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La depuradora exprés

Tras tomar posesión Zoido, Marchena citó a un notario a las 8 de la mañana para adjudicar el contrato de la depuradora

El anuncio de Espadas 6 años después de no construir una nueva significa que Zoido ahorró 85 millones a Sevilla

Juan Espadas, alcalde de Sevilla,  anunció a principios de febrero de 2017 el cierre de la depuradora de San Jerónimo en el año 2018 sin tener en cuenta el contrato vigente hasta 2024 por el que debe suministrar agua depurada de la misma a la mina de Cobre las Cruces y haciendo además un reproche a su antecesor, al recordar que en 2011 el gobierno socialista de Monteseirín dejó licitado y adjudicado su cierre pero que “el gobierno del PP de Juan Ignacio Zoido anuló la adjudicación y metió el tema en un cajón”.

En honor a la verdad, hay que recordar cómo fue aquella historia. En el año 2011 se sabía de sobra que se iban a celebrar elecciones municipales el día 22 de mayo y que un año antes, mediante el famoso teletipo de Europa Press, Monteseirín se enteró de que Griñán había decidido que no repitiera más como candidato a la Alcaldía. Lo sustituyó el propio Espadas, que aceptó el sacrificio de inmolarse en las urnas ante la debacle que le auguraban al PSOE las encuestas en castigo a los continuos escándalos de la gestión de Monteseirín, como así ocurrió, ya que Zoido arrasó con una histórica mayoría absoluta de 20 concejales.

Pese a estar a las puertas de unas elecciones y a su condición pública de alcalde saliente, a Monteseirín y a su valido Marchena, al que había colocado como consejero delegado de Emasesa, les entraron unas muy llamativas prisas por cambiar de sitio la depuradora de San Jerónimo antes de que expirara el mandato, cuando en todo caso lo lógico hubiera sido dejar que fuera el nuevo gobierno emanado de las urnas el que analizara la situación y decidiera al respecto.

CONFLICTO CON LA ALGABA

En primer lugar, porque la elección de los suelos alternativos, la antigua estación de filtraje al borde de la carretera de La Algaba, había provocado un conflicto con vecinos de dicho municipio, temerosos de sufrir los malos olores y molestias habitualmente asociados a este tipo de instalaciones. Así, en febrero de 2011 numerosos algabeños se desplazaron en una caravana formada por vehículos particulares y dos autobuses hasta la Plaza Nueva de Sevilla para manifestarse ante el Ayuntamiento hispalense.

Hasta tal punto llegó la situación, que el 1 de marzo, a tan sólo dos meses y medio de las elecciones municipales, el gobierno saliente de Monteseirín tuvo que embarcarse en una campaña informativa destinada al pueblo de La Algaba para tratar de convencer a sus habitantes de la inocuidad del proyecto, mientras aquéllos insistían en que “el problema que le quieren quitar a los vecinos de San Jerónimo no queremos que nos lo manden a nosotros”.

Por otra parte, aunque la construcción de una nueva depuradora alejada de San Jerónimo se consideraba una obra necesaria para ajustarse a las nuevas exigencias de la normativa europea, en especial en materia de nitrógeno y fósforo, no era de una urgencia extrema, ya que se contaba con una certificación técnica que garantizaba el  funcionamiento de la existente durante al menos cinco años más.

DESPILFARRO

A ello había que añadir la delicada situación financiera de Emasesa, tradicionalmente la joya de la corona de las empresas municipales pero que bajo la desastrosa gestión del ahora paradójicamente nombrado académico Manuel Marchena había entrado en pérdidas por primera vez en su historia, al dispararse los gastos de todo tipo. Marchena se puso un sueldo que llegó a ser de 168.391 euros anuales y dos coches (un Renault Megane y un Opel Insignia) y dos conductores a su servicio. Los sueldos de éstos ascendieron entre 2008 y 2011 a 406.000 euros, y sus dietas, a 17.300 euros.

Antes de la llegada de Marchena como consejero delegado, las dietas pagadas por Emasesa a sus directivos por viajes fuera de Sevilla fueron de un máximo de 67.000 euros (año 2007). Con Marchena al frente, se dispararon a 580.000 euros. En publicidad y propaganda con la excusa de promocionar el ruinoso proyecto “Agua de Sevilla” (vender agua de Emasesa embotellada), el hombre de confianza de Monteseirín gastó sólo en su primer año 2,9 millones de euros, a los que luego añadió 611.000.

El hoy académico, que además se permite dar desde ciertos foros lecciones de economía a los demás, le provocó a Emasesa sólo con la operación “Agua de Sevilla” unas pérdidas de 1.145.229 euros: vendió botellas con agua por valor de 10.771,92 euros y se gastó en ellas 1.145.229.

NUEVO CANON

Por si fuera poco, Emasesa había suscrito tres años antes un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco de Sabadell para financiar obras con cargo a un canon de mejora que los sevillanos debían pagar en su recibo del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte de ésta de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Marchena no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

ORDEN INCUMPLIDA

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado ¡ para las 8 de la mañana de aquel día!  a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 85 millones, en lo que era la operación más cara en la historia de la compañía,  a  la Unión Temporal de Empresas formada por Befesa (Abengoa), Detea y Dam-Sav ( gestora de la depuradora de San Jerónimo).

AHORRO

El concurso fue impugnado luego por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) porque, a su juicio, la UTE que había resultado adjudicataria no cumplía uno de los puntos del pliego de condiciones. A ello se unió que la Agencia Andaluza del Agua denegó a Emasesa la aprobación de otro canon para financiar la construcción de la depuradora, por lo que tendría que haberla asumido la compañía municipal pidiendo a los bancos un crédito por 85 millones, que añadir a los 226 millones de deuda bancaria contraída durante el mandato de Monteserín y Marchena.

Como la construcción de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación del canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las empresas ganadoras.

El tiempo ha demostrado que las muy llamativas urgencias con que actuó Marchena para adjudicar como fuera, incluso a la intempestiva hora de las 8 de la mañana, la depuradora alternativa a la de San Jerónimo no estaban justificadas porque la actual ha seguido funcionando no ya sólo cinco años más, sino seis y  va camino de siete. Item más, tal como ha anunciado Espadas, el Ayuntamiento ni siquiera se plantea construir una nueva depuradora que sustituya a la de San Jerónimo tras su cierre en 2018, sino que su carga de efluentes sea asumida por las otras tres depuradoras existentes en la ciudad (El Copero, Ranilla y Tablada), con lo cual el alcalde ha acabado avalando la decisión adoptada por Zoido, el cual en realidad le ahorró 85 millones de euros a Sevilla.

El cierre de la depuradora de San Jerónimo dejaría sin agua a Cobre las Cruces

TRASVASE

La mina se nutre de su agua depurada a través de una tubería de 18,6 kilómetros
CAUDAL

Tiene derecho de uso de 2.600.000 m3 entre los meses de septiembre y abril

CONTRATO

El acuerdo se firmó en 2004 y tiene una vigencia de veinte años

 

El alcalde de Sevilla anunció el pasado 2 de febrero de 2017 el cierre de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Jerónimo durante este mandato y antes de 2019 sin percatarse de la existencia de un contrato que obliga a Emasesa a suministrar agua de esta depuradora para las labores mineras y la planta industrial de la compañía Cobre las Cruces, sita a una veintena de kilómetros de distancia.

Ha pasado tanto tiempo que pocos recuerdan ya que la mina de Cobre las Cruces, compañía que en 2015 dijo haber dedicado ya 1.000 millones de euros a la que ha sido la mayor inversión extranjera en la historia de Sevilla, depende para su viabilidad del agua de la depuradora de San Jerónimo, cuyo cierre ha anunciado Espadas para antes de que expire un contrato vigente hasta el año 2024.

El 17 de septiembre de 2002, el entonces director-gerente de Emasesa, Alejandro González Díez de la Cortina, y el representante de la compañía minera Cobre las Cruces, Kennet Lee Norris, firmaron un acuerdo de colaboración en el que, entre otros extremos, se decía lo siguiente:

-Una parte de las necesidades de agua que requerirá el proyecto “Las Cruces” cuando se encuentre en fase de producción será obtenida por Cobre las Cruces del efluente de la EDAR San Jerónimo, a cuyo objeto ha solicitado la correspondiente concesión administrativa de uso consuntivo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Dicha concesión se encuentra en fase de tramitación, habiéndose informado favorablemente su compatibilidad con el Plan Hidrológico del Guadalquivir.

-La captación de agua depurada será de un caudal de 134 litros/segundo durante siete meses al año (del 15 de septiembre al 15 de abril), siendo conducida hasta la zona del proyecto Las Cruces mediante tubería de abastecimiento, extendida a lo largo de 18,6 kilómetros en carga, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con una sección de tubería de 500 mm de diámetro interior.

-El vertido de las aguas depuradas de proceso se evacuará al río Guadalquivir por una tubería de retorno de 12,2 kilómetros de longitud de polietileno de alta densidad y 315 mm de diámetro exterior, extendida en la misma zanja que la tubería de abastecimiento.

CONCESIÓN INICIAL

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir acordó en junio de 2004 la concesión de aguas que había solicitado Cobre las Cruces el 19 de diciembre del año 2000: un caudal concesional de 278 litros/segundo (obsérvese el incremento respecto del acuerdo firmado con Emasesa) a captar de la EDAR de San Jerónimo y de aguas subterráneas del acuífero Niebla-Posadas para usos industriales de la explotación minera en el primer caso y domésticos en el segundo.

En la resolución se dice que se ha cumplido lo preceptuado en el artículo 109 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el 272 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que tratan de la reutilización de aguas residuales depuradas, estando incluido en el expediente el preceptivo informe de la Consejería de Salud, de carácter vinculante.

En consecuencia -se dictamina- Cobre las Cruces debe usar las aguas depuradas de la depuradora de San Jerónimo en la calidad y cantidad reflejada en la concesión. Además, como estipula la condición general 20 del condicionado de la concesión y de acuerdo con los artículos 61 y 66 de la ley de Aguas y 115 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, Cobre las Cruces tiene la obligación de usar las aguas que solicita e instalar el correspondiente contador para el control del caudal.

Item más, en el punto 6 de las Condiciones Específicas se lee lo siguiente: “Asimismo, queda aprobado en este acto el contrato firmado entre Cobre las Cruces y Emasesa para la captación de aguas de EDAR San Jerónimo”.

La concesión se otorga por un periodo de 20 años (hasta 2024) y se prohíbe la captación de aguas procedentes de la depuradora entre el 15 de abril y el 15 de septiembre de cada año. Incluso se estipula que la potencia máxima de los grupos elevadores para la impulsión de agua desde la EDAR de San Jerónimo hasta las instalaciones de tratamiento será de 375 C.V.

Y el caudal para uso minero e industrial se incrementa notablemente desde el acuerdo de colaboración del año 2002: de los 134 litros/segundo firmados y que debían proceder de la depuradora, la Confederación Hidrográfica se pasa al aprovechamiento de 429,89  litros/segundo (3,2 veces más). A esa cantidad se unían 15,22 litros/segundo de las aguas subterráneas remanentes de la explotación minera. Y aparte, exclusivamente para uso doméstico, 1,90 litros/segundo de aguas subterráneas, con lo que el total concedido ascendía a 447,01 litros/segundo  y a un máximo de 2.780.000 m3 anuales (2.600.000 m3 procedentes de la depuradora; 160.000 m3 de aguas remanentes y 20.000 m3 de aguas subterráneas).

YA SIN LIMITACIÓN

En septiembre de 2015, Cobre las Cruces presentó ante la Confederación Hidrográfica una petición de modificación de su concesión de aguas, sin que se tenga noticia aún de la resolución del expediente.

La modificación consiste básicamente en la incorporación de nuevas tomas de captación, la reasignación de volúmenes extraídos, la inclusión de un nuevo uso ambiental y, atención, la eliminación de la limitación temporal impuesta a la toma de la EDAR de San Jerónimo (que se le permita captar agua durante todo el año en vez de sólo durante siete meses) y con mejora del sistema de bombeo incluido.

En cada caso, la compañía minera plantea tres escenarios de consumo (mínimo, medio y máximo), algo insólito por cuanto hasta ahora las concesiones se otorgan por un máximo. En el caso de la depuradora, el uso mínimo sería de 850.000 m3/año; el medio, de 1.440.000 m3/año, y el máximo, el actualmente vigente de 2.600.000 m3.

CONDENAS Y SANCIONES A CLC

POR USO INDEBIDO DE AGUA

El agua es el gran talón de aquiles del proyecto minero de Cobre las Cruces y el motivo esencial de sus conflictos con los ecologistas, que han denunciado a la compañía en numerosas ocasiones. Así, en septiembre de 2016 la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a la antigua plana mayor de la empresa, incluido el exconsejero delegado, a un año y tres meses de cárcel y a 300.000 euros de indemnización por contaminar con arsénico el acuífero en que se halla enclavado la mina y por haber extraído más agua de la autorizada para el funcionamiento de la mina.

Anteriormente, el 15 de julio del año pasado, el Consejo de Ministros impuso a la compañía una multa de 923.091 euros y la obligación de indemnizar con 276.927 euros por los daños al dominio público hidráulico, tras haber afectado obras, instalaciones y actividades de operación del sistema de drenaje/inyección y derivar aguas por un volumen superior al autorizado.

La depuradora

Marchena citó a las 8 de la mañana a un notario para adjudicar la depuradora de San Jerónimo tras tomar posesión Zoido

Emasesa se ha ofrecido a la Junta para construir la depuradora a cambio de administrar el canon autonómico, pero no ha obtenido  respuesta

La decisión de Emasesa de pedir un crédito de hasta 200 millones de euros para refinanciar su actual deuda de 185 millones en mejores condiciones de pago y acometer en su plan 2015-2019 obras como nuevos tanques de tormentas y mejoras en las redes ha suscitado críticas de la oposición, centradas en la oportunidad de una operación de este tipo a menos de tres meses de las elecciones en vez de dejar la decisión en manos del nuevo gobierno local que surja tras los comicios, y también porque en el nuevo orden de prioridades de obras no se haya incluido el traslado de la depuradora de San Jerónimo, demandado por los vecinos del barrio desde hace años por los malos olores que emana.

Curiosamente, la depuradora de San Jerónimo es el ejemplo de cómo durante el mandato de Monteseirín se intentó condicionar el futuro de Emasesa con una obra sin financiación asegurada y que habría disparado todavía más la abultada deuda de la empresa municipal no ya antes de unas elecciones como ahora, sino, en un hecho sin precedentes, después de celebrados los comicios y de la toma de posesión de Zoido como alcalde.

SIN CAPACIDAD

Emasesa encargó en el año 2006 a la Fundación Agustín de Betancourt, dependiente de la ETS de Ingenieros de Madrid, un estudio sobre la capacidad de sus plantas depuradoras para eliminar el nitrógeno y el fósforo de las aguas residuales.

El estudio determinó que ninguna de las dos plantas de tratamiento existentes en la depuradora de San Jerónimo tenía capacidad de depuración de nutrientes hasta los límites previstos en la nueva normativa europea, debido a que no habían sido diseñadas con tal capacidad. Había que introducir unas modificaciones técnicas de tal magnitud que resultaba más rentable construir una nueva depuradora.

Sin embargo, no había espacio suficiente en las instalaciones para albergar una nueva depuradora con capacidad para tratar unos 100.000 m3 de aguas residuales al día, procedentes de los vertidos de la zona norte de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá del Río y de La Rinconada.

Se buscó un emplazamiento alternativo  y se halló en los terrenos – 8 hectáreas- de la antigua estación de filtraje, sita en la carretera de La Algaba, a menos de 7 kilómetros de este municipio pero en el término municipal de Sevilla. La construcción de la nueva depuradora permitiría, de paso, satisfacer la demanda de los vecinos de San Jerónimo, hartos de soportar los malos olores de las aguas residuales que allí se concentraban, aunque el mero anuncio de tal propósito provocó de inmediato la oposición del pueblo de La Algaba, temeroso de sufrir las mismas molestias de que se habían venido quejando los residentes en San Jerónimo.

EL ANUNCIO

En agosto de 2009, Monteseirín anunció que iba a proponer a la Comisión Ejecutiva de Emasesa el traslado de la depuradora desde San Jerónimo a la carretera de La Algaba. Sin embargo, ésta era una operación costosa, que se iba a acometer cuando previamente, el 30 de abril de 2008, se había suscrito un préstamo de 133,9 millones de euros con el Banco Sabadell para financiar una serie de obras de la empresa con cargo a un canon de mejora que deberían pagar los usuarios en su factura del agua hasta el año 2028.

La idea de Monteseirín era que el traslado de la depuradora se financiara con la imposición de otro canon en la factura del agua por espacio de 30 años y que debía aprobar la Junta de Andalucía, más la asunción por parte del Gobierno andaluz de las 13 hectáreas que ocupaba la depuradora para  construir allí viviendas sociales.

Sin embargo, pasaba el tiempo y ni la Agencia Andaluza del Agua autorizaba un canon específico para financiar el traslado de la depuradora ni la Junta se comprometía a comprar los terrenos para construir viviendas sociales, pese a lo cual Manuel Marchena, consejero delegado de Emasesa y mano derecha de Monteseirín, no sólo no frenó el proyecto, sino que ordenó acelerar su preparación con vistas a adjudicarlo antes de la salida de Monteseirín de la Alcaldía, cuando ya se sabía que éste no iba a repetir como candidato.

Pese a las prisas, la preparación técnica del concurso para la construcción de la nueva depuradora no pudo ser rematada antes de las elecciones del 22 de mayo de 2011, aunque al menos los técnicos lograron que se introdujera una cláusula condicionante, en virtud de la cual su ejecución se vinculaba a la aprobación de un canon específico por la Junta de Andalucía.

LA HORA DEL NOTARIO

Y así se llegó al 11 de junio de 2011, sábado, día en que Zoido tomó posesión como nuevo alcalde de Sevilla. Una de las primeras decisiones de Zoido como regidor fue el envío de una orden a todas las empresas municipales de que se abstuvieran de tomar decisiones en ningún sentido hasta que no lo autorizara expresamente el nuevo gobierno municipal que debía constituirse.

Pero Manuel Marchena había sido aún más rápido que Zoido. Antes de que la orden del nuevo alcalde tuviera entrada en el Registro de Emasesa a las 9 de la mañana del lunes y de que él fuera destituido de su cargo de consejero delegado de la sociedad, ya había convocado para las 8 de la mañana de aquel día a un notario en la sede de la empresa para que levantara acta de la adjudicación del concurso para la construcción de la nueva depuradora de San Jerónimo. Pese a estar presupuestada en unos 140 millones de euros la adjudicó por por poco más de 80 millones a una UTE constituida por Detea y Befesa.

Esta intempestiva decisión revelaba el claro propósito de Marchena de condicionar al nuevo gobierno municipal, añadiendo además 80 millones a los 226 millones de deuda bancaria que había contraído Emasesa bajo su despilfarradora gestión, con lo que se habría llegado hasta los 360 millones y sin garantía alguna de financiación, como se puso de manifiesto posteriormente, cuando la Agencia Andaluza del Agua denegó que se aplicara en el recibo del agua un nuevo canon para financiarla.

Como justamente la adjudicación de la nueva depuradora se condicionaba a la aprobación de aquel canon, el gobierno de Zoido aplicó la cláusula existente en el pliego del concurso para proceder a la anulación de la adjudicación y sin pagar por tanto ningún tipo de indemnización a las dos empresas ganadoras.

EL CANON AUTONÓMICO

La Junta le rechazó en canon a Emasesa porque desde la Ley de Aguas de Andalucía ya tenía previsto imponer el suyo propio con el fin de financiar un programa de 300 obras de infraestructuras de depuración y saneamiento con las que cumplir con la Directriz de la Unión Europea que obliga a que al terminar el año 2015 todas las aguas de la Comunidad estén depuradas. En esas 300 obras debe estar incluida, teóricamente, la nueva depuradora de San Jerónimo, pero no hay noticia ni de ésta ni de ninguna otra.

El Colegio andaluz de Ingenieros denunció en abril de 2013 que, en un cálculo muy a la baja, la Junta había recaudado más de 100 millones de euros desde mayo de 2011 a través del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas (cada vivienda de la región paga un euro al mes, más la parte variable, con lo que la media puede ser de 1,5 euros) y que en los tres años siguientes ingresaría 300 millones sin que se tuviera idea de en qué se iban a invertir.

Desde hace cuatro años, Emasesa ha recaudado por este canon autonómico más de 13 millones de euros para la Junta de Andalucía, sin que este dinero se haya traducido en obras en Sevilla. La empresa municipal de aguas se ha ofrecido a la Junta para construir la nueva depuradora de San Jerónimo a cambio de que la deje administrar el canon que pagan los sevillanos, pero ha recibido la callada por respuesta.