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Recortes verdes

Abengoa ha provocado una airada reacción del ministro de Economía, Luis de Guindos, y del de Industria, Juan Manuel Soria, tras acusar al Gobierno de haber producido un impacto de 1.500 millones de euros (el 35% de los beneficios de su filial Abengoa Solar, propietaria y operadora de trece plantas termosolares en España hasta su trasvase a Abengoa Yield, en EEUU) con sus recortes a las energías renovables al rebajar las primas y modificar el marco regulatorio que tanto la compañía sevillana como otras tomaron como referencia para ejecutar el plan nacional termosolar, con 50 plantas de este tipo.

Por ironías del destino, la agonía de Abengoa, gran parte de cuya actividad en el último decenio se ha centrado en la energías limpias (termosolar, biocombustibles, hidrógeno) para afrontar los efectos del cambio climático, se ha producido en vísperas y durante la celebración de la Cumbre Mundial del Clima en París, a la que también acudió Rajoy a pronunciar un discurso de corte ecologista, desmentido por la previa realidad de su política antirrenovable.

En el marco de la cumbre parisina y del lanzamiento de dos nuevas iniciativas internacionales, la Alianza Internacional Solar y el Consejo Global Solar, se han difundido informes que ratifican lo ocurrido en esta legislatura: España, cuyo gentilicio es el único del mundo que según el cantante Luis Aguilé rima con el sol (de ahí su canción Es el sol español), ha pasado en tan sólo cuatro años de liderar el sector de las energías renovables en general y de la termosolar en particular (el científico Valeriano Ruiz acuñó la frase de que España era campeona del mundo tanto en fútbol como en termosolar) a integrar el “pelotón de los torpes”.

Hundimiento

Sólo en fotovoltaica nuestro país ha pasado de ser el primero del mundo por potencia instalada en un año al puesto decimocuarto de Europa, con tan sólo 22 megavatios, y en la clasificación general del Viejo Continente ha bajado al quinto puesto, por detrás de Alemania, Reino Unido (países ni de lejos con nuestras horas de sol), Italia y Francia.

El estudio Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España 2014, encargado por la Asociación de Energías Renovables, cifró en 22.665 puestos de trabajo los perdidos en el sector tan sólo el año pasado como consecuencia de los recortes del Gobierno a un sistema de primas ¡ideado por el propio PP ! (Aznar con la ley 54/97, RD 2818/98 y RD 436/04). En 2008, había 136.163 personas trabajando en las energías verdes; ahora, tras la moratoria aplicada, quedan 70.750, casi la mitad menos.

Al cambiar sobre la marcha las reglas del juego y provocar una enorme inseguridad jurídica, el Gobierno ha causado sensibles pérdidas a compañías, fondos de pensiones, fondos soberanos y fondos de inversión extranjeros que habían apostado por las energías renovables en nuestro país y que han acabado por demandarlo ante instancias internacionales. Por esta causa, España es la tercera nación que acumula más procesos abiertos ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, sólo superada por Venezuela y Argentina. A ello hay que unir 350 recursos nacionales ante el Tribunal Supremo contra el nuevo sistema de retribución de las energías renovables.

Y por ende, hay que sumar la fuga al extranjero de cerebros, ingenieros y empresas especializadas españoles ( como la propia Abengoa y Sener, que arriesgaronen sus apuestas comerciales) que desarrollaron las tecnologías renovables, cortadas de raíz por el Gabinete sin darles tiempo a que alcanzaran su grado de maduración preciso para competir en condiciones ventajosas con las energías de origen fósil. España financió la investigación en sectores dormidos como la termosolar para que ahora, tras su paralización aquí, se aprovechen otros.

Biocombustibles

Para darse un barniz ecologista coincidiendo con la Cumbre del Clima en París, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto para fomentar la utilización de biocombustibles (bioetanol y biodiésel) en el transporte (su adición a los carburantes), mediante el establecimiento de objetivos mínimos: deben suponer una media conjunta del 4,3% de la gasolina y el gasóleo en el año 2016; un 5% en 2017; un 6% en 2018; un 7% en 2019 y un 8,5% en 2020.

Apenas se dice que previamente (año 2013) había recortado los objetivos establecidos del 6,5% a tan sólo un 4,1%. Por tanto, vamos a tardar más de cinco años en recuperar la meta que nos habíamos marcado entonces.

 

Esta decisión ya supuso un golpe económico, no cuantificado, para la empresa sevillana Abengoa, que era uno de los líderes mundiales en biocombustibles, con una capacidad de producción en el año 2o12 de 3.175 millones de litros entre bioetanol (2.950 millones) y biodiésel (225 millones de litros), de los que 770 millones (el 24,25% del total) procedían de cuatro fábricas situadas en España: tres de bioetanol y una de biodiésel (en San Roque.

Tijeretazo

Cronológicamente, el primer y mayor golpe fue el que recibió por los recortes a la energía termosolar, propinado hace cuatro años y que Abengoa ha evaluado en una pérdida de 1.500 millones de euros, ratificada el pasado viernes en Sevilla por el exministro socialista José Borrell, que cobra al menos 300.000 euros anuales desde 2009 como miembro independiente de su Consejo de Administración, en otro ejemplo de “puertas giratorias” que le echó en cara Pablo Iglesias, el líder de Podemos, al del PSOE, Pedro Sánchez, durante el reciente debate televisivo a cuatro en Antena 3.

¿Hasta qué punto es exacta esta evaluación económica? Abengoa posee tres centrales termosolares en Sanlúcar la Mayor (Solnova 1, 3 y 4); dos en Écija (Helioenergy 1 y 2); dos en Ciudad Real (Helios 1 y 2) y cuatro en Logrosán, Extremadura (Solabén 1,2, 3 y 6). Todas son de tecnología canalparabólica y de 50 MW de potencia cada una. A ellas hay que sumar también en Sanlúcar la Mayor la PS10, de tan sólo 11 MW y que fue la primera de torre en explotación comercial del mundo, y su homóloga la PS20, de 20 MW. En total, pues, son trece centrales con una potencia instalada de 581 MW, que en sentido amplio podrían equipararse a doce centrales de 50 MW (le faltarían 19 para esa cifra exacta). Cada central supuso una inversión media de unos 300 millones de euros (unos 3.600 millones en total).

Según fuentes del sector, los recortes aplicados por el Ejecutivo han supuesto una reducción de los ingresos de las compañías de unos 5 millones de euros por central y año (como hay 50 en España, el tijeretazo anual asciende a 250 millones). Si se estima una vida media útil de 25 años por central, el beneficio que dejaría de percibir Abengoa por el recorte termosolar sería el resultado de multiplicar 5 millones x 12 centrales y x 25 años = 1.500, los millones que dice exactamente la compañía sevillana.

Presente y futuro

Sí, pero no, porque está contabilizando como actuales y en su integridad los beneficios recortados del próximo cuarto de siglo, cuando en realidad sólo han transcurrido cuatro años con el nuevo marco de retribución. En este periodo Abengoa habría dejado de percibir 5 millones x 12 centrales x 4 años = 240 millones de euros, que suponen sólo el 1,2% del pasivo total de la compañía, estimado en al menos 20.000 millones de euros.

Incluso esa cifra sería menor, ya que a la japonesa Itochu, propietaria del 30% de Solabén 2 y 3, habría que imputarle su parte alícuota en el recorte de las primas, al igual que el 50% a la alemana E.ON, propietaria hasta hace unos meses (en junio Abengoa habría ejecutado su opción de compra, señal de que el negocio termosolar no era tan malo) de la mitad de las Helioenergy de Écija. Por tanto, el impacto hasta la fecha del recorte termosolar en las cuentas de Abengoa sería de unos 208 millones de euros, una gota en el océano de su deuda.

La compañía sevillana no puede culpar de toda su crisis al Gobierno, por muy antirrenovable que haya sido, con el fin de eludir su propia responsabilidad. El Ejecutivo tiene su parte de culpa, pero por ahora es sólo una centésima de la culpa.

SOS Jardín Americano

Si Sevilla fuera Lisboa, su Jardín Americano habría alcanzado la misma consideración entre los ciudadanos y el mismo poder de atracción entre los turistas cultos que tiene la Estufa Fría en la capital de Portugal, el equivalente a un jardín botánico de unos 8.000 m2 de superficie y así denominado porque no se utiliza ningún sistema artificial de climatización para conservar las plantas,  sino un entramado de madera, similar a las lamas del Jardín sevillano, que filtra la luz y las protege del sol en verano y de las bajas temperaturas en invierno. Los lisboetas y los turistas pueden disfrutar de la visión de especies procedentes de los cinco continentes y con un colorido espectacular.

Si Sevilla fuera Londres, su Jardín Americano habría alcanzado el mismo reconocimiento que al menos la Casa Templada y la Casa de la Palmera, edificios emblemáticos del no menos prestigioso jardín de Kew, donde se muestra a nativos y forasteros cómo la Humanidad depende de las plantas, desde para el tejido de la ropa hasta para la elaboración de medicamentos. Casi millón y medio de personas acuden cada año a conocer el complejo botánico de Kew, que entre sus muchas funciones se ha convertido en uno de los bancos de semillas más importantes del mundo.

Si Sevilla fuera Viena, su Jardín Americano sería tan apreciado como la Casa de las Mariposas: un jardín tropical junto al Palacio Imperial de Sissi y que alberga un bosque pluvial en miniatura donde pueden verse mariposas raras y de gran belleza, con hasta 30 centímetros de envergadura. A su entrada se pueden comprar semillas de árboles singulares, como los gigantescos sequoias. O también como el Palmeral del Palacio de Schönbrunn, otro invernadero de cristal y acero, dedicado a plantas tropicales y a aves exóticas.

Si Sevilla fuera París, su Jardín Americano sería tan amado por los sevillanos como los parisinos aman su ‘Jardin des Plantes’ (Jardín de las Plantas), con sus tres invernaderos de metal acristalado, uno de ellos denominado el Mexicano, por albergar plantas de América.

NO ES

Pero como Sevilla no es Lisboa, ni Londres, ni Viena, ni París, su excepcional Jardín Americano, uno de los legados de la Expo-92 y que llegó a albergar 690 especies de plantas donadas ex profeso en la ‘Operación Raíces’ por naciones iberoamericanas, pudo estar diecisiete años abandonado y perdiendo especies singulares tras la Muestra, recuperado parcialmente luego y vuelto a ser abandonado de nuevo, hasta el punto de salir ardiendo en la noche de San Juan (¿una casualidad en la noche de las hogueras?) sin que el Ayuntamiento se enterara de tal circunstancia hasta que días después lo reveló Viva Sevilla.

La situación de abandono de una joya botánica como ésta sería, sencillamente, inconcebible en cualquier gran y civilizada ciudad de Occidente. Por eso, casi coincidiendo con el incendio, la semana pasada la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite para su estudio una queja presentada por la plataforma ciudadana hispalense SOS Jardín Americano. Este colectivo cívico recordó a la Eurocámara que con fondos Feder de la Unión Europea (75%) y de Urbanismo (25%) se financió a partir del año 2007 la obra de recuperación del abandonado Jardín, que ejecutó la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con un presupuesto de 8,4 millones de euros, finalmente ampliado a 11 millones tras una serie de actuaciones complementarias.

Según la Plataforma, el Ayuntamiento recepcionó las obras y asumió la gestión y el mantenimiento del Jardín, pero en vez de consolidarlo, a partir de la llegada de Zoido al gobierno local (2011) este espacio verde dejó de recibir inversiones específicas y acabó gradualmente sumido en el abandono, como desde hace meses y meses ha venido demostrando gráficamente el exjefe del Servicio de Parques y Jardines, José Elías.

OTROS CASOS

Así pues, las zonas verdes sevillanas vuelven a estar, para nuestro desdoro, en el punto de mira de Europa, que ya exigió explicaciones al Gobierno de España por el proyecto de atravesar con la autovía SE-35 el parque del Tamarguillo y que ha podido conocer cómo se destruyó parte de los Jardines del Prado de San Sebastián para la ilegal biblioteca universitaria y cómo sobre el papel se sigue manteniendo el plan de cruzar el Parque del Guadaíra con una vía rápida para coches que se extendería desde el Polígono Sur hasta la avenida de La Raza. Esto es Sevilla. ¿Cómo extrañarse entonces en este ambiente del abandono, el vandalismo y el fuego en el Jardín Americano?

El incendio en este legado botánico de la Expo, a tan sólo dos años de la conmemoración de su XXV aniversario, es mucho más preocupante, por varias razones.

Para empezar, el Ayuntamiento se ha enterado del fuego por este periódico y unos días después de acaecido, pese a que la sede de la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, responsable de los parques y jardines de la ciudad, se encuentra situada a unos centenares de metros del Jardín, en la misma isla de la Cartuja, que también alberga el Parque Científico y Tecnológico y a la que Espadas, como muestra de su especial preocupación, quiere convertir en el distrito número 12 de Sevilla.

Si Medio Ambiente se entera por la prensa de un incendio en la joya botánica de la ciudad que acaece casi delante de su sede ello no sólo denota la falta de vigilancia en la isla, sino también que previamente no había sido informado de un suceso de tal naturaleza por los teóricos responsables de velar por el Jardín.

EL MACROCONTRATO

¿Y quiénes son los responsables prácticos, independientemente de que a la Delegación ahora llamada de Hábitat Urbano le corresponda la responsabilidad ‘in vigilando’, o sea, la de vigilar al vigilante? Pues se supone que alguna de las empresas, puede que Fitonovo (operación Madeja) entre ellas, a las que el gobierno de Zoido adjudicó en septiembre de 2012 un macrocontrato de 48 millones de euros (dividido en seis lotes) para la conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado de la ciudad.

La tesis del gobierno anterior era que como, por falta de personal y de medios, el Servicio de Parques y Jardines sólo se ocupaba realmente de los históricos o tradicionales (Parque de María Luisa, Los Príncipes, Jardines de Cristina y de Murillo…) había que externalizar la conservación del resto, incluyendo todas las nuevas zonas verdes creadas en los últimos años, como los parques del Tamarguillo, Charco de la Pava, Guadaíra….

Este macrocontrato abarcaba 700 ha de parques y jardines y 180.000 árboles, y según se dijo tras el acto de adjudicación, incluía un plan de defensa contra incendios y un servicio de apertura y cierre de los parques.

El abandono y el fuego en el Jardín Americano, aparte de las polémicas talas de árboles en la ciudad durante el mandato anterior, han demostrado el fracaso de este modelo, en que unas pocas empresas gestionan las zonas verdes y el arbolado con criterios más economicistas que botánicos, como ha ocurrido con la poda masiva de naranjos hasta entrado el verano para que no produzcan naranjas en otoño y ahorrarse el coste de su recogida en otoño.

Lo ocurrido con el Jardín Americano, otra vez en similar proceso de degradación, debe servir al menos para acelerar la reversión de las zonas verdes al Ayuntamiento y para aplicar un nuevo modelo de gestión que impida que nunca más se lance un SOS a Europa por el estado de nuestros jardines.

La depuradora

Marchena citó a las 8 de la mañana a un notario para adjudicar la depuradora de San Jerónimo tras tomar posesión Zoido

Emasesa se ha ofrecido a la Junta para construir la depuradora a cambio de administrar el canon autonómico, pero no ha obtenido  respuesta

La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.

Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.

SIN CAPACIDAD

Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.

El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.

Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.

Se buscó un emplazamiento alternativo  y se halló en los terrenos – 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes en San Jerónimo.

EL ANUNCIO

En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

LA HORA DEL NOTARIO

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.

Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.

Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.

EL CANON AUTONÓMICO

La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.

El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.

Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.

Cuatro nuevos tanques de tormentas en Sevilla

Emasesa está ultimando con La Caixa la firma de un crédito de hasta 200 millones de euros que servirá para refinanciar en mejores condiciones económicas su actual deuda a largo plazo, que asciende a 185 millones, y afrontar una ampliación en 58,5 millones de su plan de obras con el fin de acometer, entre otros trabajos, la construcción de cuatro nuevos tanques de tormentas para prevenir las riadas.

En la primavera de 2008 se impuso a los usuarios de Emasesa un canon de mejora para la financiación de obras en la red de suministro y evacuación de aguas por valor de 133,9 millones de euros y una vigencia de 20 años, hasta diciembre de 2028. Este plan ha sufrido desde entonces dos modificaciones, pero sin que haya variado su cuantía.

Para financiarlo se formalizó un préstamo con el Banco Sabadell que, unido a otros créditos, elevaron la deuda de la compañía en el año 2011, primero del mandato de Zoido, a 203 millones de euros en números redondos. De esta cantidad, 153,6 millones eran a largo plazo y 49 millones, a corto plazo. Los principales prestamistas de la empresa eran por aquel entonces el citado Banco Sabadell (130,4 millones) y BBVA y Unicaja (9,9 millones cada uno). A finales del año pasado, los técnicos de Emasesa revisaron las necesidades de inversión a largo plazo, que se concentran en cuatro grandes capítulos, el primero de ellos referido al mantenimiento y renovación de las infraestructuras existentes.

El segundo apartado es el específico de los cuatro nuevos tanques de retención de agua de lluvia para evitar las inundaciones. Se construirán en la calle Miguel Fleta, de Dos Hermanas, con un coste global de 10,7 millones de euros; en la Avenida Kansas City, con una inversión de 10,8 millones; en el recinto de la Feria, también del municipio nazareno, por 8,7 millones; y en Miraflores, con 4 millones.

El tercer apartado se centra en nuevos colectores para mejorar la capacidad de evacuación y transporte de aguas pluviales y residuales (Emisario del Guadaíra, Avenida de Jerez, Ronda Histórica, Ronda de Los Tejares, Miraflores, emisario de Los Remedios, Niebla…).

El último, se centra en la adaptación de los procesos de depuración en estaciones de aguas residuales (EDAR) a los requerimientos de vertidos, sobre todo de nitrógeno y de fósforo.

Este conjunto de actuaciones supondrá un coste adicional de 58,5 millones de euros al vigente de 133,9 millones aprobado en 2008, por lo que se solicitará a la Junta de Andalucía su ampliación hasta los 192,4 millones de euros, si bien no se incrementará el canon de mejora que se repercute y seguirá repercutiendo a los usuarios hasta el año 2028. Actualmente este canon es de 0,16 euros por m3 y dentro de trece años, al final del periodo, será de 0,21 euros/m3.

Según el estudio de los técnicos, el canon de mejora puede ‘estirarse’ para afrontar más obras u obras más costosas, gracias al ahorro de intereses por las favorables condiciones en que fue negociado el préstamo bancario inicial en el año 2008.

Como el grifo del crédito se ha abierto en mejores condiciones de precios y liquidez desde el verano pasado a la fecha, Emasesa ha negociado con diversas entidades financieras la concesión de un crédito de hasta 200 millones de euros, con el que cancelar el préstamo pendiente suscrito hace siete años y financiar el inicio de las nuevas obras en tanto se vayan sufragando con el canon. Este crédito no refinanciará otra deuda existente, de 69,3 millones, por lo que la deuda total quedaría en 269,3 millones. De las ofertas del Banco Sabadell, BBVA, Santander y La Caixa, la más favorable ha sido la de esta última entidad. La firma sólo está pendiente de los últimos trámites.

El Ayuntamiento de Sevilla es dueño de parte del suelo que ocupa el vertedero ilegal de Padre Pío

El Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, que controla la Gerencia de Urbanismo, revela que el Ayuntamiento de Sevilla es propietario de al menos parte del terreno convertido en vertedero desde el que la quema de residuos provoca graves problemas a los vecinos de Padre Pío y La Plata, pero el Consistorio se escuda en que  se halla geográficamente en el término de Alcalá de Guadaíra para no intervenir.

El delegado del distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, y el portavoz municipal del grupo de IU, José Manuel García, han polemizado en la última semana sobre la situación de los vecinos de Padre Pío y La Plata, afectados por la intensa humareda que desprende en un vertedero ilegal cercano la quema de cables de cobre robado para extraerles el metal. Además de escenario de  la quema de cables, el vertedero es una escombrera donde se acumulan todo tipo de residuos, con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente y el riesgo para la salud de los residentes cercanos.

El portavoz de IU acudió hace días a la zona a escuchar las quejas de los desesperados vecinos, tras lo cual criticó al gobierno municipal “por no querer saber nada del estercolero y recurrir a distintas excusas con el fin de no intervenir sobre el terreno”.

Según García, Zoido debe “dejar de mirar a otro lado” y llevar a cabo “cuanto antes” la limpieza y recuperación de un espacio “actualmente abandonado e inundado de montañas de basuras”.

Por su parte, el delegado del distrito Cerro-Amate, José Miguel Luque, acusó al portavoz de IU de intentar engañar a los vecinos de Padre Pío y a los sevillanos por denunciar la existencia de un vertedero ilegal, “ya que éste -afirmó- pertenece al término municipal de Alcalá de Guadaíra, y el Ayuntamiento de Sevilla no tiene competencias para actuar sobre el problema”.

Estima Luque que tan sólo una pequeña parcela del terreno figura en el Catastro y no es en la que se producen los problemas de escombros y quemas, “y además -añadió- está confirmado que también es término de Alcalá de Guadaíra”.

La ubicación geográfica, sin embargo, no exime a ningún propietario que resida en otro término municipal de desatender sus obligaciones de mantener limpia de residuos su propiedad.En este sentido, el Inventario del Patrimonio Municipal de Suelo, que controla la Gerencia de Urbanismo, refleja que el Ayuntamiento de Sevilla posee parte del terreno de la discordia.

La ficha urbanística recoge que el suelo, denominado Carretera Polígono El Pino y ubicado en el Cercado del Pozo, es un solar del Distrito Cerro-Amate inscrito en el Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra, incluido en el PGOU de 2006 y con una valoración económica de 130.157,29 euros.

El solar, calificación que ya abre una expectativa urbanística, no es una pequeña parcela si se tiene en cuenta que mide 17.650 m2, el equivalente a casi dos campos de fútbol.

‘Radiografías’ verdes

Las primeras tormentas de septiembre no sólo han dejado inundados sótanos, garajes, la comisaría de la Ranilla y los túneles del Metro, volviendo a demostrar por enésima vez lo mal que se prepara Sevilla para recibir las lluvias que anticipan el otoño, sino que también se han llevado por delante algunos árboles previamente debilitados, como fue el caso del caído en la calle Palos de la Frontera.

Zoido, que aún respira por la herida de la polémica a cuenta de la inmisericorde tala de plataneros en la calle Almirante Lobo -la Plataforma en defensa de los parques y jardines convocó el pasado fin de semana una concentración de protesta a los pies de la torre del Oro-, volvió a sacar a colación el tema del arbolado en su visita a la escuela-taller de hostelería de Torreblanca.

Allí comunicó a la opinión pública que ha pedido que se haga una ‘radiografía’ de qué árboles tenemos que plantar en Sevilla y recordó que hace escasas fechas se encontró en el Ayuntamiento un informe que databa del año 2001 y en que se aseguraba que la mayoría de los plataneros de Indias estaban enfermos y deberían ser sustituidos..

El alcalde aboga no por plantar árboles más baratos o de crecimiento más rápido, sino aquellos más adecuados en función de las condiciones medioambientales de Sevilla y cuyas raíces no levanten las aceras o estropeen las tuberías o los desagües.

LA MISMA HISTORIA

Las palabras de Zoido parecen un ‘déjà vu’, porque seguimos debatiendo sobre los árboles y su estado y viendo cómo se siguen eliminando de forma masiva (desde el arboricidio en la Plaza Nueva, Avenida y calle San Fernando con motivo del tendido del tranvía y la pretendida peatonalización hasta el reciente de la calle Almirante Lobo) pese a que tras cada episodio polémico se hacen propósitos de enmienda y se proclaman las mejores intenciones sobre el patrimonio natural sevillano.

Si nos remontamos a los tiempos (años 90 del pasado siglo) en que Soledad Becerril se encadenó a un gran eucalipto en la antigua Catalana de Gas para evitar que lo cortaran, vemos que las historias sobre las talas se repiten.

Las palabras de Zoido invitan a reflexionar sobre cómo es posible que los técnicos municipales hicieran en 2001 un informe sobre la situación del arbolado en general y de los plataneros en particular, en el que preconizaban la sustitución de éstos, y que se hayan  seguido sembrando hasta la fecha; y cómo es posible  que el gobierno actual haya tardado más de tres años en enterarse de su existencia.

Hemos llegado a un momento procesal, valga la expresión jurídica, en que ya no se necesitan más ‘radiografías’ del arbolado sevillano, sino actuar o dejar de actuar (podas, talas masivas o a destiempo) en función de los informes y conocimientos acumulados y que los gobernantes de turno les den a los árboles y a los técnicos de Parques y Jardines -y no sólo a los de Urbanismo- la importancia que tienen para la ciudad.

El informe de 2001 ya era una ‘radiografía del estado de los árboles, pero se usó no conforme al dictamen de los técnicos, sino a conveniencia de los políticos. Monteseirín se basó en aquel documento para tratar de justificar la tala de plataneros de la Plaza Nueva para el tendido del tranvía, para a continuación -como hemos recordado anteriormente- llenar de plataneros la avenida de Italia y flanquear con este tipo de árbol la ciudad deportiva del Betis. ¿Para qué sirvió entonces el dinero y el tiempo empleados en diagnosticar el estado de los árboles?

ABUNDANCIA DE EXPERTOS

¡Si está todo estudiado! El Ayuntamiento lo tiene facilísimo si en verdad quiere asesorarse convenientemente sobre cómo debe actuar en cuestión de parques y jardines, ya que a su alcance están los técnicos municipales de dicha especialidad, los profesores de las universidades sevillanas (Hispalense, Pablo de Olavide, Internacional y Loyola), el personal superviviente de la Escuela de Jardinería ‘Joaquín Romero Murube’ y, si no los tacha de enemigos y sabe ganárselos para esta causa, la Plataforma de Parques y Jardines, la Asociación de Amigos de los Jardines de la Oliva y Ecologistas en Acción.

Con todo este panel de expertos se puede supervisar la aplicación de todas las ‘radiografías’ realizadas hasta la fecha. Por saberse, se sabe hasta cuáles son las especies de árboles que más contribuyen a combatir el ‘efecto invernadero’ en la ciudad, conforme al libro ‘Los sumideros naturales de CO2’, escrito por un equipo de investigadores bajo la dirección del catedrático de Ecología, Manuel Enrique Figueroa, y editado hace años por la universidad.

Desde entonces se conoce que en una calle de cien metros de longitud y con diez árboles plantados, la melia absorbería al día el CO 2emitido por 10.373 vehículos (cada uno libera 200 gramos por kilómetro recorrido); la acacia de tres espinas contrarrestaría las emisiones de 1.619 vehículos; la jacaranda, las de 1.405, y el olmo, las de 1.320.

Por el contrario, la catalpa, el árbol del amor y el ciruelo japonés son las especies menos eficientes, pues absorben el CO 2 equivalente a las emisiones de 38, 33 y 26 vehículos, respectivamente.

Las especies forestales más ecoeficientes son el pino carrasco y el piñonero, que absorben 48.870 y 27.180 kilos de CO 2 al año, y el alcornoque, con 4.537 kilos.

HASTA EL CONSUMO DE AGUA

El mismo catedrático hizo más recientemente otra ‘radiografía’ ecológica, mediante la cual averiguó el consumo de agua de las 103 especies de árboles y de 88 arbustos existentes en los jardines de la Universidad, estudio perfectamente extrapolable al resto de árboles de Sevilla.

Este estudio ha revelado que el ciprés, la mimosa y el olmo entre los árboles, y la banderita española, la adelfa y el pitosporo entre los arbustos, con gastos medios de entre 42 y 140 litros de agua por kilogramo de CO2 absorbido, son las que menos agua demandan, frente a las especies menos eficientes como el árbol de fuego, el brachichito y la altea, que presentan gastos de entre 700 y hasta 2000 litros de agua.

Entre el informe de 2001, los estudios de la Universidad y las directrices emanadas de los numerosos congresos nacionales e internacionales sobre jardinería hay material de sobra para aplicar una correcta política de siembra, mantenimiento, poda y sustitución (cuando se compruebe que es necesario, por efecto de las plagas, debilitamiento u otras razones) de nuestros árboles, por consenso y con información transparente a la opinión pública.

INVENTARIO POR CONTRATO

Si el alcalde pide a estas alturas una ‘radiografía’ del arbolado de la ciudad, sus palabras dejan en evidencia al propio gobierno municipal, ya que éste debería tener un inventario y una evaluación de la situación de los árboles por lo menos desde hace dos años, tras haber adjudicado un macrocontrato de conservación de las zonas verdes por valor de 48 millones de euros.

El punto 4.9 del pliego de condiciones del contrato firmado  con las empresas privadas para el mantenimiento de los parques y jardines especifica, entre otras cosas, lo siguiente:

“Asimismo,  para la disminución del riesgo potencial del árbol urbano es necesaria su prevención mediante la detección, el análisis y la evaluación de aquellos árboles que pueden presentar peligro para la seguridad vial y de aquellos otros que por su estado de regresión o decrepitud precisan un estudio pormenorizado para determinar su viabilidad futura.

La empresa adjudicataria deberá realizar en el plazo máximo de tres meses en el viario y de seis en el resto de las zonas verdes tras la firma de los respectivos contratos, la evaluación de todo el arbolado del lote de distrito correspondiente, con los instrumentos necesarios que se consideren en cada caso, presentando al final del plazo establecido un programa de apeos o sustituciones de árboles peligrosos o en mal estado que sean susceptibles de actuación, diferenciando claramente dos niveles de prioridad en las actuaciones a realizar, es decir, se establecerán actuaciones  de acción (sic) inmediata que impliquen un claro riesgo en el momento de la evaluación del arbolado, y otras a medio o largo plazo en las que los árboles o palmeras no presentan riesgo pero podrían entrañarlo con el paso de los meses….”.

¿Y LA TRANSPARENCIA?

El macrocontrato firmado por el Ayuntamiento y que ha costado a los contribuyentes sevillanos 48 millones de euros obligaba a tener una ‘radiografía’ del arbolado de la ciudad desde hace dos años. ¿Cómo entonces Zoido habla de pedirla ahora? La oposición se pregunta si es que acaso ese informe no se ha realizado. El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, asegura que los funcionarios municipales realizan el control del macrocontrato “bajo una total y absoluta transparencia”.

Si es así, y en línea con la política de “luces y taquígrafos” prometida por Zoido, Vílchez tendría que difundir, colgándola por ejemplo en la página web municipal para que sea accesible a todos los sevillanos, la ‘radiografía’ del arbolado que debió realizarse hace dos años, so pena de que haga lo mismo que con los expedientes de la tala de la calle Almirante Lobo, denegados a Ecologistas en Acción desde que los solicitó en el mes de febrero y por cuya negativa el Defensor del Pueblo le ha incoado un expediente al Ayuntamiento de Sevilla.

Tropiezo con los mismos árboles

Reza el adagio que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Tras la tala masiva de plataneros en la calle Almirante Lobo con el declarado fin de que se vea mejor la torre del Oro desde la Puerta de Jerez habrá que acuñar una variante y expresar que el político es el único animal que tropieza dos veces con el mismo árbol y que la sensación es aún peor cuando el tropiezo se produce en especie “ajena”, como le ha ocurrido a Zoido.

Y es que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Zoido ha demostrado no haber aprendido, pese a haber estado en primera fila, del impopular error de Monteseirín de haber talado gran parte de la arboleda existente (plataneros, naranjos, falsas acacias…) desde la calle San Fernando a la Plaza Nueva para la construcción del tranvía y una peatonalización que sólo ha servido para llenar de más veladores la Avenida y crear un galimatías de usos entre mesas, sillas, paneles expositores, carril bici y vías del tranvía que no dejan apenas sitio al transeúnte.

 

El gobierno de Zoido no ha sabido calibrar la indignación popular que iba a provocar la tabla rasa de la treintena de plataneros, la mitad datados de la Expo del 29, de la calle Almirante Lobo y, como gato panza arriba, trata de defenderse esgrimiendo cada día un argumento distinto y derivando la responsabilidad política a los informes de los técnicos, como si sobre éstos no pesara la dependencia de la clase política a la que sirven.

En el catálogo de excusas municipales se ha leído que los árboles eran insalvables porque estaban podridos, llenos de oquedades y/o atacados por diversas enfermedades; que estaban dispuestos de manera caótica en la calle; que podrían derrumbarse sobre los operarios que trabajarían en la reurbanización; que las raíces se habían enroscado sobre las tuberías….

 

Hace más de un año, cuando el alcalde y su delegado de Urbanismo presentaron el proyecto de reurbanización (¿no había otras calles que necesitaran más el gasto cercano a los 900.000 euros?) de Almirante Lobo sólo dieron dos razones para acabar con los árboles: que estaban muy deteriorados y que ocultaban la visión de la torre del Oro.

A raíz de aquel anuncio acudí a la calle para inspeccionar los árboles uno por uno y a contrastar mis apreciaciones con expertos botánicos que sabían y saben más que yo. Mi conclusión, avalada por éstos, es que casi la mitad de la treintena de plataneros eran relativamente nuevos (entre 10 y 20 años) y estaban sanos y que el estado de la otra mitad era similar al del 80% de los plataneros de Sevilla pero salvables con un tratamiento adecuado, que podría alargar su vida durante medio siglo más.

Ahora, un año después y ya sobre el terreno y con los árboles cortados, esa misma impresión obtuvo Ecologistas en Acción cuando al verificar el argumento municipal de “oquedades y pudriciones en ramas principales” comprobó lo siguiente: “De los 27 árboles (más dos palmeras) incluidos en el ámbito de la reurbanización, sólo nueve muestran evidencias externas de ese tipo de lesiones. Muchos de los árboles más viejos (7 de 11) sí que se ven más o menos dañados y dos de los jóvenes también (aunque no sabemos si tanto como para justificar su tala), pero han metido en el mismo “saco de la tala” árboles que no manifiestan ningún daño, ni se les puede presumir dada su juventud y lozanía; hay seis que no superan ni los 25 cms. de diámetro….”

 

Tras talar los naranjos más exteriores de la Plaza Nueva y una hilera de plataneros para el tranvía, Monteseirín echó pestes en el transcurso de una comida contra este tipo de árboles, a modo de justificación de su actuación y usando el mismo argumentario de uno de esos informes redactados en Parques y Jardines durante su mandato, en el sentido de que no es una especie adecuada para Sevilla por ser proclive a la pudrición de su tronco y/o ramas, las alergias que provoca la lluvia de sus semillas al desperdigarse y los atoramientos de los husillos por la alfombra de sus hojas al desprenderse y el tiempo que tardan en descomponerse.

Pues bien, en el colmo de las contradicciones, su proyecto de reurbanización de la Puerta de Jerez concluyó con la siembra de dos hileras de plataneros en su extremo sur. Item más, posteriormente el gobierno de Monteseirín llenó de este tipo de árboles la avenida de Italia en vez de recurrir a los autóctonos almeces ya existentes en la colindante avenida de Grecia pese a lo que preconizaba el informe citado de Parques y Jardines.

Que, según opiniones, el platanero no sea el árbol más adecuado para Sevilla no debe significar, como ha hecho el Ayuntamiento en Almirante Lobo, que haya que hacer tabla rasa de los mismos de la noche a la mañana y sin intentar con tratamientos selvícolas salvar los salvables, que en algunos casos como en la calle de la polémica son casi centenarios. La tala debe ser la última medida, cuando se demuestre inevitable, pero no sistemática, como ha sido el caso que ha provocado la indignación ciudadana y sin repararse en que los argumentos dados para tratar de justificarla se volvían contra éste y anteriores gobiernos municipales por su deficiente gestión del patrimonio vegetal. ¿Quién si no el Consistorio es el encargado de que los árboles no se dispongan de forma supuestamente caótica y se cuiden en tiempo y forma para evitarles oquedades y pudriciones en tronco y ramas principales?

 

En su defensa, el delegado Vílchez afirma que gracias al macrocontrato de 48 millones de euros con empresas privadas para la conservación de zonas verdes se han realizado más podas en unos meses que hacía el gobierno de Monteseirín en un año. No se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, un principio que ningún Ayuntamiento ha sabido comprender, hasta el punto de que en la Transición hubo que traer a un experto extranjero para que diera clases de poda a los jardineros municipales tras las protestas ciudadanas por las mutilaciones más que podas que practicaban a los árboles.

Como detalle revelador, Jacinto Martínez Gálvez, presidente de la Asociación Amigos de los Jardines de la Oliva, tuvo que disuadir a una cuadrilla al servicio del Ayuntamiento que trataba de hacer una poda masiva en pleno verano -la época menos adecuada- en su barrio, una más de tantas como han denunciado los ecologistas en los últimos años. Por tanto, no se trata de ni dejar de podar, porque hay situaciones en que las ramas constituyen un serio peligro (recuérdense los desprendimientos sobre la tapia del Alcázar desde los Jardines de Murillo o sobre el restaurante de La Raza), ni de batir records de poda, sino de podar lo justo y necesario. Pero, ¿quién controla el número y la oportunidad de las podas que practican las empresas privadas contratadas por el Ayuntamiento?

 

La polémica ha puesto de manifiesto el desmantelamiento que desde hace años (no viene de ahora) sufre el Servicio de Parques y Jardines (Comisiones Obreras cifra la merma de plantilla en un 40%) y su minusvaloración dentro del organigrama municipal, al ser convertido en un mero apéndice de Urbanismo, que está en sus antípodas, con lo que siempre primarán las obras proyectadas en ese Departamento sobre las zonas verdes.

Zoido, que tampoco ha creado el Central Park sevillano que prometió en su precampaña uniendo los jardines históricos, debería extraer conclusiones del ‘arboricidio’ de Almirante Lobo y tomar nota de lo que ha hecho Ana Botella en Madrid tras el desplome de árboles y/o ramas en la capital de España: crear un comité de expertos de prestigio e independientes (no de la misma cuerda política) para que al margen de partidismos dictaminara sobre el auténtico estado de los parques y jardines y diera las pautas a seguir.

En Sevilla, con tres universidades incluyendo la UIA, hay expertos que hasta han identificado los árboles que menos agua consumen o más oxígeno liberan, pero ese conocimiento botánico luego no se aplica en la ciudad. Habría que nombrar un Defensor de los Arboles como ya existe el de los Ciudadanos. Esperemos al menos que la de Almirante Lobo sea la última tala masiva en Sevilla y que no haya ningún alcalde más que tropiece con los mismos árboles… por tercera vez.

Sin consenso ni sobre el ruido

La reina Fabiola, una aristócrata española que accedió al trono del país centroeuropeo tras su matrimonio con el rey Balduino, acudió en cierta ocasión de visita a una residencia de la Tercera Edad que el Gobierno de su país adoptivo había habilitado para albergar a personas sin recursos, entre ellas muchos emigrantes que durante la posguerra contribuyeron con su trabajo a la reconstrucción de la nación.

La reina fue visitando las estancias donde los jubilados mataban el tiempo de distintas y tranquilas maneras, pero al salir de una de ellas se le oyó exclamar:

-¡Estos ruidosos españoles!

Fabiola de Mora y Aragón llevaba ya tantos años en Bélgica -ha sido reina consorte durante más de tres decenios- que su oído, habituado a la plácida forma de vida de los belgas, ya no soporta el elevado tono de voz y los decibelios emitidos por sus compatriotas de origen cuando se divierten.

REGULAR LA VIDA

La anécdota revela una de las características por las que se nos identifica a los españoles y más aún a los meridionales como los sevillanos y andaluces: ruidosos a fuer de alegres por festejar una vida en gran parte desarrollada en el exterior gracias a un clima donde el frío y la nieve son la excepción en vez de la norma, como en la Europa central y nórdica.

Por éso no es de extrañar que el afán del Ayuntamiento por regular la emisión de ruido mediante una Ordenanza ‘contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones’ se haya convertido en el más polémico del trienio del mandato de Zoido, ya que en el fondo equivale a un intento de regular la vida cotidiana de los sevillanos.

La Ordenanza, finalmente aprobada en el último Pleno con únicamente los votos favorables de la mayoría del PP, sin consenso político y con una fuerte contestación de colectivos ciudadanos y de sectores económicos -unos, por defecto; otros, por exceso- ha provocado la presentación de una cifra inusual de alegaciones, nada menos que mil, que ocupan siete tomos.

Se han registrado alegaciones (42) hasta de los técnicos de la propia Delegación de Medio Ambiente, encargada junto con la Policía Local de velar por su cumplimiento, sin contar las presentadas por la patronal CES, los hosteleros, cofradías, sindicatos, comunidades de propietarios, asociaciones en defensa del derecho al descanso….

El gobierno municipal ha redactado unos 400 folios en contestación a los escritos presentados y admitido 400 de las 1.000 alegaciones. Como dice en el preámbulo del texto, ha intentado conciliar “esos intereses a veces contradictorios”, pero por la división generada ese intento de solución salomónica no ha contentado ni a tirios ni a troyanos, que es lo que suele ocurrir con las soluciones a medias.

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO

Estas Ordenanzas llegan a regular, a veces hasta el exceso, las actividades ordinarias incluso de la vida doméstica y económica, pero en contraste son permisivas con las actividades extraordinarias, a las que no se impone límite de ruido: Semana Santa, Feria, ‘velás’, romería del Rocío, fiestas navideñas, Cabalgata de Reyes…. El texto es, pues, maximalista y minimalista e incurre en contradicciones por alternar el exceso con el defecto de celo.

A título de ejemplo, incluye una prohibición que habría hecho feliz a la reina Fabiola de Bélgica: la de jugar al dominó, los dados y cualquier otro, digamos, deporte de mesa cuya práctica genere ruido. La prohibición se antoja maximalista, ya que en todo caso se podría haber actuado de forma conjunta con las federaciones de jugadores existentes para educar a éstos a depositar las fichas del dominó sobre la mesa en vez de golpearla y/o haber impuesto la obligación de disputar las partidas sobre tapetes amortiguadores del ruido, como se ha dispuesto para las patas de las sillas metálicas de los bares a fin de que no causen contaminación acústica cuando se las arrastre.

Al Ayuntamiento, sin embargo, no se la ha ocurrido prohibir las sillas de bares y terrazas porque forman parte de una actividad económica muy rentable para sus arcas (los más de 10.000 veladores que ha autorizado le generan unos ingresos de entre 2,5 y 3 millones de euros/año en tasas); ni tampoco el fútbol pese al griterío ensordecedor de las hinchadas del Sevilla F.C. y el Betis cuando animan a sus equipos y/o cantan sus goles, a pesar de que emiten muchos más decibelios -y se dejan oír en buena parte de la ciudad- que una simple partida de dominó en una peña de jubilados.

Esta antítesis maximalismo/minimalismo en función de los intereses que haya por medio es uno de los rasgos que más se reprochan al gobierno municipal, el cual también parece ignorar que en toda España hay un millón de jugadores de dominó, muchos más que de fútbol, por lo que esta prohibición aparentemente insignificante puede acabar provocándole un quebradero de cabeza electoral.

BUENAS INTENCIONES

Si se lee detenidamente la Ordenanza, plagada de buenas intenciones, es difícil no suscribir muchos de sus puntos, encaminados a acabar con o mitigar el ruido al que nos hemos condenado a acostumbrarnos, a nuestro pesar, por nuestra falta de civismo pero que sería evitable con un poco de educación y sin necesidad de las medidas coercitivas contempladas en el texto: coches-discoteca, barriles de cerveza arrastrados por el suelo en vez de ser transportados en carretillas de mano, vendedores ambulantes pregonando su mercancía o sus servicios con megafonía a toda pastilla, perros sin bozal dejados solos ladrando en los balcones, macro pantallas de televisión en el exterior de los bares amplificando el volumen del partido de fútbol estrella de la jornada liguera, el choque de las bombonas para avisar de que ha llegado el camión del butano….

Ahora bien, frente a esta regulación de los focos emisores de ruido en la vida ordinaria del común de los sevillanos, el Ayuntamiento se muestra mucho más laxo, con la típica y tópica coartada de la creación de puestos de trabajo, cuando hay intereses económicos de por medio. Así, el gobierno municipal autoriza (artículo 12) la apertura de locales con música siempre que se radiquen en un edificio con parcela catastral distinta del colindante de uso de vivienda, existan sistemas estructurales distintos en ambas parcelas y no se ubiquen en Zona Acústica Saturada. A juicio de la Plataforma por el Derecho al Descanso y de Juristas contra el Ruido, este artículo puede suponer un coladero que acabe provocando numerosos conflictos, por cuanto permitirá que se instalen al lado de bloques habitados desde academias de baile a cualquier otro negocio emisor de música.

A OJO

Otro punto de gran controversia es el que faculta a la Policía Municipal a imponer sanciones por contaminación acústica cuando a juicio de los agentes se perciban unos niveles inaceptables de ruido. ¿Y cuáles son esos niveles y cómo se miden? No hay obligación de medir de forma objetiva con un sonómetro y comprobar si el volumen de decibelios se atiene a la normativa. Todo queda al arbitrio del policía de turno y del grado de sensibilidad de su oído, que puede ser hipersensible o lo contrario. Salvando las distancias, es como si Tráfico impusiera las sanciones por exceso de velocidad a los conductores no ateniéndose a lo que marque un radar, sino a la estimación a ojo de los agentes.

El texto, pues, era perfectible y el Ayuntamiento podría haber hecho un mayor esfuerzo en su mejora y en el  logro de un mayor grado de consenso, un equilibrio entre el razonable interés en fomentar la actividad económica y el legítimo derecho de los ciudadanos a disfrutar del medio ambiente, reconocido por la Constitución.

El problema de fondo de este tipo de bienintencionadas Ordenanzas es la voluntad política y la disposición de medios para aplicarlas. Al tiempo de la aprobación de esta última se conocía la querella presentada por un ciudadano ante la Fiscalía contra una terraza que usaba hasta los árboles del Parque para colgar altavoces, sin que las denuncias presentadas previamente ante el Ayuntamiento hubieran surtido efecto alguno. Y son infinidad las quejas aparecidas en la prensa y/o elevadas al Defensor del Pueblo por la pasividad municipal a la hora de atender las quejas por contaminación acústica, al margen de que por los recortes no hay personal suficiente en turno de noche para calibrar denuncia alguna.

El propio alcalde ha declarado tras la aprobación de la Ordenanza que van a seguir trabajando para lograr “el máximo consenso posible”. ¿No habría sido más lógico haber actuado al revés: lograr primero el consenso para después aprobar la Ordenanza? Una vez aprobado el texto ya no tiene sentido hablar de consenso, cuando en realidad se ha aplicado el rodillo de la mayoría absoluta.

Minigasolineras en Nuevo Torneo, Tamarguillo y Polígono de la Carretera Amarilla

Urbanismo saca a concurso las dos primeras por un

canon anual de 12.500 euros durante 15 años

El proceso no se somete a información pública ni

estudio previo de impacto

La Gerencia de Urbanismo aprovecha la falta de un Plan Especial de Estaciones de Servicio en la ciudad para aprobar la implantación de cuatro puntos de abastecimiento de combustible o minigasolineras en Nuevo Tornoe (dos), Ronda del Tamarguillo y Polígono de la Carretera Amarilla, sin realización de estudios previos de impacto ni proceso de exposición pública.

El PGOU vigente, que se aprobó en el año 2006, preveía la elaboración por el Ayuntamiento de un Plan Especial de Estaciones de Servicio para la regulación detallada de las condiciones de implantación del uso pormenorizado de las mismas y de los puntos de suministro de carburante y productos petrolíferos.

Sin embargo, en los ocho años trasncurridos desde entonces Urbanismo no ha cumplido ese mandato, lo cual le permite ahora aprovechar ese vacío para invocar las normas generales, las cuales permiten autorizar gasolineras en solares exprofeso o bien temporalmente, mediante concesión administrativa, en espacios públicos anexos al sistema viario, por un plazo máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.

Esta última fórmula ha sido la elegida por la Gerencia de Urbanismo para la implantación de minigasolineras (máximo de dos surtidores) en los siguientes emplazamientos:

1) Nuevo Torneo. Cruce de las avenidas Astronomía y Espingarda.

2) Calle Economía. Plaza Carlos Franco Pineda (Polígono de la Carretera Amarilla).

3) Nuevo Torneo. Cruce de la Avenida Ronda Tamarguillo con Avenida de San Jerónimo.

4) Ronda del Tamarguillo, entre la avenida de Andalucía y la calle Antonio de la Peña López.

La Gerencia ya ha decidido convocar licitación pública para el otorgamiento de una concesión administrativa sobre los dos primeros, sin proceso de exposición pública ni estudios previos de impacto.

En el caso de Nuevo Torneo, el suelo elegido mide unos 200 m2, se le reconoce una edificabilidad de 12 m2 y se le da un valor de 68.177,44 euros. Se saca a concesión por un periodo de 15 años y a cambio del pago al Ayuntamiento de un canon fijo mínimo anual de 12.800 euros, impuestos aparte.

En cuanto al emplazamiento de la calle Economía, tiene una superficie de 400 m2, un valor de 136.354,88 euros y una edificabilidad y condiciones similares al anterior (15 años y el abono de un canon anual mínimo de 12.800 euros).

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN

Este nuevo proyecto de la Gerencia de sacar a concurso terrenos calificados como espacios libres para la instalación de minigasolineras o pequeños surtidores automáticos de gasolina sin personal suscitó el rechazo de la oposición durante el debate en el Consejo de este organismo municipal, que acusó a Urbanismo de guiarse por criterios puramente económicos, cuando según el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, “la rentabilidad económica no puede ser el único criterio para la autorización de gasolineras. Son negocios -aseveró- que necesitan un estudio especial por seguridad, por los vecinos y por las actividades que se desarrollen en el entorno”.

A juicio de Muñoz, lo que tiene que hacer el gobierno municipal es aprobar el Plan Especial de Estaciones de Servicio, analizar dónde se pueden instalar y a partir de ahí iniciar los procedimientos para las concesiones y no “buscar la excepción para poder poner gasolineras al

margen de los estudios y procedimientos previos, además con concesiones por un periodo de 15 años”.

“Hay que analizar además -añadió- si el formato más conveniente  para la ciudad son los surtidores automáticos y sin personal. Y, sobre todo, hay que dar la máxima publicidad y transparencia a este tipo de procedimientos para que un negocio o un bloque de vecinos no se enteren de la instalación de una gasolinera cuando empiecen las obras”.

Un triple Nervión Plaza

Sevilla Park tendrá el mayor complejo comercial de Andalucía, con 65.000 m2, y el vigésimo de España

Los promotores plantean la construcción de torres de hasta 40 metros de altura a orillas de la dársena

 

El jueves 3 de julio, Zoido, acompañado de su delegado de Urbanismo -Maximiliano Vílchez-, trató de acaparar protagonismo en relación con el proyecto de macrocentro comercial ‘Sevilla Park’, al que con su entusiasmo habitual llegó a calificar de “proyecto de Estado”. A tal efecto había convocado una rueda de prensa en el Ayuntamiento, cuyo inicio demoró durante media hora porque, según se dijo, estaba realizando las últimas llamadas a las Administraciones implicadas.

El alcalde anunció que la Junta de Gobierno prevista para el día siguiente iba a tramitar por vía de urgencia la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Especial del puerto para permitir su implantación, que se complementaría con un auditorio para eventos musicales y deportivos y una terminal para el atraque de cruceros turísticos.

Zoido agradeció a la Junta de Andalucía, el Gobierno y, especialmente, a la Autoridad Portuaria su colaboración para sacar adelante el proyecto y, sobre todo, a la iniciativa privada su apuesta por elegir Sevilla. Según dijo el alcalde, supondrá una inversión de unos 200 millones de euros y creará más de 2.500 empleos. En su momento, los promotores hablaron de 180 millones de euros de inversión y 2.000 empleos, de los que 1.000 serían únicamente durante la fase de construcción.

INICIATIVA DEL PUERTO

¿Gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria por su colaboración o más bien al revés? Porque éste no es un proyecto digamos propio del Ayuntamiento, al margen de que lo sean todos los que se ejecuten en la ciudad, sino de aquélla y del Estado, del que depende el puerto, como prueba el hecho de que fue el antiguo presidente de dicho organismo, Manuel Fernández, quien el pasado 15 de enero remitió a Vílchez un extenso documento de 230 páginas sobre la modificación puntual del Plan Especial del puerto e implantación del nuevo artículo XXXIV. Area AP-18. Deportivo-Ocio-Cultural y Gran Superficie Minorista.

Pero según algunas interpretaciones en materia urbanística, dado el régimen especial del puerto de Sevilla y la redacción del PGOU de la ciudad (2006), la Autoridad Portuaria tendría autonomía urbanística para redactar una innovación del Plan Especial, de competencia estatal, y al Ayuntamiento únicamente le correspondería validarla, sin necesidad del proceso iniciado por Manuel Fernández, mucho más lento y que ha equivalido a no ejercer su especial status portuario.

Dicho de otro modo, es como si no hubiera diferencia alguna entre Altadis y el puerto a la hora de tramitar sus respectivas modificaciones urbanísticas, cuando en el caso de este último la vía más corta era la mera modificación del articulado del Plan Especial. Al margen de todo ello, si algo está claro es que quien inicia los trámites para la instalación de Sevilla Park en la ciudad no es Zoido, como incluso ha lllegado a titularse, sino Manuel Fernández, en su momento presidente de la Autoridad Portuaria.

TREINTA AÑOS PRORROGABLES

Y es que ésta, necesitada de ingresos alternativos al margen de su actividad ordinaria, es quien recibirá en sus arcas los jugosos canon de ocupación y de explotación del suelo del que es propietaria en la margen derecha del río por su cesión a Sevilla Park por un plazo de 30 años prorrogables a 35, mientras que el Ayuntamiento cobrará por las licencias de obra que expida y, luego, por los tributos de carácter local.

Pese a las prisas para que el proyecto empiece a construirse después del verano y antes de las elecciones y sea una realidad en 2015 (¿alguien puede creerse que 80.000 m2 de edificabilidad pueden rematarse en sólo 12 ó 15 meses?), no ha habido tanta alfombra roja como podría pensarse extendida a los pies de los inversores, cuatro empresas ligadas al sector del ocio y de los espectáculos: Octagon, Live Nation, RIM y Last Tour.

Estas han tenido que redactar siete informes específicos en respuesta a los requerimientos técnicos de la Gerencia de Urbanismo desde que en enero la Autoridad Portuaria solicitó la modificación del Plan Especial, requerimientos que han ido dilatando la tramitación hasta que el 4 de julio se aprobó oficialmente el inicio de los trámites para aprobar la modificación del Plan Especial.

DE PUNTILLAS

Llama poderosamente la atención que en su rueda de prensa el alcalde omitiera, más allá de palabras genéricas -al igual que en las filtraciones periodísticas previas- detalles sobre la esencia del proyecto, un macrocomplejo comercial al borde de la dársena, ya que se ha tratado de poner siempre el foco exclusivamente  sobre el Auditorio. El macrocomplejo se despachaba con la expresión “zona de compras” o “zona comercial”. ¿Por qué se oculta esta circunstancia si el proyecto se atiene a la legalidad urbanística y tanto se pondera la magnitud de la inversión y los miles de empleos a crear?

Sevilla Park no será un Auditorio con zona de compras anexa, sino tal como describe la Autoridad Portuaria en el documento presentado en enero a Urbanismo, el mayor complejo comercial de Andalucía (65.000 m2 de superficie) con un Auditorio anexo, que no es lo mismo: “Esta nueva Superficie Comercial, por sus dimensiones y oferta de plazas de aparcamiento es -puede leerse- una de las mayores de España y la mayor de Andalucía, triplicando la S.B.A. (Superficie bruta arrendable) del Centro Comercial Nervión-Plaza, situado también en Sevilla, y superando asimismo el centro Plaza Mayor de Málaga, que hasta la fecha era el mayor de los analizados en Andalucía”.

Efectivamente, será el más grande de la región al superar los 53.107 m2 del centro malagueño y los 22.000 del Nervión Plaza sevillano, y el vigésimo de España, tras el Thader de Murcia (67.000 m2) y por delante del Max Center (59.773 m2) de Baracaldo (Vizcaya).

COMERCIAL MÁS QUE CULTURAL

Dado que la gran superficie comercial minorista ocupa el 81,25% de la edificabilidad solicitada para el proyecto, frente a tan sólo el 18,75% del Auditorio, Sevilla Park es sobre todo un complejo comercial y no cultural como se ha tratado de presentar, por acción u omisión, desde el Ayuntamiento, que en paralelo tramita también la recalificación para usos terciarios (comercios, hoteles, oficinas) de la cercana fábrica de tabacos de Altadis en la misma margen derecha del río.

Cabría, pues, pensar, con Ikea-2 en el horizonte igualmente, que Sevilla puede sufrir aún mayor saturación de centros comerciales y preguntarse si habrá suficiente tarta para todos en la ciudad y su área de influencia, un riesgo que en todo caso deberán correr sus promotores en una economía de libre mercado. Sin embargo, la tesis de que la explotación del macrocomplejo tres veces más grande que el Nervión Plaza es fundamental para asegurar la viabilidad económica del Auditorio demuestra entonces la infundada idea de que Sevilla, con su área de influencia y su turismo, es un mercado de suficiente tamaño como para organizar la actuación de grandes estrellas de la música pop durante todo el año bajo techo.

TORRES DE 40 METROS

Los promotores no sólo piden 65.000 m2 de edificabilidad terciaria más a orillas de la dársena hasta un total de 80.000, sino también que les autoricen a construir torres de 30 metros de altura, y de 40 metros en casos singulares, con lo que habría una prolongación de las torres de 30 metros previstas en Altadis y de los grandes bloques ya existentes en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Se creará un nuevo ‘skyline’ en la margen derecha del Guadalquivir.

Dado que la construcción de la línea 4 del Metro, que pasaría por el entorno, no se adivina factible a medio plazo, la accesibilidad a esta franja de suelo junto a la dársena a través del único punto existente, el puente de las Delicias, se antoja como el gran talón de Aquiles de Sevilla Park.

Los promotores prevén que atraiga a 24 millones de visitantes/año, el 74% de los cuales lo hará en coche privado y generará un tráfico de 6,1 millones de vehículos. Esto significa un promedio de 16.712 vehículos/día que añadir a los 40.384 que ya circulan (cifra más baja debido a la crisis) por la Avenida de Juan Pablo II y a los 15.587 que lo hacen por la carretera de la esclusa.

Va a haber, pues, 6,1 millones de coches más por el embudo del puente de las Delicias, en una situación similar, si no peor, de la temida por Zoido por el efecto de la torre Pelli. El alcalde no deja de reivindicar que la Junta le autorice a construir un puente entre Torneo y la Cartuja para aliviar el tráfico atraído por el rascacielos, mientras que Fomento apuesta por el transporte público y los carriles-bici.

Curiosamente, en el caso de Sevilla Park el alcalde elude hablar de los previsibles problemas de tráfico y subraya que los promotores proyectan extender un carril bici a las inmediaciones. En un caso la bicicleta se critica por insuficiente y en otro se presenta como la solución a los problemas de movilidad.