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El ‘dragado’ ferroviario

El dragado del río acumula en un año el rechazo de la Unesco, el Supremo y la UE

Con sólo invertir en una terminal ferroviaria el puerto abarataría el transporte en un 30%

 

La Comisión Europea envió en vísperas de la Semana Santa al Gobierno de España un dictamen motivado por considerar que no ha examinado con detalle, tal como exigen las normas de la UE, el impacto ecológico del proyecto de dragado del Guadalquivir en los espacios protegidos cercanos, especialmente en Doñana.

El Tratado de la UE, revisado el 1 de enero de 2013, especifica en su artículo 258 que “si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones”.

Se deduce, pues, que previamente el Gobierno de España ha tenido la posibilidad de presentar sus observaciones en defensa del dragado que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla pero que han sido desestimadas por la Comisión

La fase siguiente que ahora se abre la marca el segundo párrafo del artículo citado, que dispone al respecto: “Si el Estado de que se trate no se atuviese a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

El plazo dado a España para adoptar medidas sobre el dragado es de dos meses, por lo que expiraría el 26 de mayo, tan sólo dos días después de celebradas las elecciones municipales.

EL ESTUDIO DEL CSIC

La Comisión basa su dictamen motivado en el estudio sobre el estuario del Guadalquivir realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidades andaluzas, los cuales llegaban a la conclusión de que el río está agonizando ecológicamente y de que acometer un dragado de tal calibre en sus actuales condiciones sería totalmente contraproducente. Preconizaban una Autoridad Única que coordinara y/o ejecutara una serie de actuaciones de recuperación del Guadalquivir, sólo tras la cual se podrían reevaluar los efectos de lo que podría ser otro dragado muy distinto del que ahora promueve la Autoridad Portuaria, sin una visión integral de todas las funciones que cumple el río y considerándolo únicamente como una autovía fluvial para el transporte de mercancías.

Este estudio científico es el mismo que ha citado recientemente el Tribunal Supremo en su sentencia contraria a la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, y también el que motivó el año pasado una resolución del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en la que advertía al Gobierno de España que “los valores excepcionales por los que Doñana fue declarada Patrimonio de la Humanidad están en riesgo por las muchas presiones a las que está sometido el espacio natural”.

Por tanto, el proyecto de dragado de profundización acumula en un solo año dos reveses internacionales que comprometen el prestigio de España (por parte de la Unesco y de la Unión Europea) y un fallo judicial en contra del organismo jurídico más importante de nuestro país después del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo.

REACCIÓN DEL PUERTO

La resolución de la Unesco, el dictamen motivado de la Comisión Europea y la sentencia del Supremo apuntan a la misma cuestión de fondo: el dragado no debe acometerse mientras no se cumplan las recomendaciones del estudio científico en el sentido de recuperar primero el río ecológicamente , una recuperación que precisa de años de aplicación de medidas concretas para evaluar sus efectos y que por tanto no va a producirse en los dos meses de plazo que Bruselas ha dado a España.

Ante estos reveses, la Autoridad Portuaria ha reaccionado de dos formas: una irreal y otra realista. La irreal es seguir empecinándose en ejecutar el dragado anunciando que volverá a pedir financiación para su proyecto el año que viene a la Unión Europea, el mismo organismo que en el dictamen motivado emitido por su brazo ejecutivo, la Comisión,  dice que “el dragado del canal de navegación tendría efectos negativos graves sobre la forma del estuario y su biodiversidad, que repercutirían sobre los sitios naturales protegidos”.

La Autoridad Portuaria debería adherirse al Plan de acción coordinado recomendado por los científicos y trabajar al alimón con el resto de implicados en la mejora del río (puertos, arroceros, pescadores, pueblos ribereños, ecologistas, Consejo de Participación de Doñana, CSIC…), ya que de esta recuperación del Guadalquivir depende de que pueda ejecutar un dragado de profundización, aunque probablemente en otras condiciones. Cuanto más se dilate en dar ese paso, más tiempo transcurrirá  sin que pueda realizarlo, y ya lleva así diez años.

REPROGRAMACIÓN

Como a la fuerza ahorcan, la decisión realista ha venido motivada al ver que tras la sentencia del Supremo corría el riesgo, antes incluso de conocerse el dictamen motivado de la Comisión Europea, de quedarse sin los fondos de Bruselas para el dragado…. que Bruselas cuestiona.

A nueve meses del final del año, la Autoridad Portuaria ha reprogramado su plan de inversiones para destinar los 37,5 millones de euros de los fondos Feder de la UE a otras obras antes del 31 de diciembre y que cabe preguntarse cómo no se han acometido en todos estos años. Por ejemplo, la duplicación de la carretera de la esclusa, que puede llegar a soportar el paso de 4.000 camiones. O la mejora de la terminal de cruceros, el turismo de mayor poder adquisitivo y en el que aún estamos en mantillas. O la mejora del muelle Norte, sin remozar desde hace casi medio siglo…

Veamos un caso sintomático: la Autoridad Portuaria quiere destinar 14 millones de euros a cerrar el anillo interior de comunicaciones y ampliar la terminal ferroviaria para que entren trenes de 750 metros en vez de los actuales de 450. El de Sevilla es ya el cuarto puerto de España en tráfico de mercancías por ferrocarril y el noveno en tráfico de contenedores por barco. En 2013 llegaron al puerto 1.018 trenes con un total de 22.395 vagones y que pudieron transportar unas 400.000 toneladas de mercancías en números redondos.

Si esos mismos trenes hubieran medido 750 metros, su capacidad de transporte se habría incrementado en un 66% y habrían transportado 685.000 toneladas en vez de 400.000. Si según los cálculos de la Autoridad Portuaria con un tren de 750 metros se reduce en un 30% el coste del transporte de mercancías, imagínese la rentabilidad que obtendría el puerto con una parte de la inversión de 14 millones de euros para que puedan entrar ese tipo de trenes.

De lo cual se infiere que casi tan importante como el dragado del río es este otro ‘dragado’, el ferroviario, mucho más barato que el fluvial, que multiplica el potencial de nuestro puerto y que además no suscita oposición alguna.

Millones por la borda

La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, que ya formaba parte del equipo de Manuel Fernández, su antecesor en el cargo, ha iniciado una serie de comparecencias públicas para alertar de que se acaba el plazo para poder ejecutar el dragado de profundización del río Guadalquivir con financiación europea, salvo que el Gobierno de España consiga una prórroga de Bruselas.

En una reciente conferencia en Antares, la presidenta recordó que la obra del dragado debe estar finalizada y certificada el 31 de diciembre de 2015 para poder cobrar la subvención de 33 millones de euros otorgada por la UE, aunque cabe la posibilidad de obtener la ampliación del plazo en un año a través del Ministerio de Hacienda, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Carmen Castreño afirmó que “tirar 33 millones por la borda” le cuesta, aunque quizás no se expresó en los términos correctos, ya que sólo se tira el dinero mal gastado, no el que no se gasta. La nueva presidenta, aunque pretende ser más aperturista y menos intransigente que su predecesor, al final incurre en los mismos tics que aquél al tratar de presionar con la idea de la pérdida del dinero europeo.

FONDOS EUROPEOS

La Unión Europea tiene casi 20 años de existencia en su formato actual y medio siglo desde la creación de las Comunidades Europeas, y si no se aprovechan esos 33 millones de euros en el marco de los actuales fondos europeos, en el futuro seguirá habiendo programas a los que poder acogerse, siempre que el dragado obtenga el necesario consenso y todas las garantías científicas y ecológicas, de los que ahora carece. Dicho de otro modo, es preferible renunciar o que ese dinero decaiga y quede una especie de derecho moral a reclamarlo en el futuro a emplearlo en un proyecto con consecuencias que podrían ser irreversibles y más perjudiciales que el teórico beneficio que se podría conseguir para el puerto de Sevilla.

El puerto y Sevilla son sólo dos elementos más de todos los que tienen intereses en el río, no sus propietarios exclusivos, y por lo tanto hay que manejar el Guadalquivir con una visión integral que tenga en cuenta todo y a todos (resto de municipios ribereños, arroceros, pescadores, Doñana…) y el balance global de beneficios/perjuicios potenciales sin matar la gallina de los huevos de oro, que es el propio río.

Para empezar, como reconoce la propia presidenta, el dragado de profundización cuesta mucho más que esos 33 millones de euros, en concreto 40 millones, más 20 para proteger las márgenes del estuario del Guadalquivir de la erosión después de que el miniplan presentado al efecto por la Autoridad Portuaria fuera rechazado por el Consejo de Doñana por su insuficiencia y carencias técnicas.

¿DESINFORMACIÓN?

Según Carmen Castreño, el problema del dragado no es científico o ambiental, sino de comunicación, debido a la confusión creada por la, a su juicio, desinformación existente. La presidenta asegura que “todos los informes”, técnicos y científicos, incluido el de los arroceros, llegan a la conclusión de que los cambios de salinidad, turbidez y mareas que se producirían por el aumento de caudal del río con el dragado no serían significativos. Asimismo, afirma que la erosión de las orillas no la produce el aumento del oleaje por la navegación, sino la crecida del río por la lluvia cuando el caudal alcanza los 4.000 m3 por segundo.

La presidenta parece que no se ha leído el dictamen que sobre el estado del río elaboró hace cuatro años un comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de universidades andaluzas, que ya querrían que el río llevara con más frecuencia esos 4.000 m3 de agua de que habla Carmen Castreño.

El dictamen no avala la tesis de la presidenta de que no pasaría nada si se hiciera el dragado. Según el CSIC y las Universidades, el río ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce debido a las presas construidas a lo largo de su cauce para regadíos. Tendría que transportar cuatro veces más agua (250 m3 por segundo) de la que lleva habitualmente (63 m3/s), aunque el ideal serían 1.000 m3/s, para que se frenaran la salinidad y turbidez.

CAUSAS Y EFECTOS

Esa turbidez es consecuencia de las elevadas concentraciones de materiales sólidos en suspensión. Y como todo en la Naturaleza es una cadena de causas y efectos, el barro y los sedimentos limitan la penetración de la luz y coartan el desarrollo del fitoplancton, cuya concentración es ya en el estuario veinte veces menor que la de otros ríos similares, y hasta cuarenta veces inferior en primavera.

El Guadalquivir se está convirtiendo así en una fuente emisora de gases de efecto invernadero y favoreciendo la formación de ‘zonas muertas’ en el litoral, donde prosperan cianobacterias que acaban introduciéndose en la cadena alimentaria a través de las coquinas y los peces y provocando mortandades como la de Doñana en 2001.

Como durante la mitad de los días del año el río lleva muy poca agua (no más de 25 m3/s) y se han ido perdiendo llanuras mareales y marismas, la marea está favoreciendo la colmatación del estuario y del cauce, y el calado actual para la navegación de los barcos  (de 5 a 6 metros) propende a reducirse a entre 3 y 4 metros. Por tanto, hay que dragar periódicamente para mantener el canal de navegación, con lo que se contribuye a generar esa capa flotante de sedimentos, en un proceso sin fin.

LA ESPIRAL DEL DRAGADO

Según el dictamen del Comité de Expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado de hasta -8 metros. Se entraría en una espiral: la extracción del material del dragado no impediría que el río creara nuevas capas de sedimentos, que saldrían de la erosión de las márgenes.

Aunque los científicos dejan la decisión final sobre el dragado en manos de los políticos, no lo recomiendan expresamente, tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el Guadalquivir, como el incremento de la turbidez y de la salinidad.

Del dictamen se colige que abogan por mantener el dragado de mantenimiento, no dar luz verde a ningún proyecto nuevo, recuperar los llanos mareales de Doñana, crear una Autoridad Única sobre el río para acabar con la dispersión de competencias y reevaluar la situación una vez se recupere el Guadalquivir. Lo más urgente, pues, es esperar, o más bien actuar de inmediato (ya han pasado cuatro años) en el sentido de sus recomendaciones.

EBRO FOODS

Otro que contradice las palabras de Carmen Castreño de que hasta los arroceros creen que no habría cambios significativos en las condiciones del río con el dragado es Antonio Hernández Callejas, reciente medalla de Sevilla y presidente de la mayor multinacional del arroz, Ebro Foods, que hunde sus raíces en nuestra tierra, sin que aquí parezca valorarse lo suficiente.

Hernández Callejas declaró ayer a ABC lo siguiente: “Sé que hay sectores de Sevilla que dicen que si no se draga el río estamos en contra de la modernidad, pero creo que antes de cargarnos el cultivo del arroz y el río hay que hacer estudios más serios sobre el impacto del dragado y sus ventajas económicas. Las últimas tomas de agua están a cuatro gramos de sal por litro, lo que está afectando a más de mil hectáreas de nuestros cultivos. Cada vez cuesta más soltar agua para bajar el tapón salino”.

Aunque las cifras varían de una campaña a otra, el arroz se cultiva en el orden de 35.550 ha (año 2011) a 37.149 (año 2013) en la provincia de Sevilla, la zona arrocera más importante de España, con una producción también variable (360.000 toneladas en 2011 frente a 319.400 en 2013), una generación de 150 millones de euros y 400.000 jornales, entre fijos y eventuales.

Eso sólo en lo que respecta al arroz, sin contar otros cultivos del Bajo Guadalquivir, la pesca, el valor ecológico incalculable de un Patrimonio de la Humanidad como es Doñana…..

Cuando tantas cosas están en juego y los científicos recomiendan que primero hay que recuperar un río agonizante por la intervención humana antes que someterlo a nuevas actuaciones sin garantías de éxito no puede hablarse de que se van a tirar por la borda 33 millones de euros. Al contrario, el riesgo es tirar por la borda todo lo demás.