Archivo de la etiqueta: Confederación Hidrográfica Guadalquivir

Gigantescas balsas en el entorno de Doñana

Los proyectos de macrobalsas de agua en el

entorno de Doñana causan nuevas alarmas ecológicas

La Confederación Hidrográfica propugna cuatro presas artificiales nutridas por el pantano de Peñaflor mediante canales paralelos de 28 kilómetros

El pantano de Boliden en Aznalcóllar alimentaría a través del Agrio y del Guadiamar una balsa para la zona de los Hatos

El agua, que es la razón de ser del Parque Nacional de Doñana como un don del Guadalquivir al igual que Egipto es un don del Nilo, se está convirtiendo en el nuevo campo de batalla entre los ecologistas y los agricultores. La ordenación de los regadíos y el freno a las extracciones clandestinas del acuífero 27, del que depende en gran medida la supervivencia del Parque, se está tratando de compensar a juicio de Ecologistas en Acción con proyectos de balsas gigantescas que provocarían nuevos impactos paisajísticos y medioambientales que agravarían la situación.

Hace seis años, cuando se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) la Administración cuantificó en 10.300 las hectáreas de riego en el entorno de Doñana al margen de los arrozales, una superficie que el  Consejo de Participación de Doñana se verá forzado a bendecir y consolidar ante la ineficacia de los organismos oficiales a la hora de clausurar pozos ilegales de riego y de ejecutar las multas impuestas a lo largo de los años, como se ha demostrado con los casos de Hato Ratón y Hato Blanco.

El problema es que ante esta comprobada ineficacia de la Confederación Hidrográfica primero y de la Agencia Andaluza del Agua después, las hectáreas de riego ya no son 10.300, sino que según cálculos de empresarios independientes de la comarca y de los conservacionistas superarían las 13.000.

Para evitar más extracciones del acuífero subterráneo, cuyo nivel freático ha descendido unos 18 metros en los últimos años, y suministrar aportes hídricos a los arrozales sin detraer tampoco más agua del sobreexplotado Guadalquivir, están circulando propuestas y proyectos alternativos que se basan en la construcción de grandes balsas de riego en la marisma o su entorno alimentadas desde embalses superficiales y que han disparado las alarmas entre los ecologistas por su impacto visual y su gigantismo.

Los ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir redactaron un estudio de soluciones e impacto ambiental de aporte de agua a la zona arrocera del que sólo han trascendido las grandes líneas generales. El objetivo de este proyecto es dotar de caudal suficiente a los arrozales, mejorar la calidad del agua y evitar la intrusión salina en la ría mediante la ejecución de las siguientes grandes obras:

-Cuatro balsas que ocuparían una superficie de 2.766,43 hectáreas (equivalentes a otros tantos campos de fútbol como el del Sevilla F. C.) y que permitirían el almacenamiento de 80 Hm3 dee agua.

– Sendos canales paralelos en ambas márgenes del río Guadalquivir, con una longitud total de 28.761,279 metros.

-Esclusa en el cauce del río, bien en la Punta del Verde, bien en La Mata.

-Abastecimiento desde la presa de Peñaflor.

-Dragado del Brazo de los Jerónimos y compuerta de retención.

La CHG llegó a pedir una valoración de cómo afectaba su proyecto al dominio público marítimo terrestre.

EL PANTANO DE BOLIDEN

En el otro frente, el de los cultivos al margen del arroz que se abastecen de pozos subterráneos, la Administración ha dibujado un plan para que gradualmente se vayan dejando de utilizar estos sondeos y se sustituyan por aguas superficiales del embalse del río Agrio hasta un total de 20 Hm3, ya que tras la catástrofe ecológica de Aznalcóllar esta presa dejó de ser utilizada por la multinacional sueco-canadiense Boliden.

Los propietarios de la finca Hato Blanco, que según los documentos revelados por Ecologistas en Acción acumulan cantidades millonarias en sanciones por riegos ilegales sin que ninguna de esas multas hayan sido ejecutadas por la Administración, han pedido en el marco de esa nueva política que se les autorice la construcción de una balsa con capacidad para 3,4 Hm3 pero que gozaría de una concesión de 9 Hm3, con lo cual se recargaría tres veces al año, y que ocuparía una extensión de 86 Has.

El proyecto fue objeto de un tenso debate en la reciente reunión de la Comisión de Aguas del Consejo de Participación de Doñana, donde se enfrentaron los verdes y los promotores de la balsa. Estos argumentaron que en invierno la presa artificial, con una altura de coronación de 6 metros, se alimentaría de las escorrentías del Guadiamar y que en el resto del año detraería agua de la presa del Agrio.

Los ecologistas afirman que las aguas de la antigua presa minera están afectadas por las escombreras de Boliden y que acabarían contaminando Doñana. A su juicio, si se aprueba esta balsa y otras en ciernes se convertiría el Guadiamar en una tubería al aire libre para el regadío y no se daría opción a rematar el Plan Doñana 2005.

Aunque la balsa se ubicaría ahora fuera de la zona delimitada por el Potad, Ecologistas en Acción sigue sosteniendo que con este proyecto se cumpliría una doble finalidad: legalizar riegos ilegales y aprovechar la concesión para derivar agua hacia una futura planta de energía solar que se construiría cerca de la marisma de Hinojos porque allí existen yacimientos de gas que se pondrían en explotación para complementar la central solar, conforme a una iniciativa de Enagás.

Los ecologistas están a la espera de las actas oficiales de la Comisión de Aguas para adoptar una estrategia ante el cariz que vayan tomando estos nuevos proyectos.

La Agencia Andaluza del Agua

Los funcionarios se encierran durante 24 horas en contra de su paso a la nueva Egmasa

Denuncian que el Gobierno andaluz les impondrá una cadena de mando privada

Historiadores, veterinarios y biólogos han acabando al mando de los pantanos en vez de los ingenieros

Los casi 1.700 empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua protagonizan desde ayer un encierro de 24 horas en todas las sedes provinciales de este organismo para protestar contra su fusión con Egmasa, que proyecta la Junta para la integración de ambas en la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

Según denuncian los encerrados, esta operación política propiciará el desembarco en la gestión del agua de miles de empleados de Egmasa, en detrimento de funcionarios y de otro personal público, que accedieron a sus puestos a través de una oposición o concurso.

La creación de la Agencia Empresarial de Medio Ambiente y Agua como otro eslabón más de la Administración paralela de la Junta supone el último episodio del desmantelamiento de la tradicional estructura administrativa articulada en torno a las confederaciones hidrográficas y el principio de la unidad de cuencas.

En el año 2005, el Gobierno central transfirió a la Junta de Andalucía la Confederación Hidrográfica del Sur así como las cuencas del Odiel, Tinto, Piedras, Guadalete y Barbate, con las que se creó la Agencia Andaluza del Agua, organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Ambiente.

Todos los funcionarios transferidos, la mayoría de nivel 26 por oposición, fueron convertidos automáticamente en la nueva relación de puestos de trabajo (RTP) en nivel 26 pero de libre designación. Así fue liquidada una estructura basada en el concurso de méritos y en la capacitación profesional, ya que cualquiera de los transferidos podía ser relevado de su puesto.

Quienes no habían consolidado aún su nivel 26 podían ser catalogados en el 22 (el puesto de salida de los opositores de la Junta), y no se tenía en cuenta la antigüedad de los transferidos cuando concursaban a otra plaza.

Así, por ejemplo, si un ingeniero de Caminos que llevaba 20 años como jefe de explotación de un embalse aspiraba a la misma plaza en otro pantano, su antigüedad no reconocida le suponía cero puntos, con lo que cualquier funcionario de la Junta con tan sólo un año de experiencia ganaba el concurso. Además, como se eliminó el requisito de la titulación específica, cualquier licenciado podía presentarse como jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica.

La consecuencia de esta política fue ver a licenciados en Historia como subdirectores de infraestructuras hidráulicas, a veterinarios ocupando plazas similares y a biólogos como jefes de explotación de pantanos.

LA CONFEDERACIÓN DEL GUADALQUIVIR

Tras transferirse el 1 de enero de 2009 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CGH) a la Junta de Andalucía, a los funcionarios que tenían el nivel 26 les privaron del personal a sus órdenes y aterrizaron nuevos niveles 28, en su mayoría sin perfil técnico, que tomaron el mando sobre los miembros de toda la vida de la CHG. Se llegó al extremo de relegarlos aun a costa de duplicar las plazas: junto a un funcionario del Estado era colocado otro de libre designación puesto a dedo.

Al frente de cada provincia andaluza (en la CHG estaba un funcionario de nivel 28) fueron colocados delegados políticos sin perfil técnico (cuando hasta entonces solían ser ingenieros), siguiendo en la estructura de mando un gerente también de carácter político y varios niveles 28, todos nombrados a dedo. La consecuencia fue el quebrantamiento del principio de profesionalidad y unidad de cuenca en la gestión del Guadalquivir, como se puso de manifiesto en la descoordinación de los desembalses durante las últimas inundaciones en Andalucía por el temporal de lluvias del pasado invierno.

Este verano, con la excusa de reducir organismos para ahorrar por la crisis, la Junta ha avanzado aún más en esta estrategia con la creación de un ente empresarial que sustituya al organismo autónomo: la Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, cuya base es Egmasa, compuesta por personal ajeno a la función pública. Esto supone la eliminación por absorción de la Agencia Andaluza del Agua y la ‘dilución’ de los funcionarios y personal laboral procedentes de la antigua CHG y que habían accedido a sus puestos tras superar unas oposiciones.

Como a la nueva Egmasa, que es en el fondo esta Agencia Empresarial, se le otorgan potestades administrativas aun troceando los procedimientos, la Junta elude así los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo, que dictaminó que Egmasa asumía competencias propias de los funcionarios.

Los encerrados en protesta por esta nueva estructura administrativa del agua en Andalucía denuncian que en la nueva Egmasa se llegará al extremo de que cualquier contratado externo podrá elevar informes en contra de funcionarios a los que se le incoe un procedimiento sancionador.

Es la primera vez en la historia que funcionarios procedentes de las antiguas confederaciones hidrográficas protagonizan encierros y manifestaciones, algo que no hicieron ni siquiera cuando las transferencias o cuando los orillaron en sus puestos o dejaron de computarles la antigüedad a la hora de los concursos.

Su protesta cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, USO, CSIF, USTEA y SAFJA.

Imputados 4 directivos de Las Cruces

La juez cita a declarar al director general y a los de Minas, Aguas y Medio Ambiente de la compañía por la presunta contaminación del acuífero con arsénico

Da un plazo de veinte días al Igme para que entregue un informe definitivo sobre la compañía minera

La juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 19 de Sevilla, Ana Escribano Mora, ha citado a declarar en calidad de imputados y con asistencia de letrados a cuatro directivos de Cobre las Cruces (CLC), filial de la multinacional canadiense Inmet Minning Corporation (IMC), en la causa abierta por la presunta contaminación con arsénico del acuífero Niebla-Posadas y por el incumplimiento de las condiciones del permiso inicial dado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), hechos denunciados hace casi dos años por la Fiscalía de Sevilla y Ecologistas en Acción.

Los imputados por la magistrada son François Fleury, consejero director general de la compañía; William Thomas William, director del departamento de Minas; Juan Carlos Baquero Ubeda, director del departamento de Gestión de Aguas, y Paz Cosmen Shortamm, directora del departamento de Medio Ambiente. Los dos primeros deberán comparecer en el Juzgado el día 17 de mayo; los dos segundos, una semana después. Asimismo, la juez requiere al Instituto Geológico y Minero de España (Igme) para que en el plazo de veinte días le remita el informe definitivo que sobre la actuación de la compañía minera le requirió en su día.

La Fiscalía de Sevilla denunció a Cobre las Cruces por un presunto delito ecológico al haber causado, supuestamente, una grave alteración del curso de las aguas, con el consiguiente peligro para las personas y el entorno medioambiental. Según el fiscal, por la actuación de la empresa minera de capital canadiense habría resultado afectado por arsénico un acuífero (el de Niebla-Posadas) del que se abastece la población, y las consecuencias habrían sido aún mayores de no haberse adoptado la medida cautelar de suspensión por la CHG. El Ministerio Público valoró en su momento  el perjuicio presuntamente causado en 322.381 euros.

La CHG detectó que la compañía minera no había respetado las condiciones con las que se otorgó el permiso de explotación con el fin de proteger el acuífero y que, además, habría reinyectado en el mismo aguas presuntamente contaminadas. Según la denuncia del fiscal, el 2 de abril de 2008 se tomaron muestras de las aguas reinyectadas y se detectaron diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico, con valores muy superiores a los permitidos por la ley en el agua para consumo humano. Para el Ministerio Público ello se debió a la inyección de agua procedente del fondo de la corta minera, “lo que estaba terminantemente prohibido”.

Incumplimientos sistemáticos

En la resolución de suspensión de la autorización para las obras del sistema de drenaje-inyección (SDR) de Cobre las Cruces, acordada por la Comisaría de Aguas de la CHG con fecha 12 de mayo de 2008, se afirma que el objeto del permiso era rebajar el nivel del agua subterránea por debajo del yacimiento de mineral a fin de permitir su extracción, y que para proteger el acuífero y evitar la pérdida de agua, CLC preveía un sistema de reinyección de los recursos extraídos en el propio acuífero, basado en un modelo hidrogeológico y de gestión matemático.

Sin embargo, siempre según el documento de la CHG, la compañía introdujo importantes modificaciones en el modelo matemático con respecto al que sirvió de base a la autorización e inició por su cuenta la actividad en la explotación minera. Para colmo, se llegó a una situación que ni siquiera ésta se ajustaba al modelo modificado. Asimismo, CLC comenzó a extraer agua del acuífero antes de que culminara el proceso de reconocimiento y precintado de los mecanismos de control. No contrató un hidrogeólogo residente, condición exigida en el permiso, hasta cuatro años después y la  actuación de este profesional no se ajustó a las funciones que le correspondían.

Cobre las Cruces vulneró también la prohibición de no inyectar agua procedente de un sector en otro distinto, que había impuesto la CHG con el fin de preservar la calidad natural de las aguas subterráneas. “Un elemento (inyector en sector distinto) planteado como excepción, en realidad se pretende convertir en norma, contraviniendo el esquema de funcionamiento planteado anteriormente”, acusaba la CHG. La compañía comenzó a actuar sin el exigido plan de contingencias previo, donde debían preverse las operaciones en caso de un vertido accidental o cualquier otro imprevisto.

Tampoco cumplió la exigencia de mantener el volumen de agua del acuífero, pues al poco ya le habían detraído 519.836,31 m3 (informe del 16 de mayo de 2008). Y el aspecto clave fue el de la contaminación. La condición específica octava del permiso establecía que “las aguas procedentes del drenaje del fondo de corta en ningún momento podrán formar parte del sistema de drenaje-inyección, por lo que no serán bombeadas ni reinyectadas posteriormente en el acuífero”. Este aspecto tenía una especial relevancia, ya que las aguas del fondo de la corta son contaminadas por metales cuya reinyección en el acuífero supone un peligro de alteración de las aguas subterráneas.

Según la CHG, en este aspecto el proyecto presentaba importantes deficiencias, habiendo propuesto la empresa una reinyección de las aguas del fondo de la corta previamente tratadas, “lo cual no está contemplado en la autorización”. La Comisaría de Aguas acabó detectando evidencias de contaminación metálica en el drenaje que desde el sondeo conocido como de la Gravera llegaba hasta el río Rivera de Huelva, y contaminación por oxidación de las aguas drenadas.

Las Cruces: desaparecen rampas de la corta

La compañía minera Cobre las Cruces (CLC) anunció a finales de enero, tras revelar El Mundo la inundación que sufría la corta, que en el plazo de dos semanas contaba con reanudar las labores de extracción de mineral una vez concluidos los bombeos del agua acumulada en el interior. Han pasado ya tres semanas, la corta sigue inundada y al problema provocado por las lluvias y el cada vez mayor volumen de agua que fluye del acuífero Niebla-Posadas por el ‘efecto sumidero’ de la explotación, se ha sumado el derrumbamiento generalizado de los bancos de la mina.

Tal como revelan las imágenes aéreas tomadas el sábado 20 de febrero, han desaparecido prácticamente las rampas de acceso a la corta, debido a los desplomes en los taludes, y hacia la mitad de la mina, en la zona más plana (cota -100 metros) , se ha formado una gran balsa de agua, de varios miles de m3,  sobre una de las bermas más extensas.

Las rampas de penetración a la corta minera de las Cruces se han convertido en caminos de cabra y muy peligrosos tras el derrumbamiento de los taludes, hasta el punto de que, por la situación de riesgo que se ha creado, el acceso al fondo de la mina se está limitando sólo a las operaciones de bombeo del agua acumulada. Como las pistas para la circulación de vehículos han quedado impracticables o sepultadas por los desplomes de los taludes, la compañía ha barajado incluso la posibilidad de utilizar helicópteros para bajar combustible a fin de mantener operativos los grupos electrógenos del interior, ya que al menos habría tres equipos de bombeo aislados en el fondo (aproximadamente en las cotas -160, -150 y -140 metros).

Además del impacto de las lluvias sobre las inestables margas arcillosas, en Las Cruces se está observando un exceso de aporte de agua a la corta, y no sólo por causa del temporal, sino también por el ‘efecto sumidero’ que produce en el acuífero Niebla-Posadas la propia explotación minera: cuanto más se excava en busca de mineral, más agua drena el terreno, caudal incrementado porque las copiosas lluvias de este invierno han recargado el acuífero citado. Todo este cúmulo de circunstancias adversas hacen prácticamente imposible la reanudación de la extracción de mineral, aunque la actividad en la planta hidrometalúrgica no se paralizará gracias a la gran cantidad de mineral extraído previamente (podría estimarse en unas 400.000 toneladas) y al acopio aún existente.

DISEÑO TEÓRICO

La explotación minera a cielo pretende extraer el cobre contenido en 17,6 millones de toneladas con una ley del 6,2% y presenta básicamente el problema de la interacción entre una sección del cono invertido que es la Corta proyectada y el acuífero de Niebla-Posadas, justo en el contacto de unas margas azules de edad terciaria y unos materiales paleozoicos (la Faja Pirítica Ibérica) en los que encajan las mineralizaciones  que pretenden aprovecharse. Tal como reza en la autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se trata de “un proyecto de una complejidad técnica inusual”, puesto que “resulta difícil encontrar a lo largo del mundo actuaciones similares y del mismo orden de magnitud”.

Básicamente, la idea que soporta la viabilidad de la explotación es el establecimiento de un Sistema de Drenaje-Reinyección –SDR- del agua del acuífero para rebajar su nivel de forma que la mina, según el Instituto Geológico y Minero de España, “quede en seco”. Teóricamente el objetivo se conseguía  mediante un anillo perimetral de 69 sondeos en torno a la explotación minera, que extraen el agua primero y la reinyectan después, a una distancia aproximada de 2,5 kms. de la corta. El sistema descrito, simple conceptualmente, es, sin embargo, muy complejo en su ejecución por la gran cantidad de factores y parámetros que intervienen, y su validez se basaba en un modelo matemático que supuestamente preveía el comportamiento del acuífero.

LLUVIA MÁS ACUÍFERO

Cobre las Cruces incumplió las condiciones impuestas por la Administración, que llegó a suspender el sistema de drenaje-reinyección de agua (SDR), por lo que se vio obligada a realizar un nuevo planteamiento que redefine y cambia la situación prevista inicialmente: el denominado Plan Global de Gestión de Aguas –PGGA-, presentado en Septiembre de 2008 suponía una inversión añadida de 15 millones de euros para depurar las aguas –mediante un proceso de ósmosis inversa- previamente a su reinyección en el acuífero en sectores distintos a los de extracción.

La concesión de aguas otorgada a CLC limita su extracción neta a 5 litros/segundo (equivalentes a 160.000 metros cúbicos/año, incluyendo las aguas de contacto) para usos minero-industriales, pero según estimaciones de técnicos independientes, se estarían extrayendo del orden de 40 litros/segundo del acuífero, debido a que éste aporta mucho más líquido del inicialmente estimado. Por tanto, el problema de la inundación no lo causarían sólo las lluvias, sino también el acuífero.

El exceso de aporte de agua, con carga contaminante y material sólido en suspensión, estaría comprometiendo la capacidad de depuración con que cuenta hasta ahora el complejo minero y causando serios problemas al sistema de filtros, tal como ha reconocido IMC, la multinacional canadiense de la que es filial CLC. El sistema de tratamiento de agua por ósmosis inversa suele presentar una tasa teórica de rechazo del 10% del caudal (por impurezas, contaminantes….), pero en las Cruces la proporción se estaría elevando al 30% y, en ocasiones, al 80%.

La conjunción de todos estos problemas ha motivado a los ecologistas a solicitar formalmente al Seprona que investigue si el aporte del acuífero a la corta (las eufemísticamente denominadas “aguas de contacto” y cuyo nombre técnico es “Drenaje Acido de Minas”/AMD) supera ya la capacidad de depuración y tratamiento de Cobre las Cruces.

Por otra parte, los problemas con los filtros de depuración habrían obligado a levantar una presa de varios metros de altura (en torno a 8 metros) en el fondo del depósito de residuos estériles para recoger los ácidos que rezuman y que, según el compromiso de CLC, no podían contener más de un 10% de humedad.