organismo dependiente de la Junta de Andalucía, por ser el autor de los informes sobre los generalizados incumplimientos de Cobre las Cruces de las condiciones que debía cumplir para la explotación del yacimiento minero.

Mariano. P. S. y Juan Luis  R. V, en su día técnicos de la Confederación Hidrográfica hasta el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta, han mantenido tesis diametralmente opuestas a la de los peritos del Instituto Geológico y Minero (Igme) en la causa abierta a la compañía minera por la presunta contaminación con arsénico del acuífero Niebla-Posadas.

Las actas de las declaraciones de los peritos ante el Juzgado de Instrucción Nº 19 de Sevilla revelan que el jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Agencia Andaluza del Agua, Mariano P. S., que desempeñaba la misma función en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, denunció ante la juez que ha sido represaliado en el seno de la Junta de Andalucía tras haber emitido los informes contrarios a la actuación de la compañía minera Cobre las Cruces, filial de la multinacional canadiense Inmet Minning.
Preguntado por qué no supervisa a la mina desde septiembre de 2008 pese a ser el jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Agencia, y por tanto el competente al respecto, Mariano P. S. respondió que porque lo llamó el director general del Dominio Público Hidráulico, Javier S. A., y le dijo que no le gustaban sus informes y que no trabajara más, por lo que desde entonces ha sido apartado de su actividad en relación con este tema.
Inquirido si su marginación en este asunto se debió a que sus informes eran demoledores contra Cobre Las Cruces (CLC) y “políticamente incorrectos”, Mariano P. S. contestó que creía que existía por parte de la Administración (Junta de Andalucía) el deseo de que la explotación minera siguiera adelante; que le dijeron muy claramente que no gustaban sus informes y que aunque no le añadieron más, se podía imaginar cuál era la calificación que merecían.
Mariano P. S., que ya era el responsable de supervisar Las Cruces en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) antes de ser transferido a la Agencia Andaluza del Agua, tenía a su cargo un equipo que iba a la mina fecuentemente, y él mismo acudió allí varias veces.

Esquema del sistema de drenaje y reinyección de la mina

Esquema del sistema de drenaje y reinyección de la mina

Como es sabido, la mina corta en vertical el acuífero Niebla-Posadas, por lo que para autorizar la extracción del mineral la Administración le impuso la obligación de que no menguara el volumen del acuífero y se mantuviera el agua en las mismas condiciones que en el medio natural.

Para ello, Cobre las Cruces implantaría un sistema de drenaje del agua, que dejaría seco el entorno del yacimiento para trabajar en el mismo, y de reinyección de esa misma agua en una serie de sectores, como si se tratase de un gran circuito cerrado: el líquido que se extraía por una parte se reinyectaba por otra. Todo basado en un modelo matemático sobre cómo se comportaría el acuífero con este sistema.

INCUMPLIMIENTO

El equipo de Mariano P. S. detectó en abril de 2008 un incumplimiento “general” por parte de CLC de las condiciones impuestas, cuando ni siquiera había empezado la fase de operaciones en la mina: 26 sondeos en el interior de la corta y una detracción de agua por encima de lo estipulado, agua contaminada con arsénico (por el contacto con el fondo de la corta minera) y que la compañía habría vertido supuestamente al río Rivera de Huelva.
Para el jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Agencia, el modelo matemático “fallaba en lo más elemental, lo cual suponía ya un riesgo grave” porque el terreno no se comportaba conforme a lo esperado, de ahí que su propuesta hubiera sido empezar de cero todo y hacer una mina subterránea, como era “lógico y natural” y no una corta a cielo abierto.
Por su parte, Juan Luis R. V., el otro técnico procedente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, declaró que el agua debía haberse extraído de la corona exterior, lejos de la corta minera, y que detectaron no sólo que se reinyectaba en algún sector un 43% menos de lo que se extraía (una diferencia de 519.836 m3),  sino también que se estaba introduciendo en el acuífero agua con un nivel de arsénico desproporcionado procedente de la corta y superior a la norma de abastecimiento humano.

Según este técnico, “las aguas del acuífero se pueden destinar a consumo humano, haya o no sequía, pues es el uso más importante del mismo”, al igual que toda la zona de la rivera de Huelva. A su juicio, era necesaria una alternativa a lo que se estaba haciendo para poder levantar la suspensión de la actividad y fue cuando Cobre Las Cruces planteó depurar el agua tomada mediante ósmosis inversa antes de reinyectarla al acuífero.

VERSIÓN OPUESTA

Los peritos del Instituto Geológico y Minero de España (Igme), Miguel Ramón M. M. y Juan Antonio L. G., dijeron que el modelo matemático de Cobre las Cruces se basaba en un modelo hidrogeológico conceptual y que en base al mismo la compañía hizo una serie de previsiones sobre el comportamiento del acuífero en el momento de su explotación y de cómo iba a evolucionar en el tiempo.

El Igme detectó que la realidad no se ajustaba en su totalidad a la previsión del modelo matemático inicial, pero al contrario que a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a este organismo no le pareció que ese fallo fuera estrepitoso al inicio de la actividad minera, sino que el modelo era una herramienta más de trabajo que debía estar en continua actualización teniendo en cuenta la información que se fuera generando la propia actividad minera.

Complejo industrial de Cobre Las Cruces

Complejo industrial de Cobre Las Cruces

Los técnicos del Igme reconocieron ante la juez que “viendo las simulaciones que se hacen en el modelo matemático y luego los datos reales que se obtienen en el campo, hay una desviación considerable en algunas zonas, y en otras se adapta perfectamente a la realidad”.
Para los peritos del Igme, las anomalías eran normales. En este sentido afirmaron que si estaba previsto por CLC que las aguas adquirieran unos determinados niveles y la realidad no se ajustó a la previsión, “es lógico que hubiese surgencias (de agua)”, unas pérdidas que rebajaron a 75.000 m3 frente a los 519.836 m3 estimados por la CHG, a la que imputaron errores de cuantificación.

Los técnicos del Igme no supieron explicar la contradicción de que el acuífero esté declarado sobreexplotado y su apreciación de que si hubo surgencias de agua no fue por efecto de la actividad minera, sino porque “está lleno”. Si está lleno, ¿por qué está declarado sobreexplotado? Según su testimonio, puede haberse llenado por la lluvia o algún cambio hidrodinámico.
Los técnicos del Igme también contradijeron a los de la CHG al sostener que la presencia de arsénico en el agua no se debía a la actividad minera, sino que tenía un origen natural, por lo que Cobre las Cruces ni causó daño al dominio público hidráulico ni ha existido ningún peligro para la salud de las personas.

EL IGME CONTRADICE SUS PROPIOS
INFORMES SOBRE EL ARSÉNICO

El Igme ha realizado desde 2001 varios informes sobre el proyecto minero de Las Cruces, el sistema de drenaje y reinyección y su posible afección al acuífero Niebla-Posadas, y en ninguno de ellos, salvo en uno datado en abril de 2010, indicó una presencia destacable de arsénico en las aguas subterráneas.

Al contrario: generalmente ha destacado la calidad de las aguas del acuífero dentro de los criterios establecidos por la legislación española sobre la calidad del agua de consumo humano, de ahí el contraste de sus informes habituales con el cambio de criterio reflejado por sus técnicos en la declaración ante la juez.
Lo más curioso es que los dos peritos que prestaron declaración judicial fueron los mismos que coordinaron en su día el Atlas Hidrológico de Sevilla. En este documento se incluyó un mapa de calidad de agua subterráneas para consumo humano en el que se califica la del acuífero Niebla-Posadas como “de buena calidad” y no hicieron ninguna mención a la presencia destacable de arsénico en ninguna zona del mismo. “En general -dicen los autores-, la calidad del agua del acuífero es buena, encontrándose dentro de los valores permitidos que la hacen apta tanto para el consumo humano como para el regadío”.
Tras detectar la CHG la presunta contaminación con arsénico, los peritos judiciales del Igme hicieron un informe en el que aseguraron que a partir de los datos estadísticos se observaba en el sector 5 “que los valores medios de la composición química de reinyección superan los del agua del medio receptor.

Esta situación -añadieron- se corrige tras el tratamiento por ósmosis inversa de dichas aguas”. La conclusión parece obvia, aunque ahora el Igme sostenga lo contrario de lo que dijo entonces: si en el complejo minero hubo que instalar de forma urgente un sistema de depuración por ósmosis inversa y una planta de depuración permanente era porque se estaba produciendo un problema que había  que solucionar.

Vuelva usted el lunes

Larra

Larra

La Agencia Andaluza del Agua ha reconocido en un informe a la juez que tardó tres días en acudir desde Sevilla a Gerena a inspeccionar un vertido accidental en Las Cruces. En su corta existencia, la Agencia ya ha logrado que haya general unanimidad en Andalucía en pedir que vuelva la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A su proverbial ineficacia en el manejo de los pantanos (abre las compuertas cuando debería cerrarlas, y viceversa), une esta velocidad de reacción, inspirada en un principio que supera a lo visto en su tiempo por Larra:“deja para pasado mañana lo que debas hacer hoy”. La notificación del puñetero vertido les llegó un ‘san viernes’ y no era cuestión de que les estropeara el fin de semana. La Naturaleza no tiene horarios, pero los funcionarios, sí. Reservado el derecho de admisión de denuncias de lunes a viernes y de 9 a 3. ¿Hasta dónde habría llegado el vertido de Boliden en Aznalcóllar si entonces hubiera existido la Agencia? A partir de ahora no diga eso de ‘es más lento que el caballo del malo’, sino ‘más lento que la triple A’.

Llueve sobre mojado

Un principio de la Física dice que si un hecho se repite no se debe a la casualidad, sino que probablemente obedece a una ley. En buena parte de Sevilla y de Andalucía se han repetido inundaciones como las de febrero. Dos riadas en sólo diez meses, con la misma secuencia: primero llueve con intensidad y, luego, los desembalses contribuyen a la crecida del Guadalquivir y a los daños en pueblos y cultivos.

Como parte interesada, el consejero de Medio Ambiente, Díaz Trillo, defiende la política de desembalses de la Agencia Andaluza del Agua, sustituta de la Confederación Hidrográfica desde el traspaso a la Junta  de las competencias sobre el río. Sostiene el consejero que “desde hace mucho tiempo las decisiones se toman de acuerdo con un rigor que viene avalado por la profesionalidad y la capacidad de los directores de presa, ingenieros y más de 200 técnicos”

EL PODER DE DECISION

La cuestión es quién toma la última decisión en materia de aguas desde que la Junta politizó una gestión que hasta entonces se regía por criterios técnicos. Cabe recordar  que los funcionarios transferidos a la Agencia, la mayoría de nivel 26 tras superar unas oposiciones, fueron convertidos en la nueva relación de puestos de trabajo en nivel 26 pero de libre designación. Así fue liquidada una estructura basada en el concurso de méritos y en la capacitación profesional, ya que cualquiera de los transferidos podía ser relevado de su puesto. Quienes no habían consolidado aún su nivel  podían ser catalogados en el 22 (el puesto de salida de los opositores de la Junta), y no se tenía en cuenta su antigüedad cuando concursaban a otra plaza.

Así, si un ingeniero que llevaba 20 años como jefe de un embalse aspiraba a la misma plaza en otro pantano, su antigüedad no reconocida le suponía cero puntos, con lo que cualquier funcionario de la Junta con sólo un año de experiencia le ganaba el concurso. Además, como se eliminó el requisito de la titulación específica, cualquier licenciado podía presentarse para jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica.

La consecuencia ha sido ver a licenciados en Historia como subdirectores de infraestructuras hidráulicas, a veterinarios ocupando plazas similares y a biólogos como jefes de explotación de pantanos. Díaz Trillo debería preguntarse si no es la politización esa constante que buscarían los físicos a la hora de explicar estas riadas.

SISTEMA FALIBLE

El consejero dice que los desembalses “se apoyan en un sistema automático de información hidráulica que permite averiguar con 72 horas de antelación  las avenidas que pueden producirse”. Si ese sistema permite prever con tres días las riadas, ¿cómo es que la Junta no actuó para evitar las inundaciones teniendo tan amplio margen de maniobra?

Una de dos, o el sistema no es tan perfecto o son demasiado imperfectos quienes lo usan. Díaz Trillo ha insistido en que “se han llevado a cabo los desembalses oportunos de acuerdo con las lluvias que han ido cayendo”. El problema ha radicado, a su juicio, en que “en la historia de Andalucía nunca había llovido tanto”. Ni que hubiera caído el diluvio. Habrá que recomendarle la ‘Historia crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla”, en que Borja Palomo data más de cien grandes inundaciones entre 1297 y 1877. Y más recientemente, en la de 1996 hubo cuatro muertos y daños valorados en más de 420 millones de euros. Si habrá llovido más que ahora….

REACCIÓN SIN PREVENCIÓN

Las palabras de Díaz Trillo son reveladoras del proceder de la Junta: “se desembalsa conforme a las lluvias que van cayendo”. Ahí radica una de las claves de la catástrofe. Debería desembalsarse conforme a las lluvias que van a caer, no cuando caen o  después. En este sentido, toda España estaba pendiente del tiempo para el ‘puente’ y  los meteorólogos  alertaban de fuertes precipitaciones hasta el día 8. Si se habían decretado alertas amarillas y naranjas, ¿por qué el temporal sorprendió a la Agencia del Agua manejándose con sus protocolos habituales, osea, como si no fuera a llover?

Tras esta segunda gran inundación el consejero se  ha convencido de uno de los pronósticos científicos sobre el cambio climático: “Lo que está claro es que los regímenes de lluvia están cambiando; parece que cada vez llueve más en menos tiempo”. Pero, pese a lo padecido, no hay motivo de alarma, porque según Trillo la Junta está estudiando estos escenarios de pluviometría “a muchos años vista,  para que Andalucía pueda estar perfectamente preparada para los acontecimientos que hemos vivido estos días”. ¿Y no hubiera sido mejor haber estado preparados ahora, después de haber presentado a bombo y platillo en 2002 la  ‘Estrategia andaluza ante el cambio climático’, en vez de a muchos años vista?

REFLEJOS POLITICOS

En 2002, en Alemania, el canciller socialista Schroeder, perdía en todas las encuestas frente a su rival de la Derecha, Stoiber. Sin embargo, en unas inundaciones como éstas de Andalucía, se metió en el fango para solidarizarse con los afectados mientras Stoiber se quedaba en su casa. Tras aquel gesto, Schroeder acabó ganando las elecciones.

A las 24 horas de la riada, Arenas ya estaba en Écija, mientras que Griñán, falto  de reflejos,  no salía de San Telmo. En Andalucía, los papeles están cambiados: Arenas, que gana en las encuestas, hace como el socialista Schroeder; Griñán, que pierde en los sondeos, como el derechista Stoiber. Quien ignora la historia está condenado a repetirla.

Hato Blanco también se libra de multas millonarias

La Administración vuelve a dejar de ejecutar

multas millonarias por riegos ilegales en Doñana

Seis expedientes con sanciones desde 1997 no han sido aplicados a la finca ‘Hato Blanco Viejo’

A la misión de la Unesco que va a inspeccionar Doñana durante el mes de diciembre empiezan a acumulársele los motivos para actuar contra la desidia e inhibición de la Administración española. Ecologistas en Acción rescata ahora expedientes sancionadores y sentencias judiciales por más extracciones de aguas ilegales en el entorno del Parque Nacional y que nunca habrían sido ejecutados, con lo que la impunidad correría a sus anchas por la marisma, convertido en un territorio fuera de la ley.

El caso de la finca ‘Hato Ratón’ no es el único en el que extracciones ilegales de millones de metros cúbicos del acuífero de Doñana (el número 27) han quedado impunes pese a las sanciones administrativas refrendadas incluso por el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción aportan ahora una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, tras la vista del recurso 1497/2000, y seis expedientes incoados desde 1997 a 2004 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra los regantes de la finca ‘Hato Blanco Viejo’ para demostrar las sistemáticas prácticas de regadío ilegal en la marisma de Aznalcázar y la impunidad con que se llevan a cabo: expedientes sancionadores millonarios que se dejan caducar y otros que seguían su curso pero que pese a ser ratificados por los tribunales nunca han sido ejecutados, según los ecologistas.

Esta finca acumula al menos seis expedientes sancionadores entre 1997 y 2004 (el 415/97; el 395/98; el 552/2001; el 661/03; el 564/04 y el 434/04) por riego ilegal en cada caso de 698 Has., 354, 449, 444, 89  y 667 Has. El volumen de agua extraído de forma clandestina se eleva a 12.629.000 m3, con daños al dominio público hidráulico por valor cercano a los 3 millones de euros, motivo por el cual se le impusieron sanciones por casi 2 millones, que no habrían sido ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pese a contar con fallos judiciales a su favor y hasta con resoluciones del Consejo de Ministros.

Siguiendo la táctica habitual en estos casos, como ocurrió en la finca ‘Hato Ratón’, la comunidad de regantes se dedicaba a impugnar ante las más altas instancias jurídicas las sanciones con el fin de demorar el proceso. Así ocurrió tras serle notificado la resolución del expediente 661/03 al detectarse la extracción ilegal de 5 millones de m3 de agua.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, el cual confirmó a principios de 2009 la multa impuesta de 601.012 euros, más el pago de una indemnización por 1.123.416 euros tras captar ilegalmente esos 5 Hm3 para regar arroz, algodón y remolacha. Esta sentencia confirmaba en todos sus extremos la resolución del Consejo de Ministros, que en febrero de 2004 ratificó la multa por una infracción “muy grave”.

Según la resolución, los agricultores tenían en explotación once captaciones de aguas subterráneas sin autorización de la Confederación Hidrográfica (CHG), la cual las descubrió el 19 de octubre de 2000, cuando ya habían regado al menos 383 Has. de arroz por inundación, 86 Has. de algodón por goteo y 20 Has. de remolacha por aspersión.

En su defensa, la comunidad de regantes de ‘Hato Blanco Viejo’ argumentó que hicieron aquellas captaciones para “optimizar técnicamente” el agua, ya que según su versión no incrementaron el caudal que tenían autorizado y, por ejemplo, regaban el algodón con el agua resultante del desecho del cultivo de arroz.

El. Tribunal Supremo falló que no sólo estaban realizando siete captaciones en pozos para los que previamente la CHG les había negado la autorización, sino que además las estaban usando en unas zonas no autorizadas para ser regadas. El fallo judicial consideró demostrado que la comunidad de regantes utilizó indebidamente 5.349.600 m3 de agua, valorados en 1.123.413 euros, que deberían pagar a la Confederación.

Ecologistas en Acción ha denunciado que ni siquiera aquel caso sirvió para frenar las extracciones ilegales en el entorno de Doñana, ya que dicha comunidad de regantes volvió a ser merecedora de dos sanciones posteriores por captar 5.942.000 m3 de agua de forma clandestina, multas que tampoco se habrían ejecutado hasta la fecha.

Hato Ratón: multas impagadas por 13 millones

Una finca de Doñana lleva 13 años de riesgos

ilegales y sin pagar 13 millones en multas

Las sanciones no se han ejecutado por la Confederación ni la

Agencia del Agua pese al aval del Tribunal Supremo

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar acumula sanciones por más de 13 millones de euros por riegos presuntamente ilegales en una finca del entorno de Doñana llamada ‘Hato Ratón’ desde el año 1997 hasta la fecha sin que ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni la Agencia Andaluza del Agua hayan sido capaces ni de cobrar las multas ni de clausurar los pozos clandestinos, pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado sistemáticamente los recursos de la SAT y por tanto avalado las sanciones impuestas por estos regadíos al margen de la ley.Los ecologistas calculan que ha extraído del acuífero 27, del que se nutre Doñana, al menos 60 millones de m3 de agua.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, ha confirmado indirectamente las denuncias de Ecologistas en Acción sobre la permisividad de las Administraciones Públicas con la SAT Guadiamar, explotadora de la finca ‘Hato Ratón’, al reconocer que los expedientes sancionadores contra esta sociedad por riegos ilegales en el entorno de Doñana han sido elevados ahora a la Agencia Tributaria en Madrid para que proceda a su ejecución.

Desde 1997, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir primero y posteriormente la Agencia Andaluza del Agua vienen mostrando su incapacidad para cobrarle lo más de 13 millones de euros en multas que acumula y clausurarle sus pozos ilegales, prueba del descontrol más absoluto que existe en materia de aguas en el Parque Nacional y su entorno.

La Consejería de Medio Ambiente se escuda en que como los expedientes sancionadores son anteriores a la fecha del traspaso del Guadalquivir a la Agencia del Agua, siguen siendo competencia de la Confederación Hidrográfica y no han sido asumidos en las transferencias, si bien le consta que han sido elevados a la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda para que los ejecute directamente.

La Confederación Hidrográfica guarda un mutismo absoluto al respecto, pese a los reiterados intentos  a lo largo de semanas para obtener su versión de los hechos, y la Agencia Tributaria alega que no puede dar datos sobre contribuyentes.

Según las denuncias de Ecologistas en Acción, en la finca ‘Hato Ratón’ se habrían extraído ilegalmente al menos 60 millones de m3 de agua, pese a lo cual la Junta de Andalucía trata de ‘premiar’ a la SAT Guadiamar dando curso a su solicitud de que se le otorgue una concesión de aguas públicas procedentes del embalse del río Agrio, que ha quedado sin uso tras la catástrofe ecológica de Boliden en las minas de Aznalcóllar.

Ecologistas denuncian que los solicitantes ya están negociando con esta concesión, incluso antes de su adjudicación, para traspasarla a una compañía promotora de un proyecto de energía solar a cambio de más de un millón de euros anuales, ya que las plantas solares necesitan tierras con derecho a agua para refrigeración.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de la solicitud de esta concesión por la multisancionada SAT Guadiamar, pero la desvincula de estos expedientes sancionadores y dice que se enmarca en los acuerdos del Consejo de Participación de Doñana, el cual decidió en su momento ir sustituyendo progresivamente los riegos con aguas subterráneas del acuífero 27, del que depende el Parque Nacional, por otros con aguas superficiales como las del embalse del río Agrio. Esta concesión en trámite cumpliría, según la Consejería de Medio Ambiente, el objetivo de liberar más de 20 Hm3 de riegos con pozos para aliviar así la presión sobre Doñana.

AÑOS DE ILEGALIDADES

‘Hato Ratón’ es una finca de aproximadamente 1.500 Has. sita en la marisma de Aznalcázar, una tierra arcillosa y de escasa productividad agrícola salvo que se le aporte agua de riego que lave la sal característica de estos terrenos. En los años 70, el IRYDA realizó cerca de 400 sondeos para la explotación del acuífero 27 dentro del Plan Almonte-Marismas. Una veintena se hicieron en esta finca.

A finales de 1987, el Iara requirió a los dueños de ‘Hato Ratón’ para que pusiera a su disposición los pozos. Aquéllos presentaron recurso y el 28 de mayo de 1998 –más de diez años después- el Tribunal Supremo falló a favor del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria.

Sin embargo, en ‘Hato Ratón’ se siguió haciendo uso de los sondeos. En julio del año 2000, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) resolvió denegar a la SAT Guadiamar la inscripción en el catálogo de aguas privadas de 20 sondeos construidos por el IRYDA. La situación no varió.

La CHG denunció los riegos, que se seguían haciendo pese a vulnerar la negativa a la inscripción, con resoluciones de los expedientes sancionadores del Consejo de Ministros de los años 1998, 2001, 2004, 2006…En este último años, el Gobierno le impuso una última sanción de 601.012,10 euros, con la obligación de indemnizar con 1.638.956 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.

Nada de esto surtía efecto alguno y en ‘Hato Ratón’ se seguía regando ilegalmente y elevando recursos para no pagar las sanciones. A finales de 2007, el Supremo falló que la denegación de la inscripción de los sondeos realizados por el IRYDA era acorde a derecho.

Todo siguió igual, con recursos y más recursos. En el año 2009, el Supremo volvió a fallar que los expedientes sancionadores eran correctos y desestimó los recursos de la SAT. La paradoja es que en el año 2010, sin haberse ejecutado aún ningún expediente sancionador y tras haber extraído al menos 60 millones de m3 de agua según Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía ha dado curso a su solicitud de una concesión para el riego de 1.000 Has. justificándolo como una forma de evitar los problemas con los sondeos ilegales.

MIL POZOS ILEGALES MÁS DESDE 2004

Los ecologistas estiman que en el entorno de Doñana se han perforado en los últimos años un millar de pozos ilegales para el regadío de las fincas colindantes con el agua almacenada en el acuífero 27, del que depende la supervivencia del Parque Nacional, ya que los afloramientos de aguas subterráneas son vitales para el mantenimiento de los lucios y lagunas que sirven de refugio y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.

Un informe de la Agencia Andaluza del Agua realizado hace ahora aproximadamente un año puso de manifiesto que el nivel del acuífero había bajado en dieciocho metros como consecuencia de la sobreexplotación de sus recursos mediante estos pozos ilegales, sin que la Administración haya sido incapaz de clausurarlos ni de cobrar las sanciones impuestas a sus promotores, en el dudoso caso de que hayan sido notificadas.

Ante su propia incapacidad para hacer cumplir la ley, la Junta de Andalucía, responsable de la gestión del Parque y su entorno, trata ahora de consolidar la situación creada mediante un plan de reconocimiento de las hectáreas de regadío existentes, que cifra en algo más de 10.000 Has.

Para los ecologistas, sin embargo, no son 10.000, sino 14.000 las Has. puestas en riego ante las propias barbas de la Confederación Hidrográfica y la Agencia del Agua, por lo que no se puede premiar a los infractores de la ley, como en el sintomático caso de la finca ‘Hato Ratón’. La Junta pretende que el Consejo de Participación de Doñana bendiga con su aprobación esta nueva política de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, lo mismo que se viene preconizando de toda la vida sin resultado alguno.