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Represaliado por sus informes sobre Las Cruces

La Agencia Andaluza del Agua marginó al jefe que emitió dictámenes sobre los incumplimientos de Cobre las Cruces

Fue apartado pese a ser el responsable de Aguas Subterráneas y experto en la materia

La corta tras las lluvias de diciembre de 2010

La corta tras las lluvias de diciembre de 2010

El jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Agencia Andaluza del Agua, Mariano Manuel Gregorio . P. S.,  ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción Nº 19 de Sevilla que lleva más de dos años marginado en este organismo dependiente de la Junta de Andalucía, por ser el autor de los informes sobre los generalizados incumplimientos de Cobre las Cruces de las condiciones que debía cumplir para la explotación del yacimiento minero.

Mariano. P. S. y Juan Luis  R. V, en su día técnicos de la Confederación Hidrográfica hasta el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta, han mantenido tesis diametralmente opuestas a la de los peritos del Instituto Geológico y Minero (Igme) en la causa abierta a la compañía minera por la presunta contaminación con arsénico del acuífero Niebla-Posadas.

Las actas de las declaraciones de los peritos ante el Juzgado de Instrucción Nº 19 de Sevilla revelan que el jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Agencia Andaluza del Agua, Mariano P. S., que desempeñaba la misma función en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, denunció ante la juez que ha sido represaliado en el seno de la Junta de Andalucía tras haber emitido los informes contrarios a la actuación de la compañía minera Cobre las Cruces, filial de la multinacional canadiense Inmet Minning.
Preguntado por qué no supervisa a la mina desde septiembre de 2008 pese a ser el jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Agencia, y por tanto el competente al respecto, Mariano P. S. respondió que porque lo llamó el director general del Dominio Público Hidráulico, Javier S. A., y le dijo que no le gustaban sus informes y que no trabajara más, por lo que desde entonces ha sido apartado de su actividad en relación con este tema.
Inquirido si su marginación en este asunto se debió a que sus informes eran demoledores contra Cobre Las Cruces (CLC) y “políticamente incorrectos”, Mariano P. S. contestó que creía que existía por parte de la Administración (Junta de Andalucía) el deseo de que la explotación minera siguiera adelante; que le dijeron muy claramente que no gustaban sus informes y que aunque no le añadieron más, se podía imaginar cuál era la calificación que merecían.
Mariano P. S., que ya era el responsable de supervisar Las Cruces en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) antes de ser transferido a la Agencia Andaluza del Agua, tenía a su cargo un equipo que iba a la mina fecuentemente, y él mismo acudió allí varias veces.

Esquema del sistema de drenaje y reinyección de la mina

Esquema del sistema de drenaje y reinyección de la mina

Como es sabido, la mina corta en vertical el acuífero Niebla-Posadas, por lo que para autorizar la extracción del mineral la Administración le impuso la obligación de que no menguara el volumen del acuífero y se mantuviera el agua en las mismas condiciones que en el medio natural.

Para ello, Cobre las Cruces implantaría un sistema de drenaje del agua, que dejaría seco el entorno del yacimiento para trabajar en el mismo, y de reinyección de esa misma agua en una serie de sectores, como si se tratase de un gran circuito cerrado: el líquido que se extraía por una parte se reinyectaba por otra. Todo basado en un modelo matemático sobre cómo se comportaría el acuífero con este sistema.

INCUMPLIMIENTO

El equipo de Mariano P. S. detectó en abril de 2008 un incumplimiento “general” por parte de CLC de las condiciones impuestas, cuando ni siquiera había empezado la fase de operaciones en la mina: 26 sondeos en el interior de la corta y una detracción de agua por encima de lo estipulado, agua contaminada con arsénico (por el contacto con el fondo de la corta minera) y que la compañía habría vertido supuestamente al río Rivera de Huelva.
Para el jefe del Departamento de Aguas Subterráneas de la Agencia, el modelo matemático “fallaba en lo más elemental, lo cual suponía ya un riesgo grave” porque el terreno no se comportaba conforme a lo esperado, de ahí que su propuesta hubiera sido empezar de cero todo y hacer una mina subterránea, como era “lógico y natural” y no una corta a cielo abierto.
Por su parte, Juan Luis R. V., el otro técnico procedente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, declaró que el agua debía haberse extraído de la corona exterior, lejos de la corta minera, y que detectaron no sólo que se reinyectaba en algún sector un 43% menos de lo que se extraía (una diferencia de 519.836 m3),  sino también que se estaba introduciendo en el acuífero agua con un nivel de arsénico desproporcionado procedente de la corta y superior a la norma de abastecimiento humano.

Según este técnico, “las aguas del acuífero se pueden destinar a consumo humano, haya o no sequía, pues es el uso más importante del mismo”, al igual que toda la zona de la rivera de Huelva. A su juicio, era necesaria una alternativa a lo que se estaba haciendo para poder levantar la suspensión de la actividad y fue cuando Cobre Las Cruces planteó depurar el agua tomada mediante ósmosis inversa antes de reinyectarla al acuífero.

VERSIÓN OPUESTA

Los peritos del Instituto Geológico y Minero de España (Igme), Miguel Ramón M. M. y Juan Antonio L. G., dijeron que el modelo matemático de Cobre las Cruces se basaba en un modelo hidrogeológico conceptual y que en base al mismo la compañía hizo una serie de previsiones sobre el comportamiento del acuífero en el momento de su explotación y de cómo iba a evolucionar en el tiempo.

El Igme detectó que la realidad no se ajustaba en su totalidad a la previsión del modelo matemático inicial, pero al contrario que a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a este organismo no le pareció que ese fallo fuera estrepitoso al inicio de la actividad minera, sino que el modelo era una herramienta más de trabajo que debía estar en continua actualización teniendo en cuenta la información que se fuera generando la propia actividad minera.

Complejo industrial de Cobre Las Cruces

Complejo industrial de Cobre Las Cruces

Los técnicos del Igme reconocieron ante la juez que “viendo las simulaciones que se hacen en el modelo matemático y luego los datos reales que se obtienen en el campo, hay una desviación considerable en algunas zonas, y en otras se adapta perfectamente a la realidad”.
Para los peritos del Igme, las anomalías eran normales. En este sentido afirmaron que si estaba previsto por CLC que las aguas adquirieran unos determinados niveles y la realidad no se ajustó a la previsión, “es lógico que hubiese surgencias (de agua)”, unas pérdidas que rebajaron a 75.000 m3 frente a los 519.836 m3 estimados por la CHG, a la que imputaron errores de cuantificación.

Los técnicos del Igme no supieron explicar la contradicción de que el acuífero esté declarado sobreexplotado y su apreciación de que si hubo surgencias de agua no fue por efecto de la actividad minera, sino porque “está lleno”. Si está lleno, ¿por qué está declarado sobreexplotado? Según su testimonio, puede haberse llenado por la lluvia o algún cambio hidrodinámico.
Los técnicos del Igme también contradijeron a los de la CHG al sostener que la presencia de arsénico en el agua no se debía a la actividad minera, sino que tenía un origen natural, por lo que Cobre las Cruces ni causó daño al dominio público hidráulico ni ha existido ningún peligro para la salud de las personas.

EL IGME CONTRADICE SUS PROPIOS
INFORMES SOBRE EL ARSÉNICO

El Igme ha realizado desde 2001 varios informes sobre el proyecto minero de Las Cruces, el sistema de drenaje y reinyección y su posible afección al acuífero Niebla-Posadas, y en ninguno de ellos, salvo en uno datado en abril de 2010, indicó una presencia destacable de arsénico en las aguas subterráneas.

Al contrario: generalmente ha destacado la calidad de las aguas del acuífero dentro de los criterios establecidos por la legislación española sobre la calidad del agua de consumo humano, de ahí el contraste de sus informes habituales con el cambio de criterio reflejado por sus técnicos en la declaración ante la juez.
Lo más curioso es que los dos peritos que prestaron declaración judicial fueron los mismos que coordinaron en su día el Atlas Hidrológico de Sevilla. En este documento se incluyó un mapa de calidad de agua subterráneas para consumo humano en el que se califica la del acuífero Niebla-Posadas como “de buena calidad” y no hicieron ninguna mención a la presencia destacable de arsénico en ninguna zona del mismo. “En general -dicen los autores-, la calidad del agua del acuífero es buena, encontrándose dentro de los valores permitidos que la hacen apta tanto para el consumo humano como para el regadío”.
Tras detectar la CHG la presunta contaminación con arsénico, los peritos judiciales del Igme hicieron un informe en el que aseguraron que a partir de los datos estadísticos se observaba en el sector 5 “que los valores medios de la composición química de reinyección superan los del agua del medio receptor.

Esta situación -añadieron- se corrige tras el tratamiento por ósmosis inversa de dichas aguas”. La conclusión parece obvia, aunque ahora el Igme sostenga lo contrario de lo que dijo entonces: si en el complejo minero hubo que instalar de forma urgente un sistema de depuración por ósmosis inversa y una planta de depuración permanente era porque se estaba produciendo un problema que había  que solucionar.

Imputados 4 directivos de Las Cruces

La juez cita a declarar al director general y a los de Minas, Aguas y Medio Ambiente de la compañía por la presunta contaminación del acuífero con arsénico

Da un plazo de veinte días al Igme para que entregue un informe definitivo sobre la compañía minera

La juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 19 de Sevilla, Ana Escribano Mora, ha citado a declarar en calidad de imputados y con asistencia de letrados a cuatro directivos de Cobre las Cruces (CLC), filial de la multinacional canadiense Inmet Minning Corporation (IMC), en la causa abierta por la presunta contaminación con arsénico del acuífero Niebla-Posadas y por el incumplimiento de las condiciones del permiso inicial dado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), hechos denunciados hace casi dos años por la Fiscalía de Sevilla y Ecologistas en Acción.

Los imputados por la magistrada son François Fleury, consejero director general de la compañía; William Thomas William, director del departamento de Minas; Juan Carlos Baquero Ubeda, director del departamento de Gestión de Aguas, y Paz Cosmen Shortamm, directora del departamento de Medio Ambiente. Los dos primeros deberán comparecer en el Juzgado el día 17 de mayo; los dos segundos, una semana después. Asimismo, la juez requiere al Instituto Geológico y Minero de España (Igme) para que en el plazo de veinte días le remita el informe definitivo que sobre la actuación de la compañía minera le requirió en su día.

La Fiscalía de Sevilla denunció a Cobre las Cruces por un presunto delito ecológico al haber causado, supuestamente, una grave alteración del curso de las aguas, con el consiguiente peligro para las personas y el entorno medioambiental. Según el fiscal, por la actuación de la empresa minera de capital canadiense habría resultado afectado por arsénico un acuífero (el de Niebla-Posadas) del que se abastece la población, y las consecuencias habrían sido aún mayores de no haberse adoptado la medida cautelar de suspensión por la CHG. El Ministerio Público valoró en su momento  el perjuicio presuntamente causado en 322.381 euros.

La CHG detectó que la compañía minera no había respetado las condiciones con las que se otorgó el permiso de explotación con el fin de proteger el acuífero y que, además, habría reinyectado en el mismo aguas presuntamente contaminadas. Según la denuncia del fiscal, el 2 de abril de 2008 se tomaron muestras de las aguas reinyectadas y se detectaron diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico, con valores muy superiores a los permitidos por la ley en el agua para consumo humano. Para el Ministerio Público ello se debió a la inyección de agua procedente del fondo de la corta minera, “lo que estaba terminantemente prohibido”.

Incumplimientos sistemáticos

En la resolución de suspensión de la autorización para las obras del sistema de drenaje-inyección (SDR) de Cobre las Cruces, acordada por la Comisaría de Aguas de la CHG con fecha 12 de mayo de 2008, se afirma que el objeto del permiso era rebajar el nivel del agua subterránea por debajo del yacimiento de mineral a fin de permitir su extracción, y que para proteger el acuífero y evitar la pérdida de agua, CLC preveía un sistema de reinyección de los recursos extraídos en el propio acuífero, basado en un modelo hidrogeológico y de gestión matemático.

Sin embargo, siempre según el documento de la CHG, la compañía introdujo importantes modificaciones en el modelo matemático con respecto al que sirvió de base a la autorización e inició por su cuenta la actividad en la explotación minera. Para colmo, se llegó a una situación que ni siquiera ésta se ajustaba al modelo modificado. Asimismo, CLC comenzó a extraer agua del acuífero antes de que culminara el proceso de reconocimiento y precintado de los mecanismos de control. No contrató un hidrogeólogo residente, condición exigida en el permiso, hasta cuatro años después y la  actuación de este profesional no se ajustó a las funciones que le correspondían.

Cobre las Cruces vulneró también la prohibición de no inyectar agua procedente de un sector en otro distinto, que había impuesto la CHG con el fin de preservar la calidad natural de las aguas subterráneas. “Un elemento (inyector en sector distinto) planteado como excepción, en realidad se pretende convertir en norma, contraviniendo el esquema de funcionamiento planteado anteriormente”, acusaba la CHG. La compañía comenzó a actuar sin el exigido plan de contingencias previo, donde debían preverse las operaciones en caso de un vertido accidental o cualquier otro imprevisto.

Tampoco cumplió la exigencia de mantener el volumen de agua del acuífero, pues al poco ya le habían detraído 519.836,31 m3 (informe del 16 de mayo de 2008). Y el aspecto clave fue el de la contaminación. La condición específica octava del permiso establecía que “las aguas procedentes del drenaje del fondo de corta en ningún momento podrán formar parte del sistema de drenaje-inyección, por lo que no serán bombeadas ni reinyectadas posteriormente en el acuífero”. Este aspecto tenía una especial relevancia, ya que las aguas del fondo de la corta son contaminadas por metales cuya reinyección en el acuífero supone un peligro de alteración de las aguas subterráneas.

Según la CHG, en este aspecto el proyecto presentaba importantes deficiencias, habiendo propuesto la empresa una reinyección de las aguas del fondo de la corta previamente tratadas, “lo cual no está contemplado en la autorización”. La Comisaría de Aguas acabó detectando evidencias de contaminación metálica en el drenaje que desde el sondeo conocido como de la Gravera llegaba hasta el río Rivera de Huelva, y contaminación por oxidación de las aguas drenadas.