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El ‘dragado’ ferroviario

El dragado del río acumula en un año el rechazo de la Unesco, el Supremo y la UE

Con sólo invertir en una terminal ferroviaria el puerto abarataría el transporte en un 30%

 

La Comisión Europea envió en vísperas de la Semana Santa al Gobierno de España un dictamen motivado por considerar que no ha examinado con detalle, tal como exigen las normas de la UE, el impacto ecológico del proyecto de dragado del Guadalquivir en los espacios protegidos cercanos, especialmente en Doñana.

El Tratado de la UE, revisado el 1 de enero de 2013, especifica en su artículo 258 que “si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones”.

Se deduce, pues, que previamente el Gobierno de España ha tenido la posibilidad de presentar sus observaciones en defensa del dragado que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla pero que han sido desestimadas por la Comisión

La fase siguiente que ahora se abre la marca el segundo párrafo del artículo citado, que dispone al respecto: “Si el Estado de que se trate no se atuviese a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

El plazo dado a España para adoptar medidas sobre el dragado es de dos meses, por lo que expiraría el 26 de mayo, tan sólo dos días después de celebradas las elecciones municipales.

EL ESTUDIO DEL CSIC

La Comisión basa su dictamen motivado en el estudio sobre el estuario del Guadalquivir realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidades andaluzas, los cuales llegaban a la conclusión de que el río está agonizando ecológicamente y de que acometer un dragado de tal calibre en sus actuales condiciones sería totalmente contraproducente. Preconizaban una Autoridad Única que coordinara y/o ejecutara una serie de actuaciones de recuperación del Guadalquivir, sólo tras la cual se podrían reevaluar los efectos de lo que podría ser otro dragado muy distinto del que ahora promueve la Autoridad Portuaria, sin una visión integral de todas las funciones que cumple el río y considerándolo únicamente como una autovía fluvial para el transporte de mercancías.

Este estudio científico es el mismo que ha citado recientemente el Tribunal Supremo en su sentencia contraria a la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, y también el que motivó el año pasado una resolución del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en la que advertía al Gobierno de España que “los valores excepcionales por los que Doñana fue declarada Patrimonio de la Humanidad están en riesgo por las muchas presiones a las que está sometido el espacio natural”.

Por tanto, el proyecto de dragado de profundización acumula en un solo año dos reveses internacionales que comprometen el prestigio de España (por parte de la Unesco y de la Unión Europea) y un fallo judicial en contra del organismo jurídico más importante de nuestro país después del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo.

REACCIÓN DEL PUERTO

La resolución de la Unesco, el dictamen motivado de la Comisión Europea y la sentencia del Supremo apuntan a la misma cuestión de fondo: el dragado no debe acometerse mientras no se cumplan las recomendaciones del estudio científico en el sentido de recuperar primero el río ecológicamente , una recuperación que precisa de años de aplicación de medidas concretas para evaluar sus efectos y que por tanto no va a producirse en los dos meses de plazo que Bruselas ha dado a España.

Ante estos reveses, la Autoridad Portuaria ha reaccionado de dos formas: una irreal y otra realista. La irreal es seguir empecinándose en ejecutar el dragado anunciando que volverá a pedir financiación para su proyecto el año que viene a la Unión Europea, el mismo organismo que en el dictamen motivado emitido por su brazo ejecutivo, la Comisión,  dice que “el dragado del canal de navegación tendría efectos negativos graves sobre la forma del estuario y su biodiversidad, que repercutirían sobre los sitios naturales protegidos”.

La Autoridad Portuaria debería adherirse al Plan de acción coordinado recomendado por los científicos y trabajar al alimón con el resto de implicados en la mejora del río (puertos, arroceros, pescadores, pueblos ribereños, ecologistas, Consejo de Participación de Doñana, CSIC…), ya que de esta recuperación del Guadalquivir depende de que pueda ejecutar un dragado de profundización, aunque probablemente en otras condiciones. Cuanto más se dilate en dar ese paso, más tiempo transcurrirá  sin que pueda realizarlo, y ya lleva así diez años.

REPROGRAMACIÓN

Como a la fuerza ahorcan, la decisión realista ha venido motivada al ver que tras la sentencia del Supremo corría el riesgo, antes incluso de conocerse el dictamen motivado de la Comisión Europea, de quedarse sin los fondos de Bruselas para el dragado…. que Bruselas cuestiona.

A nueve meses del final del año, la Autoridad Portuaria ha reprogramado su plan de inversiones para destinar los 37,5 millones de euros de los fondos Feder de la UE a otras obras antes del 31 de diciembre y que cabe preguntarse cómo no se han acometido en todos estos años. Por ejemplo, la duplicación de la carretera de la esclusa, que puede llegar a soportar el paso de 4.000 camiones. O la mejora de la terminal de cruceros, el turismo de mayor poder adquisitivo y en el que aún estamos en mantillas. O la mejora del muelle Norte, sin remozar desde hace casi medio siglo…

Veamos un caso sintomático: la Autoridad Portuaria quiere destinar 14 millones de euros a cerrar el anillo interior de comunicaciones y ampliar la terminal ferroviaria para que entren trenes de 750 metros en vez de los actuales de 450. El de Sevilla es ya el cuarto puerto de España en tráfico de mercancías por ferrocarril y el noveno en tráfico de contenedores por barco. En 2013 llegaron al puerto 1.018 trenes con un total de 22.395 vagones y que pudieron transportar unas 400.000 toneladas de mercancías en números redondos.

Si esos mismos trenes hubieran medido 750 metros, su capacidad de transporte se habría incrementado en un 66% y habrían transportado 685.000 toneladas en vez de 400.000. Si según los cálculos de la Autoridad Portuaria con un tren de 750 metros se reduce en un 30% el coste del transporte de mercancías, imagínese la rentabilidad que obtendría el puerto con una parte de la inversión de 14 millones de euros para que puedan entrar ese tipo de trenes.

De lo cual se infiere que casi tan importante como el dragado del río es este otro ‘dragado’, el ferroviario, mucho más barato que el fluvial, que multiplica el potencial de nuestro puerto y que además no suscita oposición alguna.

Tres mil millones en Aznalcóllar

La decisión de la Junta de Andalucía de convocar un concurso internacional para la reapertura de la mina de Aznacóllar 15 años después de la catástrofe ecológica provocada por la fractura de la balsa de residuos tóxicos de la explotación gestionada entonces por Boliden ha provocado reacciones contrapuestas entre los ecologistas (WWF se opone y Ecologistas en Acción es favorable, con matices) y que empiecen a hacerse especulaciones, como que en el yacimiento hay 80 millones de toneladas extraíbles, se van a crear 5.000 empleos y sería necesario trasladar el mineral en bruto para ser tratado en Riotinto.

La primera cuestión, y clave además, es discernir si es rentable reabrir la mina, para que su efecto riqueza repercuta no sólo en Aznalcóllar, sino también en la provincia de Sevilla y en Andalucía. José Manuel Cantó, consultor internacional en minería y que con probados conocimientos técnicos ha analizado los aspectos que concurren en este controvertido asunto, empieza por centrarse de entrada en las reservas de mineral que al momento de producirse la catástrofe ecológica de Boliden ya estaban probadas y, por tanto, podrían ser extraídas en Los Frailes: 38 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, esto es con mezcla de diversos metales valiosos (cobre, plomo, zinc y plata) y no de tan sólo uno.

Aunque es muy probable que las reservas sean superiores, para determinar lo cual habría que emprender campañas de investigación, estos 38 millones son la cifra real que hay que tomar como punto de partida para no suscitar falsas expectativas.

 

VALOR ECONÓMICO

Para calcular el valor económico del yacimiento, hay que partir de la ley (contenido metálico) del mineral, que es la siguiente: 0,35% de cobre; 2,17% de plomo; 3,82% de zinc y 60 gramos de plata por tonelada. José Manuel Cantó tomó como referencia las cotizaciones en la Bolsa de los Metales de Londres durante julio para ver a qué precio se pagarían hoy los metales contenidos en Aznalcóllar: cobre, 5.287 euros por tonelada; plomo, 1.559 euros; zinc, 1.405 euros por tonelada; plata, 15,30 euros la onza.

Sin embargo, no todo el metal se logra recuperar en el proceso de flotación diferencial al que deberá ser sometido el mineral que se extraiga. Con la experiencia acumulada en este sentido y a los precios actuales de mercado, Cantó estima que el valor comercial recuperable es el siguiente:

-Cobre: 352 millones de euros.

-Plomo: 772 millones.

-Zinc: 1.224 millones.

-Plata: 752 millones.

Total: 3.100 millones de euros.

 

Estas cifras demuestran la viabilidad económica de la reapertura de la mina y que, contrariamente a la creencia establecida, el cobre no es el metal más interesante, más abundante ni más valioso en Aznalcóllar, sino el zinc. Carece de sentido, pues, la idea de Ecologistas de enviar el mineral en bruto a Riotinto pensando en la existencia allí de un concentrador de cobre. Ni éste sirve ya para tal fin ni el cobre debe ser la prioridad de Aznalcóllar, aparte del encarecimiento que supondría un transporte que multiplicaría los riesgos de accidentes de tráfico y ralentizaría la circulación por el elevado flujo de camiones de gran tonelaje.

 

EL FANTASMA DEL VERTIDO

La segunda cuestión esencial es si con la reapertura de la mina se volvería a correr el riesgo de una nueva catástrofe como la anterior. Preguntémonos primero por qué se produjo la rotura de la balsa de lodos tóxicos. Porque se construyó sobre un suelo inestable geológicamente; se almacenaron los residuos en forma húmeda; se vertieron piritas flotadas, de gran peso específico y se recreció la balsa para que albergara el doble de toneladas de su capacidad inicial. Todo ello contribuyó a acabar con la capacidad de resistencia del terreno, que al deslizarse fracturó la presa y provocó el vertido.

Este riesgo se minimizaría si el suelo elegido para una hipotética nueva balsa fuera geológicamente estable y no se almacenaran en ella residuos húmedos, sino secos y/o inertizados o, mejor aún, se adoptara un sistema de explotación que no requiriera de presa de residuos, como es el hidrometalúrgico de Cobre Las Cruces. O que en vez de mediante a cielo abierto el mineral se extraiga de forma subterránea con acceso a las vetas a través de pozos de profundidad.

Es el caso de la mina de Aguas Teñidas, en Almonaster (Huelva), cuya compañía extrae anualmente en subterráneo 2,2 millones de toneladas de mineral y va rellenando la explotación con los restos una vez beneficiados los metales existentes y ya secos. No es descartable, pues, un cambio en la metodología de extracción, aunque ‘a priori’ resultara aparentemente más cara: de corta a cielo abierto a galerías subterráneas, al modo tradicional.

Una garantía de seguridad añadida sería construir la planta de tratamiento del mineral no en Riotinto, como preconiza Ecologistas en Acción pensando en evitar riesgos a Doñana, sino en un complejo minero aún más cercano: Cobre Las Cruces.

Cantó estima que la planta de procesamiento actual de la mina de Gerena deberá ser cambiada en unos años, cuando haya que tratar no el cobre secundario actual y más cercano a la superficie, sino el primario, sito a más profundidad y contenido en un mineral de las mismas características que el de Aznalcóllar, por lo cual podría construirse una planta para el uso compartido de las dos minas sevillanas.

Y en cuanto a los empleos posibles, los 5.000 de que habla Comisiones Obreras es una exageración andaluza. Tomemos como referencia Aguas Teñidas: cinco años después de su reapertura tenía 443 empleados en nómina y había generado 1.200 empleos inducidos.

El cuarteto del CESS

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha tratado de meter miedo argumentando que la competitividad y la continuidad de los planes de expansión, e incluso el posible cese de actividad de industrias como Portland, Siderúrgica Sevillana, Renault y Airbus, están vinculadas al dragado del río.

Mientras que Zoido ha cambiado al propugnar ahora que, conforme a los científicos y la Unesco, primero “hay que garantizar la conservación del estuario haya dragado o no, con la protección de la ribera y la modernización de los regadíos”, el CESS ha entrado en una peligrosa dinámica al servir en bandeja a cualquier empresa en dificultades la coartada del dragado para que justifique desde un ERE hasta una deslocalización, aunque su situación nada tenga que ver con la navegabilidad del río, cuyo potencial se ha incrementado enormemente con  la nueva  esclusa.

Al margen de que el CESS  ha demostrado su falta de representatividad al ignorar al sector agropecuario, que sólo por el regadío en la cuenca del Guadalquivir genera 128.000 empleos directos (equivalentes a 128 fábricas Renault), su argumentario no es acorde a  la realidad:

 

Portland Valderrivas: En su ‘Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español’, RR Acuña & Asociados estima que hay realmente 2,2 millones de viviendas vacías sin vender y que serán necesarios al menos seis años más para que sean absorbidas por el mercado.

Debido a los tijeretazos contra el déficit, las Administraciones han reducido enormemente la obra pública. Tan sólo en este 2013, Fomento ha recortado en un 82% sus gastos en infraestructuras, la inversión más baja desde el inicio de la serie histórica en 1991. No hace falta mucho cemento para viviendas, puentes, autopistas….

Basta ver en la página web de la patronal cementera (www.oficemen.com) las notas de prensa para comprender la gravedad de su situación: cada mes reflejan una caída brutal del consumo. Hay que remontarse 77 años en el tiempo (1936, estallido de la guerra civil) para encontrar datos peores que los presentes. En este contexto, que el CESS hable de planes de expansión de Portland en Alcalá es un insulto a la inteligencia. Bastante tiene el grupo con sobrevivir. Pese a haber despedido a casi 600 trabajadores, anunció otro ajuste y el cierre de una cementera del Norte, pero si el CESS se empeña en darle la coartada del dragado, a lo peor cierra la de Sevilla para así culpar a un factor externo en vez de a su sobredimensionamiento.

 

Siderúrgica Sevillana: Otra radicada en Alcalá, ni siquiera a orillas del río, y según el CESS en riesgo de cierre por el dragado. No parece que así sea cuando obtuvo en 2012 estos  resultados: la producción se incrementó en un 4%, al pasar de 676.000 a 703.000 toneladas; la plantilla creció en 27 operarios, hasta 703 y la facturación pasó de 336,37 millones de euros a 347,10 millones, un 3,18% más.

A pesar de que presentó un ERE  preventivo, aún no lo ha usado, pese a que el entorno económico es igual de malo para ella que para las cementeras. Su matriz, italiana, no se embarcó en procesos expansivos durante la burbuja, ha apostado fuertemente por la innovación y la sostenibilidad y merced a los ahorros en su proceso productivo sobrevive con cierto margen.

 

Renault: Los miembros del CESS deberían leerse las extensas declaraciones que Ganesh Outtirapoullé, director de la factoría de San Jerónimo, realizó hace tres semanas a Europa Press. Atención a este párrafo: “Al ver el futuro y comprobar que los mercados van a crecer en Asia y América Latina, y vistos los costes para exportar, nos damos cuenta de que debemos rebajar sobre todo el precio de la caja (de cambios) saliendo de la fábrica, pues sabemos que los costes de transporte no van a poder bajarse”.

Renault, al contrario de lo que dice el CESS, actúa con la hipótesis de que el dragado no se va a realizar y, además, no condiciona al mismo su fábrica sevillana porque hay otros factores de más peso, como la cualificación de su personal. Si lo primordial fuera el coste del transporte ligado al dragado, haría tiempo que la Renault habría deslocalizado la planta hasta un puerto de mar en el Tercer Mundo. Pero, no, porque como dice su director: “La clave de nuestra fábrica es el hecho de saber hacer; no hay mucha gente en el mundo -añade- que sepa hacer cajas; no hay mucha gente que domine la tecnología; y, encima, invertir en líneas de mecanizado es muy caro y requiere de mano de obra especializada; ésa es nuestra fuerza, pero no es suficiente, necesitamos ser competitivos”.

La previsión es que la factoría fabrique 1,4 millones de cajas en 2015 y que la plantilla crezca en 200 operarios. ¿Dónde los planes de irse, según el CESS?

 

Airbús: El problema no es la empresa, sino los recortes del Gobierno español a sus programas aeronáuticos (A400M y demás) por la crisis. Aun así, es difícil que la compañía halle un sitio como nuestra tierra, donde la Junta ha apoyado con 266 millones proyectos en este sector y donde alrededor de la multinacional orbitan más de 100 empresas que facturan 2.000 millones.

Renault lleva en Sevilla 75 años; Siderúrgica, más de 50, y 49 Portland Valderrivas. Se instalaron conociendo los condicionantes naturales por el Guadalquivir y han prosperado hasta cuando el puerto estaba limitado por la estrechez de la antigua esclusa. Es hora de exigirles al Puerto y al CESS que no las utilicen, con argumentos contrarios a la realidad de sus balances, para justificar un dragado sin la supervisión de los científicos.

 

Juez y parte

Zoido, alcalde, presidente del PP (A) y parlamentario andaluz, entre otros, se dispersa aún más y se mete a presidente de la Autoridad Portuaria en lugar de Manuel Fernández, a quien ha arrebatado la bandera del dragado, con lo cual se arriesga a atraer las iras de todos los contrarios. El también alcalde de Sevilla en los ratos que le dejan esas ocupaciones, organizó una cumbre en Madrid con Arias Cañete en la que vendió la burra de que estuvieron (esperemos que se pagaran el viaje de sus bolsillos y no del nuestro) todos los afectados por el proyecto, como la Confederación Hidrográfica, regantes y arroceros. ¿Todos? ¡Pero si dejó fuera a los ecologistas, los científicos del dictamen sobre el río, el Consejo de Doñana y hasta a la Junta de Andalucía! A esto se le llama tratar de ser juez y parte a la vez representando sólo a la mitad de la cuestión. Para colmo, Cañete le recordó que no puede haber dragado sin papeles (DIA) y sin blindar antes las márgenes, Doñana y el arrozal. O sea, que Zoido fuese y no hubo nada. Y Fernández, encantado de tenerlo de pararrayos.

 

Falacias al descubierto

La soberbia y el catastrofismo del presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, empeñado en ignorar el dictamen del CSIC  sobre el Guadalquivir con tal de realizar el dragado, ha acabado propiciando el mayor rechazo conocido a su proyecto, contra el que ya se han pronunciado el consejero de Medio Ambiente, Luis Planas; el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete; la Diputación de Cádiz y, probablemente en los próximos días, también la de Huelva; los ecologistas; los arroceros y los regantes, al tiempo que aparecen las primeras disensiones en el PP frente al desarrollismo de Zoido.

Fernández nunca desaprovecha la ocasión de lanzar mensajes apocalípticos sobre el futuro que a su juicio le espera a Sevilla sin el dragado. Ha llegado a declarar: “Cuando me levanto cada día y veo Danone, Roca…. Veo el desmantelamiento que está habiendo y me preocupa mucho como ciudadano. Si a eso le sumamos el riesgo de alguna empresa que opera con el puerto, que son cientos de trabajadores…El panorama es bastante dramático”.

En su opinión, se pueden perder parte de los 16.000 empleos vinculados al puerto porque “muchos proyectos de permanencia o de instalación de nuevas empresas están en función del dragado. Si éste no se hiciera, muchas empresas que están interesadas no vendrán y algunas de las que están se irían. Ése es el problema real”.

Cuando se le pregunta por las empresas que se irían, responde que no puede revelarlo porque crearía alarma social.

CADA VEZ MÁS EMPRESAS

¿No será que quien crea alarma social es el propio Fernández? Porque no dejan de instalarse empresas en el puerto o ampliar sus instalaciones algunas de las existentes, hasta el punto de que ya están ocupadas más de 45 hectáreas de la Zona Logística (el 84% del total), pese a la desventaja que en su opinión tiene nuestro puerto en costes logísticos por el menor calado del río. Sí, estamos condicionados por la Naturaleza, pero algunas ventajas -ésas que nunca destaca el teórico encargado de vender nuestras excelencias- tendremos como compensación cuando hay tal cantidad de firmas instaladas en la ZAL.

Y pese a esa limitación de calado, desde Hamburgo se transportan hasta Sevilla por vía fluvial enormes piezas para la central termosolar de Morón y, en sentido inverso, aquí construimos y enviamos río abajo no menos inmensas estructuras metálicas para las plataformas petrolíferas del mar del Norte, y buques de hasta 180 metros de eslora cargan 14.000 toneladas de trigo para el Norte de Africa. Pero, claro, no podemos pretender tener un  puerto como el de Algeciras.

ASTILLEROS Y ESCLUSA

Sevilla Shipyard, constituida en septiembre con 4.000 euros, ha solicitado una concesión para reactivar los astilleros. Hasta este proyecto ha tratado de vincularse al dragado, cuando se ha publicado que depende de la ampliación del calado del río, ya que permitiría que entraran barcos de mayor tamaño. El promotor de la empresa, Luis Ramón de Celis, lo ha desmentido en un desayuno de trabajo en Antares al asegurar que el posible dragado del Guadalquivir no afecta a su proyecto debido a que los barcos que acudan a ser reparados en el astillero sevillano tendrán que estar totalmente descargados, aunque sí ha admitido que le vendrá muy bien (en caso de que le den la concesión) la nueva esclusa.

En este sentido, Manuel Fernández ya ha reconocido al menos que la esclusa había que hacerla de cualquier manera, independientemente de que él la considere un complemento del dragado, porque la antigua tenía 50 años y sufría un promedio de tres averías anuales, la última de ellas la de una compuerta que costó 600.000 euros.

Estas palabras del presidente de la Autoridad Portuaria echan por tierra el manido argumento de que como nos hemos gastado 170 millones en la nueva esclusa ahora no hay más remedio que ejecutar el dragado, porque sin éste aquélla no tendría sentido. Ahora resulta que lo tiene por sí misma, con o sin dragado, como dice Zoido que lo tendría la Zona Franca en caso de que se le otorgara a Sevilla.

FALSA URGENCIA

Otra falacia desmontada en los últimos días, merced al buen quehacer periodístico de Ana Sánchez Ameneiro al llamar a la Unión Europea y preguntarlo, es la de que hay que hacer  cuanto antes el dragado porque en caso contrario se perderían los 25 millones de euros de los fondos europeos concedidos en el programa operativo 2007-2013.

Bruselas ha aclarado que esos fondos pueden utilizarse hasta el 31 de diciembre de 2015 y que incluso es posible ampliar aún más el plazo si lo solicita el Gobierno de España y lo justifica por una causa de fuerza mayor.

El gran problema de Manuel Fernández y del ‘lobby’ pro dragado es que con sus mensajes apocalípticos y su política de hechos consumados tratan de saltarse el dictamen científico al que estaba condicionada la declaración de impacto ambiental del año 2003, a la que se agarran como un clavo ardiendo. El informe del CSIC, publicado en estas páginas, muestra un Guadalquivir agonizante, por lo que la condición ‘sine qua non’ antes de cualquier actuación de gran calado, nunca mejor dicho, es su recuperación integral.

Quienes ahora han dejado de utilizar la palabra río para trocarla por la denominación ‘Eurovía del Guadalquivir’ denotan con este lenguaje su consideración del mítico Betis como una mera autopista fluvial en vez de lo que ha sido y aún podría ser: un organismo vivo y complejo, con múltiples usos generadores de riqueza a lo largo de su cauce y con un paraíso natural en su desembocadura, patrimonio de toda Andalucía y no única y exclusivamente un monopolio del puerto de Sevilla.

Hidro(i)lógico

El Gobierno de Zapatero, tan ecologista él que acuñó aquella famosa frase en plan jefe indio al gran padre blanco de Washington de que “la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”, fue también tan negligente en este capítulo -y no sólo en el de la economía-  que únicamente dejó aprobado el Plan Hidrológico de las cuencas catalanas (para colmo, tumbado por los tribunales ‘a posteriori’), cuando debió haber presentado a Bruselas todos los de las cuencas hidrográficas españolas en 2009. Así que por estas fechas acumulamos ya cuatro años de retraso, empeorando aún más si cabe ante nuestros socios europeos la imagen de la ‘marca España’ y demostrando que Larra se había quedado corto con aquello de “vuelva usted mañana”. Hay demoras españolas que son cuatrienales, como los planes en el antiguo régimen o en la economía soviética.

Y en esto llegó Miguel Arias Cañete y, al contrario que Fidel, mandó acelerar.

Ya se sabe que el ministro jerezano es un bulldozer de la política, que lo mismo devora todos los yogures caducados que encuentra en la nevera haciendo honor a la máxima campesina de “lo que no mata engorda” que se ducha cada mañana con agua fría con tal de no incrementar el déficit de tarifa con su factura del gas, por lo cual la hercúlea tarea de ponerse al día con la UE ha debido ser para él, que además se conoce el patio europeo, pan (o yogur) comido.

Hace unos días, Arias Cañete, con los pies más alados que Aquiles el de los pies ligeros, llevó a la mesa del Consejo de Ministros el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, el río vertebrador de Andalucía, del que Sevilla es su mejor don, como Egipto el del Nilo.

En su exceso de velocidad, el ministro de los yogures se ha comido el famoso dictamen del CSIC, redactado en 2010 por encargo de su propio Ministerio y que nos ha costado a los contribuyentes 3 millones de euros. Como al jerezano no le gusta que el estudio científico cuestione el dragado, lo ha omitido sin más.

Y ya que acumulábamos cuatro años de retraso, por esperar unos días más tampoco se habría hundido el mundo, los días que faltaban hasta el 27 de mayo, fecha en la que el Consejo de Doñana había sido convocado para pronunciarse sobre el Plan del Guadalquivir y del que el ministro de Agricultura y (menos de) Medio Ambiente ha pasado olímpicamente con su política de hechos consumados.

En la (i) lógica de Arias Cañete no hay obstáculo que se resista: cuando no puede sortearlos, pasa directamente por encima, como una apisonadora.

 

Langostinos

Manuel Baena Cobos, parlamentario cordobés de IU, participó en el debate sobre el dragado del Guadalquivir suscitado en las Cinco Llagas tras la intervención de Luis Planas, consejero de Medio Ambiente. El político de izquierdas expresó su temor por el riesgo de que con el proyecto de la Autoridad Portuaria de Sevilla se puedan perder los langostinos de Sanlúcar de Barrameda, con la preocupación que ello causaría a quienes habitualmente los consumen. Con este supremo argumento ya no ha lugar a más polémica, por mucho que les pese a Manuel Fernández, Miguel Rus y Francisco Herrero. Es obvio que los partidos políticos cerrarán filas con Baena Cobos en contra del dragado del estuario, dado que, como demuestran las facturas que se conocen de todos los que viven de la cosa pública, desde ayuntamientos hasta sindicatos pasando por el Gobierno y los Gobiernillos autonómicos, la ingesta de marisco, gambas y langostinos a costa de los contribuyentes es una inveterada tradición de nuestra clase política. Y no es cuestión de ponerla en peligro por falta de materia prima.

 

Garoña

Al igual que Doñana es el símbolo  de la Naturaleza y escenario durante años de las batallas entre ecologistas y desarrollistas, Garoña ha representado otro tanto en la energía nuclear: por la pugna para su cierre o mantenimiento entre antinucleares y pronucleares, con trascendencia política debido a las promesas de Zapatero (clausura) y Rajoy (continuidad), para que ahora sean las eléctricas quienes le den el cerrojazo por echarle un pulso al Gobierno con la coartada de los impuestos pero en realidad para tumbarle una reforma energética que a nadie satisface.

¿Y qué tiene que ver Garoña con Sevilla, se preguntarán? Si en otras circunstancias el cierre de la nuclear habría causado problemas, actualmente se puede suplir su aportación de electricidad a la Red con una alternativa energética desarrollada en Andalucía, y más en concreto en Sevilla y Almería: las centrales termosolares. Sin la investigación realizada en la Plataforma Solar almeriense, en Abengoa y en la Escuela de Ingenieros de la Hispalense por Valeriano Ruiz y su equipo no se habría inaugurado en Sanlúcar la Mayor, en febrero de 2007, la primera central termosolar en explotación comercial del mundo: la PS10, de Abengoa.

Sevilla es desde entonces la meca termosolar mundial (aquí se celebra cada año el mayor y más importante congreso del sector, el CSP Today) y España, líder planetario (copa el 70% del mercado) de una tecnología que exporta a los EE UU de Obama, Iberoamérica, Suráfrica, norte de Africa, países árabes… con unas perspectivas billonarias si el Gobierno, con su miopía, no se carga del todo el sector justo cuando por la curva de aprendizaje lograda en tan poquísimo tiempo va camino de abaratar y rentabilizar las ayudas invertidas en su desarrollo y que nos permitirían dominar una energía inagotable: la del sol.

Valeriano Ruiz calculó hace un año ante el Foro Cádiz 2012 que con veintidós centrales termosolares de las ya clásicas de 50 MW España estaría en disposición de sustituir una  central nuclear como la de Garoña. ¡Quién le iba a decir que aquella hipótesis es hoy una realidad!, en los dos aspectos: se cierra la central y tenemos no ya 22, sino 39 termosolares, de las que 21 radican en Andalucía. España es, pues, el primer país en la historia que consigue suplir una central nuclear con la energía del sol, ese mismo sol sonriente que ilustraba  el lema del ‘¿Nuclear? No, gracias’.

Cuando lean que Garoña se ha cerrado, dejen de preocuparse: un tercio de la electricidad que generaba la suplen las 10 centrales termosolares de Sevilla.

 

Doñana, entre Lorca y Daimiel

Científicos de la Universidad de Western Ontario liderados por Pablo J. González han determinado que uno de los motivos del terremoto de mayo de 2011 en Lorca fue la sobreexplotación, para regadíos,  del acuífero del Alto Guadalentín.

Gracias a los datos obtenidos por satélite, los expertos han comprobado que la pauta del movimiento de la falla guarda correlación con los cambios en la corteza terrestre, causados por un descenso de 250 metros del nivel del agua subterránea debido a las extracciones desde los años 60. Esta caída del nivel freático provocó una fractura en la roca que, a su vez, indujo el seísmo. Resultado: 9 muertos, 300 heridos, 1.300 casas destruidas, 3.000 personas aún sin hogar y enormes pérdidas.

La Administración franquista, que desecaba lo húmedo y regaba lo seco y de la que el Iryda y el Icona fueron sus principales brazos ejecutores, aprobó en 1956 la ley de Desecación de Márgenes de los ríos manchegos Cigüela, Záncara y Guadiana. Se canalizaron cauces y se perforaron en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 50.000 pozos, al menos 5.000 de ellos ilegales, para la sustitución de los cultivos tradicionales de secano por otros intensivos con elevado consumo de agua, como el maíz.

El encharcamiento natural de las Tablas se redujo al 1% de su superficie original (ahora es mantenido de forma artificial y sólo en parte gracias a trasvases especiales desde el río Tajo) y acabó ocurriendo lo que predijeron los científicos: incendios por la combustión de la turba del subsuelo y la liberación  de  gases tóxicos como el CO2. Una zona húmeda como las Tablas de Daimiel literalmente salió ardiendo.

Razón: la sobreexplotación del acuífero para los regadíos provocó tal enorme descenso del nivel del agua que, en ausencia de humedad y con el recalentamiento de la tierra, los gases explosivos existentes en el sustrato carbonoso de la turba se combinaron con el oxígeno y se produjo su combustión espontánea.

A finales de los años 80, el por entonces presidente de la Unión Internacional de Hidrogeólogos, Ramón Llamas, alertó de que si continuaba la sobreexplotación de las aguas subterráneas en el entorno de Doñana podría acabar ocurriendo lo mismo que en La Mancha con la combustión del subsuelo, en lo que llamó la ‘daimielización’ de Doñana.

Pese a estos precedentes catastróficos de Lorca y Daimiel, el PSOE no ha tenido otra ocurrencia que proponer que al igual que el Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal para delincuentes económicos, debería paralizar las inspecciones de la Guardia Civil a los agricultores

con pozos ilegales en el entorno de Doñana. O sea, barra libre a la ilegalidad. Pero con ser gravísimo la proliferación de pozos ilegales y el alarmante descenso del nivel del acuífero que nutre al Parque Nacional, gracias a la incompetencia e ineficacia de sus órganos rectores, incapaces siquiera de cumplir hasta siete sentencias del Tribunal Supremo sobre los  riegos ilegales en los Hatos, peor aún es lo que está ocurriendo con las aguas superficiales de las marismas del Guadalquivir en este emblemático espacio natural, sitas en la provincia de Sevilla.

En este sentido es sangrante la transformación del Brazo de la Torre, cauce de unos 70 kilómetros y que ha desaparecido en muchos de sus tramos, como puede comprobarse a simple vista y comparando fotos aéreas e imágenes de satélite. Otros brazos, como el caño del Guadiamar y lucios (Cochinato, Quebradas Blancas,  Hombre) han corrido la misma suerte, y centenares de hectáreas del dominio público, de altísimo valor ecológico, han sido usurpadas.

En la mitad del Brazo de la Torre se hacen canales y diques con maquinaria pesada y se desvía el agua bien a los canales del arroz, bien al río Guadalquivir, para drenarlos. A continuación se excavan nuevos canales a través del cauce, para desecarlo. Y hasta se toma  agua procedente del Corredor Verde para regar el espacio así usurpado. Asimismo, se desplazan con total impunidad los mojones que deslindan las áreas protegidas.

Aún quedan restos donde, por contraste, se puede percibir esta situación, como en Veta Alí, donde ya no se aprecia la margen izquierda del Brazo de la Torre, transformada. También en la zona del Matochal. Se ara y/o se transforman en arrozal zonas originales de playas, juncales y eneales y desaparece la biodiversidad acuática y sus hábitats, porque dado el valor del arrozal hay incluso quienes alardean de que en el caso improbable de que sean sancionados les resultaría más rentable pagar la hipotética multa.

Toda esta ingente usurpación y transformación artificial del medio natural acaece en el espacio ecológico más importante de Europa, teóricamente protegido por todo tipo de normas, leyes y declaraciones internacionales y reconocido con todos los títulos (Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera de la Unesco, Diploma del Consejo de Europa, Sitio de Ramsar…), no es ocultable y salta a la vista de cualquiera menos, de forma harto sospechosa, de los organismos encargados de su vigilancia  y conservación: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Dirección General de Costas, Autoridad Portuaria, Seprona, Guardería del Parque Nacional, Guardería de la Junta, Consejería de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Unesco, Unión Europea y Convenio de Ramsar.

Aquí no existe la ley, salvo la del más fuerte. El último que llega se apodera de lo que aún quede virgen. Las marismas del Guadalquivir se han convertido en otro salvaje Oeste, el Far West de Europa o la Sicilia andaluza.

 

La Administración desoye 7 sentencias del Supremo sobre riegos ilegales

 

 

Ecologistas en Acción denuncia al fiscal la connivencia con fincas

que extraen 15 millones de m3 de agua al año

 

La Junta de Andalucía ‘maquilló durante dos años un informe optimista

sobre el acuífero cuando iba cada vez peor

 

Otorgada sin convocatoria pública una concesión de 900.000 m3 de

escorrentías a la finca que impide el paso a los guardas

 

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a funcionarios públicos que están permitiendo la extracción, por parte de los propietarios de unas fincas,  de aguas subterráneas para regadíos ilegales que a juicio de los verdes están causando un daño evidente y directo en los ecosistemas de Doñana. Ecologistas les acusa de hacer la vista gorda sobre las sentencias dictadas al respecto por el Tribunal Supremo, inhibirse permitiendo así que continúe la situación, omitir su deber de vigilancia, realización de informes falseados sobre el estado real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y concesión de autorizaciones temporales de riego con aguas pluviales y de escorrentía técnicamente imposibles.

La denuncia empieza refiriéndose a las actuaciones de la Administración responsable en materia de aguas (primero, la Confederación Hidrográfica; luego, la Agencia Andaluza del Agua; y ahora, de nuevo, la CHG) en relación con las fincas Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo, sitas en el término de Aznalcázar (Sevilla), desde 2006 hasta la fecha. Los organismos públicos tienen, según Ecologistas, notorio conocimiento de que en las mismas se producen extracciones ilegales de agua porque existen resoluciones de expedientes sancionadores previos del Consejo de Ministros que obligaban a indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico en cuantías incluso superiores a 1,5 millones de euros y referidas a superficies de riego no autorizado de miles de hectáreas. Por tanto, se trata de extracciones ilegales del acuífero que se evalúan del orden de 15 millones de m3/año (el 15% de las extracciones ilegales para regadío desde el acuífero).

En concreto, el Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias condenatorias contra la propiedad de la finca Hato Ratón Viejo entre 2007 y 2009, y tres contra la propiedad de Hato Blanco Viejo entre 2008 y 2012, y en todas se especifica la obligación de inutilizar los mecanismos que permiten derivar ese agua no autorizada, básicamente los pozos y otras instalaciones necesarias para la extracción.

El origen de estas sentencias del Tribunal Supremo radica en expedientes administrativos sancionadores instados por la propia Administración de Aguas, la cual sin embargo no ha hecho nada al respecto, por lo cual continúan los daños al dominio público hidráulico y a Doñana. “Este hecho es de extraordinaria gravedad -puede leerse en el documento elevado al fiscal-, dado que la misma Administración que califica los hechos de muy graves no ejecuta las acciones a que la obliga el Tribunal Supremo para impedir que se sigan produciendo”. Además, Ecologistas denuncia que la Guardería Fluvial se ha visto impedida de acceder a las fincas para ejercer su labor de control e investigación, sin que los responsables de la Administración hayan actuado en consecuencia ni pedido auxilio judicial, como se hizo en ocasiones anteriores, para entrar en Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo. Asimismo, subrayan que no se ha producido ninguna sanción en el trienio en que la autoridad responsable en materia de aguas ha sido la Junta de Andalucía y que la CHG tampoco muestra una actitud proactiva para evitar esta situación, por lo que esta dejación de funciones se traduce en daños a Doñana.

Asimismo, Ecologistas denuncia ante el fiscal la realización de informes por parte de la jefa del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía que ‘maquillan’ la situación real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y que eleva al Consejo Rector del mismo, compuesto en su gran mayoría por personas carentes de conocimientos hidrológicos. Por tanto, esa información no del todo cierta y que contrasta con la de otros organismos puede inducir a aquéllas a adoptar decisiones erróneas sin saberlo. La jefa del Dominio Público Hidráulico desoía al jefe de Aguas Subterráneas, su subordinado y persona de reconocido prestigio en Hidrología, con una dilatada experiencia como responsable del acuífero de Doñana.

Los verdes aportan pruebas que demuestran que la Agencia Andaluza del Agua estuvo presentando durante dos años el mismo informe presuntamente falseado sobre el estado del acuífero pero cambiando las fechas y calificando la situación como “de estabilidad”, cuando la conclusión del informe del jefe de Aguas Subterráneas era que los datos demostraban una situación preocupante porque los niveles de aguas cada año eran más profundos y porque en una tercera parte de los puntos de toma de muestras eran peores que cuando la terrible sequía del año 1995. Por ende, las alertas dadas al respecto por el representante de Ecologistas en el Consejo del Agua nunca eran recogidas en acta ni trasladadas al Pleno del Consejo Rector, ya que sólo se transmitía lo que quería la Junta de Andalucía.

SIN INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Por otra parte, Ecologistas denuncia que se ha otorgado a la SAT Sotogordo autorización, sin previo proceso de información pública,  para derivar aguas de los canales de drenaje de su finca, sin derecho al uso privativo, por un volumen total anual de 902.189 m3 con destino al riego de 243 Has. de arroz, por inundación, y 550 Has. de huertas, por aspersión.

Para los verdes es evidente, como podría confirmar cualquier técnico agrónomo, que es un absurdo pensar que con una autorización de 902.189 m3 se pueden regar 243 Has. de arroz y 550 Has. de huertas cuando las necesidades hídricas para ello rondan los 6 millones de m3, si se tiene en cuenta que una Ha. de arroz precisa entre 12.000 y 14.000 m3 de agua de riego, y una de huerta, 5.500 m3 aproximadamente. Y en este sentido, una de las sentencias del Tribunal Supremo resta credibilidad al argumento asumido por la Administración Hidráulica para autorizar la solicitud de derivación de aguas.

Ecologistas se pregunta si resulta razonable que a una finca que, como dice el Supremo, demuestra una clara posición de obstrucción a la actividad inspectora le sea autorizada una concesión de aguas técnicamente imposible cuando impide que se compruebe si el agua con la que riegan no procede de los pozos denunciados. A juicio de los verdes, la respuesta sólo se puede encontrar en que la Administración Hidráulica le otorga una cobertura ‘legal’ (la autorización de derivación de aguas de los canales de drenaje) a esta finca, permitiendo así que continúe extrayendo ilegalmente aguas del acuífero mientras prohíbe el paso a la guardería fluvial y, en consecuencia, perjudicando a Doñana.

* Texto íntegro de la denuncia de Ecologistas en Acción:

Denuncia Ecologistas